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Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha líder en accidentes de caza porque se impulsan modalidades peligrosas y se puede cazar todo el año

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BatidaJabaliLa Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha exige a la Consejería que modifique la ley y las órdenes de veda para que se limiten los periodos y las modalidades de caza al objeto de hacer del campo un lugar más seguro y agradable para los ciudadanos.

El Gobierno de España respondiendo a una pregunta parlamentaria de un diputado socialista acaba de hacer oficiales las estadísticas de accidentes de caza habidos en España en los últimos años. Aunque la información no hace referencia exacta a fallecidos y heridos, destaca en la misma el triste liderazgo de Castilla-La Mancha en esta materia ya que acumula cerca del 30% de los incidentes de caza registrados.

En 2016 se han registrado 58 accidentes en España, de los cuales 17 han sido en la región. Y en los últimos cinco años han sido 307 en España y nada menos que 83 en Castilla-La Mancha.

El que Castilla-La Mancha acumule tantos casos no es proporcional ni con su superficie, que supone algo más de 15%, ni con el número de licencias, que en 2016 fueron 105.000 cerca también al 15% nacional.

A juicio de la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha el motivo por el que hay más accidentes de caza en esta región se debe al modelo de caza que se practica, un modelo que fomenta la caza intensivamente y las modalidades de riesgo.

La ley de caza y las normas que la desarrollan, entre ellas la orden de vedas, son tremendamente permisivas con la caza y, así, ya no hay mes en el año en el que no se produzcan disparos en el campo. La temporada general y el periodo de veda han pasado a mejor vida. Año tras año se ha ido modificando el calendario de caza e incorporando nuevos periodos adicionales que han terminado por rellenar el hueco que existía entre el cierre de una temporada y la apertura de la siguiente.

Modalidades como la caza intensiva en los cuarteles de caza comercial, el control del conejo, la caza del zorro y de la urraca y el rececho del corzo, se pueden practicar ahora en primavera y verano sin respetar épocas de cría ni espacios naturales protegidos. Además se ofrecen cotos de caza “todo el año”, que se encubren como zonas de adiestramiento de perros o de aves de cetrería.

La última aportación, si la Consejería no retira su injustificable propuesta de la orden de vedas, es la de abrir una temporada de caza de jabalí mediante aguardos nocturnos que se permitiría entre el 1 de abril y el 31 de agosto en Albacete, Ciudad Real y Toledo, y entre el 1 de mayo y el 31 de agosto en Cuenca y Guadalajara.

El problema de los accidentes y de la gestión de la caza no es por tanto que Castilla-La Mancha sea simplemente una región con mucha tradición cinegética, sino que es que se permite cazar más que en ninguna parte y además se promueven modalidades tan peligrosas como el aguardo nocturno de jabalí o se conceden armas laxamente o a edades impropias.

La Plataforma contra la ley de caza de Castila-La Mancha recuerda que los accidentes de caza ya no afectan sólo a los cazadores, sino que lo hacen cada vez con mayor riesgo y gravedad a quienes hacen uso del medio natural para otras actividades recreativas, deportivas o productivas.

En ese sentido exige a la Junta de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, una revisión en profundidad de la normativa cinegética, tanto de la ley como de las órdenes de vedas, eliminándose los periodos extraordinarios que se han ido incrementando con los años y las modalidades como el aguardo nocturno ya que son extremadamente peligrosas y no sirven para los fines que se argumentan.

Quebrantahuesos muerto de una perdigonada en un coto: exigimos suspensión inmediata de la caza.

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Levantamiento del cadáver del quebrantahuesos por Agentes Medioambientales (Foto: Junta de Andalucía)

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y la Sociedad Albacetense de Ornitología consideran extremadamente grave la muerte a causa de un disparo de un quebrantahuesos en un coto de caza de la localidad de Yeste (Albacete) y dentro del Parque Natural del Calar del río Mundo y la Sima.

Las circunstancias en las que se ha producido esta muerte no pueden resultar más alarmantes. Se ha matado a un ejemplar de una especie declarada en peligro de extinción y que formaba parte del programa de reintroducción en las sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

La muerte se ha producido dentro de un espacio protegido, nada menos que en el Parque Natural del Calar del río Mundo y la Sima, a la sazón parte también de la Red Natura 2000.

Todo apunta a que se trata de una muerte alevosa, ya que el quebrantahuesos no se puede confundir de ninguna manera con ninguna especie cinegética. Lo más probable es que se le haya disparado en la creencia de que podría tratarse de alguna de las especies de grandes águilas que habitan la zona, y a las que se las sigue persiguiendo ilegalmente.

El disparo con escopeta de perdigones, por las fechas en las que pudo producirse la muerte entre finales de enero y principios de febrero, se pudo producir durante la práctica cinegética de caza menor o de perdiz con reclamo o bien durante un control de predadores autorizado o no, lo que pone de manifiesto lo peligroso que es y el riesgo que suponen determinadas modalidades que no son debidamente controladas ni restringidas por parte de la Junta de Castilla-La Mancha.

Además, han pasado ya casi dos meses desde que el quebrantahuesos murió y uno desde que fue localizado y no se ha adoptado ninguna medida preventiva o que permita recuperar la zona del daño causado.

Por todo ello Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y SAO exigen a la Junta de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que se adopten las siguientes medidas urgentes:

–          Que se suspenda la caza de forma inmediata en el coto donde apareció el quebrantahuesos y que se aplique un plan de medidas recuperadoras que palie el daño causado a la zona.

–          Que se determinen inmediatamente las circunstancias de la muerte y, en particular, cuál era el tipo de modalidad de caza que se estaba practicando en el coto.

–          Que se revisen las condiciones bajo las que se siguen permitiendo determinadas épocas y modalidades de caza en Castilla-La Mancha, pero muy en particular en los espacios naturales protegidos y en las áreas críticas de especies amenazadas sobre las cuales se viene observando un repunte de este tipo de sucesos.

–          Que se modifique de inmediato la ley de caza y el borrador de la orden de vedas para evitar riesgos de que sigan produciéndose hechos tan graves como el denunciado.

Ecologistas en Acción y Sociedad Albacetense de Ornitología están dando ya los pasos para formalizar lo antes posible su personación en los expedientes sancionados y en la causa penal que eventualmente se abra por estos hechos.

La Plataforma Contra la Ley de Caza presenta sus alegaciones para que la reforma de la ley sea de verdad y en profundidad.

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La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha ha terminado de entregar las alegaciones que las entidades que la conforman han consensuado para hacer frente común ante la recta final del proceso de reforma de la retrógrada ley de caza vigente desde 2015.

Las alegaciones han sido suscritas por al menos 46 entidades, algunas de ellas que no forman parte de la Plataforma pero que comparten su criterio entorno al documento de alegaciones. Considerando que entre estas entidades hay a su vez federaciones y plataformas, en total las entidades individuales representadas en estas alegaciones estaría muy cerca de las 100.

La Plataforma valora muy positivamente el consenso y apoyo recibido, ya que si lo unimos a la exitosa recogida de firmas y que alcanzó 117.621 firmas en change.org, estamos ante la una de las mayores campañas de movilización habidas en Castilla-La Mancha en toda su historia.

Por ello, y porque los argumentos de las alegaciones son sólidos tanto desde el punto de vista técnico y científico como social y económico, la Plataforma exige a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Gobierno de Castilla-La Mancha que profundice en la reforma de la ley, ya que el texto actual se queda muy corto respecto de las expectativas creadas.

La Plataforma no se conforma con una reforma de alcance limitado y que mantiene buena parte de los privilegios que injustamente se dan a los cazadores, así como el incentivo a la caza comercial e intensiva.

No es de recibo que se bajen las sanciones a la caza a la mitad de lo que eran en la ley de 1993, ni que ahora se quiera eximir a muchos de ellos de pagar las tasas o de hacer el examen del cazador. Pero aún menos lo es que en paralelo no se les exija cuestiones básicas de respeto en materia de medio ambiente, del bienestar animal o del uso público del medio natural.

Ahora quienes representan a los cazadores en la llamada Mesa de la Caza se hacen los ofendidos e invocan posibles movilizaciones. Olvidando su responsabilidad en que la ley de caza sea ahora la más retrograda de España y que haya habido que afrontar una reforma que no hubiera sido necesaria si no hubieran impuesto al Gobierno anterior, y este lo aceptase con gusto, condiciones de privilegio, de no diálogo con otras entidades y de aprobar todas y cada una de las exigencias del sector, hasta las más peregrinas e ilegales. Por eso en la ley actual se sanciona muy gravemente por molestar, aunque sea inadvertidamente, a la caza. Se facilitan y promueven prácticas tan dañinas como el control de predadores, el lanceo, el abatir animales domésticos o los cuarteles de caza comercial. O se abre la mano a más vallados, a daños a especies y espacios protegidos o a cazar prácticamente todo el año.

Para la presentación de alegaciones la Plataforma facilitó un escrito resumen de dos páginas que contiene las medidas y objetivos principales. Por otra parte, ha elaborado un documento más extenso, de 50 páginas, que revisa artículo por artículo la ley, con el objetivo de adecuarla debidamente. Tal vez hubiera sido más fácil hacer una ley nueva, pero desgraciadamente se acordó el modelo de reforma y esto está dificultando todo el proceso.

La Plataforma en todo caso anima a que todos los interesados sigan presentando las alegaciones y a que se sumen a sus reivindicaciones.

Las alegaciones de la Plataforma se resumen en los siguientes catorce puntos.

  1. Que se amplíen las zonas de seguridad y que se señalicen adecuadamente a costa de los titulares de los cotos.
  2. Que se sancione como infracción muy grave la caza en zonas de seguridad y la obstaculización por causa de la caza del libre tránsito por vías y zonas públicas.
  3. Que se publiquen con antelación suficiente las fechas y las zonas de celebración de cacerías organizadas.
  4. Que se remita toda la regulación concerniente a animales domésticos a la futura nueva ley de protección y bienestar animal ya anunciada, incluida la de los denominados “asilvestrados” término que en todo caso debe eliminarse de la ley de caza.
  5. Que no se permitan medios o sistemas de caza que sean especialmente peligrosos para las personas o para la fauna, que sean masivos o que atenten contra el bienestar animal o la conservación de especies amenazadas. Entre ellos particularmente la caza con hurón, la caza de aves en época de cría o migración, la caza de hembras acompañadas de crías, el perro de madriguera, la caza nocturna, la caza al atardecer o al amanecer, la caza en zonas incendiadas, la cetrería o la caza de acuáticas.
  6. Que se elimine la figura de cuartel de caza comercial y que, en todo caso, no se permita la realización de caza intensiva en los espacios protegidos y de la red Natura 2000.
  7. Que se garantice la seguridad y las potestades de los agentes medioambientales y que se les informe puntualmente de las resoluciones de todo tipo que afecten a los cotos de su demarcación.
  8. Que se incrementen las inspecciones, incluidos controles de alcoholemia y drogas, y las sanciones por cazar sin estar en condiciones físicas adecuadas o sin cumplir las normas de seguridad en el manejo de las armas.
  9. Que se suba la edad mínima para cazar a la mayoría de edad.
  10. Que las sanciones aumenten su cuantía y no sean discrecionales. Que toda sanción grave o muy grave lleve aparejada siempre, además de la multa, la retirada de permisos o de las autorizaciones que correspondan al coto, al cazador o a los guardas y auxiliares de caza.
  11. Que se prohíban los reclamos y atrayentes, así como especialmente los comederos, cebaderos o la aportación de alimentación suplementaria para fomentar de forma artificial las poblaciones de especies de caza o para facilitar la caza misma.
  12. Que por sus perniciosos efectos para el medio ambiente y las especies se prohíba la munición de plomo y que para que tal medida sea efectiva en un plazo corto se elabore una estrategia de sustitución por alternativas no tóxicas, atendiendo a las recomendaciones de carácter internacional sobre la necesidad de eliminar el plomo en la munición.
  13. Que se dé como máximo un plazo de un año improrrogable para adecuar los vallados existentes y las zonas de caza a la legislación modificada que se apruebe.
  14. Que se amplíen y mejoren las definiciones de la ley, en particular los términos “modalidad de caza”, “métodos excepcionales”, “tradicional”, “capacidad de carga” y “perjuicios graves e importantes”.

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman actualmente:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT_Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, FEBA, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

La caza intensiva atenta cada vez más contra la biodiversidad y el bienestar animal

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whatsapp-image-2016-11-10-at-09-50-09Ecologistas en Acción demanda a las comunidades autónomas la eliminación de la caza intensiva y de todas las malas prácticas asociadas a ella. 

En Castilla-La Mancha el problema es especialmente grave, pues abundan las zonas de caza intensiva y ésta van a aumentar, incluso en espacios protegidos, si termina de implantarse la figura del  cuartel de caza comercial derivada de la vigente ley de caza. En la región, los intensivos son responsables de casos muy grave de veneno y de muerte de especies protegidas y de que se usen los métodos más peligrosos de control de predadores, como los alares. Actualmente hay en Castilla-La Mancha del orden de 287 cotos intensivos o cuarteles de caza comercial, cuando en España había poco más de 600 en 2013. Pedimos a la Junta que retire esta figura de la ley de caza en el proceso de reforma en marcha.

La caza intensiva, basada en la suelta de animales criados en granjas, está creciendo exponencialmente en España en los últimos años. Muy particularmente en las comunidades autónomas del centro y sur peninsular, tales como Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

El crecimiento de este tipo de caza ha sido tan grande que ya se da muerte a más perdices rojas “de bote” o criadas en granjas que naturales. Según datos del último Anuario de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013, en España se cazaron 2.423.519 perdices en total, mientras que se soltaron del orden de 1.352.058, es decir, las sueltas equivalen al 55,7 % del total de ejemplares cazados. Asimismo se mataron más de 104.000 faisanes, todos procedentes de sueltas.

Esta caza, que cabría calificar de industrial, basada en la cría en granjas, sueltas y caza masiva de ejemplares, lleva aparejada un intenso manejo del acotado para garantizar que la alta inversión que implica todo el proceso se rentabiliza con los altos precios que están dispuestos a pagar los clientes que se acercan a ellos.

Operadores de turismo cinegético llegan a facturar del orden de 46 a 57 euros por perdiz cobrada, y se garantiza siempre un mínimo de capturas a cada partida de 3-8 cazadores que puede rondar las 500-600 perdices. Es decir, un grupo que ha contratado los servicios de uno de estos cotos intensivos está dispuesto a pagar cerca de 36.000 euros en un solo fin de semana.

La desproporción entre lo que se caza en las zonas intensivas y lo que se caza en el resto de espacios aumenta cuando se observa que las primeras ocupan el 1 % de la superficie total de zonas de caza en España y suponen un 2% del total de espacios acotados.

Sin embargo, su impacto en términos de daños a la biodiversidad y al bienestar animal se multiplica, ya que estos cotos actúan como sumideros de especies protegidas y no protegidas debido a las malas prácticas que los caracterizan,  producen un efecto contagio en la mala gestión del resto de cotos y, además, han forzado cambios normativos que los promueven a la par que reducen los controles ambientales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015, donde el lobby de los intensivos ha forzado un cambio a su favor sin precedentes introduciendo la figura del cuartel de caza comercial.

Las malas prácticas que se dan en la caza intensiva son numerosas, pero las más destacadas son las que tienen que ver con la utilización de medios legales e ilegales de control de predadores, tales como lazos, cajas-trampa o veneno; la caza masiva y el tiro al blanco que se ejerce sobre los animales de granja, que se matan por cientos cuando no por miles en una sola jornada de caza; y la dispersión brutal de plomo en el medio natural que provoca el uso de la munición.

Además, en los cotos intensivos se permite cazar fuera de la temporada general de caza, en época de reproducción o de paso migratorio, y se suelen realizar numerosas infraestructuras impactantes para darles servicio, tales como grandes caseríos y palacetes, una densa red de caminos y pistas, vallados que cercan la finca y hasta aeropuertos privados.

Ejemplos del perjuicio que provocan los cotos intensivos en la biodiversidad los hay numerosos y muy recientes. En el pasado verano el Seprona denunciaba a un coto intensivo de Moratalla, Murcia, por usar veneno y matar animales domésticos y silvestres.  Recientemente se ha conocido la sentencia que condena a un año y medio de prisión y 90.000 euros de indemnización al titular de las fincas La Nava y Barranco de la Gomera, al sur de Ciudad Real, por la muerte de la lince “Grazalema” en una caja-trampa para capturar predadores. En septiembre pasado se denunciaba al coto Mata del Moral en la provincia de León por la muerte masiva de especies protegidas. Un conocido coto intensivo toledano, Mochares, con dos precedentes de uso de veneno, ha sido sancionado a principios de 2016 con un año de suspensión de la caza tras aparecer 10 rapaces, entre ellas 5 milanos reales especie en peligro de extinción, y 16 cebos envenenados.

Pero lo malo no son sólo las actuaciones ilegales, también las legales son más que peligrosas. Uno de los linces del programa de reintroducción en Castilla-La Mancha, Llera, cayó en mayo de 2015 en un lazo en alar autorizado y pudo ser liberado gracias a que portaba radiotransmisor. En estos alares que permiten las comunidades autónomas amparándose en una inaudita homologación realizada por el MAGRAMA se llegan a instalar 240 lazos por cada 500 hectáreas de terreno, una tupida red de trampas de la que difícilmente escapará predador alguno. El alar ha sido una demanda de los cotos intensivos y de otros grandes cotos que no entienden la caza sin perseguir a lo que ellos llaman “alimañas”.

Los daños de los intensivos en la biodiversidad están acreditados por numerosos estudios. Una revisión de especialistas del CSIC sobre los efectos de la caza menor publicada en la revista Ecosistemas (número 22, mayo-agosto, 2013) concluía sobre ellos que “las sueltas de perdices de granja u otras características de los cotos intensivos podrían estar afectando negativamente a dos grupos de aves protegidas”, las rapaces y las esteparias.  Y considera que “además de sus efectos en las poblaciones nativas de las especies en cuestión, las sueltas pueden tener efectos negativos en la fauna no cinegética, ya que pueden favorecer la introducción de parásitos nuevos en el medio, que podrían afectar negativamente a otras especies presentes en los mismos ecosistemas”.

A pesar de las evidencias, las administraciones no solo se muestran reacias a prohibir la caza intensiva, sino que cada día la fomentan más, con normativas cada vez más permisivas y con una ausencia de vigilancia flagrante. La presión del lobby que maneja este negocio es tal que llegar incluso a acallar las voces de otros sectores cinegéticos que dicen sentirse perjudicados por este tipo de caza, a la que acusan de haber acabado con la perdiz autóctona.

La caza intensiva que se ejerce en los cotos intensivos, en los cuarteles de caza comercial o en los llamados escenarios de caza no puede permitirse de ninguna manera, y es hora de que las administraciones responsables la prohíban de una vez por todas. Solo una débil justificación economicista que beneficia a unos pocos hace que se mantenga una práctica dañina y perjudicial en todos los sentidos.

 

Críticas a la política ambiental ambivalente de Castilla-La Mancha

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Ecologistas en Acción hace balance de la situación ambiental en Castilla-La Mancha. Anuncia la personación en los casos de los incendios de Seseña y Chiloeches, pide la remodelación de la cúpula del Platecam, reclama medios humanos y que cesen los recortes en medio ambiente.

El 4 de julio de 2015 tomó posesión el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, fruto de un acuerdo de investidura ahora roto entre el PSOE y Podemos y que dejó de lado las prioridades ambientales. Afortunadamente esa ausencia lamentable no ha impedido que se hayan puesto en marcha importantes iniciativas, pero a la postre está dejando aflorar graves carencias en la gestión del medio ambiente a escala regional.

La política de medio ambiente del ejecutivo regional empezó teniendo más luces que sombras, pero empieza a tener más sombras que luces, sobre todo después de la dimisión del Viceconsejro de Medio Ambiente y de la crisis de los incendios. También tras observar el escaso contenido y falta de visión de calado ambiental del Pacto por la Economía y el Empleo y del Debate del Estado de la Región.

Lo sucedido en la gestión de los residuos, de los incendios de Seseña y Chiloeches y del vertedero de amianto en Toledo no son sino la prueba de que la Junta no dispone de los medios ni de la iniciativa para afrontar sus más elementales obligaciones en materia medioambiental.

PRIMERAS MEDIDAS, NECESARIAS Y BIEN RECIBIDAS

El nuevo gobierno tomó algunas decisiones en las primeras semanas que ya figuraban en el programa electoral del PSOE y de Podemos. Así, el 27 de julio de 2015 se inicia el procedimiento de ampliación de la ZEPA/ZEC de El Hito, recientemente aprobada, se apuntala la oposición al proyecto del ATC de Villar de Cañas, se inician los trámites para limitar la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fraking y se conforma una postura regional fuerte para hacer frente al deterioro del río Tajo y al impacto del trasvase Tajo-Segura.

Tambien se crea, por primera vez en Castilla-La Mancha, una viceconsejería de medio ambiente. Y, en el aspecto de la participación pública, se inician los debates sobre la reforma de la ley de caza, sobre los planes de uso y gestión en Red Natura 2000 y sobre un nuevo modelo de desarrollo económico, éste en base a las denominadas “Mesas del pacto por la recuperación económica”.

FALTAN POLÍTICAS DE FONDO

Pero pronto se observan las limitaciones a las que se enfrenta la puesta en práctica de políticas ambientales. Los presupuestos de 2016 mantienen los recortes de etapas anteriores, 45% sobre los de 2010, ofreciendo una carencia de medios humanos y materiales que hacen muy difícil el control y la vigilancia ambiental o que imposibilitan la puesta en práctica de actuaciones en sectores estratégicos, como por ejemplo el de la educación ambiental.

También aparecen las contradicciones en la tramitación de actuaciones como el proyecto de minería de tierras raras en el sur de Ciudad Real, en la petición de regularización de pozos ilegales en el Guadiana o en las situación de las viñas en espaldera irregularmente instaladas en zonas protegidas. 

Por otro lado, se echan en falta iniciativas de calado que promuevan adecuadamente las actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería ecológicas, la movilidad sostenible, el cambio de modelo energético o el ecoturismo.

Aún siendo conscientes de lo difícil que es cambiar la inercia negativa en materia de medio ambiente que se arrastra de la legislatura anterior, esperábamos y esperamos más de un Gobierno y de unos partidos que lo apoyan que han asumido a través de los programas electorales importantes compromisos ambientales. 

Será por la falta de medios, por la falta de tiempo o de voluntad política, pero el caso es que, en las políticas a medio y largo plazo no se ha avanzado de forma significativa hacia una sociedad sostenible en Castilla-La Mancha.

Para colmo y después de dos crisis ambientales muy mal gestionadas y peor resueltas, las de los incendios del vertedero de neumáticos de Seseña y de la planta de tratamiento de residuos de Chiloeches, el Viceconsejero de Medio Ambiente se ve obligado a dimitir dañando, quien sabe para cuanto tiempo, una institución que ha tardado mucho en lograrse y que sigue siendo muy necesaria para esta región.

Si analizamos brevemente y por sectores podemos dar algunos apuntes sobre lo acontecido en estos 14 meses .

Aguas: si exceptuamos la oposición al trasvase Tajo-Segura y la defensa del caudal del Tajo sigue sin substanciarse el cambio necesario en política de aguas. No se ha avanzado en la gestión racional del agua que priorice el ahorro, la preservación del ciclo hidrológico o el sostenimiento de los ecosistemas y se mantienen y alimentan las regularizaciones de pozos ilegales en el Guadiana o la sobrexoplotación en el Júcar y en el Tajo.

Infraestructuras: se mantiene la sobredotación de las infraestructuras del transporte y se piden más, retomando proyectos impactantes como las autovías Toledo-Ciudad Real o la Cuenca-Albacete. La falta de fondos es la única razón por la que estos proyectos no avancen a corto plazo.

Urbanismo: sigue por hacer la reforma que impida que vuelvan a reproducirse las condiciones que dieron lugar a la burbuja inmobiliaria en Castilla-La Mancha. Y no se ha puesto en marcha ningún mecanismo para cicatrizar en lo posible las heridas dejadas en el territorio.

Agricultura y desarrollo rural: Al mantenimiento de las mismas políticas agrícolas que padece el medio ambiente de nuestra región, se añade la mala solución dada al recorte a las ayudas para la agricultura ecológica. Independientemenete de las cuantías, Ecologistas en Acción ha solicitado un apoyo decidido a un agricultura sostenible que mantenga la fertilidad de la tierra a largo plazo.
Además, las nuevas líneas de ayuda, están ocasionando el incremento de la ganadería intensiva, especialmente la del porcino, que ha demostrado ser altamante impactante, sobre todo por el efecto muy negativo sobre el medio ambiente de los purines. Así mismo, la catalogación del herbicida glifosato por la OMS, como posible cancerígeno, no ha tenido repercusión en que deje de usarse en Castilla-La Mancha, como sí ha ocurrido en la Comunidad de Madrid.

Cambio climático: la nueva estrategia regional sigue bloqueada, mientras no se da el necesario impulso ni a las renovables, ni a la movilidad sostenible.

Residuos: catástrofes como los incendio Seseña y Chiloeches demuestran que los planes de gestión de residuos, así como su implementación, están fallando estrepitosamante. Asimismo que los protocolos de emergencias del Platecam están desfasados y crean daños adicionales a los que pretende evitar. Sigue sin visos de solución el vertedero de restos de amianto existente en Toledo. El nuevo plan regional de gestión de residuos, presentado recientemente, supone más de lo mismo y en nada soluciona los graves problemas que se llevan arrastrando durante décadas en Castilla-La Mancha.

Gestión e incendios forestales: los incendios siguen absorbiendo buena parte de los recursos económicos y humanos dedicados al medio ambiente y, a pesar de ello, siguen sin atenderse medidas de prevención y vigilancia que eviten actuar a posteriori en este tipo de catástrofes.  

Espacios naturales y especies protegidas: las propuestas en este sector permanecen bloqueadas, algunas, como el Plan de recuperación del águila perdicera o del lobo, se arrastran desde hace varias legislaturas. A trompicones está avanzando la aprobación de los planes de gestión en espacios red natura 2000 y se mantienen abiertos los centros de interpretación. Y los parques nacionales siguen con los problemas de siempre, agudizados si acaso por el paso del tiempo.

Caza: a pesar de que el ejecutivo entrante defendió la reforma de la nefasta Ley de caza que aprobó el gobierno de Cospedal, 14 meses después se ha publicado un primer borrador que queda todavía muy lejos del cambio que solicitó la “Plataforma contra la ley de caza”. Lo peor es que este ejecutivo sigue apostando por un modelo de caza comercial e intensiva. 

Recursos naturales: la decisión positiva por parte del gobierno regional de decir no al fraking, tiene su reverso en la tolerancia a la explotación minera de las denomonadas tierras raras.

Bienestar animal:  a pesar de que se han iniciado los trabajos para una nueva ley de protección animal, no parece que el Gobierno vaya a afrontar el problema del maltrato animal en sectores tan problemáticos como la caza o los toros.

QUEDA MUCHO E IMPORTANTE POR ABORDAR

Hay mucho e importante por abordar en materia de medio ambiente en Castilla-La Mancha y, de momento, no se ve que las buenas expectativas iniciales que creó el Gobierno se vayan a ver sustanciadas. La Viceconsejería está falta de presupuestos, pero, sobre todo está falta de peso político y de medios humanos para asumir siquiera sus tareas administrativas básicas. Ni que decir tiene lo difícil que sería asumir los nuevos retos que son necesarios. Tan mal se ve la situación que, hoy por hoy, sería para estar satisfecho con que la Viceconsejería dispusiera de los medios humanos básicos y formados para atender sus obligaciones en materia de control y gestión del medio ambiente. Hacen falta agentes medioambientales, técnicos y jurídicos que saquen el trabajo del día a día. Y, a su vez iniciativas políticas que transformen un modelo ambiental más pendiente de ir saliendo del paso según van surgiendo los problemas que de organizarse y actuar adecuadamente.

Tras la dimisión del Viceconsejero y las catástrofes de Seseña y Chiloeches, es necesario también la modificación del Platecam y la sustitución de los responsables de la aplicación del mismo y que provocaron desinformación y mayores daños para la salud y el medio ambiente de los que se hubieran sufrido en caso de haber actuado con criterios de prevención.

También es necesario un nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el que la administración no vote sus propias propuestas, y que sea escenario de debate e iniciativas en las que participen todos los agentes implicados.

Pero, con todo, lo más importante es que el Gobierno “se ponga las pilas” y también los partidos que lo sustentan en el Parlamento Regional. Y que entiendan de una vez que el medio ambiente no es una “María” que sólo hay que atender cuando hay un problema. Sino que es algo que hay que gestionar adecuadamente todo los días y sobre lo que se puede fomentar un modelo de desarrollo de verdad sostenible y generador de empleo.

CAZA: EL PEOR BALANCE AMBIENTAL DE LA MEDIA VEDA EN AÑOS

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Ecologistas en Acción ha registrado a lo largo de la media veda, cuyo periodo hábil acaba de terminar en la mayor parte de las comunidades autónomas, numerosas incidencias e irregularidades que afectan negativamente a las especies cinegéticas y a las no cinegéticas, objeto de esta controvertida temporada especial de caza.

Estas prácticas, a veces fraudulentas, otras veces simplemente delictivas, están extendidas por todo el Estado español, pero se concentran más en regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Navarra o Aragón.

Es en estas áreas donde se concentra buena parte la actividad cinegética en torno a la caza de la tórtola europea o común, la codorniz y la paloma torcaz, que son las especies objetivo de la media veda y que suelen ser abatidas desde puestos de caza durante el paso migratorio postnupcial.

Más allá de la controversia no resuelta de que este periodo no se ajusta a la prohibición de cazar en época de cría, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha en favor de las demandas de Ecologistas en Acción (y motivo por el cual hay interpuestos recursos contencioso-administrativos en Madrid, Castilla y León o Navarra), la media veda es una época en la que las tropelías en materia cinegética son cada día de mayor impacto.

Un simple rastreo por los anuncios en internet, por las revistas de caza, por los programas en radio y televisión y por los cotos de caza, permite detectar numerosas situaciones denunciables sobre las que la inacción de las comunidades autónomas, responsables de la gestión cinegética, ha creado un clima de impunidad.

Entre las situaciones detectadas por Ecologistas en Acción, destacamos algunas de las más graves.

Disparos a especies protegidas

La media veda sigue dando lugar al disparo, accidental o intencionado, sobre especies protegidas, hasta el punto de que por esta causa se produce un incremento de entradas en los centros de recuperación, a pesar de que cada día es más difícil encontrar animales heridos o muertos porque cazadores y guardas los esconden.

En 2016 ha sido llamativa la entrada de rapaces heridas en los centros de recuperación. Entre las especies afectadas por los disparos encontramos sobre todo rapaces medianas y pequeñas, pero también grandes águilas y búhos. Un ejemplo reciente y dramático es el caso del halcón peregrino. SEO/BirdLife denunciaba hace unos días la baja de uno de los especímenes marcados en el programa de seguimiento de la población de esta especie en Madrid. Se recogía herido por un tiro, con pocas probabilidades de recuperación, en un coto de caza de Viso de San Juan. Es el tercer ejemplar abatido en Toledo en cuatro años y, según SEO/BirdLife, solo se localizan el 10% de los que mueren por esta causa.

En el centro de atención a la fauna silvestre que la asociación AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) mantiene en Villafranca de los Barros (Badajoz), solo en la primera semana de la media veda entraron con disparo un búho real, un águila calzada y un aguilucho lagunero.

Cebaderos fraudulentos en la caza de la tórtola

Un práctica cada día más extendida para intentar garantizar que los clientes de las cacerías de esta especie cacen el máximo de tórtolas es la de establecer cebaderos para atraer a las aves y cazarlas a la entrada o salida del mismo. Las leyes autonómicas suelen permitir mejoras de los hábitats de alimentación, como siembras, pero no el cebado de zonas concretas para atraer la caza. Se considera una práctica fraudulenta, pues permite cazar más de la cuenta y dejar en desventaja a los cotos que no utilizan estas prácticas. Ecologistas en Acción ha localizado varios cotos en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, Extremadura y el norte de Andalucía donde se realiza esta práctica. Además, se publicita abiertamente sin que nadie actúe para impedirlo.

La tórtola es una especie en declive, su población en Europa se ha reducido un 70% entre los años 80 y 2014, y en España un 30% desde 1996. El sector cinegético, para evitar que deje de cazarse, acusa a los pesticidas y a la situación en sus zonas de invernada en África para explicar el descenso.

Pocas codornices y se sigue cazando

Siempre se ha oído que el sector de la caza se autogestiona. Sin embargo, como se puede comprobar en el caso de la codorniz, eso no ocurre. Este año, los propios cazadores en Castilla y León o Extremadura, avisaron en los primeros días de la temporada de las escasas capturas de esta especie. Pero la temporada, en lugar de suspenderse, se ha mantenido abierta, por lo que la presión cinegética se ha mantenido sobre unas poblaciones cada vez más exiguas.

El daño se añade a los de temporadas anteriores, en las que, salvo casos muy puntuales, la codorniz ha ido en descenso, llegando a una situación tan preocupante como la de la tórtola europea. Se dan cifras de un descenso cercano al 30% entre 2002 y 2012.

Para compensar la falta de codornices, algunos cotos recurren a soltar ejemplares de granja, lo que agrava el problema poblacional. Se imposibilita un buen control de la práctica cinegética y se favorece competencia e hibridajes entre las codornices naturales y las de granja. Además, estas sueltas suelen ir acompañadas de prácticas de control de predadores muy dañinas para la biodiversidad.

Se permiten modalidades anómalas

Las especies tradicionales de la media veda están en declive. De un tiempo a esta parte, las comunidades autónomas han ido permitiendo otras modalidades que habitualmente se practican en otras fechas. Por ejemplo, cada vez es más habitual que se permita el conejo en media veda o los aguardos de jabalí. También, cada vez más, se permite la caza del zorro, sea al salto o desde puesto fijo.  Disfrazados, según corresponda como descastes y como falsos controles por daños, se permite cazar especies que ya tienen sus propias épocas de caza. Lo curioso es que estas modalidades se comercializan, por lo que en lugar de contribuir al control de poblaciones para evitar perjuicios a la agricultura contribuyen a su incremento. Es un negocio y nadie va a terminar con la abundancia de unos animales que generan cuantiosos ingresos. Por ello, también se han detectado comederos de jabalís que fomentan y atraen a esta población y que, en lugar de controlar las hembras para evitar que críen, se abate solo a los machos porque lo que interesa es el trofeo.

No se planifican servicios de vigilancia

Aparte de la mala gestión cinegética y el sentido economicista y sobreexplotador que dirige buena parte de la caza, el que la media veda se haya convertido en una época tan nefasta se debe a la ausencia de voluntad de las Direcciones Provinciales de Agricultura para atajarlo. En provincias como Toledo y Ciudad Real no se asignan servicios a los agentes medioambientales para controlar y denunciar a los infractores. Y así hay un clima de impunidad ante la desidia de los Directores Provinciales y de los técnicos encargados de la gestión cinegética.

Ecologistas en Acción siempre ha tenido claro que la media veda es una época perniciosa para especies en declive como la tórtola y la codorniz y para especies protegidas que son perseguidas por cazadores y guardas desalmados. Pero ahora tiene claro también que el desorden que se ha impuesto tiene una causa estructural que debe atajarse, la falta de concienciación y de voluntad de aquellos que desde la Consejería tienen que velar por el cumplimiento de las leyes.