GOBIERNO

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

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Paso decisivo para una reforma en profundidad de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

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BatidaJabaliPLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA
Nota de prensa a 28 de julio de 2017

La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha acoge con esperanza el paso decisivo que se ha producido hoy en la tramitación de la reforma de la Ley 3/2015.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y el envío al Consejo Consultivo del proyecto de ley de modificación de la ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha el proceso entra en su recta final y se abre la vía para que en un marco de búsqueda de acuerdos entre partidos políticos y la Plataforma se termine de cambiar el texto de una ley que se impuso para favorecer de forma descarada al lobby cinegético y que nunca debió ver la luz.
La Plataforma hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que dialoguen entre ellos y con la sociedad civil y ultimen un texto que todavía precisa de importantes mejoras. En este sentido la Plataforma recuerda que si bien una parte de sus propuestas y alegaciones ya se ven reflejadas en el texto, otra parte no menos importante no se ha modificado y precisa por tanto de modificación en sede parlamentaria.
Entre los aspectos que el anteproyecto no recoge y que habrán de ser objeto de debate están cuestiones tan importantes como la desincentivación de la caza intensiva y la revisión de la figura del cuartel de caza comercial,  principales motores de la ley de caza del Gobierno de  Cospedal y causantes de los mayores impactos negativos de la ley. También deberá considerarse la prohibición de autorizar la caza de animales domésticos, las modalidades o métodos crueles, masivos o con impacto negativo en las especies y espacios protegidos, el respeto a la normativa y a las sentencias judiciales que afectan a la caza y la mejora de la vigilancia y de las sanciones para evitar conductas ilegales. Se precisa por otro lado garantizar el respeto y la seguridad en el uso público del monte y la no afectación de la caza a las actividades forestales, agrarias, de ocio, deporte o ecoturismo.
La Plataforma trabaja ya para reunirse con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha al objeto de trasladarle sus reivindicaciones y de ofrecerles toda la justificación y apoyo social que avala las mismas.

Asociación de cotos de caza ayuda a cotos con veneno en Guadalajara

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Ecologistas en Acción exige a la entidad pro-cinegética una inmediata explicación de cómo y porqué ayuda a cotos con veneno y si este tipo de ayudas se dan también en otros casos de cotos sancionados.

Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento de que la Asociación de Titulares de Cotos de Caza con sede en Guadalajara, y más conocida como ATICA, aprobó ayudar a dos cotos de caza en Medranda y Castilblanco de Henares, provincia de Guadalajara, a resultas de que fueran denunciados por vía penal y administrativa por la presencia de veneno y la aparición por esta causa de numeroso ejemplares muertos de fauna protegida.

Según consta en una circular de ATICA sobre la asamblea celebrada el 5 de marzo de 2015 y que puede descargarse de su página web la entidad “decidió que la ayuda que se le dé al coto de Castilblanco (primero tienen que recibir la sentencia en firme) se le dará igualmente al coto de Medranda, pues está involucrado en la misma infracción”.

Recordemos que el caso que involucra a estos dos cotos revistió especial gravedad. Se descubrió en la primera semana de marzo de 2013, a partir del seguimiento de un águila de Bonelli o perdicera radiomarcada en la comunidad de Madrid. El emisor da señal de lo ocurrido y permite la localización del ejemplar muerto, momento en que se avisa a los agentes ambientales de Castilla-La Mancha  y al  SEPRONA que organizaron un operativo de localización de otros restos.

El rastreo con ayuda de la patrulla canina regional especializada en la detección de cebos envenenados permite la localización de numerosos cebos con veneno en el coto de Castilblanco de Henares y  21 ejemplares de fauna envenenados, en éste y en el coto lindante de Medranda. Entre ellos, un águila real, un águila perdicera (en peligro de extinción en Castilla-La Mancha), seis buitres leonados, junto a varios milanos, entre ellos, al menos, un milano real (especie “en peligro de extinción”), un tejón y varios zorros.

Algunos de los cebos envenenados se localizaron en la boca de madrigueras de zorro, lo que indica un uso típicamente cinegético, dirigido a eliminar, de manera masiva y delictiva, posibles depredadores de piezas de caza.

El caso ha dado lugar ya a sendas sanciones administrativas por responsabilidades “in vigilando”, una de ellas fue recurrida por el los sancionados en Medranda y ha sido refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la otro no se recurrió. Así se impusieron multas de 50.000 € al coto de Castilblanco y  25.000 euros al de Medranda y la suspensión de ambos acotados por dos años. Por su parte, el asunto de la autoría sigue su tramitación en vía penal, delito que puede conllevar penas de prisión de 4 meses a 2 años.

Ante estos hechos resulta increíble que a pesar de la gravedad del envenenamiento, uno de los de peores consecuencias registrado en España en los últimos cinco años, y de que el sector cinegético y en particular ATICA aparentan mostrarse muy beligerantes contra el uso el veneno, lo cierto es que la entidad cinegética lejos de personarse y de denunciar el uso de veneno resolvió ayudar a estos cotos.

Tan grave e injustificable acción exige una explicación inmediata por parte de ATICA Guadalajara. La entidad debe aclarar sin demora en qué consiste la ayuda que se presta a los cotos de Castilblanco y de Medranda a resultas de las sanciones impuestas y, también, si esta ayuda se puede dar a otros cotos involucrados en casos de veneno.

Ecologistas en Acción demanda esa respuesta inmediata de ATICA máxime cuando esta asociación cinegética se está mostrando tan vehemente a la hora de atacar a funcionarios de la Junta que están aplicando con rigor la normativa vigente. También cabe preguntarse si puede haber relación entre las ayudas a cotos con veneno y las acciones vindicativas de Atica. ¿Han influido estos expedientes de sanción por veneno en las recientes manifestaciones habidas en Guadalajara?

Documento de ATICA ayuda a cotos con veneno, descargable en:

https://www.aticaguadalajara.com/noticias/

Circular Resumen Asamblea

Resumen de los temas tratados en la asamblea celebrada el pasado 05 de marzo con la asistencia de mas de 200 socios.

CIRCULAR ATICA RESUMEN ASAMBLEA.pdf
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(Ver al final del documento el apartado 4, de ruegos y preguntas)

Castilla-La Mancha líder en accidentes de caza porque se impulsan modalidades peligrosas y se puede cazar todo el año

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BatidaJabaliLa Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha exige a la Consejería que modifique la ley y las órdenes de veda para que se limiten los periodos y las modalidades de caza al objeto de hacer del campo un lugar más seguro y agradable para los ciudadanos.

El Gobierno de España respondiendo a una pregunta parlamentaria de un diputado socialista acaba de hacer oficiales las estadísticas de accidentes de caza habidos en España en los últimos años. Aunque la información no hace referencia exacta a fallecidos y heridos, destaca en la misma el triste liderazgo de Castilla-La Mancha en esta materia ya que acumula cerca del 30% de los incidentes de caza registrados.

En 2016 se han registrado 58 accidentes en España, de los cuales 17 han sido en la región. Y en los últimos cinco años han sido 307 en España y nada menos que 83 en Castilla-La Mancha.

El que Castilla-La Mancha acumule tantos casos no es proporcional ni con su superficie, que supone algo más de 15%, ni con el número de licencias, que en 2016 fueron 105.000 cerca también al 15% nacional.

A juicio de la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha el motivo por el que hay más accidentes de caza en esta región se debe al modelo de caza que se practica, un modelo que fomenta la caza intensivamente y las modalidades de riesgo.

La ley de caza y las normas que la desarrollan, entre ellas la orden de vedas, son tremendamente permisivas con la caza y, así, ya no hay mes en el año en el que no se produzcan disparos en el campo. La temporada general y el periodo de veda han pasado a mejor vida. Año tras año se ha ido modificando el calendario de caza e incorporando nuevos periodos adicionales que han terminado por rellenar el hueco que existía entre el cierre de una temporada y la apertura de la siguiente.

Modalidades como la caza intensiva en los cuarteles de caza comercial, el control del conejo, la caza del zorro y de la urraca y el rececho del corzo, se pueden practicar ahora en primavera y verano sin respetar épocas de cría ni espacios naturales protegidos. Además se ofrecen cotos de caza “todo el año”, que se encubren como zonas de adiestramiento de perros o de aves de cetrería.

La última aportación, si la Consejería no retira su injustificable propuesta de la orden de vedas, es la de abrir una temporada de caza de jabalí mediante aguardos nocturnos que se permitiría entre el 1 de abril y el 31 de agosto en Albacete, Ciudad Real y Toledo, y entre el 1 de mayo y el 31 de agosto en Cuenca y Guadalajara.

El problema de los accidentes y de la gestión de la caza no es por tanto que Castilla-La Mancha sea simplemente una región con mucha tradición cinegética, sino que es que se permite cazar más que en ninguna parte y además se promueven modalidades tan peligrosas como el aguardo nocturno de jabalí o se conceden armas laxamente o a edades impropias.

La Plataforma contra la ley de caza de Castila-La Mancha recuerda que los accidentes de caza ya no afectan sólo a los cazadores, sino que lo hacen cada vez con mayor riesgo y gravedad a quienes hacen uso del medio natural para otras actividades recreativas, deportivas o productivas.

En ese sentido exige a la Junta de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, una revisión en profundidad de la normativa cinegética, tanto de la ley como de las órdenes de vedas, eliminándose los periodos extraordinarios que se han ido incrementando con los años y las modalidades como el aguardo nocturno ya que son extremadamente peligrosas y no sirven para los fines que se argumentan.

La Plataforma Contra la Ley de Caza presenta sus alegaciones para que la reforma de la ley sea de verdad y en profundidad.

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La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha ha terminado de entregar las alegaciones que las entidades que la conforman han consensuado para hacer frente común ante la recta final del proceso de reforma de la retrógrada ley de caza vigente desde 2015.

Las alegaciones han sido suscritas por al menos 46 entidades, algunas de ellas que no forman parte de la Plataforma pero que comparten su criterio entorno al documento de alegaciones. Considerando que entre estas entidades hay a su vez federaciones y plataformas, en total las entidades individuales representadas en estas alegaciones estaría muy cerca de las 100.

La Plataforma valora muy positivamente el consenso y apoyo recibido, ya que si lo unimos a la exitosa recogida de firmas y que alcanzó 117.621 firmas en change.org, estamos ante la una de las mayores campañas de movilización habidas en Castilla-La Mancha en toda su historia.

Por ello, y porque los argumentos de las alegaciones son sólidos tanto desde el punto de vista técnico y científico como social y económico, la Plataforma exige a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Gobierno de Castilla-La Mancha que profundice en la reforma de la ley, ya que el texto actual se queda muy corto respecto de las expectativas creadas.

La Plataforma no se conforma con una reforma de alcance limitado y que mantiene buena parte de los privilegios que injustamente se dan a los cazadores, así como el incentivo a la caza comercial e intensiva.

No es de recibo que se bajen las sanciones a la caza a la mitad de lo que eran en la ley de 1993, ni que ahora se quiera eximir a muchos de ellos de pagar las tasas o de hacer el examen del cazador. Pero aún menos lo es que en paralelo no se les exija cuestiones básicas de respeto en materia de medio ambiente, del bienestar animal o del uso público del medio natural.

Ahora quienes representan a los cazadores en la llamada Mesa de la Caza se hacen los ofendidos e invocan posibles movilizaciones. Olvidando su responsabilidad en que la ley de caza sea ahora la más retrograda de España y que haya habido que afrontar una reforma que no hubiera sido necesaria si no hubieran impuesto al Gobierno anterior, y este lo aceptase con gusto, condiciones de privilegio, de no diálogo con otras entidades y de aprobar todas y cada una de las exigencias del sector, hasta las más peregrinas e ilegales. Por eso en la ley actual se sanciona muy gravemente por molestar, aunque sea inadvertidamente, a la caza. Se facilitan y promueven prácticas tan dañinas como el control de predadores, el lanceo, el abatir animales domésticos o los cuarteles de caza comercial. O se abre la mano a más vallados, a daños a especies y espacios protegidos o a cazar prácticamente todo el año.

Para la presentación de alegaciones la Plataforma facilitó un escrito resumen de dos páginas que contiene las medidas y objetivos principales. Por otra parte, ha elaborado un documento más extenso, de 50 páginas, que revisa artículo por artículo la ley, con el objetivo de adecuarla debidamente. Tal vez hubiera sido más fácil hacer una ley nueva, pero desgraciadamente se acordó el modelo de reforma y esto está dificultando todo el proceso.

La Plataforma en todo caso anima a que todos los interesados sigan presentando las alegaciones y a que se sumen a sus reivindicaciones.

Las alegaciones de la Plataforma se resumen en los siguientes catorce puntos.

  1. Que se amplíen las zonas de seguridad y que se señalicen adecuadamente a costa de los titulares de los cotos.
  2. Que se sancione como infracción muy grave la caza en zonas de seguridad y la obstaculización por causa de la caza del libre tránsito por vías y zonas públicas.
  3. Que se publiquen con antelación suficiente las fechas y las zonas de celebración de cacerías organizadas.
  4. Que se remita toda la regulación concerniente a animales domésticos a la futura nueva ley de protección y bienestar animal ya anunciada, incluida la de los denominados “asilvestrados” término que en todo caso debe eliminarse de la ley de caza.
  5. Que no se permitan medios o sistemas de caza que sean especialmente peligrosos para las personas o para la fauna, que sean masivos o que atenten contra el bienestar animal o la conservación de especies amenazadas. Entre ellos particularmente la caza con hurón, la caza de aves en época de cría o migración, la caza de hembras acompañadas de crías, el perro de madriguera, la caza nocturna, la caza al atardecer o al amanecer, la caza en zonas incendiadas, la cetrería o la caza de acuáticas.
  6. Que se elimine la figura de cuartel de caza comercial y que, en todo caso, no se permita la realización de caza intensiva en los espacios protegidos y de la red Natura 2000.
  7. Que se garantice la seguridad y las potestades de los agentes medioambientales y que se les informe puntualmente de las resoluciones de todo tipo que afecten a los cotos de su demarcación.
  8. Que se incrementen las inspecciones, incluidos controles de alcoholemia y drogas, y las sanciones por cazar sin estar en condiciones físicas adecuadas o sin cumplir las normas de seguridad en el manejo de las armas.
  9. Que se suba la edad mínima para cazar a la mayoría de edad.
  10. Que las sanciones aumenten su cuantía y no sean discrecionales. Que toda sanción grave o muy grave lleve aparejada siempre, además de la multa, la retirada de permisos o de las autorizaciones que correspondan al coto, al cazador o a los guardas y auxiliares de caza.
  11. Que se prohíban los reclamos y atrayentes, así como especialmente los comederos, cebaderos o la aportación de alimentación suplementaria para fomentar de forma artificial las poblaciones de especies de caza o para facilitar la caza misma.
  12. Que por sus perniciosos efectos para el medio ambiente y las especies se prohíba la munición de plomo y que para que tal medida sea efectiva en un plazo corto se elabore una estrategia de sustitución por alternativas no tóxicas, atendiendo a las recomendaciones de carácter internacional sobre la necesidad de eliminar el plomo en la munición.
  13. Que se dé como máximo un plazo de un año improrrogable para adecuar los vallados existentes y las zonas de caza a la legislación modificada que se apruebe.
  14. Que se amplíen y mejoren las definiciones de la ley, en particular los términos “modalidad de caza”, “métodos excepcionales”, “tradicional”, “capacidad de carga” y “perjuicios graves e importantes”.

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman actualmente:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT_Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, FEBA, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

El Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo debe ser sustituido de inmediato

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broken-bar-of-equalityTras conocer la sanción grave impuesta al Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo por dilaciones indebidas en el caso Palomarejos Golf y de manifestar éste su incapacidad para el cargo, Ecologistas en Acción reclama la inmediata sustitución del mismo. El Fiscal alegó que “ tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

La Fiscalía  General del Estado ha comunicado a Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y comarca la resolución del expediente disciplinario abierto al Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por retraso injustificado en la realización de un informe esencial en el caso “Palomarejos Golf”.

La Fiscalía General del Estado considera probado que el Fiscal de Toledo demoró indebidamente y por un plazo de 14 meses el informe que debía emitir sobre la denuncia efectuada por el caso de cesiones de suelo público presuntamente no realizadas en el proyecto de singular interés “Palomarejos Golf” y en el que ejerce la acusación Ecologistas en Acción.

La Fiscalía General señala que no sólo no se hizo el informe con la diligencia debida, sino que se omitió también dar cuenta de que estaba pendiente de realización en los partes trimestrales de asuntos pendientes de la Fiscalía de Toledo. Y todo ello con plena consciencia por parte del expedientado y del perjuicio que la dilación provocaba a la causa y a las entidades denunciantes.

Por todo lo anterior, la FGE considera que el Fiscal de Medio Ambiente de Toledo es responsable de una falta grave y le impone una sanción de 1.500 euros de multa.

Pero el escrito de la FGE tiene otro trascendental contenido. En su página 9 recoge las alegaciones del expedientado que dice para justificarse lo siguiente: “…que consideró conveniente esperar al resultado de las elecciones para emitir el informe por si se producía un cambio de titular en la Consejería….”, que “…se demoró al no ser capaz de detectar si las irregularidades eran meramente administrativas,…”. Y, lo que es más destacable, “que tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

Ante los hechos anteriores, que se comentan por sí solos, Ecologistas en Acción considera la situación de una extrema gravedad ya que ponen de manifiesto la indefensión a la que está sometido el medio ambiente de la provincia al tener al cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a una persona que se considera incapaz de entender y de atender las materias de su competencia.

Por este motivo, la organización reclama la urgente sustitución del Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por una persona capaz de cumplir las importantes funciones que le son inherentes al cargo.

Por otra parte, los abogados de la asociación estudian más en profundidad las repercusiones de la resolución de la FGE en el caso “Palomarejos Golf”, donde parece que es evidente que la administración de justicia no ha actuado correctamente para perseguir un presunto delito urbanístico de graves consecuencias.

 

Se tiene a disposición de los interesados la resolución sancionadora de la FGE

España no necesita un pacto nacional del agua, sino cumplir con urgencia con los compromisos europeos en materia de aguas

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  • 29 entidades1 de la sociedad civil consideran innecesario un pacto nacional del agua, porque ya existe un “pacto” acordado por todos los europeos, que es la Directiva Marco del Agua, cuyos principios se asientan en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.
  • Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional aprobar una proposición no de ley para un pacto nacional del agua continuista que agravará aún más la profunda insostenibilidad de la política hídrica española y que hasta el momento, de acuerdo con la opinión de la Comisión Europea, incumple con la legislación europea.
  • Los argumentos esgrimidos para la defensa de este pacto por parte de los promotores son una apuesta por polémicos embalses y trasvases, que se alejan de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático, todo ello bajo una supuesta solidaridad y reparto territorial del agua.
  • Los firmantes aseguran que el objetivo del pacto es retomar la política de trasvases como el del Ebro y promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana.

Ante la proposición no de ley presentada por el Partido Popular2para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y aprobada el pasado 19 de octubre3 con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, las organizaciones firmantes denuncian el posicionamiento desfasado de los miembros de dicha comisión con la política europea en materia de aguas, y la desacertada continuidad de una política hidráulica caduca, imposible de cuadrar con los principios de la sostenibilidad.

Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional afirmar que el Gobierno haya cumplido con los compromisos de planificación hidrológica acordados con la Unión Europea en materia de aguas. Estas organizaciones presentaron decenas de alegaciones a los planes hidrológicos aprobados y han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de aguas. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados en el primer ciclo de planificación hidrológica (EU PILOT 7835/15/ENVI) y a la vez investiga el efecto de la modificación de las reglas básicas de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la cuenca del Tajo (EU-Pilot 6134/2014/ENV), y la afección al parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen. En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este mismo año un informe donde mostraba sus preocupaciones sobre la planificación hidrológica española –y en concreto, de las cuencas del Tajo y del Ebro-, y solicitaba a la Comisión Europea que rechazara el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados por el Gobierno español. A esto se suma la situación de máxima urgencia que viven algunos de los humedales más importantes de España por una política hidrológica insostenible, como son el caso de las Tablas de Daimiel, Doñana, el Delta del Ebro, los espacios protegidos de la cuenca del Tajo, la Albufera o el Mar Menor.

Las organizaciones muestran su sorpresa al verificar que el famoso pacto nacional del agua va dirigido a crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, y para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país. Un planteamiento clásico para abrir la puerta a futuros trasvases desde cuencas como la del Ebro, Tajo, Duero o Guadiana, siempre fuera de los mecanismos establecidos en los planes hidrológicos y del control de la participación ciudadana y de los territorios afectados. Por ello, al tiempo que destacan la dimensión territorrial del agua y las funciones ecosistémicas que desempeña en su fluir por ríos y acuíferos, recuerdan la primera consideración de la Directiva Marco del agua: “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

Para las organizaciones firmantes los argumentos de “desequilibrio hidráulico-territorial” y de “cuencas deficitarias” parten de un enfoque caduco, completamente alejado del conocimiento científico y de la normativa europea. Son argumentos en contra de la realidad ecológica, climática y socio-económica del territorio, y que no asumen la necesidad de adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático, a pesar de que España es uno de los países más vulnerables de toda Europa ante este fenómeno.

Las 29 entidades firmantes recuerdan a  todas las formaciones políticas con representación parlamentaria las prioridades para una nueva gestión del agua en España, basada en el uso sostenible, la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y un manejo de la demanda adaptada al cambio climático, tal como proponen en el documento dePrioridades para una Nueva Cultura del Agua en España que las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el inicio de la actual legislatura.

1Entidades firmantes, representantes de los intereses ambientales en los consejos de planificación hidrológica a nivel estatal y de cuenca, y colectivos y plataformas ciudadanas que trabajan por una nueva política de aguas:

  • Acció Ecologista-Agrò
  • AEMS – Ríos con Vida
  • Amigos de la Tierra-La Rioja
  • ANSE
  • Arrels Verdes
  • Asociación el Bergantes no se toca
  • Asociación en Defensa del Piragüismo y Usos Recreativos del Agua – AEPIRA
  • Asociación Geográfica Ambiental
  • Asociación Ojos del Guadiana Vivos
  • Asociación para la conservación piscícola y de los ecosistemas del sur – ACPES
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial – CIREF
  • Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases – COAGRET
  • Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  • Cuenca Azul
  • Ecologistas en Acción
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Gredos Verde
  • Mijares Vivo
  • Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda
  • Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  • Plataforma del río Queiles
  • Plataforma en Defensa de l’Ebre – PDE
  • Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
  • Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos
  • Red del Júcar por una Nueva Cultura del Agua
  • SEO/BirdLife
  • UNIPESCA
  • WWF-España
  • Xúquer Viu

2Expediente 161/000524, Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre un Pacto Nacional del Agua (Págs. 31-32).

3Proposición no de Ley aprobada en Comisión, Proposición no de Ley sobre un Pacto Nacional del Agua, Expediente 161/000524 (Págs. 40-45 y 47).