LEY

Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

Falta de implicación de la fiscalía y obstáculos procesales impiden a Ecologistas en Acción continuar en solitario con el caso Palomarejos Golf

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WhatsApp Image 2017-03-22 at 17.28.14Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca ha tomado la decisión de renunciar al recurso subsidiario de apelación contra el auto de 18 de julio de 2017 dictado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina en el que se decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa de las cesiones de suelo público del Campo de Golf  de Palomarejos. Ello se hace tras ver rechazado el recurso de reforma previo al de apelación en un auto del mismo juzgado de fecha de 20 de febrero pasado y de valorar la situación en la que está quedando el caso.

La decisión dolorosa adoptada por Ecologistas en Acción supondrá con toda probabilidad el archivo de la causa, sin menoscabo de que en el futuro se pueda retomar en base a una nueva denuncia.

Ecologistas en Acción se ha visto obligada a adoptar esta decisión tras observar que se quedaba en solitario ejerciendo la acción de denuncia y que quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de la legalidad y de proteger el patrimonio de suelo público del municipio de Talavera de la Reina no se han involucrado en el caso como debieran.

En particular hemos visto como las administraciones autonómica y local no dejaban de poner palos en las ruedas del caso, actuando a la contra de aquellos que luchan por los intereses generales y contra los posibles casos de corrupción. Eso se ha puesto en evidencia especialmente cuando han salido a la luz informes que trataban de justificar que los terrenos de Palomarejos Golf son rústicos en lugar de urbanizables, lo que daría lugar a que no se produzcan las cesiones de suelo a las que obligaría la legislación al promotor y que superan las 8 hectáreas de superficie.

Por otra parte, Ecologistas en Acción se ha encontrado durante el proceso con que quien estaba llamada a reclamar legalmente responsabilidades penales a los actuantes, esto es, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo, se ha manifestado incapaz de abordar el asunto, dilatando las actuaciones y formalizando imputaciones sobre las que a la postre no realizaba investigaciones ni interrogatorios acordes a la gravedad del caso.

Como es bien conocido, el Fiscal obrante en la causa se ha visto recientemente sancionado por la Fiscalía General del Estado y  obligado a dimitir de su cargo de responsable de Medio Ambiente y Urbanismo. Pero lo ha hecho en un punto en el que el proceso no admitía nuevas actuaciones y sin que la nueva Fiscal pudiera rectificar en lo actuado hasta la fecha.

Así las cosas, la responsabilidad de mantener viva la causa recaía en Ecologistas en Acción en solitario, por lo que cabría la posibilidad de que en breve espacio de tiempo pudiera tener que hacer frente a fianzas y gastos que le serían de imposible asunción. Y todo ello sin ninguna colaboración de quienes son los responsables públicos que han de perseguir los presuntos delitos e irregularidades administrativas que han dado lugar a que Talavera de la Reina pierda una superficie de suelo público que le sería muy útil para cualquiera de las necesidades que tiene ahora mismo el municipio.

Por ello, en Ecologistas en Acción hemos decidido desistir del actual procedimiento judicial, pero esto no quiere decir que vamos a dejar de luchar por los intereses generales de la ciudad y de sus ciudadanos. Sin perder de vista la posibilidad de que se reabra el caso, buscaremos nuevas vías y reuniremos los apoyos necesarios para que la lucha y el final sea el que todos merecemos y no el que interesa a unos pocos.

Seguimos entendiendo que sí puede existir algún tipo de delito cuando, conociendo los hechos, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo con sede en Madrid decidió dar traslado de nuestra denuncia a los juzgados de Talavera de la Reina.

 

Aprobada la ley anti-fracking de Castilla-La Mancha, sin oposición. Un día feliz para los pueblos y para el medio ambiente.

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Ley Anti fracking Castilla La ManchaCon el voto favorable del PSOE y de Podemos y con la abstención del grupo Popular se ha aprobado la ley que regula la actividad del fracking en Castilla-La Mancha atendiendo las reivindicaciones de la distintas plataformas que a lo largo y ancho de la región se han movilizado en los últimos años para combatir esta perniciosa práctica de extracción de hidrocarburos. Considerando los gravísimos impactos ambientales que provoca el fracking y los condicionantes medioambientales, territoriales y económicos que impone la ley, se hará imposible que en la región se lleguen a aprobar proyectos de extracción por fractura hidráulica.

Las Plataformas Contra el Fracking en Castilla-La Mancha, de las que forma parte Ecologistas en Acción, se congratulan de que las Cortes regionales hayan aprobado la ley y de que se hayan hecho eco del clamor de la sociedad civil.

Animamos a todos los partidos de más allá de Castilla-La Mancha para que se sumen a esta iniciativa y les pedimos que lleven al Congreso de los Diputados una Ley que prohí­ba el fracking de forma definitiva en todo el Estado español, así­ como la importación de cualquier producto que proceda de la citada técnica.

Así­ mismo solicitamos al Gobierno de Castilla-La Mancha, así­ como a todos los grupos polí­ticos, que siguiendo el ejemplo de la ley aprobada hoy, elaboren una Ley que prohíba la megaminería de explotación de las Tierras Raras que sigue amenazando otros territorios de la región. Nos solidarizamos y apoyamos en este sentido a la Plataforma “Sí a la Tierra Viva”.

Por ultimo queremos felicitar a todos los que han hecho posible este éxito del movimiento ciudadano y recordarles que la lucha por el bienestar de nuestras gentes y nuestra Tierra continua

!!!Entre todos podemos pararlo!!!

Control del conejo: licencia para matar, inútil y peligrosa

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Ecologistas en Acción reclama medidas estructurales de intervención en las infraestructuras, mejora del hábitat y de protección de los cultivos frente a la reincidencia en el error de una resolución de comarca de emergencia cinegética que se ha mostrado ineficaz y que implica riesgos para la seguridad de las personas y de los ecosistemas.

Un año más, y van unos cuantos, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha publicado una resolución por la que se declara comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte un amplio territorio de Castilla-La Mancha. En los cotos de nada menos que 231 términos municipales se permitirá la caza con hurón todo el año y con escopeta entre el 1 de junio y 15 de agosto con la condición de que comuniquen con al menos veinticuatro horas de antelación el inicio del control.

A esta medida se añade la concesión de permisos extraordinarios y a veces anuales y renovables para cazar conejos con hurón en cientos de kilómetros de taludes de infraestructuras y de otras zonas de seguridad de dominio público, incluidas riberas y cauces de arroyos y ríos, caminos o vías pecuarias.

La nueva resolución no hace sino constatar y repetir la ineficacia de las resoluciones anteriores destinadas al control de la población mediante la caza, y el enquistamiento de un problema que viene provocado por causas enteramente humanas.

Los conejos no han hecho otra cosa que proliferar al amparo de unas transformaciones de hábitat que han mermado sus terrenos naturales para ser profusamente ocupados por cultivos agrícolas e infraestructuras. Y al resguardo también de unas actuaciones agrícolas y cinegéticas que han mermado a la mínima expresión sus refugios naturales y las poblaciones de sus predadores naturales.

La plaga, si cabe hablar de ella, no es la de los conejos, es la de las malas prácticas y el desastroso planeamiento de la actividad agraria y de las infraestructuras. A ello hay que sumar dos agravantes muy significativos. La práctica falta de adopción de medidas preventivas por quien dice sufrir los daños. Y la incapacidad de las administraciones, en particular de la Consejería de Agricultura y de las titulares de infraestructuras, para aplicar medidas no meramente coyunturales.

Todo ello ha dado lugar a un terreno abonado para aquellos que lanzando desproporcionados mensajes alarmistas se permiten exigir a los demás actuaciones mientras no están dispuestos a asumir su responsabilidad para proteger los cultivos que dicen defender.

El problema del conejo es, sin duda, complejo. Acucia y es muy doloroso para aquellos casos concretos que lo sufren, aunque no dejan de ser una minoría en el vasto agro castellano-manchego. Pero se hace aún más difícil de abordar cuando una y otra vez se repiten los mismos errores y se asiste al círculo vicioso de protestas y de adopción de medidas ineficaces en el que algunos parecen sentirse más cómodos que si abordaran de una vez por todas las distintas opciones a su alcance para resolverlo.

Ecologistas en Acción ha aportado y seguirá aportando soluciones concretas al problema del conejo, pero como asociación que pretende colaborar con la administración y con las organizaciones agrarias está muy decepcionada por la respuesta recibida por unos y por otros y por el agobiante clima de enfrentamiento que se ha creado en torno a este problema.

Máxime cuando además, resoluciones como la ahora aprobada implican un impacto directo y muy peligroso para las personas que quieren disfrutar en los próximos meses del medio natural, para los espacios naturales y para las especies protegidas. El que se permita cazar con escopeta en tanta superficie de terreno, incluso en o en colindancia con zonas de seguridad, y en época de buen tiempo es una grave irresponsabilidad que debiera ser inmediatamente corregida. Como lo es que se pueda pegar tiros en zonas protegidas de la Red Natura 2000 y en épocas del año donde se precisa de tranquilidad para que las especies, protegidas o no, puedan completar su ciclo reproductor.

Conviene recordar que la resolución incluye y afecta a espacios de la Red Natura 2000, como ZEPA y LIC, y también da pie a que se pueda cazar en zonas de cría de especies protegidas, tales como determinados cultivos agrícolas de secano, las zonas de ribera o incluso espacios forestales colindantes a los cultivos.

Por el contrario, nada dice ni la resolución ni la Consejería de las soluciones estructurales que pasan por la actuación sobre las infraestructuras para que dejen de ser cobijo de madrigueras de conejos, ni de la autoprotección de los cultivos mediante mallas conejeras, ni de la mejora de los hábitats naturales para que sirvan de barrera de protección ni del fomento de especies predadores. En este último punto, resulta particularmente contradictorio que en los mismos cotos en  los que se va a permitir masacrar a los conejos se pueda autorizar el control de sus predadores naturales, entre ellos el zorro.

Por último, Ecologistas en Acción quiere denunciar que esta resolución, que toma el relevo de lo que se denominaba descaste del conejo, facilita que los cotos de caza hagan negocio y vendan la caza fuera de la temporada general. Lo que contribuye al interés de los mismos para que se perpetúen esas superpoblaciones que dicen combatir. La caza comercial, una vez más amparada en una ley retrógrada, se ofrece a resolver un problema que a ella misma le interesa y mucho que se mantenga en el tiempo para seguir ganando dinero a costa de los daños al medio ambiente y a los cultivos.

La Plataforma Contra la Ley de Caza presenta sus alegaciones para que la reforma de la ley sea de verdad y en profundidad.

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La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha ha terminado de entregar las alegaciones que las entidades que la conforman han consensuado para hacer frente común ante la recta final del proceso de reforma de la retrógrada ley de caza vigente desde 2015.

Las alegaciones han sido suscritas por al menos 46 entidades, algunas de ellas que no forman parte de la Plataforma pero que comparten su criterio entorno al documento de alegaciones. Considerando que entre estas entidades hay a su vez federaciones y plataformas, en total las entidades individuales representadas en estas alegaciones estaría muy cerca de las 100.

La Plataforma valora muy positivamente el consenso y apoyo recibido, ya que si lo unimos a la exitosa recogida de firmas y que alcanzó 117.621 firmas en change.org, estamos ante la una de las mayores campañas de movilización habidas en Castilla-La Mancha en toda su historia.

Por ello, y porque los argumentos de las alegaciones son sólidos tanto desde el punto de vista técnico y científico como social y económico, la Plataforma exige a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Gobierno de Castilla-La Mancha que profundice en la reforma de la ley, ya que el texto actual se queda muy corto respecto de las expectativas creadas.

La Plataforma no se conforma con una reforma de alcance limitado y que mantiene buena parte de los privilegios que injustamente se dan a los cazadores, así como el incentivo a la caza comercial e intensiva.

No es de recibo que se bajen las sanciones a la caza a la mitad de lo que eran en la ley de 1993, ni que ahora se quiera eximir a muchos de ellos de pagar las tasas o de hacer el examen del cazador. Pero aún menos lo es que en paralelo no se les exija cuestiones básicas de respeto en materia de medio ambiente, del bienestar animal o del uso público del medio natural.

Ahora quienes representan a los cazadores en la llamada Mesa de la Caza se hacen los ofendidos e invocan posibles movilizaciones. Olvidando su responsabilidad en que la ley de caza sea ahora la más retrograda de España y que haya habido que afrontar una reforma que no hubiera sido necesaria si no hubieran impuesto al Gobierno anterior, y este lo aceptase con gusto, condiciones de privilegio, de no diálogo con otras entidades y de aprobar todas y cada una de las exigencias del sector, hasta las más peregrinas e ilegales. Por eso en la ley actual se sanciona muy gravemente por molestar, aunque sea inadvertidamente, a la caza. Se facilitan y promueven prácticas tan dañinas como el control de predadores, el lanceo, el abatir animales domésticos o los cuarteles de caza comercial. O se abre la mano a más vallados, a daños a especies y espacios protegidos o a cazar prácticamente todo el año.

Para la presentación de alegaciones la Plataforma facilitó un escrito resumen de dos páginas que contiene las medidas y objetivos principales. Por otra parte, ha elaborado un documento más extenso, de 50 páginas, que revisa artículo por artículo la ley, con el objetivo de adecuarla debidamente. Tal vez hubiera sido más fácil hacer una ley nueva, pero desgraciadamente se acordó el modelo de reforma y esto está dificultando todo el proceso.

La Plataforma en todo caso anima a que todos los interesados sigan presentando las alegaciones y a que se sumen a sus reivindicaciones.

Las alegaciones de la Plataforma se resumen en los siguientes catorce puntos.

  1. Que se amplíen las zonas de seguridad y que se señalicen adecuadamente a costa de los titulares de los cotos.
  2. Que se sancione como infracción muy grave la caza en zonas de seguridad y la obstaculización por causa de la caza del libre tránsito por vías y zonas públicas.
  3. Que se publiquen con antelación suficiente las fechas y las zonas de celebración de cacerías organizadas.
  4. Que se remita toda la regulación concerniente a animales domésticos a la futura nueva ley de protección y bienestar animal ya anunciada, incluida la de los denominados “asilvestrados” término que en todo caso debe eliminarse de la ley de caza.
  5. Que no se permitan medios o sistemas de caza que sean especialmente peligrosos para las personas o para la fauna, que sean masivos o que atenten contra el bienestar animal o la conservación de especies amenazadas. Entre ellos particularmente la caza con hurón, la caza de aves en época de cría o migración, la caza de hembras acompañadas de crías, el perro de madriguera, la caza nocturna, la caza al atardecer o al amanecer, la caza en zonas incendiadas, la cetrería o la caza de acuáticas.
  6. Que se elimine la figura de cuartel de caza comercial y que, en todo caso, no se permita la realización de caza intensiva en los espacios protegidos y de la red Natura 2000.
  7. Que se garantice la seguridad y las potestades de los agentes medioambientales y que se les informe puntualmente de las resoluciones de todo tipo que afecten a los cotos de su demarcación.
  8. Que se incrementen las inspecciones, incluidos controles de alcoholemia y drogas, y las sanciones por cazar sin estar en condiciones físicas adecuadas o sin cumplir las normas de seguridad en el manejo de las armas.
  9. Que se suba la edad mínima para cazar a la mayoría de edad.
  10. Que las sanciones aumenten su cuantía y no sean discrecionales. Que toda sanción grave o muy grave lleve aparejada siempre, además de la multa, la retirada de permisos o de las autorizaciones que correspondan al coto, al cazador o a los guardas y auxiliares de caza.
  11. Que se prohíban los reclamos y atrayentes, así como especialmente los comederos, cebaderos o la aportación de alimentación suplementaria para fomentar de forma artificial las poblaciones de especies de caza o para facilitar la caza misma.
  12. Que por sus perniciosos efectos para el medio ambiente y las especies se prohíba la munición de plomo y que para que tal medida sea efectiva en un plazo corto se elabore una estrategia de sustitución por alternativas no tóxicas, atendiendo a las recomendaciones de carácter internacional sobre la necesidad de eliminar el plomo en la munición.
  13. Que se dé como máximo un plazo de un año improrrogable para adecuar los vallados existentes y las zonas de caza a la legislación modificada que se apruebe.
  14. Que se amplíen y mejoren las definiciones de la ley, en particular los términos “modalidad de caza”, “métodos excepcionales”, “tradicional”, “capacidad de carga” y “perjuicios graves e importantes”.

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman actualmente:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT_Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, FEBA, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

El Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo debe ser sustituido de inmediato

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broken-bar-of-equalityTras conocer la sanción grave impuesta al Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo por dilaciones indebidas en el caso Palomarejos Golf y de manifestar éste su incapacidad para el cargo, Ecologistas en Acción reclama la inmediata sustitución del mismo. El Fiscal alegó que “ tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

La Fiscalía  General del Estado ha comunicado a Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y comarca la resolución del expediente disciplinario abierto al Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por retraso injustificado en la realización de un informe esencial en el caso “Palomarejos Golf”.

La Fiscalía General del Estado considera probado que el Fiscal de Toledo demoró indebidamente y por un plazo de 14 meses el informe que debía emitir sobre la denuncia efectuada por el caso de cesiones de suelo público presuntamente no realizadas en el proyecto de singular interés “Palomarejos Golf” y en el que ejerce la acusación Ecologistas en Acción.

La Fiscalía General señala que no sólo no se hizo el informe con la diligencia debida, sino que se omitió también dar cuenta de que estaba pendiente de realización en los partes trimestrales de asuntos pendientes de la Fiscalía de Toledo. Y todo ello con plena consciencia por parte del expedientado y del perjuicio que la dilación provocaba a la causa y a las entidades denunciantes.

Por todo lo anterior, la FGE considera que el Fiscal de Medio Ambiente de Toledo es responsable de una falta grave y le impone una sanción de 1.500 euros de multa.

Pero el escrito de la FGE tiene otro trascendental contenido. En su página 9 recoge las alegaciones del expedientado que dice para justificarse lo siguiente: “…que consideró conveniente esperar al resultado de las elecciones para emitir el informe por si se producía un cambio de titular en la Consejería….”, que “…se demoró al no ser capaz de detectar si las irregularidades eran meramente administrativas,…”. Y, lo que es más destacable, “que tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

Ante los hechos anteriores, que se comentan por sí solos, Ecologistas en Acción considera la situación de una extrema gravedad ya que ponen de manifiesto la indefensión a la que está sometido el medio ambiente de la provincia al tener al cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a una persona que se considera incapaz de entender y de atender las materias de su competencia.

Por este motivo, la organización reclama la urgente sustitución del Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por una persona capaz de cumplir las importantes funciones que le son inherentes al cargo.

Por otra parte, los abogados de la asociación estudian más en profundidad las repercusiones de la resolución de la FGE en el caso “Palomarejos Golf”, donde parece que es evidente que la administración de justicia no ha actuado correctamente para perseguir un presunto delito urbanístico de graves consecuencias.

 

Se tiene a disposición de los interesados la resolución sancionadora de la FGE

El Tribunal Supremo confirma que son ilegales las fechas de caza de media veda y de la perdiz con reclamo

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Ecologistas en Acción reclama el cumplimiento inmediato de la sentencia y la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de 2015, eliminando todas las prácticas ilegales e insostenibles que la Consejería se resiste a modificar.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto, en su Sentencia 2703/2016 de 21 de diciembre de 2016, rechazar los recursos de casación interpuestos por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades contra la anterior Sentencia 1/2015 de 2 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la Orden de Vedas 2011-2012.

El TSJ, y ahora también el TS, declaran así la ilegalidad de las fechas fijadas para la caza de perdiz con reclamo y para la media veda por solaparse con el periodo reproductor de las especies objeto de tales prácticas, contraviniendo  los artículos 62.3.b) y 63 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que trasponen preceptos de la Directiva Europea de Protección de Aves Silvestres.

En concreto, el Tribunal Supremo, además de imponer las costas a los recurrentes, declara contrario a derecho y anula el apartado 1.4.1 del artículo 2º de la Orden impugnada, que permitía la caza de la perdiz roja con reclamo durante el mes de febrero y los primeros seis días de marzo, fechas que coinciden con el periodo de reproducción y cría de dicha especie. También se modifica el apartado 1.1, primer párrafo, del mismo artículo 2º, quedando fijados el período hábil de caza en media veda para la caza de la codorniz desde el 30 de agosto hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive; y del 20 de agosto al 30 de septiembre para la caza de la paloma torcaz y tórtola.

La sentencia obliga definitivamente a cambiar las órdenes de veda de Castilla-La Mancha en el sentido fijado y supone un importante precedente para evitar las persistentes malas prácticas cinegéticas, las cuales dañan severamente las poblaciones reproductoras de especies que, a juicio de Ecologistas en Acción, debieran considerarse amenazadas, como la perdiz roja silvestre, la tórtola europea y la codorniz.

A juicio de Jaime Doreste Hernández, letrado de Magerit Abogados, despacho encargado del recurso desde su inicio, “esta sentencia tiene una clara repercusión a escala regional, pero también estatal, ya que el resto de Comunidades Autónomas deberá tomar buena nota de ella y adaptar la regulación relativa a los periodos hábiles de caza en el sentido que apunta el TSJ y ratifica el Supremo. El objetivo es garantizar el respeto a los principios de una utilización razonable y una regulación ecológicamente equilibrada de las especies de aves objeto de aprovechamiento cinegético. Se trata de que no se solapen en ningún caso con el periodo de celo, reproducción y cría de las especies sobre las que se practica la caza, a fin de posibilitar su renovación y la conservación de sus poblaciones”.

Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Comunidades el inmediato e íntegro cumplimiento de la sentencia, ya que hasta ahora sólo había modificado la fecha de la media veda de la tórtola. Además, entiende que ha de modificarse en este sentido la ley de caza de 2015, actualmente en proceso de reforma. Dicha ley contempla toda una serie de prácticas abusivas que, de no eliminarse, abocarían a nuevas denuncias.

La organización, no obstante, sigue apostando por una línea de diálogo y negociación, si bien, para que fructifique, considera necesario que, desde la Junta, se rompa de una vez con la línea continuista del modelo de caza comercial e intensiva bajo el que se redactó la nefasta ley castellano-manchega aún en vigor.