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El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.

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Las ONG ambientales alegan juntas al plan de gestión de las ZEPA de Ambientes Esteparios de Castilla-La Mancha

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Los viñedos en espaldera dañan las Zepas Esteparias

Las principales organizaciones de defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha, Ardeidas, Ecologistas en Acción, Esparvel, SEO/BirdLife, la Sociedad Albacetense de Ornitología y WWF, han unido fuerzas y han presentado un documento conjunto de alegaciones al Plan de Gestión de las 8 Zonas de Especial Protección de Aves de ambientes esteparios.

En este escrito se solicita a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que mejore notablemente el borrador del plan sometido a información pública. También exigen que no se deje influir por las injustificadas solicitudes de las organizaciones profesionales agrarias, ya que si se aceptan no se resolverá nunca el problema de seguridad jurídica que se mantiene sobre las ZEPA y hacen peligrar la consecución de 40 millones de euros de  ayudas europeas que llegarían de la mano del Plan de Desarrollo Rural (PDR).

En las alegaciones, las ONG defienden la importancia de las ZEPA de aves esteparias y la necesidad de aprobar un plan de gestión que aúne criterios de conservación con el mantenimiento e impulso de una agricultura verdaderamente sostenible y rentable económicamente.

Las ONG apuestan por trabajar en la mejora de rentabilidad del modelo agrícola que ha permitido la conservación de las especies hasta la fecha, donde predominan los cultivos extensivos de cereal, frente al avance de un modelo intensivo que daña y pone en riesgo los valores naturales de estos espacios.

En este sentido, se hace especial énfasis en la incompatibilidad de las espalderas y de nuevos cultivos leñosos con el hábitat de las especies esteparias, así como en el perjuicio directo sobre las aves, las aguas, y sobre la salud de las personas supone el empleo de semillas blindadas y de pesticidas, en particular de los herbicidas como el glifosato que se emplea en la siembra directa.

Las ONG se oponen rotundamente a que en las ZEPA continúen las transformaciones de cultivos, a la siembra directa y a que no se limite el uso de pesticidas, y considera injustificadas las peticiones en este sentido de las organizaciones profesionales agrarias.

Quienes defienden estos cambios en el plan de gestión, e incluso su paralización, faltan a la verdad al enjuiciar el supuesto impacto y las limitaciones que las ZEPA generarían en la agricultura. Lógicamente, al tratarse de espacios protegidos requieren de un plan de gestión y de medidas de protección y de incentivo para orientar la práctica agrícola en estas zonas. Pero recordemos que las ZEPA son sólo 200.000 hectáreas, esto es, menos del 6 por ciento de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha, y que las medidas que se proponen tienen un efecto limitado que además se compensa económicamente.

Las ONG emplazan a las organizaciones agrarias y a quienes se oponen al plan de gestión a un debate abierto y honesto sobre el tema y a que enuncien definitivamente sus propuestas concretas, puesto que parecen más interesados en una estrategia de desgaste que en la creación de un marco de gestión claro que permita a los agricultores orientar sus producciones dentro de las ZEPA y que permita desbloquear el acceso a 40 millones de euros para los cuales ya hay numerosos agricultores demandantes.

Denunciamos los ataques a Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) esteparias y pedimos más protección

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Las asociaciones Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, Sociedad Albacetense de Ornitología, SEO/BirdLife, WWF España, Esparvel y Ardeidas ante los numerosos e injustificados ataques que están sufriendo estos espacios protegidos en los últimos años y en particular en las últimas semanas a resultas de la tramitación del plan de gestión, quieren poner de manifiesto que lejos de ser un problema para la agricultura estas zonas ofrecen una oportunidad para llevar a cabo una actividad agraria más sostenible y con futuro, y que merecen toda la protección y atención por parte de las Administraciones.

La situación actual de las 8 ZEPA de ambientes esteparios que hay en Castilla-La Mancha es alarmante. En primer lugar, las poblaciones de determinadas especies de las que las ZEPA deben responsabilizarse de su buen estado de conservación están en declive. Tal es el caso del sisón, el alcaraván, el aguilucho cenizo, la alondra ricotí, la ganga-ortega y el cernícalo primilla. La avutarda en Castilla-La Mancha parece haberse librado de esa tendencia que afecta a distintas especies amenazadas, pero afronta los impactos derivados de la gran transformación de hábitats y de cultivos a la que se está sometiendo a las ZEPA desde el mismo momento de su aprobación oficial en 2005.

Según los datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural desde que en 2005 se publicara el decreto de aprobación definitiva de las ZEPA de esteparias, en ellas se han instalado más de 5.300 hectáreas de viñedos en espaldera, que distintos estudios científicos han demostrado incompatibles con la presencia de estas aves, y en particular la avutarda. Y, lo que es más grave para las asociaciones, buena parte de esos cultivos se han desarrollado amparándose en una orden de 2012 que eximía de evaluación de impacto ambiental muchas de esas plantaciones y que ha sido declarada ilegal por sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha.

Lejos de resolver estos problemas, el plan de gestión da por buena la reducción de hábitats provocada por los cultivos en espaldera y, además, abre la puerta a nuevas plantaciones de este tipo hasta alcanzar un límite de admisibilidad del 16% de leñosos en el conjunto de las ZEPA, lo que equivale a otras 2.200 hectáreas .e de destrucción de hábitats esteparios, sin haberse evaluado previamente el impacto de las transformaciones anteriores.

Por su parte, determinados partidos y organizaciones agrarias denuncian que las ZEPA van a acabar con la agricultura, como si fueran un gran problema para el sector en Castilla-La Mancha. Nada más lejos de la realidad, las asociaciones ecologistas señalan que las ZEPA de esteparias no sólo respetan la agricultura y la ganadería tradicional de carácter extensivo, sino que las necesita por el bien de las especies que alberga. Además, permiten allegar 40 millones de euros en ayudas a estos sectores a través del PDR.

Estas ZEPA sólo representan un 2,5 de la superficie regional y un 5,9 % de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha, quedando claro que no son el problema para la instalación de unos cultivos que, de ser viables, se pueden realizar en muchas otras partes de la región. Las ZEPA no son un problema para la agricultura, si acaso lo serían para determinados intereses  limitados a  zonas concretas dentro de las ZEPA y en las que, curiosamente, se concentran también la mayor parte de las transformaciones de cultivos acaecidas en los últimos años, sobre todo desde 2012.

Pero tampoco se puede admitir que en espacios protegidos se consoliden e incrementen actuaciones como el aumento de las espalderas por el impacto que producen en las poblaciones de aves. Por ello, las ONG urgen a aprobar, mejorándolo notablemente, el Plan de Gestión de las ZEPA y que se aborde de una vez la recuperación de las poblaciones de aves y el cese de la degradación de los hábitats por la transformación irregular de cultivos. Asimismo reclaman la inmediata puesta en marcha de las ayudas de 40 millones de euros incorporadas al PDR de Castilla-La Mancha.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF exigen a las administraciones que la caza no prevalezca sobre otros usos en el medio natural

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Las organizaciones conservacionistas recuerdan a las administraciones públicas que lasOLYMPUS DIGITAL CAMERA actividades desarrolladas en el medio natural en las que se ejerza un uso privativo de un recurso común, como es el caso de la caza, deben quedar supeditadas a la conservación del patrimonio natural de todos los ciudadanos y a la realización de actividades colectivas sostenibles, como el senderismo o la observación de la naturaleza. 

Castilla-La Mancha, foco de los principales conflictos de la caza con el uso público. Ecologistas en Acción CLM exige soluciones ya, entre ellas la eliminación del artículo 27.m de la Ley de Caza. 

SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción, consideran necesario que las administraciones públicas cumplan estrictamente con el artículo 45.2 de la Constitución Española, para asegurar que el uso público del medio natural no esta supeditado a actividades que ejercen un uso privativo del patrimonio de todos los ciudadanos.

Según la normativa española, actividades realizadas en el medio natural como la caza no pueden tener preferencia frente a otros usos públicos del territorio, sino que tendrán que estar supeditadas a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de todos las personas, así como al disfrute de un medio ambiente adecuado por parte de toda la ciudadanía que desee ejercer este derecho. Por otra parte, la presión cinegética que se está ejerciendo sobre algunas especies está poniendo en riesgo su conservación, ya que se trata de especies que presentan un evidente declive poblacional, como es el caso de la tórtola europea, la codorniz o la perdiz roja.

Esto es especialmente importante cuando se trata de espacios protegidos. Atendiendo a la legislación vigente, es deber de todos los poderes públicos, velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional. No es posible que los domingos, durante el periodo hábil de caza, sea difícil pasear de forma segura por muchos de los espacios protegidos.

Algunos ejemplos remarcables son los acaecidos en Monfragüe o Cabañeros, donde se ha producido la paradójica situación de autorizarse batidas de caza durante algunos de los días festivos más frecuentados por los visitantes de los parques nacionales, cortando carreteras y caminos públicos de acceso a estos emblemáticos espacios. Esta situación se repite durante el periodo hábil de caza en todo el Estado, con ejemplos en parques naturales y en zonas protegidas de la Red Natura 2000, como el Alto Tajo (Guadalajara), la Laguna de la Nava (Palencia), Villafáfila (Zamora) o Doñana (Huelva). La priorización de las actividades cinegéticas sobre otros usos del territorio va más allá, ya que incluso algunas normativas autonómicas, como la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, establecen sanciones de entre 3.001 y 30.000 euros para las personas puedan molestar a las especies cinegéticas, por lo que se hace precisa la eliminación del artículo 27.m.

Las tres organizaciones recuerdan también que es un imperativo legal que las administraciones evalúen el impacto de la práctica de caza en los espacios protegidos antes de autorizarla en los mismos, aspecto que casi ninguna comunidad autónoma cumple.

Las administraciones competentes deberían velar por que se priorice la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente frente a usos que puedan afectar de forma negativa a las personas y a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, intentando compatibilizar los diferentes usos públicos que se pueden desarrollar de manera legal en el medio natural. Ningún uso privativo del medio natural y de sus recursos puede significar un detrimento de los recursos medioambientales del territorio, ni un impedimento o riesgo para que los ciudadanos realicen los usos públicos permitidos en los espacios naturales, especialmente cuando se trata de espacios protegidos. Este es el caso de muchas zonas de España durante los días hábiles de caza en el que el disfrute por parte las personas que sólo pretenden pasear por el campo es extremadamente difícil o arriesgado.

Con respecto a la salud pública y al estado del medio ambiente y en el caso especial de los espacios protegidos que incluyan humedales dentro de sus límites, es necesario que se cumpla estrictamente lo establecido en el artículo 62.3.j de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, que indica la imposibilidad del uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos. Además, las tres organizaciones ecologistas afirman que esta prohibición debería hacerse extensiva a todas las zonas húmedas del Estado y que la munición con plomo debería ser sustituida por una menos tóxica lo antes posible.