Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Denunciadas las obras del Puy du Fou por extracción ilegal de agua e incumplimiento de la declaración de impacto ambiental.

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Tractor-cuba del Puy du Fou entrando en la finca donde se haya el pozo

Ecologistas en Acción de Toledo ha presentado sendas denuncias ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y ante la Confederación Hidrográfica del Tajo por ilegalidades cometidas en la ejecución de las obras del parque temático Puy du Fou en Toledo.

Las denuncias, fechadas respectivamente el 20 y 21 de febrero, tienen su origen en la extracción y uso de aguas de la cuenca del Tajo para distintas tareas que se están llevando a cabo dentro del proyecto de ejecución del parque temático.

Los hechos han quedado acreditados por un testigo presencial de los hechos, miembro de Ecologistas en Acción de Toledo. En la tarde del 19 de febrero vio cómo un tractor con una cuba que salía del recinto de las obras del Puy du Fou se dirigía por la vía de servicio de la CM-40 y luego por la carretera CM401 dirección Polán hasta acceder a una finca dentro de la zona conocida como Dehesa Matamoros. El tractor maniobró para situar la cuba y mediante el uso de una manga y de una bomba extraer agua de un pozo muy cercano a la carretera. Toda la escena ha sido registrada fotográficamente.

De inmediato se pusieron los hechos en conocimiento del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Toledo, personándose a los pocos minutos un agente que se encontraba de guardia al que se le comunicó lo que ocurría y que procedió a realizar el correspondiente acta de denuncia. También los hechos han sido comunicados a la guardería fluvial y a la Comisaría de Aguas de la Confederación del Tajo.

La extracción y uso de aguas, sean subterráneas o superficiales, para el parque temático Puy du Fou no está permitida ni contemplada en la declaración de impacto ambiental emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente ni por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El proyecto del parque temático Puy du Fou, el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto recogen claramente que las aguas que se empleen podrán ser de dos fuentes; bien del abastecimiento urbano de Toledo a través de la ETAP del Cerro de los Palos, o bien de aguas recicladas o regeneradas, esto es, de las que se usen en el propio parque o de las que se obtenga de depuradoras.

La cantidad de agua que se ha podido extraer ilegalmente puede ser muy alta ya que las obras comienzan a cuando se concede la licencia provisional que otorga el ayuntamiento de Toledo el 21 de diciembre de 2018, y se han desarrollado en turnos intensos incluso durante los sábados. Aproximadamente se acumulan unas 40-45 jornadas de obra.

La cuba sorprendida “in fraganti”, y que al parecer se utiliza en el baldeo de caminos y zonas de obra para reducir el polvo, tiene una capacidad de 13.000 litros y dadas las dimensiones de la zona de afección actual puede realizar entre 3 y 5 cargas al día, menos al principio de la obra. Podríamos estar hablando de una extracción ilegal que podría rondar un millón de litros de agua.

Es de reseñar que esas aguas subterráneas forman parte de los recursos hídricos de la cuenca del Tajo, el pozo se encuentra muy próximo un manantial tributario del río Guajaraz y éste, a su vez, desemboca en el río Tajo. Es decir, el agua que se está aprovechando ilegalmente, de una manera y otra, es de la cuenca del Tajo.

En cuanto al pozo, las investigaciones están tratando de esclarecer si está legalizado o no. El Registro de Aguas de la Confederación ha informado a Ecologistas en Acción de Toledo que no consta dicho pozo en el mismo. Sin embargo, hay que esperar a nuevas comprobaciones para verificar su situación exacta.

De lo que no hay ninguna duda es de que las aguas de ese pozo sólo podrían estar destinadas a la finca donde se encuentra, nunca para su cesión o venta para que se usen en las obras del Puy du Fou.

La empresa Puy du Fou s.l., así como las contratas que actúan a su cargo en este tema, se enfrentan a sanciones muy serias. En el caso de la Ley de Impacto Ambiental 21/2013, artículos 55 y 56, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental supone una infracción grave que se puede sancionar con entre 24.001 y 240.400 euros.

Ecologistas en Acción ha solicitado la suspensión cautelar de la extracción de aguas del pozo, así como la de las obras en tanto no se garantice una fuente legal y autorizada para ser usada en la misma.

Asimismo, ante la apresurada respuesta de Puy du Fou España s.l. a las denuncias de Ecologistas en Acción de Toledo en la que reconoce la veracidad de los hechos denunciados pero responsabiliza de ellos a una subcontrata a su servicio (ver en https://bit.ly/2XgPEPh ) hemos de informar y recordar lo siguiente ⚠️PUY DU FOU ESPAÑA ES RESPONSABLE DEL USO ILEGAL DE AGUA Y DEL INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL⚠️. La subcontratación no es eximente de la responsabilidad del promotor del proyecto de cara al cumplimiento de las condiciones administrativas y legales bajo las cuales se ha de ejecutar el parque temático. Igual que es beneficiario de las ayudas y facilidades que le han dado las administraciones, es responsable último del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación al proyecto

Pedimos a la Junta de Castilla-La Mancha que cree una unidad canina contra el veneno en Toledo

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Foto Asociación Profesional de Agentes Medioambientales APAM CLM

El Programa Antídoto, formado por nueve organizaciones de conservación de la naturaleza, ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha el cumplimiento del compromiso de reforzar el trabajo de los agentes medioambientales con la puesta en marcha de una unidad canina especializada en la detección del uso ilegal de cebos envenenados. Sería específica para Toledo por tratarse de una provincia estratégica muy afectada por esta problemática ligada a la práctica cinegética.

Las organizaciones que conforman el Programa Antídoto se han dirigido por carta a Rafael Cubero, director general de Política Forestal y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, para conocer la situación y los avances en la puesta en marcha de la unidad canina especializada en detección de cebos envenenados en Toledo. Se trata de una medida importante para luchar contra esta grave amenaza para la fauna silvestre. La Consejería ya confirmó el pasado verano a las ONG que esperaba tenerla a punto antes del final de la legislatura.

Toledo es una provincia estratégica para la conservación de la mayor parte de las aves rapaces y carroñeras más amenazadas en España. Es el caso de especies como el águila imperial ibérica, el buitre negro o el milano real. De esta última especie, catalogada en peligro de extinción, se han confirmado oficialmente más de 30 ejemplares envenenados en Toledo en los últimos cuatro años. Estas cifras son aún más preocupantes ya que se estima para esta especie que solo se encuentra alrededor del 5% de los ejemplares envenenados. Como consecuencia, el milano real  está a punto de desaparecer como nidificante en la región.

Para los miembros del Programa Antídoto, la dotación de perros y guías especializados supondría un refuerzo muy importante para incrementar la vigilancia en Toledo, en particular la encomiable labor de los agentes medioambientales, impulsando una mejora en la calidad de las medidas de prevención e investigación de esta práctica ilegal y delictiva, que se sigue usando en cotos de caza y algunas explotaciones ganaderas.

Esta unidad canina se sumaría a otra con la que ya cuenta la Comunidad Autónoma para detectar la presencia de cebos envenenados, pero que opera principalmente en la provincia de Albacete, donde realiza más del 70% de sus operaciones.

NOTA SOBRE EL PROGRAMA ANTIDOTO

El Programa Antídoto nace en 1997 fruto de la preocupación de distintos expertos y organizaciones de defensa de la naturaleza por la grave repercusión que estaba teniendo el uso de veneno en el medio natural sobre la vida silvestre y sobre importantes especies amenazadas. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

Reclamamos indemnización por daños al águila perdicera y el cese del Ecoparque de Toledo

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Foto: Seshadri K.S.

Ecologistas en Acción de Toledo ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente una denuncia contra el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo por los daños que el Ecoparque de Toledo está produciendo en la población de águila perdicera, especie en peligro de extinción de la que apenas queda media docena de parejas en las provincia.

En su escrito la asociación recuerda que desde el año 2012 viene funcionando en el paraje conocido como Dehesa Aceituno del término municipal de Toledo, el denominado “Ecoparque” en el que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales a través de GESMAT s.a. gestiona los residuos sólidos urbanos de Toledo.

Dicha instalación está sujeta a una declaración de impacto ambiental y a una autorización ambiental integrada que establecieron una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir y compensar los impactos a las especies en peligro de extinción, muy en particular los que pudiera sufrir el águila perdicera (Aquila fasciata) y que cuenta con un territorio de nidificación y zona crítica en las inmediaciones.

Pues bien, una vez puesto en funcionamiento el Ecoparque, la pareja de Águila de perdicera ha dejado de criar y ha desaparecido de la zona, no siendo observada al menos desde el año 2015. Tampoco se ha observado que se haya instalado una nueva pareja en la provincia, ni que fruto de las medidas protectoras y compensatorias puestas en práctica se haya evitado la pérdida de la pareja ni su restitución por otra.

A nuestro juicio la intensa transformación del hábitat habida en la zona, y de la que el Ecoparque es exponente primero y principal, así como las innumerables molestias y ruidos que genera la instalación serían la razón de la pérdida de una de las últimas parejas de Águila perdicera de Toledo. Decir a este respecto que en la actualidad la población de la especie apenas alcanzaría la media docena de parejas en la provincia.

Esta situación era por desgracia esperable, como alegó Ecologistas en Acción con ocasión de las informaciones públicas a las que fue sometido el proyecto. Además, el propio órgano evaluador de la Consejería calculaba en 500 hectáreas el daño al hábitat que el proyecto producía y consciente del posible impacto impuso diversas medidas compensatorias.

No obstante, la pareja ha desapacido y ha dejado de criar en los últimos años lo que supone un impacto crítico sobre una especie declarada en “peligro de extinción” y con muy pocos ejemplares reproductores en Toledo.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción requiere a la Viceconsejería de Medio Ambiente lo siguiente:

1.- Que previo informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales se evalúe si se han llevado a cabo las medidas protectoras y compensatorias impuestas en la DIA y, si fuera el caso de que no se hayan aplicado correctamente, se impongan las sanciones correspondientes.

2.- Que se incoe un expediente de responsabilidad ambiental por la Ley 26/2007 al titular de la instalación y que éste repare los daños ambientales producidos y los indemnice debidamente. A este respecto recordamos que la valoración de cada águila perdicera perdida es de 60.000 euros según el Decreto 67/2008, de 13 de mayo por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada de Castilla-La Mancha. Y que si consideramos la desaparición de la pareja y de las nidadas que no han fructificado desde 2015 estaríamos hablando de al menos 8 ejemplares, esto es, un total de 480.000 euros en daños a la especie.

3.- Que se revise la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental a la vista de los hechos y que se decrete el cese de la actividad hasta la recuperación de los impactos críticos que sobre el águila perdicera está produciendo el Ecoparque.

Además, hacemos expresa solicitud de ser considerados como parte personada en los expedientes del tipo que sean que se incoen al amparo de esta denuncia.

 

Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

Los humedales manchegos en alerta por alta contaminación y falta de agua en plena época de visitas.

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Aspecto actual de la laguna de Villacañas

Ecologistas en Acción alerta del mal estado de las zonas húmedas protegidas de Castilla-La Mancha, en especial en las cuencas del Tajo y del Guadiana y pide a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que adopten medidas urgentes de control de riegos y de vertidos para que la situación no termine por afectar al ecoturismo.

La contaminación y la falta de agua están conformando una nefasta alianza que está dando lugar al deterioro grave y progresivo de los principales humedales de Castilla-La Mancha, particularmente en los del complejo de la Mancha Húmeda.

Visitantes que en estas fechas acuden a estas zonas para disfrutar del contacto con la naturaleza se están encontrando con la lamentable imagen de lagunas secas o de zonas, como los de las Tablas de Daimiel, donde a pesar de que haber agua apenas hay aves presentes.

En las últimas semanas se ha podido observar como lagunas como las de Villacañas, Lillo y Quero en Toledo están prácticamente secas. Y otras como las de las Tablas de Daimiel o Villafranca de los Caballeros presentan muy poca presencia de aves. Curiosamente, sólo los humedales que dependen de vertidos depurados presentan una cierta, aunque artificial, buena imagen.

La mala situación de los humedales manchegos está provocada por dos problemas muy graves y recurrentes. Por un lado, la falta de lluvias agravada por el creciente consumo de agua para regadío. Los niveles freáticos de los acuíferos subterráneos están bajando a un ritmo de 3 metros al año, y los caudales superficiales brillan por ausencia.

Por el otro, los vertidos sin depurar que siguen llegando a los cauces fluviales y se concentran en el Amarguillo, el Cigüela, el Záncara o el Azuer. Las aguas contaminadas acaban en los vasos de las lagunas fluviales y terminan por matar la fauna y flora subacuática de la que se alimentan las aves.

Esto último es lo que está pasando en las Tablas de Daimiel, donde las malas condiciones del agua favorecen la proliferación de especies de peces invasores, y donde a día de hoy apenas es posible ver algún pato. Por ejemplo, el emblema del Parque Nacional, el pato colorado apenas es visible ya en la zona cuando llego a disfrutar de una población de más de 1.500 parejas.

La mala situación de los humedales no sólo es perjudicial desde el punto de vista ambiental, sino que además puede terminar por afectar al ecoturismo que se desarrolla en torno a ellos. Una visita a cualquiera de estas zonas, y en particular a los parques nacionales, naturales y reservas, queda muy deslucida sin la presencia de agua o de aves acuáticas.

Por ello, Ecologistas en Acción reclama una mayor atención para estas zonas, y una acción decidida de lucha contra la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos. Hasta ahora tanto la Junta de Castilla-La Mancha como el MAPAMA no están cumpliendo debidamente con sus funciones de tutela y protección de estos espacios, y el resultado puede ser la pérdida de biodiversidad y de miles de visitantes, incluidos muchos extranjeros.

Caza del corzo y del jabalí: peligro de disparo para vecinos, paseantes y turistas de naturaleza

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Lo acontecido en Navahermosa (Toledo) lleva a Ecologistas en Acción a reclamar al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que no mire a otro lado y prohíba las modalidades peligrosas y fuera de la temporada general de caza.

No dejan de sorprendernos las noticias que vinculan la caza a limitaciones al uso público de nuestros montes y espacios naturales. El último caso conocido resulta muy significativo de lo que está pasando en Castilla-La Mancha debido a una ley de caza muy permisiva con los cazadores y una orden de vedas que permitiría cazar aún más fuera de temporada.

La alcaldesa de Navahermosa (Toledo) ha emitido un bando en el que recomienda a senderistas y ciclistas abstenerse de usar las rutas de senderismo en los días y horas en los que se practica la caza del corzo. En concreto en los fines de semana desde el 1 de abril al 31 de  julio y especialmente entre las 6 y las 10 de la mañana y a partir de las 18.00 horas. Es decir, en las horas y días cuando es posible y más agradable pasear por el campo.

Justifica esta medida por el peligro que puede suponer a los usuarios de estos caminos el hecho de que se esté cazando con “rifles y demás armas”. En total son 8 las rutas oficiales afectadas y que abarcan buena parte del término municipal.

Con esta medida el ayuntamiento de Navahermosa antepone el uso privado de los montes a través de una actividad como la caza, aun reconociendo que pone en peligro la seguridad de las personas. Y margina el derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente a través de una red de caminos y senderos públicos.

No puede ser más aberrante la forma de resolver este tema por parte del ayuntamiento. Ecologistas en Acción recuerda a la alcaldesa y al equipo de Gobierno que es la caza la que debe adaptarse a las condiciones de uso público del monte y no al revés. Siendo el caso, además, que una limitación como la propuesta sin duda retraerá en fechas tan señaladas de la primavera y del verano a los visitantes de este municipio y, en suma, a realizar actividades recreativas y de turismo de naturaleza que tanto interés suscitan en la actualidad.

¿Se imagina alguien qué cara se le quedará al visitante del pueblo cuando en la oficina de turismo le digan que si quiere pasear ha de hacerlo en las horas de más calor? ¿O que no podrá disfrutar de amaneceres ni atardeceres ni de noches estrelladas por si le pegan un tiro?

Ecologistas en Acción insta al ayuntamiento de Navahermosa a retirar el bando municipal y a retirar la caza del corzo como una de las modalidades a practicar en los montes de la localidad. Recuerda que el corzo se puede cazar en otras épocas del año no tan peligrosas y que, además, en breve se sumará el peligro de que también se autorice la caza del jabalí en estas fechas.

Ecologistas en Acción considera que éste no es un caso aislado y que, en todo caso, pone de relieve el peligro de determinadas prácticas cinegéticas y su negativo impacto económico.

Ecologistas en Acción denuncia que esto está pasando y cada vez con más descaro porque el Gobierno regional, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no está sabiendo controlar la caza y está impulsando normativas, como la orden de vedas en tramitación, que permiten cazar cada vez más en primavera y verano, sin dar un descanso al campo e impactando negativamente en las actividades en el medio rural.

Por ello, reclama del Consejero que paralice este tipo de prácticas o, de otra forma, se hará responsable del impacto negativo de las mismas y, en su caso, de los accidentes que puedan ocurrir. Próximamente Ecologistas en Acción remitirá sus alegaciones a la orden de vedas y hará hincapié en estos aspectos confiando en que el Consejero será receptivo a las mismas.

Control del conejo: licencia para matar, inútil y peligrosa

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Ecologistas en Acción reclama medidas estructurales de intervención en las infraestructuras, mejora del hábitat y de protección de los cultivos frente a la reincidencia en el error de una resolución de comarca de emergencia cinegética que se ha mostrado ineficaz y que implica riesgos para la seguridad de las personas y de los ecosistemas.

Un año más, y van unos cuantos, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha publicado una resolución por la que se declara comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte un amplio territorio de Castilla-La Mancha. En los cotos de nada menos que 231 términos municipales se permitirá la caza con hurón todo el año y con escopeta entre el 1 de junio y 15 de agosto con la condición de que comuniquen con al menos veinticuatro horas de antelación el inicio del control.

A esta medida se añade la concesión de permisos extraordinarios y a veces anuales y renovables para cazar conejos con hurón en cientos de kilómetros de taludes de infraestructuras y de otras zonas de seguridad de dominio público, incluidas riberas y cauces de arroyos y ríos, caminos o vías pecuarias.

La nueva resolución no hace sino constatar y repetir la ineficacia de las resoluciones anteriores destinadas al control de la población mediante la caza, y el enquistamiento de un problema que viene provocado por causas enteramente humanas.

Los conejos no han hecho otra cosa que proliferar al amparo de unas transformaciones de hábitat que han mermado sus terrenos naturales para ser profusamente ocupados por cultivos agrícolas e infraestructuras. Y al resguardo también de unas actuaciones agrícolas y cinegéticas que han mermado a la mínima expresión sus refugios naturales y las poblaciones de sus predadores naturales.

La plaga, si cabe hablar de ella, no es la de los conejos, es la de las malas prácticas y el desastroso planeamiento de la actividad agraria y de las infraestructuras. A ello hay que sumar dos agravantes muy significativos. La práctica falta de adopción de medidas preventivas por quien dice sufrir los daños. Y la incapacidad de las administraciones, en particular de la Consejería de Agricultura y de las titulares de infraestructuras, para aplicar medidas no meramente coyunturales.

Todo ello ha dado lugar a un terreno abonado para aquellos que lanzando desproporcionados mensajes alarmistas se permiten exigir a los demás actuaciones mientras no están dispuestos a asumir su responsabilidad para proteger los cultivos que dicen defender.

El problema del conejo es, sin duda, complejo. Acucia y es muy doloroso para aquellos casos concretos que lo sufren, aunque no dejan de ser una minoría en el vasto agro castellano-manchego. Pero se hace aún más difícil de abordar cuando una y otra vez se repiten los mismos errores y se asiste al círculo vicioso de protestas y de adopción de medidas ineficaces en el que algunos parecen sentirse más cómodos que si abordaran de una vez por todas las distintas opciones a su alcance para resolverlo.

Ecologistas en Acción ha aportado y seguirá aportando soluciones concretas al problema del conejo, pero como asociación que pretende colaborar con la administración y con las organizaciones agrarias está muy decepcionada por la respuesta recibida por unos y por otros y por el agobiante clima de enfrentamiento que se ha creado en torno a este problema.

Máxime cuando además, resoluciones como la ahora aprobada implican un impacto directo y muy peligroso para las personas que quieren disfrutar en los próximos meses del medio natural, para los espacios naturales y para las especies protegidas. El que se permita cazar con escopeta en tanta superficie de terreno, incluso en o en colindancia con zonas de seguridad, y en época de buen tiempo es una grave irresponsabilidad que debiera ser inmediatamente corregida. Como lo es que se pueda pegar tiros en zonas protegidas de la Red Natura 2000 y en épocas del año donde se precisa de tranquilidad para que las especies, protegidas o no, puedan completar su ciclo reproductor.

Conviene recordar que la resolución incluye y afecta a espacios de la Red Natura 2000, como ZEPA y LIC, y también da pie a que se pueda cazar en zonas de cría de especies protegidas, tales como determinados cultivos agrícolas de secano, las zonas de ribera o incluso espacios forestales colindantes a los cultivos.

Por el contrario, nada dice ni la resolución ni la Consejería de las soluciones estructurales que pasan por la actuación sobre las infraestructuras para que dejen de ser cobijo de madrigueras de conejos, ni de la autoprotección de los cultivos mediante mallas conejeras, ni de la mejora de los hábitats naturales para que sirvan de barrera de protección ni del fomento de especies predadores. En este último punto, resulta particularmente contradictorio que en los mismos cotos en  los que se va a permitir masacrar a los conejos se pueda autorizar el control de sus predadores naturales, entre ellos el zorro.

Por último, Ecologistas en Acción quiere denunciar que esta resolución, que toma el relevo de lo que se denominaba descaste del conejo, facilita que los cotos de caza hagan negocio y vendan la caza fuera de la temporada general. Lo que contribuye al interés de los mismos para que se perpetúen esas superpoblaciones que dicen combatir. La caza comercial, una vez más amparada en una ley retrógrada, se ofrece a resolver un problema que a ella misma le interesa y mucho que se mantenga en el tiempo para seguir ganando dinero a costa de los daños al medio ambiente y a los cultivos.