#LeydeCazaCLM ¡NO!

CAZA: EL PEOR BALANCE AMBIENTAL DE LA MEDIA VEDA EN AÑOS

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Ecologistas en Acción ha registrado a lo largo de la media veda, cuyo periodo hábil acaba de terminar en la mayor parte de las comunidades autónomas, numerosas incidencias e irregularidades que afectan negativamente a las especies cinegéticas y a las no cinegéticas, objeto de esta controvertida temporada especial de caza.

Estas prácticas, a veces fraudulentas, otras veces simplemente delictivas, están extendidas por todo el Estado español, pero se concentran más en regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Navarra o Aragón.

Es en estas áreas donde se concentra buena parte la actividad cinegética en torno a la caza de la tórtola europea o común, la codorniz y la paloma torcaz, que son las especies objetivo de la media veda y que suelen ser abatidas desde puestos de caza durante el paso migratorio postnupcial.

Más allá de la controversia no resuelta de que este periodo no se ajusta a la prohibición de cazar en época de cría, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha en favor de las demandas de Ecologistas en Acción (y motivo por el cual hay interpuestos recursos contencioso-administrativos en Madrid, Castilla y León o Navarra), la media veda es una época en la que las tropelías en materia cinegética son cada día de mayor impacto.

Un simple rastreo por los anuncios en internet, por las revistas de caza, por los programas en radio y televisión y por los cotos de caza, permite detectar numerosas situaciones denunciables sobre las que la inacción de las comunidades autónomas, responsables de la gestión cinegética, ha creado un clima de impunidad.

Entre las situaciones detectadas por Ecologistas en Acción, destacamos algunas de las más graves.

Disparos a especies protegidas

La media veda sigue dando lugar al disparo, accidental o intencionado, sobre especies protegidas, hasta el punto de que por esta causa se produce un incremento de entradas en los centros de recuperación, a pesar de que cada día es más difícil encontrar animales heridos o muertos porque cazadores y guardas los esconden.

En 2016 ha sido llamativa la entrada de rapaces heridas en los centros de recuperación. Entre las especies afectadas por los disparos encontramos sobre todo rapaces medianas y pequeñas, pero también grandes águilas y búhos. Un ejemplo reciente y dramático es el caso del halcón peregrino. SEO/BirdLife denunciaba hace unos días la baja de uno de los especímenes marcados en el programa de seguimiento de la población de esta especie en Madrid. Se recogía herido por un tiro, con pocas probabilidades de recuperación, en un coto de caza de Viso de San Juan. Es el tercer ejemplar abatido en Toledo en cuatro años y, según SEO/BirdLife, solo se localizan el 10% de los que mueren por esta causa.

En el centro de atención a la fauna silvestre que la asociación AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) mantiene en Villafranca de los Barros (Badajoz), solo en la primera semana de la media veda entraron con disparo un búho real, un águila calzada y un aguilucho lagunero.

Cebaderos fraudulentos en la caza de la tórtola

Un práctica cada día más extendida para intentar garantizar que los clientes de las cacerías de esta especie cacen el máximo de tórtolas es la de establecer cebaderos para atraer a las aves y cazarlas a la entrada o salida del mismo. Las leyes autonómicas suelen permitir mejoras de los hábitats de alimentación, como siembras, pero no el cebado de zonas concretas para atraer la caza. Se considera una práctica fraudulenta, pues permite cazar más de la cuenta y dejar en desventaja a los cotos que no utilizan estas prácticas. Ecologistas en Acción ha localizado varios cotos en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, Extremadura y el norte de Andalucía donde se realiza esta práctica. Además, se publicita abiertamente sin que nadie actúe para impedirlo.

La tórtola es una especie en declive, su población en Europa se ha reducido un 70% entre los años 80 y 2014, y en España un 30% desde 1996. El sector cinegético, para evitar que deje de cazarse, acusa a los pesticidas y a la situación en sus zonas de invernada en África para explicar el descenso.

Pocas codornices y se sigue cazando

Siempre se ha oído que el sector de la caza se autogestiona. Sin embargo, como se puede comprobar en el caso de la codorniz, eso no ocurre. Este año, los propios cazadores en Castilla y León o Extremadura, avisaron en los primeros días de la temporada de las escasas capturas de esta especie. Pero la temporada, en lugar de suspenderse, se ha mantenido abierta, por lo que la presión cinegética se ha mantenido sobre unas poblaciones cada vez más exiguas.

El daño se añade a los de temporadas anteriores, en las que, salvo casos muy puntuales, la codorniz ha ido en descenso, llegando a una situación tan preocupante como la de la tórtola europea. Se dan cifras de un descenso cercano al 30% entre 2002 y 2012.

Para compensar la falta de codornices, algunos cotos recurren a soltar ejemplares de granja, lo que agrava el problema poblacional. Se imposibilita un buen control de la práctica cinegética y se favorece competencia e hibridajes entre las codornices naturales y las de granja. Además, estas sueltas suelen ir acompañadas de prácticas de control de predadores muy dañinas para la biodiversidad.

Se permiten modalidades anómalas

Las especies tradicionales de la media veda están en declive. De un tiempo a esta parte, las comunidades autónomas han ido permitiendo otras modalidades que habitualmente se practican en otras fechas. Por ejemplo, cada vez es más habitual que se permita el conejo en media veda o los aguardos de jabalí. También, cada vez más, se permite la caza del zorro, sea al salto o desde puesto fijo.  Disfrazados, según corresponda como descastes y como falsos controles por daños, se permite cazar especies que ya tienen sus propias épocas de caza. Lo curioso es que estas modalidades se comercializan, por lo que en lugar de contribuir al control de poblaciones para evitar perjuicios a la agricultura contribuyen a su incremento. Es un negocio y nadie va a terminar con la abundancia de unos animales que generan cuantiosos ingresos. Por ello, también se han detectado comederos de jabalís que fomentan y atraen a esta población y que, en lugar de controlar las hembras para evitar que críen, se abate solo a los machos porque lo que interesa es el trofeo.

No se planifican servicios de vigilancia

Aparte de la mala gestión cinegética y el sentido economicista y sobreexplotador que dirige buena parte de la caza, el que la media veda se haya convertido en una época tan nefasta se debe a la ausencia de voluntad de las Direcciones Provinciales de Agricultura para atajarlo. En provincias como Toledo y Ciudad Real no se asignan servicios a los agentes medioambientales para controlar y denunciar a los infractores. Y así hay un clima de impunidad ante la desidia de los Directores Provinciales y de los técnicos encargados de la gestión cinegética.

Ecologistas en Acción siempre ha tenido claro que la media veda es una época perniciosa para especies en declive como la tórtola y la codorniz y para especies protegidas que son perseguidas por cazadores y guardas desalmados. Pero ahora tiene claro también que el desorden que se ha impuesto tiene una causa estructural que debe atajarse, la falta de concienciación y de voluntad de aquellos que desde la Consejería tienen que velar por el cumplimiento de las leyes.

EL DEBATE PÚBLICO DE LA LEY DE CAZA EMPIEZA MAL

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1930s Rabbit hunters X32Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo de Castilla La Mancha que no se pongan trabas a la participación y al debate público en la tramitación de la reforma de la ley de caza.

El comienzo del periodo de exposición pública de la reforma de la ley de caza ha comenzado con una serie de decisiones que dificultan la participación y el debate, sobre todo de los colectivos sociales de carácter ambiental.

Ya fue llamativo que en pleno mes de agosto se diera inicio a la fase de exposición pública de la reforma de la ley de caza. De siempre ese mes ha sido el elegido por las administraciones para iniciativas que pudieran tener algún tipo de contestación social. La agosticidad en los procesos de participación pública es una mala práctica que ya ha sido numerosas veces criticada.

No obstante, se confiaba en que los siguientes pasos que se dieran en la tramitación de la reforma de la ley de caza serían más abiertos y transparentes. Sin embargo, al menos los primeros, no lo están siendo.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de sus direcciones provinciales, ha comenzado a convocar a los Consejos Provinciales de Caza con vistas a su vez a realizar una rápida convocatoria del Consejo Regional de Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Algunos de estos Consejos, por ejemplo el de Toledo, se ha convocado por la vía de urgencia, avisando con sólo tres días de margen para analizar la documentación y plantear una postura consensuada dentro del ámbito que cada representante en el mismo ostente. El lunes pasado llegó una convocatoria para acudir hoy jueves al citado Consejo, lo que motivó que Ecologistas en Acción pidiera un aplazamiento pues era materialmente imposible organizar la asistencia en condiciones adecuadas.

La solicitud ha sido rechazada y eso ha motivado que en el Consejo Provincial de Caza la silla de los representantes de las organizaciones ambientales estuviera vacía.

La situación dada en Toledo es especialmente grave, por cuanto es bien conocida la incidencia de esta provincia en materia cinegética, y, además, se ha sabido que los motivos de urgencia aducidos para la convocatoria no eran ciertos, puesto que en provincias como Guadalajara el consejo provincial se reunirá el 27 de septiembre.

Otro grave problema detectado en la convocatoria de los Consejos Provinciales es que junto a la reforma de la ley se ha incorporado otros punto del orden del día, la ampliación de los métodos de captura para control de depredadores y animales domésticos. Una propuesta que pretende legalizar determinados modelos de cajas trampa y lazos para ser usados por los guardas de los cotos de caza.  Se ha remitido el borrador de la orden, pero no los estudios que supone que avalan su uso, por lo que se oculta información esencial para opinar sobre el tema en cuestión.

Si los primeros pasos en el proceso de participación pública de la ley de caza no van por buen camino, tampoco parece que en los próximos se vaya a mejorar. Todo apunta a que la Consejería, en su ánimo de acelerar el proceso, tiene intención de convocar los Consejos regionales de caza y de medio ambiente sin que todavía esté abierto el plazo de alegaciones oficiales y sin que se puedan conocer las que presenten para debatirlas en los citados consejos.

Esta mala práctica, avalada por unos servicios jurídicos que sorprenden una y otra vez con informes más dignos de otros tiempos que de los actuales, dificulta sobremanera el debate público y la búsqueda de soluciones acordadas sobre puntos en conflicto.

Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Regional, y a las direcciones provinciales, que faciliten un proceso abierto y transparente que permita una participación pública real y que no beneficie a los colectivos profesionalizados o con interés económico del mundo de la caza. Hay que realizar las convocatorias de los consejos de participación con tiempo, aportando toda la documentación necesaria sobre los puntos del orden del día, y hay que sustanciar el periodo de información pública antes de que se reúna el Consejo Regional de Medio Ambiente.

Respetando una mínimas reglas de juego consideramos que el proceso no sólo será mejor, sino que podrá seguir siendo ágil con vistas a que la reforma de la ley llegue cuanto antes al debate parlamentario.

Anteproyecto de Ley de Caza CLM: UNA REFORMA INSUFICIENTE

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(Valoración de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de la toma en consideración del anteproyecto de Ley por parte del Gobierno Regional.)

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La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha considera que la reforma de la ley de caza planteada inicialmente por el Gobierno regional es insuficiente y está todavía bastante lejos de cumplir con las expectativas de los colectivos y personas por cuya iniciativa y reivindicación se está afrontando este cambio legislativo.

Admitiendo y agradeciendo que por fin se haya dado voz a quienes de distintas maneras se ven afectados por la caza sin ser cazadores, no es menos cierto que el anteproyecto de ley se inicia sin el consenso con la Plataforma, perdurando en la propuesta de reforma peligrosos y controvertidos preceptos de la ley vigente promovida por el Gobierno anterior de la Sra. Cospedal.

A la espera de que se haga oficial el texto del anteproyecto de ley y de que la Plataforma lo estudie en detalle, y a la vista de los borradores y de las reuniones mantenidas con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se esperan avances en materia de compatibilización de usos en el medio natural y, en menor medida, de respeto del bienestar animal.

Así, se modificaría profundamente el artículo 27.m que penalizaba de forma genérica el espantar a las especies de caza, aunque fuera de forma involuntaria. Ahora sólo se multaría aquellas acciones, incluso de los propios cazadores, que tengan la intención de perjudicar a propósito las actividades cinegéticas legalmente autorizadas. También, en esta línea, se señalizarán más y mejor las zonas de seguridad, contribuyendo a evitar accidentes y molestias a quienes hagan uso del medio natural para actividad de ocio, turismo u otras.

Por otra parte, aunque seguimos defendiendo que los animales domésticos no deben ser en ningún caso objeto de la ley de caza, se establecería como prioritaria la captura en vivo de los mal llamados “asilvestrados”, frente al abatimiento como plantea ahora la ley de 2015.

Además, otras propuestas de la Plataforma se han incorporado al anteproyecto de ley, aunque sea parcialmente. Por ejemplo, se ampliarán las medidas de control de las actividades e infraestructuras cinegéticas más perjudiciales para el medio natural, se remarca la figura del agente medioambiental y se retira la referencia a las subvenciones para los empresarios del turismo cinegético.

A lo que el anteproyecto de ley no da una respuesta adecuada es al enfoque economicista e intensivo al que se dirige la actividad cinegética. Fundamentándose en una dudosa aportación que la caza ofrece al desarrollo rural, se facilita la intensificación manteniendo la figura de los cuarteles de caza comercial, permitiendo los cuarteles de caza menor en la Red de Áreas Protegidas y disminuyendo el tamaño de los cotos de caza mayor.

También resulta muy negativo que se mantengan, sea como modalidades de caza o sea como métodos de control de poblaciones, prácticas peligrosas, como la caza nocturna; dañinas para especies protegidas, como la cetrería o el rifle del 22; y crueles o masivas, como el perro de madriguera, los hurones o las sueltas. En este apartado sólo se ha prohibido el tiro de pichón o el lanceo a caballo, lo que implica una escasa voluntad de ejercer un verdadero control de los abusos y crueldades que se cometen al llevar a cabo determinadas prácticas de caza.

La Plataforma también se opone frontalmente a que se permita cazar con 14 años, una edad a la que se carece de la madurez y de las cualidades físicas precisas para portar un arma, o a que se mantenga la rebaja y la discrecionalidad en las sanciones.

Por todo ello, sorprende y defrauda a la Plataforma que estos retrocesos en materia cinegética se apoyen por un Gobierno que anunció que promovería una caza sostenible y compatible con la conservación del medio natural, respetuosa con los principios de bienestar animal y de compatibilidad de usos en el medio rural.

Una vez se haga oficial el texto concreto del anteproyecto que el Gobierno somete a participación pública la Plataforma valorará definitivamente la iniciativa, así como la estrategia y actuaciones a poner en marcha para que la reforma de la ley de caza sea tan profunda como esperan las miles de personas que se movilizaron en contra de la Ley de Caza de 2015 y las casi 120.000 que firmaron la petición de su retirada.

Será el momento de plantear la campaña y las movilizaciones que sin duda serán precisas para conseguir que el Gobierno y las Cortes no frustren las expectativas de cambio en profundidad de una ley medieval y comercial como es la vigente en Castilla-La Mancha y contra la que se habían posicionado los partidos que a día de hoy sustentan al Gobierno regional.

LA LEY DE CAZA DE CASTILLA LA MANCHA, MUY LEJOS DE ESTAR CONSENSUADA

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(Nota de Prensa Plataforma Contra la Ley de Caza de Castilla La Mancha)

Manifestacion-Ley-Caza-Toledo_EDIIMA20150221_0384_23Como parte integrante de la mesa de negociación y conocedores de la situación real del proceso de elaboración del nuevo proyecto de Ley de Caza, la Plataforma Contra la Ley de Caza de Castilla La Mancha no puede evitar una honda preocupación y cierto punto de desconcierto ante las declaraciones emitidas este jueves en el pleno de las Cortes por el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla La Mancha respecto al consenso logrado en un para nosotros desconocido nuevo proyecto de Ley a punto de aprobarse.

Según las informaciones publicadas por eldiariodigital.es, Francisco Martínez Arroyo declaró para nuestra sorpresa al hilo de la pregunta oral que la diputada del PP Lola Merino formuló en el pleno de las Cortes, “sentirse orgulloso” de un proyecto de Ley de Caza “consensuado al 95% de la mano de sectores cinegéticos y ecologistas”, que está previsto que se lleve al Consejo de Gobierno este mes de julio y en el que “se ha conseguido que el contenido casi íntegro tenga el aval de todos los que han estado sentados en la mesa”.

Nuestro estupor proviene, partiendo de la base de que desconocemos completamente de la existencia de ningún borrador definitivo de la Ley, de no compartir en absoluto tales afirmaciones, ni en cuanto al estado del proceso ni, por supuesto, respecto a ese presunto 95% de consenso. La única afirmación expresada por el Consejero que sí compartimos es la relativa a lo “muy contento” que se muestra el séctor cinegético respecto a ese desconocido borrador, lo que no nos extraña si la cuestión ha quedado en el punto de la negociación del que hasta ahora nosotros teníamos conocimiento y en el que habíamos estado presentes.

La realidad es que la ley tiene mucho por mejorar, pues hay prácticamente dos tercios de propuestas aún por discutir y dista enormemente de ese 95% de consenso, que nosotros cifraríamos más bien en un 15%-20%, y sigue siendo sustancialmente la ley de Cospedal, por lo que consideramos que nuestro consejero peca de optimismo en gran exceso.

De hecho, salvo el reconocimiento al hecho de haberse variado el polémico artículo 27m respecto a las sanciones económicas para aquellas personas que incluso involuntariamente, espantaran piezas de caza, en esos 2 tercios por debatir se encuentran nuestras propuestas sobre los artículos y sentencias más graves y perniciosas para la naturaleza y su uso público y favorecedoras del modelo de caza intensivo y depredador tan promovido por la anterior administración autonómica y que desató un clamor popular en contra de la Ley de Caza aún vigente. Entre tales propuestas sin debatir podemos destacar:

–          El traslado a la ley de protección animal de la fórmula de gestión de los animales domésticos que se encuentren abandonados en el medio natural, eliminando el concepto de asilvestrado y la posibilidad de que estos animales puedan ser abatidos por guardas de caza.

–          La prohibición de la caza nocturna, salvo los aguardos de jabalí debidamente reglamentados, y la caza desde vehículos, así como otras modalidades masivas y crueles.

–          La eliminación de los cuarteles de caza comercial y la prohibición de la caza intensiva, en particular en las zonas sensibles por sus valores naturales.

–          La prohibición de la figura de los vallados secundarios o, al menos, la prohibición expresa de la caza dentro de los mismos.

Por todo ello, rogamos más prudencia en las declaraciones y sobre todo, más pausa en el procedimiento y más negociación en profundidad del texto finalmente a aprobar, no quedando este en un remedo del infame texto anterior que tantos colectivos diversos, incluidos sectores de caza, y castellanomanchegos de a pie levantó en su contra.

Noticia de Referencia en http://eldiadigital.es/not/181704/martinez-orgulloso-del-proyecto-de-ley-de-caza-consensuado-al-95-/

 

El NO a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha en la Manifestación por una Vida Animal Digna del 28 de febrero en Toledo.

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imageCHange3 (600 x 444)El objetivo es que se acabe el maltrato en Castilla-La Mancha y que se apruebe una moderna ley de protección y bienestar animal a la par que se anule la vigente ley de caza.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ha decidido sumarse a la convocatoria de la primera “Manifestación por una vida animal digna” que tendrá lugar en Toledo el próximo 28 de febrero a las 17 horas desde el Paseo de la Vega. 

La Plataforma valora como muy necesaria en este momento la iniciativa de la Fundación Alma Animal, el Refugio Happy Dog y la Asociación Animalista Su Voz, a la que también se han sumado numerosas entidades, y hace un llamamiento a la participación.

La situación para la defensa animal es crítica en Castilla-La Mancha, pues está a la orden del día el incremento de las denuncias por acciones de maltrato y se mantiene una ley de caza que ampara modalidades y prácticas cinegéticas agresivas y crueles con los animales tanto silvestres como domésticos.

La Plataforma contra la Ley de Caza considera que el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha está siendo muy remiso a modificar la retrógrada ley de caza en la profundidad que se requiere y se muestra demasiado temeroso ante la posible reacción del lobby cinegético.

Por ese motivo, las entidades que conforman la Plataforma pedirán junto al resto de participantes en la manifestación  que se acabe el maltrato en Castilla-La Mancha, para lo que es necesario que se apruebe una moderna ley de protección y bienestar animal y que se acabe con la ley de caza vigente.

Más información, cartel, etc… en https://www.facebook.com/events/888522471263490/905303759585361/

Cuándo: domingo 28 de feb de 2016,  5pm GMT (horario de invierno)

Dónde: Paseo de La Vega, Toledo, España (mapa)

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CC OO-CLM, UGT-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT, Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Podemos Toledo, EQUO Castilla-La Mancha, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

MASACRE DE RAPACES PROTEGIDAS Y VENENO EN UN COTO DE CAZA EN TOLEDO

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Ecologistas en Acción solicita de la Dirección Provincial de Agricultura de Toledo la suspensión urgente de la caza en el municipio por el riesgo para la salud y para favorecer la recuperación del daño ecológico.

Milano Real envenenado (foto Asoc. Acenva)
Milano Real envenenado (foto Asoc. Acenva)

Según ha confirmado oficialmente Ecologistas en Acción, hace pocas fechas se ha localizado un buen número de aves rapaces muertas en un coto de caza del término de Arcicollar, localidad toledana de la comarca de Torrijos. Entre las aves localizadas, que podrían superar la quincena de ejemplares, se encuentran varios milanos reales, especie declarada en peligro de extinción. La Dirección Provincial de Agricultura está investigando el caso bajo el protocolo de venenos, ya que todo apunta a que ésta sería la causa de la masacre.

Como es bien sabido, el, uso del veneno está muy extendido en la provincia de Toledo, teniendo como principal origen de su empleo la mala práctica cinegética y como fin el exterminio de cualquier animal predador que se pueda alimentar de especies de caza.

Dada la gravedad del caso y el riesgo que supone para la salud el hecho de que pueda haber todavía veneno o cebos envenenados en el campo y que éstos puedan afectar a personas o animales, incluida las propias especies cinegéticas, Ecologistas en Acción ha dirigido un escrito a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, para que se suspenda de inmediato la actividad cinegética en la zona. Acción que, además, ayudaría al inicio de la recuperación del grave daño ecológico producido.

Es preciso que en estos casos se actúe con máxima diligencia y rigor, adoptando todas las medidas precautorias necesarias, así como realizando una investigación en profundidad al objeto de determinar la autoría de los hechos, lo cual, además de llevar aparejada una grave sanción y la suspensión del coto, puede llevar a sus autores a la cárcel al tratarse de un delito.

Ecologistas en Acción pide que desde ya se intensifiquen las campañas de vigilancia en la provincia, ya que los casos de veneno son cada vez más graves y ello es debido a una menor vigilancia y a una disminución de los expedientes sancionadores.

Recordemos que una masacre parecida ocurrió hace ahora un año, en el término municipal de Nambroca, donde aparecieron 20 animales muertos por veneno, entre ellos también varios milanos reales. Ambos casos, el de Nambroca y el de Arcicollar, se sitúan entre los más graves casos de envenenamiento de fauna registrados en España en los últimos dos años.

Protesta contra el cierre de caminos y contra la ley de caza de Castilla-La Mancha. Reclamamos la inmediata eliminación del artículo 27.m en tanto se modifica la legislación cinegética.

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Ecologistas en Acción ha participado este fin de semana, 24 y 25 de octubre, en la jornada anual en defensa de los
caminos públicos, organizada por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) de la que forman parte, y que se ha celebrado enArgamasilla de Alba (Ciudad Real). Jornadas_Argamasilla_familia

Diversos colectivos ambientales, senderistas, ciclistas y de ámbito cultural denuncian el cierre de caminos públicos, en todo el Estado español, por parte de grandes propietarios con total impunidad y ante la inacción de las administraciones públicas que permiten esta práctica.

Todos los colectivos que han participado en las jornadas de la PICP coinciden en que cada vez más se cierra el paso por los  caminos públicos a cualquier persona que desee circular por el campo. Terratenientes y grandes propietarios de fincas, y también pequeños propietarios en algunos casos, prohíben el paso y ponen puertas y candados en los caminos públicos e impiden el libre tránsito en el medio natural.

Las organizaciones en defensa de los caminos públicos recuerdan que la ley señala que estas vías públicas, ya sean vías pecuarias, caminos públicos y también el dominio público hidráulico están contempladas en la ley como bienes patrimonio de todos y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Además, el artículo 45 de la Constitución, reconoce el derecho fundamental a disfrutar del medio natural y el deber de conservarlo.

Los colectivos que integran esta plataforma solicitan también a los ayuntamientos que lleven a cabo el inventario de los caminos públicos de su municipio como primer paso para proteger estas vías públicas.

La PiCP está formada por diversos grupos de defensa de los caminos públicos de Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y País Vasco. En esta edición, las jornadas en defensa de los caminos han contado con la asistencia de más de 80 personas, activistas de organizaciones senderistas, ciclistas y ecologistas llegados de todo el Estado español, sobre todo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

Además, la PICP llama la atención sobre la situación que están generando los propietarios de los grandes cotos de caza. Si hasta hace unos años era Andalucía la comunidad autónoma que más kilómetros de caminos públicos cerrados contaba, es ahora Castilla-La Mancha, y en concreto, Ciudad Real, la provincia que sufre un  cierre masivo de caminos públicos por parte de grandes propietarios.

Los defensores de los caminos públicos señalan también que la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, aprobada por el anterior gobierno regional de María Dolores de Cospedal, viola el artículo 45 de la Constitución y antepone una actividad privada como es el negocio de la caza, y de los grandes cotos, al derecho fundamental del ciudadano al libre tránsito en el medio natural y a disfrutar del medio natural sin peligro de ser injustamente sancionado. Por ello, esta organización pide al nuevo gobierno de Emiliano García-Page la derogación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

A juicio de Ecologistas en Acción el artículo más problemático de la ley de caza es el 27.m, que penaliza como sanción muy grave, con entre 3000 y 30000 euros de multa, a quien pueda espantar a la caza, aunque sea inadvertidamente o como resultado de llevar a cabo actividades recreativas o de recolección permitidas. En este sentido, se reclama su inmediata eliminación sin esperar a que haya una nueva ley de caza.

Al mismo tiempo, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, de la que forma parte Ecologistas en Acción, insta a los partidos políticos que concurren a las próximas  elecciones generales, el 20 de diciembre, a incluir en su programa electoral la defensa de los caminos públicos y el compromiso de intervenir ante el expolio de este patrimonio, no sólo ambiental, sino cultural e histórico que son nuestros caminos públicos.

¡PELIGRO! COMIENZA LA TEMPORADA DE CAZA CON LA NUEVA LEY AÚN EN VIGOR

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Camino cortado por un coto de caza en la provincia de Toledo
Camino cortado por un coto de caza en la provincia de Toledo

Ante el inicio de la temporada, alertamos de los peligros para las personas, animales y el medio natural que supone la aplicación de la nueva ley de caza en Castilla-La Mancha. Urge la reforma de la ley de caza y que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural adopte medidas de vigilancia específicas para que se garantice el uso y disfrute del medio natural de forma ordenada y sin riesgos para todos los usuarios del mismo.

La temporada general de caza en Castilla-La Mancha se inicia el día 8 de octubre y ante este evento conviene tener muy en cuenta que la aprobación en marzo pasado de la nueva ley de caza regional trae consigo diversos riesgos para el medio natural y para los usuarios del monte, personas o animales y no resuelve diversos problemas arrastrados del pasado.

Aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que revisará la normativa de caza y, en concreto, la ley 3/2015 de caza aprobada en marzo de este año, todavía no lo ha hecho y lo cierto es que hay varios artículos problemáticos que están en vigor y que pueden perjudicar notablemente al medio natural y poner en riesgo la seguridad de las personas y animales en el campo.

Así, lamentablemente, el artículo 27/m penaliza como infracción muy grave, con multa de 3.001 y 30.000 euros, “…las acciones que provoquen la huida o alteren las querencias naturales, incluida la recogida de espárragos, setas, hongos u otros frutos silvestres en los días de caza o previos a éstos…”. Se puede dar el caso de que una persona que por descuido espante piezas de caza al transitar o realizar actividades por el monte fuera de un camino o vía pecuaria se vea con la desagradable sorpresa de una denuncia que puede acarrear una severa sanción.

También, la nueva ley permite el uso de armas o modalidades que suponen por su difícil detección un grave riesgo para la seguridad y de caza ilegal. Es el caso del rifle calibre 22, la caza con arco, la caza nocturna o la posibilidad de disparar en determinadas situaciones desde un vehículo.

Estas circunstancias se unen a dos muy importantes que no se han puesto en marcha y que debieran estarlo para asegurar mínimamente el correcto desarrollo de las cacerías. Por un lado, la señalización de las zonas de seguridad, de cuya realización la ley ha eximido a los titulares cinegéticos, delegando la responsabilidad en terceros. Y, de otro, un sistema de vigilancia dotado de suficientes agentes medioambientales como para asegurar el cumplimiento de la normativa por parte de los miles de cazadores que en esta temporada saldrán al campo castellano-manchego.

Hay que recordar también que la ley permite el control de perros y gatos, la captura de predadores usando lazos y alares,  prácticas agresivas y crueles, como el lanceo de jabalíes, el perro de madriguera, los hurones o las tiradas en cuarteles de caza comercial; y otra serie de acciones vinculadas a la caza que pueden dañar seriamente a animales domésticos, personas o espacios y especies protegidas.

Por último, otro problema añadido es el corte de caminos públicos y vías pecuarias bien con vallados, cancelas o utilizando dispositivos peligrosos, sobre todo para los ciclistas, como son los cables y las tablas con clavos. Ecologistas en Acción recuerda que es ilegal cortar los caminos y vías pecuarias, y un delito colocar cables o clavos que puedan producir graves accidentes en ciclistas y viandantes.

La ley de caza no ha traído nada bueno a nuestro medio natural y su aplicación pone en riesgo a las personas, además de entorpecer otras actividades forestales o turísticas que tienen gran importancia económica. Y aunque no haya que caer en el alarmismo, sí que hay que avisar a los usuarios del monte no cazadores para que tomen sus precauciones y sean decididos a la hora de denunciar los comportamientos abusivos o las ilegalidades de las que sean testigos o víctimas.

En este sentido, Ecologistas en Acción ofrece sus servicios jurídicos a todo aquél que sufra un problema con algún asunto relacionado con la caza.

Asimismo, hace un llamamiento a la Consejería de Agricultura para que no se apliquen injustamente los numerosos artículos abusivos que tiene la ley, la reforme de inmediato, y, lo que es más importante, que disponga un servicio de vigilancia con agentes medioambientales que garantice el uso y disfrute del medio natural de forma ordenada y sin riesgos a todos los usuarios del mismo.

LOS PERROS, VÍCTIMAS SILENCIOSAS DE LA CAZA

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imageCHange3 (600 x 444)Con motivo de la celebración de manifestaciones hoy domingo en diversas ciudades contra la caza con galgos y otras razas de perros, Ecologistas en Acción denuncia que miles de perros sufren o mueren prematuramente y de forma violenta debido a la caza en el Estado español. Por ello, reclama la prohibición de la caza con galgos y de la utilización de rehalas, así como una mejor regulación y control del uso de cualquier perro en la actividad cinegética

El paradigma de la relación cooperativa en el mundo de la caza lo representa el vínculo que se establece ente el cazador y el perro. Una relación donde el rehalero, el galguero o el cazador de a pie aprovechan el instinto de cazar de algunas razas, sus capacidades predatorias, en su propio beneficio. Esta relación utilitaria supone para miles de perros un auténtico calvario y una muerte generalmente prematura (y, en ciertos casos, violenta).

Existen modalidades de caza donde el distanciamiento en la relación perro-cazador es máxima, donde el animal es un mero objeto, que hoy es útil y mañana, no, sin más consideraciones de ningún tipo, morales, éticas, económicas, ambientales o legales.

De todos es conocido los cientos de galgos que acaban sus miserables vidas atropellados en las cunetas, ahorcados en las afueras de los núcleos de población o, en el mejor de los casos, entregados en los centros de recogida de las diputaciones provinciales o de los ayuntamientos. Los menos tendrán suerte y serán adoptados. El resto serán “sacrificados”.

Idéntica suerte corren los, seguramente, miles de perros que nutren las rehalas utilizadas en las batidas, ganchos y monterías que se organizan a lo largo y ancho de España. La selección de los animales la hace normalmente el rehalero. Los perros que presentan determinada agresividad o que no muestran un mínimo de capacidad física o predatoria, son eliminados, sin contemplación y de forma expedita. El siguiente paso es conseguir una sumisión absoluta del perro al rehalero. Eso se consigue, en muchos casos, sobre la base de un maltrato selectivo (golpes y palizas) sobre el animal que no muestre una sumisión inquebrantable hacia el rehalero.

Durante el desarrollo de las monterías o batidas, algunos de los perros sufren, en los “agarres” de los jabalíes, heridas y cortes, algunas en canal, con el resultado de la muerte del animal. Si el perro está vivo y “merece la pena” salvarlo, se le practica alguna cura e incluso se le llega a coser sin anestesia. Si el perro herido no es uno de los “característicos”, se le dejará morir o se le rematará de un tiro. Otros, los menos, acaban despistados por la mancha de monte que se ha monteado. En este caso, se volverá a aplicar el mismo criterio, es decir, si el animal merece la pena, el rehalero, por la cuenta que le trae, buscará al perro, y si no, lo abandonará su suerte. ¿Cuál es su suerte en estos casos? Morirá de hambre o por un disparo del guarda del coto.

Ecologistas en Acción reclama la aprobación de una ley de protección animal que incluya la prohibición de la caza con galgos y de la utilización de rehalas de perros con fines cinegéticos, además de una mejor regulación y control de la utilización de perros en cualquier modalidad de caza. Los perros, como otros animales, no son meros objetos para nuestro disfrute, son seres vivos con capacidad de sufrir que merecen respeto y que no deben ser maltratados.

PRESENTAMOS 146 PROPUESTAS PARA EVITAR EL COLAPSO SOCIO-AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA

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PortadaPropCLM(16) (428 x 600)Con las próximas elecciones autonómicas a la vista, la valoración que hace el colectivo ambientalista de los últimos cuatro años del gobierno de Cospedal no puede ser más negativa. Los recortes en sanidad, educación, servicios sociales y medio ambiente han llevado a nuestra comunidad a una situación de emergencia socio-ambiental sin precedentes, poniéndonos en el pelotón de cabeza de las regiones con mayor tasa de riesgo de pobreza de todo el Estado español (un 31,3% según la última encuesta de Condiciones de Vida del INE), mientras que las grandes empresas y fortunas siguen teniendo beneficios a pesar de la crisis. En lo que al medio ambiente se refiere, décadas de desarrollismo han impactado sobremanera en los recursos naturales, particularmente en el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad, deteriorándolos hasta niveles altísimos, y dejando un territorio lleno de cicatrices.

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A ello se une el progresivo retroceso al que se están viendo sometidas las políticas medioambientales, cada día más relegadas en el organigrama de las administraciones y en la lista de prioridades, y prueba de ello es el desmantelamiento de la Consejería de Medio Ambiente por parte del gobierno de Cospedal y la reducción del presupuesto medioambiental de un 51% (cien millones de euros) desde 2010. Pero lo que ha caracterizado al actual gobierno es que ha legislado siempre en beneficio de los grandes grupos de poder (las grandes empresas energéticas, los aguatenitentes y el lobby cinegético) y en detrimento de los derechos sociales y ambientales del resto de la población.

En la interminable lista de agresiones y amenazas ambientales de nuestra región cabe destacar: la propuesta de construcción del cementerio nuclear (ATC) en Villar de Cañas, que el gobierno del PP se empecina en continuar a pesar de los informes geológicos negativos, anteponiendo de manera irresponsable los intereses de las grandes eléctricas y constructoras a la salud de los castellano-manchegos; los proyectos de extracción de gas no convencional mediante la fractura hidráulica o fracking (una técnica altamente contaminante para los acuíferos y ecosistemas hídricos) en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara; la nueva ley de Caza, que pondrá los espacios naturales protegidos y el monte público en manos de los grandes cazadores; y los nuevos planes hidrológicos del Tajo, Guadiana y Júcar, que lejos de perseguir el buen estado cualitativo y cuantitativo de los ecosistemas hídricos como marca la Directiva Marco del Agua europea, siguen siendo planes de reparto de este bien común y escaso entre los aguatenientes de la región. En el caso del Tajo se sigue apostando por los trasvases a otras cuencas dejándolo sin unos caudales ambientales mínimos, mientras que en el caso del Alto Guadiana, la actual consejera de Agricultura, Maria Luisa Soriano ha declarado la defunción oficial del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) sin plantear una alternativa que aborde de una vez por todas los históricos problemas de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos manchegos.

Ante este desolador panorama, y pensando en los próximos comicios, Ecologistas en Acción ha elaborado una lista de propuestas socio-ambientales de urgencia para sacar a la región de este estado terminal. Las líneas maestras que orientan las propuestas, son: la lucha contra el cambio climático, descarbonizando la economía y apostando por las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética; el reparto del trabajo y la creación de empleo digno, sostenible y de utilidad social; poner fin al urbanismo depredador; descontaminar la salud de las personas; recuperar el buen estado de los ecosistemas hídricos e involucrar a toda la sociedad en la gestión racional del agua; alcanzar la soberanía alimentaria y defender el medio rural; acabar con la privatización y recuperar el control social de los servicios básicos; proteger la biodiversidad y los espacios naturales; y promover la sensibilización ambiental de la sociedad castellano-manchega, y el protagonismo de las políticas medioambientales a nivel de las instituciones.

Las propuestas en su conjunto plantean una hoja de ruta en materia de sustentabilidad para la nueva legislatura y esperamos que orienten y sean tenidas en cuenta en las importantes decisiones que se adoptarán en breve tanto en Castilla-La Mancha como en contextos más globales.