Cospedal

EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA EL PLAN HIDROLOGICO DEL TAJO POR NO FIJAR CAUDALES ECOLÓGICOS EN ARANJUEZ, TOLEDO Y TALAVERA DE LA REINA

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1513534668_4w2a7379En una sentencia histórica, que supone un triunfo sin precedentes para las plataformas y colectivos ciudadanos que llevan años luchando por mejorar el estado del Tajo y sus ríos, el Tribunal Supremo exige el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos real y científicamente validado en el eje central del río Tajo y en todos los demás ríos de la cuenca, condicionando así la explotación del trasvase Tajo-Segura a las verdaderas necesidades de la cuenca del Tajo

Ecologistas en Acción Toledo nos sentimos orgullosos de estar formando parte de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. Hay que agradecer especialmente a esta entidad y a las personas que la lideran el intenso trabajo realizado y que no hayan desfallecido. Y al equipo jurídico por sacar adelante una sentencia que marcará un antes y un después para la cuenca del Tajo y el trasvase. Un nuevo triunfo de la sociedad civil que pone en evidencia a las instituciones y a los partidos que debieran velar por la legalidad y por la adecuada gestión del agua y la protección de nuestros ríos.

El Tribunal Supremo ha notificado esta importante sentencia, emitida el 11 de marzo de 2019, que resuelve el recurso contra el vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo aprobado por el Real Decreto 1/2016. El recurso fue interpuesto en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.

El Alto Tribunal declara la nulidad de varios artículos de la normativa del Plan, en concreto el art. 9 en sus apartados 1, 3, 5, 6, y 7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3, así como el art. 10.2 en lo relativo al inciso que afirma que los de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo «no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan». La sentencia entiende que estos artículos suponen el incumplimiento de la obligación que tiene la Administración del Estado de establecer en el Plan hidrológico del Tajo un régimen de caudales ecológicos completo (con caudales máximos, mínimos y tasas de cambio) para todos los ríos de la cuenca, con carácter vinculante y para el horizonte temporal del Plan (2015-2021).

Sostiene el Tribunal que «no le falta razón a la parte recurrente en su planteamiento, pues, en efecto, de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos que deben establecerse, (…) para las 309 masas tipo río de la cuenca del Tajo, el Plan Hidrológico del Tajo de 2016 ha reducido su fijación solo a los caudales mínimos ecológicos, y estos solo para 16 masas, un 5% de las masas tipo río, que denomina “estratégicas”». 

De igual manera se critica en la sentencia el que no se hayan fijado caudales ecológicos expresamente en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, sino solamente unos caudales “legales” (6 m3/s en Aranjuez y 10 m3/s en Toledo y Talavera de la Reina), contraviniendo así los caudales mínimos ecológicos fijados en el Documento de Esquema de Temas Importantes aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2010 (10,37 m3/s en Almoguera, 10,86 m3/s en Aranjuez, 14,10 m3/s en Toledo y 15,92 m3/s en Talavera de la Reina). Dicho caudal ecológico debe establecerse, según el Tribunal, para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera. 

La Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, deberá ahora establecer estos regímenes de caudales ecológicos en el Tajo y resto de ríos de la cuenca, conforme a la legislación vigente que ha incumplido.

De igual manera, la sentencia insiste en que los embalses de la cabecera del Tajo —Entrepeñas, Buendía y Bolarque— deben garantizar de manera prioritaria tanto las demandas de la cuenca del Tajo como sus necesidades ambientales, incluyendo el régimen de caudales ecológicos. Estas demandas se anteponen a las del trasvase Tajo-Segura, por lo que, una vez fijados según esta sentencia los caudales ecológicos con todos sus componentes, el régimen de explotación del trasvase tendrá que adaptarse, limitándose los volúmenes a derivar y su garantía de disposición. Al reconocer que los embalses reguladores de Cabecera tienen la función de garantizar las demandas ambientales y consuntivas de la propia cuenca del Tajo, será también necesario aumentar los umbrales de reservas no trasvasables en los embalses de cabecera por encima de los insuficientes 400 hm3 establecidos en la legislación del Memorándum del Tajo.

Aunque la sentencia no estima otros puntos de la demanda, la argumentación que traslada ofrece una visión muy optimista de cara al futuro, garantizando la prioridad de las necesidades reales del propio Tajo, los usos del río y del mantenimiento de reservas adecuadas para los usos recreativos en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Desde las plataformas y asociaciones ciudadanas que interpusieron la demanda valoramos muy positivamente esta sentencia, y la consideramos un hito en la conservación y recuperación ambiental del Tajo y sus ríos, pues la fijación de un régimen de caudales ecológicos completo y adecuado, constituye el factor clave para que el Tajo vuelva a fluir. Queda aún mucho por hacer, pero el Tribunal Supremo obliga a revisar en profundidad el vigente Plan de cuenca del Tajo y ha empezado a deshacer el nudo gordiano con el que durante cuarenta años se ha amordazado a nuestro río.

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TRAS CUATRO AÑOS DE TRABAJO, VE LA LUZ UNA PROFUNDA REFORMA DE LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

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Foto © David Santiago-WWF

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha comparte su satisfacción por el éxito logrado y agradece el apoyo y el trabajo de las 40 organizaciones y 117.414 firmas ciudadanas que han llevado a que por primera vez en España se modifique una ley de caza por la demandas de quienes defienden el uso público del medio rural, el bienestar animal, el medio rural y la naturaleza frente a los privilegios y abusos de la caza.

La aprobación por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas supone la culminación de casi cuatro años de actividad de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y de las decenas de miles de personas que le ofrecieron su apoyo.

Que una norma de las características de la Ley de caza de 2015 se reforme profundamente atendiendo a las demandas de entidades que defienden el medioambiente, el bienestar animal  y uso sostenible del medio rural es sin duda un hito singular tanto en España como en Castilla-La Mancha.

El esfuerzo de diálogo, debate y oferta de propuestas rigurosas se ha visto recompensado con el equivalente a una nueva ley de caza en la que se recogen buena parte de las demandas de la Plataforma. Prácticamente tres cuartas partes de los contenidos que se modifican en la ley han sido aportaciones de entidades que han sabido aunar criterios y puntos de vista diferentes pero confluentes.

Sin duda la reforma se queda corta en varios aspectos, más de los deseables, pero a través del camino abierto hay una evidente esperanza de mejora aún mayor en el futuro.

Pese a las fuertes, injustas y continuas presiones del lobby cinegético, el trabajo y continua interlocución de la Plataforma con el Gobierno regional, con los grupos parlamentarios que lo sustentan y, en particular, con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, han dado lugar a que prospere una reforma legislativa más que beneficiosa para el conjunto de Castilla-La Mancha.

A partir de ahora, en Castilla-La Mancha no podrán multar a nadie por salir al campo y espantar inadvertidamente a la caza. Para capturar un animal doméstico en el medio natural habrán de utilizarse medios incruentos que salvaguarden el bienestar. Será más seguro caminar y se multará a quien ponga obstáculos o impida el paso por las vías de uso público. Los agentes medioambientales tendrán mayor visibilidad en la ley de caza. Dejarán de considerarse modalidades de caza el lanceo o los peligrosos aguardos nocturnos. Se harán más responsables a los titulares de los cotos del uso de veneno o de otras prácticas dañinas para las especies y el medio ambiente. Y se controlarán y se sancionarán mejor las actividades ilegales asociadas a la práctica cinegética.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha está convencida de que todo lo logrado redundará en el beneficio de toda la ciudadanía, para que pueda disfrutar responsablemente del entorno natural y para que muchas actividades económicas se puedan desarrollar mejor en el medio rural.

Se adjunta un documento más detallado de balance de la reforma de la Ley de caza de CLM en Balance_ReformaLeyCazaCLM_20180315

 PLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

Creada en junio de 2014, en la actualidad cuenta con los siguientes miembros.

Ecologistas en Acción (federación regional de Castilla-La Mancha y las cinco federaciones provinciales con sus grupos federados), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, Federación Española para el Bienestar Animal, seis empresas de turismo rural y de naturaleza, apicultores, agricultores, ganaderos y otros usuarios del medio natural a título individual.

Anteproyecto de Ley de Caza CLM: UNA REFORMA INSUFICIENTE

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(Valoración de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de la toma en consideración del anteproyecto de Ley por parte del Gobierno Regional.)

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La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha considera que la reforma de la ley de caza planteada inicialmente por el Gobierno regional es insuficiente y está todavía bastante lejos de cumplir con las expectativas de los colectivos y personas por cuya iniciativa y reivindicación se está afrontando este cambio legislativo.

Admitiendo y agradeciendo que por fin se haya dado voz a quienes de distintas maneras se ven afectados por la caza sin ser cazadores, no es menos cierto que el anteproyecto de ley se inicia sin el consenso con la Plataforma, perdurando en la propuesta de reforma peligrosos y controvertidos preceptos de la ley vigente promovida por el Gobierno anterior de la Sra. Cospedal.

A la espera de que se haga oficial el texto del anteproyecto de ley y de que la Plataforma lo estudie en detalle, y a la vista de los borradores y de las reuniones mantenidas con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se esperan avances en materia de compatibilización de usos en el medio natural y, en menor medida, de respeto del bienestar animal.

Así, se modificaría profundamente el artículo 27.m que penalizaba de forma genérica el espantar a las especies de caza, aunque fuera de forma involuntaria. Ahora sólo se multaría aquellas acciones, incluso de los propios cazadores, que tengan la intención de perjudicar a propósito las actividades cinegéticas legalmente autorizadas. También, en esta línea, se señalizarán más y mejor las zonas de seguridad, contribuyendo a evitar accidentes y molestias a quienes hagan uso del medio natural para actividad de ocio, turismo u otras.

Por otra parte, aunque seguimos defendiendo que los animales domésticos no deben ser en ningún caso objeto de la ley de caza, se establecería como prioritaria la captura en vivo de los mal llamados “asilvestrados”, frente al abatimiento como plantea ahora la ley de 2015.

Además, otras propuestas de la Plataforma se han incorporado al anteproyecto de ley, aunque sea parcialmente. Por ejemplo, se ampliarán las medidas de control de las actividades e infraestructuras cinegéticas más perjudiciales para el medio natural, se remarca la figura del agente medioambiental y se retira la referencia a las subvenciones para los empresarios del turismo cinegético.

A lo que el anteproyecto de ley no da una respuesta adecuada es al enfoque economicista e intensivo al que se dirige la actividad cinegética. Fundamentándose en una dudosa aportación que la caza ofrece al desarrollo rural, se facilita la intensificación manteniendo la figura de los cuarteles de caza comercial, permitiendo los cuarteles de caza menor en la Red de Áreas Protegidas y disminuyendo el tamaño de los cotos de caza mayor.

También resulta muy negativo que se mantengan, sea como modalidades de caza o sea como métodos de control de poblaciones, prácticas peligrosas, como la caza nocturna; dañinas para especies protegidas, como la cetrería o el rifle del 22; y crueles o masivas, como el perro de madriguera, los hurones o las sueltas. En este apartado sólo se ha prohibido el tiro de pichón o el lanceo a caballo, lo que implica una escasa voluntad de ejercer un verdadero control de los abusos y crueldades que se cometen al llevar a cabo determinadas prácticas de caza.

La Plataforma también se opone frontalmente a que se permita cazar con 14 años, una edad a la que se carece de la madurez y de las cualidades físicas precisas para portar un arma, o a que se mantenga la rebaja y la discrecionalidad en las sanciones.

Por todo ello, sorprende y defrauda a la Plataforma que estos retrocesos en materia cinegética se apoyen por un Gobierno que anunció que promovería una caza sostenible y compatible con la conservación del medio natural, respetuosa con los principios de bienestar animal y de compatibilidad de usos en el medio rural.

Una vez se haga oficial el texto concreto del anteproyecto que el Gobierno somete a participación pública la Plataforma valorará definitivamente la iniciativa, así como la estrategia y actuaciones a poner en marcha para que la reforma de la ley de caza sea tan profunda como esperan las miles de personas que se movilizaron en contra de la Ley de Caza de 2015 y las casi 120.000 que firmaron la petición de su retirada.

Será el momento de plantear la campaña y las movilizaciones que sin duda serán precisas para conseguir que el Gobierno y las Cortes no frustren las expectativas de cambio en profundidad de una ley medieval y comercial como es la vigente en Castilla-La Mancha y contra la que se habían posicionado los partidos que a día de hoy sustentan al Gobierno regional.

LA LEY DE CAZA DE CASTILLA LA MANCHA, MUY LEJOS DE ESTAR CONSENSUADA

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(Nota de Prensa Plataforma Contra la Ley de Caza de Castilla La Mancha)

Manifestacion-Ley-Caza-Toledo_EDIIMA20150221_0384_23Como parte integrante de la mesa de negociación y conocedores de la situación real del proceso de elaboración del nuevo proyecto de Ley de Caza, la Plataforma Contra la Ley de Caza de Castilla La Mancha no puede evitar una honda preocupación y cierto punto de desconcierto ante las declaraciones emitidas este jueves en el pleno de las Cortes por el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla La Mancha respecto al consenso logrado en un para nosotros desconocido nuevo proyecto de Ley a punto de aprobarse.

Según las informaciones publicadas por eldiariodigital.es, Francisco Martínez Arroyo declaró para nuestra sorpresa al hilo de la pregunta oral que la diputada del PP Lola Merino formuló en el pleno de las Cortes, “sentirse orgulloso” de un proyecto de Ley de Caza “consensuado al 95% de la mano de sectores cinegéticos y ecologistas”, que está previsto que se lleve al Consejo de Gobierno este mes de julio y en el que “se ha conseguido que el contenido casi íntegro tenga el aval de todos los que han estado sentados en la mesa”.

Nuestro estupor proviene, partiendo de la base de que desconocemos completamente de la existencia de ningún borrador definitivo de la Ley, de no compartir en absoluto tales afirmaciones, ni en cuanto al estado del proceso ni, por supuesto, respecto a ese presunto 95% de consenso. La única afirmación expresada por el Consejero que sí compartimos es la relativa a lo “muy contento” que se muestra el séctor cinegético respecto a ese desconocido borrador, lo que no nos extraña si la cuestión ha quedado en el punto de la negociación del que hasta ahora nosotros teníamos conocimiento y en el que habíamos estado presentes.

La realidad es que la ley tiene mucho por mejorar, pues hay prácticamente dos tercios de propuestas aún por discutir y dista enormemente de ese 95% de consenso, que nosotros cifraríamos más bien en un 15%-20%, y sigue siendo sustancialmente la ley de Cospedal, por lo que consideramos que nuestro consejero peca de optimismo en gran exceso.

De hecho, salvo el reconocimiento al hecho de haberse variado el polémico artículo 27m respecto a las sanciones económicas para aquellas personas que incluso involuntariamente, espantaran piezas de caza, en esos 2 tercios por debatir se encuentran nuestras propuestas sobre los artículos y sentencias más graves y perniciosas para la naturaleza y su uso público y favorecedoras del modelo de caza intensivo y depredador tan promovido por la anterior administración autonómica y que desató un clamor popular en contra de la Ley de Caza aún vigente. Entre tales propuestas sin debatir podemos destacar:

–          El traslado a la ley de protección animal de la fórmula de gestión de los animales domésticos que se encuentren abandonados en el medio natural, eliminando el concepto de asilvestrado y la posibilidad de que estos animales puedan ser abatidos por guardas de caza.

–          La prohibición de la caza nocturna, salvo los aguardos de jabalí debidamente reglamentados, y la caza desde vehículos, así como otras modalidades masivas y crueles.

–          La eliminación de los cuarteles de caza comercial y la prohibición de la caza intensiva, en particular en las zonas sensibles por sus valores naturales.

–          La prohibición de la figura de los vallados secundarios o, al menos, la prohibición expresa de la caza dentro de los mismos.

Por todo ello, rogamos más prudencia en las declaraciones y sobre todo, más pausa en el procedimiento y más negociación en profundidad del texto finalmente a aprobar, no quedando este en un remedo del infame texto anterior que tantos colectivos diversos, incluidos sectores de caza, y castellanomanchegos de a pie levantó en su contra.

Noticia de Referencia en http://eldiadigital.es/not/181704/martinez-orgulloso-del-proyecto-de-ley-de-caza-consensuado-al-95-/

 

Ley de Caza, una reforma inquietantemente lenta y lejos de dar frutos

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12362758_853318164785849_7871577759022211112_oEl 5 de marzo de 2015 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley de caza regional. Un año después esta norma, criticada por amplios sectores de la sociedad incluidos algunos cinegéticos, sigue en vigor a pesar del compromiso del nuevo Gobierno de derogarla o modificarla profundamente.

Por un lado el retraso es lógico, y responde a los limitados medios con que dispone la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, organismo encargado de los trabajos de revisión. Pero por otro es inquietante, pues en todo el proceso se observa una escasa iniciativa del legislador para hacer una ley moderna, que imponga la sostenibilidad como criterio obligatorio para la actividad cinegética y, lo que es más importante, que haga de la caza una actividad compatible con la conservación del medio natural, con el uso público del monte y con el bienestar animal.

Primero se dudó si hacer una nueva ley o modificar la existente. Luego se tardó en crear y convocar el grupo de trabajo. Y ahora cuesta que la Consejería afronte con decisión los aspectos más controvertidos del texto.

El grupo de trabajo de la ley ha desarrollado tres reuniones y ya ha completado una primera revisión del texto. En estos trabajos se ha puesto de manifiesto la mala calidad de la ley aprobada, que no satisface ni a quienes la promovieron. Acumula innumerables errores, la reiteración de textos ya contemplados en otras normas, las contradicciones con otros de superior jerarquía, la ausencia de definiciones y conceptos esenciales para aplicar correctamente el texto normativo. De la ley se salva el índice y poco más, e incluso ahí sobran y faltan algunas cosas.

Era tanta la urgencia en satisfacer las ansias de darle un enfoque puramente economicista a la caza, que se hizo una ley sólo por y para la caza intensiva, supeditando el resto a ese objetivo.

En el momento actual, y con lo que se lleva hecho en el grupo de trabajo, para la Plataforma contra la Ley de caza de Castilla-La Mancha no queda otra que afrontar la realidad: hay que derogar esta ley y hacer otra nueva con una concepción absolutamente distinta.

Esa ley puede ser más sencilla, menos reglamentista, pero a la vez, ha de ser promotora de la sostenibilidad en la práctica cinegética y penalizadora de las prácticas intensivas, masivas y crueles. Y ha de establecer las pautas adecuadas para ser compatible con todos los intereses y actividades afectados.

La Plataforma, a través de su representante en el grupo de trabajo, está realizando innumerables propuestas de mejora de la normativa, aportando estudios legales y científicos, ofreciendo flexibilidad para atender también ciertas demandas del sector cinegético e intentando buscar puntos de acuerdo allá donde sea posible. Y en esa línea va a seguir.

Pero dado que la nueva norma o la revisión, tanto da, va a tardar en llegar, el Gobierno debe plantearse la solución de algunas cuestiones que se pueden modificar de urgencia a través de cualquier ley en tramitación. Entre ellas destacamos las siguientes:

–          El cambio del artículo 27m, para que no se pueda sancionar a ninguna persona por el simple hecho de que se espante o moleste inadvertidamente a la caza.

–          El traslado a la ley de protección animal de la fórmula de gestión de los animales domésticos que se encuentren abandonados en el medio natural, eliminando el concepto de asilvestrado y la posibilidad de que estos animales puedan ser abatidos por guardas de caza.

–          La prohibición de la caza nocturna, salvo los aguardos de jabalí debidamente reglamentados, y la caza desde vehículos, así como otras modalidades masivas y crueles.

–          La eliminación de los cuarteles de caza comercial y la prohibición de la caza intensiva, en particular en las zonas sensibles por sus valores naturales.

–          La prohibición de la figura de los vallados secundarios o, al menos, la prohibición expresa de la caza dentro de los mismos.

Si no se hacen estos cambios urgentes y además no se termina de modificar en profundidad la ley en vigor en un plazo razonable, el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso programático en este tema lo cuál sería muy grave.

2015: otro año sin hacer lo necesario para evitar la crisis ambiental

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Crimes-Against-Nature jpgLa ley de caza de Castilla-La Mancha, entre las acciones más negativas para el medio ambiente aprobadas en España.

Recordamos con el turrón los avances, retrocesos, hitos y calamidades que el 2015 ha tenido para el medio ambiente y el papel que Ecologistas en Acción ha mantenido para vertebrar luchas, reivindicaciones y alianzas en todo el Estado

Terminamos el año con el polvorón bastante atragantado tras el acuerdo decepcionante de la cumbre del clima en París. La justicia climática, la descarbonización, la financiación adecuada, los derechos humanos, la perspectiva de género, las refugiadas y refugiados climáticos… han quedado fuera del texto final desoyendo las reivindicaciones de la ciudadanía. Cuanta más evidencia científica existe de los ya palpables efectos del cambio climático en muchas áreas del planeta y cada vez más en nuestras propias vidas, más empeño se pone en la quema de combustibles fósiles.

Y cuánto más sucios, parece ser que mejor: llegada de las primeras arenas bituminosas desde Canadá, presentación de las primeras solicitudes para empezar a perforar mediante fractura hidráulica en Burgos y nuevos vertidos de fuel en las costas, esta vez de Canarias. Mientras, se siguen poniendo trabas a las renovables y se mantienen abiertas las centrales nucleares con dudosas maniobras.

Como diría Galeano, vamos al suicidio… ¡pero en qué coches!

Coches como los de Volkswagen. Año también del destape de fraudes de la industria automovilística, el principal sector emisor de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que matan al año a miles de personas. La preocupación por las consecuencias de la mala calidad del aire de nuestras ciudades parece que sí encontró durante 2015 algo de eco. En junio Ecologistas en Acción publicaba su informe anual sobre calidad del aire en el Estado español, recordando que un total de 44,7 millones de personas respiraron aire contaminado.

Sí nos comeremos con gusto un buen mazapán por ciudades como Madrid o Valladolid, que han comenzado a tomarse algo más en serio el tema poniendo en práctica algunas medidas. El recorrido que queda por hacer es largo y las administraciones han dado pasos aún tibios que necesariamente deben ampliarse. Desde Ecologistas en Acción seguiremos informando, denunciando y trabajando para que aumenten las medidas y llegue más información a la ciudadanía.

Los intereses de la industria del automóvil no han sido los únicos en ponerse por encima de la salud de las personas y del territorio. En 2015 hemos visto cómo se aprobaba la Ley de Montes, que permite la construcción en zonas incendiadas y perjudica el trabajo de los agentes forestales. O la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que privilegia esta actividad frente a la conservación de la naturaleza. También hemos presenciado cómo se aprobaba la entrada de más transgénicos sustancias tóxicas en la UE.

Pero, sin duda, el gran ejemplo de cómo las instituciones se ponen al servicio del capital durante 2015 ha sido el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio (TTIP en sus siglas en inglés). Diversas organizaciones a nivel mundial, entre ellas Ecologistas en Acción, han dedicado el 2015 a destapar los verdaderos objetivos de este tratado totalmente oculto para la ciudadanía a través de informes, entrevistas y hasta raps. Con ello se han conseguido más de tres millones de firmas exigiendo la suspensión de las negociaciones del TTIP y la derogación del resto de tratados de libre comercio de la UE y que millones de personas salieran a la calle en ciudades de toda Europa reclamando una Unión Europea al servicio de la gente.

Acuerdos y políticas internacionales que siguen anteponiendo la acumulación de riqueza a la buena vida. El mismo Papa manifestó durante 2015 en su primera encíclica la grave responsabilidad del sistema económico, de la política internacional y local y de la cultura del consumo de masas en la destrucción del planeta y la pobreza. Si no fuera por su tratamiento a los temas de género, cualquiera diría que el Papa Francisco es un fiel lector de nuestra editorial.

Pocas alegrías parece que nos deja el 2015, último año de la legislatura más catastrófica para la legislación ambiental. Una de las excepciones ha sido la aprobación de las primeras 82 reservas naturales fluviales, algunas de ellas propuestas por Ecologistas en Acción.

La ciudadanía organizada en los movimientos sociales, y algunos de los movimientos políticos a diferentes escalas que están permitiendo cambios en las formas de participar en la política, abren ventanas de oportunidad. El movimiento ecologista no duerme y encara el 2016 con la certeza de que el futuro será ecologista o no será, y de que es posible construir alternativas –muchas ya existen– que nos permitan transitar hacia escenarios menos dependientes del expolio de los recursos del planeta y con menos impacto en la naturaleza y en las personas más desfavorecidas.

Protesta contra el cierre de caminos y contra la ley de caza de Castilla-La Mancha. Reclamamos la inmediata eliminación del artículo 27.m en tanto se modifica la legislación cinegética.

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Ecologistas en Acción ha participado este fin de semana, 24 y 25 de octubre, en la jornada anual en defensa de los
caminos públicos, organizada por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) de la que forman parte, y que se ha celebrado enArgamasilla de Alba (Ciudad Real). Jornadas_Argamasilla_familia

Diversos colectivos ambientales, senderistas, ciclistas y de ámbito cultural denuncian el cierre de caminos públicos, en todo el Estado español, por parte de grandes propietarios con total impunidad y ante la inacción de las administraciones públicas que permiten esta práctica.

Todos los colectivos que han participado en las jornadas de la PICP coinciden en que cada vez más se cierra el paso por los  caminos públicos a cualquier persona que desee circular por el campo. Terratenientes y grandes propietarios de fincas, y también pequeños propietarios en algunos casos, prohíben el paso y ponen puertas y candados en los caminos públicos e impiden el libre tránsito en el medio natural.

Las organizaciones en defensa de los caminos públicos recuerdan que la ley señala que estas vías públicas, ya sean vías pecuarias, caminos públicos y también el dominio público hidráulico están contempladas en la ley como bienes patrimonio de todos y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Además, el artículo 45 de la Constitución, reconoce el derecho fundamental a disfrutar del medio natural y el deber de conservarlo.

Los colectivos que integran esta plataforma solicitan también a los ayuntamientos que lleven a cabo el inventario de los caminos públicos de su municipio como primer paso para proteger estas vías públicas.

La PiCP está formada por diversos grupos de defensa de los caminos públicos de Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid y País Vasco. En esta edición, las jornadas en defensa de los caminos han contado con la asistencia de más de 80 personas, activistas de organizaciones senderistas, ciclistas y ecologistas llegados de todo el Estado español, sobre todo de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

Además, la PICP llama la atención sobre la situación que están generando los propietarios de los grandes cotos de caza. Si hasta hace unos años era Andalucía la comunidad autónoma que más kilómetros de caminos públicos cerrados contaba, es ahora Castilla-La Mancha, y en concreto, Ciudad Real, la provincia que sufre un  cierre masivo de caminos públicos por parte de grandes propietarios.

Los defensores de los caminos públicos señalan también que la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, aprobada por el anterior gobierno regional de María Dolores de Cospedal, viola el artículo 45 de la Constitución y antepone una actividad privada como es el negocio de la caza, y de los grandes cotos, al derecho fundamental del ciudadano al libre tránsito en el medio natural y a disfrutar del medio natural sin peligro de ser injustamente sancionado. Por ello, esta organización pide al nuevo gobierno de Emiliano García-Page la derogación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

A juicio de Ecologistas en Acción el artículo más problemático de la ley de caza es el 27.m, que penaliza como sanción muy grave, con entre 3000 y 30000 euros de multa, a quien pueda espantar a la caza, aunque sea inadvertidamente o como resultado de llevar a cabo actividades recreativas o de recolección permitidas. En este sentido, se reclama su inmediata eliminación sin esperar a que haya una nueva ley de caza.

Al mismo tiempo, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, de la que forma parte Ecologistas en Acción, insta a los partidos políticos que concurren a las próximas  elecciones generales, el 20 de diciembre, a incluir en su programa electoral la defensa de los caminos públicos y el compromiso de intervenir ante el expolio de este patrimonio, no sólo ambiental, sino cultural e histórico que son nuestros caminos públicos.