#LeydeCazaCLM ¡NO!

Castilla-La Mancha aprueba un reglamento de caza insostenible y sin consenso

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Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

Ante el anuncio del Consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, de la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley de Caza y las afirmaciones que lo acompañan, la Plataforma contra la Ley de Caza desea comunicar lo siguiente:

–          El Reglamento de la Ley de Caza se aprueba sin consenso, habiendo sido rechazadas tajantemente por el Gobierno las principales alegaciones formuladas por las entidades ajenas al lobby cinegético, en particular las que integran la Plataforma que suscribe.

–          El Reglamento es un obvio paso atrás en materia de sostenibilidad, protección de la biodiversidad y de los espacios naturales, de respeto a los derechos de los usuarios y profesionales en el medio natural y en materia de protección animal.

–          Con esta norma, el Gobierno Regional se retrotrae a los conceptos y modelo de gestión que en su día generaron una abierta oposición a la Ley de Caza aprobada por el Gobierno de Cospedal, por lo que el Sr. Page, que en su día defendió la reforma de la ley de caza, ha terminado por alinearse con el lobby de la caza y marginando en esta materia a la mayor parte de la sociedad castellanomanchega.

–          A falta de que se publique en el DOCM el texto definitivo del reglamento, la Plataforma y las entidades que la conforman, estudian ya las vías de recurso en los tribunales ante el atropello cometido. En próximas fechas se anunciará la decisión al respecto.

Presentado recurso de casación en el Tribunal Supremo a la sentencia del parque temático Puy du Fou.

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Nuevas obras del Puy du Fou en el paraje protegido.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou, a través de las entidades Asociación de Vecinos El Tajo, Asociación de Vecinos la Voz del Barrio, Equo, STAS-CLM y Ecologistas en Acción de Toledo, ha decidido presentar recurso de casación en el Tribunal Supremo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que falló contra el recurso contencioso administrativo presentado contra la aprobación del Proyecto de Singular Interés Parque Temático Puy du Fou en Toledo por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Movimiento agradece enormemente el apoyo unánime de las cinco organizaciones demandantes a la presentación del recurso de casación, sin las cuales esta acción no sería posible.La decisión de recurrir en casación llega tras valorar detenidamente la sentencia de la sección primera del TSJ de Castilla-La Mancha, así como las posibles consecuencias de seguir adelante con el proceso.

Para el Movimiento resulta fundamental llegar hasta el final en la vía judicial, ya que no se deberían repetir casos como este. Una sentencia favorable en el Supremo sería la forma de abrir los ojos a quienes no quieren ver el despropósito ambiental, urbanístico, social, económico y político que representa para Castilla-La Mancha el Puy du Fou y su proceso de tramitación.

El equipo jurídico que presentó el recurso en el TSJ ha valorado que hay motivos y argumentos para recurrir la sentencia en todos los puntos en los que se basa la misma, y para solicitar al Tribunal Supremo que la revise y resuelva declarando nulo de pleno derecho el proyecto del Puy du Fou.También se han valorado las repercusiones económicas que podría tener el proceso, sobre todo después de la inesperadas y desproporcionadas costas impuestas por el TSJ-CLM en su sentencia y que ascienden a 18.150 euros. A ello habría que sumar las costas que pudiera imponer el Tribunal Supremo si no admitiera a trámite el recurso. Pero se ha hecho y se va a hacer un esfuerzo para cubrir estos costes de la mejor manera y solidariamente entre las partes demandantes. En este sentido se espera el apoyo de las entidades y personas que quieran colaborar y se iniciará una campaña de donativos y aportaciones que se restituirían en caso de ganar el proceso.

El Movimiento estaba y está resuelto a desvelar las verdades del Puy du Fou, en especial en el plano jurídico, y aunque judicialmente salga caro acudir a los Tribunales, no quedaba otra que apostar por la defensa del medio ambiente y por el interés público sobre el privado.  

La Plataforma contra la Ley de Caza reclama al Consejero de Desarrollo Sostenible un debate abierto y plural sobre el reglamento de caza.

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Cartel intimidatorio propuesto por la Consejería en la Orden de Vedas
  • La Plataforma presenta cerca de 70 alegaciones al reglamento y denuncia que el texto favorece la insostenibilidad de la caza en detrimento del uso público del medio natural, de la preservación de la biodiversidad y del bienestar animal.
  • El nuevo reglamento permitiría cazar en zonas de uso público y cerrar caminos para dar cacerías. También abre una vía para ampliar la suelta de especies de granja en todos los cotos y para permitir que los cazadores sigan disparando en los parques nacionales. El reglamento aparca la ley de protección y bienestar animal y no incorpora ninguna medida en este sentido.
  • Se propone que el reglamento instaure una parada biológica de la caza con fines de preservación de la biodiversidad y de uso público.

El pasado día 6 de mayo terminaba el plazo para presentar alegaciones al borrador de reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y desde las entidades que conforman la Plataforma contra la Ley cinegética se han presentado casi 70 alegaciones que afectan a numerosos aspectos del texto. El borrador del reglamento, lejos de profundizar en las mejoras introducidas en 2018 a la Ley de Caza de 2015, lo hace en sentido contrario, llegando a contradecir o vaciar de contenido cuestiones ya discutidas y consensuadas con el Gobierno regional en la pasada legislatura.

Este reglamento debería velar por reducir los impactos de la caza en el uso público, el bienestar animal y la biodiversidad, pero en absoluto es así, en el texto el Gobierno asume los intereses del sector cinegético sobre todos los demás.

En el reglamento resulta especialmente preocupante la prioridad que se le da a la caza frente al uso sostenible de espacios públicos y zonas de seguridad. Aspecto que queda reflejado sobre todo en los artículos 85 y 86, donde se abre la posibilidad a cazar en zonas de seguridad como vías pecuarias y de dominio público hidráulico o a que se pueda cortar un camino para dar una cacería. También se permite que los cotos no señalicen parte de estas zonas o que se utilicen carteles intimidatorios para disuadir del uso de espacios públicos.

Para la Plataforma no es entendible que una persona que practique senderismo o cualquier deporte o actividad, o simplemente salga a dar un paseo con amistades o familia por el campo se pueda encontrar con caminos o senderos cortados o una señalización amenazante de peligro. El Gobierno debiera de actuar al contrario, salvaguardando el uso público y la seguridad y no haciendo recaer en el usuario del medio natural la responsabilidad en caso de accidente. Si una cacería es un peligro, no debe de llevarse a cabo, y menos afectando a zonas públicas.

En cuanto a la atención al bienestar y la protección animal es algo que se ha obviado completamente, manteniéndose modalidades tremendamente crueles, asumiendo con la caza el control de perros y gatos y evitando incorporar medidas adicionales de protección para los animales que se usan en la caza, tales como perros, caballerías, hurones o rapaces. Ya que no es compatible la actividad con el no maltrato, como reconocieron en la Ley de Bienestar y Protección Animal al excluir la acción de cazar de este concepto, cabía esperar alguna atención a este aspecto en el reglamento. En el texto apenas se invoca esta cuestión y, sin embargo, sí caben barbaridades como permitir la caza de perro de madriguera con 8 perros entrando en las zorreras incluso en época de reproducción.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad y a la desintensificación de la gestión cinegética, la Plataforma observa varios pasos atrás que afectan a la caza de especies en regresión, de autorización de métodos de control de predadores, de caza en zonas protegidas o de autorizaciones que favorecen las sueltas de granja y a los cuarteles de caza comercial.

Las alegaciones también atienden a la necesidad de profundizar y ofrecer claridad a las facultades de los agentes medioambientales en la materia al objeto de facilitar su correcto desempeño primando la seguridad física y jurídica de tan importante colectivo profesional.

Por todo ello la Plataforma añade a las alegaciones varias propuestas, entre ellas, la más importante, la instauración de una parada biológica de la actividad cinegética que dote de un amplio periodo de tranquilidad a la fauna y de seguridad para facilitar el uso público del medio natural. Frente a la situación actual en la que es posible cazar a lo largo de todo el año prácticamente en cualquier parte, se pide que haya una parada de 8 meses, como ya era tradicional, quedando fijado el periodo de caza dentro de lo que es la temporada habitual marcada en la orden de vedas, de octubre a enero.

La Plataforma reclama que no se puede afrontar este proceso como una simple discusión entre cazadores y ecologistas, porque lo que está en juego es mucho. Disfrutar del medio natural con seguridad es esencial para la calidad de vida y salud de la población como se ha visto en esta pandemia. Y, además, sería un motor económico de primera magnitud en las zonas rurales si se hicieran las cosas bien., Por ello se solicita a José Luis Escudero, Consejero de Desarrollo Sostenible, que acoja un debate abierto y plural sobre el reglamento como se hizo en la anterior legislatura con la ley y que sea sensible a todos los colectivos interesados y afectados por esta cuestión.

 

CAZA: EL PEOR BALANCE AMBIENTAL DE LA MEDIA VEDA EN AÑOS

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Ecologistas en Acción ha registrado a lo largo de la media veda, cuyo periodo hábil acaba de terminar en la mayor parte de las comunidades autónomas, numerosas incidencias e irregularidades que afectan negativamente a las especies cinegéticas y a las no cinegéticas, objeto de esta controvertida temporada especial de caza.

Estas prácticas, a veces fraudulentas, otras veces simplemente delictivas, están extendidas por todo el Estado español, pero se concentran más en regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Navarra o Aragón.

Es en estas áreas donde se concentra buena parte la actividad cinegética en torno a la caza de la tórtola europea o común, la codorniz y la paloma torcaz, que son las especies objetivo de la media veda y que suelen ser abatidas desde puestos de caza durante el paso migratorio postnupcial.

Más allá de la controversia no resuelta de que este periodo no se ajusta a la prohibición de cazar en época de cría, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha en favor de las demandas de Ecologistas en Acción (y motivo por el cual hay interpuestos recursos contencioso-administrativos en Madrid, Castilla y León o Navarra), la media veda es una época en la que las tropelías en materia cinegética son cada día de mayor impacto.

Un simple rastreo por los anuncios en internet, por las revistas de caza, por los programas en radio y televisión y por los cotos de caza, permite detectar numerosas situaciones denunciables sobre las que la inacción de las comunidades autónomas, responsables de la gestión cinegética, ha creado un clima de impunidad.

Entre las situaciones detectadas por Ecologistas en Acción, destacamos algunas de las más graves.

Disparos a especies protegidas

La media veda sigue dando lugar al disparo, accidental o intencionado, sobre especies protegidas, hasta el punto de que por esta causa se produce un incremento de entradas en los centros de recuperación, a pesar de que cada día es más difícil encontrar animales heridos o muertos porque cazadores y guardas los esconden.

En 2016 ha sido llamativa la entrada de rapaces heridas en los centros de recuperación. Entre las especies afectadas por los disparos encontramos sobre todo rapaces medianas y pequeñas, pero también grandes águilas y búhos. Un ejemplo reciente y dramático es el caso del halcón peregrino. SEO/BirdLife denunciaba hace unos días la baja de uno de los especímenes marcados en el programa de seguimiento de la población de esta especie en Madrid. Se recogía herido por un tiro, con pocas probabilidades de recuperación, en un coto de caza de Viso de San Juan. Es el tercer ejemplar abatido en Toledo en cuatro años y, según SEO/BirdLife, solo se localizan el 10% de los que mueren por esta causa.

En el centro de atención a la fauna silvestre que la asociación AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) mantiene en Villafranca de los Barros (Badajoz), solo en la primera semana de la media veda entraron con disparo un búho real, un águila calzada y un aguilucho lagunero.

Cebaderos fraudulentos en la caza de la tórtola

Un práctica cada día más extendida para intentar garantizar que los clientes de las cacerías de esta especie cacen el máximo de tórtolas es la de establecer cebaderos para atraer a las aves y cazarlas a la entrada o salida del mismo. Las leyes autonómicas suelen permitir mejoras de los hábitats de alimentación, como siembras, pero no el cebado de zonas concretas para atraer la caza. Se considera una práctica fraudulenta, pues permite cazar más de la cuenta y dejar en desventaja a los cotos que no utilizan estas prácticas. Ecologistas en Acción ha localizado varios cotos en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, Extremadura y el norte de Andalucía donde se realiza esta práctica. Además, se publicita abiertamente sin que nadie actúe para impedirlo.

La tórtola es una especie en declive, su población en Europa se ha reducido un 70% entre los años 80 y 2014, y en España un 30% desde 1996. El sector cinegético, para evitar que deje de cazarse, acusa a los pesticidas y a la situación en sus zonas de invernada en África para explicar el descenso.

Pocas codornices y se sigue cazando

Siempre se ha oído que el sector de la caza se autogestiona. Sin embargo, como se puede comprobar en el caso de la codorniz, eso no ocurre. Este año, los propios cazadores en Castilla y León o Extremadura, avisaron en los primeros días de la temporada de las escasas capturas de esta especie. Pero la temporada, en lugar de suspenderse, se ha mantenido abierta, por lo que la presión cinegética se ha mantenido sobre unas poblaciones cada vez más exiguas.

El daño se añade a los de temporadas anteriores, en las que, salvo casos muy puntuales, la codorniz ha ido en descenso, llegando a una situación tan preocupante como la de la tórtola europea. Se dan cifras de un descenso cercano al 30% entre 2002 y 2012.

Para compensar la falta de codornices, algunos cotos recurren a soltar ejemplares de granja, lo que agrava el problema poblacional. Se imposibilita un buen control de la práctica cinegética y se favorece competencia e hibridajes entre las codornices naturales y las de granja. Además, estas sueltas suelen ir acompañadas de prácticas de control de predadores muy dañinas para la biodiversidad.

Se permiten modalidades anómalas

Las especies tradicionales de la media veda están en declive. De un tiempo a esta parte, las comunidades autónomas han ido permitiendo otras modalidades que habitualmente se practican en otras fechas. Por ejemplo, cada vez es más habitual que se permita el conejo en media veda o los aguardos de jabalí. También, cada vez más, se permite la caza del zorro, sea al salto o desde puesto fijo.  Disfrazados, según corresponda como descastes y como falsos controles por daños, se permite cazar especies que ya tienen sus propias épocas de caza. Lo curioso es que estas modalidades se comercializan, por lo que en lugar de contribuir al control de poblaciones para evitar perjuicios a la agricultura contribuyen a su incremento. Es un negocio y nadie va a terminar con la abundancia de unos animales que generan cuantiosos ingresos. Por ello, también se han detectado comederos de jabalís que fomentan y atraen a esta población y que, en lugar de controlar las hembras para evitar que críen, se abate solo a los machos porque lo que interesa es el trofeo.

No se planifican servicios de vigilancia

Aparte de la mala gestión cinegética y el sentido economicista y sobreexplotador que dirige buena parte de la caza, el que la media veda se haya convertido en una época tan nefasta se debe a la ausencia de voluntad de las Direcciones Provinciales de Agricultura para atajarlo. En provincias como Toledo y Ciudad Real no se asignan servicios a los agentes medioambientales para controlar y denunciar a los infractores. Y así hay un clima de impunidad ante la desidia de los Directores Provinciales y de los técnicos encargados de la gestión cinegética.

Ecologistas en Acción siempre ha tenido claro que la media veda es una época perniciosa para especies en declive como la tórtola y la codorniz y para especies protegidas que son perseguidas por cazadores y guardas desalmados. Pero ahora tiene claro también que el desorden que se ha impuesto tiene una causa estructural que debe atajarse, la falta de concienciación y de voluntad de aquellos que desde la Consejería tienen que velar por el cumplimiento de las leyes.

EL DEBATE PÚBLICO DE LA LEY DE CAZA EMPIEZA MAL

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1930s Rabbit hunters X32Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo de Castilla La Mancha que no se pongan trabas a la participación y al debate público en la tramitación de la reforma de la ley de caza.

El comienzo del periodo de exposición pública de la reforma de la ley de caza ha comenzado con una serie de decisiones que dificultan la participación y el debate, sobre todo de los colectivos sociales de carácter ambiental.

Ya fue llamativo que en pleno mes de agosto se diera inicio a la fase de exposición pública de la reforma de la ley de caza. De siempre ese mes ha sido el elegido por las administraciones para iniciativas que pudieran tener algún tipo de contestación social. La agosticidad en los procesos de participación pública es una mala práctica que ya ha sido numerosas veces criticada.

No obstante, se confiaba en que los siguientes pasos que se dieran en la tramitación de la reforma de la ley de caza serían más abiertos y transparentes. Sin embargo, al menos los primeros, no lo están siendo.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de sus direcciones provinciales, ha comenzado a convocar a los Consejos Provinciales de Caza con vistas a su vez a realizar una rápida convocatoria del Consejo Regional de Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Algunos de estos Consejos, por ejemplo el de Toledo, se ha convocado por la vía de urgencia, avisando con sólo tres días de margen para analizar la documentación y plantear una postura consensuada dentro del ámbito que cada representante en el mismo ostente. El lunes pasado llegó una convocatoria para acudir hoy jueves al citado Consejo, lo que motivó que Ecologistas en Acción pidiera un aplazamiento pues era materialmente imposible organizar la asistencia en condiciones adecuadas.

La solicitud ha sido rechazada y eso ha motivado que en el Consejo Provincial de Caza la silla de los representantes de las organizaciones ambientales estuviera vacía.

La situación dada en Toledo es especialmente grave, por cuanto es bien conocida la incidencia de esta provincia en materia cinegética, y, además, se ha sabido que los motivos de urgencia aducidos para la convocatoria no eran ciertos, puesto que en provincias como Guadalajara el consejo provincial se reunirá el 27 de septiembre.

Otro grave problema detectado en la convocatoria de los Consejos Provinciales es que junto a la reforma de la ley se ha incorporado otros punto del orden del día, la ampliación de los métodos de captura para control de depredadores y animales domésticos. Una propuesta que pretende legalizar determinados modelos de cajas trampa y lazos para ser usados por los guardas de los cotos de caza.  Se ha remitido el borrador de la orden, pero no los estudios que supone que avalan su uso, por lo que se oculta información esencial para opinar sobre el tema en cuestión.

Si los primeros pasos en el proceso de participación pública de la ley de caza no van por buen camino, tampoco parece que en los próximos se vaya a mejorar. Todo apunta a que la Consejería, en su ánimo de acelerar el proceso, tiene intención de convocar los Consejos regionales de caza y de medio ambiente sin que todavía esté abierto el plazo de alegaciones oficiales y sin que se puedan conocer las que presenten para debatirlas en los citados consejos.

Esta mala práctica, avalada por unos servicios jurídicos que sorprenden una y otra vez con informes más dignos de otros tiempos que de los actuales, dificulta sobremanera el debate público y la búsqueda de soluciones acordadas sobre puntos en conflicto.

Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Regional, y a las direcciones provinciales, que faciliten un proceso abierto y transparente que permita una participación pública real y que no beneficie a los colectivos profesionalizados o con interés económico del mundo de la caza. Hay que realizar las convocatorias de los consejos de participación con tiempo, aportando toda la documentación necesaria sobre los puntos del orden del día, y hay que sustanciar el periodo de información pública antes de que se reúna el Consejo Regional de Medio Ambiente.

Respetando una mínimas reglas de juego consideramos que el proceso no sólo será mejor, sino que podrá seguir siendo ágil con vistas a que la reforma de la ley llegue cuanto antes al debate parlamentario.

Anteproyecto de Ley de Caza CLM: UNA REFORMA INSUFICIENTE

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(Valoración de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de la toma en consideración del anteproyecto de Ley por parte del Gobierno Regional.)

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La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha considera que la reforma de la ley de caza planteada inicialmente por el Gobierno regional es insuficiente y está todavía bastante lejos de cumplir con las expectativas de los colectivos y personas por cuya iniciativa y reivindicación se está afrontando este cambio legislativo.

Admitiendo y agradeciendo que por fin se haya dado voz a quienes de distintas maneras se ven afectados por la caza sin ser cazadores, no es menos cierto que el anteproyecto de ley se inicia sin el consenso con la Plataforma, perdurando en la propuesta de reforma peligrosos y controvertidos preceptos de la ley vigente promovida por el Gobierno anterior de la Sra. Cospedal.

A la espera de que se haga oficial el texto del anteproyecto de ley y de que la Plataforma lo estudie en detalle, y a la vista de los borradores y de las reuniones mantenidas con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se esperan avances en materia de compatibilización de usos en el medio natural y, en menor medida, de respeto del bienestar animal.

Así, se modificaría profundamente el artículo 27.m que penalizaba de forma genérica el espantar a las especies de caza, aunque fuera de forma involuntaria. Ahora sólo se multaría aquellas acciones, incluso de los propios cazadores, que tengan la intención de perjudicar a propósito las actividades cinegéticas legalmente autorizadas. También, en esta línea, se señalizarán más y mejor las zonas de seguridad, contribuyendo a evitar accidentes y molestias a quienes hagan uso del medio natural para actividad de ocio, turismo u otras.

Por otra parte, aunque seguimos defendiendo que los animales domésticos no deben ser en ningún caso objeto de la ley de caza, se establecería como prioritaria la captura en vivo de los mal llamados “asilvestrados”, frente al abatimiento como plantea ahora la ley de 2015.

Además, otras propuestas de la Plataforma se han incorporado al anteproyecto de ley, aunque sea parcialmente. Por ejemplo, se ampliarán las medidas de control de las actividades e infraestructuras cinegéticas más perjudiciales para el medio natural, se remarca la figura del agente medioambiental y se retira la referencia a las subvenciones para los empresarios del turismo cinegético.

A lo que el anteproyecto de ley no da una respuesta adecuada es al enfoque economicista e intensivo al que se dirige la actividad cinegética. Fundamentándose en una dudosa aportación que la caza ofrece al desarrollo rural, se facilita la intensificación manteniendo la figura de los cuarteles de caza comercial, permitiendo los cuarteles de caza menor en la Red de Áreas Protegidas y disminuyendo el tamaño de los cotos de caza mayor.

También resulta muy negativo que se mantengan, sea como modalidades de caza o sea como métodos de control de poblaciones, prácticas peligrosas, como la caza nocturna; dañinas para especies protegidas, como la cetrería o el rifle del 22; y crueles o masivas, como el perro de madriguera, los hurones o las sueltas. En este apartado sólo se ha prohibido el tiro de pichón o el lanceo a caballo, lo que implica una escasa voluntad de ejercer un verdadero control de los abusos y crueldades que se cometen al llevar a cabo determinadas prácticas de caza.

La Plataforma también se opone frontalmente a que se permita cazar con 14 años, una edad a la que se carece de la madurez y de las cualidades físicas precisas para portar un arma, o a que se mantenga la rebaja y la discrecionalidad en las sanciones.

Por todo ello, sorprende y defrauda a la Plataforma que estos retrocesos en materia cinegética se apoyen por un Gobierno que anunció que promovería una caza sostenible y compatible con la conservación del medio natural, respetuosa con los principios de bienestar animal y de compatibilidad de usos en el medio rural.

Una vez se haga oficial el texto concreto del anteproyecto que el Gobierno somete a participación pública la Plataforma valorará definitivamente la iniciativa, así como la estrategia y actuaciones a poner en marcha para que la reforma de la ley de caza sea tan profunda como esperan las miles de personas que se movilizaron en contra de la Ley de Caza de 2015 y las casi 120.000 que firmaron la petición de su retirada.

Será el momento de plantear la campaña y las movilizaciones que sin duda serán precisas para conseguir que el Gobierno y las Cortes no frustren las expectativas de cambio en profundidad de una ley medieval y comercial como es la vigente en Castilla-La Mancha y contra la que se habían posicionado los partidos que a día de hoy sustentan al Gobierno regional.

LA LEY DE CAZA DE CASTILLA LA MANCHA, MUY LEJOS DE ESTAR CONSENSUADA

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(Nota de Prensa Plataforma Contra la Ley de Caza de Castilla La Mancha)

Manifestacion-Ley-Caza-Toledo_EDIIMA20150221_0384_23Como parte integrante de la mesa de negociación y conocedores de la situación real del proceso de elaboración del nuevo proyecto de Ley de Caza, la Plataforma Contra la Ley de Caza de Castilla La Mancha no puede evitar una honda preocupación y cierto punto de desconcierto ante las declaraciones emitidas este jueves en el pleno de las Cortes por el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla La Mancha respecto al consenso logrado en un para nosotros desconocido nuevo proyecto de Ley a punto de aprobarse.

Según las informaciones publicadas por eldiariodigital.es, Francisco Martínez Arroyo declaró para nuestra sorpresa al hilo de la pregunta oral que la diputada del PP Lola Merino formuló en el pleno de las Cortes, “sentirse orgulloso” de un proyecto de Ley de Caza “consensuado al 95% de la mano de sectores cinegéticos y ecologistas”, que está previsto que se lleve al Consejo de Gobierno este mes de julio y en el que “se ha conseguido que el contenido casi íntegro tenga el aval de todos los que han estado sentados en la mesa».

Nuestro estupor proviene, partiendo de la base de que desconocemos completamente de la existencia de ningún borrador definitivo de la Ley, de no compartir en absoluto tales afirmaciones, ni en cuanto al estado del proceso ni, por supuesto, respecto a ese presunto 95% de consenso. La única afirmación expresada por el Consejero que sí compartimos es la relativa a lo “muy contento” que se muestra el séctor cinegético respecto a ese desconocido borrador, lo que no nos extraña si la cuestión ha quedado en el punto de la negociación del que hasta ahora nosotros teníamos conocimiento y en el que habíamos estado presentes.

La realidad es que la ley tiene mucho por mejorar, pues hay prácticamente dos tercios de propuestas aún por discutir y dista enormemente de ese 95% de consenso, que nosotros cifraríamos más bien en un 15%-20%, y sigue siendo sustancialmente la ley de Cospedal, por lo que consideramos que nuestro consejero peca de optimismo en gran exceso.

De hecho, salvo el reconocimiento al hecho de haberse variado el polémico artículo 27m respecto a las sanciones económicas para aquellas personas que incluso involuntariamente, espantaran piezas de caza, en esos 2 tercios por debatir se encuentran nuestras propuestas sobre los artículos y sentencias más graves y perniciosas para la naturaleza y su uso público y favorecedoras del modelo de caza intensivo y depredador tan promovido por la anterior administración autonómica y que desató un clamor popular en contra de la Ley de Caza aún vigente. Entre tales propuestas sin debatir podemos destacar:

–          El traslado a la ley de protección animal de la fórmula de gestión de los animales domésticos que se encuentren abandonados en el medio natural, eliminando el concepto de asilvestrado y la posibilidad de que estos animales puedan ser abatidos por guardas de caza.

–          La prohibición de la caza nocturna, salvo los aguardos de jabalí debidamente reglamentados, y la caza desde vehículos, así como otras modalidades masivas y crueles.

–          La eliminación de los cuarteles de caza comercial y la prohibición de la caza intensiva, en particular en las zonas sensibles por sus valores naturales.

–          La prohibición de la figura de los vallados secundarios o, al menos, la prohibición expresa de la caza dentro de los mismos.

Por todo ello, rogamos más prudencia en las declaraciones y sobre todo, más pausa en el procedimiento y más negociación en profundidad del texto finalmente a aprobar, no quedando este en un remedo del infame texto anterior que tantos colectivos diversos, incluidos sectores de caza, y castellanomanchegos de a pie levantó en su contra.

Noticia de Referencia en http://eldiadigital.es/not/181704/martinez-orgulloso-del-proyecto-de-ley-de-caza-consensuado-al-95-/

 

El NO a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha en la Manifestación por una Vida Animal Digna del 28 de febrero en Toledo.

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imageCHange3 (600 x 444)El objetivo es que se acabe el maltrato en Castilla-La Mancha y que se apruebe una moderna ley de protección y bienestar animal a la par que se anule la vigente ley de caza.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ha decidido sumarse a la convocatoria de la primera “Manifestación por una vida animal digna” que tendrá lugar en Toledo el próximo 28 de febrero a las 17 horas desde el Paseo de la Vega. 

La Plataforma valora como muy necesaria en este momento la iniciativa de la Fundación Alma Animal, el Refugio Happy Dog y la Asociación Animalista Su Voz, a la que también se han sumado numerosas entidades, y hace un llamamiento a la participación.

La situación para la defensa animal es crítica en Castilla-La Mancha, pues está a la orden del día el incremento de las denuncias por acciones de maltrato y se mantiene una ley de caza que ampara modalidades y prácticas cinegéticas agresivas y crueles con los animales tanto silvestres como domésticos.

La Plataforma contra la Ley de Caza considera que el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha está siendo muy remiso a modificar la retrógrada ley de caza en la profundidad que se requiere y se muestra demasiado temeroso ante la posible reacción del lobby cinegético.

Por ese motivo, las entidades que conforman la Plataforma pedirán junto al resto de participantes en la manifestación  que se acabe el maltrato en Castilla-La Mancha, para lo que es necesario que se apruebe una moderna ley de protección y bienestar animal y que se acabe con la ley de caza vigente.

Más información, cartel, etc… en https://www.facebook.com/events/888522471263490/905303759585361/

Cuándo: domingo 28 de feb de 2016,  5pm GMT (horario de invierno)

Dónde: Paseo de La Vega, Toledo, España (mapa)

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CC OO-CLM, UGT-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT, Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Podemos Toledo, EQUO Castilla-La Mancha, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

MASACRE DE RAPACES PROTEGIDAS Y VENENO EN UN COTO DE CAZA EN TOLEDO

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Ecologistas en Acción solicita de la Dirección Provincial de Agricultura de Toledo la suspensión urgente de la caza en el municipio por el riesgo para la salud y para favorecer la recuperación del daño ecológico.

Milano Real envenenado (foto Asoc. Acenva)
Milano Real envenenado (foto Asoc. Acenva)

Según ha confirmado oficialmente Ecologistas en Acción, hace pocas fechas se ha localizado un buen número de aves rapaces muertas en un coto de caza del término de Arcicollar, localidad toledana de la comarca de Torrijos. Entre las aves localizadas, que podrían superar la quincena de ejemplares, se encuentran varios milanos reales, especie declarada en peligro de extinción. La Dirección Provincial de Agricultura está investigando el caso bajo el protocolo de venenos, ya que todo apunta a que ésta sería la causa de la masacre.

Como es bien sabido, el, uso del veneno está muy extendido en la provincia de Toledo, teniendo como principal origen de su empleo la mala práctica cinegética y como fin el exterminio de cualquier animal predador que se pueda alimentar de especies de caza.

Dada la gravedad del caso y el riesgo que supone para la salud el hecho de que pueda haber todavía veneno o cebos envenenados en el campo y que éstos puedan afectar a personas o animales, incluida las propias especies cinegéticas, Ecologistas en Acción ha dirigido un escrito a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, para que se suspenda de inmediato la actividad cinegética en la zona. Acción que, además, ayudaría al inicio de la recuperación del grave daño ecológico producido.

Es preciso que en estos casos se actúe con máxima diligencia y rigor, adoptando todas las medidas precautorias necesarias, así como realizando una investigación en profundidad al objeto de determinar la autoría de los hechos, lo cual, además de llevar aparejada una grave sanción y la suspensión del coto, puede llevar a sus autores a la cárcel al tratarse de un delito.

Ecologistas en Acción pide que desde ya se intensifiquen las campañas de vigilancia en la provincia, ya que los casos de veneno son cada vez más graves y ello es debido a una menor vigilancia y a una disminución de los expedientes sancionadores.

Recordemos que una masacre parecida ocurrió hace ahora un año, en el término municipal de Nambroca, donde aparecieron 20 animales muertos por veneno, entre ellos también varios milanos reales. Ambos casos, el de Nambroca y el de Arcicollar, se sitúan entre los más graves casos de envenenamiento de fauna registrados en España en los últimos dos años.

Protesta contra el cierre de caminos y contra la ley de caza de Castilla-La Mancha. Reclamamos la inmediata eliminación del artículo 27.m en tanto se modifica la legislación cinegética.

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Ecologistas en Acción ha participado este fin de semana, 24 y 25 de octubre, en la jornada anual en defensa de los
caminos públicos, organizada por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) de la que forman parte, y que se ha celebrado enArgamasilla de Alba (Ciudad Real). Jornadas_Argamasilla_familia

Diversos colectivos ambientales, senderistas, ciclistas y de ámbito cultural denuncian el cierre de caminos públicos, en todo el Estado español, por parte de grandes propietarios con total impunidad y ante la inacción de las administraciones públicas que permiten esta práctica.

Todos los colectivos que han participado en las jornadas de la PICP coinciden en que cada vez más se cierra el paso por los  caminos públicos a cualquier persona que desee circular por el campo. Terratenientes y grandes propietarios de fincas, y también pequeños propietarios en algunos casos, prohíben el paso y ponen puertas y candados en los caminos públicos e impiden el libre tránsito en el medio natural.

Las organizaciones en defensa de los caminos públicos recuerdan que la ley señala que estas vías públicas, ya sean vías pecuarias, caminos públicos y también el dominio público hidráulico están contempladas en la ley como bienes patrimonio de todos y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Además, el artículo 45 de la Constitución, reconoce el derecho fundamental a disfrutar del medio natural y el deber de conservarlo.

Los colectivos que integran esta plataforma solicitan también a los ayuntamientos que lleven a cabo el inventario de los caminos públicos de su municipio como primer paso para proteger estas vías públicas.

La PiCP está formada por diversos grupos de defensa de los caminos públicos de Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y País Vasco. En esta edición, las jornadas en defensa de los caminos han contado con la asistencia de más de 80 personas, activistas de organizaciones senderistas, ciclistas y ecologistas llegados de todo el Estado español, sobre todo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

Además, la PICP llama la atención sobre la situación que están generando los propietarios de los grandes cotos de caza. Si hasta hace unos años era Andalucía la comunidad autónoma que más kilómetros de caminos públicos cerrados contaba, es ahora Castilla-La Mancha, y en concreto, Ciudad Real, la provincia que sufre un  cierre masivo de caminos públicos por parte de grandes propietarios.

Los defensores de los caminos públicos señalan también que la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, aprobada por el anterior gobierno regional de María Dolores de Cospedal, viola el artículo 45 de la Constitución y antepone una actividad privada como es el negocio de la caza, y de los grandes cotos, al derecho fundamental del ciudadano al libre tránsito en el medio natural y a disfrutar del medio natural sin peligro de ser injustamente sancionado. Por ello, esta organización pide al nuevo gobierno de Emiliano García-Page la derogación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

A juicio de Ecologistas en Acción el artículo más problemático de la ley de caza es el 27.m, que penaliza como sanción muy grave, con entre 3000 y 30000 euros de multa, a quien pueda espantar a la caza, aunque sea inadvertidamente o como resultado de llevar a cabo actividades recreativas o de recolección permitidas. En este sentido, se reclama su inmediata eliminación sin esperar a que haya una nueva ley de caza.

Al mismo tiempo, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, de la que forma parte Ecologistas en Acción, insta a los partidos políticos que concurren a las próximas  elecciones generales, el 20 de diciembre, a incluir en su programa electoral la defensa de los caminos públicos y el compromiso de intervenir ante el expolio de este patrimonio, no sólo ambiental, sino cultural e histórico que son nuestros caminos públicos.