La Plataforma contra la Ley de Caza reclama al Consejero de Desarrollo Sostenible un debate abierto y plural sobre el reglamento de caza.

Posted on May 13, 2021 Actualizado enn May 13, 2021

• La Plataforma presenta cerca de 70 alegaciones al reglamento y denuncia que el texto favorece la insostenibilidad de la caza en detrimento del uso público del medio natural, de la preservación de la biodiversidad y del bienestar animal.

• El nuevo reglamento permitiría cazar en zonas de uso público y cerrar caminos para dar cacerías. También abre una vía para ampliar la suelta de especies de granja en todos los cotos y para permitir que los cazadores sigan disparando en los parques nacionales. El reglamento aparca la ley de protección y bienestar animal y no incorpora ninguna medida en este sentido.

• Se propone que el reglamento instaure una parada biológica de la caza con fines de preservación de la biodiversidad y de uso público.

El pasado día 6 de mayo terminaba el plazo para presentar alegaciones al borrador de reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y desde las entidades que conforman la Plataforma contra la Ley cinegética se han presentado casi 70 alegaciones que afectan a numerosos aspectos del texto. El borrador del reglamento, lejos de profundizar en las mejoras introducidas en 2018 a la Ley de Caza de 2015, lo hace en sentido contrario, llegando a contradecir o vaciar de contenido cuestiones ya discutidas y consensuadas con el Gobierno regional en la pasada legislatura.

Este reglamento debería velar por reducir los impactos de la caza en el uso público, el bienestar animal y la biodiversidad, pero en absoluto es así, en el texto el Gobierno asume los intereses del sector cinegético sobre todos los demás.

En el reglamento resulta especialmente preocupante la prioridad que se le da a la caza frente al uso sostenible de espacios públicos y zonas de seguridad. Aspecto que queda reflejado sobre todo en los artículos 85 y 86, donde se abre la posibilidad a cazar en zonas de seguridad como vías pecuarias y de dominio público hidráulico o a que se pueda cortar un camino para dar una cacería. También se permite que los cotos no señalicen parte de estas zonas o que se utilicen carteles intimidatorios para disuadir del uso de espacios públicos.

Para la Plataforma no es entendible que una persona que practique senderismo o cualquier deporte o actividad, o simplemente salga a dar un paseo con amistades o familia por el campo se pueda encontrar con caminos o senderos cortados o una señalización amenazante de peligro. El Gobierno debiera de actuar al contrario, salvaguardando el uso público y la seguridad y no haciendo recaer en el usuario del medio natural la responsabilidad en caso de accidente. Si una cacería es un peligro, no debe de llevarse a cabo, y menos afectando a zonas públicas.

En cuanto a la atención al bienestar y la protección animal es algo que se ha obviado completamente, manteniéndose modalidades tremendamente crueles, asumiendo con la caza el control de perros y gatos y evitando incorporar medidas adicionales de protección para los animales que se usan en la caza, tales como perros, caballerías, hurones o rapaces. Ya que no es compatible la actividad con el no maltrato, como reconocieron en la Ley de Bienestar y Protección Animal al excluir la acción de cazar de este concepto, cabía esperar alguna atención a este aspecto en el reglamento. En el texto apenas se invoca esta cuestión y, sin embargo, sí caben barbaridades como permitir la caza de perro de madriguera con 8 perros entrando en las zorreras incluso en época de reproducción.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad y a la desintensificación de la gestión cinegética, la Plataforma observa varios pasos atrás que afectan a la caza de especies en regresión, de autorización de métodos de control de predadores, de caza en zonas protegidas o de autorizaciones que favorecen las sueltas de granja y a los cuarteles de caza comercial.

Las alegaciones también atienden a la necesidad de profundizar y ofrecer claridad a las facultades de los agentes medioambientales en la materia al objeto de facilitar su correcto desempeño primando la seguridad física y jurídica de tan importante colectivo profesional.

Por todo ello la Plataforma añade a las alegaciones varias propuestas, entre ellas, la más importante, la instauración de una parada biológica de la actividad cinegética que dote de un amplio periodo de tranquilidad a la fauna y de seguridad para facilitar el uso público del medio natural. Frente a la situación actual en la que es posible cazar a lo largo de todo el año prácticamente en cualquier parte, se pide que haya una parada de 8 meses, como ya era tradicional, quedando fijado el periodo de caza dentro de lo que es la temporada habitual marcada en la orden de vedas, de octubre a enero.

La Plataforma reclama que no se puede afrontar este proceso como una simple discusión entre cazadores y ecologistas, porque lo que está en juego es mucho. Disfrutar del medio natural con seguridad es esencial para la calidad de vida y salud de la población como se ha visto en esta pandemia. Y, además, sería un motor económico de primera magnitud en las zonas rurales si se hicieran las cosas bien., Por ello se solicita a José Luis Escudero, Consejero de Desarrollo Sostenible, que acoja un debate abierto y plural sobre el reglamento como se hizo en la anterior legislatura con la ley y que sea sensible a todos los colectivos interesados y afectados por esta cuestión.