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Ecologistas en Acción

El Gobierno de Castilla-La Mancha le niega ayudas a quien las necesita y se las da a la caza y a los toros.

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Reclamamos del Gobierno de Page la atención inmediata a todas las ayudas sociales

Resulta inevitable relacionar distintos anuncios realizados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con la reciente noticia de que el Gobierno que preside está negando ayudas sociales a personas necesitadas por falta de presupuesto.

Según denuncian afectados y trabajadores de atención primaria, han dejado de atenderse nuevas solicitudes del ingreso mínimo de solidaridad que la Junta de Castilla-La Mancha ofrece para atender situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social o pobreza.

Eso ocurre desde agosto y se argumenta por el Gobierno regional la falta de presupuesto. Es decir, un tecnicismo que tiene fácil solución, ya que bastaría con habilitar de forma extraordinaria las partidas pertinentes, haciendo un traspaso de fondos de otras partidas. Obvias razones de necesidad y de urgencia permiten introducir estas modificaciones presupuestarias.

Pero no, el Gobierno no lo ha considerado pertinente, y remite a la población afectada al año 2020 para satisfacer sus solicitudes.

No cabe otra que exhortar al Gobierno regional a que dote de inmediato y de forma urgente el dinero preciso para las ayudas contra la pobreza y la exclusión social. Son prioridades que no deben supeditarse a simples tecnicismos formales.

Pero, además, no cabe otra que preguntarse entonces, en qué se gasta el dinero el Gobierno de Page para que no le alcance para atender a la población. Pues bien, si las comparaciones son odiosas, esta lo es aún más.

Entre las nuevas prioridades económicas que ha planteado el Gobierno regional figuran dos muy llamativas, promover la caza y promover los toros. Y no lo piensa hacer con una mera declaración de intenciones. No. Lo va hacer, lo está haciendo ya, con un fuerte desembolso económico.

Entre las inversiones que ha anunciado el Sr. Page en la caza y los toros cabe destacar tres. La supresión de la tasa a las licencias de caza y pesca para los castellano-manchegos. La creación de sendos canales temáticos sobre caza y sobre toros en la televisión pública.  Y el constante goteo de ayudas a las entidades cinegéticas y de promoción de la tauromaquia. La última, la publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 11 de diciembre de 2019, por la cual se concede a dedo al ayuntamiento de Yuncos una aportación de hasta 30.000 euros para  la celebración del XVI Congreso Nacional del Toro de Cuerda.

Actualmente se recaudan en Castilla-La Mancha dos millones y medio de euros por licencias de caza. De ese importe, una parte importante dejará de recaudarse al ofrecerse el gratis total a los cazadores y pescadores que residan en la región. De otro lado, todavía está por cuantificar el coste, que no será poco, de los dos canales temáticos que se anuncian y que serán sufragados con dinero público.

Aún a riesgo de que se nos acuse de demagogia o de oportunismo, de utilizar interesadamente ciertos argumentos, nadie con una mínima sensibilidad social debería dejar de denunciar este tipo de situaciones. Máxime si, como parece, al Gobierno regional le sobra el dinero para financiar actividades que sólo interesan a una minoría de la población y que no pueden pasar por esenciales para la comunidad.

Desde Ecologistas en Acción reclamamos del Gobierno del Sr. Page que aporte de inmediato los fondos necesarios para cubrir dignamente todas las ayudas sociales en Castilla-La Mancha. Y que, cuando las cubra, se pare a pensar un rato sobre en qué y por qué gasta el dinero de los castellano-manchegos. A lo mejor de la reflexión le sale una idea que se pueda entender respecto de cuáles son las prioridades de su Gobierno.

Ecologistas en Acción se personará como acusación contra el cazador que mató a una lincesa provocando la muerte de sus cuatro cachorros.

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lince-iberico-nenufar-con-cachorros-01-660-626Tras conocerse que el Seprona de la Guardia Civil ha identificado y denunciado ante los Juzgados de Primera Instancia de Toledo a un hombre que habría causado la muerte por disparo de arma de caza de la lincesa Nenúfar el pasado mes de junio, Ecologistas en Acción de Toledo ha decidido personarse en la causa.

La gravedad de las circunstancias del caso y de los daños producidos en una especie en peligro de extinción, que incluyen la pérdida de los cuatro cachorros de la linces muerta,  motiva esta decisión de la asociación que en breve remitirá al Juzgado toda la documentación precisa para que se verifique la personación.

Se pedirá la máxima pena que permite el artículo 334 del vigente código penal para delitos contra la fauna protegida, y que puede llegar hasta los dos años de prisión y hasta los cuatro años de inhabilitación para cazar. Asimismo, se solicitará una cuantiosa indemnización económica que podrá superar los 100.000 euros por los daños al patrimonio natural.

Ecologistas en Acción quiere valorar muy positivamente la actuación de investigación del Seprona, sin olvidar la de los agentes medioambientales que también intervinieron en las actuaciones. Asimismo confía que en breve se tengan noticias similares y se detenga a cada uno de los culpables de las muertes de los otros tres linces que han aparecido con disparos o atrapados en cepos y lazos en este nefasto año para el lince ibérico en Castilla-La Mancha.

Ecologistas en Acción, que fue quien denunció públicamente todas estas muertes de linces, sigue echando en falta las actuaciones por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. A día de hoy la Consejería de Desarrollo Sostenible no ha contestado a las peticiones de información realizadas el cuatro de octubre pasado y tampoco ha anunciado si se han tomado medidas cautelares o de otro tipo en los cotos de caza donde se produjeron los hechos.

Ecologistas en Acción ha pedido una reunión tanto en la Consejería como en la Delegación Provincial de Toledo para que informen de sus actuaciones y para que expliquen su falta de transparencia y de diligencia en la persecución de acciones de caza que están suponiendo un daño enorme para la biodiversidad.

Antecedentes denuncia de Ecologistas en Acción

https://www.ecologistasenaccion.org/128047/mueren-cuatro-linces-a-manos-de-cazadores-en-castilla-la-mancha/

Ascienden a 8 los linces muertos por cazadores, y no son furtivismo.

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Nenúfar, muerta por disparo a bocajarro, y las que fueron sus crías
Nenúfar, muerta por disparo a bocajarro, y las que fueron sus crías

Los linces muertos por acciones de caza en Castilla-La Mancha no son furtivismo, es caza de especies protegidas. Y hay cuatro cachorros muertos más.

– El Gobierno de la Junta falsea los datos y las causas de mortalidad de lince.

– Son doce los linces muertos. Ocho debido a la caza, pues los 4 cachorros de Nenúfar sin duda perecieron.

– Tal y como lo define el Código Penal, el furtivismo no es la causa, es la caza de especies protegidas.Tras la denuncia de Ecologistas en Acción de que habían muerto en distintas acciones de caza 4 linces ibéricos del programa de recuperación de la especie en los Montes de Toledo, el Gobierno de la Junta, por fin, ha empezado a dar información.

Sin embargo, una vez más, en lugar de practicar la transparencia y explicar las cosas como son, falsea la realidad intentando ocultar las dimensiones del daño causado por la práctica de distintas modalidades de caza y, lo que es peor, de las bajas efectivamente producidas por esta causa.

No son ocho, sino probablemente doce, los linces muertos en los Montes de Toledo en lo que va de año. Y de esa cifra son 8, y no cuatro, los muertos a consecuencia de prácticas cinegéticas. Esa cifra se obtiene de sumar a las bajas reconocidas, las de los cuatro cachorros que estaban al cargo de “Nenúfar”, la lincesa muerta de un disparo a bocajarro, y que se han perdido tal y como ha dado por hecho la propia Junta.

¿O es que para la Junta no hay que contabilizar los cuatro cachorros de “Nenúfar” como parte de la mortalidad de la especie?

Por otra parte, en un ejercicio de ausencia de rigor técnico y jurídico, el Gobierno habla de que las muertes de linces denunciadas por Ecologistas en Acción, han sido causadas por furtivos.
El furtivismo es una práctica tipificada en el código penal, concretamente en el artículo 335 que se introdujo específicamente a petición de los cazadores para penar esta conducta en la reforma que entra en vigor en el año 2004. Este artículo, según su apartado 1 se aplica sólo a especies no protegidas, es decir a las cinegéticas. Y según el apartado 2 penaliza también a “ El que cace o pesque especies a las especies que se refiere el apartado anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, ….”.

La caza de especies protegidas es un delito del artículo 334 del código penal, cuestión que el Gobierno debiera saber y decir como es.

Por lo tanto es falso que el furtivismo sea la causa de la muerte de linces. Éstos han muerto por actos de caza ilegal de una especie protegida, en el transcurso de actividades cinegéticas tanto legales como ilegales.
A la vista de los hechos, y al contrario de lo que piden algunas entidades del mundo de la caza es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y no Ecologistas en Acción, quien tiene que rectificar y ser transparente a la hora de facilitar información y actuar contra quienes provocan la muerte de linces.

Más información:

Video de Nenúfar con los 4 cachorros en el twitter del entonces Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de CLM: https://twitter.com/i/status/1123114671609929729
Denuncia de Ecologistas en Acción: https://www.ecologistasenaccion.org/128047/mueren-cuatro-linces-a-manos-de-cazadores-en-castilla-la-mancha/

Mueren cuatro linces a manos de cazadores en Castilla-La Mancha

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  • En lo que va de 2019 al menos cuatro lices ibéricos han muerto en los Montes de Toledo por disparos de escopeta y trampas.
  • El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha informado de los casos y se desconoce si se han abierto expedientes en vía penal y administrativa.
  • Ecologistas en Acción reclama transparencia y una acción contundente de cese de la caza en las zonas donde han aparecido los linces muertos.
Lince muerto en un cepo en Toledo en septiembre

2019 está siendo un año trágico para los linces ibéricos en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Toledo.

En los últimos meses se ha certificado la muerte de cuatro linces del programa de reintroducción puesto en marcha por el proyecto Life+Iberlince en la comarca de los Montes de Toledo y del que ahora se hace cargo la Junta de Castilla-La Mancha.

Los casos verificados corresponden con una muerte en un lazo, otra en un cepo y dos por disparos con escopetas de caza. Dos de las muertes han tenido lugar en el mes de septiembre.

Desde que se tienen estadísticas de mortalidad de lince ibérico en este siglo no se había producido una cifra tan alta de muertes debidas a la caza ilegal de linces en una zona tan concreta y en un espacio de tiempo tan corto.

En todos los casos las muertes de linces han tenido lugar por el empleo de medios de caza, bien sea durante el desarrollo de actividades cinegéticas permitidas o por el empleo de métodos de control de predadores.

La distinta naturaleza de los casos hace aún más preocupante la situación, pues las muertes se han producido en distintas fincas y cotos de caza de los Montes de Toledo, en áreas en teoría sujetas a mayor vigilancia por ser objeto del desarrollo del programa de reintroducción y recuperación de esta especie en peligro de extinción.

Todo apunta a que, lejos de lo que se suponía, el lince ibérico no está efectivamente protegido, sobre todo frente a las prácticas cinegéticas, legales o no, y que no solo se están dando en Castilla-La Mancha, sino también en Extremadura o Andalucía. Prácticas que perviven enquistadas en el sector de la caza y que, por desgracia, se regulan deficientemente por parte de unos gobiernos regionales, en particular el de Castilla-La Mancha, más interesados en evitar el conflicto con los cazadores que en la protección efectiva de nuestras especies más amenazadas.

Ante la gravedad de los hechos, Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al Consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha pidiendo transparencia en la información sobre la especie, así como los detalles de los expedientes informativos y sancionadores abiertos por estos u otros casos de mortalidad directa de linces que se hayan producido en este año.

Se reclama asimismo que, ante el inminente inicio de la temporada de caza, se cierren cautelarmente los cotos donde han aparecido los linces muertos hasta que se aclaren los hechos y se recupere la zona del daño causado.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación porque estos casos no se hayan hecho públicos hasta ahora y pedirá una explicación al respecto, ya que hasta hace no mucho el proyecto Iberlince y las entidades que participan de él eran muy diligentes a la hora de informar de estas situaciones.

Propuesta de declaración de emergencia climática en Castilla-La Mancha sin contenidos suficientes y creíbles.

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Recientes inundaciones en Mora (Toledo). Foto @CMMedia
  • Ecologistas en Acción emplaza al Gobierno de Castilla-La Mancha a asumir responsabilidades en la lucha contra el cambio climático y a la ciudadanía a participar de la Huelga Climática del 27 de septiembre.

La declaración de emergencia climática que se apresta a tramitar el Gobierno de Castilla-La Mancha está muy lejos de responder a los compromisos que debiera asumir una comunidad como la castellano-manchega acuciada por focos de contaminación muy preocupantes, la sobreexplotación hídrica, los episodios climáticos extremos, el incremento notable de emisiones en perspectiva y la pérdida creciente de biodiversidad.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, al igual que otras ONG ambientales y en especial el creciente movimiento social de Alianzas por el Clima, había pedido la declaración de emergencia climática para Castilla-La Mancha. Ante esta petición que es un clamor el Gobierno regional ha respondido con un trámite de urgencia, sin participación, y con un texto sin contenidos que induzcan a pensar que se asumen las responsabilidades en la lucha contra el cambio climático y contra la pérdida de la biodiversidad.

Así no se hacen las cosas, salvo que el objeto no sea el que se explicita, sino otro. Por ejemplo, el de cumplir el expediente e intentar hacer ver lo que no es ante una inminente movilización social.

Aunque en un principio se recibió con buenas expectativas el anuncio del Gobierno de que se iba a declarar la emergencia climática en la región, éstas han quedado frustradas tanto por la forma en que se está tramitando como por el fondo.

No se entiende que se haya convocado el Consejo Regional de Medio Ambiente por mail y con sólo cuarenta ocho horas de plazo, y mucho menos que se ofreciera un texto ya cocinado y en el que no hay ninguna nueva ni trascendente aportación a lo que es la errática y desarrollista política del Gobierno de Page.

El borrador de emergencia climática que propone el Gobierno discurre por terrenos comunes, con medidas ya conocidas, muchas de ellas de escasa eficacia, que dependen de otros y sin asumir las responsabilidades que verdaderamente son propias del ámbito autonómico.

Las palabras de la declaración quedan huecas cuando, por ejemplo, no se expresa ningún compromiso para frenar las políticas de infraestructuras por carretera o aeroportuarias, siendo estos tipos de transporte los que más aportan a las emisiones de gases de efecto invernadero. También se echan de menos medidas eficaces de reducción de los focos de contaminación industrial y urbana, de freno a las macrogranjas, de residuos cero, de reducción de la sobreexplotación hídrica, de reducción del consumo de agua en el regadío o de detención a la pérdida de biodiversidad a causa de la mala aplicación de las políticas sectoriales, en especial de agricultura, minas, caza, urbanismo, turismo y macroproyectos.

Apostarlo todo, como hace la declaración, al incremento de la oferta de renovables que sólo beneficia a las grandes empresas y no al autoconsumo, a una ley de economía circular que incentiva y no ataja la creciente producción de residuos y a una empobrecida estrategia de cambio climático, no lleva a nada. Si acaso a intentar limpiar las malas acciones de un Gobierno cuyas intenciones quedaron claras en las palabras de su presidente durante la toma de posesión del Gobierno, reclamó más financiación autonómica para “hacer más carreteras”. Un Gobierno que apoya dos aeropuertos en la región, el de Ciudad Real y el de Casarrubios del Monte, que ha inaugurado el macroparque temático Puy du Fou al podrían llegar a acudir más de 2 millones de visitantes en su vehículo privado y un Gobierno que ha contribuido a la proliferación de macrogranjas porcinas y avícolas.

Con todo, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha hará lo posible por rectificar esta improvisada y desnortada forma de afrontar la emergencia climática por parte del Gobierno regional, y pide que se cree un grupo de trabajo y debate para buscar un documento de compromiso con verdaderos contenidos.

En estas circunstancias, y con más énfasis si cabe, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a toda la ciudadanía a participar de la Huelga Climática del 27 de septiembre, así como en los actos preparatorios de la misma que los movimientos de Alianza por el Clima están organizando por toda Castilla-La Mancha.

La Confederación del Tajo y el Gobierno de Castilla-La Mancha encubren las ilegalidades denunciadas en las obras del parque temático Puy du Fou en Toledo.

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Algunos de los destrozos provocados por el Parque temático Puy du Fou en el espacio natural protegido

Pasados cinco meses desde que en febrero de este año Ecologistas en Acción de Toledo denunciara ante la Confederación del Tajo y el Gobierno de Castilla- La Mancha la extracción ilegal de aguas para ser usadas en las obras del parque temático Puy du Fou y el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental, ninguna de las dos administraciones han respondido a las mismas conforme les obliga la ley de procedimiento administrativo.

Ecologistas en Acción de Toledo sigue esperando la debida respuesta a sus denuncias, que se informe de los expedientes sancionadores abiertos, se le dé traslado de los mismos y que se admita su personación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha contestado a la denuncia de ninguna manera. La Viceconsejería de Medio Ambiente, receptora de la denuncia ni siquiera ha remitido acuse de recibo.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo acaba de remitir, con fecha 12 de julio a Ecologistas en Acción de Toledo una somera, incompleta e indignante respuesta en la que se limita a decir en una sola frase que se ha iniciado el correspondiente expediente sancionador. Pero no informa de nada más, dejando sin respuesta las solicitudes que por vía administrativa hizo Ecologistas en Acción y que son de obligada atención.

Las administraciones, una vez más, y van ya muchas en todo lo que acontece en relación al parque temático Puy du Fou de Toledo, actúan al margen de sus obligaciones administrativas y, en este caso, cometen dos nuevas y graves irregularidades.

La primera, la de no responder en tiempo y forma a las denuncias y peticiones en relación a las mismas que les han sido formuladas en vía administrativa.

La segundo, y más graves aún, es la de encubrir con subterfugios legales o la simple inacción las ilegalidades cometidas en el Puy du Fou. Algo que podría ser perseguido incluso penalmente.

A la vista de los hechos se confirma que los cambios habidos en los últimos meses en la presidencia de la Confederación de Tajo no se están dejando ver en la mejora de la transparencia y de la atención a las denuncias de la ciudadanía.

Por su parte, cabe preguntarse si los cambios que se están registrando en la estructura del Gobierno de Castilla-La Mancha servirán para mejorar en algo los problemas que se vienen arrastrando en la gestión medioambiental del Puy du Fou, o si se seguirá supeditando el respeto de la legalidad a los intereses del proyecto de parque temático.

El incendio de Toledo, una catástrofe ambiental que exige respuestas y algunas reflexiones.

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P1140175 (1320 x 741)–          El origen del incendio apunta a una negligencia muy grave en la instalación y empleo de una bomba de agua para regadío agrícola 

–          El valor ambiental de los terrenos afectados es muy alta, la de mayor nivel en el término municipal de Toledo 

–          Apoyamos una recuperación natural de la superficie afectada en la línea de lo propuesto por los técnicos del ayuntamiento de Toledo. 

–          Es preciso hacer una reflexión sobre cómo evitar este tipo de negligencias, pero resultará difícil atajarlas si las administraciones no son coherentes a la hora de aplicar el mismo criterio a todos. Por ejemplo, al Puy du Fou y su famoso espectáculo pirotécnico, una ilegalidad manifiesta consentida por las autoridades.

Una vez controlado el incendio que se inició el pasado viernes 28 de junio en la finca Loeches situada al sudoeste de la ciudad de Toledo, Ecologistas en Acción de Toledo ha hecho un recorrido de la zona afectada y ha realizado una valoración de lo ocurrido y de lo que estaría por venir.

Finalmente se ha constatado una superficie dañada de unas 1.600 hectáreas de terreno principalmente forestal de encinar y en una parte calificado como urbano dentro de los términos municipales de Toledo, el más afectado, Guadamur, Argés y Albarreal de Tajo.

Según los datos disponibles la causa del incendio sería la avería de una bomba de extracción de agua para regadío que estaba siendo usada en circunstancias presuntamente indebidas, tanto por su ubicación, como por el riesgo de incendio, como por su estado y modo de empleo.

Es decir, el origen del incendio, apunta a una negligencia muy grave que podría tener responsabilidades penales dirigibles tanto sobre los titulares de la explotación agrícola de regadío como sobre los responsables últimos de la instalación y manejo de la bomba de agua.

Cabe señalar que el incendio ha provocado algunos daños materiales en parcelas y viviendas en la urbanización de Monte Sión de Toledo, así como en fincas y casas de campo. Afortunadamente, y a pesar de la virulencia y la velocidad del fuego, no cabe reseñar ninguna pérdida irreparable, de lo cual cabe alegrarse muy especialmente.

De la importancia del incendio da cuenta la velocidad de propagación. En sólo 30 horas, desde que se produjo hasta que se dio por estabilizado, las llamas recorrieron 15 kilómetros. Y a su paso saltaron los 35 metros de ancho de la autovía CM40, Ronda suroeste de Toledo.

Ante un suceso tan virulento y con grave riesgo para las personas, los medios de extinción realizaron un trabajo extraordinario digno de reconocer y de agradecer. También hay que hacer un reconocimiento muy especial al buen hacer y a la colaboración de tantas personas que ayudaron al vecindario y a la que facilitaron el traslado de centros municipales tanto de personas como de animales. Sin duda, todo ello supone un ejemplo de compromiso ciudadano que dignifica a esta ciudad.

Por desgracia la afección más grave del incendio se centra en lo medioambiental. El valor de los terrenos afectados por el incendio es altísimo, sobre todo para el municipio de Toledo y colindantes, pues la zona quemada estaba densamente poblada de monte y bosque de encinas que en algunas zonas tenía una altísima biodiversidad con especies acompañantes tan singulares como la cornicabra, el enebro, la efedra, entre otras muchas. Es el espacio natural más importante del municipio de Toledo y, además, en buena parte sobre terreno de titularidad municipal.

Desde el punto de vista faunístico se han quemado cientos de hectáreas de áreas críticas y de reproducción de águila imperial ibérica y de águila-azor perdicera. Así como terrenos potenciales para la dispersión y recuperación del lince ibérico. Las tres especies declaradas en peligro de extinción. También se han visto afectados hábitats de interés comunitario y elementos geomorfológicos protegidos.

En algunas zonas la vegetación y la fauna, casi han desaparecido por completo, sobre todo en las laderas que dan al Tajo, entorno a la CM-40 y desde ésta hasta la finca Palomilla, en el término de Argés. Afortunadamente la resistencia natural de las encinas al paso del fuego ha hecho que muchos ejemplares arbóreos hayan aguantado vivos y con visos de recuperarse a medio plazo.

Ahora el trabajo en el incendio se centra en una labor absolutamente necesaria que es la investigación del caso y la depuración de las correspondientes responsabilidades. Hay que confiar plenamente en que a la mayor brevedad la unidad de investigación de incendios de los agentes medioambientales y el resto de autoridades evacúen sus informes y se proceda tanto en vía penal como administrativa. Sólo sancionando como se merecen estos hechos y corrigiendo errores se puede avanzar en la prevención de incendios de cara al futuro.

Recordemos que el artículo 358 del vigente código penal considera delito la imprudencia grave que dé lugar a incendios tanto en zonas forestales como no forestales y que suma gravedad a la sanción si se ha puesto en riesgo la vida de personas. En estos casos más graves los culpables podrían sufrir una pena de hasta 10 años de cárcel.

Por último y de cara al futuro inmediato hay varias cuestiones sobre las que toda la ciudadanía y las administraciones toledanas deben reflexionar.

En relación a la recuperación ambiental de los terrenos, hay que ser muy cuidadosos y pacientes a la hora de abordarla. Castilla-La Mancha ya ha sido ejemplo de como si se apoya la regeneración natural se puede tener más éxito y más consistente que si se realiza una labor de repoblación artificial. Los encinares tienen capacidad de regeneración, y aunque costará que se recuperen, y aún más el conjunto del ecosistema con su flora y fauna, es más barato y rentable dejar que la naturaleza actúe, apoyándola sólo en situaciones puntuales.

Más importante si cabe, es sacar las debidas conclusiones de cada incendio. Por desgracia, muchas veces, pasada la alarma de la noticia, se olvida hacer una reflexión y tomar medidas eficaces que sean provechosas para el futuro.

En ese sentido la primera nos la tenemos que aplicar la ciudadanía, en particular aquellos colectivos que son usuarios de espacios forestales o agrícolas y que no toman la debida precaución en el manejo de maquinaria que puede provocar chispas o fuegos causantes de incendios.

La segunda se la tienen que aplicar las propias administraciones, en el este caso el Gobierno de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo, que no ponen el suficiente celo, ni la suficiente información ni vigilancia para que estas situaciones negligentes vayan a menos. Y lo que es peor, dan incluso mal ejemplo cuando justifican situaciones de riesgo con fines políticos y económicos. Y ahí está el caso de que en la misma zona del incendio y con todos los parabienes administrativos se quiera autorizar un espectáculo de fuegos artificiales, el del parque temático Puy du Fou, en una zona de riesgo, tan valiosa, forestal y protegida como la que se ha quemado. Las administraciones deben predicar con el ejemplo para ser creíbles, y en este sentido, en Toledo, lo primero que deben hacer es anunciar ya que no será posible usar fuegos artificiales en el Puy du Fou.

Enlace a descarga de fotografías.

Cesión gratuita y libre por parte de Ecologistas en Acción de Toledo.

Incendio Toledo 28 y 29 junio de 2019

https://photos.app.goo.gl/zapVFCdz2GKgwVRX9