Tajo

El Movimiento #QueremosSaberLaVerdadDelPuyDuFou entrega las alegaciones que demuestran la inviabilidad del parque temático.

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30652542_618207155185035_6912305612969738240_nEcologistas en Acción ha participado y suscrito el documento de 70 páginas y 30 alegaciones que distintos integrantes del Movimiento ciudadano Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou han entregado en la Consejería de Fomento.

Las alegaciones conforman un extenso documento elaborado por personas del Movimiento y ponen seriamente en entredicho la viabilidad del parque temático.

El documento ha sido puesto a disposición de las personas y entidades que hasta el momento han compartido las numerosas inquietudes y dudas que genera el proyecto.

Mediante Resolución del 5 de febrero de 2018, la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó inicialmente, al tiempo que lo sometía a información pública, el Proyecto de Singular Interés, denominado Parque Temático Puy Du Fou, España.

Una vez conocidos los detalles del proyecto, tras examinarlos con el fin de entender los valores que se esgrimían como de interés regional, llegamos a la conclusión de que ese interés no se ajusta a la realidad, y sin embargo, el proyecto presentado sí que supone un grave atentado al medio ambiente, al trabajo estable y digno, a los espacios públicos, o al paisaje. Al tiempo que introduce un elemento de distorsión, de impredecibles consecuencias, en relación a la ciudad de Toledo, la preservación de su casco histórico, la calidad de vida de los vecinos y el negocio del turismo.

En consecuencia, el colectivo “Queremos saber la verdad del Puy du Fou”, ha decidido participar en la elaboración de alegaciones al Proyecto de Singular Interés promovido por la Sociedad Limitada, Puy du Fou España, que se dirigen a solicitar ampliaciones de información, corregir errores, poner de relieve deficiencias, y denunciar graves incumplimientos que hacen inviable la instalación del parque temático en los terrenos elegidos, que puedan prestarse al mismo determinados servicios públicos, o que pueda desarrollar su actividad, tal y como aparece expresada en los documentos sujetos a análisis.

Las alegaciones en esencia inciden sobre los siguientes aspectos:

  • Incumplimientos legales e irregularidades en la tramitación del proyecto
  • Incompatibilidad legal de ciertos aspectos del Proyecto con la instalación en el lugar elegido (clasificación urbanística, dotación de agua, ruido, incendios, ausencia de evaluación del impacto de género, etc.).
  • Inseguridad jurídica al no conocerse el marco urbanístico y estar este modificándose actualmente.
  • Inseguridad jurídica al haber importantes ausencias y datos sesgados o erróneos.
  • Inseguridad jurídica al estar tramitándose al mismo tiempo la EAE del Plan y la Evaluación Ambiental del proyecto, y por lo tanto no poder alegar sobre el documento del proyecto definitivo.
  • Eliminación de la competencia municipal sobre el urbanismo, imponiéndose a la fuerza sobre él.
  • Ausencias de justificación del interés económico y social
  • Deficientes justificaciones en otros casos e incorporación de datos erróneos, contradictorios o engañosos.
  • Destrucción del medio ambiente y de los paisajes culturales tradicionales.
  • Gravísimo impacto por ruido, emisiones lumínicas y de gases contaminantes
  • Vestir o justificar el proyecto de cultura, sin explicar en qué consiste lo que se va a contar, que en realidad un espectáculo.
  • Creación de empleo precario,  a tiempo parcial e irregular.
  • Introducción de riesgo de incendio, como consecuencia de la implantación del parque,  para el entorno, los vecinos, y los propios visitantes del parque.

Estas alegaciones han sido confeccionadas por un grupo amplio y heterogéneo de personas, un colectivo unido por la idea central de que el parque de ocio Puy du Fou, queda muy lejos del interés social y económico que esgrimen los promotores y los responsables políticos de la región, y municipales, para su instalación. Y por la certeza, de que, muy al contrario, supone la destrucción irreversible de valores como la necesidad social de disfrutar de un medio ambiente natural, de la calidad de vida, de los vecinos del entorno, y posiblemente del resto de la ciudad. Incidiendo en la precarización del trabajo, el proyecto busca implantarse alineándose falsamente con los principios de desarrollo regional económicos y culturales, y suplanta la voluntad popular alterando el urbanismo de la ciudad de forma forzada, y todo ello sin garantías económicas y asumiendo un riesgo mínimo en caso de quiebra, pudiendo ocasionar deudas importantes a largo plazo que deberá asumir la sociedad.

El que se hayan podido haber realizado estas alegaciones, algunas referidas a aspectos estructurales del proyecto que lo cuestionan radicalmente desde los cimientos, deja a la vista la importante cantidad de defectos que contiene el proyecto, lo que sólo puede significar que los responsables de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento de Toledo, han actuado sin el debido rigor dando un apoyo incondicional e inmerecido a la empresa, en lugar de buscar el interés de la ciudadanía.

Sólo bastaba rascar un poco para hacer aflorar las múltiples deficiencias encontradas en el proyecto.

Enlace de descarga del texto completo con las alegaciones:

https://drive.google.com/file/d/1kH9vK-wzoh-_cpbSiytWTLqMx_hlC7w3/view

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Aviso al ayuntamiento de Toledo: no puede abastecer de agua al parque temático Puy du Fou

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Foto archivo EFE/Jesús Carvaja

Ecologistas en Acción de Toledo ha registrado un escrito urgente dirigido a la Alcaldía de Toledo y a la Concejalía de Sostenibilidad y Servicios Públicos exponiendo que la legislación de aguas no permite dotar al Puy du Fou a partir de la concesión de agua de que dispone el ayuntamiento.

Según consta en el expediente del proyecto del PSI de Parque Temático Puy du Fou está previsto que éste sea dotado de agua por parte del ayuntamiento de Toledo desde la potabilizadora del Cerro de los Palos.

Como es sabido y según consta en la Confederación Hidrográfica del Tajo, el ayuntamiento de Toledo dispone de una concesión de aguas superficiales con la finalidad única y expresa de abastecimiento de población.

El proyecto Puy du Fou tiene por objeto un parque temático de ocio que se ubica sobre suelo rústico con valores a proteger y que, urbanísticamente dentro de éste, se conceptuaría como uso terciario, esto es, en ningún caso es residencial ni industrial.

Por otra parte el artículo 61 “Condiciones generales de las concesiones” del vigente Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas establece en su punto 2 que:

“2. El agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos, con la excepción de lo previsto en el artículo 67”.

Siendo el caso que el artículo 67 se refiere a los contratos de cesión de derechos y no es de aplicación a la situación planteada por el Puy du Fou, según todo lo anteriormente expuesto entendemos que el Ayuntamiento de Toledo no puede, sin contravenir la normativa de aguas, dar suministro al Puy du Fou tal y como el proyecto está concebido. Ya que, de hacerse, se trataría de un caso en el que un agua concedida para abastecimiento a población se emplearía para un uso recreativo según lo clasifica la Ley de aguas en su artículo 60.3.

Ecologistas en Acción pide al ayuntamiento que tenga en consideración lo expuesto a los efectos del informe municipal al PSI y que, si fuera el caso de que ese ayuntamiento creyese que sí que puede dar el servicio de agua al Puy du Fou, indique las condiciones legales y administrativas precisas bajo las cuales se ampararía el citado servicio.

Ecologistas en Acción rechaza el nuevo trasvase de 60 hm3 desde el Tajo al Segura

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  • mid_33880-209-el-3-abril-se-decidir-si-hay-trasvase-tajo-segura-funci-n-reservasLa organización ecologista califica de inaceptable, injusta e irresponsable la decisión tomada ayer por la Comisión Técnica del Trasvase Tajo-Segura, al atentar contra el principio de prioridad de la cuenca cedente.
  • La ministra Isabel García Tejerina se pliega a los intereses económicos de la agroindustria levantina y condena a una agonía permanente al tramo medio del río Tajo.

    Ecologistas en Acción muestra su más absoluto rechazo a la aprobación por parte de la Comisión Técnica del Trasvase Tajo-Segura de nuevas cesiones de agua hacia el Levante. En concreto se han aprobado 60 hm3para los próximos tres meses (20 hm3cada mes). Aunque los niveles en la cabecera del Tajo superan los 400 hm3 exigidos por la ley para que se autoricen nuevos trasvases, esta decisión es injustificable e irresponsable desde el punto de vista de una gestión ambientalmente sostenible de la cuenca del Tajo. La ley no establece que sea obligatorio realizar trasvases superados este límite, por lo que la ministra Isabel García Tejerina podría haber hecho uso de una responsabilidad política y ambiental que sin duda le falta.

    Hay que tener en cuenta que los 471 hm3 actualmente embalsados en los pantanos de Entrepeñas y Buendía representan menos del 20 % de su capacidad conjunta (26 % y 16 % respectivamente). La decisión impulsada ayer pone en riesgo la satisfacción de las demandas de la propia cuenca del Tajo, anteponiendo las demandas sobredimensionadas y especulativas generadas en Murcia, Alicante y Almería.

    La autorización del volumen trasvasable de 60 hm3 no tiene en cuenta el futuro comportamiento de la cuenca. Hay que tener en cuenta que, de entrar de nuevo en un periodo de escasas precipitaciones, las cesiones dejarán nuevamente en situación de emergencia a la cabecera del Tajo. Además de estos 60 hm3, ha de ser desembalsada una cantidad mayor para garantizar el caudal mínimo establecido para el río Tajo a su paso por Aranjuez (6 m3/seg). Es decir, Entrepeñas y Buendía quedarán de nuevo en una situación límite y los municipios ribereños tendrán en serio riesgo la satisfacción de sus demandas de agua.

    Para Ecologistas en Acción resulta intolerable la gestión generada por la explotación del trasvase que genera una agonía ambiental permanente para el tramo medio del río Tajo. Durante los meses de febrero y marzo, mientras todos los ríos de centro peninsular tenían importantes crecidas, el tramo medio del río Tajo ha seguido teniendo el mismo caudal, una media de unos pírricos 7-8 m3/segundo. Esto ha sido debido a que toda el agua que entraba en la cabecera ha sido guardada para conseguir alcanzar la cota legal trasvasable de los 400 hm3. Es por ello que el río Tajo es un río agónico y secuestrado. Hay que señalar, además, que la falta de un caudal suficiente agrava aún más los episodios de contaminación del río en su confluencia con los ríos Jarama y Guadarrama al perder su capacidad de dilución.

    Ecologistas en Acción considera urgente un cambio en la política hidráulica en las cuencas del Tajo y del Segura. Este cambio tiene que pasar necesariamentepor la derogación de las actuales normas de explotación del trasvase (Memorándum del Tajo-Segura). Además, la cabecera debe ser gestionada dentro del Plan Hidrológico de la propia demarcación del Tajo con el objeto de que puedan ser atendidas en primer lugar las propias demandas de la cuenca, lo que conllevaría al establecimiento de un régimen ecológico de caudales en Aranjuez, Toledo y Talavera. Por el lado del Segura, es urgente que se ponga en marcha una transformación del modelo de agricultura adaptándola a sus propios recursos. Todo ello desembocaría en el medio plazo en la clausura del trasvase.

El Plan de Sequías de la cuenca del Tajo perjudica gravemente el estado de los ríos y favorece a quienes más agua consumen

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Foto atletismotoledano.blogspot.com
  • El Plan de Sequías podrá rebajar los caudales ecológicos antes de aplicar medidas de ahorro y reducción del consumo en los usos agrícolas, ganaderos o industriales.
  • Contiene numerosas disposiciones contrarias a la normativa vigente
  • Omite incorporar la gestión del Trasvase Tajo-Segura en situaciones de sequía

 

El proyecto de Plan Especial de Sequías de la demarcación hidrográfica del Tajo no supondrá un documento válido para afrontar los periodos de sequía prolongada. Entre otras medidas contrarias a la normativa, prevé la reducción de los caudales ecológicos y el deterioro de las masas de agua, en situaciones en las que seguirá permitiendo usos suntuosos del agua. Además, permitirá que sigan existiendo trasvases por el Acueducto Tajo-Segura aún en situaciones de sequía prolongada en la cabecera del Tajo. Ecologistas en Acción considera inaceptable este documento e insta a la Confederación Hidrográfica del Tajo que lo retire de forma inmediata.

El Plan Especial de Sequías (PES) de la cuenca del Tajo ha sido sometido a información pública por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuyo periodo de alegaciones ha concluido el 22 de marzo. Este texto contiene numerosas irregularidades debido a una perversa interpretación del concepto de “sequía” y a una tergiversación de la normativa existente. Diferencia, por un lado “sequía prolongada” y por otro “escasez coyuntural”. La primera tendría que ver con la disminución de las precipitaciones en un periodo de tiempo; la “escasez” tiene que ver con la imposibilidad de atender las demandas con los recursos hídricos existentes, sea por las razones que sea. La “escasez coyuntural”, tal y como es definida, es algo que tiene que ver con la sobreexplotación o la deficiente gestión de los recursos y no con la “sequía” tal y como está definida en la normativa[i] .

Para combatir las situaciones de sequía, el PES propone dos medidas: la reducción de los caudales ecológicos y permitir el deterioro temporal de las masas de aguas. Estas dos medidas son contrarias a la normativa. Por un lado, vulneran el artículo 4.6 de la Directiva Marco del Agua ya que el deterioro temporal de las masas de agua solo es de aplicación una vez que se han realizado todas las demás medidas posibles para reducir las demandas (usos agrícolas, industriales, recreativos, etc.).  Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley del Aguas establece que los caudales ecológicos son una restricción previa al resto de usos (a excepción del abastecimiento a poblaciones en situaciones como las sequías excepcionales) y por tanto no pueden alterarse mientras sigan garantizándose otros usos. A juicio de Ecologistas en Acción, la Confederación Hidrográfica del Tajo hace una interpretación malintencionada de la normativa para favorecer consumos suntuosos mientras se perjudica la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos.

Por otro lado, los indicadores propuestos para detectar las situaciones de “sequía prolongada” son inaceptables y arbitrarios. Responde solo a situaciones de intensidad pero no tienen en cuenta la duración del fenómeno. Su falta de validez se demuestra al aplicarlos de forma retrospectiva al periodo comprendido entre 1980 a 2012. Entre el 24% y el 34% de los meses de este periodo, en la mayor parte de las subcuencas del Tajo, estarían en situación de “sequía prolongada”, por lo que estos indicadores no sirven para identificar una sequía “excepcional e imprevisible”. Los indicadores lo que están haciendo es identificando situaciones normales dentro del comportamiento de un clima mediterráneo, caracterizado por la recurrencia de periodos secos y periodos húmedos.

En cuanto a la “escasez coyuntural”, la Confederación Hidrográfica del Tajo se inventa un escenario que no aparece en la normativa de agua. Los escenarios de escasez que contemplan en el Plan Hidrológico del Tajo son los de “pre-alerta”, “alerta” y “emergencia”. El PES incorpora el de “emergencia para abastecimiento”. Este nuevo escenario lo que pretende es aliviar las restricciones a los usos agrícolas en situaciones de “emergencia”, cuando estas no podrían garantizarse por la ausencia del recurso. En este sentido, la Confederación pretende gestionar la escasez de una manera irresponsable.

En cuanto a las medidas propuestas para las situaciones de escasez se observa que se priman las actuaciones que promueven la “movilidad del recurso”, es decir proporcionar agua desde fuentes no convencionales como la puesta en marcha de pozos. Hay que señalar que la Confederación Hidrográfica del Tajo propone nuevas obras e infraestructuras, cuando son actuaciones que solo pueden proponerse en el marco de los Planes Hidrológicos. Igualmente se proponen reducciones adicionales a los caudales ecológicos en los ríos Sorbe, Tajuña, Jarama, Manzanares, Alberche y Lozoya, mientras no se reducen los consumos agrícolas, ganaderos o industriales. Esto supondría la desecación de decenas de kilómetros de estos ríos, mientras se siguen permitiendo regadíos.

Por último y no menos importante, hay que señalar que la Confederación Hidrográfica del Tajo omite deliberadamente al Trasvase Tajo-Segura en la gestión de las sequías. Este seguirá gestionándose a través de sus propias normas de explotación, lo que supone primar los usos suntuarios de la cuenca receptora frente a los usos y el deterioro de la cuenca cedente. Además de ser ilegal es una muestra de la irresponsabilidad de la Confederación para gestionar los recursos hídricos en su demarcación.

Por todas estas razones, desde Ecologistas en Acción se insta a la Confederación Hidrográfica del Tajo a la retirada del texto propuesto del Plan Especial de Sequía de la demarcación del Tajo debido a que incumple la normativa vigente, generará más conflictos entre usuarios, perjudicará el estado ambiental de las masas de agua y prima un consumo irresponsable del agua.

La mala gestión de la sequía sitúa al borde del colapso a los humedales

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Embalse del Torcón (Toledo) Imagen de encastillalamancha.es

Afecta en especial a los humedales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Ecologistas en Acción considera que la elaboración de los planes de sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debe incluir medidas de protección de los caudales ambientales y control de las extracción para paliar los efectos de la sequía y evitar que la sobreexplotación del agua afecte al estado de conservación de las zonas húmedas. 

La sequía es un fenómeno habitual y, por efecto del cambio climático, de magnitud creciente. Sus efectos son conocidos y predecibles, pero se agravan sobremanera cuando la mala gestión y la improvisación se impone a la protección de los recursos naturales. 2017 ha sido un año muy seco, ha llovido un 29 % por debajo de la media de los 30 años anteriores. También la temperatura media de la última década es 0,9 grados superior a la de ese periodo. Bajo estas condiciones, el agua disponible en los ríos y acuíferos se ha reducido un 20 % en 25 años.

El actual período de sequía, que no ha cesado, está provocando que una gran parte de los humedales se hayan secado o hayan permanecido con muy bajos niveles de agua y más vulnerables a la contaminación. Humedales protegidos como Doñana, la Mancha Húmeda y Daimiel, la Albufera de Valencia, el Mar Menor o la laguna de Gallocanta se han encontrado bajo mínimos, y algunos están al borde del colapso. Los efectos son particularmente más graves en los humedales de menor entidad, a los que además tradicionalmente se les presta menor atención. Es el caso de los arroyos y manantiales, y el de los criptohumedales y las lagunas de menor entidad. En extensas áreas del interior peninsular solo tienen niveles de agua para sobrevivir aquellas zonas que reciben caudales de plantas depuradoras o fugas y retornos de las redes de transporte, aunque esto puede implicar modificaciones importantes en la calidad del agua.

Las zonas húmedas de gran tamaño se ven afectadas. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel solo dispone de 500 hectáreas encharcadas de las 1850 de las que dispone de lámina teórica de agua. Los humedales colindantes de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete están en su mayor parte secos o bajo mínimos. También es grave la situación en la que se encuentra la laguna de Gallocanta, la mayor zona húmeda salina de Europa. O la del Mar Menor, que tiene unos niveles de contaminación inasumibles.

Ecologistas en Acción considera que la gestión de la sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de las confederaciones hidrográficas ha contribuido de forma decisiva a agravar sus efectos y a poner en riesgo el estado de conservación de los humedales e incluso la atención a los abastecimientos urbanos.

Por ello, la organización ecologista considera que, de forma inmediata y también de cara a la incorporación de medidas en los planes de sequía actualmente en tramitación, se deben incorporar las siguientes salvaguardas:

  • Elaboración y dotación de un plan de emergencia para la protección y la atención de las necesidades hídricas de los humedales y de los regímenes de caudales ambientales que se vean afectados por la sobrexplotación y especialmente en situaciones de sequía.
  • Blindaje de la atención prioritaria de los caudales ambientales y de los abastecimientos urbanos sobre cualquier otro uso.
  • Toma de medidas preventivas y correctoras de reducción de la extensión de regadío y de las dotaciones al mismo como responsable de más del 93 % del consumo del agua en España.
  • Replanteamiento de la reutilización para riego de las aguas depuradas, ya que es muy necesario su aportación al cauce en situaciones de sequía.
  • Analizar a nivel de masa de agua, y no solo del conjunto de la demarcación, los problemas de sequía y las medidas a adoptar, con especial atención a las situaciones en las cabeceras de las cuencas.

El Ministerio pretende dejar fuera el trasvase Tajo-Segura del plan de sequía y del Pacto Nacional por el Agua.

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  • Ecologistas en Acción de Toledo denuncia que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha dejado fuera de sus análisis en dos importantes documentos el trasvase Tajo-Segura y el impacto que éste genera tanto en situaciones de sequía como en la sobreexplotación por incremento de las demandas en la cuenca del Tajo.
  • En la reunión del Consejo del Agua del Tajo celebrada ayer en  Madrid, la Confederación expuso las propuestas iniciales del Ministerio en relación con la revisión del Plan Especial en Situación de Alerta y Eventual Sequía que debe aprobarse en el año 2018 y en relación al Pacto Nacional por el Agua.

En el caso del Plan de Sequía y a preguntas del representante de Ecologistas en Acción en nombre de las organizaciones ambientales en el Consejo del Agua, quedó de manifiesto que el Ministerio no tiene la intención de considerar el trasvase Tajo-Segura dentro de los sistemas que provocan un mayor estrés hídrico en la cuenca y que, por tanto, más influyen en la generación de situaciones de sequía y falta de caudales en la cuenca del Tajo.

En este documento y a la hora de evaluar la presión que generan las demandas que sobreexplotan endémicamente los recursos del Tajo, el Ministerio ha omitido de sus cálculos la que produce el trasvase del Tajo-Segura y que la propia Confederación cifra en un promedio de 450 hectómetros cúbicos al año, de los cuales más de tres cuartas partes se destinan a regadío. Esto supone dejar fuera de la evaluación una cuarta parte de las demandas totales de la cuenca, pero más del ochenta por ciento de las de cabecera.  De este modo, el Plan de Sequía quedaría supeditado en cabecera a las disposiciones del trasvase y no a las necesidades de la cuenca del Tajo.

En este escenario no sería extraño que utilizando ardides legales como se ha hecho con el Memorándum del Tajo-Segura o como ocurrió ya en 1995 se puedan reducir aún más los caudales mínimos en Aranjuez.

En cuanto al Pacto Nacional del Agua, las organizaciones ambientales también se han pronunciado en contra, por cuanto su planteamiento está lejos de atacar los problemas de sobrexplotación y mal estado de las masas de agua, de falta de ahorro y de ausencia de aprobación de caudales ambientales.

Tal y como se señala en el primer eje del documento del PANAGUA, lo que se pretende es atender lo que se llaman “déficits estructurales de alguno territorios”  para lo cual “las interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas pueden ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua…”. Sobre este punto de partida queda supeditado el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua y los objetivos medioambientales. Así las cosas, de aprobarse este documento y de tramitarse como pretende el Ministerio, las aspiraciones de reconsideración de las demandas que sobreexplotan el Tajo y, en particular, del trasvase Tajo-Segura serían inviables.

Por ello, los representantes de las organizaciones ambientales en los consejos del agua, entre ellos los presentes en el Tajo, han dirigido un escrito al Ministerio pidiendo la retirada de este PANAGUA y su reconsideración en el marco del cumplimiento de las directivas europeas y de las necesidades de impulsar medidas de reducción de la demanda como la que provoca el trasvase Tajo-Segura. Para Ecologistas en Acción, el PANAGUA lo que debe plantearse no son nuevas infraestructuras sino como se eliminan o reducen los impactos de las que como el trasvase Tajo-Segura dañan nuestros ríos.

El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.