INCENDIOS

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VOTA EN CONTRA DEL TEXTO DE PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.

Posted on Actualizado enn

Cabañeros Ecologistas en Acción Castilla La Mancha

En la reunión extraordinaria del patronato del Parque, el texto, informado favorablemente por el patronato, permitirá la  práctica de la caza como “método de control” de las poblaciones de ungulados.

El Plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional de Cabañeros es el instrumento básico de planificación territorial del espacio natural en el que se establecen además las directrices para el desarrollo de su gestión durante el período de vigencia del mismo, establecido en diez años desde su aprobación

En la reunión extraordinaria del Patronato del parque nacional de Cabañeros, que tuvo lugar este martes, día 30 de junio de 2020, se sometió a votación entre los miembros del Patronato (en el que Ecologistas en Acción ostenta dos vocalías) el texto definitivo del PRUG para su información favorable o desfavorable. Tras la votación, el PRUG de Cabañeros fue aprobado con 17 votos a favor y 6 votos en contra, dos de
estos últimos a cargo de los representantes de Ecologistas en Acción.

La difícil decisión fue adoptada por permitir el texto sometido a votación la perpetuación de la actividad cinegética como método de control de la sobrecarga de ungulados en la parte privada del parque nacional. Este asunto, que Ecologistas en Acción considera central en la redacción del PRUG, es contrario a lo establecido en Ley de parques nacionales y el propio texto del PRUG validado por la votación de los
miembros del Patronato, que considera la caza como actividad  incompatible en el parque, aunque finalmente la admite, sólo para la parte privada del parque nacional, como método de control de las poblaciones de ungulados. Cabe recordar, que dentro de los límites del parque nacional de Cabañeros, existen terrenos de titularidad pública y privada.

El cumplimiento de la vigente Ley de parques nacionales y su enmienda 278, presentada por el Partido Popular en el momento de su aprobación para prorrogar la práctica venatoria en los parques nacionales durante seis años más a partir de la fecha de su entrada en vigor, vienen a determinar la extinción de esta actividad en los parques nacionales para diciembre de 2020.  A juicio de Ecologistas en Acción, la caza debe por tanto resultar ilegal a partir de esta fecha.

No obstante, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (responsable de la redacción del texto del PRUG de Cabañeros) y la Comisión Mixta (Estado y Comunidad Autónoma) para la gestión del parque nacional, en un ejercicio político de equidistancia por parte de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha – se entiende que en el ánimo de apaciguar las presiones del sector cinegético y/o los intereses particulares de los propietarios titulares de terrenos privados en Cabañeros – han presentado un texto definitivo de PRUG que permite la continuidad de la actividad cinegética (siquiera de forma no comercial ni publicitada a tales fines) y durante el período de  vigencia de este instrumento de gestión como método de control de las poblaciones de ungulados (ciervo, jabalí, corzo, etc.) y sólo en la parte de
titularidad privada. Entre tanto, en los terrenos de titularidad pública, el control de ungulados se realizará mediante otros métodos distintos a la caza (capturaderos) que, del mismo modo, podrían ponerse en práctica en las zonas de titularidad particular. En virtud de esta decisión, Ecologistas en Acción considera además que, con este PRUG, no se acomete una adecuada y deseable eliminación progresiva de infraestructuras (tiraderos, caminos, vallados, etc.) relacionadas con la práctica de la caza en la parte privada del parque nacional y que restan naturalidad a un espacio que debería estar dotado del máximo nivel de protección en España. Se recuerda que la Red de Parques
Nacionales, máximo exponente de la existencia de nuestros ecosistemas
más representativos, sólo supone la preservación natural del 0.7 % del territorio nacional.

Por otra parte, el PRUG tampoco considera en ningún momento la posibilidad de introducción en el parque nacional de especies que como el Lobo Ibérico, completarían la estructura de las cadenas tróficas naturales y ayudarían con su presencia al control de las poblaciones de ungulados; siendo además el lobo en nuestra comunidad autónoma una especie declarada en peligro de extinción desde 1998.

El texto del PRUG, fue participado, entendemos que de forma adecuada y con el oportuno y reconocido esfuerzo por parte de las administraciones, mediante diferentes reuniones con los distintos sectores implicados, lo cual se agradece. Posteriormente, tras ser sometido el borrador del PRUG a información pública, nuestra organización participó en la presentación de alegaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas. Sin embargo, la eliminación real y definiva de la caza en la demarcación del parque nacional de Cabañeros, cuestión también alegada por nuestra organización y que consideramos clave para el adecuado funcionamiento y
estructuración de los ecosistemas en él representados, no fue considerada para la totalidad del espacio natural (pues se seguirá practicando en su parte privada).

Por otra parte, conforme al texto del PRUG informado favorablemente por el Patronato de Cabañeros, el control de ungulados mediante la caza queda supeditado a la elaboración por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) de un “Plan de control de ungulados”, aún desconocido y por definir y que debería ser aprobado, tras el correspondiente sometimiento a información pública, antes de finalizar 2020. De hecho, en la reunión del Patronato, el propio OAPN llegó a pedir disculpas por no haber presentado aún dicho documento junto al texto de PRUG sometido a votación, excusándose en la situación derivada de la COVID19 y comprometiéndose a hacerlo en torno al mes de septiembre.

Así la cosas, ante este grado de incertidumbre al respecto de lo que se pretende hacer con la caza en Cabañeros (sin menoscabo de que desde nuestro punto de vista lo apropiado sería negar la mayor, es decir, su erradicación definitiva) y a pesar de considerar este instrumento de gestión urgente y necesario para el adecuado ordenamiento de todo cuanto afecta al espacio natural de Cabañeros y a pesar de reconocerse que el PRUG también considera aspectos de gestión positivos, Ecologistas en Acción se ha visto en la obligación de emitir su voto desfavorable al texto de PRUG presentado en la última sesión extraordinaria del Patronato.

Nuestra organización lamenta el haber tenido que intervenir de este modo, pero en conciencia, no nos quedaba otro remedio para poder seguir luchando por un Cabañeros libre de caza. Con todo ello, se valora y agradece el esfuerzo de los técnicos que han participado en la redacción del PRUG, los cuales, tal vez, se hayan visto condicionados por los intereses políticos de una administración regional que en múltiples ocasiones (también en la reunión del Patronato, como así reconoció el
propio Director General de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero Cañizares) se ha esforzado durante los últimos tiempos en considerar la caza como una actividad “esencial”.

Finalmente, Ecologistas en Acción quiere hacer llegar sus más sinceras solidaridad y aprecio para con la persona de D. Isidro Corsino, compañero vocal en el Patronato de Cabañeros y Alcalde de Navas de Estena así como a toda su familia que, en las últimas fechas, han sufrido vandálicas y entendemos que dolorosas agresiones sobre sus propiedades y sin duda sobre su estado de ánimo. Ecologistas en Acción condena enérgicamente estos hechos asimilables a estilos puramente mafiosos por parte de sus despreciables responsables, para los cuales, desea recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. La organización solicitó previamente a la celebración de la reunión del Patronato, a su presidencia y a través de la dirección del parque nacional, que aquella corporación emitiera y consecuentemente  reflejase en acta un inciso en
este mismo sentido. Como así se hizo y también agradecemos.

 

Ecologistas en Acción exige responsabilidades inmediatas por el incendio de Chiloeches

Posted on Actualizado enn

descarga
Imagen del incendio de Chiloeches, cortesía eldiario.es

La organización ecologista considera que el contenido del auto de apertura de juicio oral emitido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches es de una gravedad absoluta.

El auto debe, según Ecologistas en Acción, tener consecuencias inmediatas tanto en la administración del Gobierno de Castilla-La Mancha como en las actuaciones legislativas en materia de residuos a nivel regional y estatal.

El juzgado y la fiscalía coinciden en acreditar la existencia de una trama criminal en la que estarían involucradas 18 personas fisicas y tres jurídicas. Entre las físicas, seis altos cargos de la administración de Castilla-La Mancha, dos de ellos en ejercicio todavía, un ex alcalde de la localidad y los 11 titulares y gestores de las tres empresas vinculadas a la planta y a la gestión de sus residuos.

Apuntan también a que el incendio fue intencionado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación. Ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

El escrito del juzgado pone de manifiesto cómo las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina son responsables de la gestión ilegal de más de 50.000 toneladas de residuos peligrosos para lucrarse con ello. Esta actividad ilícita se inicia al menos en 2006 y se lleva a cabo ante la inacción, cuando no connivencia, de quienes debieran vigilar tales ilegalidades y los riesgos derivados para el medio ambiente.

Por esos motivos se imputan diversos delitos por los que solicitan graves penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación a altos cargos de la administración regional. Desde el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, hasta los tres directores generales, dos de Gobiernos del PSOE y una del PP, y los dos jefes de servicio que siguen hoy en sus funciones en la Consejería de Desarrollo Sostenible, José María Michelena y Olga Villegas.

La investigación y el auto del juzgado sobre el incendio de Chiloeches ponen de manifiesto un sistema de control ambiental, de autorizaciones y vigilancia ambiental del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha corrupto e irresponsable. Un sistema que no se ha depurado en absoluto. No se han renovado los cuadros técnicos, ni las estructuras de toma de decisiones. Al contrario, se han reforzado, provocando la pérdida de credibilidad de la administración castellano-manchega gobierne quien gobierne. También pone de relieve que el dinero que genera la ilegal gestión de residuos es un motor suficiente para que la inacción y connivencia den lugar a situaciones como las que desembocaron en el catastrófico incendio.

Frente a todo esto, y para aparentar una mayor acción política para controlar los residuos, el gobierno de Emiliano García-Page impulsó la reciente aprobación de las leyes de economía circular y la de evaluación ambiental, dos normativas desfasadas puestas en práctica por una administración corrompida.

Lo mismo cabe señalar de las iniciativas en la materia a nivel estatal. La ley estatal de residuos que ha iniciado su tramitación no solo es poco ambiciosa, sino que no cuenta con los medios para hacerla cumplir. El negocio de los residuos y de la economía circular mal entendida es demasiado grande y poderoso.

Ecologistas en Acción considera que ya se debían haber tomado decisiones antes de este auto judicial, pero con más razón deben tomarse ahora.

Por ello exige que de forma inmediata se proceda a:

– Cesar de forma inmediata a quienes están acusados y siguen ejerciendo puestos de relevancia en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

– Revisar en profundidad y cambiar la estructura y composición de la actual Viceconsejería de Medio Ambiente.

– Establecer mecanismos de auditoría interna y externa con participación pública en la toma de decisiones en materia de residuos y de evaluación ambiental.

– Impulsar profundos cambios en la normativa de residuos estatal y autonómica que impidan el negocio especulativo del residuo, responsabilizando al productor y al gestor como indica el nuevo borrador de la ley estatal.

– Apostar por la generación cero de residuos y la imposición de tasas verdaderamente desincentivadoras que estimulen su reducción y eviten el vertido y la valorización mediante incineración.

Denunciada la Federación de Caza de Castilla-La Mancha por incumplimiento del estado de alarma, ante la Delegación de Gobierno y la Junta

Posted on Actualizado enn

Circular Federación Caza CLM remarcada
Circular Federación Caza CLM remarcando el presunto incumplimiento del estado de alarma.

Ecologistas en Acción ha denunciado a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ante la Delegación de Gobierno en la región y ante la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por un presunto incumplimiento de las condiciones que rigen sobre el ejercicio de la actividad cinegética durante el estado de alarma.

El motivo es la publicación el pasado día 1 de mayo de 2020 de una circular que se puede consultar en la página web de la Federación en la que se comunica una “Ampliación de los criterios para el control de poblaciones en Castilla-La Mancha” que se derivarían de las nuevas indicaciones que la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad publicó al respecto el 30 de abril pasado en la web institucional.

Sin embargo, la descripción que hace la Federación de Caza de Castilla-La Mancha de los criterios que comunica a los cazadores se contradicen abiertamente con las indicaciones de la Junta de Castilla-La Mancha y con las condiciones que limitan los movimientos y actividades de personas en la situación actual.

La Federación informa a los cazadores en el punto tres de su escrito que los desplazamientos para ejercer control de poblaciones se pueden realizar entre provincias y en la totalidad del territorio de Castilla-La Mancha. Y da a entender que estos desplazamientos y los consiguientes controles de población los pueden hacer simples cazadores. Ninguna de las dos situaciones son ciertas a la luz de las condiciones impuestas por la Junta y visadas por la Delegación de Gobierno.

Tanto si se realizan controles de conejo como de otras especies como el jabalí, el gamo o el ciervo, se deben cumplir dos condiciones que se especifican en punto 3 del documento de “Preguntas y respuestas en referencia a daños por Especies Cinegéticas en Castilla-La Mancha” de 30 de abril de 2020.

La Dirección General especifica que las personas autorizadas para practicar el control de poblaciones no son los cazadores, sino sólo los profesionales de la agricultura o los titulares y vigilantes acreditados de los espacios agrícolas o cinegéticos.

También recuerda lo estipulado en el Artículo 2/2 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, que indica que: “Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización aprobadas por este real decreto-ley las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya de realizarse el trabajo”.

En el momento actual de Fase 0 de estado de alarma siguen sin estar permitidos los desplazamientos interprovinciales no profesionales, ni la caza; actividad que según las previsiones publicadas por el Ministerio de Sanidad no podría autorizarse antes del 25 de mayo.

En su escrito de denuncia Ecologistas en Acción reclama que se incoen a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha los correspondientes expedientes sancionadores y que se le exija la rectificación inmediata de la circular por el riesgo sanitario que implicaría que ahora los cazadores invadan campos y carreteras.

La Confederación del Tajo y el Gobierno de Castilla-La Mancha encubren las ilegalidades denunciadas en las obras del parque temático Puy du Fou en Toledo.

Posted on Actualizado enn

Destrozo-Puy-du-Fou-4
Algunos de los destrozos provocados por el Parque temático Puy du Fou en el espacio natural protegido

Pasados cinco meses desde que en febrero de este año Ecologistas en Acción de Toledo denunciara ante la Confederación del Tajo y el Gobierno de Castilla- La Mancha la extracción ilegal de aguas para ser usadas en las obras del parque temático Puy du Fou y el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental, ninguna de las dos administraciones han respondido a las mismas conforme les obliga la ley de procedimiento administrativo.

Ecologistas en Acción de Toledo sigue esperando la debida respuesta a sus denuncias, que se informe de los expedientes sancionadores abiertos, se le dé traslado de los mismos y que se admita su personación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha contestado a la denuncia de ninguna manera. La Viceconsejería de Medio Ambiente, receptora de la denuncia ni siquiera ha remitido acuse de recibo.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo acaba de remitir, con fecha 12 de julio a Ecologistas en Acción de Toledo una somera, incompleta e indignante respuesta en la que se limita a decir en una sola frase que se ha iniciado el correspondiente expediente sancionador. Pero no informa de nada más, dejando sin respuesta las solicitudes que por vía administrativa hizo Ecologistas en Acción y que son de obligada atención.

Las administraciones, una vez más, y van ya muchas en todo lo que acontece en relación al parque temático Puy du Fou de Toledo, actúan al margen de sus obligaciones administrativas y, en este caso, cometen dos nuevas y graves irregularidades.

La primera, la de no responder en tiempo y forma a las denuncias y peticiones en relación a las mismas que les han sido formuladas en vía administrativa.

La segundo, y más graves aún, es la de encubrir con subterfugios legales o la simple inacción las ilegalidades cometidas en el Puy du Fou. Algo que podría ser perseguido incluso penalmente.

A la vista de los hechos se confirma que los cambios habidos en los últimos meses en la presidencia de la Confederación de Tajo no se están dejando ver en la mejora de la transparencia y de la atención a las denuncias de la ciudadanía.

Por su parte, cabe preguntarse si los cambios que se están registrando en la estructura del Gobierno de Castilla-La Mancha servirán para mejorar en algo los problemas que se vienen arrastrando en la gestión medioambiental del Puy du Fou, o si se seguirá supeditando el respeto de la legalidad a los intereses del proyecto de parque temático.

El incendio de Toledo, una catástrofe ambiental que exige respuestas y algunas reflexiones.

Posted on Actualizado enn

P1140175 (1320 x 741)–          El origen del incendio apunta a una negligencia muy grave en la instalación y empleo de una bomba de agua para regadío agrícola 

–          El valor ambiental de los terrenos afectados es muy alta, la de mayor nivel en el término municipal de Toledo 

–          Apoyamos una recuperación natural de la superficie afectada en la línea de lo propuesto por los técnicos del ayuntamiento de Toledo. 

–          Es preciso hacer una reflexión sobre cómo evitar este tipo de negligencias, pero resultará difícil atajarlas si las administraciones no son coherentes a la hora de aplicar el mismo criterio a todos. Por ejemplo, al Puy du Fou y su famoso espectáculo pirotécnico, una ilegalidad manifiesta consentida por las autoridades.

Una vez controlado el incendio que se inició el pasado viernes 28 de junio en la finca Loeches situada al sudoeste de la ciudad de Toledo, Ecologistas en Acción de Toledo ha hecho un recorrido de la zona afectada y ha realizado una valoración de lo ocurrido y de lo que estaría por venir.

Finalmente se ha constatado una superficie dañada de unas 1.600 hectáreas de terreno principalmente forestal de encinar y en una parte calificado como urbano dentro de los términos municipales de Toledo, el más afectado, Guadamur, Argés y Albarreal de Tajo.

Según los datos disponibles la causa del incendio sería la avería de una bomba de extracción de agua para regadío que estaba siendo usada en circunstancias presuntamente indebidas, tanto por su ubicación, como por el riesgo de incendio, como por su estado y modo de empleo.

Es decir, el origen del incendio, apunta a una negligencia muy grave que podría tener responsabilidades penales dirigibles tanto sobre los titulares de la explotación agrícola de regadío como sobre los responsables últimos de la instalación y manejo de la bomba de agua.

Cabe señalar que el incendio ha provocado algunos daños materiales en parcelas y viviendas en la urbanización de Monte Sión de Toledo, así como en fincas y casas de campo. Afortunadamente, y a pesar de la virulencia y la velocidad del fuego, no cabe reseñar ninguna pérdida irreparable, de lo cual cabe alegrarse muy especialmente.

De la importancia del incendio da cuenta la velocidad de propagación. En sólo 30 horas, desde que se produjo hasta que se dio por estabilizado, las llamas recorrieron 15 kilómetros. Y a su paso saltaron los 35 metros de ancho de la autovía CM40, Ronda suroeste de Toledo.

Ante un suceso tan virulento y con grave riesgo para las personas, los medios de extinción realizaron un trabajo extraordinario digno de reconocer y de agradecer. También hay que hacer un reconocimiento muy especial al buen hacer y a la colaboración de tantas personas que ayudaron al vecindario y a la que facilitaron el traslado de centros municipales tanto de personas como de animales. Sin duda, todo ello supone un ejemplo de compromiso ciudadano que dignifica a esta ciudad.

Por desgracia la afección más grave del incendio se centra en lo medioambiental. El valor de los terrenos afectados por el incendio es altísimo, sobre todo para el municipio de Toledo y colindantes, pues la zona quemada estaba densamente poblada de monte y bosque de encinas que en algunas zonas tenía una altísima biodiversidad con especies acompañantes tan singulares como la cornicabra, el enebro, la efedra, entre otras muchas. Es el espacio natural más importante del municipio de Toledo y, además, en buena parte sobre terreno de titularidad municipal.

Desde el punto de vista faunístico se han quemado cientos de hectáreas de áreas críticas y de reproducción de águila imperial ibérica y de águila-azor perdicera. Así como terrenos potenciales para la dispersión y recuperación del lince ibérico. Las tres especies declaradas en peligro de extinción. También se han visto afectados hábitats de interés comunitario y elementos geomorfológicos protegidos.

En algunas zonas la vegetación y la fauna, casi han desaparecido por completo, sobre todo en las laderas que dan al Tajo, entorno a la CM-40 y desde ésta hasta la finca Palomilla, en el término de Argés. Afortunadamente la resistencia natural de las encinas al paso del fuego ha hecho que muchos ejemplares arbóreos hayan aguantado vivos y con visos de recuperarse a medio plazo.

Ahora el trabajo en el incendio se centra en una labor absolutamente necesaria que es la investigación del caso y la depuración de las correspondientes responsabilidades. Hay que confiar plenamente en que a la mayor brevedad la unidad de investigación de incendios de los agentes medioambientales y el resto de autoridades evacúen sus informes y se proceda tanto en vía penal como administrativa. Sólo sancionando como se merecen estos hechos y corrigiendo errores se puede avanzar en la prevención de incendios de cara al futuro.

Recordemos que el artículo 358 del vigente código penal considera delito la imprudencia grave que dé lugar a incendios tanto en zonas forestales como no forestales y que suma gravedad a la sanción si se ha puesto en riesgo la vida de personas. En estos casos más graves los culpables podrían sufrir una pena de hasta 10 años de cárcel.

Por último y de cara al futuro inmediato hay varias cuestiones sobre las que toda la ciudadanía y las administraciones toledanas deben reflexionar.

En relación a la recuperación ambiental de los terrenos, hay que ser muy cuidadosos y pacientes a la hora de abordarla. Castilla-La Mancha ya ha sido ejemplo de como si se apoya la regeneración natural se puede tener más éxito y más consistente que si se realiza una labor de repoblación artificial. Los encinares tienen capacidad de regeneración, y aunque costará que se recuperen, y aún más el conjunto del ecosistema con su flora y fauna, es más barato y rentable dejar que la naturaleza actúe, apoyándola sólo en situaciones puntuales.

Más importante si cabe, es sacar las debidas conclusiones de cada incendio. Por desgracia, muchas veces, pasada la alarma de la noticia, se olvida hacer una reflexión y tomar medidas eficaces que sean provechosas para el futuro.

En ese sentido la primera nos la tenemos que aplicar la ciudadanía, en particular aquellos colectivos que son usuarios de espacios forestales o agrícolas y que no toman la debida precaución en el manejo de maquinaria que puede provocar chispas o fuegos causantes de incendios.

La segunda se la tienen que aplicar las propias administraciones, en el este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo, que no ponen el suficiente celo, ni la suficiente información ni vigilancia para que estas situaciones negligentes vayan a menos. Y lo que es peor, dan incluso mal ejemplo cuando justifican situaciones de riesgo con fines políticos y económicos. Y ahí está el caso de que en la misma zona del incendio y con todos los parabienes administrativos se quiera autorizar un espectáculo de fuegos artificiales, el del parque temático Puy du Fou, en una zona de riesgo, tan valiosa, forestal y protegida como la que se ha quemado. Las administraciones deben predicar con el ejemplo para ser creíbles, y en este sentido, en Toledo, lo primero que deben hacer es anunciar ya que no será posible usar fuegos artificiales en el Puy du Fou.

Enlace a descarga de fotografías.

Cesión gratuita y libre por parte de Ecologistas en Acción de Toledo.

Incendio Toledo 28 y 29 junio de 2019

https://photos.app.goo.gl/zapVFCdz2GKgwVRX9

NUEVAS IRREGULARIDADES, CONTRADICCIONES Y FALSEDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL PSI DEL PUY DU FOU

Posted on

FB_IMG_1538753863093.jpg

Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha hecho entrega de las alegaciones al segundo periodo de información pública al que se ha visto obligado a someterse el Proyecto de Singular Interés y la tramitación ambiental del Parque Temático que Puy du Fou España pretende instalar en el municipio de Toledo.

El documento dirigido la Consejería de Fomento de Castila-La Mancha consta de 90 páginas y 38 alegaciones superando en extensión las primeras alegaciones presentadas en abril pasado.

En el contenido del documento se pone de manifiesto que no sólo no se han solventado las cuestiones alegadas en el primer periodo de información pública, sino que se han añadido otras nuevas.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha constatado, y así lo expresa en las alegaciones, que el PSI presenta nuevas irregularidades en su tramitación, nuevos motivos de inseguridad jurídica, contradicciones en los datos respecto a los ofrecidos anteriormente y un análisis tendencioso que falsea la realidad del impacto social, económico y medioambiental del proyecto para facilitar su tramitación.

Si en el periodo de información pública anterior ya quedó patente que las cosas no se estaban haciendo bien ni por parte de la empresa promotora ni por parte del Gobierno Regional ni por parte del Ayuntamiento, en este segundo periodo las cosas se están haciendo aún peor.

Los aspectos novedosos y más importantes de las alegaciones son los siguientes:

Misma inseguridad jurídica en el ámbito urbanístico
Si en el primer periodo de información pública ya se constató que el PSI no se podía tramitar ante la incertidumbre generada por la sentencia que anulaba el POM de 2007, en esta ocasión la misma incertidumbre viene provocada por la tramitación simultánea y sin que medie aprobación previa de la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de Toledo del año 1986. Modificación llamada a convertirse, como señala el propio ayuntamiento, en un texto refundido del PGOU de 1986 que recoja todas las modificaciones habidas del mismo y lo adapte a la legislación vigente. Esto es, la M.P. nº 29 va a ser el nuevo POM, y sin que esté aprobado ni evaluado ambientalmente se pretende aprobar el PSI.

La información pública es manifiestamente incorrecta
En su ánimo de beneficiar a la empresa, el Gobierno a través de las Consejerías de Fomento y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha forzado para que se someta a información pública el proyecto de Parque Temático junto con su tramitación ambiental. Sin embargo en la resolución publicada en el DOCM no se indica expresamente los efectos exactos a los que se refiere esa tramitación ambiental. Además, según la legislación de evaluación ambiental, al tratarse de un proyecto, sólo implicaría a la evaluación de impacto ambiental del mismo. Eso no incluye ni puede incluir la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Urbanística del PGMOU de 1986 para acoger el PSI del Puy du Fou, ya que este documento es un plan a efectos ambientales y no un proyecto.

Se genera indefensión en los alegantes
La tramitación simultánea del PSI con su evaluación de impacto ambiental, con la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual para el PSI y con la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de 1986 y su propia evaluación ambiental supone que trámites que irán generando resoluciones que afectan a pasos posteriores del procedimiento no puedan ser conocidos ni alegados con antelación a la aprobación del PSI. El Gobierno esconde así en favor de la empresa resoluciones aprobatorias o denegatorias y declaraciones ambientales que debían ser de conocimiento público de cara a las alegaciones al PSI.

Datos cambiantes ponen en duda la Declaración de Interés Regional
La comparación de la documentación que en sucesivas oleadas ha ido presentando el promotor para superar los distintos pasos de la tramitación ofrece cambios muy significativos que ponen en cuestión la validez de los informes en los que se basó el Gobierno Regional para otorgar la Declaración de Interés Regional en agosto de 2017.
De entre todos, llaman poderosamente la atención los de contenido social, económico y financiero profusamente alegados por el Movimiento. Pero sobre todo uno, el dato del empleo.
En el segundo proyecto analizado se produce una disminución de los empleos directos en casi un 80 % y de casi un 60% de los indirectos respecto de los que manejó el Gobierno para establecer la DIR. En datos globales se ve también de forma llamativa, en la DIR se manejaba una previsión de 7.896 empleos en 2.028 y ahora esa previsión es de 3.329 para el mismo año, un 65% de disminución.

Datos contradictorios y análisis tendenciosos que falsean la realidad
Sin que el promotor ni el Gobierno hayan demostrado todavía que el Puy du Fou sea compatible y cumple con lo establecido en materia urbanística, de agua, de incendios forestales, de ruido, de protección del paisaje y de impacto medio ambiental, el contenido de la documentación del PSI muestra cómo se sigue utilizando y dosificando la información según le conviene. Por ejemplo, el promotor manifiesta haber renunciado a pedir la modificación de la ordenanza del ruido. Pero, si como dice en su respuesta a las alegaciones, el ruido es precisamente el motivo de que no se haya emplazado el proyecto en suelo no protegido, ¿cómo va a ser compatible con las especiales condiciones de tranquilidad que han de reinar en un espacio rural o con las urbanizaciones y viviendas cercanas en Toledo, Guadamur y Argés? ¿Cómo va a hacer para que el espectáculo nocturno cumpla con los horarios y niveles de protección acústica? El proyecto no sólo no explica estas cuestiones, sino que pasa de puntillas sobre la cuestión de los horarios o de que todas las noches terminará las actuaciones con una traca de ocho detonaciones a 120 metros de altura y con más de 105 decibelios.

En conclusión, el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou considera que dadas las alegaciones lo que procede es la denegación del PSI, pero tampoco sería de extrañar que en una nueva pirueta administrativa se evite afrontar el problema de fondo remitiendo el proyecto a una tercera información pública.

Enlace a las ALEGACIONES: https://drive.google.com/file/d/1LCXeeE-UJyPbvto7-b9IA02318zR9KMp/view?usp=sharing

El Gobierno de Castilla-La Mancha tramita la imprescindible reforma de la ley de caza a las Cortes regionales.

Posted on Actualizado enn

12805935_897843593666639_7134686047442127733_nAnte la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de caza y su definitiva tramitación a las Cortes Regionales con vistas a su definitiva promulgación, la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ve satisfecho uno de sus principales objetivos. Ya es seguro que la ley de caza cambiará sustancialmente gracias al impulso social contra los privilegios a la caza.

La Plataforma reconoce el esfuerzo realizado por el actual Gobierno para atender las demandas de un cambio sustancial en la normativa cinegética y, en particular, el realizado por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien tiene que soportar a diario la sobreactuación del lobby cinegético con sus indefendibles argumentos.

Cambiar la ley de caza de la era Cospedal es una necesidad para Castilla-La Mancha. Es un ejercicio de higiene democrática llamado a restituir buena parte de los derechos de los no cazadores y de los principios de protección animal  y conservación de la naturaleza que la actual ley conculca.

El proyecto de ley que el Gobierno aprueba cambia aspectos fundamentales que permitirán el desarrollo de actividades en el medio natural sin temor a ser sancionadas o interrumpidas en espacios públicos por efecto de la caza, que priorizarán la captura en vivo de animales domésticos asilvestrados, que generarán un mayor control de la caza intensiva y de los cerramientos, que reforzarán la actividad de los agentes medioambientales y que supondrán una mejor aplicación del régimen sancionador.

Por otra parte, todavía se queda corto el proyecto de reforma en cuestiones como la edad para cazar, la limitación de determinados métodos de caza, como la caza nocturna o el empleo de alimentación suplementaria que generan sobrepoblaciones de ungulados, la eliminación de vallados ilegales o la supresión de los cuarteles de caza comercial.

A partir de aquí la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha reitera el llamamiento ya hecho a los partidos con representación parlamentaria para que apoyen la modificación de la ley y, si posible, incluso mejoren el texto que traslade el Gobierno con la aprobación de las oportunas enmiendas. A tal fin iniciará inmediatamente una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios castellano-manchegos.

Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

Posted on Actualizado enn

  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.

La parcela del vertedero de Seseña-Valdemoro no está limpia ni descontaminada un año después.

Posted on Actualizado enn

WhatsApp Image 2017-05-12 at 11.03.56Una desagradable sorpresa aguardaba esta mañana a los miembros de Ecologistas en Acción y a los periodistas que han acudido al vertedero de neumáticos de Seseña-Valdemoro, cuando se cumple un año exacto del inicio del fuego.

Al contrario de lo que anunciaron los consejeros de medio ambiente de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y el propio alcalde del Ayuntamiento de Seseña, la parcela no está limpia ni descontaminada, de hecho se sigue trabajando en ella.

En la parcela de 11 hectáreas se puede observar como una retroexcavadora de Tragsa carga camiones con restos de tierra y cenizas procedentes de los caminos hechos durante el incendio. Dichos portes son trasladados a los gestores y vertederos autorizados en Novés (Toledo) y Valdilecha (Madrid).

En la parcela también se puede observar como en una superficie de unas tres hectáreas numerosos trozos de neumático sobresalen en la superficie, mezclados y enterrados en la tierra. Los trozos, algunos de gran tamaño, proceden de restos que no ardieron y que no han sido retirados en las labores de limpieza. Por último, sospechosas sombras negras destacan sobre el blanco de la ladera, denotando que aún quedan rastros de cenizas sin limpiar sobre el terreno.

Estas circunstancias y el hecho indudable de que Tragsa está trabajando en la zona ponen de manifiesto que la parcela que alojó el mayor vertedero de neumáticos de Europa sigue sin estar limpia ni descontaminada. Y que aunque sea una reducida parte sobre lo que ya se ha retirado, todavía quedan cenizas y restos de neumático por eliminar para completar la labor de restauración de la zona.

Ecologistas en Acción considera absolutamente increíble que ni en la zona de Madrid ni en la correspondiente a Castilla-La Mancha se hayan terminado los trabajos y desmiente que la parcela esté absolutamente limpia, como se ha dicho en reiteradas ocasiones.

Demandamos una explicación veraz de la situación, así como todos los informes que se ha dicho que acreditan la descontaminación de las zonas. A la vista de las circunstancias, poca credibilidad merece lo anunciado hasta ahora por las autoridades.

Ante la inesperada situación que demuestra que no se ha limpiado ni restaurado la zona, Ecologistas en Acción ha declinado participar en el acto que el Ayuntamiento de Seseña había programado para mañana en reconocimiento a las personas que ayudamos durante la catástrofe. La asociación ha pedido al alcalde que aplace el acto hasta que de verdad esté limpia y recuperada la zona.

Un año del incendio de neumáticos de Seseña y Valdemoro: sin respuestas y sin medidas de prevención

Posted on Actualizado enn

Ha pasado un año de la catástrofe que supuso el incendio en Seseña-Valdemoro del mayor vertedero de neumáticos de Europa, pero no se ha esclarecido ni sus causas ni sus consecuencias. Tampoco se han tomado medidas para evitar nuevas situaciones similares. Ecologistas en Acción demanda un cambio de la legislación de residuos y de los protocolos de emergencia.IncendioSeseñaEcologistasToledo

La causa penal abierta en los Juzgados de Valdemoro sigue bajo secreto del sumario y de momento no ofrece ningún dato sobre quiénes y por qué provocaron el fuego esa fatídica noche del 12 al 13 de mayo de 2016.

Por su parte, las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha y Madrid, lejos de aportar luz sobre los acontecimientos antes, durante y después del incendio, se han enmarañado entre acusaciones cruzadas y procedimientos que nadie entiende. Particularmente lamentable es la situación en las Cortes de Castilla-La Mancha donde la comisión no ha llegado a iniciar sus sesiones y eso a pesar, o tal vez debido a que, en torno a ella se han de sentar las dos principales administraciones actuantes, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña. En esas Cortes están precisamente los dos actores principales durante la catástrofe el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el alcalde de Seseña, y diputado por el PP, Carlos Velázquez.

Llama poderosamente la atención que todavía no se haya hecho público ningún informe que valore y analice globalmente todo lo ocurrido, y que cada cual, sean comunidades autónomas, administraciones o partidos, haya ido haciendo su particular balance en función más del color político que de ofrecer una información veraz a los ciudadanos que con tanta angustia y riesgo para su salud vivieron las semanas y meses tan intensos que se sucedieron tras el fuego.

Lo peor es que la ausencia de análisis contrastados y de conclusiones está demorando “sine die” la asunción de responsabilidades y la puesta en práctica de medidas eficaces que evite la descoordinación, la falta de información y los daños al medio ambiente y a la salud en situaciones similares a la de este dramático incendio.

La mejor prueba de que poco o nada se ha aprendido son las situaciones vividas en los incendios de las instalaciones de residuos industriales de Chiloeches en agosto pasado o hace menos de una semana en Arganda del Rey. Y eso es independiente de que sean sucesos provocados o accidentales.

La situación actual de las parcelas donde se produjo el incendio puede parecer buena, y seguramente lo sea. Los neumáticos, sus fragmentos y las cenizas han desaparecido y eso es algo que ven con alivio los vecinos de Seseña y Valdemoro. Pero el rastro de contaminación que dejó la combustión descontrolada de los mismos sigue disperso en la atmósfera y en los suelos y aguas en los que se depositó. Y nunca ha habido directrices claras sobre como intervenir o qué prevenciones tomar en unos u otros lugares, según los distintos grados de afección o de depósito de sustancias tóxicas. De hecho, los únicos trabajos publicados en este sentido lo han sido por iniciativa de Ecologistas en Acción y otros grupos investigadores.

A falta de datos oficiales y creíbles hay que recordar que en el vertedero de Seseña-Valdemoro se acumulaban entre 70.000 y 100.000 toneladas de neumáticos tras años de incompetente actuación de todas las administraciones que primero consintieron y luego fueron incapaces de resolver el problema creado.

Del fuego solo se libraron unas 12.000 toneladas de neumáticos, el resto provocó la columna de humo y contaminantes más grande de las registradas en España por causa de un incendio en instalaciones industriales.

Desoyendo los avisos de expertos y de Ecologistas en Acción, y solo cuando ya los vecinos y los niños de las localidades cercanas habían sufrido las consecuencias de inhalar el humo tóxico en repetidas ocasiones, se empezaron a conocer algunas cifras de las emisiones y de su grado de toxicidad. El incendio liberó entre otros contaminantes peligrosos y cancerígenos ingentes cantidades de benceno (que alcanzó en El Quiñón concentraciones 20 veces superiores a los límites admisibles) y de partículas con metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos como benzoalfapireno, además de partículas, como se describe en el informe que elaboró en su día Ecologistas en Acción.

A ello hay que sumar las emisiones masivas de gases de efecto invernadero que llegaron a la atmósfera y que, según estima Ecologistas en Acción, pudieron alcanzar las 227.000 toneladas de dióxido de carbono.

El rastro que dejó la pluma contaminante fue también el de una masiva evacuación, en buena parte voluntaria ante la nefasta gestión que hizo el operativo de emergencia de los avisos a la población. Mediciones mal hechas y de resultado tardío, colegios evacuados in extremis, órdenes de confinamiento mal ejecutadas, malas prácticas de limpieza y una retahíla de torpezas que poco después se repitieron en Chiloeches y ahora en Arganda del Rey.

Ecologistas en Acción contempla como un año después las medidas de prevención y gestión de estas catástrofes brillan por su ausencia y las responsabilidades siguen sin depurarse.

La organización ecologista sigue demandando, como hizo entonces, una investigación independiente del suceso y que, entre otras medidas, se adapten la legislación, los protocolos de emergencia y de aviso a la población a las circunstancias que desgraciadamente imponen estas tremendas catástrofes que no cesan. Además, cada día queda más claro que es necesario que el control sobre la gestión de los residuos se maximice y que esta deje de estar bajo manos privadas que solo pretenden el lucro.

Un balance completo del suceso de Seseña, día a día, en: http://www.ecologistasenaccion.org/article32266.html