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Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

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Las organizaciones del Programa Antídoto piden medidas definitivas para acabar con el veneno en el campo a las administraciones .

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cadáver de Buitre negro envenenado redLas nueve organizaciones integrantes del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, reclaman al MAPAMA y a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas una mayor implicación para acabar con esta práctica ilegal. Castilla-La Mancha precisa de un impulso urgente en la lucha contra el uso del veneno

Toledo ha acogido la reunión anual de las nueve organizaciones de defensa del medio ambiente que forman el Programa Antídoto para valorar la situación del uso del veneno en España y de las graves consecuencias que acarrea para la biodiversidad. La primera conclusión a la que han llegado es que el veneno continúa muy presente en el campo y que las administraciones se han relajado en su erradicación.

Las organizaciones muestran su preocupación por la tendencia actual en todo el territorio hacia el debilitamiento del nivel de compromiso en la lucha contra el veneno. Después de un periodo de crecimiento de actuaciones de persecución del uso de veneno, los informes presentados en la reunión señalan cómo desde 2011 hay un progresivo y notable retroceso de la acción de las administraciones en la materia. Destacan como uno de los aspectos más negativos, a pesar de la persistencia de episodios de veneno, y salvo excepciones, el alto grado de impunidad que se da para este delito. En la reunión, se han estudiado propuestas concretas para la mejora de la normativa básica estatal en la materia, coincidiendo en la necesidad de una reducción de los episodios de veneno y de aumentar la actuación policial y legal contra esta grave amenaza para la fauna.

Estrategia Nacional

Las organizaciones del Programa Antídoto han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que apoye económicamente líneas maestras de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados, como son la formación de servicios técnicos y jurídicos de las comunidades autónomas y de agentes de la autoridad, el apoyo a la realización de analíticas de los animales y cebos envenenados y el apoyo a las unidades caninas especializadas en la detección de venenos.

Análisis de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión anual

Como cada año, el Programa Antídoto ha hecho una valoración más específica de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión. En este caso ha puesto el  foco  en Castilla-La Mancha, apreciando que ya en el año 1999 fue una región líder en dotación de normativa y en otros aspectos, pero que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Los protocolos de la Estrategia regional (2005) han quedado obsoletos,  han disminuido los medios humanos destinados a la vigilancia y los servicios jurídicos apenas concluyen expedientes sancionadores y de cierre de cotos de caza. Además la actual administración no acaba de cumplir su compromiso de modificar la Ley de caza de 2015 que supuso  un  menoscabo de de la fortaleza normativa regional en materia de lucha contra el veneno.

El caso de la bromadiolona

Un tema que preocupa especialmente a las organizaciones ambientalistas es el de la grave aplicación de venenos rodenticidas por parte de la Consejería de Agricultura en Castilla y León. En relación con ello se ha revisado la situación de las iniciativas judiciales que el Programa Antídoto está llevando a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, recordando que la Consejería de Agricultura sigue sin aportar los informes solicitados por el Juzgado sobre los métodos empleados para declarar la existencia de plaga de topillo. El Programa Antídoto alerta una vez más de que el veneno utilizado, la bromadiolona, es uno de los tóxicos más peligrosos para la fauna silvestre que está causando estragos en el medio natural y poniendo en riesgo la marca “Tierra de sabor”.

Ejemplos positivos y negativos en el resto de España

Durante la reunión se han mostrado ejemplos de  comunidades autónomas como Madrid o Extremadura, claves para la conservación de especies muy afectadas por el veneno y en las que no se ha aplicado ni una sola sanción en veinte años a pesar de los casos registrados.

Sin embargo las organizaciones del Programa Antídoto reconocen  también que en el ámbito de la persecución de este delito ha habido algunas iniciativas con resultados muy destacables, como los logrados por el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña que ha conseguido erradicar el uso de veneno en la provincia de Lérida y cuyos agentes especializados son un modelo a implantar en otras regiones. También es muy destacable en los últimos años, en el ámbito estatal, por su efectividad, el trabajo de la Unidades Caninas especializadas en detección de venenos tanto de la Guardia Civil como de algunas comunidades autónomas.

Daños graves que amenazan la biodiversidad

El Programa Antídoto recuerda que los daños que el empleo del veneno provoca en la biodiversidad son enormes. El informe El veneno en España (1992-2013), que analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, desvela que en los últimos 20 años se han producido 8.324 episodios de envenenamiento. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran. Por su parte, el informe Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015 muestra como solo en 54 casos en ese periodo se ha registrado la muerte de más de 900 animales, buena parte de ellos especies amenazadas.

Sobre el Programa Antídoto: La lucha contra el uso ilegal de veneno tuvo un gran impulso en 1997 cuando surgió el Programa Antídoto, fruto de la preocupación de varias entidades de defensa de la naturaleza por la repercusión catastrófica que, sobre la vida silvestre y, en especial, sobre importantes especies amenazadas, estaba teniendo el uso masivo de veneno en el medio natural. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

 

La orden de vedas de caza: incumplimiento grave del Gobierno de Page que será recurrido de nuevo

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Ante la publicación de la orden de vedas que regula la actividad cinegética en Castilla-La Mancha para la temporada 2017-2018 Ecologistas en Acción anuncia la interposición de un nuevo recurso ante los tribunales que ampliará los que ya fueron motivo de sentencia por parte del TSJ-CLM y del Tribunal Supremo.

El gabinete jurídico de Ecologistas en Acción estudia ya el texto publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con vistas a recurrir la orden de vedas en numerosas materias, tales como la perdiz con reclamo, la media veda y la caza del arruí. También analiza de estas cuestiones sobre cuales se podría reclamar una paralización cautelar.

A estos motivos de recurso se añadirán otros nuevos como el listado de especies cazables y la ampliación de tipos y periodos de caza y que tienen como consecuencia que se permita cazar prácticamente todo el año en Castilla-La Mancha. Entre ellos la nueva temporada que facilita el aguardo nocturno de jabalí y que no hará otra cosa que contribuir al aumento de las poblaciones de esta especie y al incremento de la inseguridad en el medio natural.

La asociación considera que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha incumplido sus compromisos de diálogo y de evitar una nueva confrontación en los tribunales por la orden de vedas.

El actual Gobierno regional se ha mostrado como una administración no ya poco sensible, sino refractaria a corregir los gravísimos impactos negativos que genera la caza en la región y acobardada ante las movilizaciones insensatas e injustificadas protagonizadas por el lobby cinegético.

En este sentido parece que el Gobierno de Page no es que recuerde al Gobierno de Cospedal, sino que le supera en algunos aspectos en cuanto a supeditación al lobby cinegético y en la falta de atención a una regulación de la caza que no perjudique ni a la protección del medio natural, ni al bienestar animal ni al uso público de los espacios naturales.

España no necesita un pacto nacional del agua, sino cumplir con urgencia con los compromisos europeos en materia de aguas

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  • 29 entidades1 de la sociedad civil consideran innecesario un pacto nacional del agua, porque ya existe un “pacto” acordado por todos los europeos, que es la Directiva Marco del Agua, cuyos principios se asientan en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.
  • Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional aprobar una proposición no de ley para un pacto nacional del agua continuista que agravará aún más la profunda insostenibilidad de la política hídrica española y que hasta el momento, de acuerdo con la opinión de la Comisión Europea, incumple con la legislación europea.
  • Los argumentos esgrimidos para la defensa de este pacto por parte de los promotores son una apuesta por polémicos embalses y trasvases, que se alejan de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático, todo ello bajo una supuesta solidaridad y reparto territorial del agua.
  • Los firmantes aseguran que el objetivo del pacto es retomar la política de trasvases como el del Ebro y promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana.

Ante la proposición no de ley presentada por el Partido Popular2para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y aprobada el pasado 19 de octubre3 con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, las organizaciones firmantes denuncian el posicionamiento desfasado de los miembros de dicha comisión con la política europea en materia de aguas, y la desacertada continuidad de una política hidráulica caduca, imposible de cuadrar con los principios de la sostenibilidad.

Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional afirmar que el Gobierno haya cumplido con los compromisos de planificación hidrológica acordados con la Unión Europea en materia de aguas. Estas organizaciones presentaron decenas de alegaciones a los planes hidrológicos aprobados y han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de aguas. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados en el primer ciclo de planificación hidrológica (EU PILOT 7835/15/ENVI) y a la vez investiga el efecto de la modificación de las reglas básicas de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la cuenca del Tajo (EU-Pilot 6134/2014/ENV), y la afección al parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen. En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este mismo año un informe donde mostraba sus preocupaciones sobre la planificación hidrológica española –y en concreto, de las cuencas del Tajo y del Ebro-, y solicitaba a la Comisión Europea que rechazara el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados por el Gobierno español. A esto se suma la situación de máxima urgencia que viven algunos de los humedales más importantes de España por una política hidrológica insostenible, como son el caso de las Tablas de Daimiel, Doñana, el Delta del Ebro, los espacios protegidos de la cuenca del Tajo, la Albufera o el Mar Menor.

Las organizaciones muestran su sorpresa al verificar que el famoso pacto nacional del agua va dirigido a crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, y para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país. Un planteamiento clásico para abrir la puerta a futuros trasvases desde cuencas como la del Ebro, Tajo, Duero o Guadiana, siempre fuera de los mecanismos establecidos en los planes hidrológicos y del control de la participación ciudadana y de los territorios afectados. Por ello, al tiempo que destacan la dimensión territorrial del agua y las funciones ecosistémicas que desempeña en su fluir por ríos y acuíferos, recuerdan la primera consideración de la Directiva Marco del agua: “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

Para las organizaciones firmantes los argumentos de “desequilibrio hidráulico-territorial” y de “cuencas deficitarias” parten de un enfoque caduco, completamente alejado del conocimiento científico y de la normativa europea. Son argumentos en contra de la realidad ecológica, climática y socio-económica del territorio, y que no asumen la necesidad de adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático, a pesar de que España es uno de los países más vulnerables de toda Europa ante este fenómeno.

Las 29 entidades firmantes recuerdan a  todas las formaciones políticas con representación parlamentaria las prioridades para una nueva gestión del agua en España, basada en el uso sostenible, la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y un manejo de la demanda adaptada al cambio climático, tal como proponen en el documento dePrioridades para una Nueva Cultura del Agua en España que las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el inicio de la actual legislatura.

1Entidades firmantes, representantes de los intereses ambientales en los consejos de planificación hidrológica a nivel estatal y de cuenca, y colectivos y plataformas ciudadanas que trabajan por una nueva política de aguas:

  • Acció Ecologista-Agrò
  • AEMS – Ríos con Vida
  • Amigos de la Tierra-La Rioja
  • ANSE
  • Arrels Verdes
  • Asociación el Bergantes no se toca
  • Asociación en Defensa del Piragüismo y Usos Recreativos del Agua – AEPIRA
  • Asociación Geográfica Ambiental
  • Asociación Ojos del Guadiana Vivos
  • Asociación para la conservación piscícola y de los ecosistemas del sur – ACPES
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial – CIREF
  • Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases – COAGRET
  • Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  • Cuenca Azul
  • Ecologistas en Acción
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Gredos Verde
  • Mijares Vivo
  • Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda
  • Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  • Plataforma del río Queiles
  • Plataforma en Defensa de l’Ebre – PDE
  • Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
  • Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos
  • Red del Júcar por una Nueva Cultura del Agua
  • SEO/BirdLife
  • UNIPESCA
  • WWF-España
  • Xúquer Viu

2Expediente 161/000524, Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre un Pacto Nacional del Agua (Págs. 31-32).

3Proposición no de Ley aprobada en Comisión, Proposición no de Ley sobre un Pacto Nacional del Agua, Expediente 161/000524 (Págs. 40-45 y 47).

2015: otro año sin hacer lo necesario para evitar la crisis ambiental

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Crimes-Against-Nature jpgLa ley de caza de Castilla-La Mancha, entre las acciones más negativas para el medio ambiente aprobadas en España.

Recordamos con el turrón los avances, retrocesos, hitos y calamidades que el 2015 ha tenido para el medio ambiente y el papel que Ecologistas en Acción ha mantenido para vertebrar luchas, reivindicaciones y alianzas en todo el Estado

Terminamos el año con el polvorón bastante atragantado tras el acuerdo decepcionante de la cumbre del clima en París. La justicia climática, la descarbonización, la financiación adecuada, los derechos humanos, la perspectiva de género, las refugiadas y refugiados climáticos… han quedado fuera del texto final desoyendo las reivindicaciones de la ciudadanía. Cuanta más evidencia científica existe de los ya palpables efectos del cambio climático en muchas áreas del planeta y cada vez más en nuestras propias vidas, más empeño se pone en la quema de combustibles fósiles.

Y cuánto más sucios, parece ser que mejor: llegada de las primeras arenas bituminosas desde Canadá, presentación de las primeras solicitudes para empezar a perforar mediante fractura hidráulica en Burgos y nuevos vertidos de fuel en las costas, esta vez de Canarias. Mientras, se siguen poniendo trabas a las renovables y se mantienen abiertas las centrales nucleares con dudosas maniobras.

Como diría Galeano, vamos al suicidio… ¡pero en qué coches!

Coches como los de Volkswagen. Año también del destape de fraudes de la industria automovilística, el principal sector emisor de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que matan al año a miles de personas. La preocupación por las consecuencias de la mala calidad del aire de nuestras ciudades parece que sí encontró durante 2015 algo de eco. En junio Ecologistas en Acción publicaba su informe anual sobre calidad del aire en el Estado español, recordando que un total de 44,7 millones de personas respiraron aire contaminado.

Sí nos comeremos con gusto un buen mazapán por ciudades como Madrid o Valladolid, que han comenzado a tomarse algo más en serio el tema poniendo en práctica algunas medidas. El recorrido que queda por hacer es largo y las administraciones han dado pasos aún tibios que necesariamente deben ampliarse. Desde Ecologistas en Acción seguiremos informando, denunciando y trabajando para que aumenten las medidas y llegue más información a la ciudadanía.

Los intereses de la industria del automóvil no han sido los únicos en ponerse por encima de la salud de las personas y del territorio. En 2015 hemos visto cómo se aprobaba la Ley de Montes, que permite la construcción en zonas incendiadas y perjudica el trabajo de los agentes forestales. O la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que privilegia esta actividad frente a la conservación de la naturaleza. También hemos presenciado cómo se aprobaba la entrada de más transgénicos sustancias tóxicas en la UE.

Pero, sin duda, el gran ejemplo de cómo las instituciones se ponen al servicio del capital durante 2015 ha sido el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio (TTIP en sus siglas en inglés). Diversas organizaciones a nivel mundial, entre ellas Ecologistas en Acción, han dedicado el 2015 a destapar los verdaderos objetivos de este tratado totalmente oculto para la ciudadanía a través de informes, entrevistas y hasta raps. Con ello se han conseguido más de tres millones de firmas exigiendo la suspensión de las negociaciones del TTIP y la derogación del resto de tratados de libre comercio de la UE y que millones de personas salieran a la calle en ciudades de toda Europa reclamando una Unión Europea al servicio de la gente.

Acuerdos y políticas internacionales que siguen anteponiendo la acumulación de riqueza a la buena vida. El mismo Papa manifestó durante 2015 en su primera encíclica la grave responsabilidad del sistema económico, de la política internacional y local y de la cultura del consumo de masas en la destrucción del planeta y la pobreza. Si no fuera por su tratamiento a los temas de género, cualquiera diría que el Papa Francisco es un fiel lector de nuestra editorial.

Pocas alegrías parece que nos deja el 2015, último año de la legislatura más catastrófica para la legislación ambiental. Una de las excepciones ha sido la aprobación de las primeras 82 reservas naturales fluviales, algunas de ellas propuestas por Ecologistas en Acción.

La ciudadanía organizada en los movimientos sociales, y algunos de los movimientos políticos a diferentes escalas que están permitiendo cambios en las formas de participar en la política, abren ventanas de oportunidad. El movimiento ecologista no duerme y encara el 2016 con la certeza de que el futuro será ecologista o no será, y de que es posible construir alternativas –muchas ya existen– que nos permitan transitar hacia escenarios menos dependientes del expolio de los recursos del planeta y con menos impacto en la naturaleza y en las personas más desfavorecidas.

La licencia única de caza: más facilidades para la caza, más riesgo para la naturaleza

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descargaEl convenio para la creación de la licencia interautonómica de caza auspiciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y suscrito por las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura y Asturias, supone un notable retroceso en el control de la actividad cinegética. Se considera positivo que Castilla La Mancha no haya suscrito el convenio y se propone que se estudie el tema en el marco de la reforma de la Ley de Caza.

El convenio para la creación de la licencia interautonómica de caza solo se plantea como objetivo dar facilidades administrativas a los cazadores para obtener la licencia en las comunidades autónomas, pero se olvida de garantizar que el desarrollo de la actividad cinegética se realice asegurando los necesarios conocimientos y formación a los cazadores.

La licencia interautonómica obvia que la normativa cinegética, así como la sectorial en materia de protección de la naturaleza, bienestar animal y uso público del medio natural, es distinta en cada comunidad autónoma. Por este motivo, se instauró el examen del cazador, una herramienta para asegurar unos conocimientos mínimos en quienes practican la caza en cada territorio.

La llamada licencia única no establece mecanismos que obliguen a realizar el examen del cazador en las diferentes comunidades autónomas y se limita a facilitar, sin más, un trámite administrativo que también es requerido para otras muchas actividades (turismo en la naturaleza, recreativas, de estudio científico, etcétera).

En estas condiciones, los cazadores que cacen en una comunidad autónoma que no es la de su origen no acreditarán conocimientos esenciales como, por ejemplo, conocer el listado específico de especies cazables.

La licencia interautonómica, en este sentido, es una muestra más de los privilegios que el Gobierno y determinadas comunidades autónomas están dispuestos a conceder al lobby cinético. No les importa una adecuada regulación de la caza, sino arañar unos pocos votos con una medida de marcado carácter electoralista.

Es bueno que diversas comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, no hayan suscrito el convenio, aunque los motivos esgrimidos sean en principio de carácter económico. Esto permitirá estudiar en más detalle el alcance y los condicionantes a los que debe someterse la licencia única. En este orden de cosas, en nuestra región, el marco adecuado para debatir este asunto sería el grupo de trabajo recientemente conformado para reformar la vigente ley de caza castellanomanchega.

CUENTA ATRÁS PARA EVITAR QUE LOS PARQUES NACIONALES SE CONVIERTAN EN COTOS DE CAZA POR CULPA DE CABAÑEROS

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10406762_636723899778611_8324831699025353189_nHoy martes el PP presentará en el Senado nuevas enmiendas que deciden el futuro de los Parques Nacionales. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF piden a los senadores que en esta fecha clave en que el Proyecto de Ley de Parques Nacionales se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, no incluyan ninguna nueva enmienda que pueda variar el régimen jurídico de nuestros parques nacionales e impidan la realización de cualquier actividad incompatible con esta figura de protección, como la caza. Las ONG denuncian que este sería uno de los mayores ataques a los parques nacionales en sus cien años de historia.

La campaña #DefiendoMisParques aumenta su intensidad esta semana ante la cuenta atrás para la decisión en el Senado que marcará el futuro de nuestros parques nacionales. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado se reúne  para debatir el proyecto de Ley de Parques Nacionales y antes de que vaya a Plenario, convocado para la siguiente semana, el 12 o 13 de noviembre, con el fin de cerrar la tramitación en la Cámara Alta de este proyecto de Ley, con el que el Partido Popular ha antepuesto los intereses de propietarios particulares a la conservación de la naturaleza.

El día es clave ya que podrían incluirse en el Senado nuevas enmiendas que mejoren o empeoren las presentadas con anterioridad y que la semana pasada fueron retiradas temporalmente. Las organizaciones ecologistas aprovechan esta fecha para reclamar a los senadores que intervengan e impidan la inclusión de estas enmiendas y que, en caso de producirse, pidan la retirada definitiva del proyecto de Ley de Parques Nacionales, ya que con tal redacción solo contribuiría a degradar la más importante y exigente figura de protección de la naturaleza de nuestro país. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF agradecen su apoyo a las miles de personas que han apoyado la campaña y les piden que sigan mostrando en redes sociales su desacuerdo con esta nueva Ley de Parques Nacionales apoyando la campaña con la etiqueta #DefiendoMisParques.

Lo sucedido hasta ahora:

El pasado 20 de octubre, el Partido Popular presentó en el Senado la enmienda 278 que, de manera encubierta, convertiría el Parque Nacional de Cabañeros de forma permanente en un coto de caza para el disfrute exclusivo de determinados propietarios; y dejaría abierta la puerta a otras actividades incompatibles con la figura de Parque Nacional.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF mandaron una carta a la Ministra, Isabel García Tejerina, para pedir una reunión urgente con el Consejo de la Red de Parques Nacionales, pero aún no han tenido respuesta por su parte. En esta carta denunciaban la nula participación y la falta de transparencia con la que el Partido Popular -con el apoyo del MAGRAMA- ha incluido la enmienda 278 en la tramitación parlamentaria de la ley. Las organizaciones ecologistas recordaban que el hecho de que el régimen jurídico de protección no entre en vigor hasta que el titular de los terrenos lo decida es un ataque frontal contra los principios básicos de los parques nacionales.

La pasada semana el Partido Popular decidió retirar temporalmente todas las enmiendas y abrir un “periodo de reflexión” sobre las mismas. Las nuevas enmiendas podrían presentarse mañana en el Senado.

Más información: Theo Oberhuber Ecologistas en Acción 656925081 Miguel Ángel Hernández 608823110

Carta enviada la semana pasada a la Ministra http://bit.ly/1xzrz1S