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LAS DUDAS SOBRE EL PUY DU FOU ERAN JUSTIFICADAS Y AHORA LO SON MÁS QUE NUNCA

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Primeras reacciones al anuncio de que habrá nueva información pública.

El anuncio hecho por parte de Puy du Fou España de que el parque temático va a ser sometido a un nuevo proceso de información pública no es sino la constatación de que el proyecto no cumple con los requisitos legales ni medioambientales para llevarse a cabo.

Es también la prueba de que quienes dudan de la viabilidad del Puy du Fou no sólo están justificadamente preocupados por este proyecto, sino que además ahora tienen aún más motivos para ello.

Poca o más bien ninguna consideración ni crédito merecen las explicaciones de la empresa respecto de los motivos que justifican que el PSI tenga que partir de nuevo desde cero. Serán los documentos que obren en los nuevos procedimientos de información pública los que cuando se hagan públicos aclaren las verdaderas razones de que el proyecto y toda la tramitación se tenga que rehacer.

Entre ellas, estarán sin duda, las alegaciones presentadas. Pero también las carencias de un procedimiento de PSI y de un proyecto que quedan definitivamente en entredicho.

Ni todo era tan legal, ni todo era tan correcto, ni todo está tan bien hecho como se decía.

Cuando se sometió el proyecto a información pública ya se sabía de la situación urbanística de Toledo, o de los condicionantes medioambientales y paisajísticos que cabía tener en consideración. Sin embargo, nada se hizo por ajustarse a ellos. Ahora el intento de rectificar también parece más que difícil debido a los errores acumulados y a la mala elección del emplazamiento.

Cabe preguntarse ahora con que datos y con qué certidumbres tomó el Gobierno regional en su día la decisión de declarar de interés regional el Puy du Fou. Obviamente no se hizo con los correctos. Y ahora, en lugar de rechazar un proyecto mal hecho, hay que rehacerlo todo otra vez seguramente con la idea de ganar tiempo al tiempo y para que la empresa siga con su táctica de compra de voluntades y de silenciamiento de la justas críticas.

Queremos Saber La Verdad del Puy du Fou tendría motivos más que sobrados para sacar pecho ahora que sus tesis se ven confirmadas. Pero en realidad la nueva situación es más bien motivo de tristeza y lamento porque en Castilla-La Mancha y en Toledo no se sepan hacer las cosas bien y se tomen decisiones políticas sin suficientes elementos de juicio y que embarcan a la ciudadanía a conflictos y preocupaciones que nos podíamos ahorrar.

El Movimiento esperará en todo caso a que vayan saliendo los documentos anunciados a información pública para profundizar en su valoración y en la de la situación en que queda realmente el proyecto.

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Se precisa de un mayor compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el medio ambiente

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Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España se reúnen con el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Las organizaciones ambientalistas Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España han trasladado al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se comprometa más profundamente con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y se replantee posiciones y proyectos poco coherentes con los objetivos medioambientales que se dice defender.

Algunas de las cuestiones que preocupan a Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España son la insistencia en sacar a colación grandes infraestructuras con evaluaciones ambientales negativas, las incoherencias en materias de agricultura y agua, la ilógica intención de derogar el decreto por el que se declara el conejo de monte especie de interés preferente, así como las nuevas leyes sobre evaluación ambiental o sobre instalaciones de telecomunicaciones y que dejan al margen principios básicos de protección de la salud y el medio ambiente.

Preocupa también a las ONG el desordenado y masivo crecimiento de instalaciones ganaderas intensivas, la tramitación de proyectos de singular interés en zonas de alto valor natural y paisajístico y la falta de planificación en el reimpulso a las renovables en Castilla-La Mancha. Todo ello sin olvidar conflictos que no se han sabido resolver con los agentes medioambientales.

Especial mención merece la reiterada mala gestión y regulación de la caza, lo que ha llevado de rebote al bloqueo impulsado por el sector cinegético a la ley de protección y bienestar animal.

Desde el punto de vista de las ONG estas cuestiones se pueden y se deben reconducir desde el diálogo y la participación huyendo de reacciones apresuradas o de la cesión ante posiciones irracionales. También desde la ampliación y renovación de los medios humanos de que dispone la Consejería en medio ambiente, a todas luces insuficientes y escasamente diversificados. Y, por último, impulsando la educación y divulgación ambiental para favorecer la concienciación ciudadana como está previsto hacer a partir de este año.

Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España le han trasladado al Consejero su más sincero deseo de colaboración e impulso de las políticas medioambientales y de una línea de desarrollo sostenible compatible con la obligada protección medioambiental y de la salud pública.  Así como la disposición a un diálogo abierto con todos los sectores para resolver los conflictos existentes en la región.

Como hicieran las asociaciones en el Consejo Asesor de Medio Ambiente celebrado ayer se ha pedido a la Consejería y al Gobierno, que no se derogue, sino que se revise, el decreto del conejo, que se paralicen y discutan más despacio las iniciativas en materia de grandes infraestructuras y agua y que se aproveche la oportunidad de los cambios en el Gobierno central para evitar que se construya el ATC de Villar de Cañas, se dote al río Tajo de un verdadero caudal ambiental y se concreten medidas de mejora en la protección de los parques nacionales de cara a su eventual transferencia a la comunidad autónoma.

Dañino pavimentado de caminos en Hontanar con ayudas del Parque Nacional de Cabañeros y de la Diputación de Toledo

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Obras de asfaltado del camino

Ecologistas en Acción pide explicaciones a la administración pública y se hace eco de la recogida de firmas que a través de una conocida plataforma digital pide a las administraciones que no den subvenciones para deteriorar los espacios naturales. A día de hoy se han recogido más de 550 firmas.

El problema surge cuando el ayuntamiento de Hontanar decide en el pleno celebrado el 28 de febrero pasado aprobar el expediente de contratación para pavimentar un tramo del camino de Maqueita con cargo a las subvenciones que ofrece el Parque Nacional de Cabañeros para el área de influencia socioeconómica de este espacio protegido. Para esta obra y para el arreglo de una calle del pueblo el ayuntamiento es beneficiario de una ayuda conjunta de 21.997 euros.

Las obras del camino se llevan a cabo produciendo un gran impacto paisajístico, ya que el asfaltado se produce en un tramo en una ladera visible desde kilómetros a la redonda. A la par se genera un impacto en el uso público de este camino, destinado a labores agrícolas y a actividades recreativas, como el senderismo y la bicicleta.

A esta obra se le añade posteriormente el arreglo de dos tramos del mismo camino, y que según fuentes del ayuntamiento podrían haber sido subvencionadas por la Diputación de Toledo.

A juicio de Ecologistas en Acción resulta lamentable que con ayudas públicas, máxime cuando algunas de ellas van dirigidas a la mejor conservación y uso público del entorno del Parque Nacional de Cabañeros, se hagan obras sin criterio medioambiental. Por ese motivo el equipo jurídico de la asociación se ha puesto ya a trabajar con vistas a denunciar los hechos por su impacto ambiental y a reclamar la devolución de las ayudas recibidas si se comprueban las irregularidades que presuntamente podría haber cometido el ayuntamiento en la tramitación de las mismas.

De entrada Ecologistas en Acción solicita a las administraciones actuantes, esto es, Ayuntamiento, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Dirección General de Política Forestal de Castilla-La Mancha y Diputación de Toledo que informen de los trámites de autorización y de concesión de ayudas a los que ha sido sometida la obra y que se certifique si se ha cumplido con toda la legalidad y con todos los requerimientos ambientales que son exigibles.

Recogida de firmas: https://www.change.org/p/dirección-general-de-política-forestal-y-espacios-naturales-evita-que-subvenciones-otorgadas-por-parques-nacionales-deterioren-espacios-naturales

168.000 euros de fianza por el envenenamiento de más de 50 ejemplares de fauna en un coto toledano

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· Un juzgado de Toledo ha impuesto la fianza por el presunto envenenamiento de 50 animales en un coto de la provincia
 
· Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular en este procedimiento y destacan la importancia del reconocimiento por parte de los tribunales del valor económico que supone la pérdida irreversible del patrimonio natural.

El juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº4 de Torrijos (Toledo) ha impuesto una fianza de 168.000 euros a los tres acusados por el uso reiterado de veneno que ocasionó la muerte de 55 ejemplares de fauna en el coto de la Casa Nueva en Gerindote. Esta fianza tendrá que ser depositada por el titular del coto y los dos guardas que en el momento en que se produjeron los hechos estaban al cargo de la labores de administración y gestión del aprovechamiento cinegético de los terrenos. El objeto de la fianza es responder a la posible indemnización por los daños causados por los envenenamientos y el pago del valor de las especies de fauna que se vieron afectadas. El juez decreta la celebración del juicio oral después de seis años de instrucción.

WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción ejercen la acusación popular en este proceso, destacando que “la imposición de esta fianza es importante en cuanto que reconocen el valor del daño producido por el uso ilegal de cebos envenenados y demuestra que colocar cebos envenenados en el medio natural tiene consecuencias económicas y legales para los autores”. La presencia en los tribunales, realizado en el marco del proyecto Life+ VENENO, ha permitido a las organizaciones ecologistas trasladar a los órganos judiciales y a la sociedad la gravedad de esta amenaza contra la biodiversidad y apoyar el trabajo de investigación realizado por los agentes de medio ambiente de Castilla-La Mancha y el Seprona de la Guardia Civil.

Los hechos
 
Entre agosto y septiembre de 2011 fueron localizados en el coto privado de Casa Nueva, en el término municipal de Gerindote, al menos 55 ejemplares de animales envenenados, entre los que se encontraban 23 milanos negros, cinco aguiluchos laguneros, seis milanos reales y un águila imperial ibérica, estas dos últimas especies catalogadas En Peligro de Extinción. Los análisis posteriores de los animales confirmaron su muerte por efecto de dos potentes insecticidas que habían sido utilizados para la elaboración de los cebos.

Las labores de investigación de la Unidad de Investigación de Venenos (UNIVE) del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y el Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, permitieron localizar los animales envenenados y determinar la imputación del titular y los dos guardas como posibles autores de los hechos.

El uso de veneno

El informe El veneno en España (1992-2013)‘ analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, una de las mayores amenazas para la biodiversidad, y desvela los 8.324 episodios de envenenamiento que se han registrado en el periodo de estudio. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las organizaciones ecologistas estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85 % y el 97 % de los animales envenenados no se encuentran. A pesar de ser ilegal, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos, completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para los animales domésticos.

 

Rechazo a las críticas incongruentes de la Mesa de la Caza y petición de un último esfuerzo para que se aumente la edad mínima para cazar en Castilla-La Mancha.

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LEY-DE-CAZA-CLM-PLATAFORMA.jpgAnte la convocatoria el próximo jueves 15 de marzo del pleno de las Cortes en el que se debatirá y aprobará la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, la Plataforma contra la Ley de Caza se congratula de que se esté a punto de dar paso tan decisivo en la modificación de una norma que se elaboró a la medida de unos pocos y para favorecer un modelo de caza intensiva y comercial que daba la espalda a los derechos de los no cazadores, al bienestar animal y a la protección de la naturaleza. A pesar de ser incompleta la reforma, no deja de ser un cambio sustancial en la línea de lo reclamado por la Plataforma.

La Plataforma entiende que aun así hay una última posibilidad de mejorar la Ley incrementando la edad mínima para cazar y que mediante una enmienda presentada por el grupo Podemos podría elevarse a los 16 años. Los argumentos de unos y otros en relación a esta propuesta están ya expuestos y resulta evidente que son mucho más razonables los que justifican la aprobación de la enmienda. Tanto desde el punto de vista de la seguridad para las personas, cazadores o no, desde la comparación con otras actividades para las que se requiere la mayoría de edad, como considerando los precedentes en comunidades como Galicia, hay que subir la edad para usar un arma para cazar.

La Plataforma pide tanto al PP como especialmente al PSOE que apoyen la enmienda en la seguridad de que con ella se mejorará sustancialmente la reforma de la Ley.

Por otra parte, la Plataforma considera que el lobby cinegético lo que pretende sobre todo con sus infundadas críticas a la reforma de la Ley es distraer la atención de esta cuestión de la edad y evitar que se apruebe la enmienda. Así como posicionarse cada vez más duramente contra la ley de protección y bienestar animal.

No se puede entender de otra forma su reacción ya que de las 15 razones que se esgrimen para rechazar la Ley de Caza unas no se sostienen en la realidad y otras ponen de manifiesto la apuesta por un modelo de caza insostenible enfocado a la transgresión permanente de la normativa sea en materia de caza, de protección de la naturaleza, de bienestar animal o de uso público.

Baste para demostrarlo dos ejemplos más que significativos.

El primero tiene que ver con la crítica al incremento de las sanciones y a la consideración del papel protagonista de los agentes medioambientales en el control de la actividad cinegética. Es decir, a que se puedan vigilar y sancionar adecuadamente actividades ilícitas. Se queja el sector de la caza de estos aspectos cuando resulta que la reforma de la ley no hace otra cosa que recuperar el régimen de sanciones económicas que ya había en la ley de 1993 y que de forma sorprendente se había rebajado a la mitad en 2015. Asimismo de que se reconozca a los agentes un papel de policía judicial que ya tiene instaurado desde otros ámbitos legales y del que son plenamente merecedores. Cabe preguntarse qué teme el lobby si ellos defienden el buen hacer del sector e invocan que son los primeros en denunciar ilegalidades. Obviamente lo que quieren es que no se descubran las numerosas actos ilícitos que se cometen y que, si se descubren, que no se sancionen. Los que debieran ser los primeros en pelear por el cumplimiento de las leyes, son los primeros que dan por hecho que van a incumplirlas.

El segundo ejemplo tiene que ver con los bulos que están propagando respecto de supuestas nuevas prohibiciones, como la que afectaría a las esperas nocturnas de jabalí. Para desgracia de la Plataforma estas prácticas se van a seguir realizando, a pesar del peligro que comportan para la seguridad de las personas y para el control del furtivismo. El cambio que se ha introducido, y que ya se verá si se concreta en el reglamento, es que deje de considerarse una modalidad de caza por imperativo legal, cosa que no se hace con ningún otro tipo de caza. Pero podrá autorizarse como se ha hecho siempre, como método excepcional sujeto a autorización, y debe mantenerse así entre otras cosas porque va contra uno de los principios básicos de la protección de la propia caza, la prohibición general de que se pueda cazar de noche. Así estaba en la ley de 1993 y se ha venido haciendo hasta la nueva ley de 2015.

Con argumentos incongruentes y falaces como éstos y otros que se desgranan en esas llamadas 15 razones, la Mesa de la Caza no hace otra cosa que mostrar su falta de autocrítica a las malas prácticas cinegéticas y su falta de respeto a la inmensa mayoría que representan las personas no cazadoras. Tratan de ocultar su falta de argumentación y capacidad de debate con quienes defienden otros puntos de vista. Hace tiempo que decidieron dejar de buscar consensos y optaron por la confrontación contra todo aquel que no quisiera transigir con su apuesta por la insostenibilidad del modelo de caza comercial, elitista e intensiva.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales deja en cuadro a Cabañeros

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PN CabañerosEcologistas en Acción denuncia que el parque nacional de Cabañeros va a ver reducida su plantilla hasta límites insospechados, convirtiéndose en el parque peor dotado de toda España. Para atender un espacio que dispone de nada menos que de 40.856 hectáreas se dispone de un solo técnico y un solo agente medioambiental, así como del director conservador.

Así queda la plantilla tras el traslado reciente de otro técnico y tras evitar el Organismo Autónomo que se incorpore a las tareas de vigilancia del parque nacional más personal de guardería.

La disponibilidad de personal con que queda el parque es absolutamente ridícula y no permite atender con una mínima diligencia las tareas administrativas, de vigilancia y de gestión que requiere uno de los espacios más emblemáticos de la red estatal de Parques Nacionales.

La actitud del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) tiene difícil explicación como no sea que haya una voluntad de que el parque quede desatendido para evitar sobre todo que se controlen las actuaciones en las fincas privadas que son la mitad de su superficie. A este respecto conviene recordar que Basilio Rada, director del citado organismo, fue denunciado públicamente por aceptar una invitación a cazar en enero de 2013 en una de las fincas con terrenos en Cabañeros.

Tal vez la desatención sea debida también a un intento de descapitalizar al parque de personal y medios de cara al traspaso de competencias que ha reclamado la Junta de Castilla-La Mancha y que sería, junto con el propio espacio, la damnificada por esta situación.

Conviene recordar que en su día el parque llegó a contar con 4 técnicos y 8 agentes, aparte del director conservador, y aún con eso, se consideraba que la plantilla requería ser reforzada.

El estado de cada vez mayor abandono y desatención que presenta Cabañeros por parte del OAPN dependiente del Ministerio es insoportable y requiere de cambios inmediatos. En ese sentido Ecologistas en Acción prepara ya con otras asociaciones ecologistas el envío de un requerimiento conjunto a la Ministra Isabel García Tejerina para que se dispongan inmediatamente los medios materiales y humanos oportunos al servicio del parque nacional ya que se está incumpliendo la obligación de atenderlo conforme a los objetivos del Plan Director de parques nacionales.

Denuncia urgente contra un cerramiento para caza de 9 kilómetros en el espacio protegido de los Montes de Toledo.

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P1060688Ecologistas en Acción de Toledo reclama la paralización del desbroce de vegetación iniciado sin permiso para un vallado en la finca Quinto de Don Pedro y que afecta al espacio de la Red Natura 2000, distintas áreas críticas de especies en peligro de extinción, a dos montes públicos y a un refugio de fauna.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia de Toledo el inicio de las obras de instalación de un nuevo cerramiento cinegético que amplía el existente en la finca privada Quinto de Don Pedro, en el término municipal de Los Yébenes.

La empresa titular de la esta finca, colindante con el Monte de Utilidad Pública y refugio de fauna del mismo nombre, pretende cerrar una superficie de 471 hectáreas que actualmente están abiertas en una zona de altísimo valor ecológico. El proyecto afectaría, entre otros elementos a proteger, al espacio de la Red Natura 2000 de los Montes de Toledo, a áreas críticas de lince ibérico, águila imperial, águila perdicera y buitre negro, a dos montes de utilidad pública colindantes y al refugio de fauna homónimo del Quinto de Don Pedro.

Difícilmente podríamos encontrar en la provincia de Toledo un espacio tan valioso  y reconocido con tantas figuras de protección y conservación.

Por la grave afección a este enclave singular y destacado, Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado ya formalmente el inicio de las labores de desbroce y eliminación de la vegetación natural, consistente en monte mediterráneo de encina y jara. Estos trabajos tienen por objeto la apertura de las calles en las que mediante postes metálicos y alambrera de 2 metros de alto se instalaría un cerramiento cinegético de más de 9 kilómetros de longitud.

La denuncia se justifica a su vez en el hecho de que el cerramiento carece de autorización, todavía en trámite y que debe ser emitida por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.

El perjuicio que para los espacios naturales, las especies protegidas y las propias especies cinegéticas producen los vallados o cerramientos cinegéticos se puede observar claramente en la parte que el titular de la finca tiene vallada desde hace años. En esa zona la vegetación está muy dañada por el exceso de población de cérvidos, el paso de la fauna silvestre está limitada  por la alambrera, que a su vez es un peligro de colisión sobre todo para las aves, y se practica un modelo de gestión cinegética insostenible.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Dirección Provincial y a la Viceconsejería la inspección, denuncia e inmediata paralización de los trabajos. Vistos los daños ambientales y que el titular del coto, lejos de respetar los procedimientos, ha empezado a actuar ilegalmente, cabría instruir expedientes sancionadores por cuatro vías. Incumplimiento de la ley de evaluación ambiental, incumplimiento de la ley de protección del suelo y de las cubiertas vegetales, incumplimiento de la ley de caza e incumplimiento de la ley de conservación de la naturaleza.

Casos como éste ponen de manifiesto el perjuicio que la caza en terrenos vallados y la normativa actual causan en los recursos naturales y que llevan a la necesidad de cambios radicales en la ley y en los procedimientos que regulan instalaciones tan dañinas como los cerramientos cinegéticos.