Ecologistas en Acción Toledo

Puy de Fou, una amenaza para el medio ambiente, el agua y la participación pública.

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EmplazamientoPuyDeFou
Emplazamiento del Puy de Fou en Toledo

La aprobación por parte de la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Toledo del informe favorable a la declaración de interés regional del macro-proyecto de ocio “Puy de Fou” marca el inicio de un proceso que nunca debió iniciarse, al menos en la forma que lo ha hecho.

Es muy mala noticia que el ayuntamiento de Toledo con el voto favorable de los representantes del PSOE y la tibia abstención de los de Ganemos Toledo, hayan dado su visto bueno a un proyecto que va a tener una incidencia tan transcendental en el municipio y que lo hayan hecho sin siquiera dar opción a la ciudadanía y a las entidades sociales y medioambientales a manifestar sus dudas y, en su caso, sus opiniones sobre el asunto.

Queda claro que los peores augurios se sustancian como en la peor época de la especulación urbanística. Ahora la especulación y las imposiciones vienen de la mano de inversores del sector turístico y de ocio, esa actividad que afecta, y muy negativamente, a la masificación de los destinos y al incremento de los daños ambientales sobre el territorio y sobre recursos naturales tan escasos y necesarios como el agua del Tajo.

Ecologistas en Acción de Toledo ha estado esperando pacientemente a que las administraciones y, en especial, los partidos que las dirigen dieran la oportuna información a los ciudadanos y que evaluaran de forma limpia y transparente los pros y contras del proyecto de Puy de Fou. Pero una vez más se observa que quien marca el paso en este tipo de acciones no es el respeto a la ciudadanía sino los intereses y las prisas de los inversores.

Ecologistas en Acción se muestra decepcionado por el paso dado por el ayuntamiento de Toledo, al igual que lo está con el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero confía que los ciudadanos no permitan que se repitan los mismos errores que ya se han  sufrido en Castilla-La Mancha con proyectos como el Reino de Don Quijote, el aeropuerto de Ciudad Real o el vertedero de Dehesa Aceituno.

Recordamos que Puy de Fou, aparte de sumarse a la dimensión especulativa y desarrollista que destilan estos proyectos, parte de un error fundamental de diseño que es el de su ubicación. Lejos de buscar un emplazamiento de bajo impacto, que los hay y muchos en el término de Toledo y en su entorno, ha fijado su objetivo en el valle del Guajaraz, la zona de mayor valor natural del término, la única que alberga zonas de interés y con niveles de protección forestal y faunística. Generando además un problema gravísimo de desequilibrio de territorial y otro de imprevisibles consecuencias sobre la disponibilidad de agua para la población de Toledo.

 

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Paso decisivo para una reforma en profundidad de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

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BatidaJabaliPLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA
Nota de prensa a 28 de julio de 2017

La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha acoge con esperanza el paso decisivo que se ha producido hoy en la tramitación de la reforma de la Ley 3/2015.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y el envío al Consejo Consultivo del proyecto de ley de modificación de la ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha el proceso entra en su recta final y se abre la vía para que en un marco de búsqueda de acuerdos entre partidos políticos y la Plataforma se termine de cambiar el texto de una ley que se impuso para favorecer de forma descarada al lobby cinegético y que nunca debió ver la luz.
La Plataforma hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que dialoguen entre ellos y con la sociedad civil y ultimen un texto que todavía precisa de importantes mejoras. En este sentido la Plataforma recuerda que si bien una parte de sus propuestas y alegaciones ya se ven reflejadas en el texto, otra parte no menos importante no se ha modificado y precisa por tanto de modificación en sede parlamentaria.
Entre los aspectos que el anteproyecto no recoge y que habrán de ser objeto de debate están cuestiones tan importantes como la desincentivación de la caza intensiva y la revisión de la figura del cuartel de caza comercial,  principales motores de la ley de caza del Gobierno de  Cospedal y causantes de los mayores impactos negativos de la ley. También deberá considerarse la prohibición de autorizar la caza de animales domésticos, las modalidades o métodos crueles, masivos o con impacto negativo en las especies y espacios protegidos, el respeto a la normativa y a las sentencias judiciales que afectan a la caza y la mejora de la vigilancia y de las sanciones para evitar conductas ilegales. Se precisa por otro lado garantizar el respeto y la seguridad en el uso público del monte y la no afectación de la caza a las actividades forestales, agrarias, de ocio, deporte o ecoturismo.
La Plataforma trabaja ya para reunirse con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha al objeto de trasladarle sus reivindicaciones y de ofrecerles toda la justificación y apoyo social que avala las mismas.

Las organizaciones del Programa Antídoto piden medidas definitivas para acabar con el veneno en el campo a las administraciones .

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cadáver de Buitre negro envenenado redLas nueve organizaciones integrantes del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, reclaman al MAPAMA y a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas una mayor implicación para acabar con esta práctica ilegal. Castilla-La Mancha precisa de un impulso urgente en la lucha contra el uso del veneno

Toledo ha acogido la reunión anual de las nueve organizaciones de defensa del medio ambiente que forman el Programa Antídoto para valorar la situación del uso del veneno en España y de las graves consecuencias que acarrea para la biodiversidad. La primera conclusión a la que han llegado es que el veneno continúa muy presente en el campo y que las administraciones se han relajado en su erradicación.

Las organizaciones muestran su preocupación por la tendencia actual en todo el territorio hacia el debilitamiento del nivel de compromiso en la lucha contra el veneno. Después de un periodo de crecimiento de actuaciones de persecución del uso de veneno, los informes presentados en la reunión señalan cómo desde 2011 hay un progresivo y notable retroceso de la acción de las administraciones en la materia. Destacan como uno de los aspectos más negativos, a pesar de la persistencia de episodios de veneno, y salvo excepciones, el alto grado de impunidad que se da para este delito. En la reunión, se han estudiado propuestas concretas para la mejora de la normativa básica estatal en la materia, coincidiendo en la necesidad de una reducción de los episodios de veneno y de aumentar la actuación policial y legal contra esta grave amenaza para la fauna.

Estrategia Nacional

Las organizaciones del Programa Antídoto han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que apoye económicamente líneas maestras de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados, como son la formación de servicios técnicos y jurídicos de las comunidades autónomas y de agentes de la autoridad, el apoyo a la realización de analíticas de los animales y cebos envenenados y el apoyo a las unidades caninas especializadas en la detección de venenos.

Análisis de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión anual

Como cada año, el Programa Antídoto ha hecho una valoración más específica de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión. En este caso ha puesto el  foco  en Castilla-La Mancha, apreciando que ya en el año 1999 fue una región líder en dotación de normativa y en otros aspectos, pero que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Los protocolos de la Estrategia regional (2005) han quedado obsoletos,  han disminuido los medios humanos destinados a la vigilancia y los servicios jurídicos apenas concluyen expedientes sancionadores y de cierre de cotos de caza. Además la actual administración no acaba de cumplir su compromiso de modificar la Ley de caza de 2015 que supuso  un  menoscabo de de la fortaleza normativa regional en materia de lucha contra el veneno.

El caso de la bromadiolona

Un tema que preocupa especialmente a las organizaciones ambientalistas es el de la grave aplicación de venenos rodenticidas por parte de la Consejería de Agricultura en Castilla y León. En relación con ello se ha revisado la situación de las iniciativas judiciales que el Programa Antídoto está llevando a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, recordando que la Consejería de Agricultura sigue sin aportar los informes solicitados por el Juzgado sobre los métodos empleados para declarar la existencia de plaga de topillo. El Programa Antídoto alerta una vez más de que el veneno utilizado, la bromadiolona, es uno de los tóxicos más peligrosos para la fauna silvestre que está causando estragos en el medio natural y poniendo en riesgo la marca “Tierra de sabor”.

Ejemplos positivos y negativos en el resto de España

Durante la reunión se han mostrado ejemplos de  comunidades autónomas como Madrid o Extremadura, claves para la conservación de especies muy afectadas por el veneno y en las que no se ha aplicado ni una sola sanción en veinte años a pesar de los casos registrados.

Sin embargo las organizaciones del Programa Antídoto reconocen  también que en el ámbito de la persecución de este delito ha habido algunas iniciativas con resultados muy destacables, como los logrados por el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña que ha conseguido erradicar el uso de veneno en la provincia de Lérida y cuyos agentes especializados son un modelo a implantar en otras regiones. También es muy destacable en los últimos años, en el ámbito estatal, por su efectividad, el trabajo de la Unidades Caninas especializadas en detección de venenos tanto de la Guardia Civil como de algunas comunidades autónomas.

Daños graves que amenazan la biodiversidad

El Programa Antídoto recuerda que los daños que el empleo del veneno provoca en la biodiversidad son enormes. El informe El veneno en España (1992-2013), que analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, desvela que en los últimos 20 años se han producido 8.324 episodios de envenenamiento. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran. Por su parte, el informe Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015 muestra como solo en 54 casos en ese periodo se ha registrado la muerte de más de 900 animales, buena parte de ellos especies amenazadas.

Sobre el Programa Antídoto: La lucha contra el uso ilegal de veneno tuvo un gran impulso en 1997 cuando surgió el Programa Antídoto, fruto de la preocupación de varias entidades de defensa de la naturaleza por la repercusión catastrófica que, sobre la vida silvestre y, en especial, sobre importantes especies amenazadas, estaba teniendo el uso masivo de veneno en el medio natural. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

 

La parcela del vertedero de Seseña-Valdemoro no está limpia ni descontaminada un año después.

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WhatsApp Image 2017-05-12 at 11.03.56Una desagradable sorpresa aguardaba esta mañana a los miembros de Ecologistas en Acción y a los periodistas que han acudido al vertedero de neumáticos de Seseña-Valdemoro, cuando se cumple un año exacto del inicio del fuego.

Al contrario de lo que anunciaron los consejeros de medio ambiente de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y el propio alcalde del Ayuntamiento de Seseña, la parcela no está limpia ni descontaminada, de hecho se sigue trabajando en ella.

En la parcela de 11 hectáreas se puede observar como una retroexcavadora de Tragsa carga camiones con restos de tierra y cenizas procedentes de los caminos hechos durante el incendio. Dichos portes son trasladados a los gestores y vertederos autorizados en Novés (Toledo) y Valdilecha (Madrid).

En la parcela también se puede observar como en una superficie de unas tres hectáreas numerosos trozos de neumático sobresalen en la superficie, mezclados y enterrados en la tierra. Los trozos, algunos de gran tamaño, proceden de restos que no ardieron y que no han sido retirados en las labores de limpieza. Por último, sospechosas sombras negras destacan sobre el blanco de la ladera, denotando que aún quedan rastros de cenizas sin limpiar sobre el terreno.

Estas circunstancias y el hecho indudable de que Tragsa está trabajando en la zona ponen de manifiesto que la parcela que alojó el mayor vertedero de neumáticos de Europa sigue sin estar limpia ni descontaminada. Y que aunque sea una reducida parte sobre lo que ya se ha retirado, todavía quedan cenizas y restos de neumático por eliminar para completar la labor de restauración de la zona.

Ecologistas en Acción considera absolutamente increíble que ni en la zona de Madrid ni en la correspondiente a Castilla-La Mancha se hayan terminado los trabajos y desmiente que la parcela esté absolutamente limpia, como se ha dicho en reiteradas ocasiones.

Demandamos una explicación veraz de la situación, así como todos los informes que se ha dicho que acreditan la descontaminación de las zonas. A la vista de las circunstancias, poca credibilidad merece lo anunciado hasta ahora por las autoridades.

Ante la inesperada situación que demuestra que no se ha limpiado ni restaurado la zona, Ecologistas en Acción ha declinado participar en el acto que el Ayuntamiento de Seseña había programado para mañana en reconocimiento a las personas que ayudamos durante la catástrofe. La asociación ha pedido al alcalde que aplace el acto hasta que de verdad esté limpia y recuperada la zona.

Un año del incendio de neumáticos de Seseña y Valdemoro: sin respuestas y sin medidas de prevención

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Ha pasado un año de la catástrofe que supuso el incendio en Seseña-Valdemoro del mayor vertedero de neumáticos de Europa, pero no se ha esclarecido ni sus causas ni sus consecuencias. Tampoco se han tomado medidas para evitar nuevas situaciones similares. Ecologistas en Acción demanda un cambio de la legislación de residuos y de los protocolos de emergencia.IncendioSeseñaEcologistasToledo

La causa penal abierta en los Juzgados de Valdemoro sigue bajo secreto del sumario y de momento no ofrece ningún dato sobre quiénes y por qué provocaron el fuego esa fatídica noche del 12 al 13 de mayo de 2016.

Por su parte, las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha y Madrid, lejos de aportar luz sobre los acontecimientos antes, durante y después del incendio, se han enmarañado entre acusaciones cruzadas y procedimientos que nadie entiende. Particularmente lamentable es la situación en las Cortes de Castilla-La Mancha donde la comisión no ha llegado a iniciar sus sesiones y eso a pesar, o tal vez debido a que, en torno a ella se han de sentar las dos principales administraciones actuantes, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña. En esas Cortes están precisamente los dos actores principales durante la catástrofe el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el alcalde de Seseña, y diputado por el PP, Carlos Velázquez.

Llama poderosamente la atención que todavía no se haya hecho público ningún informe que valore y analice globalmente todo lo ocurrido, y que cada cual, sean comunidades autónomas, administraciones o partidos, haya ido haciendo su particular balance en función más del color político que de ofrecer una información veraz a los ciudadanos que con tanta angustia y riesgo para su salud vivieron las semanas y meses tan intensos que se sucedieron tras el fuego.

Lo peor es que la ausencia de análisis contrastados y de conclusiones está demorando “sine die” la asunción de responsabilidades y la puesta en práctica de medidas eficaces que evite la descoordinación, la falta de información y los daños al medio ambiente y a la salud en situaciones similares a la de este dramático incendio.

La mejor prueba de que poco o nada se ha aprendido son las situaciones vividas en los incendios de las instalaciones de residuos industriales de Chiloeches en agosto pasado o hace menos de una semana en Arganda del Rey. Y eso es independiente de que sean sucesos provocados o accidentales.

La situación actual de las parcelas donde se produjo el incendio puede parecer buena, y seguramente lo sea. Los neumáticos, sus fragmentos y las cenizas han desaparecido y eso es algo que ven con alivio los vecinos de Seseña y Valdemoro. Pero el rastro de contaminación que dejó la combustión descontrolada de los mismos sigue disperso en la atmósfera y en los suelos y aguas en los que se depositó. Y nunca ha habido directrices claras sobre como intervenir o qué prevenciones tomar en unos u otros lugares, según los distintos grados de afección o de depósito de sustancias tóxicas. De hecho, los únicos trabajos publicados en este sentido lo han sido por iniciativa de Ecologistas en Acción y otros grupos investigadores.

A falta de datos oficiales y creíbles hay que recordar que en el vertedero de Seseña-Valdemoro se acumulaban entre 70.000 y 100.000 toneladas de neumáticos tras años de incompetente actuación de todas las administraciones que primero consintieron y luego fueron incapaces de resolver el problema creado.

Del fuego solo se libraron unas 12.000 toneladas de neumáticos, el resto provocó la columna de humo y contaminantes más grande de las registradas en España por causa de un incendio en instalaciones industriales.

Desoyendo los avisos de expertos y de Ecologistas en Acción, y solo cuando ya los vecinos y los niños de las localidades cercanas habían sufrido las consecuencias de inhalar el humo tóxico en repetidas ocasiones, se empezaron a conocer algunas cifras de las emisiones y de su grado de toxicidad. El incendio liberó entre otros contaminantes peligrosos y cancerígenos ingentes cantidades de benceno (que alcanzó en El Quiñón concentraciones 20 veces superiores a los límites admisibles) y de partículas con metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos como benzoalfapireno, además de partículas, como se describe en el informe que elaboró en su día Ecologistas en Acción.

A ello hay que sumar las emisiones masivas de gases de efecto invernadero que llegaron a la atmósfera y que, según estima Ecologistas en Acción, pudieron alcanzar las 227.000 toneladas de dióxido de carbono.

El rastro que dejó la pluma contaminante fue también el de una masiva evacuación, en buena parte voluntaria ante la nefasta gestión que hizo el operativo de emergencia de los avisos a la población. Mediciones mal hechas y de resultado tardío, colegios evacuados in extremis, órdenes de confinamiento mal ejecutadas, malas prácticas de limpieza y una retahíla de torpezas que poco después se repitieron en Chiloeches y ahora en Arganda del Rey.

Ecologistas en Acción contempla como un año después las medidas de prevención y gestión de estas catástrofes brillan por su ausencia y las responsabilidades siguen sin depurarse.

La organización ecologista sigue demandando, como hizo entonces, una investigación independiente del suceso y que, entre otras medidas, se adapten la legislación, los protocolos de emergencia y de aviso a la población a las circunstancias que desgraciadamente imponen estas tremendas catástrofes que no cesan. Además, cada día queda más claro que es necesario que el control sobre la gestión de los residuos se maximice y que esta deje de estar bajo manos privadas que solo pretenden el lucro.

Un balance completo del suceso de Seseña, día a día, en: http://www.ecologistasenaccion.org/article32266.html

 

Reclamamos indemnización por daños al águila perdicera y el cese del Ecoparque de Toledo

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Foto: Seshadri K.S.

Ecologistas en Acción de Toledo ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente una denuncia contra el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo por los daños que el Ecoparque de Toledo está produciendo en la población de águila perdicera, especie en peligro de extinción de la que apenas queda media docena de parejas en las provincia.

En su escrito la asociación recuerda que desde el año 2012 viene funcionando en el paraje conocido como Dehesa Aceituno del término municipal de Toledo, el denominado “Ecoparque” en el que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales a través de GESMAT s.a. gestiona los residuos sólidos urbanos de Toledo.

Dicha instalación está sujeta a una declaración de impacto ambiental y a una autorización ambiental integrada que establecieron una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir y compensar los impactos a las especies en peligro de extinción, muy en particular los que pudiera sufrir el águila perdicera (Aquila fasciata) y que cuenta con un territorio de nidificación y zona crítica en las inmediaciones.

Pues bien, una vez puesto en funcionamiento el Ecoparque, la pareja de Águila de perdicera ha dejado de criar y ha desaparecido de la zona, no siendo observada al menos desde el año 2015. Tampoco se ha observado que se haya instalado una nueva pareja en la provincia, ni que fruto de las medidas protectoras y compensatorias puestas en práctica se haya evitado la pérdida de la pareja ni su restitución por otra.

A nuestro juicio la intensa transformación del hábitat habida en la zona, y de la que el Ecoparque es exponente primero y principal, así como las innumerables molestias y ruidos que genera la instalación serían la razón de la pérdida de una de las últimas parejas de Águila perdicera de Toledo. Decir a este respecto que en la actualidad la población de la especie apenas alcanzaría la media docena de parejas en la provincia.

Esta situación era por desgracia esperable, como alegó Ecologistas en Acción con ocasión de las informaciones públicas a las que fue sometido el proyecto. Además, el propio órgano evaluador de la Consejería calculaba en 500 hectáreas el daño al hábitat que el proyecto producía y consciente del posible impacto impuso diversas medidas compensatorias.

No obstante, la pareja ha desapacido y ha dejado de criar en los últimos años lo que supone un impacto crítico sobre una especie declarada en “peligro de extinción” y con muy pocos ejemplares reproductores en Toledo.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción requiere a la Viceconsejería de Medio Ambiente lo siguiente:

1.- Que previo informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales se evalúe si se han llevado a cabo las medidas protectoras y compensatorias impuestas en la DIA y, si fuera el caso de que no se hayan aplicado correctamente, se impongan las sanciones correspondientes.

2.- Que se incoe un expediente de responsabilidad ambiental por la Ley 26/2007 al titular de la instalación y que éste repare los daños ambientales producidos y los indemnice debidamente. A este respecto recordamos que la valoración de cada águila perdicera perdida es de 60.000 euros según el Decreto 67/2008, de 13 de mayo por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada de Castilla-La Mancha. Y que si consideramos la desaparición de la pareja y de las nidadas que no han fructificado desde 2015 estaríamos hablando de al menos 8 ejemplares, esto es, un total de 480.000 euros en daños a la especie.

3.- Que se revise la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental a la vista de los hechos y que se decrete el cese de la actividad hasta la recuperación de los impactos críticos que sobre el águila perdicera está produciendo el Ecoparque.

Además, hacemos expresa solicitud de ser considerados como parte personada en los expedientes del tipo que sean que se incoen al amparo de esta denuncia.

 

El TSJ de Castilla-La Mancha nos comunica la sentencia que anula el Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

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8_RíoTajo en ToledoComo era de esperar tras los últimos pasos judiciales habidos en relación con los recursos contra el POM de Toledo, el TSJ de Castilla-La Mancha ha vuelto a decretar la nulidad del mismo, por lo que, a falta de ver si se recurre la misma, el documento aprobado en 2007 dejaría de estar en vigor y carecería de valor jurídico.

Más en concreto, la sentencia 91/2017 respecto del procedimiento contencioso administrativo nº 522/07 incoado contra la Junta de Castilla-La Mancha a instancias de Ecologistas en Acción de Toledo señala en su fallo lo siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por ACMADEN [Ecologistas en Acción de Toledo] contra la Orden de 26 de marzo de 2007 de la Consejería de Vivienda y Urbanismo por la que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que se declara contrario a derecho y se anula, acordando la retroacción de actuaciones de tramitación hasta la fase de nueva información pública.”

El TSJ da plenamente la razón a Ecologistas en Acción en su demanda y vuelve a recordar las modificaciones sustanciales introducidas en el POM sin que se sometieran a escrutinio público. Lo que sin duda pone de manifiesto las maniobras que el ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha urdieron para aprobar un plan insostenible, dañino para el medio ambiente, para la ciudad y los ciudadanos.

Recordemos algunas cifras que al respecto cita la sentencia. El número de viviendas proyectadas en el documento sometido al público en 2005 era un total de 37.082, mientras que en 2007 el número de viviendas aprobadas en el POM es de 49.258. La superficie construida total pasaba de 7.297.046 m2 a 11.186.076 m2. La superficie construida industrial sumaba 807.372 m2 en 2005, pero se aprobaban un total de 2.776.163 m2.

En relación con el abastecimiento de agua potable en suelo urbanizable, pasaba de una demanda bruta de agua para garantizar el abastecimiento de Toledo de 27,80 hm3 anuales a un consumo global en el pleno desarrollo del POM levemente por debajo de los 39 Hm3 al año. Y en cuanto a demanda energética se pasaba de los 222 MVA, a los 373,59 MVA.

Ecologistas en Acción reclama al ayuntamiento y a la Junta que dejen de alargar los procesos judiciales, pues no hacen otra cosa que mantener la situación de inseguridad jurídica en la que vive el urbanismo en la ciudad. Sólo pueden seguir un camino sensato, que es el del replanteamiento del modelo de desarrollo masivo y especulador en el que se quiso embarcar al municipio, y la elaboración de un POM verdaderamente sostenible y respetuoso con el patrimonio natural y cultural de la ciudad.

En este sentido la asociación recuerda que proyectos como el proyecto del parque temático sacado a la luz en fechas recientes no parecen apuntar en la buena dirección y pueden tener los mismos problemas legales o más de los que ya tiene el POM.

Enlace para descarga de la sentencia original SENTENCIA PO 522 07 NOT 17-4-17