Peligro

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

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LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DEBE RETIRAR EL BORRADOR DE NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES QUE DESPROTEGE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA

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Electromagnetic-Radiation-1Ecologistas en Acción apoya la concentración que se realizará este próximo  domingo  día  24  de  junio, a  partir  de  las 12:15, en  la  Plaza  del  Pan  de  Talavera  de  la  Reina (Toledo) contra  la  imposición  del  despliegue  de  la  tecnología  5G  sin  haberse  realizado  ninguna  evaluación  del  impacto  en  la  salud.

Desde Ecologistas en Acción vemos con gran preocupación la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de sustituir la vigente ley regional de radiocomunicaciones 8/2001, que ha sido hasta ahora un modelo adelantado en España de regulación de las instalaciones de telefonía móvil al partir del principio básico de proteger la salud frente al efecto dañino de la contaminación electromagnética que producen las antenas de telefonía móvil y otras.

Hace dos semanas la Consejería de Fomento sometió a consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente un nuevo texto legal en la materia en el que la carencia más llamativa resultó ser la retirada como objetivo de la ley el de la protección de la salud. Precisamente el punto número uno de la ley en vigor desde 2001. De resultas de ello se desprende que el Gobierno regional quiere anular los criterios de protección que frente a la contaminación electromagnética salvaguardan en la actualidad a la población en general y, singularmente a los colectivos más sensibles, como son los menores, enfermos y mayores de edad.

En la actualidad hay vigentes unos niveles de protección que obligan a mantener unas distancias entre antenas y zonas habitadas, que se vuelven más exigentes en relación a centros educativos, hospitales y asistenciales.

La vigente ley está en perfecta sintonía con  la Resolución 1815 del Parlamento y Consejo de Europa, que establece niveles más restrictivos para la protección de la salud de la población expuesta a la radiación electromagnética, siguiendo lo que aconsejan las investigaciones científicas más recientes, muchas de las cuales ya han constatado los efectos biológicos, y no sólo térmicos, sobre el organismo humano, que van desde alteraciones hormonales, cardiovasculares e inmunológicas hasta daños genéticos y cerebrales, con un riesgo mayor para la población más vulnerable como niños, embarazadas, enfermos y ancianos.

Para atajar esos posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos (CEM), se promulgó en 2001 la ley castellanomanchega, una de las más progresistas de Europa, que además ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, que desestimó en 2012 un recurso del gobierno central sobre una supuesta invasión de competencias y reforzando con la sentencia la legítima autonomía de aquélla en materia de salud.

Por todo ello, se hace inimaginable que el nuevo texto de la Consejería de Fomento pretenda borrar de un plumazo una ley proteccionista y avalada por el Tribunal Constitucional.

Así se puso de manifiesto en la reciente reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde los colectivos ambientales criticaron todos a una y duramente la propuesta sin encontrar respuesta en el representante de la Consejería de Fomento. De facto, y ante la falta de apoyos a la norma, se puede considerar que el informe del CAMA sobre la nueva ley se debe considerar totalmente negativo.

Curiosamente este cambio normativa se pretende llevar a efecto cuando se quiere instalar en Talavera de la Reina la red 5G dentro de una prueba estatal que también se hace en Segovia. Así , ambas ciudades y sus habitantes se van a convertir en conejillos de indias de una tecnología que ya avanza, por su mayor potencia, unos mayores riesgos de contaminación electromagnética.

Difícilmente se puede pensar que cambio normativo y prueba de 5G en Talavera de la Reina sean hechos que no están conectados.

Ecologistas en Acción reclama al Gobierno regional que no desproteja la salud de la ciudadanía de Castilla-La Mancha frente a la contaminación electromagnética y retire el borrador de la ley de instalaciones de telecomunicación.

Asimismo, la asociación se une a la concentración que se realizará este próximo  domingo  día  24  de  junio, a  partir  de  las 12:15, en  la  Plaza  del  Pan  de  Talavera  de  la  Reina (Toledo) contra  la  imposición  del  despliegue  de  la  tecnología  5G  sin  haberse  realizado  ninguna  evaluación  del  impacto  en  la  salud.

Riesgos graves para la seguridad de las personas y para el medio ambiente en el Monumento Natural de Las Barrancas

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Inicio de la nueva senda en el Monumento Natural. Muy peligrosa y dañando zonas sensibles del espacio protegido.

Demandamos de la Consejería el urgente cierre de los senderos abiertos en zonas de peligro y la sustitución de las barandillas deterioradas para evitar accidentes que tengamos que lamentar.

Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado ante el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que distintas zonas del Monumento Natural de Las Barrancas no reúnen las condiciones mínimas de seguridad exigibles para que puedan ser visitables por parte de los miles de personas que cada fin de semana se acercan a disfrutar de este espacio protegido de la provincia de Toledo.

Se da el agravante que las circunstancias de peligro han ido a más a causa de distintas actuaciones que han llevado a cabo de forma imprudente tanto la Dirección Provincial de Agricultura de Toledo como el ayuntamiento de Burujón.

El caso de la Dirección Provincial es el más grave ya que es quien debiera velar por la protección del espacio y el ordenado uso público del mismo, y, sin embargo, es quien está poniendo en peligro la seguridad de las personas y la protección de las especies que lo habitan.

En una reciente remoción de la cartelería y las zonas de uso público, la Dirección Provincial ha abierto un nuevo sendero que saca a los visitantes de la ruta acondicionada para visitar el Monumento, esto es, de la senda ecológica. El nuevo sendero abierto por la Dirección Provincial dirige a los viandantes a una zona muy peligrosa por discurrir por el borde de los cortados, con desniveles que superan en muchos puntos los 50 metros, y que no dispone ni de protecciones ni de balizas. En este nuevo sendero hay además numerosas grietas y se pueden producir derrumbes, por lo que el riesgo de accidentes es altísimo.

Además, el sendero en realidad no es tal, es una trocha provocada por el paso de cazadores y algún visitante osado sobre terrenos de particulares y del ayuntamiento, y no reúne por tanto los requisitos más elementales ni siquiera para ser sendero homologado.

El paso de personas por este sendero nuevo está ocasionando además erosión y daños en el paisaje, así como en los hábitats del Monumento Natural, ya que transcurre por zonas abruptas y de cría de especies protegidas. De hecho, desde hace años esta zona quedó fuera del diseño de rutas por el Monumento ya que es de gran sensibilidad ambiental.

Otros puntos de gran riesgo para los visitantes son las barandillas de la senda ecológica. Éstas parece ser que no reúnen las condiciones para ese fin y, tras la reciente muerte de una persona en el Parque Natural del río Mundo al vencerse una barandilla, se han instalado unos carteles avisando de que no son aptas para apoyarse. Sin embargo, estas barandillas inadecuadas llevan años instaladas y, ahora, a pesar de los carteles, siguen siendo peligrosas y debieran sustituirse por otras que sean seguras.

Ecologistas en Acción no sale de su asombro ante las desatenciones y mala gestión que recibe el Monumento Natural, el espacio más emblemático de la provincia de Toledo y el que más visitantes recibe, sobre todo después de que en los últimos años haya sido escenario de numerosas filmaciones de todo tipo.

A los problemas de seguridad para los visitantes y de protección de la naturaleza, al espacio se le suman las obras ilegales, la presencia masiva de coches en días de afluencia y una falta clamorosa de vigilancia y control de la que son causantes el ayuntamiento y la Dirección Provincial de Agricultura de Toledo.

Estas dos administraciones han desatendido una y otra vez las peticiones de Ecologistas en Acción de hacer un ordenado uso del Monumento, que debe ser gestionado como se merece. Pero ante su falta de respuesta hemos tenido que denunciar los hechos a instancias superiores como es la Consejería.

La asociación reclama al Consejero de cara a la eventual llegada masiva de visitantes para el puente que se avecina que se clausure el nuevo sendero, se retire la cartelería que lo indica, que se ponga vigilancia y que se ordenen las visitas y el aparcamiento de vehículos.

De ocurrir algo que nadie desea, la asociación hará responsables a las administraciones por no actuar con la prudencia y la diligencia exigibles en un caso tan grave como éste, en el que se pone en riesgo la seguridad de las personas que acuden al Monumento Natural y el propio espacio protegido.

Acceso libre a fotos y videos del estado del Monumento Natural:

https://photos.app.goo.gl/0GhmhyjTPZblVFID2

https://youtu.be/-icy4Rwv5Rw

NOTICIAS RELACIONADAS CON ACCIDENTES EN ESPACIOS PROTEGIDOS

Parque Natural del río Mundo https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/fallece-un-hombre-al-caer-por-barranco-en-el-nacimiento-del-rio-mundo/10004-3569510

Monumento Natural de la playa de las Catedrales

http://www.farodevigo.es/sucesos/2018/03/30/catedratico-usc-accidente-joven-fallecida/1864392.html

La mala gestión de la sequía sitúa al borde del colapso a los humedales

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Embalse del Torcón (Toledo) Imagen de encastillalamancha.es

Afecta en especial a los humedales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Ecologistas en Acción considera que la elaboración de los planes de sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debe incluir medidas de protección de los caudales ambientales y control de las extracción para paliar los efectos de la sequía y evitar que la sobreexplotación del agua afecte al estado de conservación de las zonas húmedas. 

La sequía es un fenómeno habitual y, por efecto del cambio climático, de magnitud creciente. Sus efectos son conocidos y predecibles, pero se agravan sobremanera cuando la mala gestión y la improvisación se impone a la protección de los recursos naturales. 2017 ha sido un año muy seco, ha llovido un 29 % por debajo de la media de los 30 años anteriores. También la temperatura media de la última década es 0,9 grados superior a la de ese periodo. Bajo estas condiciones, el agua disponible en los ríos y acuíferos se ha reducido un 20 % en 25 años.

El actual período de sequía, que no ha cesado, está provocando que una gran parte de los humedales se hayan secado o hayan permanecido con muy bajos niveles de agua y más vulnerables a la contaminación. Humedales protegidos como Doñana, la Mancha Húmeda y Daimiel, la Albufera de Valencia, el Mar Menor o la laguna de Gallocanta se han encontrado bajo mínimos, y algunos están al borde del colapso. Los efectos son particularmente más graves en los humedales de menor entidad, a los que además tradicionalmente se les presta menor atención. Es el caso de los arroyos y manantiales, y el de los criptohumedales y las lagunas de menor entidad. En extensas áreas del interior peninsular solo tienen niveles de agua para sobrevivir aquellas zonas que reciben caudales de plantas depuradoras o fugas y retornos de las redes de transporte, aunque esto puede implicar modificaciones importantes en la calidad del agua.

Las zonas húmedas de gran tamaño se ven afectadas. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel solo dispone de 500 hectáreas encharcadas de las 1850 de las que dispone de lámina teórica de agua. Los humedales colindantes de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete están en su mayor parte secos o bajo mínimos. También es grave la situación en la que se encuentra la laguna de Gallocanta, la mayor zona húmeda salina de Europa. O la del Mar Menor, que tiene unos niveles de contaminación inasumibles.

Ecologistas en Acción considera que la gestión de la sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de las confederaciones hidrográficas ha contribuido de forma decisiva a agravar sus efectos y a poner en riesgo el estado de conservación de los humedales e incluso la atención a los abastecimientos urbanos.

Por ello, la organización ecologista considera que, de forma inmediata y también de cara a la incorporación de medidas en los planes de sequía actualmente en tramitación, se deben incorporar las siguientes salvaguardas:

  • Elaboración y dotación de un plan de emergencia para la protección y la atención de las necesidades hídricas de los humedales y de los regímenes de caudales ambientales que se vean afectados por la sobrexplotación y especialmente en situaciones de sequía.
  • Blindaje de la atención prioritaria de los caudales ambientales y de los abastecimientos urbanos sobre cualquier otro uso.
  • Toma de medidas preventivas y correctoras de reducción de la extensión de regadío y de las dotaciones al mismo como responsable de más del 93 % del consumo del agua en España.
  • Replanteamiento de la reutilización para riego de las aguas depuradas, ya que es muy necesario su aportación al cauce en situaciones de sequía.
  • Analizar a nivel de masa de agua, y no solo del conjunto de la demarcación, los problemas de sequía y las medidas a adoptar, con especial atención a las situaciones en las cabeceras de las cuencas.

Pedimos restricciones temporales del tráfico en todas las zonas urbanas de Castilla-La Mancha. Guadalajara, Talavera de la Reina y Puertollano entre las ciudades más afectadas por la contaminación.

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Con el anticiclón que lleva una semana instalado sobre la Península Ibérica, el intenso tráfico motorizado que soportan las principales áreas metropolitanas españolas ha provocado que se disparen los niveles de dióxido de nitrógeno y partículas en el aire urbano, sin que la mayor parte de las autoridades estén adoptando medidas para proteger la salud de la población.

Así, en distintas ciudades españolas, como Guadalajara, se ha superado al igual que en Madrid el valor límite horario de dióxido de nitrógeno, establecido por la normativa en 200 microgramos por metro cúbico.

Más preocupante es la situación de las partículas inferiores a 10 micras de diámetro (PM10), contaminante más peligroso cuyo valor límite diario, establecido en 50 microgramos por metro cúbico, se ha superado hasta ayer de forma recurrente en Puertollano y Talavera de la Reina, entre otras.

Este episodio de elevada contaminación se está produciendo, a diferencia de otras ocasiones, en ausencia de intrusión de polvo procedente del norte de África, por lo que los altos niveles de partículas registrados en las grandes ciudades tienen su origen en fuentes urbanas propias. A pesar de ello no se están produciendo en Castilla-La Mancha ni los adecuados avisos a la población ni la adopción de medidas de prevención.

De hecho, todavía en 2017 la mayor parte de las áreas metropolitanas españolas, entre ellas las castellano-manchegas carecen de protocolos de protección de la salud frente a la contaminación.

Por ello, y ante la persistencia del anticiclón en el inicio de la semana, Ecologistas en Acción pide que se extiendan a todas las áreas urbanas afectadas las medidas de reducción del tráfico motorizado adoptadas ya por los ayuntamientos de Madrid y Valladolid, advirtiendo a los sectores más sensibles a la contaminación atmosférica, como son la infancia, la tercera edad, las mujeres gestantes o las personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, de que se protejan evitando la exposición al aire libre a la caída de la tarde, cuando la contaminación es más alta.

Asimismo, insta a los ayuntamientos de las ciudades grandes y medias y a las comunidades autónomas con áreas metropolitanas en su territorio a que redacten planes de acción a corto plazo que permitan adoptar las medidas de lucha contra la contaminación necesarias frente a episodios de mala calidad del aire como el que venimos sufriendo en los últimos días.

La contaminación atmosférica es responsable de hasta 30.000 fallecimientos prematuros anuales en España, 23.000 por inhalación de partículas y 7.000 causados por el dióxido de nitrógeno, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata, por ello, de un importante problema ambiental y sanitario, agravado por el cambio climático global, que está reduciendo las precipitaciones e incrementa las situaciones meteorológicas estables favorables a la acumulación de la contaminación atmosférica.

Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

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  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.

Caza del corzo y del jabalí: peligro de disparo para vecinos, paseantes y turistas de naturaleza

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Lo acontecido en Navahermosa (Toledo) lleva a Ecologistas en Acción a reclamar al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que no mire a otro lado y prohíba las modalidades peligrosas y fuera de la temporada general de caza.

No dejan de sorprendernos las noticias que vinculan la caza a limitaciones al uso público de nuestros montes y espacios naturales. El último caso conocido resulta muy significativo de lo que está pasando en Castilla-La Mancha debido a una ley de caza muy permisiva con los cazadores y una orden de vedas que permitiría cazar aún más fuera de temporada.

La alcaldesa de Navahermosa (Toledo) ha emitido un bando en el que recomienda a senderistas y ciclistas abstenerse de usar las rutas de senderismo en los días y horas en los que se practica la caza del corzo. En concreto en los fines de semana desde el 1 de abril al 31 de  julio y especialmente entre las 6 y las 10 de la mañana y a partir de las 18.00 horas. Es decir, en las horas y días cuando es posible y más agradable pasear por el campo.

Justifica esta medida por el peligro que puede suponer a los usuarios de estos caminos el hecho de que se esté cazando con “rifles y demás armas”. En total son 8 las rutas oficiales afectadas y que abarcan buena parte del término municipal.

Con esta medida el ayuntamiento de Navahermosa antepone el uso privado de los montes a través de una actividad como la caza, aun reconociendo que pone en peligro la seguridad de las personas. Y margina el derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente a través de una red de caminos y senderos públicos.

No puede ser más aberrante la forma de resolver este tema por parte del ayuntamiento. Ecologistas en Acción recuerda a la alcaldesa y al equipo de Gobierno que es la caza la que debe adaptarse a las condiciones de uso público del monte y no al revés. Siendo el caso, además, que una limitación como la propuesta sin duda retraerá en fechas tan señaladas de la primavera y del verano a los visitantes de este municipio y, en suma, a realizar actividades recreativas y de turismo de naturaleza que tanto interés suscitan en la actualidad.

¿Se imagina alguien qué cara se le quedará al visitante del pueblo cuando en la oficina de turismo le digan que si quiere pasear ha de hacerlo en las horas de más calor? ¿O que no podrá disfrutar de amaneceres ni atardeceres ni de noches estrelladas por si le pegan un tiro?

Ecologistas en Acción insta al ayuntamiento de Navahermosa a retirar el bando municipal y a retirar la caza del corzo como una de las modalidades a practicar en los montes de la localidad. Recuerda que el corzo se puede cazar en otras épocas del año no tan peligrosas y que, además, en breve se sumará el peligro de que también se autorice la caza del jabalí en estas fechas.

Ecologistas en Acción considera que éste no es un caso aislado y que, en todo caso, pone de relieve el peligro de determinadas prácticas cinegéticas y su negativo impacto económico.

Ecologistas en Acción denuncia que esto está pasando y cada vez con más descaro porque el Gobierno regional, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no está sabiendo controlar la caza y está impulsando normativas, como la orden de vedas en tramitación, que permiten cazar cada vez más en primavera y verano, sin dar un descanso al campo e impactando negativamente en las actividades en el medio rural.

Por ello, reclama del Consejero que paralice este tipo de prácticas o, de otra forma, se hará responsable del impacto negativo de las mismas y, en su caso, de los accidentes que puedan ocurrir. Próximamente Ecologistas en Acción remitirá sus alegaciones a la orden de vedas y hará hincapié en estos aspectos confiando en que el Consejero será receptivo a las mismas.