Muerte

Envenenamiento de fauna protegida: una amenaza de primera magnitud para la biodiversidad

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informevenenoecologistasEcologistas en Acción ha elaborado el informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’. El documento pone de manifiesto que el uso de veneno en España sigue estando muy extendido y que las administraciones no están siendo eficaces para atajar un problema que está poniendo en jaque a muchas especies. El número de casos graves registrados se mantiene en una ratio similar a la del informe precedente, hecho para el periodo 2006-2009, pero se han contabilizado un 80% más de animales afectados.

Castilla-La Mancha con un 20% de los casos y más de 117 ejemplares envenenados encabeza junto a Castilla y León la lista de comunidades donde más daño hace el veneno. Toledo la provincia con más casos, junto con Badajoz. La caza responsable de 7 de los 8 casos de envenenamiento grave registrados en Castilla-La Mancha. Milanos reales, águilas imperiales, reales y perdiceras, las especies protegidas más afectadas. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural está falta de medios y de resolución para atajar esta grave problema. El caso más reciente, de noviembre de 2015 en Arcicollar (Toledo) produjo la muerte de 21 animales, entre ellos 6 milanos reales y en el coto se sigue cazando como si no hubiera pasado nada.

En los 54 casos graves de envenenamiento de fauna estudiados a nivel de todo el estado español en el informe se ha confirmado la muerte de más de 900 ejemplares de diferentes especies, muchas de las cuales se encuentran protegidas por nuestra legislación. Entre las especies en peligro más afectadas por el veneno cabe destacar el milano real y el lobo ibérico, aunque siguen siendo numerosos los casos que afectan al águila imperial, el buitre negro y el buitre leonado, y especialmente dañinos los que afectan a especies tan escasas como el quebrantahuesos, el alimoche, la águila perdicera y el lince ibérico.

A pesar de su ilegalidad, el veneno se sigue empleando extensamente para matar animales predadores con fines cinéticos (en un 48,1% de los casos) y ganaderos (en un 31,5% de los casos). También, bajo un discutido amparo legal, se usa para tratar presuntas plagas agrícolas como la de topillo campesino en Castilla y León.

Si comparamos los datos obtenidos en 2006-2009 con los de 2010-2015, vemos que varias comunidades autónomas siguen acumulando buena parte de los casos, como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Por el contrario, en comunidades como Andalucía, Canarias o Aragón se han registrado menos casos graves.

Los agentes tóxicos más habituales siguen siendo fitosanitarios como el aldicarb (en un 18,5% de los casos en el presente informe, mientras que en el de 2006-2009 alcanzó el 19,5%) y carbofurano (18,5% en 2010-2015 frente al 17% en 2006-2009), si bien ha descendido el empleo de cócteles de varias sustancias (en los que habitualmente figuran las mencionadas con anterioridad), pasando del 19,5% en 2006-2009 al 7,4% en el último informe.

Desde el punto de vista numérico, los casos más graves se han detectado en Navarra y en Castilla-La Mancha, aunque no hay que olvidar la mortalidad asociada al uso a gran escala de bromadiolona en Castilla y León, con numerosos episodios de envenenamiento de diferentes especies que aparecen frecuentemente como casos dispersos en las estadísticas.

Resulta evidente, por tanto, que el empleo de venenos como método letal e indiscriminado de control de fauna causa efectos devastadores sobre muchas especies sensibles y constituye un riesgo cierto para su supervivencia. Datos oficiales ponen de relevancia que apenas se localiza uno de cada diez casos de uso de veneno.

En el tiempo transcurrido desde el anterior informe la situación ha variado en algunas comunidades autónomas. Es de destacar el esfuerzo acometido por administraciones como la andaluza y los pasos dados en materia de imposición de sanciones, cierre de cotos y aprobación de planes autonómicos contra el veneno en algunas otras. No obstante el posicionamiento de la mayoría de las administraciones autonómicas frente al problema del veneno sigue siendo excesivamente tibio y resulta manifiestamente mejorable.

Ecologistas en Acción cree necesario incrementar los medios de vigilancia y sanción del uso del veneno. Hacen falta más agentes medioambientales y unas fiscalías implicadas. Y que todo caso de veneno, además de la correspondiente sanción penal o administrativa, conlleve la suspensión automática del coto o de la explotación agraria afectada hasta que se recupere el daño causado a las especies.

Informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’ completo en: http://www.ecologistasenaccion.org/article33690.html

CAZA: EL PEOR BALANCE AMBIENTAL DE LA MEDIA VEDA EN AÑOS

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Ecologistas en Acción ha registrado a lo largo de la media veda, cuyo periodo hábil acaba de terminar en la mayor parte de las comunidades autónomas, numerosas incidencias e irregularidades que afectan negativamente a las especies cinegéticas y a las no cinegéticas, objeto de esta controvertida temporada especial de caza.

Estas prácticas, a veces fraudulentas, otras veces simplemente delictivas, están extendidas por todo el Estado español, pero se concentran más en regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Navarra o Aragón.

Es en estas áreas donde se concentra buena parte la actividad cinegética en torno a la caza de la tórtola europea o común, la codorniz y la paloma torcaz, que son las especies objetivo de la media veda y que suelen ser abatidas desde puestos de caza durante el paso migratorio postnupcial.

Más allá de la controversia no resuelta de que este periodo no se ajusta a la prohibición de cazar en época de cría, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha en favor de las demandas de Ecologistas en Acción (y motivo por el cual hay interpuestos recursos contencioso-administrativos en Madrid, Castilla y León o Navarra), la media veda es una época en la que las tropelías en materia cinegética son cada día de mayor impacto.

Un simple rastreo por los anuncios en internet, por las revistas de caza, por los programas en radio y televisión y por los cotos de caza, permite detectar numerosas situaciones denunciables sobre las que la inacción de las comunidades autónomas, responsables de la gestión cinegética, ha creado un clima de impunidad.

Entre las situaciones detectadas por Ecologistas en Acción, destacamos algunas de las más graves.

Disparos a especies protegidas

La media veda sigue dando lugar al disparo, accidental o intencionado, sobre especies protegidas, hasta el punto de que por esta causa se produce un incremento de entradas en los centros de recuperación, a pesar de que cada día es más difícil encontrar animales heridos o muertos porque cazadores y guardas los esconden.

En 2016 ha sido llamativa la entrada de rapaces heridas en los centros de recuperación. Entre las especies afectadas por los disparos encontramos sobre todo rapaces medianas y pequeñas, pero también grandes águilas y búhos. Un ejemplo reciente y dramático es el caso del halcón peregrino. SEO/BirdLife denunciaba hace unos días la baja de uno de los especímenes marcados en el programa de seguimiento de la población de esta especie en Madrid. Se recogía herido por un tiro, con pocas probabilidades de recuperación, en un coto de caza de Viso de San Juan. Es el tercer ejemplar abatido en Toledo en cuatro años y, según SEO/BirdLife, solo se localizan el 10% de los que mueren por esta causa.

En el centro de atención a la fauna silvestre que la asociación AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) mantiene en Villafranca de los Barros (Badajoz), solo en la primera semana de la media veda entraron con disparo un búho real, un águila calzada y un aguilucho lagunero.

Cebaderos fraudulentos en la caza de la tórtola

Un práctica cada día más extendida para intentar garantizar que los clientes de las cacerías de esta especie cacen el máximo de tórtolas es la de establecer cebaderos para atraer a las aves y cazarlas a la entrada o salida del mismo. Las leyes autonómicas suelen permitir mejoras de los hábitats de alimentación, como siembras, pero no el cebado de zonas concretas para atraer la caza. Se considera una práctica fraudulenta, pues permite cazar más de la cuenta y dejar en desventaja a los cotos que no utilizan estas prácticas. Ecologistas en Acción ha localizado varios cotos en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, Extremadura y el norte de Andalucía donde se realiza esta práctica. Además, se publicita abiertamente sin que nadie actúe para impedirlo.

La tórtola es una especie en declive, su población en Europa se ha reducido un 70% entre los años 80 y 2014, y en España un 30% desde 1996. El sector cinegético, para evitar que deje de cazarse, acusa a los pesticidas y a la situación en sus zonas de invernada en África para explicar el descenso.

Pocas codornices y se sigue cazando

Siempre se ha oído que el sector de la caza se autogestiona. Sin embargo, como se puede comprobar en el caso de la codorniz, eso no ocurre. Este año, los propios cazadores en Castilla y León o Extremadura, avisaron en los primeros días de la temporada de las escasas capturas de esta especie. Pero la temporada, en lugar de suspenderse, se ha mantenido abierta, por lo que la presión cinegética se ha mantenido sobre unas poblaciones cada vez más exiguas.

El daño se añade a los de temporadas anteriores, en las que, salvo casos muy puntuales, la codorniz ha ido en descenso, llegando a una situación tan preocupante como la de la tórtola europea. Se dan cifras de un descenso cercano al 30% entre 2002 y 2012.

Para compensar la falta de codornices, algunos cotos recurren a soltar ejemplares de granja, lo que agrava el problema poblacional. Se imposibilita un buen control de la práctica cinegética y se favorece competencia e hibridajes entre las codornices naturales y las de granja. Además, estas sueltas suelen ir acompañadas de prácticas de control de predadores muy dañinas para la biodiversidad.

Se permiten modalidades anómalas

Las especies tradicionales de la media veda están en declive. De un tiempo a esta parte, las comunidades autónomas han ido permitiendo otras modalidades que habitualmente se practican en otras fechas. Por ejemplo, cada vez es más habitual que se permita el conejo en media veda o los aguardos de jabalí. También, cada vez más, se permite la caza del zorro, sea al salto o desde puesto fijo.  Disfrazados, según corresponda como descastes y como falsos controles por daños, se permite cazar especies que ya tienen sus propias épocas de caza. Lo curioso es que estas modalidades se comercializan, por lo que en lugar de contribuir al control de poblaciones para evitar perjuicios a la agricultura contribuyen a su incremento. Es un negocio y nadie va a terminar con la abundancia de unos animales que generan cuantiosos ingresos. Por ello, también se han detectado comederos de jabalís que fomentan y atraen a esta población y que, en lugar de controlar las hembras para evitar que críen, se abate solo a los machos porque lo que interesa es el trofeo.

No se planifican servicios de vigilancia

Aparte de la mala gestión cinegética y el sentido economicista y sobreexplotador que dirige buena parte de la caza, el que la media veda se haya convertido en una época tan nefasta se debe a la ausencia de voluntad de las Direcciones Provinciales de Agricultura para atajarlo. En provincias como Toledo y Ciudad Real no se asignan servicios a los agentes medioambientales para controlar y denunciar a los infractores. Y así hay un clima de impunidad ante la desidia de los Directores Provinciales y de los técnicos encargados de la gestión cinegética.

Ecologistas en Acción siempre ha tenido claro que la media veda es una época perniciosa para especies en declive como la tórtola y la codorniz y para especies protegidas que son perseguidas por cazadores y guardas desalmados. Pero ahora tiene claro también que el desorden que se ha impuesto tiene una causa estructural que debe atajarse, la falta de concienciación y de voluntad de aquellos que desde la Consejería tienen que velar por el cumplimiento de las leyes.