PLAN
El TSJ de Castilla-La Mancha nos comunica la sentencia que anula el Plan de Ordenación Municipal de Toledo.
Como era de esperar tras los últimos pasos judiciales habidos en relación con los recursos contra el POM de Toledo, el TSJ de Castilla-La Mancha ha vuelto a decretar la nulidad del mismo, por lo que, a falta de ver si se recurre la misma, el documento aprobado en 2007 dejaría de estar en vigor y carecería de valor jurídico.
Más en concreto, la sentencia 91/2017 respecto del procedimiento contencioso administrativo nº 522/07 incoado contra la Junta de Castilla-La Mancha a instancias de Ecologistas en Acción de Toledo señala en su fallo lo siguiente:
“Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por ACMADEN [Ecologistas en Acción de Toledo] contra la Orden de 26 de marzo de 2007 de la Consejería de Vivienda y Urbanismo por la que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que se declara contrario a derecho y se anula, acordando la retroacción de actuaciones de tramitación hasta la fase de nueva información pública.”
El TSJ da plenamente la razón a Ecologistas en Acción en su demanda y vuelve a recordar las modificaciones sustanciales introducidas en el POM sin que se sometieran a escrutinio público. Lo que sin duda pone de manifiesto las maniobras que el ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha urdieron para aprobar un plan insostenible, dañino para el medio ambiente, para la ciudad y los ciudadanos.
Recordemos algunas cifras que al respecto cita la sentencia. El número de viviendas proyectadas en el documento sometido al público en 2005 era un total de 37.082, mientras que en 2007 el número de viviendas aprobadas en el POM es de 49.258. La superficie construida total pasaba de 7.297.046 m2 a 11.186.076 m2. La superficie construida industrial sumaba 807.372 m2 en 2005, pero se aprobaban un total de 2.776.163 m2.
En relación con el abastecimiento de agua potable en suelo urbanizable, pasaba de una demanda bruta de agua para garantizar el abastecimiento de Toledo de 27,80 hm3 anuales a un consumo global en el pleno desarrollo del POM levemente por debajo de los 39 Hm3 al año. Y en cuanto a demanda energética se pasaba de los 222 MVA, a los 373,59 MVA.
Ecologistas en Acción reclama al ayuntamiento y a la Junta que dejen de alargar los procesos judiciales, pues no hacen otra cosa que mantener la situación de inseguridad jurídica en la que vive el urbanismo en la ciudad. Sólo pueden seguir un camino sensato, que es el del replanteamiento del modelo de desarrollo masivo y especulador en el que se quiso embarcar al municipio, y la elaboración de un POM verdaderamente sostenible y respetuoso con el patrimonio natural y cultural de la ciudad.
En este sentido la asociación recuerda que proyectos como el proyecto del parque temático sacado a la luz en fechas recientes no parecen apuntar en la buena dirección y pueden tener los mismos problemas legales o más de los que ya tiene el POM.
Enlace para descarga de la sentencia original SENTENCIA PO 522 07 NOT 17-4-17
El nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha insuficiente y mal enfocado.
Ecologistas en Acción considera que el nuevo plan de residuos de Castilla-La Mancha recientemente aprobado no crea los suficientes mecanismos necesarios para evitar manejos ilegales e incendios como los de Seseña o Chiloeches y que sigue priorizando la incineración y el vertido frente a otros sistemas de gestión no contaminantes.
Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha manifiesta sentirse defraudada y frustrada ante la negativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a aceptar las mayor parte de las alegaciones que se le han presentado en el sentido de apostar de una vez por la reducción, la reutilización y el reciclado, en lugar de hacerlo por el vertido y por la llamada valorización que no es sino una simple incineración.
El escenario de los residuos en Castilla-La Mancha no puede ser más desalentador. Un alto porcentaje de residuos urbanos no gestionados que llenan los vertederos antes de tiempo, como ha ocurrido en el de Toledo. Unas bajas tasas de reciclado. Un descontrol evidente de los centros de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, de los residuos de construcción y demolición, de los lodos y de los neumáticos. Manga ancha para verter con la excusa de servir a la restauración en graveras, pozos y canteras. Una falta de control administrativo eficaz que ofrece el caldo de cultivo donde prosperan situaciones como las que han dado lugar a las catástrofes ambientales de Seseña y Chiloeches. Y todo ello aliñado además con la ausencia de protocolos de emergencias adaptados a estas catástrofes ambientales en las que ha primado la desinformación y el ocultamiento de los riesgos para la población y el medio ambiente.
El Plan desvirtúa los objetivos básicos de la Economía Circular, en los que decía inspirarse y así, cumpliéndose los peores augurios, el pasado día 29 de diciembre ha quedado aprobado un texto que tiene muy poco que ver con las medidas urgentes que exige el freno a la escalada imparable en la generación de residuos, que aseguren el avance únicamente de los tipos de gestión saludables para el medio ambiente y la salud y que eviten tanto la proliferación de vertidos y vertederos como el comercio ilegal pseudo-mafioso en auge.
El plan además facilita el subterfugio para seguir apostando por la incineración a través de los llamados “combustibles alternativos” o CDR (combustibles derivados de residuos). Este será que, por ejemplo, el destino de parte de los neumáticos de Seseña y de las 50.000 toneladas de hidrocarburos tóxicos de la laguna de Arganda. Restos que se quemarán en centros de trabajo y cementeras, respectivamente, sin que nadie pueda asegurar que con su combustión no se liberarán a la atmósfera las mismas sustancias tóxicas que se emitieron en el incendio.
Ecologistas en Acción, organización que representa a las asociaciones de defensa de medio ambiente en Consejo de Prevención y Reciclado de Residuos, fiel a los propósitos de la Economía Circular – prolongar el ciclo de utilidad de los residuos, ahorrar materiales y recursos y evitar emisiones contaminantes -, puso en sus sugerencias al borrador especial interés en mantener como eje rector del Plan el principio de jerarquía – prioridad absoluta de la reducción, la reutilización y el reciclaje (las tres R ) -, reclamando por ello la supresión del principio espurio de Gestión Integrada, que promueve la igualdad de rango de todos los tipos de gestión, en especial, de la incineración, que por sus efectos nocivos había sido colocada en penúltimo lugar, desvirtuando así la jerarquía en la gestión y haciéndola en la práctica inoperante.
Apostamos por los sistemas de SDDR (de depósito, devolución y retorno) en implantación en comunidades limítrofes como la valenciana. Por la instalación del contenedor de materia orgánica, por nuevos sistemas integrados de gestión. Por la sensibilización ambiental de los ciudadanos y de los agentes productores. Por la dotación de medios humanos que asegura la adecuada vigilancia y control en la gestión de los residuos.
Entre otras muchas cosas que no se han aceptado, sólo dos han parecido tener alguna respuesta por parte de la Consejería, el incremento de inspecciones, puesto en marcha ya con un programa recientemente aprobado. Y la imposición de tasas e impuestos al transporte y gestión que desincentiven el hecho de que hoy por hoy Castilla-La Mancha es una comunidad importadora de los peores residuos que se generan en España. Sin embargo ambas medidas tendrán dificultades en su aplicación, la primera por la falta de personal especializado, y la segunda porque requiere de modificaciones legislativas que no se sabe cuánto tardarán.
Las ONG ambientales alegan juntas al plan de gestión de las ZEPA de Ambientes Esteparios de Castilla-La Mancha
Las principales organizaciones de defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha, Ardeidas, Ecologistas en Acción, Esparvel, SEO/BirdLife, la Sociedad Albacetense de Ornitología y WWF, han unido fuerzas y han presentado un documento conjunto de alegaciones al Plan de Gestión de las 8 Zonas de Especial Protección de Aves de ambientes esteparios.
En este escrito se solicita a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que mejore notablemente el borrador del plan sometido a información pública. También exigen que no se deje influir por las injustificadas solicitudes de las organizaciones profesionales agrarias, ya que si se aceptan no se resolverá nunca el problema de seguridad jurídica que se mantiene sobre las ZEPA y hacen peligrar la consecución de 40 millones de euros de ayudas europeas que llegarían de la mano del Plan de Desarrollo Rural (PDR).
En las alegaciones, las ONG defienden la importancia de las ZEPA de aves esteparias y la necesidad de aprobar un plan de gestión que aúne criterios de conservación con el mantenimiento e impulso de una agricultura verdaderamente sostenible y rentable económicamente.
Las ONG apuestan por trabajar en la mejora de rentabilidad del modelo agrícola que ha permitido la conservación de las especies hasta la fecha, donde predominan los cultivos extensivos de cereal, frente al avance de un modelo intensivo que daña y pone en riesgo los valores naturales de estos espacios.
En este sentido, se hace especial énfasis en la incompatibilidad de las espalderas y de nuevos cultivos leñosos con el hábitat de las especies esteparias, así como en el perjuicio directo sobre las aves, las aguas, y sobre la salud de las personas supone el empleo de semillas blindadas y de pesticidas, en particular de los herbicidas como el glifosato que se emplea en la siembra directa.
Las ONG se oponen rotundamente a que en las ZEPA continúen las transformaciones de cultivos, a la siembra directa y a que no se limite el uso de pesticidas, y considera injustificadas las peticiones en este sentido de las organizaciones profesionales agrarias.
Quienes defienden estos cambios en el plan de gestión, e incluso su paralización, faltan a la verdad al enjuiciar el supuesto impacto y las limitaciones que las ZEPA generarían en la agricultura. Lógicamente, al tratarse de espacios protegidos requieren de un plan de gestión y de medidas de protección y de incentivo para orientar la práctica agrícola en estas zonas. Pero recordemos que las ZEPA son sólo 200.000 hectáreas, esto es, menos del 6 por ciento de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha, y que las medidas que se proponen tienen un efecto limitado que además se compensa económicamente.
Las ONG emplazan a las organizaciones agrarias y a quienes se oponen al plan de gestión a un debate abierto y honesto sobre el tema y a que enuncien definitivamente sus propuestas concretas, puesto que parecen más interesados en una estrategia de desgaste que en la creación de un marco de gestión claro que permita a los agricultores orientar sus producciones dentro de las ZEPA y que permita desbloquear el acceso a 40 millones de euros para los cuales ya hay numerosos agricultores demandantes.
¡Por fin se aprueba el plan de recuperación del águila perdicera en Castilla-La Mancha!
Castilla-La Mancha ha dado un paso trascendente para afrontar la recuperación de una especie declarada en peligro de extinción y para saldar con ello una deuda pendiente con una de las especies más emblemáticas de Castilla-La Mancha
Ecologistas en Acción celebra la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Decreto por el que se aprueba el plan de recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha.
Este plan ha sido insistentemente demandado debido al declive y las amenazas que cercan a esta especie en Castilla-La Mancha y a que, a pesar de estar declarada en peligro de extinción desde 1998, no disponía de un instrumento básico para afrontar su recuperación.
El último censo publicado cifra la población de águila perdicera de Castilla-La Mancha en apenas 85 parejas reproductoras, el 11% del total nacional, distribuidas por provincias de la siguiente manera, Albacete 22, Ciudad Real 23, Cuenca 16, Guadalajara 14 y Toledo 10.
Hoy la perdicera tiene un población mucho menor que las otras dos grandes águilas presentes en nuestros cielos. El águila imperial ibérica se ha recuperado tras la puesta en práctica del plan de recuperación y presenta un censo superior a las 150 parejas y el águila real dispone de una población relativamente estable de entre 250 y 300 parejas. Esto sitúa al águila perdicera a la cabeza de las grandes rapaces más amenazadas de Castilla-La Mancha.
El plan que ve ahora la luz ha tenido un largo proceso de aprobación interrumpido en numerosas ocasiones por motivos inexplicables. El primer borrador del plan data de 2006 y ni siquiera se cumplió con el compromiso de aprobarlo durante el desarrollo del proyecto Life Priorimancha (2009-2012), lo que dio lugar a una llamada de atención de la Comisión Europea.
Ahora lo que toca es afrontar una importante tarea de aplicación del plan. pues el águila perdicera sufre una altísima mortalidad provocada por los tendidos eléctricos y la caza ilegal, a la par que innumerables daños y molestias en su hábitat limitan su capacidad reproductiva.
En el mapa del águila perdicera aparece especialmente en rojo la situación en la provincia de Toledo, donde a duras penas sólo 5 parejas consiguen completar su ciclo reproductor en los últimos años y donde las bajas de aves son incesantes.
Ecologistas en Acción urge ahora a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y poner los medios para que el plan se aplique con la máxima urgencia.
EL CONSEJO DEL AGUA DEL TAJO SE DISPONE A VOTAR UN PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO SIN CAUDALES AMBIENTALES Y PRO-TRASVASISTA. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VOTARÁ EN CONTRA.
El plan incumple la Ley de Aguas y la Directiva Marco de Agua al no establecer caudales ambientales que garanticen la disponibilidad de agua en la cuenca y a no poner coto a la sangría del trasvase Tajo-Segura.
La Confederación Hidrográfica del Tajo dependiente del Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente ha convocado para el 2 de septiembre por la tarde el pleno del Consejo del Agua de la Demarcación al objeto de que éste informe el nuevo Plan Hidrológico de la demarcación española del Tajo para el ciclo 2015-2021.
La Confederación y el MAGRAMA pretenden que el Consejo ratifique su propuesta de Plan que no es sino una mala copia del que ya se aprobó en abril de 2014.
En la redacción del nuevo Plan no se han tenido en cuenta ninguna de las alegaciones sustanciales presentadas. Pero lo que es más grave es que este Plan consolida los errores cometidos en el anterior. De entre ellos los más significativos son, en primer lugar, la negativa a establecer caudales ambientales en el Tajo, remitiéndose a los llamados caudales mínimos que son de 6, 10 y 10 metros cúbicos por segundo fijados respectivamente para Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.
En segundo, la negativa a afrontar los impactos que en la cuenca provoca el trasvase Tajo-Segura circunstancia que no se aborda con la excusa de que existe un memorándum que lo regula.
Asimismo, el Plan recorta los objetivos de depuración a los que obliga la normativa europea y el número de reservas naturales fluviales destinadas a proteger los tramos mejor conservados de ríos de la cuenca pasa de 40 a sólo 7.
Así las cosas, el borrador del plan que se someterá a votación posterga para el próximo ciclo de planificación el estudio y determinación caudales ambientales, así como la corrección de los impactos que está produciendo el trasvase.
Ecologistas en Acción, que acude como parte de la representación ecologista al Consejo del Agua del Tajo, anuncia desde ya su voto negativo a este Plan y confía que el resto de miembros del Consejo se sumen al mismo para que se paralice la tramitación hasta que se cumpla con las exigencias legales y medioambientales que debe asumir el Plan.
Proponemos una mesa de trabajo y un plan de gestión de los conejos y para prevenir los daños en los cultivos.
Ecologistas en Acción denuncia el excesivo alarmismo que quieren crear las organizaciones agrarias entorno a los daños en los cultivos causados por conejos y pide a la Consejería de Agricultura soluciones estructurales que pasan por la convocatoria de una mesa de trabajo, la aprobación del plan de gestión del conejo y exigir a los organismos de obras públicas medidas como la instalación de mallas conejeras y la remodelación de taludes.
Un año más, tras terminar la temporada de caza, las organizaciones agrarias protestan en Castilla-La Mancha por los daños que estarían originando en los cultivos una plaga de conejos. Piden no ya que se controlen y cacen los conejos en las zonas afectadas, sino incluso su exterminio. Este clima de presión y alarmismo social, que por desgracia se está convirtiendo en habitual, está generando, a juicio de Ecologistas en Acción, una situación muy peligrosa en los campos y en el medio natural.
