LEY

El lobby de la caza trata de tapar sus intereses ocultos y su mala gestión

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn lugar de atender y proteger a las especies que dicen defender, como la perdiz roja, recientemente declarada en extinción en Castilla-La Mancha por los científicos del IREC, pretenden mantener el modelo de caza de sueltas y de caza comercial que ha sentenciado  este ave a la desaparición.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera ridícula y desnortada la posición del lobby cinegético castellano-manchego en relación a la reforma de la ley de caza y la nueva ley de protección y bienestar animal.

A falta de argumentos sólidos para demostrar los presuntos agravios que dicen sufrir, intentan con poco éxito atacar a las organizaciones de defensa del medio ambiente y animalistas.

Pero lo cierto, público y notorio, es que la caza y, más concretamente, el lobby que dirige la federación y los latifundistas sigue privilegiado en Castilla-La Mancha de la mano de una normativa vigente redactada por ellos, aprobada por un primer Gobierno servil y consentida y empeorada por un segundo Gobierno temeroso y rehén del pasado.

Lo verdaderamente importante en lo que concierne a la caza, y el sector quiere ocultar, es la enorme problemática que genera. Y, por lo que se está demostrando día tras día, su nula capacidad para gestionar los cotos cinegéticos y para dialogar con quien no piensa como ellos o simplemente tiene otros planteamientos.

Tenemos un cercano ejemplo en la gestión de la sequía. Ni el Gobierno, ni mucho menos el sector de la caza han tomado ninguna medida para paliar sus efectos en las especies cinegéticas. Ni siquiera en aquellas que más dependen del agua, como las acuáticas. Se han aprovechado de los llamados días de fortuna y han masacrado a animales y especies con pocas defensas.

Lo tenemos también en la problemática que genera la caza en los espacios protegidos, como Cabañeros, en las especies amenazadas, en el uso público del monte, en los conflictos con la agricultura y en los riesgos para la ganadería, y así un largo etcétera.

Pero lo más relevante, y que el sector quiere ocultar es su nefasta gestión de las especies que dicen defender. El reciente caso de la perdiz roja, revelado por parte del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), institución científica dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, el CSIC y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es el paradigma de ello.

Científicos del IREC han confirmado en una reciente jornada celebrada en Ciudad Real y de la que se han hecho eco los medios de comunicación que “no han encontrado ninguna perdiz roja pura en Castilla-La Mancha” y que ello es debido a las sueltas que se hacen especialmente en los cuarteles de caza comercial de perdices rojas hibridadas con perdiz chucar y que a su vez se han cruzado con las autóctonas haciéndolas desaparecer.

Es decir, estamos ante la desaparición de una especie cinegética motivada por la mala gestión cinegética de quienes dicen proteger la caza y garantizar el equilibrio natural.

Frente a semejante situación, el sector, en lugar de movilizarse en favor de la especie y ver cómo resolver el problema, no sólo no rectifica nada sino que dirige sus acciones contra los cambios normativos y contra quienes los defienden.

Curiosamente esos cambios normativos, que por desgracia la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Gobierno no están dispuestos a asumir, precisamente pretenden hacer frente a problemas como el de la perdiz roja.

Ecologistas en Acción desde luego no se va a dejar amedrentar por las bravatas de un lobby desquiciado y dañino para la convivencia en el medio rural. Avisamos a quien nos quiera oír que lo que pretenden poco tiene que ver con el bienestar del mundo rural y mucho menos con la protección del medio ambiente y de la propia caza que dicen defender.

Todo es una simple y ridícula puesta en escena que ya han repetido en otras ocasiones cuando ven peligrar los pingües ingresos que obtienen comerciando con la caza y, sobre todo, cuando ven acercarse elecciones autonómicas. Resulta muy llamativo que de sus acciones se beneficien los grandes latifundistas de la caza, los que se llenan los bolsillos trayendo turistas a masacrar animales de granja y que se dé munición a un partido concreto que nunca se ha preocupado por afrontar estas cuestiones considerando todos los puntos de vista.

Ecologistas en Acción, a la vista de los resultados de los trabajos del IREC sobre la perdiz roja está estudiando las acciones a acometer para su protección. De entrada ya se ha pedido a la Consejería una reunión urgente del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo Regional de Caza para conocer de primera mano las investigaciones del IREC y sus eventuales propuestas.

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Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

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  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.

Paso decisivo para una reforma en profundidad de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

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BatidaJabaliPLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA
Nota de prensa a 28 de julio de 2017

La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha acoge con esperanza el paso decisivo que se ha producido hoy en la tramitación de la reforma de la Ley 3/2015.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y el envío al Consejo Consultivo del proyecto de ley de modificación de la ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha el proceso entra en su recta final y se abre la vía para que en un marco de búsqueda de acuerdos entre partidos políticos y la Plataforma se termine de cambiar el texto de una ley que se impuso para favorecer de forma descarada al lobby cinegético y que nunca debió ver la luz.
La Plataforma hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que dialoguen entre ellos y con la sociedad civil y ultimen un texto que todavía precisa de importantes mejoras. En este sentido la Plataforma recuerda que si bien una parte de sus propuestas y alegaciones ya se ven reflejadas en el texto, otra parte no menos importante no se ha modificado y precisa por tanto de modificación en sede parlamentaria.
Entre los aspectos que el anteproyecto no recoge y que habrán de ser objeto de debate están cuestiones tan importantes como la desincentivación de la caza intensiva y la revisión de la figura del cuartel de caza comercial,  principales motores de la ley de caza del Gobierno de  Cospedal y causantes de los mayores impactos negativos de la ley. También deberá considerarse la prohibición de autorizar la caza de animales domésticos, las modalidades o métodos crueles, masivos o con impacto negativo en las especies y espacios protegidos, el respeto a la normativa y a las sentencias judiciales que afectan a la caza y la mejora de la vigilancia y de las sanciones para evitar conductas ilegales. Se precisa por otro lado garantizar el respeto y la seguridad en el uso público del monte y la no afectación de la caza a las actividades forestales, agrarias, de ocio, deporte o ecoturismo.
La Plataforma trabaja ya para reunirse con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha al objeto de trasladarle sus reivindicaciones y de ofrecerles toda la justificación y apoyo social que avala las mismas.

Las organizaciones del Programa Antídoto piden medidas definitivas para acabar con el veneno en el campo a las administraciones .

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cadáver de Buitre negro envenenado redLas nueve organizaciones integrantes del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, reclaman al MAPAMA y a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas una mayor implicación para acabar con esta práctica ilegal. Castilla-La Mancha precisa de un impulso urgente en la lucha contra el uso del veneno

Toledo ha acogido la reunión anual de las nueve organizaciones de defensa del medio ambiente que forman el Programa Antídoto para valorar la situación del uso del veneno en España y de las graves consecuencias que acarrea para la biodiversidad. La primera conclusión a la que han llegado es que el veneno continúa muy presente en el campo y que las administraciones se han relajado en su erradicación.

Las organizaciones muestran su preocupación por la tendencia actual en todo el territorio hacia el debilitamiento del nivel de compromiso en la lucha contra el veneno. Después de un periodo de crecimiento de actuaciones de persecución del uso de veneno, los informes presentados en la reunión señalan cómo desde 2011 hay un progresivo y notable retroceso de la acción de las administraciones en la materia. Destacan como uno de los aspectos más negativos, a pesar de la persistencia de episodios de veneno, y salvo excepciones, el alto grado de impunidad que se da para este delito. En la reunión, se han estudiado propuestas concretas para la mejora de la normativa básica estatal en la materia, coincidiendo en la necesidad de una reducción de los episodios de veneno y de aumentar la actuación policial y legal contra esta grave amenaza para la fauna.

Estrategia Nacional

Las organizaciones del Programa Antídoto han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que apoye económicamente líneas maestras de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados, como son la formación de servicios técnicos y jurídicos de las comunidades autónomas y de agentes de la autoridad, el apoyo a la realización de analíticas de los animales y cebos envenenados y el apoyo a las unidades caninas especializadas en la detección de venenos.

Análisis de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión anual

Como cada año, el Programa Antídoto ha hecho una valoración más específica de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión. En este caso ha puesto el  foco  en Castilla-La Mancha, apreciando que ya en el año 1999 fue una región líder en dotación de normativa y en otros aspectos, pero que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Los protocolos de la Estrategia regional (2005) han quedado obsoletos,  han disminuido los medios humanos destinados a la vigilancia y los servicios jurídicos apenas concluyen expedientes sancionadores y de cierre de cotos de caza. Además la actual administración no acaba de cumplir su compromiso de modificar la Ley de caza de 2015 que supuso  un  menoscabo de de la fortaleza normativa regional en materia de lucha contra el veneno.

El caso de la bromadiolona

Un tema que preocupa especialmente a las organizaciones ambientalistas es el de la grave aplicación de venenos rodenticidas por parte de la Consejería de Agricultura en Castilla y León. En relación con ello se ha revisado la situación de las iniciativas judiciales que el Programa Antídoto está llevando a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, recordando que la Consejería de Agricultura sigue sin aportar los informes solicitados por el Juzgado sobre los métodos empleados para declarar la existencia de plaga de topillo. El Programa Antídoto alerta una vez más de que el veneno utilizado, la bromadiolona, es uno de los tóxicos más peligrosos para la fauna silvestre que está causando estragos en el medio natural y poniendo en riesgo la marca “Tierra de sabor”.

Ejemplos positivos y negativos en el resto de España

Durante la reunión se han mostrado ejemplos de  comunidades autónomas como Madrid o Extremadura, claves para la conservación de especies muy afectadas por el veneno y en las que no se ha aplicado ni una sola sanción en veinte años a pesar de los casos registrados.

Sin embargo las organizaciones del Programa Antídoto reconocen  también que en el ámbito de la persecución de este delito ha habido algunas iniciativas con resultados muy destacables, como los logrados por el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña que ha conseguido erradicar el uso de veneno en la provincia de Lérida y cuyos agentes especializados son un modelo a implantar en otras regiones. También es muy destacable en los últimos años, en el ámbito estatal, por su efectividad, el trabajo de la Unidades Caninas especializadas en detección de venenos tanto de la Guardia Civil como de algunas comunidades autónomas.

Daños graves que amenazan la biodiversidad

El Programa Antídoto recuerda que los daños que el empleo del veneno provoca en la biodiversidad son enormes. El informe El veneno en España (1992-2013), que analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, desvela que en los últimos 20 años se han producido 8.324 episodios de envenenamiento. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran. Por su parte, el informe Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015 muestra como solo en 54 casos en ese periodo se ha registrado la muerte de más de 900 animales, buena parte de ellos especies amenazadas.

Sobre el Programa Antídoto: La lucha contra el uso ilegal de veneno tuvo un gran impulso en 1997 cuando surgió el Programa Antídoto, fruto de la preocupación de varias entidades de defensa de la naturaleza por la repercusión catastrófica que, sobre la vida silvestre y, en especial, sobre importantes especies amenazadas, estaba teniendo el uso masivo de veneno en el medio natural. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

 

La orden de vedas de caza: incumplimiento grave del Gobierno de Page que será recurrido de nuevo

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Ante la publicación de la orden de vedas que regula la actividad cinegética en Castilla-La Mancha para la temporada 2017-2018 Ecologistas en Acción anuncia la interposición de un nuevo recurso ante los tribunales que ampliará los que ya fueron motivo de sentencia por parte del TSJ-CLM y del Tribunal Supremo.

El gabinete jurídico de Ecologistas en Acción estudia ya el texto publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con vistas a recurrir la orden de vedas en numerosas materias, tales como la perdiz con reclamo, la media veda y la caza del arruí. También analiza de estas cuestiones sobre cuales se podría reclamar una paralización cautelar.

A estos motivos de recurso se añadirán otros nuevos como el listado de especies cazables y la ampliación de tipos y periodos de caza y que tienen como consecuencia que se permita cazar prácticamente todo el año en Castilla-La Mancha. Entre ellos la nueva temporada que facilita el aguardo nocturno de jabalí y que no hará otra cosa que contribuir al aumento de las poblaciones de esta especie y al incremento de la inseguridad en el medio natural.

La asociación considera que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha incumplido sus compromisos de diálogo y de evitar una nueva confrontación en los tribunales por la orden de vedas.

El actual Gobierno regional se ha mostrado como una administración no ya poco sensible, sino refractaria a corregir los gravísimos impactos negativos que genera la caza en la región y acobardada ante las movilizaciones insensatas e injustificadas protagonizadas por el lobby cinegético.

En este sentido parece que el Gobierno de Page no es que recuerde al Gobierno de Cospedal, sino que le supera en algunos aspectos en cuanto a supeditación al lobby cinegético y en la falta de atención a una regulación de la caza que no perjudique ni a la protección del medio natural, ni al bienestar animal ni al uso público de los espacios naturales.

Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

Falta de implicación de la fiscalía y obstáculos procesales impiden a Ecologistas en Acción continuar en solitario con el caso Palomarejos Golf

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WhatsApp Image 2017-03-22 at 17.28.14Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca ha tomado la decisión de renunciar al recurso subsidiario de apelación contra el auto de 18 de julio de 2017 dictado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina en el que se decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa de las cesiones de suelo público del Campo de Golf  de Palomarejos. Ello se hace tras ver rechazado el recurso de reforma previo al de apelación en un auto del mismo juzgado de fecha de 20 de febrero pasado y de valorar la situación en la que está quedando el caso.

La decisión dolorosa adoptada por Ecologistas en Acción supondrá con toda probabilidad el archivo de la causa, sin menoscabo de que en el futuro se pueda retomar en base a una nueva denuncia.

Ecologistas en Acción se ha visto obligada a adoptar esta decisión tras observar que se quedaba en solitario ejerciendo la acción de denuncia y que quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de la legalidad y de proteger el patrimonio de suelo público del municipio de Talavera de la Reina no se han involucrado en el caso como debieran.

En particular hemos visto como las administraciones autonómica y local no dejaban de poner palos en las ruedas del caso, actuando a la contra de aquellos que luchan por los intereses generales y contra los posibles casos de corrupción. Eso se ha puesto en evidencia especialmente cuando han salido a la luz informes que trataban de justificar que los terrenos de Palomarejos Golf son rústicos en lugar de urbanizables, lo que daría lugar a que no se produzcan las cesiones de suelo a las que obligaría la legislación al promotor y que superan las 8 hectáreas de superficie.

Por otra parte, Ecologistas en Acción se ha encontrado durante el proceso con que quien estaba llamada a reclamar legalmente responsabilidades penales a los actuantes, esto es, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo, se ha manifestado incapaz de abordar el asunto, dilatando las actuaciones y formalizando imputaciones sobre las que a la postre no realizaba investigaciones ni interrogatorios acordes a la gravedad del caso.

Como es bien conocido, el Fiscal obrante en la causa se ha visto recientemente sancionado por la Fiscalía General del Estado y  obligado a dimitir de su cargo de responsable de Medio Ambiente y Urbanismo. Pero lo ha hecho en un punto en el que el proceso no admitía nuevas actuaciones y sin que la nueva Fiscal pudiera rectificar en lo actuado hasta la fecha.

Así las cosas, la responsabilidad de mantener viva la causa recaía en Ecologistas en Acción en solitario, por lo que cabría la posibilidad de que en breve espacio de tiempo pudiera tener que hacer frente a fianzas y gastos que le serían de imposible asunción. Y todo ello sin ninguna colaboración de quienes son los responsables públicos que han de perseguir los presuntos delitos e irregularidades administrativas que han dado lugar a que Talavera de la Reina pierda una superficie de suelo público que le sería muy útil para cualquiera de las necesidades que tiene ahora mismo el municipio.

Por ello, en Ecologistas en Acción hemos decidido desistir del actual procedimiento judicial, pero esto no quiere decir que vamos a dejar de luchar por los intereses generales de la ciudad y de sus ciudadanos. Sin perder de vista la posibilidad de que se reabra el caso, buscaremos nuevas vías y reuniremos los apoyos necesarios para que la lucha y el final sea el que todos merecemos y no el que interesa a unos pocos.

Seguimos entendiendo que sí puede existir algún tipo de delito cuando, conociendo los hechos, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo con sede en Madrid decidió dar traslado de nuestra denuncia a los juzgados de Talavera de la Reina.