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Indignación por la autorización de más trampas y lazos para cazar animales domésticos y predadores en Castilla La Mancha

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Trampa-Belisle-SelectifLas entidades que conforman la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha muestran su indignación y rechazo absoluto por la decisión de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que cede al chantaje del lobby cinegético para homologar tres peligrosos modelos de trampas y lazos destinados al control de predadores, perros y gatos, pero que afectan también a especies protegidas.

Mediante orden publicada en el diario oficial de Castilla-La Mancha el 21 de noviembre pasado, el consejero Martínez Arroyo suscribe con su firma que los cotos de caza puedan utilizar a partir de ahora tres nuevos tipos de trampas y lazos que se añaden a otros cinco ya autorizables.

Entre los dispositivos autorizados por la Consejería se encuentran tanto lazos como trampas en los que además de las especies objetivo son atrapadas otras especies, incluso amenazadas, como el lince, el lobo, águilas, búhos y otras.

Así lo recoge la nueva orden de homologación de la trampa Belisle Selectif, jaula de captura Larssen o de buzón y trampa de nasa lateral, al indicar que no se debieran usar en espacios naturales o con presencia de lince o lobo. Sin embargo, se obvia que los animales no entienden de fronteras y que lazos o trampas, como por ejemplo, el belisle se han mostrado muy dañinos para los cánidos, entre ellos el lobo. O que las jaulas trampa para urraca atraen a muchos predadores protegidos.

Ya el año antepasado tuvo que ser liberado un lince que cayó en un lazo autorizado por la Consejería y al que sólo la disponibilidad de collar emisor le libró de un futuro cuando menos incierto.

Pero por desgracia la mayor parte de los animales no disponen de collares transmisores que les protejan, y ello implica que a pesar de que las trampas y lazos se supone que capturan a los animales vivos, es el trampero al servicio del correspondiente coto de caza el que tiene en su mano la decisión de qué hacer con él. A nadie se le escapa lo que en muchas ocasiones hará el trampero dada la enfermiza animadversión que hay en determinados grupos de cazadores a los predadores y a los perros y gatos abandonados. En caso de atrapar zorros, perros, gatos o urracas, la Consejería autoriza matar al animal en el momento con un disparo en la cabeza sea con armas tanto de fuego como de bala cautiva.

Las entidades que conforman la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha no alcanzan a entender que la Consejería, con su Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales como promotora de la orden, haya cedido a la presión y al chantaje del lobby cinegético. Y, sobre todo, que para justificarse se haya amparado en pruebas de homologación sin base científica, mal diseñadas y, lo que es peor, realizadas bajo la supervisión de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha.

Actuaciones como ésta ponen en entredicho la ecuanimidad y el rigor de las decisiones de la Consejería y, lo que es peor, la verdadera voluntad del Consejero de sacar adelante la reforma de la ley de caza y una nueva ley de bienestar animal como la lógica y la ciudadanía demandan.

La Plataforma anuncia que a través de las entidades que la conforman interpondrán en los tribunales los recursos precisos para conseguir la anulación de la orden. Asimismo la Plataforma estará muy atenta ante la posibilidad, al parecer no descartada todavía, de que la Consejería homologue también una caja trampa específica para gatos domésticos y que dañaría muy gravemente a las poblaciones de gato montés y de lince, entre otras especies.

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Paso decisivo para una reforma en profundidad de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

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Nota de prensa a 28 de julio de 2017

La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha acoge con esperanza el paso decisivo que se ha producido hoy en la tramitación de la reforma de la Ley 3/2015.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y el envío al Consejo Consultivo del proyecto de ley de modificación de la ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha el proceso entra en su recta final y se abre la vía para que en un marco de búsqueda de acuerdos entre partidos políticos y la Plataforma se termine de cambiar el texto de una ley que se impuso para favorecer de forma descarada al lobby cinegético y que nunca debió ver la luz.
La Plataforma hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que dialoguen entre ellos y con la sociedad civil y ultimen un texto que todavía precisa de importantes mejoras. En este sentido la Plataforma recuerda que si bien una parte de sus propuestas y alegaciones ya se ven reflejadas en el texto, otra parte no menos importante no se ha modificado y precisa por tanto de modificación en sede parlamentaria.
Entre los aspectos que el anteproyecto no recoge y que habrán de ser objeto de debate están cuestiones tan importantes como la desincentivación de la caza intensiva y la revisión de la figura del cuartel de caza comercial,  principales motores de la ley de caza del Gobierno de  Cospedal y causantes de los mayores impactos negativos de la ley. También deberá considerarse la prohibición de autorizar la caza de animales domésticos, las modalidades o métodos crueles, masivos o con impacto negativo en las especies y espacios protegidos, el respeto a la normativa y a las sentencias judiciales que afectan a la caza y la mejora de la vigilancia y de las sanciones para evitar conductas ilegales. Se precisa por otro lado garantizar el respeto y la seguridad en el uso público del monte y la no afectación de la caza a las actividades forestales, agrarias, de ocio, deporte o ecoturismo.
La Plataforma trabaja ya para reunirse con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha al objeto de trasladarle sus reivindicaciones y de ofrecerles toda la justificación y apoyo social que avala las mismas.

Asociación de cotos de caza ayuda a cotos con veneno en Guadalajara

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Ecologistas en Acción exige a la entidad pro-cinegética una inmediata explicación de cómo y porqué ayuda a cotos con veneno y si este tipo de ayudas se dan también en otros casos de cotos sancionados.

Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento de que la Asociación de Titulares de Cotos de Caza con sede en Guadalajara, y más conocida como ATICA, aprobó ayudar a dos cotos de caza en Medranda y Castilblanco de Henares, provincia de Guadalajara, a resultas de que fueran denunciados por vía penal y administrativa por la presencia de veneno y la aparición por esta causa de numeroso ejemplares muertos de fauna protegida.

Según consta en una circular de ATICA sobre la asamblea celebrada el 5 de marzo de 2015 y que puede descargarse de su página web la entidad “decidió que la ayuda que se le dé al coto de Castilblanco (primero tienen que recibir la sentencia en firme) se le dará igualmente al coto de Medranda, pues está involucrado en la misma infracción”.

Recordemos que el caso que involucra a estos dos cotos revistió especial gravedad. Se descubrió en la primera semana de marzo de 2013, a partir del seguimiento de un águila de Bonelli o perdicera radiomarcada en la comunidad de Madrid. El emisor da señal de lo ocurrido y permite la localización del ejemplar muerto, momento en que se avisa a los agentes ambientales de Castilla-La Mancha  y al  SEPRONA que organizaron un operativo de localización de otros restos.

El rastreo con ayuda de la patrulla canina regional especializada en la detección de cebos envenenados permite la localización de numerosos cebos con veneno en el coto de Castilblanco de Henares y  21 ejemplares de fauna envenenados, en éste y en el coto lindante de Medranda. Entre ellos, un águila real, un águila perdicera (en peligro de extinción en Castilla-La Mancha), seis buitres leonados, junto a varios milanos, entre ellos, al menos, un milano real (especie “en peligro de extinción”), un tejón y varios zorros.

Algunos de los cebos envenenados se localizaron en la boca de madrigueras de zorro, lo que indica un uso típicamente cinegético, dirigido a eliminar, de manera masiva y delictiva, posibles depredadores de piezas de caza.

El caso ha dado lugar ya a sendas sanciones administrativas por responsabilidades “in vigilando”, una de ellas fue recurrida por el los sancionados en Medranda y ha sido refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la otro no se recurrió. Así se impusieron multas de 50.000 € al coto de Castilblanco y  25.000 euros al de Medranda y la suspensión de ambos acotados por dos años. Por su parte, el asunto de la autoría sigue su tramitación en vía penal, delito que puede conllevar penas de prisión de 4 meses a 2 años.

Ante estos hechos resulta increíble que a pesar de la gravedad del envenenamiento, uno de los de peores consecuencias registrado en España en los últimos cinco años, y de que el sector cinegético y en particular ATICA aparentan mostrarse muy beligerantes contra el uso el veneno, lo cierto es que la entidad cinegética lejos de personarse y de denunciar el uso de veneno resolvió ayudar a estos cotos.

Tan grave e injustificable acción exige una explicación inmediata por parte de ATICA Guadalajara. La entidad debe aclarar sin demora en qué consiste la ayuda que se presta a los cotos de Castilblanco y de Medranda a resultas de las sanciones impuestas y, también, si esta ayuda se puede dar a otros cotos involucrados en casos de veneno.

Ecologistas en Acción demanda esa respuesta inmediata de ATICA máxime cuando esta asociación cinegética se está mostrando tan vehemente a la hora de atacar a funcionarios de la Junta que están aplicando con rigor la normativa vigente. También cabe preguntarse si puede haber relación entre las ayudas a cotos con veneno y las acciones vindicativas de Atica. ¿Han influido estos expedientes de sanción por veneno en las recientes manifestaciones habidas en Guadalajara?

Documento de ATICA ayuda a cotos con veneno, descargable en:

https://www.aticaguadalajara.com/noticias/

Circular Resumen Asamblea

Resumen de los temas tratados en la asamblea celebrada el pasado 05 de marzo con la asistencia de mas de 200 socios.

CIRCULAR ATICA RESUMEN ASAMBLEA.pdf
Documento Adobe Acrobat [151.0 KB]

(Ver al final del documento el apartado 4, de ruegos y preguntas)

Reclamamos indemnización por daños al águila perdicera y el cese del Ecoparque de Toledo

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Foto: Seshadri K.S.

Ecologistas en Acción de Toledo ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente una denuncia contra el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo por los daños que el Ecoparque de Toledo está produciendo en la población de águila perdicera, especie en peligro de extinción de la que apenas queda media docena de parejas en las provincia.

En su escrito la asociación recuerda que desde el año 2012 viene funcionando en el paraje conocido como Dehesa Aceituno del término municipal de Toledo, el denominado “Ecoparque” en el que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales a través de GESMAT s.a. gestiona los residuos sólidos urbanos de Toledo.

Dicha instalación está sujeta a una declaración de impacto ambiental y a una autorización ambiental integrada que establecieron una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir y compensar los impactos a las especies en peligro de extinción, muy en particular los que pudiera sufrir el águila perdicera (Aquila fasciata) y que cuenta con un territorio de nidificación y zona crítica en las inmediaciones.

Pues bien, una vez puesto en funcionamiento el Ecoparque, la pareja de Águila de perdicera ha dejado de criar y ha desaparecido de la zona, no siendo observada al menos desde el año 2015. Tampoco se ha observado que se haya instalado una nueva pareja en la provincia, ni que fruto de las medidas protectoras y compensatorias puestas en práctica se haya evitado la pérdida de la pareja ni su restitución por otra.

A nuestro juicio la intensa transformación del hábitat habida en la zona, y de la que el Ecoparque es exponente primero y principal, así como las innumerables molestias y ruidos que genera la instalación serían la razón de la pérdida de una de las últimas parejas de Águila perdicera de Toledo. Decir a este respecto que en la actualidad la población de la especie apenas alcanzaría la media docena de parejas en la provincia.

Esta situación era por desgracia esperable, como alegó Ecologistas en Acción con ocasión de las informaciones públicas a las que fue sometido el proyecto. Además, el propio órgano evaluador de la Consejería calculaba en 500 hectáreas el daño al hábitat que el proyecto producía y consciente del posible impacto impuso diversas medidas compensatorias.

No obstante, la pareja ha desapacido y ha dejado de criar en los últimos años lo que supone un impacto crítico sobre una especie declarada en “peligro de extinción” y con muy pocos ejemplares reproductores en Toledo.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción requiere a la Viceconsejería de Medio Ambiente lo siguiente:

1.- Que previo informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales se evalúe si se han llevado a cabo las medidas protectoras y compensatorias impuestas en la DIA y, si fuera el caso de que no se hayan aplicado correctamente, se impongan las sanciones correspondientes.

2.- Que se incoe un expediente de responsabilidad ambiental por la Ley 26/2007 al titular de la instalación y que éste repare los daños ambientales producidos y los indemnice debidamente. A este respecto recordamos que la valoración de cada águila perdicera perdida es de 60.000 euros según el Decreto 67/2008, de 13 de mayo por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada de Castilla-La Mancha. Y que si consideramos la desaparición de la pareja y de las nidadas que no han fructificado desde 2015 estaríamos hablando de al menos 8 ejemplares, esto es, un total de 480.000 euros en daños a la especie.

3.- Que se revise la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental a la vista de los hechos y que se decrete el cese de la actividad hasta la recuperación de los impactos críticos que sobre el águila perdicera está produciendo el Ecoparque.

Además, hacemos expresa solicitud de ser considerados como parte personada en los expedientes del tipo que sean que se incoen al amparo de esta denuncia.

 

Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Agricultura abre la mano al uso masivo de herbicidas y más espalderas en las ZEPA de aves esteparias

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Las asociaciones de defensa de medio ambiente consideran que la Consejería de Agricultura ha quebrado con nuevas propuestas el proceso de debate sobre el plan de gestión de las ZEPA de ambientes esteparios y se reservan adoptar futuras acciones si el texto se aprueba tal cuál.

El nuevo borrador del plan de gestión de ambientes esteparios remitido a las partes por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con vistas a su inminente publicación ha terminado por quebrar el diálogo entorno al plan de gestión de las zonas de especial protección de ambientes esteparios de Castilla-La Mancha.

Las últimas modificaciones introducidas a instancias de las organizaciones profesionales agrarias sobrepasan ya lo admisible para las asociaciones de defensa del medio ambiente que están participando en el proceso.

Dos aspectos novedosos resultan críticos para que se haya colmado la paciencia y la flexibilidad mostrada hasta ahora por las ONG ambientales.

Por un lado, el incremento de superficie admisible de nuevos leñosos y de viñedos en espaldera en las ZEPA. Respecto a borradores iniciales se duplica la superficie de nuevos leñosos hasta  alcanzar las 4.459 hectáreas. Estos cultivos, incompatibles como hábitats para las especies esteparias, suponen ya el 15% de la superficie de las ZEPA, incluyendo la ilegal que se pretende regularizar y que se cifra en torno a las 1.600 hectáreas.

Por otra parte, la Consejería ha modificado de incompatible a autorizable el régimen de uso de “los sistemas de cultivo del tipo de siembra directa o mínimo laboreo que conllevan empleo masivo de herbicidas, así como el empleo de herbicidas en barbechos” (cita literal del plan). Modificar el documento para dar cabida al uso masivo de sustancias dañinas para el medio ambiente es algo que resulta del todo inconcebible. La Consejería está tan cegada en su apoyo a las técnicas mal llamadas de agricultura de conservación que se basan en el empleo masivo de hervidas como el glifosato, que ni siquiera ha reparado en la barbaridad que supone el incluir dicho texto para su aplicación en zonas de especies particularmente sensibles a este tipo de sustancias tóxicas y nocivas.

Estas últimas modificaciones, sumada a la falta de atención a las propuestas mediadoras de las organizaciones de defensa del medio ambiente, conllevan que el resultado sea un borrador de plan de gestión que en ningún caso promueve la restauración y conservación en estos espacios que han sido especialmente designados y financiados para ello por sus valores naturales. Se puede romper del todo así el delicado equilibrio ecológico mantenido por actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con una biodiversidad única en todo el continente europeo.

Las propuestas ofrecidas en todo momento por las asociaciones, desoídas por la administración, iban encaminadas a favorecer esos sistemas agrícolas tradicionales, ayudándoles a mantenerse frente a otras opciones más rentables y a una agricultura intensiva e industrial basada en un uso intensivo de productos químicos y un consumo desproporcionado de recursos como agua y energía, con importantes impactos ambientales.

Así las cosas, y si la Consejería no rectifica rotundamente, las asociaciones nos consideraremos desvinculadas del resultado final de un proceso de participación que, después de mucho esfuerzo, no ha servido para llegar a una solución equilibrada. En tal sentido nos reservamos la posibilidad de apelar a otras instancias, al objeto de reivindicar su adecuación a las distintas normativas que le son de aplicación.

Envenenamiento de fauna protegida: una amenaza de primera magnitud para la biodiversidad

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informevenenoecologistasEcologistas en Acción ha elaborado el informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’. El documento pone de manifiesto que el uso de veneno en España sigue estando muy extendido y que las administraciones no están siendo eficaces para atajar un problema que está poniendo en jaque a muchas especies. El número de casos graves registrados se mantiene en una ratio similar a la del informe precedente, hecho para el periodo 2006-2009, pero se han contabilizado un 80% más de animales afectados.

Castilla-La Mancha con un 20% de los casos y más de 117 ejemplares envenenados encabeza junto a Castilla y León la lista de comunidades donde más daño hace el veneno. Toledo la provincia con más casos, junto con Badajoz. La caza responsable de 7 de los 8 casos de envenenamiento grave registrados en Castilla-La Mancha. Milanos reales, águilas imperiales, reales y perdiceras, las especies protegidas más afectadas. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural está falta de medios y de resolución para atajar esta grave problema. El caso más reciente, de noviembre de 2015 en Arcicollar (Toledo) produjo la muerte de 21 animales, entre ellos 6 milanos reales y en el coto se sigue cazando como si no hubiera pasado nada.

En los 54 casos graves de envenenamiento de fauna estudiados a nivel de todo el estado español en el informe se ha confirmado la muerte de más de 900 ejemplares de diferentes especies, muchas de las cuales se encuentran protegidas por nuestra legislación. Entre las especies en peligro más afectadas por el veneno cabe destacar el milano real y el lobo ibérico, aunque siguen siendo numerosos los casos que afectan al águila imperial, el buitre negro y el buitre leonado, y especialmente dañinos los que afectan a especies tan escasas como el quebrantahuesos, el alimoche, la águila perdicera y el lince ibérico.

A pesar de su ilegalidad, el veneno se sigue empleando extensamente para matar animales predadores con fines cinéticos (en un 48,1% de los casos) y ganaderos (en un 31,5% de los casos). También, bajo un discutido amparo legal, se usa para tratar presuntas plagas agrícolas como la de topillo campesino en Castilla y León.

Si comparamos los datos obtenidos en 2006-2009 con los de 2010-2015, vemos que varias comunidades autónomas siguen acumulando buena parte de los casos, como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Por el contrario, en comunidades como Andalucía, Canarias o Aragón se han registrado menos casos graves.

Los agentes tóxicos más habituales siguen siendo fitosanitarios como el aldicarb (en un 18,5% de los casos en el presente informe, mientras que en el de 2006-2009 alcanzó el 19,5%) y carbofurano (18,5% en 2010-2015 frente al 17% en 2006-2009), si bien ha descendido el empleo de cócteles de varias sustancias (en los que habitualmente figuran las mencionadas con anterioridad), pasando del 19,5% en 2006-2009 al 7,4% en el último informe.

Desde el punto de vista numérico, los casos más graves se han detectado en Navarra y en Castilla-La Mancha, aunque no hay que olvidar la mortalidad asociada al uso a gran escala de bromadiolona en Castilla y León, con numerosos episodios de envenenamiento de diferentes especies que aparecen frecuentemente como casos dispersos en las estadísticas.

Resulta evidente, por tanto, que el empleo de venenos como método letal e indiscriminado de control de fauna causa efectos devastadores sobre muchas especies sensibles y constituye un riesgo cierto para su supervivencia. Datos oficiales ponen de relevancia que apenas se localiza uno de cada diez casos de uso de veneno.

En el tiempo transcurrido desde el anterior informe la situación ha variado en algunas comunidades autónomas. Es de destacar el esfuerzo acometido por administraciones como la andaluza y los pasos dados en materia de imposición de sanciones, cierre de cotos y aprobación de planes autonómicos contra el veneno en algunas otras. No obstante el posicionamiento de la mayoría de las administraciones autonómicas frente al problema del veneno sigue siendo excesivamente tibio y resulta manifiestamente mejorable.

Ecologistas en Acción cree necesario incrementar los medios de vigilancia y sanción del uso del veneno. Hacen falta más agentes medioambientales y unas fiscalías implicadas. Y que todo caso de veneno, además de la correspondiente sanción penal o administrativa, conlleve la suspensión automática del coto o de la explotación agraria afectada hasta que se recupere el daño causado a las especies.

Informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’ completo en: http://www.ecologistasenaccion.org/article33690.html