MINISTERIO MEDIO AMBIENTE

Las organizaciones del Programa Antídoto piden medidas definitivas para acabar con el veneno en el campo a las administraciones .

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cadáver de Buitre negro envenenado redLas nueve organizaciones integrantes del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, reclaman al MAPAMA y a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas una mayor implicación para acabar con esta práctica ilegal. Castilla-La Mancha precisa de un impulso urgente en la lucha contra el uso del veneno

Toledo ha acogido la reunión anual de las nueve organizaciones de defensa del medio ambiente que forman el Programa Antídoto para valorar la situación del uso del veneno en España y de las graves consecuencias que acarrea para la biodiversidad. La primera conclusión a la que han llegado es que el veneno continúa muy presente en el campo y que las administraciones se han relajado en su erradicación.

Las organizaciones muestran su preocupación por la tendencia actual en todo el territorio hacia el debilitamiento del nivel de compromiso en la lucha contra el veneno. Después de un periodo de crecimiento de actuaciones de persecución del uso de veneno, los informes presentados en la reunión señalan cómo desde 2011 hay un progresivo y notable retroceso de la acción de las administraciones en la materia. Destacan como uno de los aspectos más negativos, a pesar de la persistencia de episodios de veneno, y salvo excepciones, el alto grado de impunidad que se da para este delito. En la reunión, se han estudiado propuestas concretas para la mejora de la normativa básica estatal en la materia, coincidiendo en la necesidad de una reducción de los episodios de veneno y de aumentar la actuación policial y legal contra esta grave amenaza para la fauna.

Estrategia Nacional

Las organizaciones del Programa Antídoto han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que apoye económicamente líneas maestras de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados, como son la formación de servicios técnicos y jurídicos de las comunidades autónomas y de agentes de la autoridad, el apoyo a la realización de analíticas de los animales y cebos envenenados y el apoyo a las unidades caninas especializadas en la detección de venenos.

Análisis de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión anual

Como cada año, el Programa Antídoto ha hecho una valoración más específica de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión. En este caso ha puesto el  foco  en Castilla-La Mancha, apreciando que ya en el año 1999 fue una región líder en dotación de normativa y en otros aspectos, pero que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Los protocolos de la Estrategia regional (2005) han quedado obsoletos,  han disminuido los medios humanos destinados a la vigilancia y los servicios jurídicos apenas concluyen expedientes sancionadores y de cierre de cotos de caza. Además la actual administración no acaba de cumplir su compromiso de modificar la Ley de caza de 2015 que supuso  un  menoscabo de de la fortaleza normativa regional en materia de lucha contra el veneno.

El caso de la bromadiolona

Un tema que preocupa especialmente a las organizaciones ambientalistas es el de la grave aplicación de venenos rodenticidas por parte de la Consejería de Agricultura en Castilla y León. En relación con ello se ha revisado la situación de las iniciativas judiciales que el Programa Antídoto está llevando a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, recordando que la Consejería de Agricultura sigue sin aportar los informes solicitados por el Juzgado sobre los métodos empleados para declarar la existencia de plaga de topillo. El Programa Antídoto alerta una vez más de que el veneno utilizado, la bromadiolona, es uno de los tóxicos más peligrosos para la fauna silvestre que está causando estragos en el medio natural y poniendo en riesgo la marca “Tierra de sabor”.

Ejemplos positivos y negativos en el resto de España

Durante la reunión se han mostrado ejemplos de  comunidades autónomas como Madrid o Extremadura, claves para la conservación de especies muy afectadas por el veneno y en las que no se ha aplicado ni una sola sanción en veinte años a pesar de los casos registrados.

Sin embargo las organizaciones del Programa Antídoto reconocen  también que en el ámbito de la persecución de este delito ha habido algunas iniciativas con resultados muy destacables, como los logrados por el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña que ha conseguido erradicar el uso de veneno en la provincia de Lérida y cuyos agentes especializados son un modelo a implantar en otras regiones. También es muy destacable en los últimos años, en el ámbito estatal, por su efectividad, el trabajo de la Unidades Caninas especializadas en detección de venenos tanto de la Guardia Civil como de algunas comunidades autónomas.

Daños graves que amenazan la biodiversidad

El Programa Antídoto recuerda que los daños que el empleo del veneno provoca en la biodiversidad son enormes. El informe El veneno en España (1992-2013), que analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, desvela que en los últimos 20 años se han producido 8.324 episodios de envenenamiento. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran. Por su parte, el informe Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015 muestra como solo en 54 casos en ese periodo se ha registrado la muerte de más de 900 animales, buena parte de ellos especies amenazadas.

Sobre el Programa Antídoto: La lucha contra el uso ilegal de veneno tuvo un gran impulso en 1997 cuando surgió el Programa Antídoto, fruto de la preocupación de varias entidades de defensa de la naturaleza por la repercusión catastrófica que, sobre la vida silvestre y, en especial, sobre importantes especies amenazadas, estaba teniendo el uso masivo de veneno en el medio natural. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

 

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La parcela del vertedero de Seseña-Valdemoro no está limpia ni descontaminada un año después.

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WhatsApp Image 2017-05-12 at 11.03.56Una desagradable sorpresa aguardaba esta mañana a los miembros de Ecologistas en Acción y a los periodistas que han acudido al vertedero de neumáticos de Seseña-Valdemoro, cuando se cumple un año exacto del inicio del fuego.

Al contrario de lo que anunciaron los consejeros de medio ambiente de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y el propio alcalde del Ayuntamiento de Seseña, la parcela no está limpia ni descontaminada, de hecho se sigue trabajando en ella.

En la parcela de 11 hectáreas se puede observar como una retroexcavadora de Tragsa carga camiones con restos de tierra y cenizas procedentes de los caminos hechos durante el incendio. Dichos portes son trasladados a los gestores y vertederos autorizados en Novés (Toledo) y Valdilecha (Madrid).

En la parcela también se puede observar como en una superficie de unas tres hectáreas numerosos trozos de neumático sobresalen en la superficie, mezclados y enterrados en la tierra. Los trozos, algunos de gran tamaño, proceden de restos que no ardieron y que no han sido retirados en las labores de limpieza. Por último, sospechosas sombras negras destacan sobre el blanco de la ladera, denotando que aún quedan rastros de cenizas sin limpiar sobre el terreno.

Estas circunstancias y el hecho indudable de que Tragsa está trabajando en la zona ponen de manifiesto que la parcela que alojó el mayor vertedero de neumáticos de Europa sigue sin estar limpia ni descontaminada. Y que aunque sea una reducida parte sobre lo que ya se ha retirado, todavía quedan cenizas y restos de neumático por eliminar para completar la labor de restauración de la zona.

Ecologistas en Acción considera absolutamente increíble que ni en la zona de Madrid ni en la correspondiente a Castilla-La Mancha se hayan terminado los trabajos y desmiente que la parcela esté absolutamente limpia, como se ha dicho en reiteradas ocasiones.

Demandamos una explicación veraz de la situación, así como todos los informes que se ha dicho que acreditan la descontaminación de las zonas. A la vista de las circunstancias, poca credibilidad merece lo anunciado hasta ahora por las autoridades.

Ante la inesperada situación que demuestra que no se ha limpiado ni restaurado la zona, Ecologistas en Acción ha declinado participar en el acto que el Ayuntamiento de Seseña había programado para mañana en reconocimiento a las personas que ayudamos durante la catástrofe. La asociación ha pedido al alcalde que aplace el acto hasta que de verdad esté limpia y recuperada la zona.

Un año del incendio de neumáticos de Seseña y Valdemoro: sin respuestas y sin medidas de prevención

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Ha pasado un año de la catástrofe que supuso el incendio en Seseña-Valdemoro del mayor vertedero de neumáticos de Europa, pero no se ha esclarecido ni sus causas ni sus consecuencias. Tampoco se han tomado medidas para evitar nuevas situaciones similares. Ecologistas en Acción demanda un cambio de la legislación de residuos y de los protocolos de emergencia.IncendioSeseñaEcologistasToledo

La causa penal abierta en los Juzgados de Valdemoro sigue bajo secreto del sumario y de momento no ofrece ningún dato sobre quiénes y por qué provocaron el fuego esa fatídica noche del 12 al 13 de mayo de 2016.

Por su parte, las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha y Madrid, lejos de aportar luz sobre los acontecimientos antes, durante y después del incendio, se han enmarañado entre acusaciones cruzadas y procedimientos que nadie entiende. Particularmente lamentable es la situación en las Cortes de Castilla-La Mancha donde la comisión no ha llegado a iniciar sus sesiones y eso a pesar, o tal vez debido a que, en torno a ella se han de sentar las dos principales administraciones actuantes, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña. En esas Cortes están precisamente los dos actores principales durante la catástrofe el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el alcalde de Seseña, y diputado por el PP, Carlos Velázquez.

Llama poderosamente la atención que todavía no se haya hecho público ningún informe que valore y analice globalmente todo lo ocurrido, y que cada cual, sean comunidades autónomas, administraciones o partidos, haya ido haciendo su particular balance en función más del color político que de ofrecer una información veraz a los ciudadanos que con tanta angustia y riesgo para su salud vivieron las semanas y meses tan intensos que se sucedieron tras el fuego.

Lo peor es que la ausencia de análisis contrastados y de conclusiones está demorando “sine die” la asunción de responsabilidades y la puesta en práctica de medidas eficaces que evite la descoordinación, la falta de información y los daños al medio ambiente y a la salud en situaciones similares a la de este dramático incendio.

La mejor prueba de que poco o nada se ha aprendido son las situaciones vividas en los incendios de las instalaciones de residuos industriales de Chiloeches en agosto pasado o hace menos de una semana en Arganda del Rey. Y eso es independiente de que sean sucesos provocados o accidentales.

La situación actual de las parcelas donde se produjo el incendio puede parecer buena, y seguramente lo sea. Los neumáticos, sus fragmentos y las cenizas han desaparecido y eso es algo que ven con alivio los vecinos de Seseña y Valdemoro. Pero el rastro de contaminación que dejó la combustión descontrolada de los mismos sigue disperso en la atmósfera y en los suelos y aguas en los que se depositó. Y nunca ha habido directrices claras sobre como intervenir o qué prevenciones tomar en unos u otros lugares, según los distintos grados de afección o de depósito de sustancias tóxicas. De hecho, los únicos trabajos publicados en este sentido lo han sido por iniciativa de Ecologistas en Acción y otros grupos investigadores.

A falta de datos oficiales y creíbles hay que recordar que en el vertedero de Seseña-Valdemoro se acumulaban entre 70.000 y 100.000 toneladas de neumáticos tras años de incompetente actuación de todas las administraciones que primero consintieron y luego fueron incapaces de resolver el problema creado.

Del fuego solo se libraron unas 12.000 toneladas de neumáticos, el resto provocó la columna de humo y contaminantes más grande de las registradas en España por causa de un incendio en instalaciones industriales.

Desoyendo los avisos de expertos y de Ecologistas en Acción, y solo cuando ya los vecinos y los niños de las localidades cercanas habían sufrido las consecuencias de inhalar el humo tóxico en repetidas ocasiones, se empezaron a conocer algunas cifras de las emisiones y de su grado de toxicidad. El incendio liberó entre otros contaminantes peligrosos y cancerígenos ingentes cantidades de benceno (que alcanzó en El Quiñón concentraciones 20 veces superiores a los límites admisibles) y de partículas con metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos como benzoalfapireno, además de partículas, como se describe en el informe que elaboró en su día Ecologistas en Acción.

A ello hay que sumar las emisiones masivas de gases de efecto invernadero que llegaron a la atmósfera y que, según estima Ecologistas en Acción, pudieron alcanzar las 227.000 toneladas de dióxido de carbono.

El rastro que dejó la pluma contaminante fue también el de una masiva evacuación, en buena parte voluntaria ante la nefasta gestión que hizo el operativo de emergencia de los avisos a la población. Mediciones mal hechas y de resultado tardío, colegios evacuados in extremis, órdenes de confinamiento mal ejecutadas, malas prácticas de limpieza y una retahíla de torpezas que poco después se repitieron en Chiloeches y ahora en Arganda del Rey.

Ecologistas en Acción contempla como un año después las medidas de prevención y gestión de estas catástrofes brillan por su ausencia y las responsabilidades siguen sin depurarse.

La organización ecologista sigue demandando, como hizo entonces, una investigación independiente del suceso y que, entre otras medidas, se adapten la legislación, los protocolos de emergencia y de aviso a la población a las circunstancias que desgraciadamente imponen estas tremendas catástrofes que no cesan. Además, cada día queda más claro que es necesario que el control sobre la gestión de los residuos se maximice y que esta deje de estar bajo manos privadas que solo pretenden el lucro.

Un balance completo del suceso de Seseña, día a día, en: http://www.ecologistasenaccion.org/article32266.html

 

MANIPULACIONES DE QUANTUM MINERÍA EN EL PROYECTO DE TIERRAS RARAS EN CIUDAD REAL

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cabecera-maria-valle-tierra-viva_ediima20160521_0282_18Quantum Minería minimiza infructuosamente el impacto de la que sería la primera explotación de tierras raras en Europa, negando el riesgo radiológico advertido por el CSN y el daño sobre los recursos naturales y agrarios.

Desde que en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental se han conocido los informes que distintos organismos han emitido sobre los proyectos de explotación de tierras raras Matamulas y Rematamulas 1 y 2, la empresa Quantum Minería está poniendo todo su empeño en desvirtuarlos o, en su defecto, en dar a entender que modifica el proyecto para evitar lo que a todas luces resulta ya evidente, el proyecto es incompatible con el medio ambiente.

En las últimas semanas la empresa ha ido modificando sobre la marcha datos del proyecto, como el consumo de agua, o minimizando el impacto sobre el medio natural y las explotaciones agropecuarias, contradiciendo abiertamente e intentando sortear los informes emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y distintos estamentos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,

Ahora, hace pocos días, en un comunicado la empresa Quantum Minería dice que el proceso de extracción de  monacita que se pretende llevar a cabo no es comparable con el realizado en otros países, como China y Estados Unidos, restando importancia al Riesgo de Radioactividad y obviando que, de llevarse a cabo, éste sería el primer proyecto de minería de tierras raras de Europa y que, por lo tanto, no hay más precedentes ni referentes que los llevados a cabo en otros territorios.

Desde Ecologistas en Acción recordamos que ha sido el Propio Consejo de Seguridad Nuclear el que ha dictaminado que el proyecto es susceptible de causar un impacto radiológico en los trabajadores, el público y el medioambiente. Además exige a la empresa que para poder ejecutar la actividad debe elaborar un estudio sobre el riesgo radiológico para los trabajadores y el entorno.

Quantum ha minimizando nuevamente los riesgos del proyecto, al que compara con un simple cribado de tierras sin aditivos químicos e ignorando la magnitud del proyecto y los valores medioambientales y socioeconómicos de la comarca del Campo de Montiel.

Esta empresa vuelve a improvisar, recordemos que hace pocos días redujo las necesidades de agua previstas a una quinta parte, y  parece sacar pecho ante estos envites contrarios a sus expectativas,  imponiendo sus criterios de viabilidad y minimizando las características del proyecto que pretende remover millones de toneladas de tierra en una extensa zona de elevados valores ambientales. Reconducir el impacto del proyecto a golpe de nota de prensa, no hace sino reafirmar lo que ya se ha señalado con rigor y criterio desde la Plataforma Sí a la Tierra Viva de la que forma parte Ecologistas en Acción, esto es, las graves carencias medioambientales y técnicas de una empresa que pretende ejecutar un proyecto minero que pondrá en juego nuestras recursos naturales, nuestros espacios y especies más valiosos y nuestra salud.

Después de estas actuaciones de Quantum minería, desde Ecologistas en Acción, sólo esperamos que el proyecto se resuelva de la única manera sensata que cabe, con una contundente declaración negativa de impacto ambiental.

El Tribunal Supremo confirma que son ilegales las fechas de caza de media veda y de la perdiz con reclamo

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Ecologistas en Acción reclama el cumplimiento inmediato de la sentencia y la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de 2015, eliminando todas las prácticas ilegales e insostenibles que la Consejería se resiste a modificar.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto, en su Sentencia 2703/2016 de 21 de diciembre de 2016, rechazar los recursos de casación interpuestos por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades contra la anterior Sentencia 1/2015 de 2 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la Orden de Vedas 2011-2012.

El TSJ, y ahora también el TS, declaran así la ilegalidad de las fechas fijadas para la caza de perdiz con reclamo y para la media veda por solaparse con el periodo reproductor de las especies objeto de tales prácticas, contraviniendo  los artículos 62.3.b) y 63 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que trasponen preceptos de la Directiva Europea de Protección de Aves Silvestres.

En concreto, el Tribunal Supremo, además de imponer las costas a los recurrentes, declara contrario a derecho y anula el apartado 1.4.1 del artículo 2º de la Orden impugnada, que permitía la caza de la perdiz roja con reclamo durante el mes de febrero y los primeros seis días de marzo, fechas que coinciden con el periodo de reproducción y cría de dicha especie. También se modifica el apartado 1.1, primer párrafo, del mismo artículo 2º, quedando fijados el período hábil de caza en media veda para la caza de la codorniz desde el 30 de agosto hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive; y del 20 de agosto al 30 de septiembre para la caza de la paloma torcaz y tórtola.

La sentencia obliga definitivamente a cambiar las órdenes de veda de Castilla-La Mancha en el sentido fijado y supone un importante precedente para evitar las persistentes malas prácticas cinegéticas, las cuales dañan severamente las poblaciones reproductoras de especies que, a juicio de Ecologistas en Acción, debieran considerarse amenazadas, como la perdiz roja silvestre, la tórtola europea y la codorniz.

A juicio de Jaime Doreste Hernández, letrado de Magerit Abogados, despacho encargado del recurso desde su inicio, “esta sentencia tiene una clara repercusión a escala regional, pero también estatal, ya que el resto de Comunidades Autónomas deberá tomar buena nota de ella y adaptar la regulación relativa a los periodos hábiles de caza en el sentido que apunta el TSJ y ratifica el Supremo. El objetivo es garantizar el respeto a los principios de una utilización razonable y una regulación ecológicamente equilibrada de las especies de aves objeto de aprovechamiento cinegético. Se trata de que no se solapen en ningún caso con el periodo de celo, reproducción y cría de las especies sobre las que se practica la caza, a fin de posibilitar su renovación y la conservación de sus poblaciones”.

Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Comunidades el inmediato e íntegro cumplimiento de la sentencia, ya que hasta ahora sólo había modificado la fecha de la media veda de la tórtola. Además, entiende que ha de modificarse en este sentido la ley de caza de 2015, actualmente en proceso de reforma. Dicha ley contempla toda una serie de prácticas abusivas que, de no eliminarse, abocarían a nuevas denuncias.

La organización, no obstante, sigue apostando por una línea de diálogo y negociación, si bien, para que fructifique, considera necesario que, desde la Junta, se rompa de una vez con la línea continuista del modelo de caza comercial e intensiva bajo el que se redactó la nefasta ley castellano-manchega aún en vigor.

Vertidos de un polígono industrial de Toledo hacen peligrar una especie única en Madrid

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ontigolavertidoLa única población de taray de Bové en la Comunidad de Madrid agoniza. Un vertido procedente del polígono industrial de Ontígola (Toledo) ha secado numerosos pies de este árbol. Además, el detraimiento de caudales que son bombeados para no inundar un túnel de la vía del AVE Madrid-Toledo, está provocando que los rodales de taray de Bové se queden sin el aporte de aguas salobres que necesita la especie. Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo instan a la Confederación del Tajo a que ponga fin a estos vertidos y las administraciones madrileñas y castellano-manchegas protejan este enclave y establezcan medidas de conservación que den viabilidad a la especie. 

Los vertidos generados por el polígono industrial de Ontígola, escasamente o nada depurados, están generando un aumento de la concentración de contaminantes que los ejemplares de taray de Bové (Tamarix boveana) no pueden soportar. Es posible observar cómo numerosos pies de la especie muestran un aspecto completamente seco. Miembros del colectivo ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) alertaron de esta situación a agentes forestales de la Comunidad de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid, quienes levantaron acta de lo ocurrido.

Pero no solo la carga contaminante supone un peligro para esta comunidad forestal. Hay que añadir que los aportes de aguas salobres (necesarios para la especie) están disminuyendo desde hace tiempo. Las obras de la linea de alta velocidad pincharon el nivel freático generando filtraciones en uno de sus túneles. La solución adoptada por los ingenieros de la obra fue la de bombear las aguas del subsuelo (salobres) hasta el cercano Salobral de Ocaña. Esto ha provocado que  la concentración en sales en el agua sea menor. Si a esto le sumamos el vertido de aguas contaminadas y con poca salinidad y dulces, la situación es sumamente complicada para la supervivencia de los tarayes de Bové. De hecho, además de los pies secos, es patente el mal estado de los rodales supervivientes, con abundantes ramas puntisecas.

Preocupados por la situación, docentes de la Universidad de Castilla-La Mancha se han puesto  en contacto con responsables de las obras de los túneles de la alta velocidad para buscar una solución al problema generado. Parece haber una buena predisposición  para su resolución.

El arroyo de Las Salinas se encuentra en el término municipal de Aranjuez, cercano a la N-IV. Es la la única mancha forestal en la Comunidad de Madrid de este árbol abundante en zonas desérticas del Norte de África. El taray de Bové habita suelos salobres en climas de aridez acusada, por lo que en la cuenca del Tajo solo existen dos poblaciones, esta de Aranjuez y otra en Borox (Toledo). Debido a su rareza es una especie que está protegida en otras Comunidades Autónomas en las que es más abundante, como Cataluña, Aragón, Murcia o Islas Baleares, pero no en la Comunidad de Madrid ni en la de Castilla-La Mancha.

Los colectivos  ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo han alertado de esta situación crítica a las administraciones de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y a la Confederación Hidrográfica del Tajo. O se pone solución urgente a los vertidos y a la detracción de caudales salobres o esta importante comunidad arbórea desaparecerá. Asimismo, es necesaria la creación de un marco normativo que proteja esta especie en ambas comunidades autónomas y que asegure su viabilidad a medio plazo.

La caza intensiva atenta cada vez más contra la biodiversidad y el bienestar animal

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whatsapp-image-2016-11-10-at-09-50-09Ecologistas en Acción demanda a las comunidades autónomas la eliminación de la caza intensiva y de todas las malas prácticas asociadas a ella. 

En Castilla-La Mancha el problema es especialmente grave, pues abundan las zonas de caza intensiva y ésta van a aumentar, incluso en espacios protegidos, si termina de implantarse la figura del  cuartel de caza comercial derivada de la vigente ley de caza. En la región, los intensivos son responsables de casos muy grave de veneno y de muerte de especies protegidas y de que se usen los métodos más peligrosos de control de predadores, como los alares. Actualmente hay en Castilla-La Mancha del orden de 287 cotos intensivos o cuarteles de caza comercial, cuando en España había poco más de 600 en 2013. Pedimos a la Junta que retire esta figura de la ley de caza en el proceso de reforma en marcha.

La caza intensiva, basada en la suelta de animales criados en granjas, está creciendo exponencialmente en España en los últimos años. Muy particularmente en las comunidades autónomas del centro y sur peninsular, tales como Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

El crecimiento de este tipo de caza ha sido tan grande que ya se da muerte a más perdices rojas “de bote” o criadas en granjas que naturales. Según datos del último Anuario de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013, en España se cazaron 2.423.519 perdices en total, mientras que se soltaron del orden de 1.352.058, es decir, las sueltas equivalen al 55,7 % del total de ejemplares cazados. Asimismo se mataron más de 104.000 faisanes, todos procedentes de sueltas.

Esta caza, que cabría calificar de industrial, basada en la cría en granjas, sueltas y caza masiva de ejemplares, lleva aparejada un intenso manejo del acotado para garantizar que la alta inversión que implica todo el proceso se rentabiliza con los altos precios que están dispuestos a pagar los clientes que se acercan a ellos.

Operadores de turismo cinegético llegan a facturar del orden de 46 a 57 euros por perdiz cobrada, y se garantiza siempre un mínimo de capturas a cada partida de 3-8 cazadores que puede rondar las 500-600 perdices. Es decir, un grupo que ha contratado los servicios de uno de estos cotos intensivos está dispuesto a pagar cerca de 36.000 euros en un solo fin de semana.

La desproporción entre lo que se caza en las zonas intensivas y lo que se caza en el resto de espacios aumenta cuando se observa que las primeras ocupan el 1 % de la superficie total de zonas de caza en España y suponen un 2% del total de espacios acotados.

Sin embargo, su impacto en términos de daños a la biodiversidad y al bienestar animal se multiplica, ya que estos cotos actúan como sumideros de especies protegidas y no protegidas debido a las malas prácticas que los caracterizan,  producen un efecto contagio en la mala gestión del resto de cotos y, además, han forzado cambios normativos que los promueven a la par que reducen los controles ambientales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015, donde el lobby de los intensivos ha forzado un cambio a su favor sin precedentes introduciendo la figura del cuartel de caza comercial.

Las malas prácticas que se dan en la caza intensiva son numerosas, pero las más destacadas son las que tienen que ver con la utilización de medios legales e ilegales de control de predadores, tales como lazos, cajas-trampa o veneno; la caza masiva y el tiro al blanco que se ejerce sobre los animales de granja, que se matan por cientos cuando no por miles en una sola jornada de caza; y la dispersión brutal de plomo en el medio natural que provoca el uso de la munición.

Además, en los cotos intensivos se permite cazar fuera de la temporada general de caza, en época de reproducción o de paso migratorio, y se suelen realizar numerosas infraestructuras impactantes para darles servicio, tales como grandes caseríos y palacetes, una densa red de caminos y pistas, vallados que cercan la finca y hasta aeropuertos privados.

Ejemplos del perjuicio que provocan los cotos intensivos en la biodiversidad los hay numerosos y muy recientes. En el pasado verano el Seprona denunciaba a un coto intensivo de Moratalla, Murcia, por usar veneno y matar animales domésticos y silvestres.  Recientemente se ha conocido la sentencia que condena a un año y medio de prisión y 90.000 euros de indemnización al titular de las fincas La Nava y Barranco de la Gomera, al sur de Ciudad Real, por la muerte de la lince “Grazalema” en una caja-trampa para capturar predadores. En septiembre pasado se denunciaba al coto Mata del Moral en la provincia de León por la muerte masiva de especies protegidas. Un conocido coto intensivo toledano, Mochares, con dos precedentes de uso de veneno, ha sido sancionado a principios de 2016 con un año de suspensión de la caza tras aparecer 10 rapaces, entre ellas 5 milanos reales especie en peligro de extinción, y 16 cebos envenenados.

Pero lo malo no son sólo las actuaciones ilegales, también las legales son más que peligrosas. Uno de los linces del programa de reintroducción en Castilla-La Mancha, Llera, cayó en mayo de 2015 en un lazo en alar autorizado y pudo ser liberado gracias a que portaba radiotransmisor. En estos alares que permiten las comunidades autónomas amparándose en una inaudita homologación realizada por el MAGRAMA se llegan a instalar 240 lazos por cada 500 hectáreas de terreno, una tupida red de trampas de la que difícilmente escapará predador alguno. El alar ha sido una demanda de los cotos intensivos y de otros grandes cotos que no entienden la caza sin perseguir a lo que ellos llaman “alimañas”.

Los daños de los intensivos en la biodiversidad están acreditados por numerosos estudios. Una revisión de especialistas del CSIC sobre los efectos de la caza menor publicada en la revista Ecosistemas (número 22, mayo-agosto, 2013) concluía sobre ellos que “las sueltas de perdices de granja u otras características de los cotos intensivos podrían estar afectando negativamente a dos grupos de aves protegidas”, las rapaces y las esteparias.  Y considera que “además de sus efectos en las poblaciones nativas de las especies en cuestión, las sueltas pueden tener efectos negativos en la fauna no cinegética, ya que pueden favorecer la introducción de parásitos nuevos en el medio, que podrían afectar negativamente a otras especies presentes en los mismos ecosistemas”.

A pesar de las evidencias, las administraciones no solo se muestran reacias a prohibir la caza intensiva, sino que cada día la fomentan más, con normativas cada vez más permisivas y con una ausencia de vigilancia flagrante. La presión del lobby que maneja este negocio es tal que llegar incluso a acallar las voces de otros sectores cinegéticos que dicen sentirse perjudicados por este tipo de caza, a la que acusan de haber acabado con la perdiz autóctona.

La caza intensiva que se ejerce en los cotos intensivos, en los cuarteles de caza comercial o en los llamados escenarios de caza no puede permitirse de ninguna manera, y es hora de que las administraciones responsables la prohíban de una vez por todas. Solo una débil justificación economicista que beneficia a unos pocos hace que se mantenga una práctica dañina y perjudicial en todos los sentidos.