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VENENO

Mueren cuatro linces a manos de cazadores en Castilla-La Mancha

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  • En lo que va de 2019 al menos cuatro lices ibéricos han muerto en los Montes de Toledo por disparos de escopeta y trampas.
  • El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha informado de los casos y se desconoce si se han abierto expedientes en vía penal y administrativa.
  • Ecologistas en Acción reclama transparencia y una acción contundente de cese de la caza en las zonas donde han aparecido los linces muertos.
Lince muerto en un cepo en Toledo en septiembre

2019 está siendo un año trágico para los linces ibéricos en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Toledo.

En los últimos meses se ha certificado la muerte de cuatro linces del programa de reintroducción puesto en marcha por el proyecto Life+Iberlince en la comarca de los Montes de Toledo y del que ahora se hace cargo la Junta de Castilla-La Mancha.

Los casos verificados corresponden con una muerte en un lazo, otra en un cepo y dos por disparos con escopetas de caza. Dos de las muertes han tenido lugar en el mes de septiembre.

Desde que se tienen estadísticas de mortalidad de lince ibérico en este siglo no se había producido una cifra tan alta de muertes debidas a la caza ilegal de linces en una zona tan concreta y en un espacio de tiempo tan corto.

En todos los casos las muertes de linces han tenido lugar por el empleo de medios de caza, bien sea durante el desarrollo de actividades cinegéticas permitidas o por el empleo de métodos de control de predadores.

La distinta naturaleza de los casos hace aún más preocupante la situación, pues las muertes se han producido en distintas fincas y cotos de caza de los Montes de Toledo, en áreas en teoría sujetas a mayor vigilancia por ser objeto del desarrollo del programa de reintroducción y recuperación de esta especie en peligro de extinción.

Todo apunta a que, lejos de lo que se suponía, el lince ibérico no está efectivamente protegido, sobre todo frente a las prácticas cinegéticas, legales o no, y que no solo se están dando en Castilla-La Mancha, sino también en Extremadura o Andalucía. Prácticas que perviven enquistadas en el sector de la caza y que, por desgracia, se regulan deficientemente por parte de unos gobiernos regionales, en particular el de Castilla-La Mancha, más interesados en evitar el conflicto con los cazadores que en la protección efectiva de nuestras especies más amenazadas.

Ante la gravedad de los hechos, Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al Consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha pidiendo transparencia en la información sobre la especie, así como los detalles de los expedientes informativos y sancionadores abiertos por estos u otros casos de mortalidad directa de linces que se hayan producido en este año.

Se reclama asimismo que, ante el inminente inicio de la temporada de caza, se cierren cautelarmente los cotos donde han aparecido los linces muertos hasta que se aclaren los hechos y se recupere la zona del daño causado.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación porque estos casos no se hayan hecho públicos hasta ahora y pedirá una explicación al respecto, ya que hasta hace no mucho el proyecto Iberlince y las entidades que participan de él eran muy diligentes a la hora de informar de estas situaciones.

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Pedimos a la Junta de Castilla-La Mancha que cree una unidad canina contra el veneno en Toledo

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Foto Asociación Profesional de Agentes Medioambientales APAM CLM

El Programa Antídoto, formado por nueve organizaciones de conservación de la naturaleza, ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha el cumplimiento del compromiso de reforzar el trabajo de los agentes medioambientales con la puesta en marcha de una unidad canina especializada en la detección del uso ilegal de cebos envenenados. Sería específica para Toledo por tratarse de una provincia estratégica muy afectada por esta problemática ligada a la práctica cinegética.

Las organizaciones que conforman el Programa Antídoto se han dirigido por carta a Rafael Cubero, director general de Política Forestal y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, para conocer la situación y los avances en la puesta en marcha de la unidad canina especializada en detección de cebos envenenados en Toledo. Se trata de una medida importante para luchar contra esta grave amenaza para la fauna silvestre. La Consejería ya confirmó el pasado verano a las ONG que esperaba tenerla a punto antes del final de la legislatura.

Toledo es una provincia estratégica para la conservación de la mayor parte de las aves rapaces y carroñeras más amenazadas en España. Es el caso de especies como el águila imperial ibérica, el buitre negro o el milano real. De esta última especie, catalogada en peligro de extinción, se han confirmado oficialmente más de 30 ejemplares envenenados en Toledo en los últimos cuatro años. Estas cifras son aún más preocupantes ya que se estima para esta especie que solo se encuentra alrededor del 5% de los ejemplares envenenados. Como consecuencia, el milano real  está a punto de desaparecer como nidificante en la región.

Para los miembros del Programa Antídoto, la dotación de perros y guías especializados supondría un refuerzo muy importante para incrementar la vigilancia en Toledo, en particular la encomiable labor de los agentes medioambientales, impulsando una mejora en la calidad de las medidas de prevención e investigación de esta práctica ilegal y delictiva, que se sigue usando en cotos de caza y algunas explotaciones ganaderas.

Esta unidad canina se sumaría a otra con la que ya cuenta la Comunidad Autónoma para detectar la presencia de cebos envenenados, pero que opera principalmente en la provincia de Albacete, donde realiza más del 70% de sus operaciones.

NOTA SOBRE EL PROGRAMA ANTIDOTO

El Programa Antídoto nace en 1997 fruto de la preocupación de distintos expertos y organizaciones de defensa de la naturaleza por la grave repercusión que estaba teniendo el uso de veneno en el medio natural sobre la vida silvestre y sobre importantes especies amenazadas. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

Nuevo caso de envenenamiento grave de fauna en un coto de caza en Toledo

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Milano real envenenado en Extremadura. Foto Seo BirdLife
  • Ecologistas en Acción, SEO y WWF denuncian ante el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la inactividad de la Dirección Provincial de Toledo en la lucha contra el veneno y reclaman medidas urgentes.
  • Alertan de que Toledo se puede convertir en un sumidero de mortalidad de especies amenazadas

Los cadáveres de cuatro milanos reales, especie en peligro de extinción, de cinco águilas ratoneras y un aguilucho lagunero fueron localizados el pasado 29 de octubre en un coto de caza de la localidad de Valmojado, al norte de Toledo, en la comarca de La Sagra.

A las alarmantes cifras de fauna envenenada que históricamente arrastra la provincia de Toledo , se ha sumado un  nuevo caso  de esta práctica ilegal,   en un coto de caza  del término de  Valmojado.

WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife van apersonarse como parte interesada en el expediente administrativo  y, en caso de llegar a poder localizarse al presunto responsable de los hechos, se personarán como acusación en el juzgado de lo penal.

Las ONG denunciaron la semana pasada ante el Consejero de Agricultura,  Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la inactividad  de la Dirección Provincial de Toledo en la lucha contra el veneno y le trasladaron la necesidad de una clara voluntad política para resolver el problema. Asimismo, pusieron sobre la mesa la  manifiesta insuficiencia de  resoluciones administrativas para hacer frente al veneno en Castilla –La Mancha,  ya sean medidas cautelares, recuperadoras de las especies afectadas o sancionadoras. Las ONG esperan que el refuerzo de los servicios jurídicos en materia ambiental anunciado por el Consejero se traduzca en una mayor eficacia y agilidad administrativa.

WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife coinciden en que Toledo, de no tomarse medidas contundentes contra los envenenamientos,  se puede convertir en  uno de los peores sumideros de mortalidad de especies amenazadas en España por esta práctica ilegal.  También, recuerdan que en poco más de tres años (de 2015 a 2018) la provincia ha acumulado más de treinta  milanos reales encontrados envenenados, siendo una cifra que solo representa una parte de la mortalidad real por esta causa, debido a la dificultad del hallazgo de los animales.

Además, recuerdan que varios  de los casos más graves por envenenamiento de esta comunidad autónoma no se han tramitado ni sancionado por la ausencia de una gestión administrativa adecuada, lo que evidencia una falta de compromiso político en la lucha contra el veneno, sobre todo en Toledo.

 Las ONG quieren conocer la gestión que desde la Dirección Provincial se está haciendo del trabajo en esta materia  de los Agentes de Medio Ambiente, así como de la Unidad especializada en investigación de venenos (UNIVE), de los servicios técnicos y en especial  en materia de aplicación de la normativa en la provincia.

También a  partir de este último caso  las organizaciones ecologistas se han dirigido  a la Jefatura del SEPRONA para conocer y colaborar en el trabajo que realizan en investigación de los casos de envenenamiento en Toledo.

El uso de veneno

El informe ‘El veneno en España(1992-2013) analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, una de las mayores amenazas para la biodiversidad, y desvela los 8.324 episodios de envenenamiento que se han registrado en el periodo de estudio. Esto ha significado el hallazgo  de 18.503 animales muertos. Una muestra de algunos de los principales episodios de envenenamiento de los últimos años quedó recogida también en el informe  “Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015”.

La colocación de cebos envenenados  es   un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal.

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

168.000 euros de fianza por el envenenamiento de más de 50 ejemplares de fauna en un coto toledano

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· Un juzgado de Toledo ha impuesto la fianza por el presunto envenenamiento de 50 animales en un coto de la provincia
 
· Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular en este procedimiento y destacan la importancia del reconocimiento por parte de los tribunales del valor económico que supone la pérdida irreversible del patrimonio natural.

El juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº4 de Torrijos (Toledo) ha impuesto una fianza de 168.000 euros a los tres acusados por el uso reiterado de veneno que ocasionó la muerte de 55 ejemplares de fauna en el coto de la Casa Nueva en Gerindote. Esta fianza tendrá que ser depositada por el titular del coto y los dos guardas que en el momento en que se produjeron los hechos estaban al cargo de la labores de administración y gestión del aprovechamiento cinegético de los terrenos. El objeto de la fianza es responder a la posible indemnización por los daños causados por los envenenamientos y el pago del valor de las especies de fauna que se vieron afectadas. El juez decreta la celebración del juicio oral después de seis años de instrucción.

WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción ejercen la acusación popular en este proceso, destacando que “la imposición de esta fianza es importante en cuanto que reconocen el valor del daño producido por el uso ilegal de cebos envenenados y demuestra que colocar cebos envenenados en el medio natural tiene consecuencias económicas y legales para los autores”. La presencia en los tribunales, realizado en el marco del proyecto Life+ VENENO, ha permitido a las organizaciones ecologistas trasladar a los órganos judiciales y a la sociedad la gravedad de esta amenaza contra la biodiversidad y apoyar el trabajo de investigación realizado por los agentes de medio ambiente de Castilla-La Mancha y el Seprona de la Guardia Civil.

Los hechos
 
Entre agosto y septiembre de 2011 fueron localizados en el coto privado de Casa Nueva, en el término municipal de Gerindote, al menos 55 ejemplares de animales envenenados, entre los que se encontraban 23 milanos negros, cinco aguiluchos laguneros, seis milanos reales y un águila imperial ibérica, estas dos últimas especies catalogadas En Peligro de Extinción. Los análisis posteriores de los animales confirmaron su muerte por efecto de dos potentes insecticidas que habían sido utilizados para la elaboración de los cebos.

Las labores de investigación de la Unidad de Investigación de Venenos (UNIVE) del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y el Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, permitieron localizar los animales envenenados y determinar la imputación del titular y los dos guardas como posibles autores de los hechos.

El uso de veneno

El informe El veneno en España (1992-2013)‘ analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, una de las mayores amenazas para la biodiversidad, y desvela los 8.324 episodios de envenenamiento que se han registrado en el periodo de estudio. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las organizaciones ecologistas estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85 % y el 97 % de los animales envenenados no se encuentran. A pesar de ser ilegal, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos, completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para los animales domésticos.

 

TRAS CUATRO AÑOS DE TRABAJO, VE LA LUZ UNA PROFUNDA REFORMA DE LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

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Foto © David Santiago-WWF

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha comparte su satisfacción por el éxito logrado y agradece el apoyo y el trabajo de las 40 organizaciones y 117.414 firmas ciudadanas que han llevado a que por primera vez en España se modifique una ley de caza por la demandas de quienes defienden el uso público del medio rural, el bienestar animal, el medio rural y la naturaleza frente a los privilegios y abusos de la caza.

La aprobación por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas supone la culminación de casi cuatro años de actividad de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y de las decenas de miles de personas que le ofrecieron su apoyo.

Que una norma de las características de la Ley de caza de 2015 se reforme profundamente atendiendo a las demandas de entidades que defienden el medioambiente, el bienestar animal  y uso sostenible del medio rural es sin duda un hito singular tanto en España como en Castilla-La Mancha.

El esfuerzo de diálogo, debate y oferta de propuestas rigurosas se ha visto recompensado con el equivalente a una nueva ley de caza en la que se recogen buena parte de las demandas de la Plataforma. Prácticamente tres cuartas partes de los contenidos que se modifican en la ley han sido aportaciones de entidades que han sabido aunar criterios y puntos de vista diferentes pero confluentes.

Sin duda la reforma se queda corta en varios aspectos, más de los deseables, pero a través del camino abierto hay una evidente esperanza de mejora aún mayor en el futuro.

Pese a las fuertes, injustas y continuas presiones del lobby cinegético, el trabajo y continua interlocución de la Plataforma con el Gobierno regional, con los grupos parlamentarios que lo sustentan y, en particular, con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, han dado lugar a que prospere una reforma legislativa más que beneficiosa para el conjunto de Castilla-La Mancha.

A partir de ahora, en Castilla-La Mancha no podrán multar a nadie por salir al campo y espantar inadvertidamente a la caza. Para capturar un animal doméstico en el medio natural habrán de utilizarse medios incruentos que salvaguarden el bienestar. Será más seguro caminar y se multará a quien ponga obstáculos o impida el paso por las vías de uso público. Los agentes medioambientales tendrán mayor visibilidad en la ley de caza. Dejarán de considerarse modalidades de caza el lanceo o los peligrosos aguardos nocturnos. Se harán más responsables a los titulares de los cotos del uso de veneno o de otras prácticas dañinas para las especies y el medio ambiente. Y se controlarán y se sancionarán mejor las actividades ilegales asociadas a la práctica cinegética.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha está convencida de que todo lo logrado redundará en el beneficio de toda la ciudadanía, para que pueda disfrutar responsablemente del entorno natural y para que muchas actividades económicas se puedan desarrollar mejor en el medio rural.

Se adjunta un documento más detallado de balance de la reforma de la Ley de caza de CLM en Balance_ReformaLeyCazaCLM_20180315

 PLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

Creada en junio de 2014, en la actualidad cuenta con los siguientes miembros.

Ecologistas en Acción (federación regional de Castilla-La Mancha y las cinco federaciones provinciales con sus grupos federados), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, Federación Española para el Bienestar Animal, seis empresas de turismo rural y de naturaleza, apicultores, agricultores, ganaderos y otros usuarios del medio natural a título individual.

Rechazo a las críticas incongruentes de la Mesa de la Caza y petición de un último esfuerzo para que se aumente la edad mínima para cazar en Castilla-La Mancha.

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LEY-DE-CAZA-CLM-PLATAFORMA.jpgAnte la convocatoria el próximo jueves 15 de marzo del pleno de las Cortes en el que se debatirá y aprobará la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, la Plataforma contra la Ley de Caza se congratula de que se esté a punto de dar paso tan decisivo en la modificación de una norma que se elaboró a la medida de unos pocos y para favorecer un modelo de caza intensiva y comercial que daba la espalda a los derechos de los no cazadores, al bienestar animal y a la protección de la naturaleza. A pesar de ser incompleta la reforma, no deja de ser un cambio sustancial en la línea de lo reclamado por la Plataforma.

La Plataforma entiende que aun así hay una última posibilidad de mejorar la Ley incrementando la edad mínima para cazar y que mediante una enmienda presentada por el grupo Podemos podría elevarse a los 16 años. Los argumentos de unos y otros en relación a esta propuesta están ya expuestos y resulta evidente que son mucho más razonables los que justifican la aprobación de la enmienda. Tanto desde el punto de vista de la seguridad para las personas, cazadores o no, desde la comparación con otras actividades para las que se requiere la mayoría de edad, como considerando los precedentes en comunidades como Galicia, hay que subir la edad para usar un arma para cazar.

La Plataforma pide tanto al PP como especialmente al PSOE que apoyen la enmienda en la seguridad de que con ella se mejorará sustancialmente la reforma de la Ley.

Por otra parte, la Plataforma considera que el lobby cinegético lo que pretende sobre todo con sus infundadas críticas a la reforma de la Ley es distraer la atención de esta cuestión de la edad y evitar que se apruebe la enmienda. Así como posicionarse cada vez más duramente contra la ley de protección y bienestar animal.

No se puede entender de otra forma su reacción ya que de las 15 razones que se esgrimen para rechazar la Ley de Caza unas no se sostienen en la realidad y otras ponen de manifiesto la apuesta por un modelo de caza insostenible enfocado a la transgresión permanente de la normativa sea en materia de caza, de protección de la naturaleza, de bienestar animal o de uso público.

Baste para demostrarlo dos ejemplos más que significativos.

El primero tiene que ver con la crítica al incremento de las sanciones y a la consideración del papel protagonista de los agentes medioambientales en el control de la actividad cinegética. Es decir, a que se puedan vigilar y sancionar adecuadamente actividades ilícitas. Se queja el sector de la caza de estos aspectos cuando resulta que la reforma de la ley no hace otra cosa que recuperar el régimen de sanciones económicas que ya había en la ley de 1993 y que de forma sorprendente se había rebajado a la mitad en 2015. Asimismo de que se reconozca a los agentes un papel de policía judicial que ya tiene instaurado desde otros ámbitos legales y del que son plenamente merecedores. Cabe preguntarse qué teme el lobby si ellos defienden el buen hacer del sector e invocan que son los primeros en denunciar ilegalidades. Obviamente lo que quieren es que no se descubran las numerosas actos ilícitos que se cometen y que, si se descubren, que no se sancionen. Los que debieran ser los primeros en pelear por el cumplimiento de las leyes, son los primeros que dan por hecho que van a incumplirlas.

El segundo ejemplo tiene que ver con los bulos que están propagando respecto de supuestas nuevas prohibiciones, como la que afectaría a las esperas nocturnas de jabalí. Para desgracia de la Plataforma estas prácticas se van a seguir realizando, a pesar del peligro que comportan para la seguridad de las personas y para el control del furtivismo. El cambio que se ha introducido, y que ya se verá si se concreta en el reglamento, es que deje de considerarse una modalidad de caza por imperativo legal, cosa que no se hace con ningún otro tipo de caza. Pero podrá autorizarse como se ha hecho siempre, como método excepcional sujeto a autorización, y debe mantenerse así entre otras cosas porque va contra uno de los principios básicos de la protección de la propia caza, la prohibición general de que se pueda cazar de noche. Así estaba en la ley de 1993 y se ha venido haciendo hasta la nueva ley de 2015.

Con argumentos incongruentes y falaces como éstos y otros que se desgranan en esas llamadas 15 razones, la Mesa de la Caza no hace otra cosa que mostrar su falta de autocrítica a las malas prácticas cinegéticas y su falta de respeto a la inmensa mayoría que representan las personas no cazadoras. Tratan de ocultar su falta de argumentación y capacidad de debate con quienes defienden otros puntos de vista. Hace tiempo que decidieron dejar de buscar consensos y optaron por la confrontación contra todo aquel que no quisiera transigir con su apuesta por la insostenibilidad del modelo de caza comercial, elitista e intensiva.