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Castilla La Mancha

Toda la población de Castilla-La Mancha respiró aire contaminado

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El conjunto de la Comunidad soportó una contaminación que daña los
bosques y cultivos

Los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha siguieron
respirando aire contaminado durante 2019. El informe anual de calidad
del aire de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la
población y del territorio regionales estuvieron expuestos a unos
niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud.

En un año cálido y hasta el otoño seco, diversos episodios
meteorológicos en febrero, junio y julio dispararon las partículas y el
ozono.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos
recogidos en 805 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el
Estado español, entre ellas 28 situadas en Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, entre sus principales
conclusiones, destacan:

– Durante 2019, se ha producido una reducción general de los niveles de
contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de
nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), mientras las concentraciones
de ozono troposférico se han mantenido estacionarias. La contaminación
generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas y las
zonas industriales Norte y de Puertollano se extiende por el territorio
afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono
troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores
máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación
establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire
contaminado afectó en 2019 a la totalidad de la población y del
territorio de Castilla-La Mancha.

– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las
recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por
encima de los límites legales fue de 215.000 habitantes en el Corredor
del Henares. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que
exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos
agrícolas y los ecosistemas naturales alcanzó 76.000 km2, la totalidad
del territorio castellano-manchego salvo la Comarca de Puertollano.

– Las bajas precipitaciones y la estabilidad atmosférica de los primeros
meses del año han activado los episodios de contaminación. El otoño en
cambio ha resultado inestable y húmedo, con predominio de tipos de
tiempo ciclónicos que han favorecido la dispersión y deposición de los
contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). El intenso y
prolongado calor estival ha mantenido elevadas las concentraciones de
ozono troposférico, que han bajado no obstante en la parte más
meridional.

– El ozono es el contaminante que presentó un año más una mayor
extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen
estacionarios, con alzas y bajas según territorios. Esto se debe al
incremento de las temperaturas medias y de las situaciones
meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como
resultado del cambio climático. Durante 2019toda la población y el
territorio castellano-manchegos han seguido expuestos a concentraciones
de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal, especialmente en las
zonas rurales a sotavento de la ciudad de Madrid.

– Las partículas (PM10 y PM2,5) en el aire también afectan a la práctica
totalidad de la población de Castilla-La Mancha, con especial incidencia
en la estación Barriada 630 de Puertollano, que incumplieron el límite
diario legal de PM10, en buena medida por el episodio de contaminación
de la segunda quincena de febrero. Siguen, por tanto, siendo una seria
amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se mantuvo la
tendencia global a la baja de estos contaminantes  que se inició en
2008.

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer
orden. Cada año se registran alrededor de 30.000 muertes prematuras en
el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación
atmosférica, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Para el
Instituto de Salud Carlos III, 10.000 personas fallecen anualmente en
episodios de alta contaminación como los registrados a finales de
febrero y junio y a mediados de julio de 2019, 430 en Castilla-La
Mancha.

– La información a la ciudadanía no es ni adecuada ni ajustada a la
gravedad del problema. El Eurobarómetro sobre la calidad del aire de
septiembre de 2019 revela que el 60 % de los españoles encuestados se
consideran mal informados, y el 74 % piensa que la calidad del aire se
ha deteriorado en la última década. Según otra reciente encuesta de
Transport & Enviroment, el 82 % de españoles encuestados apoyaría la
restricción de entrada de coches en las ciudades o un reparto del
espacio público más favorable a viandantes, ciclistas y transporte
público.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica
representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB
español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños
provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la
contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el
caso del ozono, la Junta de Castilla-La Mancha lleva años omitiendo la
elaboración de dichos planes, resultando preceptivos en todas las zonas
de la Comunidad. Se trata de una negligencia que está poniendo en
peligro la salud de población, cultivos y bosques en la región.

– La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es
disminuir el tráfico motorizado, potenciando el transporte público, la
bicicleta y el tránsito peatonal. También es necesario promover el
ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales
disponibles, cerrar las centrales térmicas de carbón, penalizar los
vehículos diésel y reducir el transporte marítimo y el uso del avión.

– La reciente crisis sanitaria de la Covid–19 ha corroborado de manera
dramática que la reducción del tráfico en las ciudades tiene claros
efectos en la disminución de la contaminación, algo que a su vez supone
una importante mejora de la salud pública. Ecologistas en Acción está
desarrollando una campaña bajo el lema ‘Confinemos los coches,
recuperemos nuestro espacio’ para reclamar a las Administraciones
medidas en este sentido.

Informe completo y resumen: https://www.ecologistasenaccion.org/146093

Ecologistas en Acción exige responsabilidades inmediatas por el incendio de Chiloeches

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Imagen del incendio de Chiloeches, cortesía eldiario.es

La organización ecologista considera que el contenido del auto de apertura de juicio oral emitido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches es de una gravedad absoluta.

El auto debe, según Ecologistas en Acción, tener consecuencias inmediatas tanto en la administración del Gobierno de Castilla-La Mancha como en las actuaciones legislativas en materia de residuos a nivel regional y estatal.

El juzgado y la fiscalía coinciden en acreditar la existencia de una trama criminal en la que estarían involucradas 18 personas fisicas y tres jurídicas. Entre las físicas, seis altos cargos de la administración de Castilla-La Mancha, dos de ellos en ejercicio todavía, un ex alcalde de la localidad y los 11 titulares y gestores de las tres empresas vinculadas a la planta y a la gestión de sus residuos.

Apuntan también a que el incendio fue intencionado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación. Ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

El escrito del juzgado pone de manifiesto cómo las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina son responsables de la gestión ilegal de más de 50.000 toneladas de residuos peligrosos para lucrarse con ello. Esta actividad ilícita se inicia al menos en 2006 y se lleva a cabo ante la inacción, cuando no connivencia, de quienes debieran vigilar tales ilegalidades y los riesgos derivados para el medio ambiente.

Por esos motivos se imputan diversos delitos por los que solicitan graves penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación a altos cargos de la administración regional. Desde el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, hasta los tres directores generales, dos de Gobiernos del PSOE y una del PP, y los dos jefes de servicio que siguen hoy en sus funciones en la Consejería de Desarrollo Sostenible, José María Michelena y Olga Villegas.

La investigación y el auto del juzgado sobre el incendio de Chiloeches ponen de manifiesto un sistema de control ambiental, de autorizaciones y vigilancia ambiental del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha corrupto e irresponsable. Un sistema que no se ha depurado en absoluto. No se han renovado los cuadros técnicos, ni las estructuras de toma de decisiones. Al contrario, se han reforzado, provocando la pérdida de credibilidad de la administración castellano-manchega gobierne quien gobierne. También pone de relieve que el dinero que genera la ilegal gestión de residuos es un motor suficiente para que la inacción y connivencia den lugar a situaciones como las que desembocaron en el catastrófico incendio.

Frente a todo esto, y para aparentar una mayor acción política para controlar los residuos, el gobierno de Emiliano García-Page impulsó la reciente aprobación de las leyes de economía circular y la de evaluación ambiental, dos normativas desfasadas puestas en práctica por una administración corrompida.

Lo mismo cabe señalar de las iniciativas en la materia a nivel estatal. La ley estatal de residuos que ha iniciado su tramitación no solo es poco ambiciosa, sino que no cuenta con los medios para hacerla cumplir. El negocio de los residuos y de la economía circular mal entendida es demasiado grande y poderoso.

Ecologistas en Acción considera que ya se debían haber tomado decisiones antes de este auto judicial, pero con más razón deben tomarse ahora.

Por ello exige que de forma inmediata se proceda a:

– Cesar de forma inmediata a quienes están acusados y siguen ejerciendo puestos de relevancia en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

– Revisar en profundidad y cambiar la estructura y composición de la actual Viceconsejería de Medio Ambiente.

– Establecer mecanismos de auditoría interna y externa con participación pública en la toma de decisiones en materia de residuos y de evaluación ambiental.

– Impulsar profundos cambios en la normativa de residuos estatal y autonómica que impidan el negocio especulativo del residuo, responsabilizando al productor y al gestor como indica el nuevo borrador de la ley estatal.

– Apostar por la generación cero de residuos y la imposición de tasas verdaderamente desincentivadoras que estimulen su reducción y eviten el vertido y la valorización mediante incineración.

Denunciada la Federación de Caza de Castilla-La Mancha por incumplimiento del estado de alarma, ante la Delegación de Gobierno y la Junta

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Circular Federación Caza CLM remarcada
Circular Federación Caza CLM remarcando el presunto incumplimiento del estado de alarma.

Ecologistas en Acción ha denunciado a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ante la Delegación de Gobierno en la región y ante la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por un presunto incumplimiento de las condiciones que rigen sobre el ejercicio de la actividad cinegética durante el estado de alarma.

El motivo es la publicación el pasado día 1 de mayo de 2020 de una circular que se puede consultar en la página web de la Federación en la que se comunica una “Ampliación de los criterios para el control de poblaciones en Castilla-La Mancha” que se derivarían de las nuevas indicaciones que la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad publicó al respecto el 30 de abril pasado en la web institucional.

Sin embargo, la descripción que hace la Federación de Caza de Castilla-La Mancha de los criterios que comunica a los cazadores se contradicen abiertamente con las indicaciones de la Junta de Castilla-La Mancha y con las condiciones que limitan los movimientos y actividades de personas en la situación actual.

La Federación informa a los cazadores en el punto tres de su escrito que los desplazamientos para ejercer control de poblaciones se pueden realizar entre provincias y en la totalidad del territorio de Castilla-La Mancha. Y da a entender que estos desplazamientos y los consiguientes controles de población los pueden hacer simples cazadores. Ninguna de las dos situaciones son ciertas a la luz de las condiciones impuestas por la Junta y visadas por la Delegación de Gobierno.

Tanto si se realizan controles de conejo como de otras especies como el jabalí, el gamo o el ciervo, se deben cumplir dos condiciones que se especifican en punto 3 del documento de “Preguntas y respuestas en referencia a daños por Especies Cinegéticas en Castilla-La Mancha” de 30 de abril de 2020.

La Dirección General especifica que las personas autorizadas para practicar el control de poblaciones no son los cazadores, sino sólo los profesionales de la agricultura o los titulares y vigilantes acreditados de los espacios agrícolas o cinegéticos.

También recuerda lo estipulado en el Artículo 2/2 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, que indica que: “Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización aprobadas por este real decreto-ley las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya de realizarse el trabajo”.

En el momento actual de Fase 0 de estado de alarma siguen sin estar permitidos los desplazamientos interprovinciales no profesionales, ni la caza; actividad que según las previsiones publicadas por el Ministerio de Sanidad no podría autorizarse antes del 25 de mayo.

En su escrito de denuncia Ecologistas en Acción reclama que se incoen a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha los correspondientes expedientes sancionadores y que se le exija la rectificación inmediata de la circular por el riesgo sanitario que implicaría que ahora los cazadores invadan campos y carreteras.

El Gobierno de Castilla-La Mancha le niega ayudas a quien las necesita y se las da a la caza y a los toros.

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Reclamamos del Gobierno de Page la atención inmediata a todas las ayudas sociales

Resulta inevitable relacionar distintos anuncios realizados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con la reciente noticia de que el Gobierno que preside está negando ayudas sociales a personas necesitadas por falta de presupuesto.

Según denuncian afectados y trabajadores de atención primaria, han dejado de atenderse nuevas solicitudes del ingreso mínimo de solidaridad que la Junta de Castilla-La Mancha ofrece para atender situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social o pobreza.

Eso ocurre desde agosto y se argumenta por el Gobierno regional la falta de presupuesto. Es decir, un tecnicismo que tiene fácil solución, ya que bastaría con habilitar de forma extraordinaria las partidas pertinentes, haciendo un traspaso de fondos de otras partidas. Obvias razones de necesidad y de urgencia permiten introducir estas modificaciones presupuestarias.

Pero no, el Gobierno no lo ha considerado pertinente, y remite a la población afectada al año 2020 para satisfacer sus solicitudes.

No cabe otra que exhortar al Gobierno regional a que dote de inmediato y de forma urgente el dinero preciso para las ayudas contra la pobreza y la exclusión social. Son prioridades que no deben supeditarse a simples tecnicismos formales.

Pero, además, no cabe otra que preguntarse entonces, en qué se gasta el dinero el Gobierno de Page para que no le alcance para atender a la población. Pues bien, si las comparaciones son odiosas, esta lo es aún más.

Entre las nuevas prioridades económicas que ha planteado el Gobierno regional figuran dos muy llamativas, promover la caza y promover los toros. Y no lo piensa hacer con una mera declaración de intenciones. No. Lo va hacer, lo está haciendo ya, con un fuerte desembolso económico.

Entre las inversiones que ha anunciado el Sr. Page en la caza y los toros cabe destacar tres. La supresión de la tasa a las licencias de caza y pesca para los castellano-manchegos. La creación de sendos canales temáticos sobre caza y sobre toros en la televisión pública.  Y el constante goteo de ayudas a las entidades cinegéticas y de promoción de la tauromaquia. La última, la publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 11 de diciembre de 2019, por la cual se concede a dedo al ayuntamiento de Yuncos una aportación de hasta 30.000 euros para  la celebración del XVI Congreso Nacional del Toro de Cuerda.

Actualmente se recaudan en Castilla-La Mancha dos millones y medio de euros por licencias de caza. De ese importe, una parte importante dejará de recaudarse al ofrecerse el gratis total a los cazadores y pescadores que residan en la región. De otro lado, todavía está por cuantificar el coste, que no será poco, de los dos canales temáticos que se anuncian y que serán sufragados con dinero público.

Aún a riesgo de que se nos acuse de demagogia o de oportunismo, de utilizar interesadamente ciertos argumentos, nadie con una mínima sensibilidad social debería dejar de denunciar este tipo de situaciones. Máxime si, como parece, al Gobierno regional le sobra el dinero para financiar actividades que sólo interesan a una minoría de la población y que no pueden pasar por esenciales para la comunidad.

Desde Ecologistas en Acción reclamamos del Gobierno del Sr. Page que aporte de inmediato los fondos necesarios para cubrir dignamente todas las ayudas sociales en Castilla-La Mancha. Y que, cuando las cubra, se pare a pensar un rato sobre en qué y por qué gasta el dinero de los castellano-manchegos. A lo mejor de la reflexión le sale una idea que se pueda entender respecto de cuáles son las prioridades de su Gobierno.

Ecologistas en Acción se personará como acusación contra el cazador que mató a una lincesa provocando la muerte de sus cuatro cachorros.

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lince-iberico-nenufar-con-cachorros-01-660-626Tras conocerse que el Seprona de la Guardia Civil ha identificado y denunciado ante los Juzgados de Primera Instancia de Toledo a un hombre que habría causado la muerte por disparo de arma de caza de la lincesa Nenúfar el pasado mes de junio, Ecologistas en Acción de Toledo ha decidido personarse en la causa.

La gravedad de las circunstancias del caso y de los daños producidos en una especie en peligro de extinción, que incluyen la pérdida de los cuatro cachorros de la linces muerta,  motiva esta decisión de la asociación que en breve remitirá al Juzgado toda la documentación precisa para que se verifique la personación.

Se pedirá la máxima pena que permite el artículo 334 del vigente código penal para delitos contra la fauna protegida, y que puede llegar hasta los dos años de prisión y hasta los cuatro años de inhabilitación para cazar. Asimismo, se solicitará una cuantiosa indemnización económica que podrá superar los 100.000 euros por los daños al patrimonio natural.

Ecologistas en Acción quiere valorar muy positivamente la actuación de investigación del Seprona, sin olvidar la de los agentes medioambientales que también intervinieron en las actuaciones. Asimismo confía que en breve se tengan noticias similares y se detenga a cada uno de los culpables de las muertes de los otros tres linces que han aparecido con disparos o atrapados en cepos y lazos en este nefasto año para el lince ibérico en Castilla-La Mancha.

Ecologistas en Acción, que fue quien denunció públicamente todas estas muertes de linces, sigue echando en falta las actuaciones por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. A día de hoy la Consejería de Desarrollo Sostenible no ha contestado a las peticiones de información realizadas el cuatro de octubre pasado y tampoco ha anunciado si se han tomado medidas cautelares o de otro tipo en los cotos de caza donde se produjeron los hechos.

Ecologistas en Acción ha pedido una reunión tanto en la Consejería como en la Delegación Provincial de Toledo para que informen de sus actuaciones y para que expliquen su falta de transparencia y de diligencia en la persecución de acciones de caza que están suponiendo un daño enorme para la biodiversidad.

Antecedentes denuncia de Ecologistas en Acción

https://www.ecologistasenaccion.org/128047/mueren-cuatro-linces-a-manos-de-cazadores-en-castilla-la-mancha/

Ascienden a 8 los linces muertos por cazadores, y no son furtivismo.

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Nenúfar, muerta por disparo a bocajarro, y las que fueron sus crías
Nenúfar, muerta por disparo a bocajarro, y las que fueron sus crías

Los linces muertos por acciones de caza en Castilla-La Mancha no son furtivismo, es caza de especies protegidas. Y hay cuatro cachorros muertos más.

– El Gobierno de la Junta falsea los datos y las causas de mortalidad de lince.

– Son doce los linces muertos. Ocho debido a la caza, pues los 4 cachorros de Nenúfar sin duda perecieron.

– Tal y como lo define el Código Penal, el furtivismo no es la causa, es la caza de especies protegidas.Tras la denuncia de Ecologistas en Acción de que habían muerto en distintas acciones de caza 4 linces ibéricos del programa de recuperación de la especie en los Montes de Toledo, el Gobierno de la Junta, por fin, ha empezado a dar información.

Sin embargo, una vez más, en lugar de practicar la transparencia y explicar las cosas como son, falsea la realidad intentando ocultar las dimensiones del daño causado por la práctica de distintas modalidades de caza y, lo que es peor, de las bajas efectivamente producidas por esta causa.

No son ocho, sino probablemente doce, los linces muertos en los Montes de Toledo en lo que va de año. Y de esa cifra son 8, y no cuatro, los muertos a consecuencia de prácticas cinegéticas. Esa cifra se obtiene de sumar a las bajas reconocidas, las de los cuatro cachorros que estaban al cargo de “Nenúfar”, la lincesa muerta de un disparo a bocajarro, y que se han perdido tal y como ha dado por hecho la propia Junta.

¿O es que para la Junta no hay que contabilizar los cuatro cachorros de “Nenúfar” como parte de la mortalidad de la especie?

Por otra parte, en un ejercicio de ausencia de rigor técnico y jurídico, el Gobierno habla de que las muertes de linces denunciadas por Ecologistas en Acción, han sido causadas por furtivos.
El furtivismo es una práctica tipificada en el código penal, concretamente en el artículo 335 que se introdujo específicamente a petición de los cazadores para penar esta conducta en la reforma que entra en vigor en el año 2004. Este artículo, según su apartado 1 se aplica sólo a especies no protegidas, es decir a las cinegéticas. Y según el apartado 2 penaliza también a “ El que cace o pesque especies a las especies que se refiere el apartado anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, ….”.

La caza de especies protegidas es un delito del artículo 334 del código penal, cuestión que el Gobierno debiera saber y decir como es.

Por lo tanto es falso que el furtivismo sea la causa de la muerte de linces. Éstos han muerto por actos de caza ilegal de una especie protegida, en el transcurso de actividades cinegéticas tanto legales como ilegales.
A la vista de los hechos, y al contrario de lo que piden algunas entidades del mundo de la caza es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y no Ecologistas en Acción, quien tiene que rectificar y ser transparente a la hora de facilitar información y actuar contra quienes provocan la muerte de linces.

Más información:

Video de Nenúfar con los 4 cachorros en el twitter del entonces Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de CLM: https://twitter.com/i/status/1123114671609929729
Denuncia de Ecologistas en Acción: https://www.ecologistasenaccion.org/128047/mueren-cuatro-linces-a-manos-de-cazadores-en-castilla-la-mancha/

Mueren cuatro linces a manos de cazadores en Castilla-La Mancha

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  • En lo que va de 2019 al menos cuatro lices ibéricos han muerto en los Montes de Toledo por disparos de escopeta y trampas.
  • El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha informado de los casos y se desconoce si se han abierto expedientes en vía penal y administrativa.
  • Ecologistas en Acción reclama transparencia y una acción contundente de cese de la caza en las zonas donde han aparecido los linces muertos.
Lince muerto en un cepo en Toledo en septiembre

2019 está siendo un año trágico para los linces ibéricos en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Toledo.

En los últimos meses se ha certificado la muerte de cuatro linces del programa de reintroducción puesto en marcha por el proyecto Life+Iberlince en la comarca de los Montes de Toledo y del que ahora se hace cargo la Junta de Castilla-La Mancha.

Los casos verificados corresponden con una muerte en un lazo, otra en un cepo y dos por disparos con escopetas de caza. Dos de las muertes han tenido lugar en el mes de septiembre.

Desde que se tienen estadísticas de mortalidad de lince ibérico en este siglo no se había producido una cifra tan alta de muertes debidas a la caza ilegal de linces en una zona tan concreta y en un espacio de tiempo tan corto.

En todos los casos las muertes de linces han tenido lugar por el empleo de medios de caza, bien sea durante el desarrollo de actividades cinegéticas permitidas o por el empleo de métodos de control de predadores.

La distinta naturaleza de los casos hace aún más preocupante la situación, pues las muertes se han producido en distintas fincas y cotos de caza de los Montes de Toledo, en áreas en teoría sujetas a mayor vigilancia por ser objeto del desarrollo del programa de reintroducción y recuperación de esta especie en peligro de extinción.

Todo apunta a que, lejos de lo que se suponía, el lince ibérico no está efectivamente protegido, sobre todo frente a las prácticas cinegéticas, legales o no, y que no solo se están dando en Castilla-La Mancha, sino también en Extremadura o Andalucía. Prácticas que perviven enquistadas en el sector de la caza y que, por desgracia, se regulan deficientemente por parte de unos gobiernos regionales, en particular el de Castilla-La Mancha, más interesados en evitar el conflicto con los cazadores que en la protección efectiva de nuestras especies más amenazadas.

Ante la gravedad de los hechos, Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al Consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha pidiendo transparencia en la información sobre la especie, así como los detalles de los expedientes informativos y sancionadores abiertos por estos u otros casos de mortalidad directa de linces que se hayan producido en este año.

Se reclama asimismo que, ante el inminente inicio de la temporada de caza, se cierren cautelarmente los cotos donde han aparecido los linces muertos hasta que se aclaren los hechos y se recupere la zona del daño causado.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación porque estos casos no se hayan hecho públicos hasta ahora y pedirá una explicación al respecto, ya que hasta hace no mucho el proyecto Iberlince y las entidades que participan de él eran muy diligentes a la hora de informar de estas situaciones.

Propuesta de declaración de emergencia climática en Castilla-La Mancha sin contenidos suficientes y creíbles.

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Recientes inundaciones en Mora (Toledo). Foto @CMMedia
  • Ecologistas en Acción emplaza al Gobierno de Castilla-La Mancha a asumir responsabilidades en la lucha contra el cambio climático y a la ciudadanía a participar de la Huelga Climática del 27 de septiembre.

La declaración de emergencia climática que se apresta a tramitar el Gobierno de Castilla-La Mancha está muy lejos de responder a los compromisos que debiera asumir una comunidad como la castellano-manchega acuciada por focos de contaminación muy preocupantes, la sobreexplotación hídrica, los episodios climáticos extremos, el incremento notable de emisiones en perspectiva y la pérdida creciente de biodiversidad.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, al igual que otras ONG ambientales y en especial el creciente movimiento social de Alianzas por el Clima, había pedido la declaración de emergencia climática para Castilla-La Mancha. Ante esta petición que es un clamor el Gobierno regional ha respondido con un trámite de urgencia, sin participación, y con un texto sin contenidos que induzcan a pensar que se asumen las responsabilidades en la lucha contra el cambio climático y contra la pérdida de la biodiversidad.

Así no se hacen las cosas, salvo que el objeto no sea el que se explicita, sino otro. Por ejemplo, el de cumplir el expediente e intentar hacer ver lo que no es ante una inminente movilización social.

Aunque en un principio se recibió con buenas expectativas el anuncio del Gobierno de que se iba a declarar la emergencia climática en la región, éstas han quedado frustradas tanto por la forma en que se está tramitando como por el fondo.

No se entiende que se haya convocado el Consejo Regional de Medio Ambiente por mail y con sólo cuarenta ocho horas de plazo, y mucho menos que se ofreciera un texto ya cocinado y en el que no hay ninguna nueva ni trascendente aportación a lo que es la errática y desarrollista política del Gobierno de Page.

El borrador de emergencia climática que propone el Gobierno discurre por terrenos comunes, con medidas ya conocidas, muchas de ellas de escasa eficacia, que dependen de otros y sin asumir las responsabilidades que verdaderamente son propias del ámbito autonómico.

Las palabras de la declaración quedan huecas cuando, por ejemplo, no se expresa ningún compromiso para frenar las políticas de infraestructuras por carretera o aeroportuarias, siendo estos tipos de transporte los que más aportan a las emisiones de gases de efecto invernadero. También se echan de menos medidas eficaces de reducción de los focos de contaminación industrial y urbana, de freno a las macrogranjas, de residuos cero, de reducción de la sobreexplotación hídrica, de reducción del consumo de agua en el regadío o de detención a la pérdida de biodiversidad a causa de la mala aplicación de las políticas sectoriales, en especial de agricultura, minas, caza, urbanismo, turismo y macroproyectos.

Apostarlo todo, como hace la declaración, al incremento de la oferta de renovables que sólo beneficia a las grandes empresas y no al autoconsumo, a una ley de economía circular que incentiva y no ataja la creciente producción de residuos y a una empobrecida estrategia de cambio climático, no lleva a nada. Si acaso a intentar limpiar las malas acciones de un Gobierno cuyas intenciones quedaron claras en las palabras de su presidente durante la toma de posesión del Gobierno, reclamó más financiación autonómica para “hacer más carreteras”. Un Gobierno que apoya dos aeropuertos en la región, el de Ciudad Real y el de Casarrubios del Monte, que ha inaugurado el macroparque temático Puy du Fou al podrían llegar a acudir más de 2 millones de visitantes en su vehículo privado y un Gobierno que ha contribuido a la proliferación de macrogranjas porcinas y avícolas.

Con todo, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha hará lo posible por rectificar esta improvisada y desnortada forma de afrontar la emergencia climática por parte del Gobierno regional, y pide que se cree un grupo de trabajo y debate para buscar un documento de compromiso con verdaderos contenidos.

En estas circunstancias, y con más énfasis si cabe, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a toda la ciudadanía a participar de la Huelga Climática del 27 de septiembre, así como en los actos preparatorios de la misma que los movimientos de Alianza por el Clima están organizando por toda Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no asume los importantes retos que se han de afrontar en esta crisis ecológica.

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Rueda de Prensa de Ecologistas en Acción CLM (Foto ELDIARIOCLM.ES)
  • Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha renueva y refuerza su equipo de coordinación regional para que se modifique una acción política que queda al servicio de los intereses económicos.

El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha se está presentando con la idea de proyectar una imagen de impulso a las políticas medioambientales. Se ha creado una Consejería que se llama de Desarrollo Sostenible, alguna nueva dirección general y se han planteado como líneas maestras de la acción de Gobierno el impulso de las energías renovables, de la economía circular y la defensa del agua.

Para Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha estas iniciativas pero, sobre todo, el contexto y la forma en las que se están planteando, distan mucho de ser las necesarias para afrontar los grandes retos medioambientales que están en juego.

En Castilla-La Mancha parece no terminar de entenderse el calado de los problemas ambientales que acucian a la región, y que de forma creciente han alimentado movimientos sociales y plataformas de defensa ambiental. Inquietud social que aumenta en Europa y que ha empezado a ser liderada por quien más ve su futuro y el del planeta en juego: la juventud.

No se pueden dar soluciones, ni ejercer una adecuada acción de Gobierno, si no se hace un buen diagnóstico de esa situación ni se asumen las responsabilidades que a cada cual le son propias. Mucho menos si por el contrario, todo se ve desde una óptica economicista a corto plazo.

Castilla-La Mancha está inmersa y contribuye a una crisis ecológica que se plasma en dos grandes problemas: el cambio climático y la pérdida creciente de biodiversidad. En ellos confluyen y de ellos se derivan situaciones que no sólo afectan al medio ambiente, y a recursos como el agua o el aire, sino también a la calidad de vida, la salud y al bienestar económico.

Parece que lo coherente sería una declaración de emergencia ambiental, como por ejemplo se ha planteado en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en Castilla-La Mancha se siguen manteniendo recetas del pasado, con miras desarrollistas amparadas en una ambigua y rancia concepción de lo que es la verdadera sostenibilidad.

A veces unas palabras son muy reveladoras. Y en este caso, las del Presidente de la Junta reclamando más presupuesto regional para poder hacer más kilómetros de carretera, como expresó en la presentación del nuevo Gobierno, lo son y mucho. Sobre todo porque además no se observó en sus palabras posteriores ningún énfasis que no fuera el de insistir en ideas similares a esa traducidas a las distintas áreas de gobierno.

Las señales que está dando el nuevo Gobierno no son muy halagüeñas y se observa un continuismo muy preocupante.

En materia de medio ambiente es muy llamativo que la nueva consejería no incorpore en su denominación el término medio ambiente, y que éste quede una vez más en un segundo nivel, en el marco de una viceconsejería. Tampoco lo es que junto a las competencias ambientales se incluyan las de la minería, las de telecomunicación o las de energía. Cuestiones que deben evaluarse con independencia desde la óptica del medio ambiente.

Con algunas felices salvedades en el organigrama como la Dirección General de la Agenda 2030 o que se visualice la importancia de la biodiversidad, parece que el medio ambiente se va a gestionar como en otras ocasiones. Acumulando en la Consejería competencias no medioambientales y repitiendo el modelo de la que en su día se denominó Consejería de Industria y Medio Ambiente, que no hizo otra cosa que alimentar la especulación y la burbuja de las renovables, en cuya segunda versión ya nos encontramos.

Tampoco es bueno que las competencias en agua se le adjudiquen a agricultura, precisamente el sector que mayor crisis hídrica produce en nuestro territorio. Lo que además debilitará la posición de la región para reclamar el fin del trasvase Tajo-Segura.

Por su parte, la llamada economía circular está ya llenando de vertederos de residuos industriales nuestra región. Y amenaza con aumentar la importación de lo que otras regiones no quieren. Ya no será suficiente ni la tasa de vertido que se anuncia, mientras sea negocio lucrativo generar residuo, se aumentará el problema.

En Castilla-La Mancha hay una doble crisis ambiental, que exige iniciativas valientes y que vayan por delante de los acontecimientos, no por detrás.

A tal fin, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ya planteó a los partidos que concurrieron a las elecciones cuales podrían ser los objetivos y las medidas a aplicar en materia de medio ambiente. Y ahora ve que quien las ganó y va a gobernar no parece muy dispuesto a asumirlos.

Ante ello se augura una legislatura de grandes reivindicaciones medioambientales, en las que será una vez más la ciudadanía la que tenga que tomar la palabra y hacer ver a los políticos que el medio ambiente es una verdadera prioridad.

Para fortalecer su acción en la región Ecologistas en Acción ha decidido renovar y reforzar el equipo de coordinación en Castilla-La Mancha.

Contamos con un nuevo coordinador regional, Sebastián Rivera, y un nuevo co-portavoz, José Manuel Hernández. Por su parte, Miguel Ángel Hernández que lleva 20 años alternando esas funciones pasa a ejercer labores de apoyo y de asesoría técnica y jurídica. Con esta configuración, a la que se suman los grupos y federaciones regionales, la asociación espera estar a la altura de lo que viene por delante.

Todos ellos, así como el conjunto de la federación ecologista, se ponen desde hoy a trabajar y a disposición del nuevo Gobierno y, sobre todo, de la ciudadanía para mejorar de verdad el medio ambiente de la región.

SE ADJUNTA LISTA DE PRIORIDADES QUE PROPONE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

PRIORIDADES MEDIOAMBIENTALES. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.

Para Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha las labores que en materia de medio ambiente hay que acometer son, a modo de resumen, las siguientes:

–          Pacto regional para la declaración del estado de emergencia ambiental en Castilla-La Mancha

–          Incorporar el derecho al medio ambiente en el estatuto de autonomía

–          Fortalecimiento de la persecución de los delitos ambientales y de las infracciones contra la naturaleza mediante unidades de investigación específicas en las fiscalías y en el cuerpo de agentes medioambientales en materia de incendios, protección de las especies y espacios protegidos y protección de la calidad ambiental

–          Debate regional para encarar el fenómeno del despoblamiento desde un punto de vista integral, sin caer en tópicos ni tradicionalismos rancios

–          En materia de protección de la biodiversidad:

o   Aprobación de una Estrategia regional de protección de la naturaleza que incluya, entre otras, un Plan regional de recuperación de especies polinizadoras

o   Eliminación de las ayudas e incentivos sectoriales que son contraproducentes para la biodiversidad y reorientación de los fondos liberados.

o   Prohibición del uso de herbicidas y plaguicidas en áreas urbanas, carreteras y espacios naturales.

o   Fin de la caza y del control de poblaciones mediante técnicas de caza en los parques nacionales y en los refugios de fauna

o   Consolidación y ampliación de la red de áreas protegidas

–          En materia de cambio climático:

o   Aplicar una reducción de emisiones al transporte por carretera y al sector agro-ganadero del 40% para 2030

o   No impulsar proyectos generadores netos de grandes emisiones y con grandes impactos ambientales: Cierre del aeropuerto de Ciudad Real y desestimiento del de Casarrubios del Monte

–          Educación ambiental

o   Aprobación de la nueva Estrategia de Educación Ambiental en Castilla-La Mancha

–          Protección animal

o   Aprobación de una nueva ley de protección y bienestar animal moderna y que elimine y penalice también el maltrato a especies silvestres en todo tipo de actividades

o   Eliminar la declaración de las corridas de toros como bien de interés cultural

o   Recuperar la prohibición de la cetrería en Castilla-La Mancha

–          Contaminación y salud

o   Plan regional de eliminación de fuentes y de reducción de la contaminación atmosférica, por malos olores y por todo tipo de radiaciones. Asociarlo al Plan regional de Salud Pública.

–          Gestión forestal y uso público

o   Establecimiento de una carta de derechos del usuario del medio natural

o   Estrategia de prevención y recuperación forestal para hacer los bosques y montes más resistentes a los grandes incendios y al cambio climático

o   Eliminación de todas las malas prácticas cinegéticas y reducción de infraestructuras como los vallados cinegéticos.

–          Agricultura y ganadería

o   Asumir los principios de la agroecología en el desarrollo de políticas agrarias y como mejor herramienta contra el despoblamiento y la pérdida de identidad cultural en el medio rural.

o   Cese de autorizaciones a nuevas macrogranjas y auditoría a las existentes

o   Reducción de la superficie de regadíos en un 20%, empezando por los ubicados en espacios de la red natura 2000

o   Incorporación de dos representantes de las organizaciones ambientales al Consejo Regional Agrario

–          Residuos

o   Aprobación de una Estrategia y Ley Regional de Residuos Cero. Modificar en consecuencia el nombre de la DG de Economía Circular por DG Residuos Cero.

o   Cese de autorizaciones de nuevos vertederos aislados o dentro de complejos de tratamientos de residuos.

o   Aprobación de una tasa desincentivadora de la producción de residuos que se sume a la prevista por el depósito en vertederos.

–          Agua

o   Reducir el consumo de agua en la agricultura de CLM en un 30%

o   Renuncia a la legalización de pozos de en el Alto Guadiana

o   Establecimiento, en coordinación con las Confederaciones Hidrográficas, de caudales ambientales para todas las masas de agua y del cese programado del Trasvase Tajo Segura y a la Llanura Manchega.

–          Energía

o   Modelo alternativo de impulso a las renovables, haciendo una apuesta verdadera y potente por la energía distribuida, los microproyectos y el autoconsumo

o   Elaboración y evaluación ambiental de un Plan Regional de Energías Renovables

o   Medidas para evitar una burbuja especulativa de grandes proyectos de renovables que benefician especialmente a las grandes empresas.

o   Cierre de la central nuclear de Trillo. Y confirmación del desestimiento del ATC en Castilla-La Mancha

–          Minas

o   Ley para poner freno a proyectos mineros impactantes.

o   Desestimiento o, en su caso, revocación de autorizaciones a proyectos mineros como “El Moto”, “Cristina-Sepiolsa”, Fontanarejo y otros

–          Urbanismo, infraestructuras y turismo

o   Renuncia a nuevas autovías y desdoblamientos, así como al TAV Madrid-Extremadura

o   Revisión de la aprobación del PSI del parque temático Puy du Fou en Toledo

o   Incorporación de representantes de las organizaciones ambientales en las Comisiones de Urbanismo

–          Transporte y movilidad

o   Plan regional de movilidad sostenible con objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en el transporte por carretera y aéreo

o   Impulsar el uso del transporte público y no fomentar el uso del vehículo privado, por ejemplo, mediante la creación de nuevas infraestructuras

–          Gobernanza ambiental

o   Creación de un comité de ética independiente que persiga la mala praxis en la tramitación de proyectos y expedientes con repercusiones medio ambientales

o   Apuesta por la participación pública fortaleciendo los órganos regionales y creando órganos provinciales de medio ambiente

o   Renovar y ampliar los equipos técnicos y jurídicos de la Consejería y de las Direcciones Provinciales con profesionales cualificados en el medio ambiente

o   Fortalecer el papel de la ciencia independiente en la toma de decisiones

Puy du Fou España e Interporc premios Atila por su contribución a la destrucción del medio ambiente.

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Impacto de las obras del Puy du Fou en el espacio natural protegido.

Como cada año, Ecologistas en Acción recuerda que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 para aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Para ello, la organización ecologista premia a los que son como Atila: por donde pasan, no crece ni la hierba. Con estos premios se señala a entidades e instituciones y a sus responsables como causantes de agudizar la crisis social y ambiental.

Dichos premios tienen en este año su versión estatal y regional, y en Castilla-La Mancha las dos entidades agraciadas por su nefasta contribución de la protección del medio ambiente son Puy du Fou España s.l. y la patronal del sector porcino Interporc.

En el caso de Puy du Fou España, el galardón obtenido ha sido el Premio Atila Castilla-La Mancha y un notorio accésit a nivel estatal. Interporc ha sido galardonada como premio Atila en ambos ámbitos.

La patronal del sector porcino Interporc, lobby que reúne a las grandes empresas cárnicas en España y en Castilla-La Mancha es merecedora de tales premios por ocho argumentos:

  1. Por contaminar el agua con los purines de las explotaciones porcinas industriales lo que conlleva que muchos municipios y habitantes del mundo rural no tengan acceso a agua potable.
  1. Por contribuir al cambio climático a partir de las enormes emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano, que provoca la industria cárnica porcina.
  1. Por el uso abusivo de antibióticos que utiliza el modelo ganadero industrial y que provoca la resistencia a estos medicamentos y un grave peligro para la salud pública.
  1. Por la emisión de gases y partículas tóxicas, como el amoniaco y las micropartículas PM2,5, que supone el incremento de enfermedades respiratorias en la población de los territorios donde se instalan estas explotaciones.
  1. Por las malas condiciones laborales en las que trabajan las personas en este sector.
  1. Por las nefastas condiciones en las que viven los animales en el modelo ganadero intensivo.
  1. Por la despoblación del medio rural provocada por los perjuicios que desencadena la ganadería industrial.
  1. Por la dieta desequilibrada y no saludable que fomenta la producción industrial a causa de los bajos precios, cuya única explicación posible es la externalización de los costes sociales y ambientales, y que implica un aumento de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer colorrectal, la diabetes y la obesidad.

Por su parte, los merecimientos de Puy du Fou España al premio Atila también están más que justificados. La empresa está llevando a cabo la construcción de un macroparque temático en Toledo. La instalación está llamada a atraer más de dos millones de personas, duplicando las visitas a una ciudad ya colapsada en muchas fechas del año y donde el vecindario y el comercio tradicional del casco histórico son expulsados poco a poco. Los propios promotores calculan que llegarán a necesitar plazas turísticas equivalentes a 38 hoteles.

Para llevar a cabo el parque no ha sido obstáculo que los terrenos donde se ejecutan las obras estén protegidos urbanísticamente, ni que su valor principal sea el paisaje y la presencia de especies amenazadas de extinción. Actualmente se está destruyendo con maquinaria pesada una superficie equivalente a casi 80 campos de fútbol y levantando estructuras de 20 metros de alto en pleno campo. El proyecto Puy du Fou representa el retorno de la apuesta por los parques temáticos que tantos fracasos ha cosechado. La empresa y el Gobierno regional, apoyándose en ciertos medios de comunicación y las campañas de marketing, han denostado, incluso con falsas acusaciones, a quienes han criticado el proyecto, el movimiento ciudadano Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou.