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Denunciamos la deriva anti-ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha

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  • Ecologistas en Acción no suscribirá el Pacto Regional del Agua, duda de la capacidad de Castilla-La Mancha para proteger la salud de su ciudadanía y su patrimonio natural, y reclama a Page que se respete a quien discrepa de sus decisiones.

 

  • Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia

A lo largo de este fin de semana se ha celebrado en la localidad de El Provencio (Cuenca) la vigésima asamblea regional de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

A la misma han asistido los representantes de las distintas federaciones provinciales así como de grupos locales y comarcales. Entre ellos los del nuevo grupo de Ecologistas en Acción de la Cuenca del Záncara cuya creación muestra la vitalidad de la única federación ecologista de ámbito regional.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia en los que los grupos que conformaron la federación se han consolidado y, además, se han ido incorporando otros nuevos. Pero lo que es más importante es que hoy por hoy la asociación es un sólido referente de la defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha al que todo tipo de entidades y la ciudadanía en general se puede dirigir para hacer frente a cualquier situación de carácter ambiental.

Pero en una entidad como Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha hay poco tiempo para celebraciones y la asamblea necesariamente se ha centrado en las cuestiones formales y de interés que conformaban el orden del día. Del resultado de las deliberaciones se destacan a continuación las principales conclusiones.

–          Constatar que el Gobierno regional, tras un inicio de legislatura prometedor en algunos aspectos, está dando cada vez más la espalda al medio ambiente y está alcanzado cotas y llevando a cabo acciones que recuerdan a las de Gobiernos anteriores.

–          Especialmente lamentable es la contribución desde la portavocía del Gobierno al clima de acoso y menosprecio que sufren quienes defienden el medio ambiente desde posiciones discrepantes a las del propio ejecutivo o a las de entidades con intereses meramente económicos. El caso del trato dado al Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou es uno de los que ejemplifican esa situación, y desde aquí nos solidarizamos con dicho colectivo. También lo hacemos con quienes defienden pueblos sin malos humos, un espacio rural con personas y conciencia, la protección de la salud o del agua frente a los distintos tipos de contaminación, la conservación de la naturaleza o con quienes defienden el uso público de los espacios naturales frente a los privilegios dados a la caza o a latifundistas.

–          Reclamar del Gobierno y, en particular a quien lo dirige, que se recupere de inmediato un talante democrático y de respeto a toda la ciudadanía que nunca se debiera haber perdido, en especial a la que discrepa. En los últimos tiempos se han incrementado las acciones de acoso a activistas medioambientales y a simples ciudadanas y ciudadanos que sólo pretenden un mundo y una Castilla-La Mancha mejor. Esto se tiene que acabar y el Gobierno debe dar ejemplo, no contribuir a alimentar este tipo de situaciones.

–          Las decisiones del Gobierno regional sobre diversos temas de interés público están afectando muy negativamente al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos, y no son coherentes con su posición cuando de lo que se trata es de reclamar a otros sus responsabilidades.

–          No son de recibo, están fuertemente contestadas y deben por ello ser reconsideradas, las decisiones de apoyar la instalación masiva de macrogranjas porcinas, de no poner coto a las emisiones que asfixian nuestros pueblos, de favorecer la instalación de macrovertederos de residuos industriales, de apoyar la caza frente a la conservación de la naturaleza y al desarrollo de actividades sostenibles, de aprobar proyectos como el parque temático Puy du Fou o la mina de fosfatos de Fontanarejo, o de ceder a las presiones y mantener bloqueada la aprobación de la ley de protección y bienestar animal o la estrategia de agricultura ecológica. Tampoco que se redefina la educación ambiental para impulsar un concepto erróneo del desarrollo sostenible.

–          En este contexto, de falta de confianza hacia las políticas y acciones ambientales del Gobierno, es del todo imposible que Ecologistas en Acción suscriba un Pacto Regional del Agua que se ofrece, además, en unas circunstancias que pueden entenderse con tintes electoralistas. Y, lo que es más trascendente, con unos contenidos que no marcan otra senda que la de seguir con el despilfarro del agua en la agricultura y ganadería intensivas o en proyectos declarados de singular interés.

–          También se pone en entredicho la capacidad del Gobierno regional de asumir la gestión de los parques nacionales, de aumentar la red de espacios protegidos o de dotar a los parques naturales y a la Red Natura 2000 de los planes de uso y gestión que se requieren para garantizar su conservación y uso público.

–          Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha exhorta a un giro de verdad en las políticas de desarrollo y a un impulso cierto de las medioambientales, así como a la creación de un marco regional que garantice el derecho al medio ambiente y a la protección de la defensa medioambiental. También a dotar de medios humanos y de independencia a una Viceconsejería de Medio Ambiente a la que no se le ha permitido cumplir con su cometido.

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La contaminación atmosférica aumenta en 2017, también en Castilla-La Mancha

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informe-calidad-aire-2017-portada-300x424–          Ecologistas en Acción presenta su informe anual de calidad del aire en el Estado español. 

–          El nuevo ciclo económico dispara el uso de los combustibles fósiles y el cambio climático provoca el año más cálido y seco desde 1965.

–          Castilla-La Mancha adolece de un red de vigilancia adecuada y de planes de prevención, a pesar de que su población está seriamente expuesta a los efectos de la contaminación.

El informe La calidad del aire en el Estado español durante 2017elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en casi 800 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas por primera vez las de los puertos estatales. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, desglosados porcomunidades autónomas y localidades y por sustancias contaminantes.

Entre sus principales conclusiones para Castilla-La Mancha, destacan las siguientes.

Durante el año 2017, se han recopilado los datos de 28 estaciones de control de la contaminación, pertenecientes a las redes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de EMEP/VAG/CAMP y de distintas instalaciones industriales, fuente ésta no considerada por el Gobierno autonómico en su evaluación de la calidad del aire.

Hay que notar que la mitad de las doce estaciones del Gobierno autonómico han registrado porcentajes de captura de datos para algún contaminante inferiores a los mínimos establecidos por la normativa, por lo que las conclusiones expuestas en este apartado deben ser consideradas teniendo en cuenta esta insuficiencia de la información de partida. Asimismo, los datos de algunas estaciones industriales adolecen de inconsistencias que rebajan su fiabilidad a los efectos de evaluar la calidad del aire.

Por otro lado, la página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora, y carecen de información sobre las estaciones de las redes privadas. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se debe esforzar por mejorar la medición y la información de la calidad del aire en su Comunidad.

En Castilla-La Mancha los contaminantes que más incidencia presentaron fueron el ozono troposférico, las partículas PM10 y PM2,5, y en la comarca de Puertollano el dióxido de azufre.

El ozono troposférico afectó a todo el territorio castellano-manchego, con casi todas las estaciones registrando superaciones muy elevadas del valor octohorario recomendado por la OMS. De hecho tres cuartas partes de las estaciones presentaron más de 75 superaciones. La estación de San Pablo de los Montes (Toledo) ha tenido la peor situación, con 159 días de mala calidad del aire, casi la mitad de los días del año. En lo que respecta al valor objetivo establecido por la normativa, la mitad de las estaciones registraron unas superaciones promedio anuales mayores de las 25 permitidas, en el trienio 2015-2017: Argamasilla, Brazatortas, Mestanza, Alameda, Añover, Azuqueca de Henares, Castillejo, Illescas, Toledo, Villaluenga de la Sagra, Villamejor y San Pablo de los Montes. Los peores registros tuvieron lugar en Castillejos (Toledo) y San Pablo de los Montes, con respectivamente 82 y 58 días de superación.

Finalmente, el objetivo legal establecido para la protección de la vegetación durante el quinquenio 2013-2017 se ha superado en diecisiete estaciones y en todas las zonas, situándose en 2017 todos los medidores por encima del objetivo a largo plazo, por lo que puede concluirse que la totalidad de los cultivos, montes y espacios naturales de Castilla-La Mancha están expuestos a niveles de ozono que dañan la vegetación.

Las partículas PM10 afectaron a todo el territorio castellano-manchego, salvo las zonas “Montes de Guadalajara” y “Montes de Toledo”. En todas las estaciones de la Junta de Castilla-La Mancha se registraron superaciones de los valores medios anual y diario recomendados por la OMS. Y en las estaciones de Campo de Fútbol y Talavera de la Reina se rebasó el valor límite diario establecido por la normativa. Respecto a las partículas PM2,5, los peores registros se han detectado en las estaciones de Brazatortas (Ciudad Real) y Añover (Toledo), aunque lejos del límite legal anual.

El dióxido de azufre, cuya procedencia es fundamentalmente la actividad industrial, sólo afectó de manera significativa a la comarca de Puertollano.

Las estaciones Barriada 630, Campo de Fútbol, Hinojosas e Instituto registraron más de tres superaciones del valor medio diario recomendado por la OMS, aunque en niveles inferiores a los últimos años. Los peores registros se alcanzaron en la estación Campo de Fútbol, con 42 superaciones.

En dicha estación, se alcanzaron 5 superaciones del valor límite horario establecido por la normativa, sin alcanzar no obstante las 24 superaciones que se admiten como máximo, así como una superación del umbral de alerta.

Finalmente, hay que notar que en 2017 las mediciones de hidrocarburos tóxicos en la Comarca de Puertollano han alcanzado niveles preocupantes, rebasando en la estación Campo de Fútbol la recomendación de la OMS para el benceno.

El cuadro general que presenta Castilla-La Mancha es el de dos zonas con una elevada contaminación: una situada al norte, caracterizada por contener una gran actividad industrial y un elevado número de kilómetros de carreteras y autovías con una gran intensidad de tráfico (y en cuyo interior existen importantes núcleos de población como Guadalajara, Toledo, Azuqueca de Henares y Talavera de la Reina), y otra al sur delimitada por el área industrial de la comarca de Puertollano. La contaminación emitida desde ambas zonas y desde la Comunidad de Madrid se extiende además por el resto del territorio en la forma de ozono troposférico, afectando a lugares alejados de estos focos de emisión, como por ejemplo las zonas rurales del interior.

Como consecuencia, toda la población castellano-manchega respira un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS y la legislación vigente (en este último caso con la excepción de la Comarca de Puertollano), y la totalidad del territorio está expuesto a niveles de contaminación que dañan la vegetación.

A pesar de esta situación no se tiene conocimiento de la elaboración ni aprobación por la Junta de Castilla-La Mancha de ningún plan de mejora de la calidad del aire, referido a las superaciones de los valores objetivo legales de ozono en las zonas de Puertollano, Corredor del Henares y Resto de Castilla-La Mancha, ni tampoco de ningún plan de acción a corto plazo para enfrentar los episodios de ozono en la Comarca de Puertollano. Los únicos planes disponibles hasta la fecha son los programas de reducción de partículas PM10 y SO2 en Puertollano.

Las elevadas temperaturas y la prolongada sequía han incrementado los episodios de contaminación. El fuerte calor primaveral y estival explica que los niveles de ozono hayan aumentado significativamente en 2017 en buena parte del Estado español. También el cambio de ciclo económico ha conllevado un aumento de la quema de combustibles fósiles en el transporte, la industria y la producción de electricidad, con el consumo energético en los niveles del inicio de la crisis y las energías renovables en su peor situación de la última década.

Finalmente, las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón, recuperando los apoyos a las energías renovables y penalizando el diésel y la incineración de residuos.

Se precisa de un mayor compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el medio ambiente

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Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España se reúnen con el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Las organizaciones ambientalistas Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España han trasladado al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se comprometa más profundamente con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y se replantee posiciones y proyectos poco coherentes con los objetivos medioambientales que se dice defender.

Algunas de las cuestiones que preocupan a Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España son la insistencia en sacar a colación grandes infraestructuras con evaluaciones ambientales negativas, las incoherencias en materias de agricultura y agua, la ilógica intención de derogar el decreto por el que se declara el conejo de monte especie de interés preferente, así como las nuevas leyes sobre evaluación ambiental o sobre instalaciones de telecomunicaciones y que dejan al margen principios básicos de protección de la salud y el medio ambiente.

Preocupa también a las ONG el desordenado y masivo crecimiento de instalaciones ganaderas intensivas, la tramitación de proyectos de singular interés en zonas de alto valor natural y paisajístico y la falta de planificación en el reimpulso a las renovables en Castilla-La Mancha. Todo ello sin olvidar conflictos que no se han sabido resolver con los agentes medioambientales.

Especial mención merece la reiterada mala gestión y regulación de la caza, lo que ha llevado de rebote al bloqueo impulsado por el sector cinegético a la ley de protección y bienestar animal.

Desde el punto de vista de las ONG estas cuestiones se pueden y se deben reconducir desde el diálogo y la participación huyendo de reacciones apresuradas o de la cesión ante posiciones irracionales. También desde la ampliación y renovación de los medios humanos de que dispone la Consejería en medio ambiente, a todas luces insuficientes y escasamente diversificados. Y, por último, impulsando la educación y divulgación ambiental para favorecer la concienciación ciudadana como está previsto hacer a partir de este año.

Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España le han trasladado al Consejero su más sincero deseo de colaboración e impulso de las políticas medioambientales y de una línea de desarrollo sostenible compatible con la obligada protección medioambiental y de la salud pública.  Así como la disposición a un diálogo abierto con todos los sectores para resolver los conflictos existentes en la región.

Como hicieran las asociaciones en el Consejo Asesor de Medio Ambiente celebrado ayer se ha pedido a la Consejería y al Gobierno, que no se derogue, sino que se revise, el decreto del conejo, que se paralicen y discutan más despacio las iniciativas en materia de grandes infraestructuras y agua y que se aproveche la oportunidad de los cambios en el Gobierno central para evitar que se construya el ATC de Villar de Cañas, se dote al río Tajo de un verdadero caudal ambiental y se concreten medidas de mejora en la protección de los parques nacionales de cara a su eventual transferencia a la comunidad autónoma.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tramita la imprescindible reforma de la ley de caza a las Cortes regionales.

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12805935_897843593666639_7134686047442127733_nAnte la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de caza y su definitiva tramitación a las Cortes Regionales con vistas a su definitiva promulgación, la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ve satisfecho uno de sus principales objetivos. Ya es seguro que la ley de caza cambiará sustancialmente gracias al impulso social contra los privilegios a la caza.

La Plataforma reconoce el esfuerzo realizado por el actual Gobierno para atender las demandas de un cambio sustancial en la normativa cinegética y, en particular, el realizado por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien tiene que soportar a diario la sobreactuación del lobby cinegético con sus indefendibles argumentos.

Cambiar la ley de caza de la era Cospedal es una necesidad para Castilla-La Mancha. Es un ejercicio de higiene democrática llamado a restituir buena parte de los derechos de los no cazadores y de los principios de protección animal  y conservación de la naturaleza que la actual ley conculca.

El proyecto de ley que el Gobierno aprueba cambia aspectos fundamentales que permitirán el desarrollo de actividades en el medio natural sin temor a ser sancionadas o interrumpidas en espacios públicos por efecto de la caza, que priorizarán la captura en vivo de animales domésticos asilvestrados, que generarán un mayor control de la caza intensiva y de los cerramientos, que reforzarán la actividad de los agentes medioambientales y que supondrán una mejor aplicación del régimen sancionador.

Por otra parte, todavía se queda corto el proyecto de reforma en cuestiones como la edad para cazar, la limitación de determinados métodos de caza, como la caza nocturna o el empleo de alimentación suplementaria que generan sobrepoblaciones de ungulados, la eliminación de vallados ilegales o la supresión de los cuarteles de caza comercial.

A partir de aquí la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha reitera el llamamiento ya hecho a los partidos con representación parlamentaria para que apoyen la modificación de la ley y, si posible, incluso mejoren el texto que traslade el Gobierno con la aprobación de las oportunas enmiendas. A tal fin iniciará inmediatamente una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios castellano-manchegos.

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

Las organizaciones del Programa Antídoto piden medidas definitivas para acabar con el veneno en el campo a las administraciones .

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cadáver de Buitre negro envenenado redLas nueve organizaciones integrantes del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, reclaman al MAPAMA y a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas una mayor implicación para acabar con esta práctica ilegal. Castilla-La Mancha precisa de un impulso urgente en la lucha contra el uso del veneno

Toledo ha acogido la reunión anual de las nueve organizaciones de defensa del medio ambiente que forman el Programa Antídoto para valorar la situación del uso del veneno en España y de las graves consecuencias que acarrea para la biodiversidad. La primera conclusión a la que han llegado es que el veneno continúa muy presente en el campo y que las administraciones se han relajado en su erradicación.

Las organizaciones muestran su preocupación por la tendencia actual en todo el territorio hacia el debilitamiento del nivel de compromiso en la lucha contra el veneno. Después de un periodo de crecimiento de actuaciones de persecución del uso de veneno, los informes presentados en la reunión señalan cómo desde 2011 hay un progresivo y notable retroceso de la acción de las administraciones en la materia. Destacan como uno de los aspectos más negativos, a pesar de la persistencia de episodios de veneno, y salvo excepciones, el alto grado de impunidad que se da para este delito. En la reunión, se han estudiado propuestas concretas para la mejora de la normativa básica estatal en la materia, coincidiendo en la necesidad de una reducción de los episodios de veneno y de aumentar la actuación policial y legal contra esta grave amenaza para la fauna.

Estrategia Nacional

Las organizaciones del Programa Antídoto han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que apoye económicamente líneas maestras de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados, como son la formación de servicios técnicos y jurídicos de las comunidades autónomas y de agentes de la autoridad, el apoyo a la realización de analíticas de los animales y cebos envenenados y el apoyo a las unidades caninas especializadas en la detección de venenos.

Análisis de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión anual

Como cada año, el Programa Antídoto ha hecho una valoración más específica de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión. En este caso ha puesto el  foco  en Castilla-La Mancha, apreciando que ya en el año 1999 fue una región líder en dotación de normativa y en otros aspectos, pero que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Los protocolos de la Estrategia regional (2005) han quedado obsoletos,  han disminuido los medios humanos destinados a la vigilancia y los servicios jurídicos apenas concluyen expedientes sancionadores y de cierre de cotos de caza. Además la actual administración no acaba de cumplir su compromiso de modificar la Ley de caza de 2015 que supuso  un  menoscabo de de la fortaleza normativa regional en materia de lucha contra el veneno.

El caso de la bromadiolona

Un tema que preocupa especialmente a las organizaciones ambientalistas es el de la grave aplicación de venenos rodenticidas por parte de la Consejería de Agricultura en Castilla y León. En relación con ello se ha revisado la situación de las iniciativas judiciales que el Programa Antídoto está llevando a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, recordando que la Consejería de Agricultura sigue sin aportar los informes solicitados por el Juzgado sobre los métodos empleados para declarar la existencia de plaga de topillo. El Programa Antídoto alerta una vez más de que el veneno utilizado, la bromadiolona, es uno de los tóxicos más peligrosos para la fauna silvestre que está causando estragos en el medio natural y poniendo en riesgo la marca “Tierra de sabor”.

Ejemplos positivos y negativos en el resto de España

Durante la reunión se han mostrado ejemplos de  comunidades autónomas como Madrid o Extremadura, claves para la conservación de especies muy afectadas por el veneno y en las que no se ha aplicado ni una sola sanción en veinte años a pesar de los casos registrados.

Sin embargo las organizaciones del Programa Antídoto reconocen  también que en el ámbito de la persecución de este delito ha habido algunas iniciativas con resultados muy destacables, como los logrados por el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña que ha conseguido erradicar el uso de veneno en la provincia de Lérida y cuyos agentes especializados son un modelo a implantar en otras regiones. También es muy destacable en los últimos años, en el ámbito estatal, por su efectividad, el trabajo de la Unidades Caninas especializadas en detección de venenos tanto de la Guardia Civil como de algunas comunidades autónomas.

Daños graves que amenazan la biodiversidad

El Programa Antídoto recuerda que los daños que el empleo del veneno provoca en la biodiversidad son enormes. El informe El veneno en España (1992-2013), que analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, desvela que en los últimos 20 años se han producido 8.324 episodios de envenenamiento. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran. Por su parte, el informe Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015 muestra como solo en 54 casos en ese periodo se ha registrado la muerte de más de 900 animales, buena parte de ellos especies amenazadas.

Sobre el Programa Antídoto: La lucha contra el uso ilegal de veneno tuvo un gran impulso en 1997 cuando surgió el Programa Antídoto, fruto de la preocupación de varias entidades de defensa de la naturaleza por la repercusión catastrófica que, sobre la vida silvestre y, en especial, sobre importantes especies amenazadas, estaba teniendo el uso masivo de veneno en el medio natural. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

 

La orden de vedas de caza: incumplimiento grave del Gobierno de Page que será recurrido de nuevo

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Ante la publicación de la orden de vedas que regula la actividad cinegética en Castilla-La Mancha para la temporada 2017-2018 Ecologistas en Acción anuncia la interposición de un nuevo recurso ante los tribunales que ampliará los que ya fueron motivo de sentencia por parte del TSJ-CLM y del Tribunal Supremo.

El gabinete jurídico de Ecologistas en Acción estudia ya el texto publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con vistas a recurrir la orden de vedas en numerosas materias, tales como la perdiz con reclamo, la media veda y la caza del arruí. También analiza de estas cuestiones sobre cuales se podría reclamar una paralización cautelar.

A estos motivos de recurso se añadirán otros nuevos como el listado de especies cazables y la ampliación de tipos y periodos de caza y que tienen como consecuencia que se permita cazar prácticamente todo el año en Castilla-La Mancha. Entre ellos la nueva temporada que facilita el aguardo nocturno de jabalí y que no hará otra cosa que contribuir al aumento de las poblaciones de esta especie y al incremento de la inseguridad en el medio natural.

La asociación considera que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha incumplido sus compromisos de diálogo y de evitar una nueva confrontación en los tribunales por la orden de vedas.

El actual Gobierno regional se ha mostrado como una administración no ya poco sensible, sino refractaria a corregir los gravísimos impactos negativos que genera la caza en la región y acobardada ante las movilizaciones insensatas e injustificadas protagonizadas por el lobby cinegético.

En este sentido parece que el Gobierno de Page no es que recuerde al Gobierno de Cospedal, sino que le supera en algunos aspectos en cuanto a supeditación al lobby cinegético y en la falta de atención a una regulación de la caza que no perjudique ni a la protección del medio natural, ni al bienestar animal ni al uso público de los espacios naturales.