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Reclamamos indemnización por daños al águila perdicera y el cese del Ecoparque de Toledo

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Foto: Seshadri K.S.

Ecologistas en Acción de Toledo ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente una denuncia contra el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo por los daños que el Ecoparque de Toledo está produciendo en la población de águila perdicera, especie en peligro de extinción de la que apenas queda media docena de parejas en las provincia.

En su escrito la asociación recuerda que desde el año 2012 viene funcionando en el paraje conocido como Dehesa Aceituno del término municipal de Toledo, el denominado “Ecoparque” en el que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales a través de GESMAT s.a. gestiona los residuos sólidos urbanos de Toledo.

Dicha instalación está sujeta a una declaración de impacto ambiental y a una autorización ambiental integrada que establecieron una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir y compensar los impactos a las especies en peligro de extinción, muy en particular los que pudiera sufrir el águila perdicera (Aquila fasciata) y que cuenta con un territorio de nidificación y zona crítica en las inmediaciones.

Pues bien, una vez puesto en funcionamiento el Ecoparque, la pareja de Águila de perdicera ha dejado de criar y ha desaparecido de la zona, no siendo observada al menos desde el año 2015. Tampoco se ha observado que se haya instalado una nueva pareja en la provincia, ni que fruto de las medidas protectoras y compensatorias puestas en práctica se haya evitado la pérdida de la pareja ni su restitución por otra.

A nuestro juicio la intensa transformación del hábitat habida en la zona, y de la que el Ecoparque es exponente primero y principal, así como las innumerables molestias y ruidos que genera la instalación serían la razón de la pérdida de una de las últimas parejas de Águila perdicera de Toledo. Decir a este respecto que en la actualidad la población de la especie apenas alcanzaría la media docena de parejas en la provincia.

Esta situación era por desgracia esperable, como alegó Ecologistas en Acción con ocasión de las informaciones públicas a las que fue sometido el proyecto. Además, el propio órgano evaluador de la Consejería calculaba en 500 hectáreas el daño al hábitat que el proyecto producía y consciente del posible impacto impuso diversas medidas compensatorias.

No obstante, la pareja ha desapacido y ha dejado de criar en los últimos años lo que supone un impacto crítico sobre una especie declarada en “peligro de extinción” y con muy pocos ejemplares reproductores en Toledo.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción requiere a la Viceconsejería de Medio Ambiente lo siguiente:

1.- Que previo informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales se evalúe si se han llevado a cabo las medidas protectoras y compensatorias impuestas en la DIA y, si fuera el caso de que no se hayan aplicado correctamente, se impongan las sanciones correspondientes.

2.- Que se incoe un expediente de responsabilidad ambiental por la Ley 26/2007 al titular de la instalación y que éste repare los daños ambientales producidos y los indemnice debidamente. A este respecto recordamos que la valoración de cada águila perdicera perdida es de 60.000 euros según el Decreto 67/2008, de 13 de mayo por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada de Castilla-La Mancha. Y que si consideramos la desaparición de la pareja y de las nidadas que no han fructificado desde 2015 estaríamos hablando de al menos 8 ejemplares, esto es, un total de 480.000 euros en daños a la especie.

3.- Que se revise la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental a la vista de los hechos y que se decrete el cese de la actividad hasta la recuperación de los impactos críticos que sobre el águila perdicera está produciendo el Ecoparque.

Además, hacemos expresa solicitud de ser considerados como parte personada en los expedientes del tipo que sean que se incoen al amparo de esta denuncia.

 

El TSJ de Castilla-La Mancha nos comunica la sentencia que anula el Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

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8_RíoTajo en ToledoComo era de esperar tras los últimos pasos judiciales habidos en relación con los recursos contra el POM de Toledo, el TSJ de Castilla-La Mancha ha vuelto a decretar la nulidad del mismo, por lo que, a falta de ver si se recurre la misma, el documento aprobado en 2007 dejaría de estar en vigor y carecería de valor jurídico.

Más en concreto, la sentencia 91/2017 respecto del procedimiento contencioso administrativo nº 522/07 incoado contra la Junta de Castilla-La Mancha a instancias de Ecologistas en Acción de Toledo señala en su fallo lo siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por ACMADEN [Ecologistas en Acción de Toledo] contra la Orden de 26 de marzo de 2007 de la Consejería de Vivienda y Urbanismo por la que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que se declara contrario a derecho y se anula, acordando la retroacción de actuaciones de tramitación hasta la fase de nueva información pública.”

El TSJ da plenamente la razón a Ecologistas en Acción en su demanda y vuelve a recordar las modificaciones sustanciales introducidas en el POM sin que se sometieran a escrutinio público. Lo que sin duda pone de manifiesto las maniobras que el ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha urdieron para aprobar un plan insostenible, dañino para el medio ambiente, para la ciudad y los ciudadanos.

Recordemos algunas cifras que al respecto cita la sentencia. El número de viviendas proyectadas en el documento sometido al público en 2005 era un total de 37.082, mientras que en 2007 el número de viviendas aprobadas en el POM es de 49.258. La superficie construida total pasaba de 7.297.046 m2 a 11.186.076 m2. La superficie construida industrial sumaba 807.372 m2 en 2005, pero se aprobaban un total de 2.776.163 m2.

En relación con el abastecimiento de agua potable en suelo urbanizable, pasaba de una demanda bruta de agua para garantizar el abastecimiento de Toledo de 27,80 hm3 anuales a un consumo global en el pleno desarrollo del POM levemente por debajo de los 39 Hm3 al año. Y en cuanto a demanda energética se pasaba de los 222 MVA, a los 373,59 MVA.

Ecologistas en Acción reclama al ayuntamiento y a la Junta que dejen de alargar los procesos judiciales, pues no hacen otra cosa que mantener la situación de inseguridad jurídica en la que vive el urbanismo en la ciudad. Sólo pueden seguir un camino sensato, que es el del replanteamiento del modelo de desarrollo masivo y especulador en el que se quiso embarcar al municipio, y la elaboración de un POM verdaderamente sostenible y respetuoso con el patrimonio natural y cultural de la ciudad.

En este sentido la asociación recuerda que proyectos como el proyecto del parque temático sacado a la luz en fechas recientes no parecen apuntar en la buena dirección y pueden tener los mismos problemas legales o más de los que ya tiene el POM.

Enlace para descarga de la sentencia original SENTENCIA PO 522 07 NOT 17-4-17

Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

Caza del corzo y del jabalí: peligro de disparo para vecinos, paseantes y turistas de naturaleza

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Lo acontecido en Navahermosa (Toledo) lleva a Ecologistas en Acción a reclamar al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que no mire a otro lado y prohíba las modalidades peligrosas y fuera de la temporada general de caza.

No dejan de sorprendernos las noticias que vinculan la caza a limitaciones al uso público de nuestros montes y espacios naturales. El último caso conocido resulta muy significativo de lo que está pasando en Castilla-La Mancha debido a una ley de caza muy permisiva con los cazadores y una orden de vedas que permitiría cazar aún más fuera de temporada.

La alcaldesa de Navahermosa (Toledo) ha emitido un bando en el que recomienda a senderistas y ciclistas abstenerse de usar las rutas de senderismo en los días y horas en los que se practica la caza del corzo. En concreto en los fines de semana desde el 1 de abril al 31 de  julio y especialmente entre las 6 y las 10 de la mañana y a partir de las 18.00 horas. Es decir, en las horas y días cuando es posible y más agradable pasear por el campo.

Justifica esta medida por el peligro que puede suponer a los usuarios de estos caminos el hecho de que se esté cazando con “rifles y demás armas”. En total son 8 las rutas oficiales afectadas y que abarcan buena parte del término municipal.

Con esta medida el ayuntamiento de Navahermosa antepone el uso privado de los montes a través de una actividad como la caza, aun reconociendo que pone en peligro la seguridad de las personas. Y margina el derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente a través de una red de caminos y senderos públicos.

No puede ser más aberrante la forma de resolver este tema por parte del ayuntamiento. Ecologistas en Acción recuerda a la alcaldesa y al equipo de Gobierno que es la caza la que debe adaptarse a las condiciones de uso público del monte y no al revés. Siendo el caso, además, que una limitación como la propuesta sin duda retraerá en fechas tan señaladas de la primavera y del verano a los visitantes de este municipio y, en suma, a realizar actividades recreativas y de turismo de naturaleza que tanto interés suscitan en la actualidad.

¿Se imagina alguien qué cara se le quedará al visitante del pueblo cuando en la oficina de turismo le digan que si quiere pasear ha de hacerlo en las horas de más calor? ¿O que no podrá disfrutar de amaneceres ni atardeceres ni de noches estrelladas por si le pegan un tiro?

Ecologistas en Acción insta al ayuntamiento de Navahermosa a retirar el bando municipal y a retirar la caza del corzo como una de las modalidades a practicar en los montes de la localidad. Recuerda que el corzo se puede cazar en otras épocas del año no tan peligrosas y que, además, en breve se sumará el peligro de que también se autorice la caza del jabalí en estas fechas.

Ecologistas en Acción considera que éste no es un caso aislado y que, en todo caso, pone de relieve el peligro de determinadas prácticas cinegéticas y su negativo impacto económico.

Ecologistas en Acción denuncia que esto está pasando y cada vez con más descaro porque el Gobierno regional, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no está sabiendo controlar la caza y está impulsando normativas, como la orden de vedas en tramitación, que permiten cazar cada vez más en primavera y verano, sin dar un descanso al campo e impactando negativamente en las actividades en el medio rural.

Por ello, reclama del Consejero que paralice este tipo de prácticas o, de otra forma, se hará responsable del impacto negativo de las mismas y, en su caso, de los accidentes que puedan ocurrir. Próximamente Ecologistas en Acción remitirá sus alegaciones a la orden de vedas y hará hincapié en estos aspectos confiando en que el Consejero será receptivo a las mismas.

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo rechaza el trasvase de 20 Hm3 anunciado en medios de comunicación de Murcia.

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800px-trasvase_tajo-segura_por_albacete Desde la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la autorización de trasvasar 20 Hm3 de agua desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura. Desde que el Memorándum Tajo-Segura y la nueva regla de explotación se introdujeron en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, la cabecera del Tajo está sometida a mayor depredación, ya que la elevación a 400 Hm3 de la lámina estable de Entrepeñas y Buendía sólo ha tenido por finalidad establecer el límite a partir del cual todas las aguas por encima de ese límite sean trasvasadas, y así evitar que los tribunales continuaran sentenciando contra la pretensión del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) de hacer suyas todas las aguas acopiadas en la cabecera del Tajo.

Tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) como la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), son conscientes del enorme perjuicio que se propina al Tajo limitando el curso de sus aguas desde la cabecera, convirtiendo su cauce, aguas abajo, en un gran canal de desechos y aguas residuales, sin dinámica fluvial, sin la fauna ni la vegetación riparia que le corresponde, sin posibilidad de utilizar su entorno ni sus aguas para otras actividades fluviales que desde tiempos inmemoriales tuvo y facilitando así la aparición de todo tipo de ejemplares alóctonos que están acabando sistemáticamente con la vida propia del río que fue y que estamos obligados a recuperar para uso y disfrute de las generaciones venideras.

La política de aguas impuesta al Tajo es una política absolutamente al margen de la Directiva Marco de Agua (DMA) y debe ser corregida en todos los órdenes de gestión y planificación. Así lo reconoció la comisión de eurodiputados que constató que el estado deplorable del Tajo es absolutamente incompatible con los cánticos triunfalistas que escucharon en los despachos del Ministerio. La legislación para el Tajo es una legislación prevaricadora y dictada por los intereses de la vieja política del agua. Y el organismo de cuenca encargado por la ley de aguas de velar por la salud de los ríos de la cuenca del Tajo -la CHT- lejos de regirse por aplicar criterios estrictamente técnicos con los que sugerir cambios legislativos que faciliten la consecución de los objetivos de la DMA, se somete al principio de jerarquía y de oportunismo político en detrimento del principio de legalidad. De este modo asistimos a la propuesta de sanciones a terceros -como la reciente al Ayuntamiento de Toledo a partir de una investigación “apañada y amañada”–  o a rendición de cuentas no aceptadas por el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados o a informes unilaterales y a la carta sobre la evolución y seguimiento del Plan de cuenca, sin que quepa alegación o información de contraste alguna.

Incluso las obras propuestas en el Plan de cuenca con el pretexto de acometer mejoras de regadío -como el recientemente en licitación para dotar al canal del Alberche con agua del Tajo- o el de guardar en invierno agua del Jarama en el embalse de Finisterre para asegurar en verano suficiente caudal ecológico en Toledo, no tienen otra finalidad que el de generar artificialmente “excedentes” a trasvasar desde la cabecera.

Los trasvases deben acabar porque el Tajo necesita sus aguas para sí. Y eso lo sabe el MAPAMA, la Dirección General del Agua (DGA) y la propia CHT, que en 2011 ya advirtió que no es posible tener Tajo y trasvases al mismo tiempo; o uno u otro. Mientras los gobiernos apuesten por el Trasvase Tajo-Segura estarán eligiendo matar todo un río, el río más emblemático de la península ibérica, el río Tajo / Tejo.

¡Vida al Tajo. Trasvases, no!

No cabe otra: anulación del POM de Toledo de una vez, y redacción de uno nuevo

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La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 36.2 párrafo segundo de la LOTAU supone la anulación de facto del Plan de Ordenación Municipal de Toledo del año 2007 y que se mantiene recurrido en el TSJ de Castilla-La Mancha por Ecologistas en Acción y varios particulares.

La certificación de la ilegalidad del precepto en el que se amparó la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo para aprobar sin la debida información pública las modificaciones sustanciales del POM no hace otra cosa que confirmar los argumentos de los recurrentes. Argumentos, por cierto, reconocidos implícitamente por la propia Junta al señalar que ya ha modificado la LOTAU para eliminar el precepto ahora declarado inconstitucional.

Formalmente sólo queda esperar ahora a que el TSJ de Castilla-La Mancha, al amparo de la cuestión de constitucionalidad por él mismo promovida, anule definitivamente el POM y dé traslado de ello a las partes recurrentes, proceso que no debiera demorarse demasiado.

Pero más allá de esta cuestión sustancial desde el punto de vista de la legalidad, lo que exige la situación ahora es que la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo se dejen ya de argucias para demorar la anulación del POM e iniciar un proceso serio y transparente que dote a la ciudad de un instrumento de planeamiento urbanístico en condiciones.

Ecologistas en Acción de Toledo considera que las administraciones no han jugado limpio en todo este proceso. Primero por aprobar un POM insostenible urbanística y ambientalmente, con falta de transparencia y de respeto a la legalidad. Y luego porque se han servido de triquiñuelas legales y de enredar en los tribunales para no reconocer sus errores ni asumir sus responsabilidades.

El Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo debe ser sustituido de inmediato

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broken-bar-of-equalityTras conocer la sanción grave impuesta al Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo por dilaciones indebidas en el caso Palomarejos Golf y de manifestar éste su incapacidad para el cargo, Ecologistas en Acción reclama la inmediata sustitución del mismo. El Fiscal alegó que “ tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

La Fiscalía  General del Estado ha comunicado a Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y comarca la resolución del expediente disciplinario abierto al Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por retraso injustificado en la realización de un informe esencial en el caso “Palomarejos Golf”.

La Fiscalía General del Estado considera probado que el Fiscal de Toledo demoró indebidamente y por un plazo de 14 meses el informe que debía emitir sobre la denuncia efectuada por el caso de cesiones de suelo público presuntamente no realizadas en el proyecto de singular interés “Palomarejos Golf” y en el que ejerce la acusación Ecologistas en Acción.

La Fiscalía General señala que no sólo no se hizo el informe con la diligencia debida, sino que se omitió también dar cuenta de que estaba pendiente de realización en los partes trimestrales de asuntos pendientes de la Fiscalía de Toledo. Y todo ello con plena consciencia por parte del expedientado y del perjuicio que la dilación provocaba a la causa y a las entidades denunciantes.

Por todo lo anterior, la FGE considera que el Fiscal de Medio Ambiente de Toledo es responsable de una falta grave y le impone una sanción de 1.500 euros de multa.

Pero el escrito de la FGE tiene otro trascendental contenido. En su página 9 recoge las alegaciones del expedientado que dice para justificarse lo siguiente: “…que consideró conveniente esperar al resultado de las elecciones para emitir el informe por si se producía un cambio de titular en la Consejería….”, que “…se demoró al no ser capaz de detectar si las irregularidades eran meramente administrativas,…”. Y, lo que es más destacable, “que tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

Ante los hechos anteriores, que se comentan por sí solos, Ecologistas en Acción considera la situación de una extrema gravedad ya que ponen de manifiesto la indefensión a la que está sometido el medio ambiente de la provincia al tener al cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a una persona que se considera incapaz de entender y de atender las materias de su competencia.

Por este motivo, la organización reclama la urgente sustitución del Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por una persona capaz de cumplir las importantes funciones que le son inherentes al cargo.

Por otra parte, los abogados de la asociación estudian más en profundidad las repercusiones de la resolución de la FGE en el caso “Palomarejos Golf”, donde parece que es evidente que la administración de justicia no ha actuado correctamente para perseguir un presunto delito urbanístico de graves consecuencias.

 

Se tiene a disposición de los interesados la resolución sancionadora de la FGE