Denuncia urgente contra un cerramiento para caza de 9 kilómetros en el espacio protegido de los Montes de Toledo.

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P1060688Ecologistas en Acción de Toledo reclama la paralización del desbroce de vegetación iniciado sin permiso para un vallado en la finca Quinto de Don Pedro y que afecta al espacio de la Red Natura 2000, distintas áreas críticas de especies en peligro de extinción, a dos montes públicos y a un refugio de fauna.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia de Toledo el inicio de las obras de instalación de un nuevo cerramiento cinegético que amplía el existente en la finca privada Quinto de Don Pedro, en el término municipal de Los Yébenes.

La empresa titular de la esta finca, colindante con el Monte de Utilidad Pública y refugio de fauna del mismo nombre, pretende cerrar una superficie de 471 hectáreas que actualmente están abiertas en una zona de altísimo valor ecológico. El proyecto afectaría, entre otros elementos a proteger, al espacio de la Red Natura 2000 de los Montes de Toledo, a áreas críticas de lince ibérico, águila imperial, águila perdicera y buitre negro, a dos montes de utilidad pública colindantes y al refugio de fauna homónimo del Quinto de Don Pedro.

Difícilmente podríamos encontrar en la provincia de Toledo un espacio tan valioso  y reconocido con tantas figuras de protección y conservación.

Por la grave afección a este enclave singular y destacado, Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado ya formalmente el inicio de las labores de desbroce y eliminación de la vegetación natural, consistente en monte mediterráneo de encina y jara. Estos trabajos tienen por objeto la apertura de las calles en las que mediante postes metálicos y alambrera de 2 metros de alto se instalaría un cerramiento cinegético de más de 9 kilómetros de longitud.

La denuncia se justifica a su vez en el hecho de que el cerramiento carece de autorización, todavía en trámite y que debe ser emitida por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.

El perjuicio que para los espacios naturales, las especies protegidas y las propias especies cinegéticas producen los vallados o cerramientos cinegéticos se puede observar claramente en la parte que el titular de la finca tiene vallada desde hace años. En esa zona la vegetación está muy dañada por el exceso de población de cérvidos, el paso de la fauna silvestre está limitada  por la alambrera, que a su vez es un peligro de colisión sobre todo para las aves, y se practica un modelo de gestión cinegética insostenible.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Dirección Provincial y a la Viceconsejería la inspección, denuncia e inmediata paralización de los trabajos. Vistos los daños ambientales y que el titular del coto, lejos de respetar los procedimientos, ha empezado a actuar ilegalmente, cabría instruir expedientes sancionadores por cuatro vías. Incumplimiento de la ley de evaluación ambiental, incumplimiento de la ley de protección del suelo y de las cubiertas vegetales, incumplimiento de la ley de caza e incumplimiento de la ley de conservación de la naturaleza.

Casos como éste ponen de manifiesto el perjuicio que la caza en terrenos vallados y la normativa actual causan en los recursos naturales y que llevan a la necesidad de cambios radicales en la ley y en los procedimientos que regulan instalaciones tan dañinas como los cerramientos cinegéticos.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha tramita la imprescindible reforma de la ley de caza a las Cortes regionales.

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12805935_897843593666639_7134686047442127733_nAnte la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de caza y su definitiva tramitación a las Cortes Regionales con vistas a su definitiva promulgación, la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ve satisfecho uno de sus principales objetivos. Ya es seguro que la ley de caza cambiará sustancialmente gracias al impulso social contra los privilegios a la caza.

La Plataforma reconoce el esfuerzo realizado por el actual Gobierno para atender las demandas de un cambio sustancial en la normativa cinegética y, en particular, el realizado por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien tiene que soportar a diario la sobreactuación del lobby cinegético con sus indefendibles argumentos.

Cambiar la ley de caza de la era Cospedal es una necesidad para Castilla-La Mancha. Es un ejercicio de higiene democrática llamado a restituir buena parte de los derechos de los no cazadores y de los principios de protección animal  y conservación de la naturaleza que la actual ley conculca.

El proyecto de ley que el Gobierno aprueba cambia aspectos fundamentales que permitirán el desarrollo de actividades en el medio natural sin temor a ser sancionadas o interrumpidas en espacios públicos por efecto de la caza, que priorizarán la captura en vivo de animales domésticos asilvestrados, que generarán un mayor control de la caza intensiva y de los cerramientos, que reforzarán la actividad de los agentes medioambientales y que supondrán una mejor aplicación del régimen sancionador.

Por otra parte, todavía se queda corto el proyecto de reforma en cuestiones como la edad para cazar, la limitación de determinados métodos de caza, como la caza nocturna o el empleo de alimentación suplementaria que generan sobrepoblaciones de ungulados, la eliminación de vallados ilegales o la supresión de los cuarteles de caza comercial.

A partir de aquí la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha reitera el llamamiento ya hecho a los partidos con representación parlamentaria para que apoyen la modificación de la ley y, si posible, incluso mejoren el texto que traslade el Gobierno con la aprobación de las oportunas enmiendas. A tal fin iniciará inmediatamente una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios castellano-manchegos.

El Ministerio pretende dejar fuera el trasvase Tajo-Segura del plan de sequía y del Pacto Nacional por el Agua.

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  • Ecologistas en Acción de Toledo denuncia que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha dejado fuera de sus análisis en dos importantes documentos el trasvase Tajo-Segura y el impacto que éste genera tanto en situaciones de sequía como en la sobreexplotación por incremento de las demandas en la cuenca del Tajo.
  • En la reunión del Consejo del Agua del Tajo celebrada ayer en  Madrid, la Confederación expuso las propuestas iniciales del Ministerio en relación con la revisión del Plan Especial en Situación de Alerta y Eventual Sequía que debe aprobarse en el año 2018 y en relación al Pacto Nacional por el Agua.

En el caso del Plan de Sequía y a preguntas del representante de Ecologistas en Acción en nombre de las organizaciones ambientales en el Consejo del Agua, quedó de manifiesto que el Ministerio no tiene la intención de considerar el trasvase Tajo-Segura dentro de los sistemas que provocan un mayor estrés hídrico en la cuenca y que, por tanto, más influyen en la generación de situaciones de sequía y falta de caudales en la cuenca del Tajo.

En este documento y a la hora de evaluar la presión que generan las demandas que sobreexplotan endémicamente los recursos del Tajo, el Ministerio ha omitido de sus cálculos la que produce el trasvase del Tajo-Segura y que la propia Confederación cifra en un promedio de 450 hectómetros cúbicos al año, de los cuales más de tres cuartas partes se destinan a regadío. Esto supone dejar fuera de la evaluación una cuarta parte de las demandas totales de la cuenca, pero más del ochenta por ciento de las de cabecera.  De este modo, el Plan de Sequía quedaría supeditado en cabecera a las disposiciones del trasvase y no a las necesidades de la cuenca del Tajo.

En este escenario no sería extraño que utilizando ardides legales como se ha hecho con el Memorándum del Tajo-Segura o como ocurrió ya en 1995 se puedan reducir aún más los caudales mínimos en Aranjuez.

En cuanto al Pacto Nacional del Agua, las organizaciones ambientales también se han pronunciado en contra, por cuanto su planteamiento está lejos de atacar los problemas de sobrexplotación y mal estado de las masas de agua, de falta de ahorro y de ausencia de aprobación de caudales ambientales.

Tal y como se señala en el primer eje del documento del PANAGUA, lo que se pretende es atender lo que se llaman “déficits estructurales de alguno territorios”  para lo cual “las interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas pueden ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua…”. Sobre este punto de partida queda supeditado el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua y los objetivos medioambientales. Así las cosas, de aprobarse este documento y de tramitarse como pretende el Ministerio, las aspiraciones de reconsideración de las demandas que sobreexplotan el Tajo y, en particular, del trasvase Tajo-Segura serían inviables.

Por ello, los representantes de las organizaciones ambientales en los consejos del agua, entre ellos los presentes en el Tajo, han dirigido un escrito al Ministerio pidiendo la retirada de este PANAGUA y su reconsideración en el marco del cumplimiento de las directivas europeas y de las necesidades de impulsar medidas de reducción de la demanda como la que provoca el trasvase Tajo-Segura. Para Ecologistas en Acción, el PANAGUA lo que debe plantearse no son nuevas infraestructuras sino como se eliminan o reducen los impactos de las que como el trasvase Tajo-Segura dañan nuestros ríos.

El lobby de la caza trata de tapar sus intereses ocultos y su mala gestión

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn lugar de atender y proteger a las especies que dicen defender, como la perdiz roja, recientemente declarada en extinción en Castilla-La Mancha por los científicos del IREC, pretenden mantener el modelo de caza de sueltas y de caza comercial que ha sentenciado  este ave a la desaparición.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera ridícula y desnortada la posición del lobby cinegético castellano-manchego en relación a la reforma de la ley de caza y la nueva ley de protección y bienestar animal.

A falta de argumentos sólidos para demostrar los presuntos agravios que dicen sufrir, intentan con poco éxito atacar a las organizaciones de defensa del medio ambiente y animalistas.

Pero lo cierto, público y notorio, es que la caza y, más concretamente, el lobby que dirige la federación y los latifundistas sigue privilegiado en Castilla-La Mancha de la mano de una normativa vigente redactada por ellos, aprobada por un primer Gobierno servil y consentida y empeorada por un segundo Gobierno temeroso y rehén del pasado.

Lo verdaderamente importante en lo que concierne a la caza, y el sector quiere ocultar, es la enorme problemática que genera. Y, por lo que se está demostrando día tras día, su nula capacidad para gestionar los cotos cinegéticos y para dialogar con quien no piensa como ellos o simplemente tiene otros planteamientos.

Tenemos un cercano ejemplo en la gestión de la sequía. Ni el Gobierno, ni mucho menos el sector de la caza han tomado ninguna medida para paliar sus efectos en las especies cinegéticas. Ni siquiera en aquellas que más dependen del agua, como las acuáticas. Se han aprovechado de los llamados días de fortuna y han masacrado a animales y especies con pocas defensas.

Lo tenemos también en la problemática que genera la caza en los espacios protegidos, como Cabañeros, en las especies amenazadas, en el uso público del monte, en los conflictos con la agricultura y en los riesgos para la ganadería, y así un largo etcétera.

Pero lo más relevante, y que el sector quiere ocultar es su nefasta gestión de las especies que dicen defender. El reciente caso de la perdiz roja, revelado por parte del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), institución científica dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, el CSIC y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es el paradigma de ello.

Científicos del IREC han confirmado en una reciente jornada celebrada en Ciudad Real y de la que se han hecho eco los medios de comunicación que “no han encontrado ninguna perdiz roja pura en Castilla-La Mancha” y que ello es debido a las sueltas que se hacen especialmente en los cuarteles de caza comercial de perdices rojas hibridadas con perdiz chucar y que a su vez se han cruzado con las autóctonas haciéndolas desaparecer.

Es decir, estamos ante la desaparición de una especie cinegética motivada por la mala gestión cinegética de quienes dicen proteger la caza y garantizar el equilibrio natural.

Frente a semejante situación, el sector, en lugar de movilizarse en favor de la especie y ver cómo resolver el problema, no sólo no rectifica nada sino que dirige sus acciones contra los cambios normativos y contra quienes los defienden.

Curiosamente esos cambios normativos, que por desgracia la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Gobierno no están dispuestos a asumir, precisamente pretenden hacer frente a problemas como el de la perdiz roja.

Ecologistas en Acción desde luego no se va a dejar amedrentar por las bravatas de un lobby desquiciado y dañino para la convivencia en el medio rural. Avisamos a quien nos quiera oír que lo que pretenden poco tiene que ver con el bienestar del mundo rural y mucho menos con la protección del medio ambiente y de la propia caza que dicen defender.

Todo es una simple y ridícula puesta en escena que ya han repetido en otras ocasiones cuando ven peligrar los pingües ingresos que obtienen comerciando con la caza y, sobre todo, cuando ven acercarse elecciones autonómicas. Resulta muy llamativo que de sus acciones se beneficien los grandes latifundistas de la caza, los que se llenan los bolsillos trayendo turistas a masacrar animales de granja y que se dé munición a un partido concreto que nunca se ha preocupado por afrontar estas cuestiones considerando todos los puntos de vista.

Ecologistas en Acción, a la vista de los resultados de los trabajos del IREC sobre la perdiz roja está estudiando las acciones a acometer para su protección. De entrada ya se ha pedido a la Consejería una reunión urgente del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo Regional de Caza para conocer de primera mano las investigaciones del IREC y sus eventuales propuestas.

Indignación por la autorización de más trampas y lazos para cazar animales domésticos y predadores en Castilla La Mancha

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Trampa-Belisle-SelectifLas entidades que conforman la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha muestran su indignación y rechazo absoluto por la decisión de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que cede al chantaje del lobby cinegético para homologar tres peligrosos modelos de trampas y lazos destinados al control de predadores, perros y gatos, pero que afectan también a especies protegidas.

Mediante orden publicada en el diario oficial de Castilla-La Mancha el 21 de noviembre pasado, el consejero Martínez Arroyo suscribe con su firma que los cotos de caza puedan utilizar a partir de ahora tres nuevos tipos de trampas y lazos que se añaden a otros cinco ya autorizables.

Entre los dispositivos autorizados por la Consejería se encuentran tanto lazos como trampas en los que además de las especies objetivo son atrapadas otras especies, incluso amenazadas, como el lince, el lobo, águilas, búhos y otras.

Así lo recoge la nueva orden de homologación de la trampa Belisle Selectif, jaula de captura Larssen o de buzón y trampa de nasa lateral, al indicar que no se debieran usar en espacios naturales o con presencia de lince o lobo. Sin embargo, se obvia que los animales no entienden de fronteras y que lazos o trampas, como por ejemplo, el belisle se han mostrado muy dañinos para los cánidos, entre ellos el lobo. O que las jaulas trampa para urraca atraen a muchos predadores protegidos.

Ya el año antepasado tuvo que ser liberado un lince que cayó en un lazo autorizado por la Consejería y al que sólo la disponibilidad de collar emisor le libró de un futuro cuando menos incierto.

Pero por desgracia la mayor parte de los animales no disponen de collares transmisores que les protejan, y ello implica que a pesar de que las trampas y lazos se supone que capturan a los animales vivos, es el trampero al servicio del correspondiente coto de caza el que tiene en su mano la decisión de qué hacer con él. A nadie se le escapa lo que en muchas ocasiones hará el trampero dada la enfermiza animadversión que hay en determinados grupos de cazadores a los predadores y a los perros y gatos abandonados. En caso de atrapar zorros, perros, gatos o urracas, la Consejería autoriza matar al animal en el momento con un disparo en la cabeza sea con armas tanto de fuego como de bala cautiva.

Las entidades que conforman la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha no alcanzan a entender que la Consejería, con su Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales como promotora de la orden, haya cedido a la presión y al chantaje del lobby cinegético. Y, sobre todo, que para justificarse se haya amparado en pruebas de homologación sin base científica, mal diseñadas y, lo que es peor, realizadas bajo la supervisión de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha.

Actuaciones como ésta ponen en entredicho la ecuanimidad y el rigor de las decisiones de la Consejería y, lo que es peor, la verdadera voluntad del Consejero de sacar adelante la reforma de la ley de caza y una nueva ley de bienestar animal como la lógica y la ciudadanía demandan.

La Plataforma anuncia que a través de las entidades que la conforman interpondrán en los tribunales los recursos precisos para conseguir la anulación de la orden. Asimismo la Plataforma estará muy atenta ante la posibilidad, al parecer no descartada todavía, de que la Consejería homologue también una caja trampa específica para gatos domésticos y que dañaría muy gravemente a las poblaciones de gato montés y de lince, entre otras especies.

Pedimos restricciones temporales del tráfico en todas las zonas urbanas de Castilla-La Mancha. Guadalajara, Talavera de la Reina y Puertollano entre las ciudades más afectadas por la contaminación.

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Con el anticiclón que lleva una semana instalado sobre la Península Ibérica, el intenso tráfico motorizado que soportan las principales áreas metropolitanas españolas ha provocado que se disparen los niveles de dióxido de nitrógeno y partículas en el aire urbano, sin que la mayor parte de las autoridades estén adoptando medidas para proteger la salud de la población.

Así, en distintas ciudades españolas, como Guadalajara, se ha superado al igual que en Madrid el valor límite horario de dióxido de nitrógeno, establecido por la normativa en 200 microgramos por metro cúbico.

Más preocupante es la situación de las partículas inferiores a 10 micras de diámetro (PM10), contaminante más peligroso cuyo valor límite diario, establecido en 50 microgramos por metro cúbico, se ha superado hasta ayer de forma recurrente en Puertollano y Talavera de la Reina, entre otras.

Este episodio de elevada contaminación se está produciendo, a diferencia de otras ocasiones, en ausencia de intrusión de polvo procedente del norte de África, por lo que los altos niveles de partículas registrados en las grandes ciudades tienen su origen en fuentes urbanas propias. A pesar de ello no se están produciendo en Castilla-La Mancha ni los adecuados avisos a la población ni la adopción de medidas de prevención.

De hecho, todavía en 2017 la mayor parte de las áreas metropolitanas españolas, entre ellas las castellano-manchegas carecen de protocolos de protección de la salud frente a la contaminación.

Por ello, y ante la persistencia del anticiclón en el inicio de la semana, Ecologistas en Acción pide que se extiendan a todas las áreas urbanas afectadas las medidas de reducción del tráfico motorizado adoptadas ya por los ayuntamientos de Madrid y Valladolid, advirtiendo a los sectores más sensibles a la contaminación atmosférica, como son la infancia, la tercera edad, las mujeres gestantes o las personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, de que se protejan evitando la exposición al aire libre a la caída de la tarde, cuando la contaminación es más alta.

Asimismo, insta a los ayuntamientos de las ciudades grandes y medias y a las comunidades autónomas con áreas metropolitanas en su territorio a que redacten planes de acción a corto plazo que permitan adoptar las medidas de lucha contra la contaminación necesarias frente a episodios de mala calidad del aire como el que venimos sufriendo en los últimos días.

La contaminación atmosférica es responsable de hasta 30.000 fallecimientos prematuros anuales en España, 23.000 por inhalación de partículas y 7.000 causados por el dióxido de nitrógeno, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata, por ello, de un importante problema ambiental y sanitario, agravado por el cambio climático global, que está reduciendo las precipitaciones e incrementa las situaciones meteorológicas estables favorables a la acumulación de la contaminación atmosférica.

Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

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  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.