Consumo

DENUNCIADA POR ILEGAL LA VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL PUY DU FOU EN TOLEDO

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La venta de entradas debiera suspenderse y se debiera devolver el dinero recaudado hasta ahora

Continúan acumulándose las irregularidades en las que incurre el proyecto de parque temático Puy du Fou en Toledo. Ahora llega el turno de la venta anticipada de entradas.

Miembros del Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou han venido comprobando que desde que el 19 de febrero se inició la venta anticipada que ha puesto en marcha la empresa promotora para el espectáculo nocturno que prevé su inauguración en agosto de 2019, ésta no contiene un elemento esencial para ser llevada a cabo conforme a la normativa: las condiciones generales de venta.

Estas condiciones, a las que todo el que compre entradas debe tener acceso en cumplimiento de la normativa de protección del consumidor, máxime cuando se trata de un proyecto en ejecución y que sobre el que pende la acción de los tribunales de justicia, no están incorporadas a la web habilitada por Puy du Fou España. Si se intenta descargarlas, la web da un error por ausencia del documento: “¡Ups! La página que buscas no se puede encontrar”

Ante la duda de que esta situación pudiera ser debidamente tramitada por el órgano responsable, la Dirección General de Salud Pública y Consumo de Castilla-a Mancha, un miembro del Movimiento trasladó la consulta a la organización de consumidores FACUA, que tras comprobar los hechos ha remitido con fecha 9 de mayo de 2019 una denuncia contra Puy du Fou España por incumplimiento flagrante de la Ley para la defensa de los Consumidores y Usuarios en la venta anticipada de entradas.

Una vez más, Puy du Fou hace mal las cosas, y una vez más, tiene que ser el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou quien denuncie. En esta situación procede que de forma inmediata se suspenda la venta anticipada de entradas y que la empresa ofrezca, a quienes las hayan reservado ya, la devolución íntegra de lo pagado.

Cabe preguntarse de nuevo donde está el Gobierno de Castilla-La Mancha, presunto valedor de la integridad legal del proyecto. La respuesta es sencilla, mirando al mismo sitio que cuando se denunció el uso ilegal de agua para la obra.

Reclamamos de Puy du Fou y del Gobierno una rectificación y una solución inmediata. No cabe esperar otra cosa, al menos para que quienes de buena fe hayan comprado entradas no se vean desprotegidos.

El proyecto sigue sin reunir garantías de legalidad, tampoco en algo tan elemental como la venta de entradas y la protección de los derechos de los consumidores. La ciudadanía sigue desprotegida ante un Gobierno y una empresa que no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades, por mucho que el marketing político y empresarial traten de ocultarlo.

Nos preguntamos si de nuevo Puy du Fou esquivará las sanciones que en justicia le corresponden, como parece que va a ocurrir con el uso ilegal de agua del Tajo.

Se adjunta captura de pantalla de la web de venta de entradas de Puy du Fou España del 11 de mayo de 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA EL PLAN HIDROLOGICO DEL TAJO POR NO FIJAR CAUDALES ECOLÓGICOS EN ARANJUEZ, TOLEDO Y TALAVERA DE LA REINA

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1513534668_4w2a7379En una sentencia histórica, que supone un triunfo sin precedentes para las plataformas y colectivos ciudadanos que llevan años luchando por mejorar el estado del Tajo y sus ríos, el Tribunal Supremo exige el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos real y científicamente validado en el eje central del río Tajo y en todos los demás ríos de la cuenca, condicionando así la explotación del trasvase Tajo-Segura a las verdaderas necesidades de la cuenca del Tajo

Ecologistas en Acción Toledo nos sentimos orgullosos de estar formando parte de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. Hay que agradecer especialmente a esta entidad y a las personas que la lideran el intenso trabajo realizado y que no hayan desfallecido. Y al equipo jurídico por sacar adelante una sentencia que marcará un antes y un después para la cuenca del Tajo y el trasvase. Un nuevo triunfo de la sociedad civil que pone en evidencia a las instituciones y a los partidos que debieran velar por la legalidad y por la adecuada gestión del agua y la protección de nuestros ríos.

El Tribunal Supremo ha notificado esta importante sentencia, emitida el 11 de marzo de 2019, que resuelve el recurso contra el vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo aprobado por el Real Decreto 1/2016. El recurso fue interpuesto en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.

El Alto Tribunal declara la nulidad de varios artículos de la normativa del Plan, en concreto el art. 9 en sus apartados 1, 3, 5, 6, y 7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3, así como el art. 10.2 en lo relativo al inciso que afirma que los de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo «no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan». La sentencia entiende que estos artículos suponen el incumplimiento de la obligación que tiene la Administración del Estado de establecer en el Plan hidrológico del Tajo un régimen de caudales ecológicos completo (con caudales máximos, mínimos y tasas de cambio) para todos los ríos de la cuenca, con carácter vinculante y para el horizonte temporal del Plan (2015-2021).

Sostiene el Tribunal que «no le falta razón a la parte recurrente en su planteamiento, pues, en efecto, de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos que deben establecerse, (…) para las 309 masas tipo río de la cuenca del Tajo, el Plan Hidrológico del Tajo de 2016 ha reducido su fijación solo a los caudales mínimos ecológicos, y estos solo para 16 masas, un 5% de las masas tipo río, que denomina “estratégicas”». 

De igual manera se critica en la sentencia el que no se hayan fijado caudales ecológicos expresamente en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, sino solamente unos caudales “legales” (6 m3/s en Aranjuez y 10 m3/s en Toledo y Talavera de la Reina), contraviniendo así los caudales mínimos ecológicos fijados en el Documento de Esquema de Temas Importantes aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2010 (10,37 m3/s en Almoguera, 10,86 m3/s en Aranjuez, 14,10 m3/s en Toledo y 15,92 m3/s en Talavera de la Reina). Dicho caudal ecológico debe establecerse, según el Tribunal, para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera. 

La Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, deberá ahora establecer estos regímenes de caudales ecológicos en el Tajo y resto de ríos de la cuenca, conforme a la legislación vigente que ha incumplido.

De igual manera, la sentencia insiste en que los embalses de la cabecera del Tajo —Entrepeñas, Buendía y Bolarque— deben garantizar de manera prioritaria tanto las demandas de la cuenca del Tajo como sus necesidades ambientales, incluyendo el régimen de caudales ecológicos. Estas demandas se anteponen a las del trasvase Tajo-Segura, por lo que, una vez fijados según esta sentencia los caudales ecológicos con todos sus componentes, el régimen de explotación del trasvase tendrá que adaptarse, limitándose los volúmenes a derivar y su garantía de disposición. Al reconocer que los embalses reguladores de Cabecera tienen la función de garantizar las demandas ambientales y consuntivas de la propia cuenca del Tajo, será también necesario aumentar los umbrales de reservas no trasvasables en los embalses de cabecera por encima de los insuficientes 400 hm3 establecidos en la legislación del Memorándum del Tajo.

Aunque la sentencia no estima otros puntos de la demanda, la argumentación que traslada ofrece una visión muy optimista de cara al futuro, garantizando la prioridad de las necesidades reales del propio Tajo, los usos del río y del mantenimiento de reservas adecuadas para los usos recreativos en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Desde las plataformas y asociaciones ciudadanas que interpusieron la demanda valoramos muy positivamente esta sentencia, y la consideramos un hito en la conservación y recuperación ambiental del Tajo y sus ríos, pues la fijación de un régimen de caudales ecológicos completo y adecuado, constituye el factor clave para que el Tajo vuelva a fluir. Queda aún mucho por hacer, pero el Tribunal Supremo obliga a revisar en profundidad el vigente Plan de cuenca del Tajo y ha empezado a deshacer el nudo gordiano con el que durante cuarenta años se ha amordazado a nuestro río.

Pueblos de toda Castilla-La Mancha se manifiestan el domingo en Toledo para exigir una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas

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Cartel10Marzo2019– El 10 de marzo a las 12.00 horas más de 20 plataformas vecinales agrupadas en la plataforma regional CLM Stop Macrogranjas se concentrarán en la Plaza Zocodover de Toledo para hacer un recorrido a pie por el centro de la ciudad exigiendo una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas.

-Ahora que tanto se habla de despoblación rural, los vecinos de los pueblos de CLM reclaman que se limiten las actividades de ganadería industrial tan perjudiciales para los municipios, ya que aumentan el éxodo a las ciudades, ahuyentan otras alternativas de negocio y hacen que la vida en los pueblos sea inviable, impidiendo que se desarrollen y lleguen nuevos habitantes.

Los pueblos de Castilla-La Mancha no cesan en sus reivindicaciones por mantener sus pueblos libres de la amenaza de la ganadería industrial intensiva, por eso el domingo 10 de marzo a las 12.00 de la mañana se concentrarán en la plaza Zocodover de la capital toledana, desde allí marcharán pasando por las calles Comercio, Hombre de Palo, Nuncio Viejo, Cardenal Lorenzana, Plaza San Vicente, calle La Plata, Toledo de Ohio, y vuelta por la Calle Comercio para regresar a la Plaza Zocodover donde se leerá un manifiesto.

Desde CLM Stop Macrogranjas, solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente una rigurosidad absoluta en los procesos de evaluación ambiental de las solicitudes de instalación de ganadería industrial. En palabras de Daniel González, portavoz de la Plataforma, “tenemos una legislación ambiental ya de por sí muy laxa, por ello muchos proyectos vienen a nuestro territorio, pero es que además, a ello se une una mala aplicación por parte de la administración regional, como podemos constatar en las distintas sentencias que hemos conocido recientemente, que nos dan la razón en cuanto a que muchos proyectos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa y el órgano ambiental les ha dado el visto bueno, como los casos de Huerta de la Obispalía y Cañete. A esto se añade la falta de transparencia que ha constatado el Tribunal Superior de Justicia, el cual ha reclamado a la Junta de Comunidades en distintas ocasiones que entregue la documentación solicitada de los expedientes administrativos cuyo plazo de entrega finalizó sin que las solicitudes de información fueran atendidas”.

Dada la actual proliferación masiva e incontrolada de solicitudes, lo más acertado y lo que reclama la Plataforma CLM Stop Macrogranjas es hacer unaplanificación estratégica del sector, tal y como se ha hecho con la ganadería extensiva, examinando y definiendo previamente hasta dónde se puede llegar con la ganadería industrial, para poder controlar la multitud de efectos adversos que tiene en cuanto a la salud, la contaminación del aire, el suelo y el agua, un bien cada vez más escaso. Mientras, atendiendo al principio de precaución, se debería aprobar una MORATORIA: una suspensión de autorizaciones ambientales, como ya han hecho muchos ayuntamientos en materia urbanística, hasta que se tengan los datos definitivos y una planificación ordenada del territorio, competencia obviamente del gobierno regional.

Lamentamos las facilidades que encuentra este modelo de explotación ganadera industrializado por parte de la Consejería a sabiendas de las afecciones que provoca tanto en el medio ambiente como en la salud pública, sobre todo después de la experiencia sucedida en otros pueblos, la cual demuestra la pérdida de población y la precariedad laboral en el sector. Por otro lado, hacemos hincapié en que no sirve de nada bajar el número de animales por explotación, ya que de esta manera se facilita aún antes la autorización ambiental sin necesidad de DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para más tarde solicitar ampliaciones, tal y como viene ocurriendo en diferentes municipios, con lo cual el resultado final es el mismo: más animales, más consumo de agua, más contaminación y más perjuicios para el mundo rural.

CLM Stop Macrogranjas está compuesta por: Plataforma Cívica de Gamonal (Toledo), Plataforma Stop Macrogranjas Lucillos (Toledo) Stop macrogranjas Pueblos Vivos de Cuenca (movimientos vecinales de Priego, Cañete, Fuentes, Villanueva de la Jara, Pozorrubielos de la Mancha, Carboneras de Guadazaón, Torrejoncilló del Rey, Campillo de Altobuey, Reillo, Tarancón, Belinchón, Almendros, Tinajas, Mota del Cuervo y Ecologistas en Acción Cuenca, Serranía Limpia y Viva), Plataforma No a la macrogranja en Pozuelo y Argamasón (Albacete), Plataforma Salvemos Meca y sus comarcas (Albacete), Plataforma Stop Ganadería Intensiva Porcina de Villamalea (Albacete) Ecologistas en Acción Albacete, Plataforma Stop Macrogranjas Comarca de Molina de Aragón (Guadalajara), Ecologistas en Acción Guadalajara, Asociación Plataforma Retamoso Sostenible (Toledo), Plataforma Ciudadana Salvemos el Arabí y Comarca (Yecla, Murcia), Plataforma Cívica Guadamur No a las Balsas de Purines (Toledo), Ardeidas (Talavera), Ecologistas en Acción Talavera de la Reina.

 

Las organizaciones ambientales reclaman rehacer el Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha para cumplir con Europa

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España muestran su interés por mejorar la política de aguas autonómica en el marco de la normativa europea, si bien, consideran contradictorio el contenido del documento e inadecuado en su planteamiento. Para dar solución a los problemas, las propuestas únicamente se dirigen hacia otras administraciones y regiones. 
  • Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo incluir compromisos en relación con las numerosas competencias del ejecutivo autonómico en sectores relacionados con la gestión y planificación hidrológica, por lo que resulta poco ambiciosa para alcanzar los compromisos europeos.
  • Tras analizar la propuesta, las ONG apuntan que es urgente un giro radical en la política autonómica de aguas, por lo que proponen rehacer por completo el documento y el proceso de consenso, para orientarlo hacía una visión sostenible del agua y respetuosa con los ecosistemas acuáticos.

Ante la propuesta de posición común en materia de agua, conocido como Pacto Regional del Agua[1], las entidades de defensa del medio ambiente de implantación estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han trasladado al Ejecutivo regional la urgencia por mejorar la implantación y reforzar el contenido de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Estado español. Máxime si llega desde una comunidad autónoma, cuyas competencias juegan un papel clave a la hora de alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica acorde con los principios de dicha directiva europea.

Así, tras analizar el documento y consensuar una posición común, las entidades ambientales manifiestan que la propuesta presenta notables contradicciones con la normativa europea en materia de aguas y planteamientos que conllevarían nuevas expectativas que dificultarían aún más la consecución de los objetivos medioambientalesLamentan igualmente que no se reconozcan estos objetivos como solución a la garantía en cantidad y calidad de los usos actuales y futuros del agua en un escenario de cambio climático.

Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo que Castilla-La Mancha cuenta con las competencias de proyectos, obras y aprovechamientos hidráulicos de interés para la comunidad autónoma en agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente, minería, pesca fluvial, deporte, ocio y turismo, entre otros sectores relacionados con el agua. Por ello, apuntan que el diagnóstico es incompleto y carente de compromisos internos, lo que impide avanzar hacia una política de aguas territorial realista, moderna, sostenible y acorde a los principios de la DMA.

De esta manera, las entidades entienden que la posición presentada por Castilla-La Mancha supone perder la oportunidad de dejar atrás la visión obsoleta que se centra en la mera oferta del recurso hídrico en lugar de en su protección. La propuesta resulta especialmente inconcreta respecto a las cuestiones medioambientales, el diagnóstico de partida, la identificación de las necesidades, las medidas específicas y el seguimiento que evalúe el cumplimiento y la efectividad de las mismas.

Ante esta situación, y entre otras peticiones, las entidades reclaman:

  • Compromiso por cumplir escrupulosamente con la DMA y por modificar todos aquellos programas, planes y proyectos de competencias autonómicas y municipales que dificulten el cumplimiento de los objetivos medioambientales de cara al horizonte de planificación de 2027. Asumir que esta nueva visión del agua es considerar este elemento no solo como recurso, sino como componente de los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, que su adecuada gestión depende sobremanera de la política territorial, por lo que necesariamente deben racionalizarse los usos y replantearse la jerarquía de las prioridades para adaptarse a los principios de la normativa europea y contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación.
  • Resumir la situación de partida, exponiendotodos los aspectos negativos y positivos desde los diferentes ámbitos: ambiental, social técnico o jurídico. Proponer compromisos concretos, medibles y definitivos. Para ello, es necesario elaborar un documento de diagnóstico previo que analice verdadera y objetivamente los problemas y retos a los que se enfrenta la planificación hidrológica en Castilla-La Mancha, ante un escenario de cambio climático.
  • Proporcionar la información y las herramientas para que todos los interesados(administraciones autonómicas y locales, entidades supramunicipales, sectores y ciudadanos interesados, empresas, técnicos, entidades sociales y ambientales, etc.) entiendan mejor las obligaciones y oportunidades que corresponden a cada uno y puedan contribuir todos ellos con propuestas realmente valiosas a la construcción de una posición de la sociedad castellano-manchega.

Entendiendo que el documento de posición no reconoce en absoluto la necesidad de realizar una reforma completa en las políticas autonómicas en relación con el agua, las cinco organizaciones ambientales determinan que el pacto debería rehacerse y reorientarse hacía la calidad de los ecosistemas y la sostenibilidad del agua, y solicitan el compromiso de la atención a sus peticiones si la intención es alinearse a los objetivos de la normativa europea.

AUMENTA EL KAFKIANO ENREDO URBANÍSTICO Y MEDIOAMBIENTAL EN TORNO AL PUY DU FOU

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OrdenEval (600 x 455)Nota de prensa, Toledo a 28 de junio de 2018
Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica con fecha 28 de junio de 2018 el informe ambiental estratégico de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la modificación puntual de la normativa urbanística para la implantación del parque temático Puy du Fou.

Conviene aclarar que este informe se refiere al procedimiento de evaluación estratégica ambiental al que estaba siendo sometida la citada modificación, y no a la tramitación del Proyecto de Singular Interés ni a la evaluación de impacto ambiental del proyecto en sí.

Como señala el informe, su ámbito de evaluación es la modificación de la clasificación y usos del suelo del territorio al que afecta el Puy du Fou, y no el de detalle del proyecto, acciones y construcciones.

Dado el contenido del informe, su comprensión puede resultar compleja para quienes no estén al tanto de la legislación y de las vicisitudes y enredos en los que el Puy du Fou está inmerso.

En lo que a las cuestiones esenciales que son el núcleo del objeto del informe lo que se viene a determinar es que tras la anulación efectiva del Plan de Ordenación Municipal de 2007 se hace preciso elaborar un nuevo documento de modificación urbanística en el ámbito del Puy du Fou y que ese documento se debe someter a una evaluación ambiental estratégica en este caso por procedimiento ordinario y no simplificado como se estaba haciendo con la anterior.

Con base en los artículos 18 y 31 de la ley estatal de evaluación ambiental ello implica que Puy du Fou s.l. ha de elaborar un estudio ambiental estratégico que junto con la versión inicial de la modificación urbanística se someterán a información pública por 45 días hábiles. Tras el análisis técnico del expediente, se emitirá la correspondiente declaración ambiental estratégica de medio ambiente que facultará o no a la aprobación por el órgano urbanístico la posterior aprobación de la modificación. Para este trámite la administración ambiental dispone de un plazo máximo de 15 meses desde la elaboración del documento de alcance, que se firmó el 18 de junio pasado.

La Viceconsejería, siguiendo un criterio cuestionable que será objeto de análisis jurídico por el Movimiento QSVPF, abre la vía para que la empresa se ahorre presentar a consultas previas de administraciones y personas interesadas durante 45 días hábiles adicionales un borrador de la modificación urbanística que se plantea acompañado de un documento ambiental estratégico nuevo.

El motivo que argumenta medio ambiente para anular lo realizado hasta ahora en relación a la evaluación ambiental estratégica e iniciar un nuevo procedimiento ordinario es que debe modificarse el POM de 1986 actualmente en vigor en Toledo, para que se recoja en él la condición de suelo rústico no urbanizable de especial protección que para la zona de afección del Puy du Fou estableció el POM de 2007 y que, como señaló Ecologistas en Acción en sus alegaciones y recogió posteriormente el Ayuntamiento en su informe, no se puede revertir.

Extraña y kafkiana paradoja del destino, la que lleva a que para que pueda seguir adelante la tramitación del Puy du Fou primero deba consolidarse la protección urbanística de los terrenos.

A la par, la nueva modificación urbanística pretendería que en ese suelo protegido se permitan usos terciarios de carácter “comercial, hotelero, hostelero y oficinas”, lo cual también debe ser evaluado ambientalmente. Esta pretensión, como se ha señalado repetidamente por los alegantes al Puy du Fou, estaría en contradicción con la legislación estatal del suelo, y pone de manifiesto que en el PSI se podría estar ocultando información sobre la futura construcción de hoteles en la zona.

Con este giro de los acontecimientos quedan claramente de manifiesto los profundos errores cometidos en la tramitación del Puy du Fou, y los graves problemas urbanísticos y medioambientales que genera su tramitación. Así como el notorio alargamiento de los plazos de aprobación o denegación del PSI.

El informe señala otras muchas cosas de interés, que merecen un más detallado análisis, ya que no queda claro en absoluto que se garantice la seguridad jurídica ni para el promotor ni para los alegantes. Todo ello será objeto de un más detallado y reposado estudio por parte del Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou.

Por otra parte, llaman la atención algunas insinuaciones que realiza en el informe la Viceconsejería de Medio Ambiente en relación a la eventual compatibilidad ambiental de la actuación, así como al extenso análisis hecho por el promotor hasta el momento. Tales afirmaciones, absolutamente innecesarias e inhabituales en este tipo de informes, sólo son entendibles desde la óptica de paliar el impacto del informe sobre la credibilidad del proyecto.

Yerra notoriamente Medio Ambiente al querer contemporizar con la empresa, primero, porque pone en entredicho su imparcialidad; segundo, porque sabe que el proyecto puede ser incompatible urbanística y ambientalmente, y que la documentación aportada y los procedimientos iniciados por la empresa, ni eran los correctos ni se ajustaban a la legalidad, y por todo ello hay que partir casi de cero.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou lamenta esta patada a seguir de la empresa y de las administraciones que no hace sino alargar una polémica de incierto final y que sólo puede traer disgustos a la ciudad de Toledo. Y todo por culpa de una mala decisión inicial de la empresa y del trato de favor inmerecido que le da el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Enlace a la Resolución de la Viceconsejería: https://drive.google.com/…/1yAg5z7y9Vc1u5n5FVJ_MrK9RO…/view…

LAS DUDAS SOBRE EL PUY DU FOU ERAN JUSTIFICADAS Y AHORA LO SON MÁS QUE NUNCA

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Primeras reacciones al anuncio de que habrá nueva información pública.

El anuncio hecho por parte de Puy du Fou España de que el parque temático va a ser sometido a un nuevo proceso de información pública no es sino la constatación de que el proyecto no cumple con los requisitos legales ni medioambientales para llevarse a cabo.

Es también la prueba de que quienes dudan de la viabilidad del Puy du Fou no sólo están justificadamente preocupados por este proyecto, sino que además ahora tienen aún más motivos para ello.

Poca o más bien ninguna consideración ni crédito merecen las explicaciones de la empresa respecto de los motivos que justifican que el PSI tenga que partir de nuevo desde cero. Serán los documentos que obren en los nuevos procedimientos de información pública los que cuando se hagan públicos aclaren las verdaderas razones de que el proyecto y toda la tramitación se tenga que rehacer.

Entre ellas, estarán sin duda, las alegaciones presentadas. Pero también las carencias de un procedimiento de PSI y de un proyecto que quedan definitivamente en entredicho.

Ni todo era tan legal, ni todo era tan correcto, ni todo está tan bien hecho como se decía.

Cuando se sometió el proyecto a información pública ya se sabía de la situación urbanística de Toledo, o de los condicionantes medioambientales y paisajísticos que cabía tener en consideración. Sin embargo, nada se hizo por ajustarse a ellos. Ahora el intento de rectificar también parece más que difícil debido a los errores acumulados y a la mala elección del emplazamiento.

Cabe preguntarse ahora con que datos y con qué certidumbres tomó el Gobierno regional en su día la decisión de declarar de interés regional el Puy du Fou. Obviamente no se hizo con los correctos. Y ahora, en lugar de rechazar un proyecto mal hecho, hay que rehacerlo todo otra vez seguramente con la idea de ganar tiempo al tiempo y para que la empresa siga con su táctica de compra de voluntades y de silenciamiento de la justas críticas.

Queremos Saber La Verdad del Puy du Fou tendría motivos más que sobrados para sacar pecho ahora que sus tesis se ven confirmadas. Pero en realidad la nueva situación es más bien motivo de tristeza y lamento porque en Castilla-La Mancha y en Toledo no se sepan hacer las cosas bien y se tomen decisiones políticas sin suficientes elementos de juicio y que embarcan a la ciudadanía a conflictos y preocupaciones que nos podíamos ahorrar.

El Movimiento esperará en todo caso a que vayan saliendo los documentos anunciados a información pública para profundizar en su valoración y en la de la situación en que queda realmente el proyecto.