Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

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  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.

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Pedimos a la Junta de Castilla-La Mancha la suspensión de la caza por el impacto de la sequía

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P1120329Las administraciones autonómicas, entre ellas la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, tendrían que haberse anticipado al impacto que están teniendo sobre la fauna tanto las altas temperaturas como la situación actual de sequía y retrasar el inicio de la temporada de caza.

Ante la falta de esa medida y la ausencia de autocontrol por parte del sector cinegético, Ecologistas en Acción pide a la Consejería, a través de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, que suspenda la temporada de caza y reúna de emergencia al Consejo Regional de Caza.

La sequía está afectando muy gravemente al campo castellano-manchego. Una de las consecuencias que por desgracia está pasando muy desapercibida es la afección a las especies silvestres. Éstas, ante la falta de agua y de alimento, están sufriendo una baja productividad en sus poblaciones y un debilitamiento de los individuos, que los hacen más vulnerables a las enfermedades y a la persecución humana.

Tanto las especies protegidas como especialmente las cinegéticas, están en muy mal estado y, a pesar de ello, la temporada de caza no sólo se ha mantenido como siempre, sino que la caza se ha intensificado en algunas zonas.

En estas condiciones ventajosas y con notable impacto sobre las especies cinegéticas se está desarrollando una nueva temporada de caza. Y aunque algunas federaciones de caza, entre ellas la de Castilla-La Mancha, han realizado tibias recomendaciones para moderar la presión cinegética, éstas han caído en saco roto y los campos se están llenando semana tras semana de cuadrillas, monterías y ganchos que no dan tregua a la fauna cinegética.

Especialmente grave es la situación en los cotos intensivos, cuarteles de caza comercial y escenarios de caza, donde con la excusa de que se sueltan animales de granja se permite cazar con más intensidad, durante más tiempo y sin distinción de si se dispara a animales salvajes o de criadero.

En Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Madrid o Castilla y León la situación es especialmente grave, pues la sequía y las altas temperaturas de estos días están siendo extremas para la época del año y tienen en jaque a las poblaciones de especies cinegéticas.

Las Consejerías y Direcciones Generales responsables de la gestión de la caza iniciaron la temporada de caza sin prever esta situación o, al menos, sin tomar medidas para controlarla, lo que es sin duda una irresponsabilidad. La legislación de caza y de conservación de la naturaleza les obliga a actuar en situaciones meteorológicas excepcionales, decretando la suspensión de la caza si fuera necesario, y evitando los llamados días de fortuna, como son los de sequía prolongada. Esta situación pone de manifiesto, una vez más, la incapacidad del sector cinegético para autogestionarse y la de las Comunidades Autónomas para cumplir sus cometidos más básicos.

Ante estas circunstancias, Ecologistas en Acción reclama a las Comunidades Autónomas que suspendan de forma temporal la temporada de caza, incluso aunque empezara a llover próximamente, ya que el daño a las poblaciones cinegéticas ya es inevitable. Es necesario que se recuperen.

En el caso de Castilla-La Mancha, la federación regional de Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para pedir que tome cartas en el asunto. Que se suspenda la temporada de caza y que reúna de urgencia al Consejo Regional de Caza.

Ecologistas en Acción también reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que, en lugar de empeñarse en una permanente campaña en favor de la caza, abandone la elaboración de la Estrategia Nacional de Caza, cuya evidente finalidad es la promoción de la caza intensiva y comercial.

Declaración de Impacto negativa a las Tierras Raras en el Campo de Montiel: justa y fundamentada decisión del Gobierno Regional que alegra a todos.

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300417-marcha-senderista-contra-tierras-raras-torrenueva1-949x712Ecologistas en Acción valora muy satisfactoriamente la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha que, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha emitido una declaración negativa de inviabilidad ambiental del proyecto de minería de tierras raras que amenazaba la comarca del Campo de Montiel.

A falta de conocer los detalles de la declaración de impacto ambiental y de que se sustancie el rechazo del proyecto que debe oficializar la Dirección General de  Industria, Energía y Minas, Ecologistas en Acción se congratula por el hecho de que la movilización social y ecologista de la comarca, amparada en sólidos argumentos ambientales y socioeconómicos, haya llevado a tumbar el macro proyecto de tierras raras.

Las contundentes alegaciones presentadas contra el proyecto y los documentados informes de los servicios técnicos de la Consejería de medio ambiente no dejaban lugar a las dudas de que el proyecto era inviable y dañino y que, por tanto, no debe llevarse a cabo.

Ecologistas en Acción traslada su enhorabuena y agradecimiento a todas las personas, colectivos y plataformas que de una u otra manera se han movilizado en contra del proyecto.

Animalistas y ecologistas apoyan pero piden importantes mejoras en la Ley de bienestar, protección y defensa animal de Castilla-La Mancha.

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PerrosHacinados (600 x 333)Diversas entidades representativas del movimiento animalista y ecologista han decidido aunar criterios y acciones ante la tramitación por parte del Gobierno regional de la nueva ley de bienestar, protección y defensa animal de Castilla-La Mancha.

Dichas entidades valoran como muy positiva y necesaria la aprobación de una nueva ley, ya que la vigente, fechada en 1990, ha quedado desfasada ante la creciente concienciación social contra el maltrato a los animales y por el reconocimiento de unos derechos que los protejan.

Estos colectivos  han presentado alegaciones en el periodo de información pública que estuvo abierto hasta el 18 de septiembre pasado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en las que, si bien se hizo una formulación individualizada de las mismas, se encuentran unos elementos comunes que ahora se quiere resaltar.

Así, aunque se abordan aspectos tan significativos como el objetivo del sacrificio cero, la prohibición de disparar a los animales o los circos sin animales salvajes, se ponen de manifiesto unas notables carencias que hacen que la ley quede lejos de abordar la especial problemática que en relación al maltrato animal y a la gestión de los animales domésticos existe en Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha arrastra un problemática muy preocupante en relación a la protección animal y es hora de que se pongan límites a las actuaciones de abuso que se producen en espectáculos, fiestas, ferias, actividades o instalaciones con todo tipo de especies animales. Es hora también de que se combata el fomento irresponsable de la tenencia y exhibición de animales y de que se regulen las situaciones de maltrato que se dan entorno a la actividad de la caza. Hace falta además que se garantice con los medios humanos, de vigilancia y materiales oportunos el cuidado de los animales abandonados o perdidos.

En definitiva es hora de una Ley de Bienestar, Protección y Defensa  Animal valiente y completa que dé soluciones y regule la demanda ciudadana de protección para los animales. Que aborde sin miedos las sanciones por maltrato  y  que ponga coto a ciertas actividades como las ligadas a la caza o el empleo de animales en fiestas populares.

Para lograrlo las principales propuestas cuya inclusión en la ley piden las entidades animalistas y ecologistas son las siguientes:

  • Que se armonice y mejore la definición de animal objeto de protección bajo esta ley y que debe abarcar a todo tipo de animal que esté bajo la tutela o en mano de personas o entidades independientemente de la especie a la que pertenezca.
  • Que no se permita la utilización de animales como objeto de lucro o de divertimento banal, sean de especies salvajes o domésticas, no sólo en los circos sino también en cualquier tipo de espectáculo, fiesta, exhibición o feria. Resulta evidente que si se consideran inapropiados los circos con animales, también lo deben ser cualquier otro tipo o lugar donde los animales son tratados de forma análoga o incluso de peor manera.
  • Que se eliminen de la ley de caza, ya que de momento la reforma de ésta no lo contempla,  las referencias a los animales asilvestrados y la posibilidad de cazarlos y que se prohíban por salvajes y masivas las tiradas a animales de granja.
  • Que se tienda a que todos los animales dispongan de algún tipo de identificación reglamentaria  y estén debidamente inscritos en un registro al objeto de controlar la tenencia, asegurar un  trato responsable y poner fin al comercio ilegal y a los abandonos.
  • Que se garanticen los medios necesarios de vigilancia contra el maltrato y para atender debidamente las situaciones de abandono, incluyendo entre ellos la incorporación de los agentes medioambientales entre los servicios de las administraciones dispuestos para el cumplimiento de la ley.
  • Que se fomenten los servicios mancomunados de atención a animales de compañía en los Ayuntamientos donde por sí solos no puedan asumir la competencia,
  • Que se faciliten y se doten de medios suficientes los convenios con protectoras y albergues, y que los Ayuntamientos, las Diputaciones y la Consejería contemplen partidas presupuestarias adecuadas para asumir las funciones que les impone la ley.
  • Que se amplíe la representación de las entidades de defensa animal y protectoras en el Consejo Asesor Regional.

Las entidades animalistas y ambientales trasladarán mañana martes día 24 de octubre estos puntos de vista al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente que se ha convocado en Toledo.

Estos colectivos han manifestado que esperan  que las alegaciones presentadas serán debidamente atendidas y que esperan que la Consejería hará oídos sordos de las quejas demagógicas e infundadas que determinados colectivos han expresado en contra de la ley.

LISTADO DE ORGANIZACIONES FIRMANTES

Apadat, Arca de Noé de Albacete, Ardeidas, Área de Protección Animal de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, Equo Castilla-La Mancha, Esparvel, Federación Española para el Bienestar Animal – FEBA, Fundación Alma Animal, Ong-ADDA, Plataforma NAC, Sociedad Albacetense de Ornitología.

El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

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Nueva imagen (18) (600 x 423)Toda la población de Castilla-La Mancha ha respirado aire contaminado por ozono, en ausencia de los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en las zonas más afectadas

Los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017. El Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio castellano-manchego han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, 14 de ellas situadas en Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2017 sus niveles se han mantenido en general estacionarios, similares a los de 2016 aunque por debajo de los de 2015. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas, las zonas industriales del Norte y de Puertollano y la Comunidad de Madrid se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a la totalidad de la población y del territorio de Castilla-La Mancha.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 210.000 personas, la décima parte del total, en la zona del Corredor del Henares.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival. Su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en Castilla-La Mancha durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se esfuerce por mejorar la información de la calidad del aire en su Comunidad.

– La Comarca de Puertollano ha sufrido una treintena de superaciones del umbral de información a la población y las cuatro primeras superaciones del umbral de alerta en el Estado español desde 2012, frente a las que la Junta de Castilla-La Mancha se ha limitado a difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla-La Mancha lleva una década omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 2 millones de castellano-manchegos.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono en Castilla-La Mancha son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas.

– Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.