Corrupción

Ecologistas en Acción exige responsabilidades inmediatas por el incendio de Chiloeches

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Imagen del incendio de Chiloeches, cortesía eldiario.es

La organización ecologista considera que el contenido del auto de apertura de juicio oral emitido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches es de una gravedad absoluta.

El auto debe, según Ecologistas en Acción, tener consecuencias inmediatas tanto en la administración del Gobierno de Castilla-La Mancha como en las actuaciones legislativas en materia de residuos a nivel regional y estatal.

El juzgado y la fiscalía coinciden en acreditar la existencia de una trama criminal en la que estarían involucradas 18 personas fisicas y tres jurídicas. Entre las físicas, seis altos cargos de la administración de Castilla-La Mancha, dos de ellos en ejercicio todavía, un ex alcalde de la localidad y los 11 titulares y gestores de las tres empresas vinculadas a la planta y a la gestión de sus residuos.

Apuntan también a que el incendio fue intencionado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación. Ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

El escrito del juzgado pone de manifiesto cómo las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina son responsables de la gestión ilegal de más de 50.000 toneladas de residuos peligrosos para lucrarse con ello. Esta actividad ilícita se inicia al menos en 2006 y se lleva a cabo ante la inacción, cuando no connivencia, de quienes debieran vigilar tales ilegalidades y los riesgos derivados para el medio ambiente.

Por esos motivos se imputan diversos delitos por los que solicitan graves penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación a altos cargos de la administración regional. Desde el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, hasta los tres directores generales, dos de Gobiernos del PSOE y una del PP, y los dos jefes de servicio que siguen hoy en sus funciones en la Consejería de Desarrollo Sostenible, José María Michelena y Olga Villegas.

La investigación y el auto del juzgado sobre el incendio de Chiloeches ponen de manifiesto un sistema de control ambiental, de autorizaciones y vigilancia ambiental del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha corrupto e irresponsable. Un sistema que no se ha depurado en absoluto. No se han renovado los cuadros técnicos, ni las estructuras de toma de decisiones. Al contrario, se han reforzado, provocando la pérdida de credibilidad de la administración castellano-manchega gobierne quien gobierne. También pone de relieve que el dinero que genera la ilegal gestión de residuos es un motor suficiente para que la inacción y connivencia den lugar a situaciones como las que desembocaron en el catastrófico incendio.

Frente a todo esto, y para aparentar una mayor acción política para controlar los residuos, el gobierno de Emiliano García-Page impulsó la reciente aprobación de las leyes de economía circular y la de evaluación ambiental, dos normativas desfasadas puestas en práctica por una administración corrompida.

Lo mismo cabe señalar de las iniciativas en la materia a nivel estatal. La ley estatal de residuos que ha iniciado su tramitación no solo es poco ambiciosa, sino que no cuenta con los medios para hacerla cumplir. El negocio de los residuos y de la economía circular mal entendida es demasiado grande y poderoso.

Ecologistas en Acción considera que ya se debían haber tomado decisiones antes de este auto judicial, pero con más razón deben tomarse ahora.

Por ello exige que de forma inmediata se proceda a:

– Cesar de forma inmediata a quienes están acusados y siguen ejerciendo puestos de relevancia en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

– Revisar en profundidad y cambiar la estructura y composición de la actual Viceconsejería de Medio Ambiente.

– Establecer mecanismos de auditoría interna y externa con participación pública en la toma de decisiones en materia de residuos y de evaluación ambiental.

– Impulsar profundos cambios en la normativa de residuos estatal y autonómica que impidan el negocio especulativo del residuo, responsabilizando al productor y al gestor como indica el nuevo borrador de la ley estatal.

– Apostar por la generación cero de residuos y la imposición de tasas verdaderamente desincentivadoras que estimulen su reducción y eviten el vertido y la valorización mediante incineración.

CAZA: EL PEOR BALANCE AMBIENTAL DE LA MEDIA VEDA EN AÑOS

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Ecologistas en Acción ha registrado a lo largo de la media veda, cuyo periodo hábil acaba de terminar en la mayor parte de las comunidades autónomas, numerosas incidencias e irregularidades que afectan negativamente a las especies cinegéticas y a las no cinegéticas, objeto de esta controvertida temporada especial de caza.

Estas prácticas, a veces fraudulentas, otras veces simplemente delictivas, están extendidas por todo el Estado español, pero se concentran más en regiones como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Navarra o Aragón.

Es en estas áreas donde se concentra buena parte la actividad cinegética en torno a la caza de la tórtola europea o común, la codorniz y la paloma torcaz, que son las especies objetivo de la media veda y que suelen ser abatidas desde puestos de caza durante el paso migratorio postnupcial.

Más allá de la controversia no resuelta de que este periodo no se ajusta a la prohibición de cazar en época de cría, tal y como dictaminó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha en favor de las demandas de Ecologistas en Acción (y motivo por el cual hay interpuestos recursos contencioso-administrativos en Madrid, Castilla y León o Navarra), la media veda es una época en la que las tropelías en materia cinegética son cada día de mayor impacto.

Un simple rastreo por los anuncios en internet, por las revistas de caza, por los programas en radio y televisión y por los cotos de caza, permite detectar numerosas situaciones denunciables sobre las que la inacción de las comunidades autónomas, responsables de la gestión cinegética, ha creado un clima de impunidad.

Entre las situaciones detectadas por Ecologistas en Acción, destacamos algunas de las más graves.

Disparos a especies protegidas

La media veda sigue dando lugar al disparo, accidental o intencionado, sobre especies protegidas, hasta el punto de que por esta causa se produce un incremento de entradas en los centros de recuperación, a pesar de que cada día es más difícil encontrar animales heridos o muertos porque cazadores y guardas los esconden.

En 2016 ha sido llamativa la entrada de rapaces heridas en los centros de recuperación. Entre las especies afectadas por los disparos encontramos sobre todo rapaces medianas y pequeñas, pero también grandes águilas y búhos. Un ejemplo reciente y dramático es el caso del halcón peregrino. SEO/BirdLife denunciaba hace unos días la baja de uno de los especímenes marcados en el programa de seguimiento de la población de esta especie en Madrid. Se recogía herido por un tiro, con pocas probabilidades de recuperación, en un coto de caza de Viso de San Juan. Es el tercer ejemplar abatido en Toledo en cuatro años y, según SEO/BirdLife, solo se localizan el 10% de los que mueren por esta causa.

En el centro de atención a la fauna silvestre que la asociación AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) mantiene en Villafranca de los Barros (Badajoz), solo en la primera semana de la media veda entraron con disparo un búho real, un águila calzada y un aguilucho lagunero.

Cebaderos fraudulentos en la caza de la tórtola

Un práctica cada día más extendida para intentar garantizar que los clientes de las cacerías de esta especie cacen el máximo de tórtolas es la de establecer cebaderos para atraer a las aves y cazarlas a la entrada o salida del mismo. Las leyes autonómicas suelen permitir mejoras de los hábitats de alimentación, como siembras, pero no el cebado de zonas concretas para atraer la caza. Se considera una práctica fraudulenta, pues permite cazar más de la cuenta y dejar en desventaja a los cotos que no utilizan estas prácticas. Ecologistas en Acción ha localizado varios cotos en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, Extremadura y el norte de Andalucía donde se realiza esta práctica. Además, se publicita abiertamente sin que nadie actúe para impedirlo.

La tórtola es una especie en declive, su población en Europa se ha reducido un 70% entre los años 80 y 2014, y en España un 30% desde 1996. El sector cinegético, para evitar que deje de cazarse, acusa a los pesticidas y a la situación en sus zonas de invernada en África para explicar el descenso.

Pocas codornices y se sigue cazando

Siempre se ha oído que el sector de la caza se autogestiona. Sin embargo, como se puede comprobar en el caso de la codorniz, eso no ocurre. Este año, los propios cazadores en Castilla y León o Extremadura, avisaron en los primeros días de la temporada de las escasas capturas de esta especie. Pero la temporada, en lugar de suspenderse, se ha mantenido abierta, por lo que la presión cinegética se ha mantenido sobre unas poblaciones cada vez más exiguas.

El daño se añade a los de temporadas anteriores, en las que, salvo casos muy puntuales, la codorniz ha ido en descenso, llegando a una situación tan preocupante como la de la tórtola europea. Se dan cifras de un descenso cercano al 30% entre 2002 y 2012.

Para compensar la falta de codornices, algunos cotos recurren a soltar ejemplares de granja, lo que agrava el problema poblacional. Se imposibilita un buen control de la práctica cinegética y se favorece competencia e hibridajes entre las codornices naturales y las de granja. Además, estas sueltas suelen ir acompañadas de prácticas de control de predadores muy dañinas para la biodiversidad.

Se permiten modalidades anómalas

Las especies tradicionales de la media veda están en declive. De un tiempo a esta parte, las comunidades autónomas han ido permitiendo otras modalidades que habitualmente se practican en otras fechas. Por ejemplo, cada vez es más habitual que se permita el conejo en media veda o los aguardos de jabalí. También, cada vez más, se permite la caza del zorro, sea al salto o desde puesto fijo.  Disfrazados, según corresponda como descastes y como falsos controles por daños, se permite cazar especies que ya tienen sus propias épocas de caza. Lo curioso es que estas modalidades se comercializan, por lo que en lugar de contribuir al control de poblaciones para evitar perjuicios a la agricultura contribuyen a su incremento. Es un negocio y nadie va a terminar con la abundancia de unos animales que generan cuantiosos ingresos. Por ello, también se han detectado comederos de jabalís que fomentan y atraen a esta población y que, en lugar de controlar las hembras para evitar que críen, se abate solo a los machos porque lo que interesa es el trofeo.

No se planifican servicios de vigilancia

Aparte de la mala gestión cinegética y el sentido economicista y sobreexplotador que dirige buena parte de la caza, el que la media veda se haya convertido en una época tan nefasta se debe a la ausencia de voluntad de las Direcciones Provinciales de Agricultura para atajarlo. En provincias como Toledo y Ciudad Real no se asignan servicios a los agentes medioambientales para controlar y denunciar a los infractores. Y así hay un clima de impunidad ante la desidia de los Directores Provinciales y de los técnicos encargados de la gestión cinegética.

Ecologistas en Acción siempre ha tenido claro que la media veda es una época perniciosa para especies en declive como la tórtola y la codorniz y para especies protegidas que son perseguidas por cazadores y guardas desalmados. Pero ahora tiene claro también que el desorden que se ha impuesto tiene una causa estructural que debe atajarse, la falta de concienciación y de voluntad de aquellos que desde la Consejería tienen que velar por el cumplimiento de las leyes.

Avanzan las investigaciones del caso de las cesiones de suelo en Palomarejos Golf

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Diversas novedades que afectan al caso de las cesiones de suelo que debieran haberse realizado tras el desarrollo del proyecto de singular interés “Palomarejos Golf” en Talavera de La Reina hacen ver con más optimismo que se esclarezca el caso y, lo que es más importante, que se sustancien las cesiones urbanísticas y que éstas engrosen el patrimonio público.

En la vía judicial el caso se ve en el Juzgado número 1 de primera instancia de Talavera de la Reina allí, a instancias  de la Fiscalía y de Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, han comenzado hace pocas fechas las declaraciones de investigados y testigos. Toda vez que tanto la Fiscalía de Toledo como Ecologistas en Acción han sido parte activa en la petición de investigaciones judiciales, confiamos que por esta vía se arroje luz al asunto, más allá de las responsabilidades particulares que se puedan derivar.

El hecho de que Manos Limpias ya no se encuentre personada en la causa es un motivo de alivio, pues nunca ha sido una compañía cómoda en este caso, y, a último, también había serias dudas de las motivaciones últimas que llevaron a esta organización a denunciar un caso que no es sino un ejemplo más de una mala actuación de las administraciones y del empeño de unos particulares afectados y de una ong ambiental de que se restituya la legalidad.

En este sentido puntualizar que independientemente de las situaciones que genere este caso por sí mismo o por la relación de Manos Limpias con el mismo, Ecologistas en Acción está personada porque hay un posible delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio y porque hay un patrimonio público afectado, tal y como ha percibido la propia Fiscalía de medio ambiente de Toledo al proponer un listado de investigados aún más amplio del solicitado por Ecologistas en Acción.

Por otra parte, el anuncio de la creación de una Comisión municipal informativa en el ayuntamiento de Talavera de la Reina abre otra vía para la clarificación de las circunstancias en las que se ha desarrollado este caso de presunta especulación urbanística. En este sentido, Ecologistas en Acción quiere valorar la iniciativa que desde Ganemos Toledo dio lugar a la misma y el apoyo de todos los grupos municipales. Asimismo, nos ponemos a disposición de dicha comisión para lo que estime pertinente.

Ambas actuaciones, judicial y municipal, debieran dar lugar al esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y políticas que se pudieran derivar. En este sentido, Ecologistas en Acción confía que tanto una como la otra vía se complementen y no deriven en una mera confrontación partidista.

Recordemos que la ciudad de Talavera de la Reina y su patrimonio público se juega mucho, ya que lo que se reclama es que los promotores del controvertido proyecto “Palomarejos Golf” hagan efectiva la cesión del 15 por ciento de los terrenos recalificados para su desarrollo. Eso implicaría que el ayuntamiento debiera recibir 8 hectáreas de suelo que pueden y deben ser destinadas a servicios públicos.

Caso muy grave de contaminación del Tajo en La Puebla de Montalbán. Exigimos explicaciones y soluciones del Ministerio y del Ayuntamiento.

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Espumas tóxicas en el Tajo en Toledo
Espumas tóxicas en el Tajo en Toledo

Las revelaciones de eldiario.es sobre el sobreseimiento de una sanción de casi 600.000 euros al ayuntamiento de La Puebla de Montalbán por el vertido de aguas contaminadas procedente de la depuradora municipal son de extrema gravedad.

Según los datos publicados, la depuradora carecía desde 2012 de autorización de vertido por infracciones previas cuando entre septiembre y noviembre de 2014 dio lugar a un nuevo vertido que contaminó gravemente el río Tajo. La Confederación del Tajo estimó en tres millones los litros de agua “con una carga alta contaminante” que se vertieron al arroyo Cañares y de aquí al Tajo.

Probados los hechos por los análisis e informes técnicos del área de calidad de aguas de la Confederación del Tajo, y verificada también tanto la falta de autorización de vertido como la reincidencia, se resolvió sancionar por infracción muy grave al ayuntamiento como titular de la depuradora, lo que conllevaba una multa de 454.000 euros y una indemnización por daños en el dominio público hidráulico de 136.000 euros. Algo perfectamente razonable dados los hechos y que habla bien, al menos en esta ocasión, del ánimo de la Confederación de perseguir y sancionar la contaminación en el Tajo.

Pero la sanción fue recurrida ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige la Sra. Tejerina, y un caso a todas luces claro y bien documentado empezó a girar de sentido. El ayuntamiento consiguió primero que se le rebajara la multa a 50.000 euros y luego que se anulara totalmente la sanción. Para ello el Ministerio esgrimió un informe de la Abogacía del Estado según el cual no se podía determinar si la responsabilidad por el vertido era del propio ayuntamiento o de la empresa gestora de la planta, esto es, de Aqualia perteneciente al grupo FCC.

Al parecer la Abogacía del Estado y el propio Ministerio desconocían que el Tribunal Supremo ya ha emitido varias sentencias en casos similares y en ellas determina con total claridad que la responsabilidad del vertido en una depuradora municipal es del titular de la misma, es decir, del ayuntamiento. Por ejemplo, hay un fallo de la sección 4 de lo contencioso-administrativo de este tribunal de fecha 28 de marzo de 2014 contra el recurso de casación 448/2012 del ayuntamiento de Tarancón en el que se señala que la prestación del servicio por un tercero no priva al titular de su competencia ni le desvincula de sus obligaciones.

Entonces ¿Por qué el Ministerio y la Abogacía del Estado eximieron al ayuntamiento de La Puebla de Montalbán de sus obligaciones y no les obliga a reparar el daño causado al río Tajo? A ésta y a otras cuestiones tan o más comprometidas debe responder ahora el Ministerio que dirige la Sra. Tejerina y el equipo de gobierno del ayuntamiento.

Ecologistas en Acción prepara ya una batería de escritos a dirigir a la Ministra, a la Confederación del Tajo y al ayuntamiento de La Puebla de Montalbán para que se aclaren todas las circunstancias. En primer lugar, las que tienen que ver con la resolución del expediente sancionador que parece tan turbio como las propias aguas del Tajo. Y, en segundo lugar, para que se dejen de producir vertidos contaminantes al río, solucionando de una vez los problemas que hay en La Puebla de Montalbán y que afectan a la gestión de la depuradora.

Mientras se preparan y llegan esos escritos y se contestan no estaría de más que las administraciones empezaran a dar explicaciones y a actuar.

El Ministerio, con su Ministra en funciones a la cabeza, debe explicar porque se obviaron las sentencias del Tribunal Supremo que imputan la responsabilidad de los vertidos de depuradoras municipales a los ayuntamientos. Ya que no se entiende que quienes deben tener el más alto conocimiento jurídico en materia de calidad de aguas pasaran por alto  nada menos que los dictados del Tribunal Supremo.

El ayuntamiento de La Puebla de Montalbán debe explicar porque funciona tan mal la depuradora municipal y resuelva de una vez los problemas graves de vertidos que hay en su municipio. Aparte de por su responsabilidad en el caso, el equipo de gobierno debe ser consciente del daño que su actuación está provocando no sólo en el río sino en las justas reivindicaciones de mejora de su calidad frente a las extracciones del trasvase Tajo-Segura y a los vertidos procedentes de Madrid.

MIENTRAS LAS RESCATAMOS CON FONDOS PÚBLICOS, FOMENTO PLANEA NUEVAS AUTOPISTAS

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Rescates,  papeles de Bárcenas y la AP-41 Madrid-Toledo-Ciudad Real….Acaba de conocerse que el final más plausible de las últimas autopistas privadas de peaje va a ser el rescate público por una cuantía superior a los 3.600 millones de euros. Ecologistas en Acción destaca que muchos de los dirigentes de las empresas constructoras y de los responsables políticos que aprobaron estos proyectos figuran en los apuntes del ex tesorero del Partido Popular. Lo más llamativo es que el actual ministerio de Fomento aún se plantea construir nuevas radiales y prolongar algunas de las que han quebrado. 390px-Autopista_peaje.svg

Este 25 de marzo, martes, se ha celebrado una reunión entre los ministerios de Fomento y Hacienda, las grandes constructoras agrupadas en Seopan y los 6 grandes bancos que han aportado la mayor parte de los créditos a los ruinosos proyectos de las autopistas de peaje que se diseñaron en la época de Álvarez-Cascos. Lo que ha trascendido de esta reunión es que el Estado asumirá la mayor parte de la deuda de las autopistas de peaje.

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