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Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Agricultura abre la mano al uso masivo de herbicidas y más espalderas en las ZEPA de aves esteparias

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Las asociaciones de defensa de medio ambiente consideran que la Consejería de Agricultura ha quebrado con nuevas propuestas el proceso de debate sobre el plan de gestión de las ZEPA de ambientes esteparios y se reservan adoptar futuras acciones si el texto se aprueba tal cuál.

El nuevo borrador del plan de gestión de ambientes esteparios remitido a las partes por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con vistas a su inminente publicación ha terminado por quebrar el diálogo entorno al plan de gestión de las zonas de especial protección de ambientes esteparios de Castilla-La Mancha.

Las últimas modificaciones introducidas a instancias de las organizaciones profesionales agrarias sobrepasan ya lo admisible para las asociaciones de defensa del medio ambiente que están participando en el proceso.

Dos aspectos novedosos resultan críticos para que se haya colmado la paciencia y la flexibilidad mostrada hasta ahora por las ONG ambientales.

Por un lado, el incremento de superficie admisible de nuevos leñosos y de viñedos en espaldera en las ZEPA. Respecto a borradores iniciales se duplica la superficie de nuevos leñosos hasta  alcanzar las 4.459 hectáreas. Estos cultivos, incompatibles como hábitats para las especies esteparias, suponen ya el 15% de la superficie de las ZEPA, incluyendo la ilegal que se pretende regularizar y que se cifra en torno a las 1.600 hectáreas.

Por otra parte, la Consejería ha modificado de incompatible a autorizable el régimen de uso de “los sistemas de cultivo del tipo de siembra directa o mínimo laboreo que conllevan empleo masivo de herbicidas, así como el empleo de herbicidas en barbechos” (cita literal del plan). Modificar el documento para dar cabida al uso masivo de sustancias dañinas para el medio ambiente es algo que resulta del todo inconcebible. La Consejería está tan cegada en su apoyo a las técnicas mal llamadas de agricultura de conservación que se basan en el empleo masivo de hervidas como el glifosato, que ni siquiera ha reparado en la barbaridad que supone el incluir dicho texto para su aplicación en zonas de especies particularmente sensibles a este tipo de sustancias tóxicas y nocivas.

Estas últimas modificaciones, sumada a la falta de atención a las propuestas mediadoras de las organizaciones de defensa del medio ambiente, conllevan que el resultado sea un borrador de plan de gestión que en ningún caso promueve la restauración y conservación en estos espacios que han sido especialmente designados y financiados para ello por sus valores naturales. Se puede romper del todo así el delicado equilibrio ecológico mantenido por actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con una biodiversidad única en todo el continente europeo.

Las propuestas ofrecidas en todo momento por las asociaciones, desoídas por la administración, iban encaminadas a favorecer esos sistemas agrícolas tradicionales, ayudándoles a mantenerse frente a otras opciones más rentables y a una agricultura intensiva e industrial basada en un uso intensivo de productos químicos y un consumo desproporcionado de recursos como agua y energía, con importantes impactos ambientales.

Así las cosas, y si la Consejería no rectifica rotundamente, las asociaciones nos consideraremos desvinculadas del resultado final de un proceso de participación que, después de mucho esfuerzo, no ha servido para llegar a una solución equilibrada. En tal sentido nos reservamos la posibilidad de apelar a otras instancias, al objeto de reivindicar su adecuación a las distintas normativas que le son de aplicación.

Envenenamiento de fauna protegida: una amenaza de primera magnitud para la biodiversidad

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informevenenoecologistasEcologistas en Acción ha elaborado el informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’. El documento pone de manifiesto que el uso de veneno en España sigue estando muy extendido y que las administraciones no están siendo eficaces para atajar un problema que está poniendo en jaque a muchas especies. El número de casos graves registrados se mantiene en una ratio similar a la del informe precedente, hecho para el periodo 2006-2009, pero se han contabilizado un 80% más de animales afectados.

Castilla-La Mancha con un 20% de los casos y más de 117 ejemplares envenenados encabeza junto a Castilla y León la lista de comunidades donde más daño hace el veneno. Toledo la provincia con más casos, junto con Badajoz. La caza responsable de 7 de los 8 casos de envenenamiento grave registrados en Castilla-La Mancha. Milanos reales, águilas imperiales, reales y perdiceras, las especies protegidas más afectadas. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural está falta de medios y de resolución para atajar esta grave problema. El caso más reciente, de noviembre de 2015 en Arcicollar (Toledo) produjo la muerte de 21 animales, entre ellos 6 milanos reales y en el coto se sigue cazando como si no hubiera pasado nada.

En los 54 casos graves de envenenamiento de fauna estudiados a nivel de todo el estado español en el informe se ha confirmado la muerte de más de 900 ejemplares de diferentes especies, muchas de las cuales se encuentran protegidas por nuestra legislación. Entre las especies en peligro más afectadas por el veneno cabe destacar el milano real y el lobo ibérico, aunque siguen siendo numerosos los casos que afectan al águila imperial, el buitre negro y el buitre leonado, y especialmente dañinos los que afectan a especies tan escasas como el quebrantahuesos, el alimoche, la águila perdicera y el lince ibérico.

A pesar de su ilegalidad, el veneno se sigue empleando extensamente para matar animales predadores con fines cinéticos (en un 48,1% de los casos) y ganaderos (en un 31,5% de los casos). También, bajo un discutido amparo legal, se usa para tratar presuntas plagas agrícolas como la de topillo campesino en Castilla y León.

Si comparamos los datos obtenidos en 2006-2009 con los de 2010-2015, vemos que varias comunidades autónomas siguen acumulando buena parte de los casos, como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Por el contrario, en comunidades como Andalucía, Canarias o Aragón se han registrado menos casos graves.

Los agentes tóxicos más habituales siguen siendo fitosanitarios como el aldicarb (en un 18,5% de los casos en el presente informe, mientras que en el de 2006-2009 alcanzó el 19,5%) y carbofurano (18,5% en 2010-2015 frente al 17% en 2006-2009), si bien ha descendido el empleo de cócteles de varias sustancias (en los que habitualmente figuran las mencionadas con anterioridad), pasando del 19,5% en 2006-2009 al 7,4% en el último informe.

Desde el punto de vista numérico, los casos más graves se han detectado en Navarra y en Castilla-La Mancha, aunque no hay que olvidar la mortalidad asociada al uso a gran escala de bromadiolona en Castilla y León, con numerosos episodios de envenenamiento de diferentes especies que aparecen frecuentemente como casos dispersos en las estadísticas.

Resulta evidente, por tanto, que el empleo de venenos como método letal e indiscriminado de control de fauna causa efectos devastadores sobre muchas especies sensibles y constituye un riesgo cierto para su supervivencia. Datos oficiales ponen de relevancia que apenas se localiza uno de cada diez casos de uso de veneno.

En el tiempo transcurrido desde el anterior informe la situación ha variado en algunas comunidades autónomas. Es de destacar el esfuerzo acometido por administraciones como la andaluza y los pasos dados en materia de imposición de sanciones, cierre de cotos y aprobación de planes autonómicos contra el veneno en algunas otras. No obstante el posicionamiento de la mayoría de las administraciones autonómicas frente al problema del veneno sigue siendo excesivamente tibio y resulta manifiestamente mejorable.

Ecologistas en Acción cree necesario incrementar los medios de vigilancia y sanción del uso del veneno. Hacen falta más agentes medioambientales y unas fiscalías implicadas. Y que todo caso de veneno, además de la correspondiente sanción penal o administrativa, conlleve la suspensión automática del coto o de la explotación agraria afectada hasta que se recupere el daño causado a las especies.

Informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’ completo en: http://www.ecologistasenaccion.org/article33690.html

Las ONG ambientales alegan juntas al plan de gestión de las ZEPA de Ambientes Esteparios de Castilla-La Mancha

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Los viñedos en espaldera dañan las Zepas Esteparias

Las principales organizaciones de defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha, Ardeidas, Ecologistas en Acción, Esparvel, SEO/BirdLife, la Sociedad Albacetense de Ornitología y WWF, han unido fuerzas y han presentado un documento conjunto de alegaciones al Plan de Gestión de las 8 Zonas de Especial Protección de Aves de ambientes esteparios.

En este escrito se solicita a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que mejore notablemente el borrador del plan sometido a información pública. También exigen que no se deje influir por las injustificadas solicitudes de las organizaciones profesionales agrarias, ya que si se aceptan no se resolverá nunca el problema de seguridad jurídica que se mantiene sobre las ZEPA y hacen peligrar la consecución de 40 millones de euros de  ayudas europeas que llegarían de la mano del Plan de Desarrollo Rural (PDR).

En las alegaciones, las ONG defienden la importancia de las ZEPA de aves esteparias y la necesidad de aprobar un plan de gestión que aúne criterios de conservación con el mantenimiento e impulso de una agricultura verdaderamente sostenible y rentable económicamente.

Las ONG apuestan por trabajar en la mejora de rentabilidad del modelo agrícola que ha permitido la conservación de las especies hasta la fecha, donde predominan los cultivos extensivos de cereal, frente al avance de un modelo intensivo que daña y pone en riesgo los valores naturales de estos espacios.

En este sentido, se hace especial énfasis en la incompatibilidad de las espalderas y de nuevos cultivos leñosos con el hábitat de las especies esteparias, así como en el perjuicio directo sobre las aves, las aguas, y sobre la salud de las personas supone el empleo de semillas blindadas y de pesticidas, en particular de los herbicidas como el glifosato que se emplea en la siembra directa.

Las ONG se oponen rotundamente a que en las ZEPA continúen las transformaciones de cultivos, a la siembra directa y a que no se limite el uso de pesticidas, y considera injustificadas las peticiones en este sentido de las organizaciones profesionales agrarias.

Quienes defienden estos cambios en el plan de gestión, e incluso su paralización, faltan a la verdad al enjuiciar el supuesto impacto y las limitaciones que las ZEPA generarían en la agricultura. Lógicamente, al tratarse de espacios protegidos requieren de un plan de gestión y de medidas de protección y de incentivo para orientar la práctica agrícola en estas zonas. Pero recordemos que las ZEPA son sólo 200.000 hectáreas, esto es, menos del 6 por ciento de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha, y que las medidas que se proponen tienen un efecto limitado que además se compensa económicamente.

Las ONG emplazan a las organizaciones agrarias y a quienes se oponen al plan de gestión a un debate abierto y honesto sobre el tema y a que enuncien definitivamente sus propuestas concretas, puesto que parecen más interesados en una estrategia de desgaste que en la creación de un marco de gestión claro que permita a los agricultores orientar sus producciones dentro de las ZEPA y que permita desbloquear el acceso a 40 millones de euros para los cuales ya hay numerosos agricultores demandantes.

Nuevo caso de envenenamiento de aves en un coto de caza de Toledo.

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IMG-20170119-WA0004.jpgEcologistas en Acción pide a la Consejería de Agricultura que incremente las acciones de vigilancia y que cierre inmediatamente el coto de caza de Gerindote donde han aparecido 5 milanos reales y otras rapaces muertas.

El empleo de veneno con fines cinegéticos no deja de castigar a la fauna de protegida de Castilla-La Mancha, en particular de la provincia de Toledo.

Un nuevo caso ha salido a la luz tras las actuaciones de los agentes medioambientales de la Junta de Castilla-La Mancha. A finales del mes de noviembre pasado se localizaban en un coto de caza del término municipal de Gerindote (Toledo) cinco milanos reales y otras rapaces muertas junto a varios cebos, así como algunas cajas-trampa.

Las investigaciones todavía en curso, de ahí que se ha demorado el dar conocimiento del caso, ponen de manifiesto el empleo de métodos de control de predadores como el veneno y las trampas dentro de un coto de caza menor del citado término municipal.

Ya están en trámite los expedientes sancionadores y de suspensión de la actividad cinegética mientras en los juzgados de Torrijos se tramita la parte penal del caso, ya que el empleo de veneno y de artes de caza como las cajas-trampa, así como la muerte de especies protegidas están sancionadas penalmente.

Con este es el tercer caso en tres años de envenenamiento masivo de aves que afecta sobre todo al milano real en la provincia de Toledo. Esta especie, declarada en peligro de extinción por la creciente merma en sus poblaciones reproductoras, es especialmente vulnerable al veneno ya se alimenta de animales muertos y de los restos o despojos que encuentra ocasionalmente. De hecho, en Castilla-La Mancha su población reproductora está cercana a la desaparición. En 1994 se censaron cerca de 100 parejas y en 2014 sólo se consiguieron contabilizar 7 puntos de reproducción, sólo 2 de ellos en Toledo.

Ecologistas en Acción considera que se sigue sin hacer lo suficiente para combatir el veneno en provincias como Toledo, donde la ardua labor de los agentes medioambientales se ve muchas veces condicionada por el exceso de trabajo y por la lenta tramitación de los expedientes. Tampoco se está haciendo lo necesario para salvaguardar a nuestras especies más amenazadas como el milano real.

Por ello es absolutamente necesario, si no queremos que desparezcan especies que son propias de nuestra región, que se incrementen las labores de vigilancia del medio natural y que se tramiten diligentemente los expedientes sancionadores y de suspensión de la caza en aquellos cotos que como los de Gerindote en donde se producen este tipo de delitos medioambientales

El Gobierno de Castilla-La Mancha se pone del lado de las ilegalidades ambientales.

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1024px-oncorhynchus_mykissParece una inocentada pero no lo es. El resultado de la reunión entre el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no puede arrojar balance más negativo desde el punto de vista medioambiental.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, lejos de apostar por política activas de medio ambiente, prefiere ponerse del lado de la ilegalidad y en manos de los lobbies anti-ambientales que intentan menoscabar la legislación de protección de la naturaleza y poner en riesgo los parques nacionales.

Así cabe valorar la peticiones lanzadas desde la Consejería de solicitar la legalización de pozos en el Alto Guadiana y de instar la modificación de la ley de patrimonio natural y biodiversidad para que se descatalogue la trucha arco iris como especie exótica invasora.

Hacer estas peticiones a la vez que se reclama la gestión de los parques nacionales no sólo es un contrasentido, sino una broma de mal gusto que pone claramente en entredicho la coherencia de la política medioambiental de la Consejería.

No es creíble que quien defiende legalizar el principal problema que sigue acosando al parque nacional de las Tablas de Daimiel, cuál es el de los pozos ilegales, o quien quiere que nuestros ríos sigan albergando una dañina especie invasora, vaya a gestionar con buen criterio los espacios naturales con mayor rango de protección en nuestra región como son Cabañeros y Tablas de Daimiel.

Ecologistas en Acción exige a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente una rectificación inmediata y que se ponga del lado de la legalidad en las Tablas de Daimiel y del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que declara exótica invasora la trucha arco-iris.

Vertidos de un polígono industrial de Toledo hacen peligrar una especie única en Madrid

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ontigolavertidoLa única población de taray de Bové en la Comunidad de Madrid agoniza. Un vertido procedente del polígono industrial de Ontígola (Toledo) ha secado numerosos pies de este árbol. Además, el detraimiento de caudales que son bombeados para no inundar un túnel de la vía del AVE Madrid-Toledo, está provocando que los rodales de taray de Bové se queden sin el aporte de aguas salobres que necesita la especie. Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo instan a la Confederación del Tajo a que ponga fin a estos vertidos y las administraciones madrileñas y castellano-manchegas protejan este enclave y establezcan medidas de conservación que den viabilidad a la especie. 

Los vertidos generados por el polígono industrial de Ontígola, escasamente o nada depurados, están generando un aumento de la concentración de contaminantes que los ejemplares de taray de Bové (Tamarix boveana) no pueden soportar. Es posible observar cómo numerosos pies de la especie muestran un aspecto completamente seco. Miembros del colectivo ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono) alertaron de esta situación a agentes forestales de la Comunidad de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid, quienes levantaron acta de lo ocurrido.

Pero no solo la carga contaminante supone un peligro para esta comunidad forestal. Hay que añadir que los aportes de aguas salobres (necesarios para la especie) están disminuyendo desde hace tiempo. Las obras de la linea de alta velocidad pincharon el nivel freático generando filtraciones en uno de sus túneles. La solución adoptada por los ingenieros de la obra fue la de bombear las aguas del subsuelo (salobres) hasta el cercano Salobral de Ocaña. Esto ha provocado que  la concentración en sales en el agua sea menor. Si a esto le sumamos el vertido de aguas contaminadas y con poca salinidad y dulces, la situación es sumamente complicada para la supervivencia de los tarayes de Bové. De hecho, además de los pies secos, es patente el mal estado de los rodales supervivientes, con abundantes ramas puntisecas.

Preocupados por la situación, docentes de la Universidad de Castilla-La Mancha se han puesto  en contacto con responsables de las obras de los túneles de la alta velocidad para buscar una solución al problema generado. Parece haber una buena predisposición  para su resolución.

El arroyo de Las Salinas se encuentra en el término municipal de Aranjuez, cercano a la N-IV. Es la la única mancha forestal en la Comunidad de Madrid de este árbol abundante en zonas desérticas del Norte de África. El taray de Bové habita suelos salobres en climas de aridez acusada, por lo que en la cuenca del Tajo solo existen dos poblaciones, esta de Aranjuez y otra en Borox (Toledo). Debido a su rareza es una especie que está protegida en otras Comunidades Autónomas en las que es más abundante, como Cataluña, Aragón, Murcia o Islas Baleares, pero no en la Comunidad de Madrid ni en la de Castilla-La Mancha.

Los colectivos  ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo han alertado de esta situación crítica a las administraciones de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha y a la Confederación Hidrográfica del Tajo. O se pone solución urgente a los vertidos y a la detracción de caudales salobres o esta importante comunidad arbórea desaparecerá. Asimismo, es necesaria la creación de un marco normativo que proteja esta especie en ambas comunidades autónomas y que asegure su viabilidad a medio plazo.