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Castilla-La Mancha líder en accidentes de caza porque se impulsan modalidades peligrosas y se puede cazar todo el año

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BatidaJabaliLa Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha exige a la Consejería que modifique la ley y las órdenes de veda para que se limiten los periodos y las modalidades de caza al objeto de hacer del campo un lugar más seguro y agradable para los ciudadanos.

El Gobierno de España respondiendo a una pregunta parlamentaria de un diputado socialista acaba de hacer oficiales las estadísticas de accidentes de caza habidos en España en los últimos años. Aunque la información no hace referencia exacta a fallecidos y heridos, destaca en la misma el triste liderazgo de Castilla-La Mancha en esta materia ya que acumula cerca del 30% de los incidentes de caza registrados.

En 2016 se han registrado 58 accidentes en España, de los cuales 17 han sido en la región. Y en los últimos cinco años han sido 307 en España y nada menos que 83 en Castilla-La Mancha.

El que Castilla-La Mancha acumule tantos casos no es proporcional ni con su superficie, que supone algo más de 15%, ni con el número de licencias, que en 2016 fueron 105.000 cerca también al 15% nacional.

A juicio de la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha el motivo por el que hay más accidentes de caza en esta región se debe al modelo de caza que se practica, un modelo que fomenta la caza intensivamente y las modalidades de riesgo.

La ley de caza y las normas que la desarrollan, entre ellas la orden de vedas, son tremendamente permisivas con la caza y, así, ya no hay mes en el año en el que no se produzcan disparos en el campo. La temporada general y el periodo de veda han pasado a mejor vida. Año tras año se ha ido modificando el calendario de caza e incorporando nuevos periodos adicionales que han terminado por rellenar el hueco que existía entre el cierre de una temporada y la apertura de la siguiente.

Modalidades como la caza intensiva en los cuarteles de caza comercial, el control del conejo, la caza del zorro y de la urraca y el rececho del corzo, se pueden practicar ahora en primavera y verano sin respetar épocas de cría ni espacios naturales protegidos. Además se ofrecen cotos de caza “todo el año”, que se encubren como zonas de adiestramiento de perros o de aves de cetrería.

La última aportación, si la Consejería no retira su injustificable propuesta de la orden de vedas, es la de abrir una temporada de caza de jabalí mediante aguardos nocturnos que se permitiría entre el 1 de abril y el 31 de agosto en Albacete, Ciudad Real y Toledo, y entre el 1 de mayo y el 31 de agosto en Cuenca y Guadalajara.

El problema de los accidentes y de la gestión de la caza no es por tanto que Castilla-La Mancha sea simplemente una región con mucha tradición cinegética, sino que es que se permite cazar más que en ninguna parte y además se promueven modalidades tan peligrosas como el aguardo nocturno de jabalí o se conceden armas laxamente o a edades impropias.

La Plataforma contra la ley de caza de Castila-La Mancha recuerda que los accidentes de caza ya no afectan sólo a los cazadores, sino que lo hacen cada vez con mayor riesgo y gravedad a quienes hacen uso del medio natural para otras actividades recreativas, deportivas o productivas.

En ese sentido exige a la Junta de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, una revisión en profundidad de la normativa cinegética, tanto de la ley como de las órdenes de vedas, eliminándose los periodos extraordinarios que se han ido incrementando con los años y las modalidades como el aguardo nocturno ya que son extremadamente peligrosas y no sirven para los fines que se argumentan.

La Plataforma Contra la Ley de Caza presenta sus alegaciones para que la reforma de la ley sea de verdad y en profundidad.

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La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha ha terminado de entregar las alegaciones que las entidades que la conforman han consensuado para hacer frente común ante la recta final del proceso de reforma de la retrógrada ley de caza vigente desde 2015.

Las alegaciones han sido suscritas por al menos 46 entidades, algunas de ellas que no forman parte de la Plataforma pero que comparten su criterio entorno al documento de alegaciones. Considerando que entre estas entidades hay a su vez federaciones y plataformas, en total las entidades individuales representadas en estas alegaciones estaría muy cerca de las 100.

La Plataforma valora muy positivamente el consenso y apoyo recibido, ya que si lo unimos a la exitosa recogida de firmas y que alcanzó 117.621 firmas en change.org, estamos ante la una de las mayores campañas de movilización habidas en Castilla-La Mancha en toda su historia.

Por ello, y porque los argumentos de las alegaciones son sólidos tanto desde el punto de vista técnico y científico como social y económico, la Plataforma exige a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Gobierno de Castilla-La Mancha que profundice en la reforma de la ley, ya que el texto actual se queda muy corto respecto de las expectativas creadas.

La Plataforma no se conforma con una reforma de alcance limitado y que mantiene buena parte de los privilegios que injustamente se dan a los cazadores, así como el incentivo a la caza comercial e intensiva.

No es de recibo que se bajen las sanciones a la caza a la mitad de lo que eran en la ley de 1993, ni que ahora se quiera eximir a muchos de ellos de pagar las tasas o de hacer el examen del cazador. Pero aún menos lo es que en paralelo no se les exija cuestiones básicas de respeto en materia de medio ambiente, del bienestar animal o del uso público del medio natural.

Ahora quienes representan a los cazadores en la llamada Mesa de la Caza se hacen los ofendidos e invocan posibles movilizaciones. Olvidando su responsabilidad en que la ley de caza sea ahora la más retrograda de España y que haya habido que afrontar una reforma que no hubiera sido necesaria si no hubieran impuesto al Gobierno anterior, y este lo aceptase con gusto, condiciones de privilegio, de no diálogo con otras entidades y de aprobar todas y cada una de las exigencias del sector, hasta las más peregrinas e ilegales. Por eso en la ley actual se sanciona muy gravemente por molestar, aunque sea inadvertidamente, a la caza. Se facilitan y promueven prácticas tan dañinas como el control de predadores, el lanceo, el abatir animales domésticos o los cuarteles de caza comercial. O se abre la mano a más vallados, a daños a especies y espacios protegidos o a cazar prácticamente todo el año.

Para la presentación de alegaciones la Plataforma facilitó un escrito resumen de dos páginas que contiene las medidas y objetivos principales. Por otra parte, ha elaborado un documento más extenso, de 50 páginas, que revisa artículo por artículo la ley, con el objetivo de adecuarla debidamente. Tal vez hubiera sido más fácil hacer una ley nueva, pero desgraciadamente se acordó el modelo de reforma y esto está dificultando todo el proceso.

La Plataforma en todo caso anima a que todos los interesados sigan presentando las alegaciones y a que se sumen a sus reivindicaciones.

Las alegaciones de la Plataforma se resumen en los siguientes catorce puntos.

  1. Que se amplíen las zonas de seguridad y que se señalicen adecuadamente a costa de los titulares de los cotos.
  2. Que se sancione como infracción muy grave la caza en zonas de seguridad y la obstaculización por causa de la caza del libre tránsito por vías y zonas públicas.
  3. Que se publiquen con antelación suficiente las fechas y las zonas de celebración de cacerías organizadas.
  4. Que se remita toda la regulación concerniente a animales domésticos a la futura nueva ley de protección y bienestar animal ya anunciada, incluida la de los denominados “asilvestrados” término que en todo caso debe eliminarse de la ley de caza.
  5. Que no se permitan medios o sistemas de caza que sean especialmente peligrosos para las personas o para la fauna, que sean masivos o que atenten contra el bienestar animal o la conservación de especies amenazadas. Entre ellos particularmente la caza con hurón, la caza de aves en época de cría o migración, la caza de hembras acompañadas de crías, el perro de madriguera, la caza nocturna, la caza al atardecer o al amanecer, la caza en zonas incendiadas, la cetrería o la caza de acuáticas.
  6. Que se elimine la figura de cuartel de caza comercial y que, en todo caso, no se permita la realización de caza intensiva en los espacios protegidos y de la red Natura 2000.
  7. Que se garantice la seguridad y las potestades de los agentes medioambientales y que se les informe puntualmente de las resoluciones de todo tipo que afecten a los cotos de su demarcación.
  8. Que se incrementen las inspecciones, incluidos controles de alcoholemia y drogas, y las sanciones por cazar sin estar en condiciones físicas adecuadas o sin cumplir las normas de seguridad en el manejo de las armas.
  9. Que se suba la edad mínima para cazar a la mayoría de edad.
  10. Que las sanciones aumenten su cuantía y no sean discrecionales. Que toda sanción grave o muy grave lleve aparejada siempre, además de la multa, la retirada de permisos o de las autorizaciones que correspondan al coto, al cazador o a los guardas y auxiliares de caza.
  11. Que se prohíban los reclamos y atrayentes, así como especialmente los comederos, cebaderos o la aportación de alimentación suplementaria para fomentar de forma artificial las poblaciones de especies de caza o para facilitar la caza misma.
  12. Que por sus perniciosos efectos para el medio ambiente y las especies se prohíba la munición de plomo y que para que tal medida sea efectiva en un plazo corto se elabore una estrategia de sustitución por alternativas no tóxicas, atendiendo a las recomendaciones de carácter internacional sobre la necesidad de eliminar el plomo en la munición.
  13. Que se dé como máximo un plazo de un año improrrogable para adecuar los vallados existentes y las zonas de caza a la legislación modificada que se apruebe.
  14. Que se amplíen y mejoren las definiciones de la ley, en particular los términos “modalidad de caza”, “métodos excepcionales”, “tradicional”, “capacidad de carga” y “perjuicios graves e importantes”.

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman actualmente:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT_Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, FEBA, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

El Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo debe ser sustituido de inmediato

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broken-bar-of-equalityTras conocer la sanción grave impuesta al Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo por dilaciones indebidas en el caso Palomarejos Golf y de manifestar éste su incapacidad para el cargo, Ecologistas en Acción reclama la inmediata sustitución del mismo. El Fiscal alegó que “ tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

La Fiscalía  General del Estado ha comunicado a Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y comarca la resolución del expediente disciplinario abierto al Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por retraso injustificado en la realización de un informe esencial en el caso “Palomarejos Golf”.

La Fiscalía General del Estado considera probado que el Fiscal de Toledo demoró indebidamente y por un plazo de 14 meses el informe que debía emitir sobre la denuncia efectuada por el caso de cesiones de suelo público presuntamente no realizadas en el proyecto de singular interés “Palomarejos Golf” y en el que ejerce la acusación Ecologistas en Acción.

La Fiscalía General señala que no sólo no se hizo el informe con la diligencia debida, sino que se omitió también dar cuenta de que estaba pendiente de realización en los partes trimestrales de asuntos pendientes de la Fiscalía de Toledo. Y todo ello con plena consciencia por parte del expedientado y del perjuicio que la dilación provocaba a la causa y a las entidades denunciantes.

Por todo lo anterior, la FGE considera que el Fiscal de Medio Ambiente de Toledo es responsable de una falta grave y le impone una sanción de 1.500 euros de multa.

Pero el escrito de la FGE tiene otro trascendental contenido. En su página 9 recoge las alegaciones del expedientado que dice para justificarse lo siguiente: “…que consideró conveniente esperar al resultado de las elecciones para emitir el informe por si se producía un cambio de titular en la Consejería….”, que “…se demoró al no ser capaz de detectar si las irregularidades eran meramente administrativas,…”. Y, lo que es más destacable, “que tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

Ante los hechos anteriores, que se comentan por sí solos, Ecologistas en Acción considera la situación de una extrema gravedad ya que ponen de manifiesto la indefensión a la que está sometido el medio ambiente de la provincia al tener al cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a una persona que se considera incapaz de entender y de atender las materias de su competencia.

Por este motivo, la organización reclama la urgente sustitución del Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por una persona capaz de cumplir las importantes funciones que le son inherentes al cargo.

Por otra parte, los abogados de la asociación estudian más en profundidad las repercusiones de la resolución de la FGE en el caso “Palomarejos Golf”, donde parece que es evidente que la administración de justicia no ha actuado correctamente para perseguir un presunto delito urbanístico de graves consecuencias.

 

Se tiene a disposición de los interesados la resolución sancionadora de la FGE

España no necesita un pacto nacional del agua, sino cumplir con urgencia con los compromisos europeos en materia de aguas

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  • 29 entidades1 de la sociedad civil consideran innecesario un pacto nacional del agua, porque ya existe un “pacto” acordado por todos los europeos, que es la Directiva Marco del Agua, cuyos principios se asientan en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.
  • Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional aprobar una proposición no de ley para un pacto nacional del agua continuista que agravará aún más la profunda insostenibilidad de la política hídrica española y que hasta el momento, de acuerdo con la opinión de la Comisión Europea, incumple con la legislación europea.
  • Los argumentos esgrimidos para la defensa de este pacto por parte de los promotores son una apuesta por polémicos embalses y trasvases, que se alejan de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático, todo ello bajo una supuesta solidaridad y reparto territorial del agua.
  • Los firmantes aseguran que el objetivo del pacto es retomar la política de trasvases como el del Ebro y promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana.

Ante la proposición no de ley presentada por el Partido Popular2para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y aprobada el pasado 19 de octubre3 con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, las organizaciones firmantes denuncian el posicionamiento desfasado de los miembros de dicha comisión con la política europea en materia de aguas, y la desacertada continuidad de una política hidráulica caduca, imposible de cuadrar con los principios de la sostenibilidad.

Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional afirmar que el Gobierno haya cumplido con los compromisos de planificación hidrológica acordados con la Unión Europea en materia de aguas. Estas organizaciones presentaron decenas de alegaciones a los planes hidrológicos aprobados y han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de aguas. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados en el primer ciclo de planificación hidrológica (EU PILOT 7835/15/ENVI) y a la vez investiga el efecto de la modificación de las reglas básicas de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la cuenca del Tajo (EU-Pilot 6134/2014/ENV), y la afección al parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen. En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este mismo año un informe donde mostraba sus preocupaciones sobre la planificación hidrológica española –y en concreto, de las cuencas del Tajo y del Ebro-, y solicitaba a la Comisión Europea que rechazara el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados por el Gobierno español. A esto se suma la situación de máxima urgencia que viven algunos de los humedales más importantes de España por una política hidrológica insostenible, como son el caso de las Tablas de Daimiel, Doñana, el Delta del Ebro, los espacios protegidos de la cuenca del Tajo, la Albufera o el Mar Menor.

Las organizaciones muestran su sorpresa al verificar que el famoso pacto nacional del agua va dirigido a crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, y para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país. Un planteamiento clásico para abrir la puerta a futuros trasvases desde cuencas como la del Ebro, Tajo, Duero o Guadiana, siempre fuera de los mecanismos establecidos en los planes hidrológicos y del control de la participación ciudadana y de los territorios afectados. Por ello, al tiempo que destacan la dimensión territorrial del agua y las funciones ecosistémicas que desempeña en su fluir por ríos y acuíferos, recuerdan la primera consideración de la Directiva Marco del agua: “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

Para las organizaciones firmantes los argumentos de “desequilibrio hidráulico-territorial” y de “cuencas deficitarias” parten de un enfoque caduco, completamente alejado del conocimiento científico y de la normativa europea. Son argumentos en contra de la realidad ecológica, climática y socio-económica del territorio, y que no asumen la necesidad de adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático, a pesar de que España es uno de los países más vulnerables de toda Europa ante este fenómeno.

Las 29 entidades firmantes recuerdan a  todas las formaciones políticas con representación parlamentaria las prioridades para una nueva gestión del agua en España, basada en el uso sostenible, la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y un manejo de la demanda adaptada al cambio climático, tal como proponen en el documento dePrioridades para una Nueva Cultura del Agua en España que las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el inicio de la actual legislatura.

1Entidades firmantes, representantes de los intereses ambientales en los consejos de planificación hidrológica a nivel estatal y de cuenca, y colectivos y plataformas ciudadanas que trabajan por una nueva política de aguas:

  • Acció Ecologista-Agrò
  • AEMS – Ríos con Vida
  • Amigos de la Tierra-La Rioja
  • ANSE
  • Arrels Verdes
  • Asociación el Bergantes no se toca
  • Asociación en Defensa del Piragüismo y Usos Recreativos del Agua – AEPIRA
  • Asociación Geográfica Ambiental
  • Asociación Ojos del Guadiana Vivos
  • Asociación para la conservación piscícola y de los ecosistemas del sur – ACPES
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial – CIREF
  • Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases – COAGRET
  • Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  • Cuenca Azul
  • Ecologistas en Acción
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Gredos Verde
  • Mijares Vivo
  • Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda
  • Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  • Plataforma del río Queiles
  • Plataforma en Defensa de l’Ebre – PDE
  • Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
  • Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos
  • Red del Júcar por una Nueva Cultura del Agua
  • SEO/BirdLife
  • UNIPESCA
  • WWF-España
  • Xúquer Viu

2Expediente 161/000524, Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre un Pacto Nacional del Agua (Págs. 31-32).

3Proposición no de Ley aprobada en Comisión, Proposición no de Ley sobre un Pacto Nacional del Agua, Expediente 161/000524 (Págs. 40-45 y 47).

EL DEBATE PÚBLICO DE LA LEY DE CAZA EMPIEZA MAL

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1930s Rabbit hunters X32Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo de Castilla La Mancha que no se pongan trabas a la participación y al debate público en la tramitación de la reforma de la ley de caza.

El comienzo del periodo de exposición pública de la reforma de la ley de caza ha comenzado con una serie de decisiones que dificultan la participación y el debate, sobre todo de los colectivos sociales de carácter ambiental.

Ya fue llamativo que en pleno mes de agosto se diera inicio a la fase de exposición pública de la reforma de la ley de caza. De siempre ese mes ha sido el elegido por las administraciones para iniciativas que pudieran tener algún tipo de contestación social. La agosticidad en los procesos de participación pública es una mala práctica que ya ha sido numerosas veces criticada.

No obstante, se confiaba en que los siguientes pasos que se dieran en la tramitación de la reforma de la ley de caza serían más abiertos y transparentes. Sin embargo, al menos los primeros, no lo están siendo.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de sus direcciones provinciales, ha comenzado a convocar a los Consejos Provinciales de Caza con vistas a su vez a realizar una rápida convocatoria del Consejo Regional de Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Algunos de estos Consejos, por ejemplo el de Toledo, se ha convocado por la vía de urgencia, avisando con sólo tres días de margen para analizar la documentación y plantear una postura consensuada dentro del ámbito que cada representante en el mismo ostente. El lunes pasado llegó una convocatoria para acudir hoy jueves al citado Consejo, lo que motivó que Ecologistas en Acción pidiera un aplazamiento pues era materialmente imposible organizar la asistencia en condiciones adecuadas.

La solicitud ha sido rechazada y eso ha motivado que en el Consejo Provincial de Caza la silla de los representantes de las organizaciones ambientales estuviera vacía.

La situación dada en Toledo es especialmente grave, por cuanto es bien conocida la incidencia de esta provincia en materia cinegética, y, además, se ha sabido que los motivos de urgencia aducidos para la convocatoria no eran ciertos, puesto que en provincias como Guadalajara el consejo provincial se reunirá el 27 de septiembre.

Otro grave problema detectado en la convocatoria de los Consejos Provinciales es que junto a la reforma de la ley se ha incorporado otros punto del orden del día, la ampliación de los métodos de captura para control de depredadores y animales domésticos. Una propuesta que pretende legalizar determinados modelos de cajas trampa y lazos para ser usados por los guardas de los cotos de caza.  Se ha remitido el borrador de la orden, pero no los estudios que supone que avalan su uso, por lo que se oculta información esencial para opinar sobre el tema en cuestión.

Si los primeros pasos en el proceso de participación pública de la ley de caza no van por buen camino, tampoco parece que en los próximos se vaya a mejorar. Todo apunta a que la Consejería, en su ánimo de acelerar el proceso, tiene intención de convocar los Consejos regionales de caza y de medio ambiente sin que todavía esté abierto el plazo de alegaciones oficiales y sin que se puedan conocer las que presenten para debatirlas en los citados consejos.

Esta mala práctica, avalada por unos servicios jurídicos que sorprenden una y otra vez con informes más dignos de otros tiempos que de los actuales, dificulta sobremanera el debate público y la búsqueda de soluciones acordadas sobre puntos en conflicto.

Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Regional, y a las direcciones provinciales, que faciliten un proceso abierto y transparente que permita una participación pública real y que no beneficie a los colectivos profesionalizados o con interés económico del mundo de la caza. Hay que realizar las convocatorias de los consejos de participación con tiempo, aportando toda la documentación necesaria sobre los puntos del orden del día, y hay que sustanciar el periodo de información pública antes de que se reúna el Consejo Regional de Medio Ambiente.

Respetando una mínimas reglas de juego consideramos que el proceso no sólo será mejor, sino que podrá seguir siendo ágil con vistas a que la reforma de la ley llegue cuanto antes al debate parlamentario.

Nace la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos frente a una de las grandes amenazas para la biodiversidad española

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  • Nueve entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza alertan sobre el grave impacto de los tendidos eléctricos en la avifauna.
  • Cientos de miles de aves, incluidas especies amenazadas, mueren cada año en España al electrocutarse en los postes o chocar contra los cables.

Nueve entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza han presentado hoy en Madrid la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos. Con esta acción se pretende alertar a la opinión pública sobre la gravedad del problema de la electrocución y la colisión de la avifauna en los tendidos eléctricos, que causa la muerte anualmente de cientos de miles de aves en España.

“Queremos centrar la atención sobre la que, a día de hoy, es la principal causa de muerte no natural a la que se enfrentan algunas de nuestras especies de aves más amenazadas, como son el águila perdicera o de Bonelli y el águila imperial ibérica”, indican los impulsores de esta iniciativa. Durante los últimos 15 años se estima que en España han muerto electrocutadas, como mínimo, más de 200 águilas perdiceras y más de 120 águilas imperiales, una situación insostenible que pone en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de ambas especies amenazadas.

La nueva plataforma también exigirá a administraciones públicas y compañías eléctricas que asuman su responsabilidad aplicando soluciones eficaces y duraderas. Además, se pondrá a disposición de la sociedad toda la información y experiencia acumuladas por la plataforma.

En nuestro país se trabaja desde hace décadas en la identificación y corrección de tendidos eléctricos peligrosos para las aves, lo que por ejemplo contribuyó en su momento a salvar de la extinción a una rapaz tan emblemática como el águila imperial ibérica. Pero por desgracia esta línea de trabajo no se ha desarrollado con la ambición y efectividad necesarias. En muchas ocasiones, una mala ejecución de las medidas correctoras conlleva que en algunos de los apoyos (postes) corregidos se sigan produciendo electrocuciones de aves.

Tampoco el largamente esperado Real Decreto aprobado en 2008, que debía reactivar la aplicación de medidas en tendidos eléctricos para la protección de la avifauna, ha supuesto el cambio que se pretendía. Un indicador de la gravedad del problema es que más de un millar de aves afectadas por electrocución o colisión en tendidos eléctricos siguen ingresando cada año en los centros de recuperación de fauna salvaje españoles.

Por otra parte, la necesidad de fuentes de energía renovables que contribuyan a luchar contra el cambio climático implica el desarrollo de la red eléctrica y la instalación de nuevos tendidos que seguirán causando la muerte masiva de aves, por lo que es imprescindible el establecimiento de nuevas soluciones que garanticen su seguridad.

De la frustración a la movilización

“La frustración generada ante la persistencia de un problema de tal magnitud para nuestra biodiversidad ha llevado a articular un frente común desde la sociedad civil para trabajar con el objetivo de eliminar la lacra que, para las aves, suponen los miles de kilómetros de tendidos eléctricos peligrosos que se reparten por toda la geografía española”, explicó hoy la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos.

Las nueve entidades que la forman son en su mayoría asociaciones de defensa del medio ambiente (Ecologistas en Acción, FCQ, SEO/BirdLife, SIECE y WWF España), pero también están presentes otros profesionales y colectivos dedicados a la conservación de la biodiversidad, como los Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), los hospitales de animales salvajes (AMUS y GREFA) o medios de comunicación especializados (revista Quercus).

“Hoy es un día importante para quienes formamos esta plataforma, a quienes nos une el convencimiento de que más pronto que tarde podremos dar lugar a avances muy significativos en el camino de atajar la muerte masiva de tantas aves que se siguen electrocutando en los apoyos o chocando en los cables”, indicó la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos.

Disponible una selección de imágenes, con sus correspondientes pies de foto, en este enlace: https://goo.gl/mlunup

Para más información: Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, tel. 676 01 46 61, e-mail: Sostendidos@gmail.com, web: www.sostendidos.com, twitter: @sostendidos

Estas son las cinco peticiones inaplazables realizadas desde la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos

  1. Se debe promulgar una normativa electrotécnica de aplicación básica en todo el Estado que garantice eficazmente la protección de las aves. Para ello, es urgente mejorar el Real Decreto 1432/2008 que, hasta la fecha, no ha conseguido solucionar eficazmente la mortalidad de aves en los tendidos eléctricos y dictaminar las responsabilidades legales por este motivo.
  1. Las grandes compañías eléctricas son las beneficiarias económicas de la explotación de las líneas eléctricas y por lo tanto las responsables ambientales de la mortalidad de aves que causan con su actividad empresarial. Deben por ello asumir el coste de la adecuación de sus instalaciones para compatibilizar su negocio con la conservación de la avifauna.
  1. Las administraciones competentes en materia de conservación de especies silvestres deben asumir su responsabilidad en la solución de este grave problema. Es necesario que los responsables ambientales de las comunidades autónomas identifiquen los puntos más problemáticos de mortalidad, exijan su modificación o aislamiento y se impliquen activamente en la solución del problema.
  1. La mortalidad por electrocución de aves es un problema tan acuciante que se debe preparar un plan de actuación para la corrección de los miles de kilómetros de tendidos peligrosos que se reparten por la geografía española. En áreas con especial riesgo de colisión de aves no se deben instalar nuevos tendidos eléctricos aéreos y se deben modificar los existentes soterrándolos o instalando marcas visuales (balizas salva-pájaros) duraderas y eficaces.
  1. La autorización administrativa de nuevos tendidos eléctricos debe tener en cuenta el riesgo de electrocución y colisión de aves y deben incluirse medidas correctoras de eficacia comprobada que eliminen o minimicen la incidencia de los nuevos tendidos sobre la avifauna.

 

Incendio de Chiloeches: los peces del Henares murieron por contaminación, no por causas naturales

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Captura_Amonio_2408_2908Ecologistas en Acción considera que los datos oficiales de calidad de aguas desmienten a las autoridades y muestran sin género de dudas que la causa de que hayan aparecido peces muertos en el río Henares no eran naturales y apuntan a un vertido que bien pudo ser el ocasionado por el incendio de la nave de residuos tóxicos de Chiloeches. 

Ecologistas en Acción ha analizado los datos que la Red Saica que la Confederación del Tajo tiene accesibles en http://saicaweb.chtajo.es/saica/ . Esta Red dispone de una serie de estaciones fijas de medición de distintos parámetros de calidad de aguas y tiene como objetivo mantener un control constante de las mismas, así como detectar eventuales vertidos. La red dispone de un punto de control, el número 307 llamado “Estación de Santos de la Humosa en el río Henares”. La estación se ubica a poco más de 7 kilómetros aguas debajo del incendio de la planta de residuos de Chiloeches, lo que hace que sea idónea para evaluar la situación de las aguas antes, durante y después del incendio.

Para valorar la calidad de las aguas se han extraído los datos de mediciones de 7 parámetros básicos a lo largo de un periodo de 5 días, entre el 24 de agosto, dos días antes del incendio, y el 29 de agosto, dos días después.

Los resultados, que se pueden ver en los gráficos adjuntos extraídos de la propia información de la Confederación del Tajo y del MAGRAMA, ofrecen dos conclusiones muy reveladoras.

La primera es que en esos días no se produjo ninguna modificación significativa de los parámetros de temperatura y oxígeno disuelto, desmintiendo la versión oficial de que el suceso de mortalidad se pudo deber al calor. Ambos parámetros se mueven, antes y después del incendio, en los niveles habituales con ciclos diarios normales condicionados por el ritmo de la exposición solar.

Gráfico niveles de oxígeno disuelto entre el 24 y el 29 de agosto en el río Henares.

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Gráfico temperatura entre el 24 y el 29 de agosto en el río Henares.

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El segundo dato, aún más revelador, es que en la noche del 26 al 27 de agosto, cuando todavía no se habían cumplido 24 horas del vertido, la Red de Control detecta un incremento significativo de la concentración de amonio en las aguas. Esta pasa de niveles de 0,2-0,4 ppm (partes por millón) a 5,6 ppm. Esto es, se multiplican casi por 20 las concentraciones de este parámetro.

Los valores de referencia de amonio para el buen estado de la calidad de las aguas que fija el Magrama son de un máximo de 1 mgr/l, equivalentes a 1 ppm. Estos valores son habitualmente cumplidos en este tramo del Henares, salvo cuando se produce algún tipo de vertido como el detectado por la Red la noche del 26 al 27.

Como es sabido el amonio sirve para detectar fenómenos de contaminación reciente y es esencial para detectar situaciones de riesgo para la vida de los peces, ya que en unión con su precursor, el amoniaco, es altamente tóxico para ellos. Aparte de los vertidos urbanos e industriales, otra fuente de amonio bien pueden serlo los disolventes almacenados en la planta de Chiloeches.

Gráfico niveles de amonio entre el 24 y el 29 de agosto en el río Henares. 
Obsérvese el pico de contaminación cerca de las 24 h del día 26.

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El pico de amonio detectado por la red de calidad de aguas es coincidente y explicaría el efecto de un vertido que bien pudo proceder del incendio de la nave de Chiloeches. Este se produjo en la madrugada del día 26, a eso de las cinco. Entre las 23 y 24 horas de ese día se detecta el pico de contaminación siete kilómetros aguas abajo. A partir del día siguiente a este pico aparecen los peces muertos en el río, fundamentalmente barbos, especie natural de la zona y sensible a la contaminación.

Cabría la posibilidad de que se hubiera producido algún otro vertido de forma coincidente, accidental o incluso intencionado, pero con los datos de que se disponen todo apunta a que los líquidos provocados por el incendio, como delata la mancha negra que discurre desde el mismo hasta el Henares y el fuerte olor a disolvente que hay en algunos tramos del cauce, han producido un episodio de contaminación grave aún por evaluar.

En el momento actual ese episodio habría cesado debido a la instalación de barreras anticontaminación. No obstante el riesgo continúa debido a los lodos acumulados en las orillas y a los que pudieron fluir antes de la instalación de las barreras o que queden tras ellas. Es esencial conocer qué contienen esos lodos, porque el amonio bien puede ser, a falta de otros parámetros que no mide la red SAICA, un simple indicador del episodio y no la sustancia que haya provocado la muerte de los peces.

Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones como Jarama Vivo, considera que es inadmisible la falta de seriedad y de rigor con que la UME, la Junta de Castilla-La Mancha y la Confederación del Tajo están tratando el problema de la contaminación del río. No es de recibo que en ausencia del máximo órgano responsable de control de la calidad de las aguas, sea una institución militar la que se encargue de dar informaciones inveraces y no contrastadas.

Ecologistas en Acción exige la presencia y los informes de la Confederación del Tajo y que las autoridades de protección civil den una información rigurosa a los ciudadanos. Asimismo pide que hasta que se dé por limpio el cauce del Henares y el arroyo que lo comunica con la zona del incendio se prohíba la pesca en el río Henares y se vigile la calidad de las aguas que se suministran para el riego.