PARQUES NACIONALES

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

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Paso decisivo para una reforma en profundidad de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

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Nota de prensa a 28 de julio de 2017

La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha acoge con esperanza el paso decisivo que se ha producido hoy en la tramitación de la reforma de la Ley 3/2015.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y el envío al Consejo Consultivo del proyecto de ley de modificación de la ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha el proceso entra en su recta final y se abre la vía para que en un marco de búsqueda de acuerdos entre partidos políticos y la Plataforma se termine de cambiar el texto de una ley que se impuso para favorecer de forma descarada al lobby cinegético y que nunca debió ver la luz.
La Plataforma hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que dialoguen entre ellos y con la sociedad civil y ultimen un texto que todavía precisa de importantes mejoras. En este sentido la Plataforma recuerda que si bien una parte de sus propuestas y alegaciones ya se ven reflejadas en el texto, otra parte no menos importante no se ha modificado y precisa por tanto de modificación en sede parlamentaria.
Entre los aspectos que el anteproyecto no recoge y que habrán de ser objeto de debate están cuestiones tan importantes como la desincentivación de la caza intensiva y la revisión de la figura del cuartel de caza comercial,  principales motores de la ley de caza del Gobierno de  Cospedal y causantes de los mayores impactos negativos de la ley. También deberá considerarse la prohibición de autorizar la caza de animales domésticos, las modalidades o métodos crueles, masivos o con impacto negativo en las especies y espacios protegidos, el respeto a la normativa y a las sentencias judiciales que afectan a la caza y la mejora de la vigilancia y de las sanciones para evitar conductas ilegales. Se precisa por otro lado garantizar el respeto y la seguridad en el uso público del monte y la no afectación de la caza a las actividades forestales, agrarias, de ocio, deporte o ecoturismo.
La Plataforma trabaja ya para reunirse con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha al objeto de trasladarle sus reivindicaciones y de ofrecerles toda la justificación y apoyo social que avala las mismas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se pone del lado de las ilegalidades ambientales.

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1024px-oncorhynchus_mykissParece una inocentada pero no lo es. El resultado de la reunión entre el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no puede arrojar balance más negativo desde el punto de vista medioambiental.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, lejos de apostar por política activas de medio ambiente, prefiere ponerse del lado de la ilegalidad y en manos de los lobbies anti-ambientales que intentan menoscabar la legislación de protección de la naturaleza y poner en riesgo los parques nacionales.

Así cabe valorar la peticiones lanzadas desde la Consejería de solicitar la legalización de pozos en el Alto Guadiana y de instar la modificación de la ley de patrimonio natural y biodiversidad para que se descatalogue la trucha arco iris como especie exótica invasora.

Hacer estas peticiones a la vez que se reclama la gestión de los parques nacionales no sólo es un contrasentido, sino una broma de mal gusto que pone claramente en entredicho la coherencia de la política medioambiental de la Consejería.

No es creíble que quien defiende legalizar el principal problema que sigue acosando al parque nacional de las Tablas de Daimiel, cuál es el de los pozos ilegales, o quien quiere que nuestros ríos sigan albergando una dañina especie invasora, vaya a gestionar con buen criterio los espacios naturales con mayor rango de protección en nuestra región como son Cabañeros y Tablas de Daimiel.

Ecologistas en Acción exige a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente una rectificación inmediata y que se ponga del lado de la legalidad en las Tablas de Daimiel y del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que declara exótica invasora la trucha arco-iris.

Críticas a la política ambiental ambivalente de Castilla-La Mancha

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Ecologistas en Acción hace balance de la situación ambiental en Castilla-La Mancha. Anuncia la personación en los casos de los incendios de Seseña y Chiloeches, pide la remodelación de la cúpula del Platecam, reclama medios humanos y que cesen los recortes en medio ambiente.

El 4 de julio de 2015 tomó posesión el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, fruto de un acuerdo de investidura ahora roto entre el PSOE y Podemos y que dejó de lado las prioridades ambientales. Afortunadamente esa ausencia lamentable no ha impedido que se hayan puesto en marcha importantes iniciativas, pero a la postre está dejando aflorar graves carencias en la gestión del medio ambiente a escala regional.

La política de medio ambiente del ejecutivo regional empezó teniendo más luces que sombras, pero empieza a tener más sombras que luces, sobre todo después de la dimisión del Viceconsejro de Medio Ambiente y de la crisis de los incendios. También tras observar el escaso contenido y falta de visión de calado ambiental del Pacto por la Economía y el Empleo y del Debate del Estado de la Región.

Lo sucedido en la gestión de los residuos, de los incendios de Seseña y Chiloeches y del vertedero de amianto en Toledo no son sino la prueba de que la Junta no dispone de los medios ni de la iniciativa para afrontar sus más elementales obligaciones en materia medioambiental.

PRIMERAS MEDIDAS, NECESARIAS Y BIEN RECIBIDAS

El nuevo gobierno tomó algunas decisiones en las primeras semanas que ya figuraban en el programa electoral del PSOE y de Podemos. Así, el 27 de julio de 2015 se inicia el procedimiento de ampliación de la ZEPA/ZEC de El Hito, recientemente aprobada, se apuntala la oposición al proyecto del ATC de Villar de Cañas, se inician los trámites para limitar la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fraking y se conforma una postura regional fuerte para hacer frente al deterioro del río Tajo y al impacto del trasvase Tajo-Segura.

Tambien se crea, por primera vez en Castilla-La Mancha, una viceconsejería de medio ambiente. Y, en el aspecto de la participación pública, se inician los debates sobre la reforma de la ley de caza, sobre los planes de uso y gestión en Red Natura 2000 y sobre un nuevo modelo de desarrollo económico, éste en base a las denominadas “Mesas del pacto por la recuperación económica”.

FALTAN POLÍTICAS DE FONDO

Pero pronto se observan las limitaciones a las que se enfrenta la puesta en práctica de políticas ambientales. Los presupuestos de 2016 mantienen los recortes de etapas anteriores, 45% sobre los de 2010, ofreciendo una carencia de medios humanos y materiales que hacen muy difícil el control y la vigilancia ambiental o que imposibilitan la puesta en práctica de actuaciones en sectores estratégicos, como por ejemplo el de la educación ambiental.

También aparecen las contradicciones en la tramitación de actuaciones como el proyecto de minería de tierras raras en el sur de Ciudad Real, en la petición de regularización de pozos ilegales en el Guadiana o en las situación de las viñas en espaldera irregularmente instaladas en zonas protegidas. 

Por otro lado, se echan en falta iniciativas de calado que promuevan adecuadamente las actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería ecológicas, la movilidad sostenible, el cambio de modelo energético o el ecoturismo.

Aún siendo conscientes de lo difícil que es cambiar la inercia negativa en materia de medio ambiente que se arrastra de la legislatura anterior, esperábamos y esperamos más de un Gobierno y de unos partidos que lo apoyan que han asumido a través de los programas electorales importantes compromisos ambientales. 

Será por la falta de medios, por la falta de tiempo o de voluntad política, pero el caso es que, en las políticas a medio y largo plazo no se ha avanzado de forma significativa hacia una sociedad sostenible en Castilla-La Mancha.

Para colmo y después de dos crisis ambientales muy mal gestionadas y peor resueltas, las de los incendios del vertedero de neumáticos de Seseña y de la planta de tratamiento de residuos de Chiloeches, el Viceconsejero de Medio Ambiente se ve obligado a dimitir dañando, quien sabe para cuanto tiempo, una institución que ha tardado mucho en lograrse y que sigue siendo muy necesaria para esta región.

Si analizamos brevemente y por sectores podemos dar algunos apuntes sobre lo acontecido en estos 14 meses .

Aguas: si exceptuamos la oposición al trasvase Tajo-Segura y la defensa del caudal del Tajo sigue sin substanciarse el cambio necesario en política de aguas. No se ha avanzado en la gestión racional del agua que priorice el ahorro, la preservación del ciclo hidrológico o el sostenimiento de los ecosistemas y se mantienen y alimentan las regularizaciones de pozos ilegales en el Guadiana o la sobrexoplotación en el Júcar y en el Tajo.

Infraestructuras: se mantiene la sobredotación de las infraestructuras del transporte y se piden más, retomando proyectos impactantes como las autovías Toledo-Ciudad Real o la Cuenca-Albacete. La falta de fondos es la única razón por la que estos proyectos no avancen a corto plazo.

Urbanismo: sigue por hacer la reforma que impida que vuelvan a reproducirse las condiciones que dieron lugar a la burbuja inmobiliaria en Castilla-La Mancha. Y no se ha puesto en marcha ningún mecanismo para cicatrizar en lo posible las heridas dejadas en el territorio.

Agricultura y desarrollo rural: Al mantenimiento de las mismas políticas agrícolas que padece el medio ambiente de nuestra región, se añade la mala solución dada al recorte a las ayudas para la agricultura ecológica. Independientemenete de las cuantías, Ecologistas en Acción ha solicitado un apoyo decidido a un agricultura sostenible que mantenga la fertilidad de la tierra a largo plazo.
Además, las nuevas líneas de ayuda, están ocasionando el incremento de la ganadería intensiva, especialmente la del porcino, que ha demostrado ser altamante impactante, sobre todo por el efecto muy negativo sobre el medio ambiente de los purines. Así mismo, la catalogación del herbicida glifosato por la OMS, como posible cancerígeno, no ha tenido repercusión en que deje de usarse en Castilla-La Mancha, como sí ha ocurrido en la Comunidad de Madrid.

Cambio climático: la nueva estrategia regional sigue bloqueada, mientras no se da el necesario impulso ni a las renovables, ni a la movilidad sostenible.

Residuos: catástrofes como los incendio Seseña y Chiloeches demuestran que los planes de gestión de residuos, así como su implementación, están fallando estrepitosamante. Asimismo que los protocolos de emergencias del Platecam están desfasados y crean daños adicionales a los que pretende evitar. Sigue sin visos de solución el vertedero de restos de amianto existente en Toledo. El nuevo plan regional de gestión de residuos, presentado recientemente, supone más de lo mismo y en nada soluciona los graves problemas que se llevan arrastrando durante décadas en Castilla-La Mancha.

Gestión e incendios forestales: los incendios siguen absorbiendo buena parte de los recursos económicos y humanos dedicados al medio ambiente y, a pesar de ello, siguen sin atenderse medidas de prevención y vigilancia que eviten actuar a posteriori en este tipo de catástrofes.  

Espacios naturales y especies protegidas: las propuestas en este sector permanecen bloqueadas, algunas, como el Plan de recuperación del águila perdicera o del lobo, se arrastran desde hace varias legislaturas. A trompicones está avanzando la aprobación de los planes de gestión en espacios red natura 2000 y se mantienen abiertos los centros de interpretación. Y los parques nacionales siguen con los problemas de siempre, agudizados si acaso por el paso del tiempo.

Caza: a pesar de que el ejecutivo entrante defendió la reforma de la nefasta Ley de caza que aprobó el gobierno de Cospedal, 14 meses después se ha publicado un primer borrador que queda todavía muy lejos del cambio que solicitó la “Plataforma contra la ley de caza”. Lo peor es que este ejecutivo sigue apostando por un modelo de caza comercial e intensiva. 

Recursos naturales: la decisión positiva por parte del gobierno regional de decir no al fraking, tiene su reverso en la tolerancia a la explotación minera de las denomonadas tierras raras.

Bienestar animal:  a pesar de que se han iniciado los trabajos para una nueva ley de protección animal, no parece que el Gobierno vaya a afrontar el problema del maltrato animal en sectores tan problemáticos como la caza o los toros.

QUEDA MUCHO E IMPORTANTE POR ABORDAR

Hay mucho e importante por abordar en materia de medio ambiente en Castilla-La Mancha y, de momento, no se ve que las buenas expectativas iniciales que creó el Gobierno se vayan a ver sustanciadas. La Viceconsejería está falta de presupuestos, pero, sobre todo está falta de peso político y de medios humanos para asumir siquiera sus tareas administrativas básicas. Ni que decir tiene lo difícil que sería asumir los nuevos retos que son necesarios. Tan mal se ve la situación que, hoy por hoy, sería para estar satisfecho con que la Viceconsejería dispusiera de los medios humanos básicos y formados para atender sus obligaciones en materia de control y gestión del medio ambiente. Hacen falta agentes medioambientales, técnicos y jurídicos que saquen el trabajo del día a día. Y, a su vez iniciativas políticas que transformen un modelo ambiental más pendiente de ir saliendo del paso según van surgiendo los problemas que de organizarse y actuar adecuadamente.

Tras la dimisión del Viceconsejero y las catástrofes de Seseña y Chiloeches, es necesario también la modificación del Platecam y la sustitución de los responsables de la aplicación del mismo y que provocaron desinformación y mayores daños para la salud y el medio ambiente de los que se hubieran sufrido en caso de haber actuado con criterios de prevención.

También es necesario un nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el que la administración no vote sus propias propuestas, y que sea escenario de debate e iniciativas en las que participen todos los agentes implicados.

Pero, con todo, lo más importante es que el Gobierno “se ponga las pilas” y también los partidos que lo sustentan en el Parlamento Regional. Y que entiendan de una vez que el medio ambiente no es una “María” que sólo hay que atender cuando hay un problema. Sino que es algo que hay que gestionar adecuadamente todo los días y sobre lo que se puede fomentar un modelo de desarrollo de verdad sostenible y generador de empleo.

CAZA: EL PEOR BALANCE AMBIENTAL DE LA MEDIA VEDA EN AÑOS

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Ecologistas en Acción ha registrado a lo largo de la media veda, cuyo periodo hábil acaba de terminar en la mayor parte de las comunidades autónomas, numerosas incidencias e irregularidades que afectan negativamente a las especies cinegéticas y a las no cinegéticas, objeto de esta controvertida temporada especial de caza.

Estas prácticas, a veces fraudulentas, otras veces simplemente delictivas, están extendidas por todo el Estado español, pero se concentran más en regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Navarra o Aragón.

Es en estas áreas donde se concentra buena parte la actividad cinegética en torno a la caza de la tórtola europea o común, la codorniz y la paloma torcaz, que son las especies objetivo de la media veda y que suelen ser abatidas desde puestos de caza durante el paso migratorio postnupcial.

Más allá de la controversia no resuelta de que este periodo no se ajusta a la prohibición de cazar en época de cría, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha en favor de las demandas de Ecologistas en Acción (y motivo por el cual hay interpuestos recursos contencioso-administrativos en Madrid, Castilla y León o Navarra), la media veda es una época en la que las tropelías en materia cinegética son cada día de mayor impacto.

Un simple rastreo por los anuncios en internet, por las revistas de caza, por los programas en radio y televisión y por los cotos de caza, permite detectar numerosas situaciones denunciables sobre las que la inacción de las comunidades autónomas, responsables de la gestión cinegética, ha creado un clima de impunidad.

Entre las situaciones detectadas por Ecologistas en Acción, destacamos algunas de las más graves.

Disparos a especies protegidas

La media veda sigue dando lugar al disparo, accidental o intencionado, sobre especies protegidas, hasta el punto de que por esta causa se produce un incremento de entradas en los centros de recuperación, a pesar de que cada día es más difícil encontrar animales heridos o muertos porque cazadores y guardas los esconden.

En 2016 ha sido llamativa la entrada de rapaces heridas en los centros de recuperación. Entre las especies afectadas por los disparos encontramos sobre todo rapaces medianas y pequeñas, pero también grandes águilas y búhos. Un ejemplo reciente y dramático es el caso del halcón peregrino. SEO/BirdLife denunciaba hace unos días la baja de uno de los especímenes marcados en el programa de seguimiento de la población de esta especie en Madrid. Se recogía herido por un tiro, con pocas probabilidades de recuperación, en un coto de caza de Viso de San Juan. Es el tercer ejemplar abatido en Toledo en cuatro años y, según SEO/BirdLife, solo se localizan el 10% de los que mueren por esta causa.

En el centro de atención a la fauna silvestre que la asociación AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) mantiene en Villafranca de los Barros (Badajoz), solo en la primera semana de la media veda entraron con disparo un búho real, un águila calzada y un aguilucho lagunero.

Cebaderos fraudulentos en la caza de la tórtola

Un práctica cada día más extendida para intentar garantizar que los clientes de las cacerías de esta especie cacen el máximo de tórtolas es la de establecer cebaderos para atraer a las aves y cazarlas a la entrada o salida del mismo. Las leyes autonómicas suelen permitir mejoras de los hábitats de alimentación, como siembras, pero no el cebado de zonas concretas para atraer la caza. Se considera una práctica fraudulenta, pues permite cazar más de la cuenta y dejar en desventaja a los cotos que no utilizan estas prácticas. Ecologistas en Acción ha localizado varios cotos en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, Extremadura y el norte de Andalucía donde se realiza esta práctica. Además, se publicita abiertamente sin que nadie actúe para impedirlo.

La tórtola es una especie en declive, su población en Europa se ha reducido un 70% entre los años 80 y 2014, y en España un 30% desde 1996. El sector cinegético, para evitar que deje de cazarse, acusa a los pesticidas y a la situación en sus zonas de invernada en África para explicar el descenso.

Pocas codornices y se sigue cazando

Siempre se ha oído que el sector de la caza se autogestiona. Sin embargo, como se puede comprobar en el caso de la codorniz, eso no ocurre. Este año, los propios cazadores en Castilla y León o Extremadura, avisaron en los primeros días de la temporada de las escasas capturas de esta especie. Pero la temporada, en lugar de suspenderse, se ha mantenido abierta, por lo que la presión cinegética se ha mantenido sobre unas poblaciones cada vez más exiguas.

El daño se añade a los de temporadas anteriores, en las que, salvo casos muy puntuales, la codorniz ha ido en descenso, llegando a una situación tan preocupante como la de la tórtola europea. Se dan cifras de un descenso cercano al 30% entre 2002 y 2012.

Para compensar la falta de codornices, algunos cotos recurren a soltar ejemplares de granja, lo que agrava el problema poblacional. Se imposibilita un buen control de la práctica cinegética y se favorece competencia e hibridajes entre las codornices naturales y las de granja. Además, estas sueltas suelen ir acompañadas de prácticas de control de predadores muy dañinas para la biodiversidad.

Se permiten modalidades anómalas

Las especies tradicionales de la media veda están en declive. De un tiempo a esta parte, las comunidades autónomas han ido permitiendo otras modalidades que habitualmente se practican en otras fechas. Por ejemplo, cada vez es más habitual que se permita el conejo en media veda o los aguardos de jabalí. También, cada vez más, se permite la caza del zorro, sea al salto o desde puesto fijo.  Disfrazados, según corresponda como descastes y como falsos controles por daños, se permite cazar especies que ya tienen sus propias épocas de caza. Lo curioso es que estas modalidades se comercializan, por lo que en lugar de contribuir al control de poblaciones para evitar perjuicios a la agricultura contribuyen a su incremento. Es un negocio y nadie va a terminar con la abundancia de unos animales que generan cuantiosos ingresos. Por ello, también se han detectado comederos de jabalís que fomentan y atraen a esta población y que, en lugar de controlar las hembras para evitar que críen, se abate solo a los machos porque lo que interesa es el trofeo.

No se planifican servicios de vigilancia

Aparte de la mala gestión cinegética y el sentido economicista y sobreexplotador que dirige buena parte de la caza, el que la media veda se haya convertido en una época tan nefasta se debe a la ausencia de voluntad de las Direcciones Provinciales de Agricultura para atajarlo. En provincias como Toledo y Ciudad Real no se asignan servicios a los agentes medioambientales para controlar y denunciar a los infractores. Y así hay un clima de impunidad ante la desidia de los Directores Provinciales y de los técnicos encargados de la gestión cinegética.

Ecologistas en Acción siempre ha tenido claro que la media veda es una época perniciosa para especies en declive como la tórtola y la codorniz y para especies protegidas que son perseguidas por cazadores y guardas desalmados. Pero ahora tiene claro también que el desorden que se ha impuesto tiene una causa estructural que debe atajarse, la falta de concienciación y de voluntad de aquellos que desde la Consejería tienen que velar por el cumplimiento de las leyes.

EL DEBATE PÚBLICO DE LA LEY DE CAZA EMPIEZA MAL

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1930s Rabbit hunters X32Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo de Castilla La Mancha que no se pongan trabas a la participación y al debate público en la tramitación de la reforma de la ley de caza.

El comienzo del periodo de exposición pública de la reforma de la ley de caza ha comenzado con una serie de decisiones que dificultan la participación y el debate, sobre todo de los colectivos sociales de carácter ambiental.

Ya fue llamativo que en pleno mes de agosto se diera inicio a la fase de exposición pública de la reforma de la ley de caza. De siempre ese mes ha sido el elegido por las administraciones para iniciativas que pudieran tener algún tipo de contestación social. La agosticidad en los procesos de participación pública es una mala práctica que ya ha sido numerosas veces criticada.

No obstante, se confiaba en que los siguientes pasos que se dieran en la tramitación de la reforma de la ley de caza serían más abiertos y transparentes. Sin embargo, al menos los primeros, no lo están siendo.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de sus direcciones provinciales, ha comenzado a convocar a los Consejos Provinciales de Caza con vistas a su vez a realizar una rápida convocatoria del Consejo Regional de Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Algunos de estos Consejos, por ejemplo el de Toledo, se ha convocado por la vía de urgencia, avisando con sólo tres días de margen para analizar la documentación y plantear una postura consensuada dentro del ámbito que cada representante en el mismo ostente. El lunes pasado llegó una convocatoria para acudir hoy jueves al citado Consejo, lo que motivó que Ecologistas en Acción pidiera un aplazamiento pues era materialmente imposible organizar la asistencia en condiciones adecuadas.

La solicitud ha sido rechazada y eso ha motivado que en el Consejo Provincial de Caza la silla de los representantes de las organizaciones ambientales estuviera vacía.

La situación dada en Toledo es especialmente grave, por cuanto es bien conocida la incidencia de esta provincia en materia cinegética, y, además, se ha sabido que los motivos de urgencia aducidos para la convocatoria no eran ciertos, puesto que en provincias como Guadalajara el consejo provincial se reunirá el 27 de septiembre.

Otro grave problema detectado en la convocatoria de los Consejos Provinciales es que junto a la reforma de la ley se ha incorporado otros punto del orden del día, la ampliación de los métodos de captura para control de depredadores y animales domésticos. Una propuesta que pretende legalizar determinados modelos de cajas trampa y lazos para ser usados por los guardas de los cotos de caza.  Se ha remitido el borrador de la orden, pero no los estudios que supone que avalan su uso, por lo que se oculta información esencial para opinar sobre el tema en cuestión.

Si los primeros pasos en el proceso de participación pública de la ley de caza no van por buen camino, tampoco parece que en los próximos se vaya a mejorar. Todo apunta a que la Consejería, en su ánimo de acelerar el proceso, tiene intención de convocar los Consejos regionales de caza y de medio ambiente sin que todavía esté abierto el plazo de alegaciones oficiales y sin que se puedan conocer las que presenten para debatirlas en los citados consejos.

Esta mala práctica, avalada por unos servicios jurídicos que sorprenden una y otra vez con informes más dignos de otros tiempos que de los actuales, dificulta sobremanera el debate público y la búsqueda de soluciones acordadas sobre puntos en conflicto.

Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Regional, y a las direcciones provinciales, que faciliten un proceso abierto y transparente que permita una participación pública real y que no beneficie a los colectivos profesionalizados o con interés económico del mundo de la caza. Hay que realizar las convocatorias de los consejos de participación con tiempo, aportando toda la documentación necesaria sobre los puntos del orden del día, y hay que sustanciar el periodo de información pública antes de que se reúna el Consejo Regional de Medio Ambiente.

Respetando una mínimas reglas de juego consideramos que el proceso no sólo será mejor, sino que podrá seguir siendo ágil con vistas a que la reforma de la ley llegue cuanto antes al debate parlamentario.

Anteproyecto de Ley de Caza CLM: UNA REFORMA INSUFICIENTE

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(Valoración de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de la toma en consideración del anteproyecto de Ley por parte del Gobierno Regional.)

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La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha considera que la reforma de la ley de caza planteada inicialmente por el Gobierno regional es insuficiente y está todavía bastante lejos de cumplir con las expectativas de los colectivos y personas por cuya iniciativa y reivindicación se está afrontando este cambio legislativo.

Admitiendo y agradeciendo que por fin se haya dado voz a quienes de distintas maneras se ven afectados por la caza sin ser cazadores, no es menos cierto que el anteproyecto de ley se inicia sin el consenso con la Plataforma, perdurando en la propuesta de reforma peligrosos y controvertidos preceptos de la ley vigente promovida por el Gobierno anterior de la Sra. Cospedal.

A la espera de que se haga oficial el texto del anteproyecto de ley y de que la Plataforma lo estudie en detalle, y a la vista de los borradores y de las reuniones mantenidas con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se esperan avances en materia de compatibilización de usos en el medio natural y, en menor medida, de respeto del bienestar animal.

Así, se modificaría profundamente el artículo 27.m que penalizaba de forma genérica el espantar a las especies de caza, aunque fuera de forma involuntaria. Ahora sólo se multaría aquellas acciones, incluso de los propios cazadores, que tengan la intención de perjudicar a propósito las actividades cinegéticas legalmente autorizadas. También, en esta línea, se señalizarán más y mejor las zonas de seguridad, contribuyendo a evitar accidentes y molestias a quienes hagan uso del medio natural para actividad de ocio, turismo u otras.

Por otra parte, aunque seguimos defendiendo que los animales domésticos no deben ser en ningún caso objeto de la ley de caza, se establecería como prioritaria la captura en vivo de los mal llamados “asilvestrados”, frente al abatimiento como plantea ahora la ley de 2015.

Además, otras propuestas de la Plataforma se han incorporado al anteproyecto de ley, aunque sea parcialmente. Por ejemplo, se ampliarán las medidas de control de las actividades e infraestructuras cinegéticas más perjudiciales para el medio natural, se remarca la figura del agente medioambiental y se retira la referencia a las subvenciones para los empresarios del turismo cinegético.

A lo que el anteproyecto de ley no da una respuesta adecuada es al enfoque economicista e intensivo al que se dirige la actividad cinegética. Fundamentándose en una dudosa aportación que la caza ofrece al desarrollo rural, se facilita la intensificación manteniendo la figura de los cuarteles de caza comercial, permitiendo los cuarteles de caza menor en la Red de Áreas Protegidas y disminuyendo el tamaño de los cotos de caza mayor.

También resulta muy negativo que se mantengan, sea como modalidades de caza o sea como métodos de control de poblaciones, prácticas peligrosas, como la caza nocturna; dañinas para especies protegidas, como la cetrería o el rifle del 22; y crueles o masivas, como el perro de madriguera, los hurones o las sueltas. En este apartado sólo se ha prohibido el tiro de pichón o el lanceo a caballo, lo que implica una escasa voluntad de ejercer un verdadero control de los abusos y crueldades que se cometen al llevar a cabo determinadas prácticas de caza.

La Plataforma también se opone frontalmente a que se permita cazar con 14 años, una edad a la que se carece de la madurez y de las cualidades físicas precisas para portar un arma, o a que se mantenga la rebaja y la discrecionalidad en las sanciones.

Por todo ello, sorprende y defrauda a la Plataforma que estos retrocesos en materia cinegética se apoyen por un Gobierno que anunció que promovería una caza sostenible y compatible con la conservación del medio natural, respetuosa con los principios de bienestar animal y de compatibilidad de usos en el medio rural.

Una vez se haga oficial el texto concreto del anteproyecto que el Gobierno somete a participación pública la Plataforma valorará definitivamente la iniciativa, así como la estrategia y actuaciones a poner en marcha para que la reforma de la ley de caza sea tan profunda como esperan las miles de personas que se movilizaron en contra de la Ley de Caza de 2015 y las casi 120.000 que firmaron la petición de su retirada.

Será el momento de plantear la campaña y las movilizaciones que sin duda serán precisas para conseguir que el Gobierno y las Cortes no frustren las expectativas de cambio en profundidad de una ley medieval y comercial como es la vigente en Castilla-La Mancha y contra la que se habían posicionado los partidos que a día de hoy sustentan al Gobierno regional.