Contaminación

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

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El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.

Puy de Fou, una amenaza para el medio ambiente, el agua y la participación pública.

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Emplazamiento del Puy de Fou en Toledo

La aprobación por parte de la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Toledo del informe favorable a la declaración de interés regional del macro-proyecto de ocio “Puy de Fou” marca el inicio de un proceso que nunca debió iniciarse, al menos en la forma que lo ha hecho.

Es muy mala noticia que el ayuntamiento de Toledo con el voto favorable de los representantes del PSOE y la tibia abstención de los de Ganemos Toledo, hayan dado su visto bueno a un proyecto que va a tener una incidencia tan transcendental en el municipio y que lo hayan hecho sin siquiera dar opción a la ciudadanía y a las entidades sociales y medioambientales a manifestar sus dudas y, en su caso, sus opiniones sobre el asunto.

Queda claro que los peores augurios se sustancian como en la peor época de la especulación urbanística. Ahora la especulación y las imposiciones vienen de la mano de inversores del sector turístico y de ocio, esa actividad que afecta, y muy negativamente, a la masificación de los destinos y al incremento de los daños ambientales sobre el territorio y sobre recursos naturales tan escasos y necesarios como el agua del Tajo.

Ecologistas en Acción de Toledo ha estado esperando pacientemente a que las administraciones y, en especial, los partidos que las dirigen dieran la oportuna información a los ciudadanos y que evaluaran de forma limpia y transparente los pros y contras del proyecto de Puy de Fou. Pero una vez más se observa que quien marca el paso en este tipo de acciones no es el respeto a la ciudadanía sino los intereses y las prisas de los inversores.

Ecologistas en Acción se muestra decepcionado por el paso dado por el ayuntamiento de Toledo, al igual que lo está con el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero confía que los ciudadanos no permitan que se repitan los mismos errores que ya se han  sufrido en Castilla-La Mancha con proyectos como el Reino de Don Quijote, el aeropuerto de Ciudad Real o el vertedero de Dehesa Aceituno.

Recordamos que Puy de Fou, aparte de sumarse a la dimensión especulativa y desarrollista que destilan estos proyectos, parte de un error fundamental de diseño que es el de su ubicación. Lejos de buscar un emplazamiento de bajo impacto, que los hay y muchos en el término de Toledo y en su entorno, ha fijado su objetivo en el valle del Guajaraz, la zona de mayor valor natural del término, la única que alberga zonas de interés y con niveles de protección forestal y faunística. Generando además un problema gravísimo de desequilibrio de territorial y otro de imprevisibles consecuencias sobre la disponibilidad de agua para la población de Toledo.

 

Asociación de cotos de caza ayuda a cotos con veneno en Guadalajara

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Ecologistas en Acción exige a la entidad pro-cinegética una inmediata explicación de cómo y porqué ayuda a cotos con veneno y si este tipo de ayudas se dan también en otros casos de cotos sancionados.

Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento de que la Asociación de Titulares de Cotos de Caza con sede en Guadalajara, y más conocida como ATICA, aprobó ayudar a dos cotos de caza en Medranda y Castilblanco de Henares, provincia de Guadalajara, a resultas de que fueran denunciados por vía penal y administrativa por la presencia de veneno y la aparición por esta causa de numeroso ejemplares muertos de fauna protegida.

Según consta en una circular de ATICA sobre la asamblea celebrada el 5 de marzo de 2015 y que puede descargarse de su página web la entidad “decidió que la ayuda que se le dé al coto de Castilblanco (primero tienen que recibir la sentencia en firme) se le dará igualmente al coto de Medranda, pues está involucrado en la misma infracción”.

Recordemos que el caso que involucra a estos dos cotos revistió especial gravedad. Se descubrió en la primera semana de marzo de 2013, a partir del seguimiento de un águila de Bonelli o perdicera radiomarcada en la comunidad de Madrid. El emisor da señal de lo ocurrido y permite la localización del ejemplar muerto, momento en que se avisa a los agentes ambientales de Castilla-La Mancha  y al  SEPRONA que organizaron un operativo de localización de otros restos.

El rastreo con ayuda de la patrulla canina regional especializada en la detección de cebos envenenados permite la localización de numerosos cebos con veneno en el coto de Castilblanco de Henares y  21 ejemplares de fauna envenenados, en éste y en el coto lindante de Medranda. Entre ellos, un águila real, un águila perdicera (en peligro de extinción en Castilla-La Mancha), seis buitres leonados, junto a varios milanos, entre ellos, al menos, un milano real (especie “en peligro de extinción”), un tejón y varios zorros.

Algunos de los cebos envenenados se localizaron en la boca de madrigueras de zorro, lo que indica un uso típicamente cinegético, dirigido a eliminar, de manera masiva y delictiva, posibles depredadores de piezas de caza.

El caso ha dado lugar ya a sendas sanciones administrativas por responsabilidades “in vigilando”, una de ellas fue recurrida por el los sancionados en Medranda y ha sido refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la otro no se recurrió. Así se impusieron multas de 50.000 € al coto de Castilblanco y  25.000 euros al de Medranda y la suspensión de ambos acotados por dos años. Por su parte, el asunto de la autoría sigue su tramitación en vía penal, delito que puede conllevar penas de prisión de 4 meses a 2 años.

Ante estos hechos resulta increíble que a pesar de la gravedad del envenenamiento, uno de los de peores consecuencias registrado en España en los últimos cinco años, y de que el sector cinegético y en particular ATICA aparentan mostrarse muy beligerantes contra el uso el veneno, lo cierto es que la entidad cinegética lejos de personarse y de denunciar el uso de veneno resolvió ayudar a estos cotos.

Tan grave e injustificable acción exige una explicación inmediata por parte de ATICA Guadalajara. La entidad debe aclarar sin demora en qué consiste la ayuda que se presta a los cotos de Castilblanco y de Medranda a resultas de las sanciones impuestas y, también, si esta ayuda se puede dar a otros cotos involucrados en casos de veneno.

Ecologistas en Acción demanda esa respuesta inmediata de ATICA máxime cuando esta asociación cinegética se está mostrando tan vehemente a la hora de atacar a funcionarios de la Junta que están aplicando con rigor la normativa vigente. También cabe preguntarse si puede haber relación entre las ayudas a cotos con veneno y las acciones vindicativas de Atica. ¿Han influido estos expedientes de sanción por veneno en las recientes manifestaciones habidas en Guadalajara?

Documento de ATICA ayuda a cotos con veneno, descargable en:

https://www.aticaguadalajara.com/noticias/

Circular Resumen Asamblea

Resumen de los temas tratados en la asamblea celebrada el pasado 05 de marzo con la asistencia de mas de 200 socios.

CIRCULAR ATICA RESUMEN ASAMBLEA.pdf
Documento Adobe Acrobat [151.0 KB]

(Ver al final del documento el apartado 4, de ruegos y preguntas)

Las organizaciones del Programa Antídoto piden medidas definitivas para acabar con el veneno en el campo a las administraciones .

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cadáver de Buitre negro envenenado redLas nueve organizaciones integrantes del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, reclaman al MAPAMA y a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas una mayor implicación para acabar con esta práctica ilegal. Castilla-La Mancha precisa de un impulso urgente en la lucha contra el uso del veneno

Toledo ha acogido la reunión anual de las nueve organizaciones de defensa del medio ambiente que forman el Programa Antídoto para valorar la situación del uso del veneno en España y de las graves consecuencias que acarrea para la biodiversidad. La primera conclusión a la que han llegado es que el veneno continúa muy presente en el campo y que las administraciones se han relajado en su erradicación.

Las organizaciones muestran su preocupación por la tendencia actual en todo el territorio hacia el debilitamiento del nivel de compromiso en la lucha contra el veneno. Después de un periodo de crecimiento de actuaciones de persecución del uso de veneno, los informes presentados en la reunión señalan cómo desde 2011 hay un progresivo y notable retroceso de la acción de las administraciones en la materia. Destacan como uno de los aspectos más negativos, a pesar de la persistencia de episodios de veneno, y salvo excepciones, el alto grado de impunidad que se da para este delito. En la reunión, se han estudiado propuestas concretas para la mejora de la normativa básica estatal en la materia, coincidiendo en la necesidad de una reducción de los episodios de veneno y de aumentar la actuación policial y legal contra esta grave amenaza para la fauna.

Estrategia Nacional

Las organizaciones del Programa Antídoto han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que apoye económicamente líneas maestras de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados, como son la formación de servicios técnicos y jurídicos de las comunidades autónomas y de agentes de la autoridad, el apoyo a la realización de analíticas de los animales y cebos envenenados y el apoyo a las unidades caninas especializadas en la detección de venenos.

Análisis de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión anual

Como cada año, el Programa Antídoto ha hecho una valoración más específica de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión. En este caso ha puesto el  foco  en Castilla-La Mancha, apreciando que ya en el año 1999 fue una región líder en dotación de normativa y en otros aspectos, pero que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Los protocolos de la Estrategia regional (2005) han quedado obsoletos,  han disminuido los medios humanos destinados a la vigilancia y los servicios jurídicos apenas concluyen expedientes sancionadores y de cierre de cotos de caza. Además la actual administración no acaba de cumplir su compromiso de modificar la Ley de caza de 2015 que supuso  un  menoscabo de de la fortaleza normativa regional en materia de lucha contra el veneno.

El caso de la bromadiolona

Un tema que preocupa especialmente a las organizaciones ambientalistas es el de la grave aplicación de venenos rodenticidas por parte de la Consejería de Agricultura en Castilla y León. En relación con ello se ha revisado la situación de las iniciativas judiciales que el Programa Antídoto está llevando a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, recordando que la Consejería de Agricultura sigue sin aportar los informes solicitados por el Juzgado sobre los métodos empleados para declarar la existencia de plaga de topillo. El Programa Antídoto alerta una vez más de que el veneno utilizado, la bromadiolona, es uno de los tóxicos más peligrosos para la fauna silvestre que está causando estragos en el medio natural y poniendo en riesgo la marca “Tierra de sabor”.

Ejemplos positivos y negativos en el resto de España

Durante la reunión se han mostrado ejemplos de  comunidades autónomas como Madrid o Extremadura, claves para la conservación de especies muy afectadas por el veneno y en las que no se ha aplicado ni una sola sanción en veinte años a pesar de los casos registrados.

Sin embargo las organizaciones del Programa Antídoto reconocen  también que en el ámbito de la persecución de este delito ha habido algunas iniciativas con resultados muy destacables, como los logrados por el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña que ha conseguido erradicar el uso de veneno en la provincia de Lérida y cuyos agentes especializados son un modelo a implantar en otras regiones. También es muy destacable en los últimos años, en el ámbito estatal, por su efectividad, el trabajo de la Unidades Caninas especializadas en detección de venenos tanto de la Guardia Civil como de algunas comunidades autónomas.

Daños graves que amenazan la biodiversidad

El Programa Antídoto recuerda que los daños que el empleo del veneno provoca en la biodiversidad son enormes. El informe El veneno en España (1992-2013), que analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, desvela que en los últimos 20 años se han producido 8.324 episodios de envenenamiento. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran. Por su parte, el informe Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015 muestra como solo en 54 casos en ese periodo se ha registrado la muerte de más de 900 animales, buena parte de ellos especies amenazadas.

Sobre el Programa Antídoto: La lucha contra el uso ilegal de veneno tuvo un gran impulso en 1997 cuando surgió el Programa Antídoto, fruto de la preocupación de varias entidades de defensa de la naturaleza por la repercusión catastrófica que, sobre la vida silvestre y, en especial, sobre importantes especies amenazadas, estaba teniendo el uso masivo de veneno en el medio natural. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

 

La parcela del vertedero de Seseña-Valdemoro no está limpia ni descontaminada un año después.

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WhatsApp Image 2017-05-12 at 11.03.56Una desagradable sorpresa aguardaba esta mañana a los miembros de Ecologistas en Acción y a los periodistas que han acudido al vertedero de neumáticos de Seseña-Valdemoro, cuando se cumple un año exacto del inicio del fuego.

Al contrario de lo que anunciaron los consejeros de medio ambiente de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y el propio alcalde del Ayuntamiento de Seseña, la parcela no está limpia ni descontaminada, de hecho se sigue trabajando en ella.

En la parcela de 11 hectáreas se puede observar como una retroexcavadora de Tragsa carga camiones con restos de tierra y cenizas procedentes de los caminos hechos durante el incendio. Dichos portes son trasladados a los gestores y vertederos autorizados en Novés (Toledo) y Valdilecha (Madrid).

En la parcela también se puede observar como en una superficie de unas tres hectáreas numerosos trozos de neumático sobresalen en la superficie, mezclados y enterrados en la tierra. Los trozos, algunos de gran tamaño, proceden de restos que no ardieron y que no han sido retirados en las labores de limpieza. Por último, sospechosas sombras negras destacan sobre el blanco de la ladera, denotando que aún quedan rastros de cenizas sin limpiar sobre el terreno.

Estas circunstancias y el hecho indudable de que Tragsa está trabajando en la zona ponen de manifiesto que la parcela que alojó el mayor vertedero de neumáticos de Europa sigue sin estar limpia ni descontaminada. Y que aunque sea una reducida parte sobre lo que ya se ha retirado, todavía quedan cenizas y restos de neumático por eliminar para completar la labor de restauración de la zona.

Ecologistas en Acción considera absolutamente increíble que ni en la zona de Madrid ni en la correspondiente a Castilla-La Mancha se hayan terminado los trabajos y desmiente que la parcela esté absolutamente limpia, como se ha dicho en reiteradas ocasiones.

Demandamos una explicación veraz de la situación, así como todos los informes que se ha dicho que acreditan la descontaminación de las zonas. A la vista de las circunstancias, poca credibilidad merece lo anunciado hasta ahora por las autoridades.

Ante la inesperada situación que demuestra que no se ha limpiado ni restaurado la zona, Ecologistas en Acción ha declinado participar en el acto que el Ayuntamiento de Seseña había programado para mañana en reconocimiento a las personas que ayudamos durante la catástrofe. La asociación ha pedido al alcalde que aplace el acto hasta que de verdad esté limpia y recuperada la zona.

Un año del incendio de neumáticos de Seseña y Valdemoro: sin respuestas y sin medidas de prevención

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Ha pasado un año de la catástrofe que supuso el incendio en Seseña-Valdemoro del mayor vertedero de neumáticos de Europa, pero no se ha esclarecido ni sus causas ni sus consecuencias. Tampoco se han tomado medidas para evitar nuevas situaciones similares. Ecologistas en Acción demanda un cambio de la legislación de residuos y de los protocolos de emergencia.IncendioSeseñaEcologistasToledo

La causa penal abierta en los Juzgados de Valdemoro sigue bajo secreto del sumario y de momento no ofrece ningún dato sobre quiénes y por qué provocaron el fuego esa fatídica noche del 12 al 13 de mayo de 2016.

Por su parte, las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha y Madrid, lejos de aportar luz sobre los acontecimientos antes, durante y después del incendio, se han enmarañado entre acusaciones cruzadas y procedimientos que nadie entiende. Particularmente lamentable es la situación en las Cortes de Castilla-La Mancha donde la comisión no ha llegado a iniciar sus sesiones y eso a pesar, o tal vez debido a que, en torno a ella se han de sentar las dos principales administraciones actuantes, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña. En esas Cortes están precisamente los dos actores principales durante la catástrofe el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el alcalde de Seseña, y diputado por el PP, Carlos Velázquez.

Llama poderosamente la atención que todavía no se haya hecho público ningún informe que valore y analice globalmente todo lo ocurrido, y que cada cual, sean comunidades autónomas, administraciones o partidos, haya ido haciendo su particular balance en función más del color político que de ofrecer una información veraz a los ciudadanos que con tanta angustia y riesgo para su salud vivieron las semanas y meses tan intensos que se sucedieron tras el fuego.

Lo peor es que la ausencia de análisis contrastados y de conclusiones está demorando “sine die” la asunción de responsabilidades y la puesta en práctica de medidas eficaces que evite la descoordinación, la falta de información y los daños al medio ambiente y a la salud en situaciones similares a la de este dramático incendio.

La mejor prueba de que poco o nada se ha aprendido son las situaciones vividas en los incendios de las instalaciones de residuos industriales de Chiloeches en agosto pasado o hace menos de una semana en Arganda del Rey. Y eso es independiente de que sean sucesos provocados o accidentales.

La situación actual de las parcelas donde se produjo el incendio puede parecer buena, y seguramente lo sea. Los neumáticos, sus fragmentos y las cenizas han desaparecido y eso es algo que ven con alivio los vecinos de Seseña y Valdemoro. Pero el rastro de contaminación que dejó la combustión descontrolada de los mismos sigue disperso en la atmósfera y en los suelos y aguas en los que se depositó. Y nunca ha habido directrices claras sobre como intervenir o qué prevenciones tomar en unos u otros lugares, según los distintos grados de afección o de depósito de sustancias tóxicas. De hecho, los únicos trabajos publicados en este sentido lo han sido por iniciativa de Ecologistas en Acción y otros grupos investigadores.

A falta de datos oficiales y creíbles hay que recordar que en el vertedero de Seseña-Valdemoro se acumulaban entre 70.000 y 100.000 toneladas de neumáticos tras años de incompetente actuación de todas las administraciones que primero consintieron y luego fueron incapaces de resolver el problema creado.

Del fuego solo se libraron unas 12.000 toneladas de neumáticos, el resto provocó la columna de humo y contaminantes más grande de las registradas en España por causa de un incendio en instalaciones industriales.

Desoyendo los avisos de expertos y de Ecologistas en Acción, y solo cuando ya los vecinos y los niños de las localidades cercanas habían sufrido las consecuencias de inhalar el humo tóxico en repetidas ocasiones, se empezaron a conocer algunas cifras de las emisiones y de su grado de toxicidad. El incendio liberó entre otros contaminantes peligrosos y cancerígenos ingentes cantidades de benceno (que alcanzó en El Quiñón concentraciones 20 veces superiores a los límites admisibles) y de partículas con metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos como benzoalfapireno, además de partículas, como se describe en el informe que elaboró en su día Ecologistas en Acción.

A ello hay que sumar las emisiones masivas de gases de efecto invernadero que llegaron a la atmósfera y que, según estima Ecologistas en Acción, pudieron alcanzar las 227.000 toneladas de dióxido de carbono.

El rastro que dejó la pluma contaminante fue también el de una masiva evacuación, en buena parte voluntaria ante la nefasta gestión que hizo el operativo de emergencia de los avisos a la población. Mediciones mal hechas y de resultado tardío, colegios evacuados in extremis, órdenes de confinamiento mal ejecutadas, malas prácticas de limpieza y una retahíla de torpezas que poco después se repitieron en Chiloeches y ahora en Arganda del Rey.

Ecologistas en Acción contempla como un año después las medidas de prevención y gestión de estas catástrofes brillan por su ausencia y las responsabilidades siguen sin depurarse.

La organización ecologista sigue demandando, como hizo entonces, una investigación independiente del suceso y que, entre otras medidas, se adapten la legislación, los protocolos de emergencia y de aviso a la población a las circunstancias que desgraciadamente imponen estas tremendas catástrofes que no cesan. Además, cada día queda más claro que es necesario que el control sobre la gestión de los residuos se maximice y que esta deje de estar bajo manos privadas que solo pretenden el lucro.

Un balance completo del suceso de Seseña, día a día, en: http://www.ecologistasenaccion.org/article32266.html