CORRUPCIÓN

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VOTA EN CONTRA DEL TEXTO DE PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.

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Cabañeros Ecologistas en Acción Castilla La Mancha

En la reunión extraordinaria del patronato del Parque, el texto, informado favorablemente por el patronato, permitirá la  práctica de la caza como “método de control” de las poblaciones de ungulados.

El Plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional de Cabañeros es el instrumento básico de planificación territorial del espacio natural en el que se establecen además las directrices para el desarrollo de su gestión durante el período de vigencia del mismo, establecido en diez años desde su aprobación

En la reunión extraordinaria del Patronato del parque nacional de Cabañeros, que tuvo lugar este martes, día 30 de junio de 2020, se sometió a votación entre los miembros del Patronato (en el que Ecologistas en Acción ostenta dos vocalías) el texto definitivo del PRUG para su información favorable o desfavorable. Tras la votación, el PRUG de Cabañeros fue aprobado con 17 votos a favor y 6 votos en contra, dos de
estos últimos a cargo de los representantes de Ecologistas en Acción.

La difícil decisión fue adoptada por permitir el texto sometido a votación la perpetuación de la actividad cinegética como método de control de la sobrecarga de ungulados en la parte privada del parque nacional. Este asunto, que Ecologistas en Acción considera central en la redacción del PRUG, es contrario a lo establecido en Ley de parques nacionales y el propio texto del PRUG validado por la votación de los
miembros del Patronato, que considera la caza como actividad  incompatible en el parque, aunque finalmente la admite, sólo para la parte privada del parque nacional, como método de control de las poblaciones de ungulados. Cabe recordar, que dentro de los límites del parque nacional de Cabañeros, existen terrenos de titularidad pública y privada.

El cumplimiento de la vigente Ley de parques nacionales y su enmienda 278, presentada por el Partido Popular en el momento de su aprobación para prorrogar la práctica venatoria en los parques nacionales durante seis años más a partir de la fecha de su entrada en vigor, vienen a determinar la extinción de esta actividad en los parques nacionales para diciembre de 2020.  A juicio de Ecologistas en Acción, la caza debe por tanto resultar ilegal a partir de esta fecha.

No obstante, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (responsable de la redacción del texto del PRUG de Cabañeros) y la Comisión Mixta (Estado y Comunidad Autónoma) para la gestión del parque nacional, en un ejercicio político de equidistancia por parte de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha – se entiende que en el ánimo de apaciguar las presiones del sector cinegético y/o los intereses particulares de los propietarios titulares de terrenos privados en Cabañeros – han presentado un texto definitivo de PRUG que permite la continuidad de la actividad cinegética (siquiera de forma no comercial ni publicitada a tales fines) y durante el período de  vigencia de este instrumento de gestión como método de control de las poblaciones de ungulados (ciervo, jabalí, corzo, etc.) y sólo en la parte de
titularidad privada. Entre tanto, en los terrenos de titularidad pública, el control de ungulados se realizará mediante otros métodos distintos a la caza (capturaderos) que, del mismo modo, podrían ponerse en práctica en las zonas de titularidad particular. En virtud de esta decisión, Ecologistas en Acción considera además que, con este PRUG, no se acomete una adecuada y deseable eliminación progresiva de infraestructuras (tiraderos, caminos, vallados, etc.) relacionadas con la práctica de la caza en la parte privada del parque nacional y que restan naturalidad a un espacio que debería estar dotado del máximo nivel de protección en España. Se recuerda que la Red de Parques
Nacionales, máximo exponente de la existencia de nuestros ecosistemas
más representativos, sólo supone la preservación natural del 0.7 % del territorio nacional.

Por otra parte, el PRUG tampoco considera en ningún momento la posibilidad de introducción en el parque nacional de especies que como el Lobo Ibérico, completarían la estructura de las cadenas tróficas naturales y ayudarían con su presencia al control de las poblaciones de ungulados; siendo además el lobo en nuestra comunidad autónoma una especie declarada en peligro de extinción desde 1998.

El texto del PRUG, fue participado, entendemos que de forma adecuada y con el oportuno y reconocido esfuerzo por parte de las administraciones, mediante diferentes reuniones con los distintos sectores implicados, lo cual se agradece. Posteriormente, tras ser sometido el borrador del PRUG a información pública, nuestra organización participó en la presentación de alegaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas. Sin embargo, la eliminación real y definiva de la caza en la demarcación del parque nacional de Cabañeros, cuestión también alegada por nuestra organización y que consideramos clave para el adecuado funcionamiento y
estructuración de los ecosistemas en él representados, no fue considerada para la totalidad del espacio natural (pues se seguirá practicando en su parte privada).

Por otra parte, conforme al texto del PRUG informado favorablemente por el Patronato de Cabañeros, el control de ungulados mediante la caza queda supeditado a la elaboración por parte del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) de un “Plan de control de ungulados”, aún desconocido y por definir y que debería ser aprobado, tras el correspondiente sometimiento a información pública, antes de finalizar 2020. De hecho, en la reunión del Patronato, el propio OAPN llegó a pedir disculpas por no haber presentado aún dicho documento junto al texto de PRUG sometido a votación, excusándose en la situación derivada de la COVID19 y comprometiéndose a hacerlo en torno al mes de septiembre.

Así la cosas, ante este grado de incertidumbre al respecto de lo que se pretende hacer con la caza en Cabañeros (sin menoscabo de que desde nuestro punto de vista lo apropiado sería negar la mayor, es decir, su erradicación definitiva) y a pesar de considerar este instrumento de gestión urgente y necesario para el adecuado ordenamiento de todo cuanto afecta al espacio natural de Cabañeros y a pesar de reconocerse que el PRUG también considera aspectos de gestión positivos, Ecologistas en Acción se ha visto en la obligación de emitir su voto desfavorable al texto de PRUG presentado en la última sesión extraordinaria del Patronato.

Nuestra organización lamenta el haber tenido que intervenir de este modo, pero en conciencia, no nos quedaba otro remedio para poder seguir luchando por un Cabañeros libre de caza. Con todo ello, se valora y agradece el esfuerzo de los técnicos que han participado en la redacción del PRUG, los cuales, tal vez, se hayan visto condicionados por los intereses políticos de una administración regional que en múltiples ocasiones (también en la reunión del Patronato, como así reconoció el
propio Director General de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero Cañizares) se ha esforzado durante los últimos tiempos en considerar la caza como una actividad “esencial”.

Finalmente, Ecologistas en Acción quiere hacer llegar sus más sinceras solidaridad y aprecio para con la persona de D. Isidro Corsino, compañero vocal en el Patronato de Cabañeros y Alcalde de Navas de Estena así como a toda su familia que, en las últimas fechas, han sufrido vandálicas y entendemos que dolorosas agresiones sobre sus propiedades y sin duda sobre su estado de ánimo. Ecologistas en Acción condena enérgicamente estos hechos asimilables a estilos puramente mafiosos por parte de sus despreciables responsables, para los cuales, desea recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. La organización solicitó previamente a la celebración de la reunión del Patronato, a su presidencia y a través de la dirección del parque nacional, que aquella corporación emitiera y consecuentemente  reflejase en acta un inciso en
este mismo sentido. Como así se hizo y también agradecemos.

 

Toda la población de Castilla-La Mancha respiró aire contaminado

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El conjunto de la Comunidad soportó una contaminación que daña los
bosques y cultivos

Los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha siguieron
respirando aire contaminado durante 2019. El informe anual de calidad
del aire de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la
población y del territorio regionales estuvieron expuestos a unos
niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud.

En un año cálido y hasta el otoño seco, diversos episodios
meteorológicos en febrero, junio y julio dispararon las partículas y el
ozono.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos
recogidos en 805 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el
Estado español, entre ellas 28 situadas en Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, entre sus principales
conclusiones, destacan:

– Durante 2019, se ha producido una reducción general de los niveles de
contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de
nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), mientras las concentraciones
de ozono troposférico se han mantenido estacionarias. La contaminación
generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas y las
zonas industriales Norte y de Puertollano se extiende por el territorio
afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono
troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores
máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación
establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire
contaminado afectó en 2019 a la totalidad de la población y del
territorio de Castilla-La Mancha.

– Si se toman los estándares de la normativa, más laxos que las
recomendaciones de la OMS, la población que respiró aire contaminado por
encima de los límites legales fue de 215.000 habitantes en el Corredor
del Henares. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que
exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos
agrícolas y los ecosistemas naturales alcanzó 76.000 km2, la totalidad
del territorio castellano-manchego salvo la Comarca de Puertollano.

– Las bajas precipitaciones y la estabilidad atmosférica de los primeros
meses del año han activado los episodios de contaminación. El otoño en
cambio ha resultado inestable y húmedo, con predominio de tipos de
tiempo ciclónicos que han favorecido la dispersión y deposición de los
contaminantes típicamente invernales (NO2 y partículas). El intenso y
prolongado calor estival ha mantenido elevadas las concentraciones de
ozono troposférico, que han bajado no obstante en la parte más
meridional.

– El ozono es el contaminante que presentó un año más una mayor
extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen
estacionarios, con alzas y bajas según territorios. Esto se debe al
incremento de las temperaturas medias y de las situaciones
meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como
resultado del cambio climático. Durante 2019toda la población y el
territorio castellano-manchegos han seguido expuestos a concentraciones
de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal, especialmente en las
zonas rurales a sotavento de la ciudad de Madrid.

– Las partículas (PM10 y PM2,5) en el aire también afectan a la práctica
totalidad de la población de Castilla-La Mancha, con especial incidencia
en la estación Barriada 630 de Puertollano, que incumplieron el límite
diario legal de PM10, en buena medida por el episodio de contaminación
de la segunda quincena de febrero. Siguen, por tanto, siendo una seria
amenaza para la salud, a pesar de que el año pasado se mantuvo la
tendencia global a la baja de estos contaminantes  que se inició en
2008.

– La contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer
orden. Cada año se registran alrededor de 30.000 muertes prematuras en
el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación
atmosférica, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Para el
Instituto de Salud Carlos III, 10.000 personas fallecen anualmente en
episodios de alta contaminación como los registrados a finales de
febrero y junio y a mediados de julio de 2019, 430 en Castilla-La
Mancha.

– La información a la ciudadanía no es ni adecuada ni ajustada a la
gravedad del problema. El Eurobarómetro sobre la calidad del aire de
septiembre de 2019 revela que el 60 % de los españoles encuestados se
consideran mal informados, y el 74 % piensa que la calidad del aire se
ha deteriorado en la última década. Según otra reciente encuesta de
Transport & Enviroment, el 82 % de españoles encuestados apoyaría la
restricción de entrada de coches en las ciudades o un reparto del
espacio público más favorable a viandantes, ciclistas y transporte
público.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica
representan al menos 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB
español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños
provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la
contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el
caso del ozono, la Junta de Castilla-La Mancha lleva años omitiendo la
elaboración de dichos planes, resultando preceptivos en todas las zonas
de la Comunidad. Se trata de una negligencia que está poniendo en
peligro la salud de población, cultivos y bosques en la región.

– La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es
disminuir el tráfico motorizado, potenciando el transporte público, la
bicicleta y el tránsito peatonal. También es necesario promover el
ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales
disponibles, cerrar las centrales térmicas de carbón, penalizar los
vehículos diésel y reducir el transporte marítimo y el uso del avión.

– La reciente crisis sanitaria de la Covid–19 ha corroborado de manera
dramática que la reducción del tráfico en las ciudades tiene claros
efectos en la disminución de la contaminación, algo que a su vez supone
una importante mejora de la salud pública. Ecologistas en Acción está
desarrollando una campaña bajo el lema ‘Confinemos los coches,
recuperemos nuestro espacio’ para reclamar a las Administraciones
medidas en este sentido.

Informe completo y resumen: https://www.ecologistasenaccion.org/146093

Ecologistas en Acción exige responsabilidades inmediatas por el incendio de Chiloeches

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Imagen del incendio de Chiloeches, cortesía eldiario.es

La organización ecologista considera que el contenido del auto de apertura de juicio oral emitido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches es de una gravedad absoluta.

El auto debe, según Ecologistas en Acción, tener consecuencias inmediatas tanto en la administración del Gobierno de Castilla-La Mancha como en las actuaciones legislativas en materia de residuos a nivel regional y estatal.

El juzgado y la fiscalía coinciden en acreditar la existencia de una trama criminal en la que estarían involucradas 18 personas fisicas y tres jurídicas. Entre las físicas, seis altos cargos de la administración de Castilla-La Mancha, dos de ellos en ejercicio todavía, un ex alcalde de la localidad y los 11 titulares y gestores de las tres empresas vinculadas a la planta y a la gestión de sus residuos.

Apuntan también a que el incendio fue intencionado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación. Ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

El escrito del juzgado pone de manifiesto cómo las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina son responsables de la gestión ilegal de más de 50.000 toneladas de residuos peligrosos para lucrarse con ello. Esta actividad ilícita se inicia al menos en 2006 y se lleva a cabo ante la inacción, cuando no connivencia, de quienes debieran vigilar tales ilegalidades y los riesgos derivados para el medio ambiente.

Por esos motivos se imputan diversos delitos por los que solicitan graves penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación a altos cargos de la administración regional. Desde el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, hasta los tres directores generales, dos de Gobiernos del PSOE y una del PP, y los dos jefes de servicio que siguen hoy en sus funciones en la Consejería de Desarrollo Sostenible, José María Michelena y Olga Villegas.

La investigación y el auto del juzgado sobre el incendio de Chiloeches ponen de manifiesto un sistema de control ambiental, de autorizaciones y vigilancia ambiental del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha corrupto e irresponsable. Un sistema que no se ha depurado en absoluto. No se han renovado los cuadros técnicos, ni las estructuras de toma de decisiones. Al contrario, se han reforzado, provocando la pérdida de credibilidad de la administración castellano-manchega gobierne quien gobierne. También pone de relieve que el dinero que genera la ilegal gestión de residuos es un motor suficiente para que la inacción y connivencia den lugar a situaciones como las que desembocaron en el catastrófico incendio.

Frente a todo esto, y para aparentar una mayor acción política para controlar los residuos, el gobierno de Emiliano García-Page impulsó la reciente aprobación de las leyes de economía circular y la de evaluación ambiental, dos normativas desfasadas puestas en práctica por una administración corrompida.

Lo mismo cabe señalar de las iniciativas en la materia a nivel estatal. La ley estatal de residuos que ha iniciado su tramitación no solo es poco ambiciosa, sino que no cuenta con los medios para hacerla cumplir. El negocio de los residuos y de la economía circular mal entendida es demasiado grande y poderoso.

Ecologistas en Acción considera que ya se debían haber tomado decisiones antes de este auto judicial, pero con más razón deben tomarse ahora.

Por ello exige que de forma inmediata se proceda a:

– Cesar de forma inmediata a quienes están acusados y siguen ejerciendo puestos de relevancia en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.

– Revisar en profundidad y cambiar la estructura y composición de la actual Viceconsejería de Medio Ambiente.

– Establecer mecanismos de auditoría interna y externa con participación pública en la toma de decisiones en materia de residuos y de evaluación ambiental.

– Impulsar profundos cambios en la normativa de residuos estatal y autonómica que impidan el negocio especulativo del residuo, responsabilizando al productor y al gestor como indica el nuevo borrador de la ley estatal.

– Apostar por la generación cero de residuos y la imposición de tasas verdaderamente desincentivadoras que estimulen su reducción y eviten el vertido y la valorización mediante incineración.

Denunciada la Federación de Caza de Castilla-La Mancha por incumplimiento del estado de alarma, ante la Delegación de Gobierno y la Junta

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Circular Federación Caza CLM remarcando el presunto incumplimiento del estado de alarma.

Ecologistas en Acción ha denunciado a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ante la Delegación de Gobierno en la región y ante la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por un presunto incumplimiento de las condiciones que rigen sobre el ejercicio de la actividad cinegética durante el estado de alarma.

El motivo es la publicación el pasado día 1 de mayo de 2020 de una circular que se puede consultar en la página web de la Federación en la que se comunica una “Ampliación de los criterios para el control de poblaciones en Castilla-La Mancha” que se derivarían de las nuevas indicaciones que la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad publicó al respecto el 30 de abril pasado en la web institucional.

Sin embargo, la descripción que hace la Federación de Caza de Castilla-La Mancha de los criterios que comunica a los cazadores se contradicen abiertamente con las indicaciones de la Junta de Castilla-La Mancha y con las condiciones que limitan los movimientos y actividades de personas en la situación actual.

La Federación informa a los cazadores en el punto tres de su escrito que los desplazamientos para ejercer control de poblaciones se pueden realizar entre provincias y en la totalidad del territorio de Castilla-La Mancha. Y da a entender que estos desplazamientos y los consiguientes controles de población los pueden hacer simples cazadores. Ninguna de las dos situaciones son ciertas a la luz de las condiciones impuestas por la Junta y visadas por la Delegación de Gobierno.

Tanto si se realizan controles de conejo como de otras especies como el jabalí, el gamo o el ciervo, se deben cumplir dos condiciones que se especifican en punto 3 del documento de “Preguntas y respuestas en referencia a daños por Especies Cinegéticas en Castilla-La Mancha” de 30 de abril de 2020.

La Dirección General especifica que las personas autorizadas para practicar el control de poblaciones no son los cazadores, sino sólo los profesionales de la agricultura o los titulares y vigilantes acreditados de los espacios agrícolas o cinegéticos.

También recuerda lo estipulado en el Artículo 2/2 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, que indica que: “Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización aprobadas por este real decreto-ley las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya de realizarse el trabajo”.

En el momento actual de Fase 0 de estado de alarma siguen sin estar permitidos los desplazamientos interprovinciales no profesionales, ni la caza; actividad que según las previsiones publicadas por el Ministerio de Sanidad no podría autorizarse antes del 25 de mayo.

En su escrito de denuncia Ecologistas en Acción reclama que se incoen a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha los correspondientes expedientes sancionadores y que se le exija la rectificación inmediata de la circular por el riesgo sanitario que implicaría que ahora los cazadores invadan campos y carreteras.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tramita una vergonzante resolución para permitir cazar durante del estado de alarma

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La resolución ni está justificada ni es coherente con el confinamiento.

La filtración interesada de una resolución del Gobierno de Castilla-La Mancha a un medio de comunicación ligado a la caza ha hecho saltar las alarmas. Efectivamente es cierto que se prepara y ya está camino del diario oficial una norma que permitiría cazar conejos en distintas zonas de la región con la excusa de prevenir daños a los cultivos.

La resolución genera estupor e incredulidad por muy diversos motivos.

En primer lugar, porque es simplemente falso que se estén produciendo daños en los cultivos. La abundancia de lluvias está permitiendo a los conejos alimentarse de la vegetación natural que prolifera esta primavera. De hecho, la organización Asaja en Ciudad Real reconocía que no los había. Pedro Alcolea, vicepresidente provincial de esta organización dijo ante los medios de comunicación el 10 de abril que la situación era de “normalidad”, aunque estarían “vigilantes”.

En segundo lugar, la resolución está en pleno trámite de debate en los Consejos de Caza, por lo que su remisión al DOCM antes de que se eleven informes de dichos órganos supone un desprecio a estos órganos de participación y pone de manifiesto que en Castilla-La Mancha se toman decisiones unilaterales por parte del Gobierno.

Y en tercer lugar, porque ya ha quedado acreditado que en situación de estado de alarma no se puede cazar, ya que no es una actividad esencial ni, vistos los endebles argumentos de la Junta, están justificados los daños. Precisamente Castilla y León tuvo que rectificar hace muy escasas fechas una resolución análoga.

Ecologistas en Acción considera que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha debe paralizar esta resolución y no caer en el descrédito que a todos los niveles implicaría su aprobación.

Ecologistas en Acción lamenta profundamente que una vez más el Gobierno regional adopte medidas en función de la presión de determinados colectivos y sin escuchar al resto. Y menospreciando además el esfuerzo de toda la ciudadanía para mantenerse confinado en esta especial situación de estado de alarma.

Pero hay que lamentar más todavía que redunde en el error de pensar que la caza puede resolver los presuntos daños en la agricultura a causa del conejo. Lo que sí es sabido, como lo ha refrendado la UICN en sus últimos informes declarando en peligro al conejo, es que la gestión cinegética de la especie está siendo desastrosa.

Conviene recordar que si hay algún caso puntual de daño en cultivos, este se da en campos en los que no se han respetado linderos, se ha labrado sin dejar una hierba ni un arroyo y donde no se han instalado medidas de autoprotección de los cultivos.

Por ello, y en concordancia con la situación de la especie y con la necesidad de aplicar medidas que realmente sean eficaces a largo plazo, Ecologistas en Acción propone las siguientes:

–          Que se realicen informes rigurosos e imparciales sobre daños y que se publiquen las estadísticas.

–          Que se extienda la instalación obligatoria de medidas de autoprotección como las mallas conejeras, de eficacia probada y para las cuales la Junta ha aprobado ayudas económicas.

–          Que se inste por vía ejecutiva a los titulares de infraestructuras con presencia de vivares de conejo a la instalación de medidas de protección de los cultivos colindantes

–          Que se respeten en los campos de cultivo zonas que sirvan de cobijo y para la alimentación natural de la especie en las lindes y arroyos.

–          Que cese la caza y el control de los predadores naturales que sirven para equilibrar las poblaciones de conejo. Singularmente la de los zorros, que son masacrados precisamente por la actividad cinegética.

Más información:

Declaraciones de Asaja Ciudad Real, 10 de abril de 2020

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZC2DC412E-D75B-BDE0-8CF83B5A246DA3B2/202004/Asaja-estar%C3%A1-%C2%ABvigilante%C2%BB-para-evitar-las-plagas-de-conejos

Conejo, especie en peligro

https://www.ecologistasenaccion.org/139540/el-conejo-silvestre-en-peligro/

Puy du Fou, inauguración marcada por las demandas judiciales y nuevas ilegalidades.

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P1140179Siguiendo la dinámica que ha guiado el proceso de aprobación del proyecto de singular interés del parque temático Puy du Fou en Toledo, la inauguración del día 30 de agosto viene marcada por nuevas ilegalidades.

Irregularidades que ponen en riesgo el medio natural, la salud y la seguridad pública y que se suman a las que se denuncian en el escrito de demanda que se entregará el lunes 2 de septiembre ante el TSJ de Castilla-La Mancha.

Los representantes legales de las cinco entidades (*) que en nombre del Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou han recurrido en la vía contencioso administrativa contra la aprobación del proyecto realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha entregarán un completo escrito de demanda dentro del procedimiento ordinario 42/2019 que se sigue en la sección 1 de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La demanda persigue la declaración de nulidad del proyecto, su cierre, derribo y la consiguiente restauración del daño causado en una zona de la máxima protección urbanística en razón de sus valores naturales, forestales, paisajísticos y arqueológicos.

Para ello el recurso no sólo argumentará las cuestiones ya reiteradas en relación a las ilegalidades urbanísticas y medioambientales del proyecto, sino que, además, sostiene que la norma en la que se basó su aprobación como proyecto de singular interés es inconstitucional.

Esto es, se va a perseguir la ilegalidad del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la actividad Urbanística de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a los proyectos de singular interés.

Así, si el recurso prospera, no sólo se declararía nulo el proyecto del parque temático, sino que la norma que los ampara también sería nula y se evitarían futuros proyectos urbanísticos como éste. Es decir, aquellos en los que una decisión política se impone a las normas básicas de ordenación urbanística y de protección medioambiental.

De cara a la inauguración que se celebrará mañana viernes se han producido otros hechos que también el Movimiento considera ilegales y para los que analiza la vía de denuncia adecuada, sea penal o administrativa. Entre ellos el incumplimiento de las normativas de incendios forestales y de ruido.

A la vista de los ensayos realizados en estos días en el parque temático se pone de manifiesto que se han autorizado los fuegos artificiales en zona forestal y natural, así como la realización de actividades más allá del horario de protección nocturna contra el ruido fijado a partir de las 23 horas.

Ambas cuestiones ponen sobre la mesa cómo se han retorcido las normas y la muñeca de los funcionarios para permitir al Puy du Fou lo que a cualquier otra entidad o persona no se le hubiera permitido.

Los fuegos artificiales que se van a lanzar en el Puy du Fou durante sus espectáculos, así como los ruidos, no harán otra cosa que poner en riesgo y dañar las condiciones ambientales del entorno natural, así como la seguridad y la salud de la personas, tanto de las que visiten el parque como de las que habitan las zonas urbanas en su radio de influencia, como Monte Sión y San Bernardo en Toledo, y las localidades de Guadamur y Argés.

El parque temático, que pretende llegar a atraer más de 2 millones de visitas al año a una ciudad con masificación en el casco histórico como Toledo, es también un claro ejemplo de como la turistificación es un problema de magnitudes ambientales y sociales que genera empleo muy precario y que las administraciones y empresas, lejos de evitar, promueven.

(*) Las entidades formalmente recurrentes del PSI Puy du Fou son:

Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, Asociación de Vecinos ‘La Voz del Barrio’, Ecologistas en Acción de Toledo, Equo y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Administración de Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM).

La Confederación del Tajo y el Gobierno de Castilla-La Mancha encubren las ilegalidades denunciadas en las obras del parque temático Puy du Fou en Toledo.

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Algunos de los destrozos provocados por el Parque temático Puy du Fou en el espacio natural protegido

Pasados cinco meses desde que en febrero de este año Ecologistas en Acción de Toledo denunciara ante la Confederación del Tajo y el Gobierno de Castilla- La Mancha la extracción ilegal de aguas para ser usadas en las obras del parque temático Puy du Fou y el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental, ninguna de las dos administraciones han respondido a las mismas conforme les obliga la ley de procedimiento administrativo.

Ecologistas en Acción de Toledo sigue esperando la debida respuesta a sus denuncias, que se informe de los expedientes sancionadores abiertos, se le dé traslado de los mismos y que se admita su personación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha contestado a la denuncia de ninguna manera. La Viceconsejería de Medio Ambiente, receptora de la denuncia ni siquiera ha remitido acuse de recibo.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo acaba de remitir, con fecha 12 de julio a Ecologistas en Acción de Toledo una somera, incompleta e indignante respuesta en la que se limita a decir en una sola frase que se ha iniciado el correspondiente expediente sancionador. Pero no informa de nada más, dejando sin respuesta las solicitudes que por vía administrativa hizo Ecologistas en Acción y que son de obligada atención.

Las administraciones, una vez más, y van ya muchas en todo lo que acontece en relación al parque temático Puy du Fou de Toledo, actúan al margen de sus obligaciones administrativas y, en este caso, cometen dos nuevas y graves irregularidades.

La primera, la de no responder en tiempo y forma a las denuncias y peticiones en relación a las mismas que les han sido formuladas en vía administrativa.

La segundo, y más graves aún, es la de encubrir con subterfugios legales o la simple inacción las ilegalidades cometidas en el Puy du Fou. Algo que podría ser perseguido incluso penalmente.

A la vista de los hechos se confirma que los cambios habidos en los últimos meses en la presidencia de la Confederación de Tajo no se están dejando ver en la mejora de la transparencia y de la atención a las denuncias de la ciudadanía.

Por su parte, cabe preguntarse si los cambios que se están registrando en la estructura del Gobierno de Castilla-La Mancha servirán para mejorar en algo los problemas que se vienen arrastrando en la gestión medioambiental del Puy du Fou, o si se seguirá supeditando el respeto de la legalidad a los intereses del proyecto de parque temático.

La propuesta de que los cazadores realicen el seguimiento de poblaciones cinegéticas tiene fines espurios.

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Típicos cebaderos para animales, habituales en la “gestión” cinegética de especies

Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las especies de caza se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético. Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha confía en que el gobierno regional deseche rotundamente la delirante propuesta de los cazadores.

En las últimas horas se ha hecho pública una propuesta que la Fundación cinegética Artemisan con apoyo de la Federación Española de Caza ha dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las Comunidades Autónomas para que los cazadores sean quienes faciliten los datos para el seguimiento y evaluación del estado de las poblaciones cinegéticas con vistas a la aprobación de normas de caza.

El proyecto , que se denomina “Observadores cinegéticos” no sólo persigue fines espurios, sino que pone de manifiesto que la tan proclamada buena gestión de que hace gala el sector cinegético queda en entredicho por los propios cazadores.

A día de hoy los cazadores ya están obligados a hacer un seguimiento de las poblaciones de especies cinegéticas, así como a comunicar las capturas que se realizan. La normativa les obliga a través de los planes técnicos de caza que se deben renovar periódicamente y que deben basarse en un adecuado censo de poblaciones. Además, la normativa obliga a comunicar periódicamente esos datos a las administraciones, todo ello en el marco que supone debe garantizar la buena gestión cinegética.

El problema de esos censos y de esos planes técnicos de caza es que nadie se los cree, ni los propios cazadores por lo que se ve. En muchas ocasiones lo que comunican los cazadores son cortas y pega de datos de otros cotos, o de años anteriores. De manera que, ante la pasividad de la administración, se justifique que sigan cazando lo que ellos quieran.  En suma, la “buena” gestión cinegética es una mentira.

Por otra parte, si los cazadores son ya “observadores” de las poblaciones de los cotos, ¿por qué entonces presentan este proyecto? Ellos mismos lo dicen abiertamente, “para reducir los problemas” que en los últimos años se producen por los recursos que interponen organizaciones ambientales y animalistas y que están anulando en los tribunales órdenes de veda y otras normativas cinegéticas.

La jugada del sector cinegético no puede ser más evidente y con fines más espurios. Como los tribunales están anulando las órdenes de veda y planes de gestión, como los del lobo, por ausencia de informes técnicos o científicos que los justifiquen o porque los datos de esos informes no avalan las pretensiones de los cazadores y de las administraciones, lo mejor es que el propio sector los elabore a la medida de sus propios intereses. Así las administraciones los podrán usar para justificarse ante los tribunales y podrían evitar la acumulación de sentencias anulatorias de normas de caza.

Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las poblaciones cinegéticas se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético y de los intereses de las administraciones. Y que el sector de la caza cumpla con la normativa en cuanto a los planes técnicos de caza o que se les sancione debidamente. Sólo así se puede garantizar la debida protección y conservación de la fauna silvestre cada día más amenazada por la caza. En este sentido la asociación se dirigirá en próximas fechas tanto al Ministerio como a las Comunidades Autónomas para defender esta postura y abrirles los ojos frente a la #LaVerdadDeLaCaza.

DENUNCIADA POR ILEGAL LA VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL PUY DU FOU EN TOLEDO

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La venta de entradas debiera suspenderse y se debiera devolver el dinero recaudado hasta ahora

Continúan acumulándose las irregularidades en las que incurre el proyecto de parque temático Puy du Fou en Toledo. Ahora llega el turno de la venta anticipada de entradas.

Miembros del Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou han venido comprobando que desde que el 19 de febrero se inició la venta anticipada que ha puesto en marcha la empresa promotora para el espectáculo nocturno que prevé su inauguración en agosto de 2019, ésta no contiene un elemento esencial para ser llevada a cabo conforme a la normativa: las condiciones generales de venta.

Estas condiciones, a las que todo el que compre entradas debe tener acceso en cumplimiento de la normativa de protección del consumidor, máxime cuando se trata de un proyecto en ejecución y que sobre el que pende la acción de los tribunales de justicia, no están incorporadas a la web habilitada por Puy du Fou España. Si se intenta descargarlas, la web da un error por ausencia del documento: “¡Ups! La página que buscas no se puede encontrar”

Ante la duda de que esta situación pudiera ser debidamente tramitada por el órgano responsable, la Dirección General de Salud Pública y Consumo de Castilla-a Mancha, un miembro del Movimiento trasladó la consulta a la organización de consumidores FACUA, que tras comprobar los hechos ha remitido con fecha 9 de mayo de 2019 una denuncia contra Puy du Fou España por incumplimiento flagrante de la Ley para la defensa de los Consumidores y Usuarios en la venta anticipada de entradas.

Una vez más, Puy du Fou hace mal las cosas, y una vez más, tiene que ser el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou quien denuncie. En esta situación procede que de forma inmediata se suspenda la venta anticipada de entradas y que la empresa ofrezca, a quienes las hayan reservado ya, la devolución íntegra de lo pagado.

Cabe preguntarse de nuevo donde está el Gobierno de Castilla-La Mancha, presunto valedor de la integridad legal del proyecto. La respuesta es sencilla, mirando al mismo sitio que cuando se denunció el uso ilegal de agua para la obra.

Reclamamos de Puy du Fou y del Gobierno una rectificación y una solución inmediata. No cabe esperar otra cosa, al menos para que quienes de buena fe hayan comprado entradas no se vean desprotegidos.

El proyecto sigue sin reunir garantías de legalidad, tampoco en algo tan elemental como la venta de entradas y la protección de los derechos de los consumidores. La ciudadanía sigue desprotegida ante un Gobierno y una empresa que no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades, por mucho que el marketing político y empresarial traten de ocultarlo.

Nos preguntamos si de nuevo Puy du Fou esquivará las sanciones que en justicia le corresponden, como parece que va a ocurrir con el uso ilegal de agua del Tajo.

Se adjunta captura de pantalla de la web de venta de entradas de Puy du Fou España del 11 de mayo de 2019

Denunciadas las obras del Puy du Fou por extracción ilegal de agua e incumplimiento de la declaración de impacto ambiental.

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Tractor-cuba del Puy du Fou entrando en la finca donde se haya el pozo

Ecologistas en Acción de Toledo ha presentado sendas denuncias ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y ante la Confederación Hidrográfica del Tajo por ilegalidades cometidas en la ejecución de las obras del parque temático Puy du Fou en Toledo.

Las denuncias, fechadas respectivamente el 20 y 21 de febrero, tienen su origen en la extracción y uso de aguas de la cuenca del Tajo para distintas tareas que se están llevando a cabo dentro del proyecto de ejecución del parque temático.

Los hechos han quedado acreditados por un testigo presencial de los hechos, miembro de Ecologistas en Acción de Toledo. En la tarde del 19 de febrero vio cómo un tractor con una cuba que salía del recinto de las obras del Puy du Fou se dirigía por la vía de servicio de la CM-40 y luego por la carretera CM401 dirección Polán hasta acceder a una finca dentro de la zona conocida como Dehesa Matamoros. El tractor maniobró para situar la cuba y mediante el uso de una manga y de una bomba extraer agua de un pozo muy cercano a la carretera. Toda la escena ha sido registrada fotográficamente.

De inmediato se pusieron los hechos en conocimiento del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Toledo, personándose a los pocos minutos un agente que se encontraba de guardia al que se le comunicó lo que ocurría y que procedió a realizar el correspondiente acta de denuncia. También los hechos han sido comunicados a la guardería fluvial y a la Comisaría de Aguas de la Confederación del Tajo.

La extracción y uso de aguas, sean subterráneas o superficiales, para el parque temático Puy du Fou no está permitida ni contemplada en la declaración de impacto ambiental emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente ni por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El proyecto del parque temático Puy du Fou, el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto recogen claramente que las aguas que se empleen podrán ser de dos fuentes; bien del abastecimiento urbano de Toledo a través de la ETAP del Cerro de los Palos, o bien de aguas recicladas o regeneradas, esto es, de las que se usen en el propio parque o de las que se obtenga de depuradoras.

La cantidad de agua que se ha podido extraer ilegalmente puede ser muy alta ya que las obras comienzan a cuando se concede la licencia provisional que otorga el ayuntamiento de Toledo el 21 de diciembre de 2018, y se han desarrollado en turnos intensos incluso durante los sábados. Aproximadamente se acumulan unas 40-45 jornadas de obra.

La cuba sorprendida “in fraganti”, y que al parecer se utiliza en el baldeo de caminos y zonas de obra para reducir el polvo, tiene una capacidad de 13.000 litros y dadas las dimensiones de la zona de afección actual puede realizar entre 3 y 5 cargas al día, menos al principio de la obra. Podríamos estar hablando de una extracción ilegal que podría rondar un millón de litros de agua.

Es de reseñar que esas aguas subterráneas forman parte de los recursos hídricos de la cuenca del Tajo, el pozo se encuentra muy próximo un manantial tributario del río Guajaraz y éste, a su vez, desemboca en el río Tajo. Es decir, el agua que se está aprovechando ilegalmente, de una manera y otra, es de la cuenca del Tajo.

En cuanto al pozo, las investigaciones están tratando de esclarecer si está legalizado o no. El Registro de Aguas de la Confederación ha informado a Ecologistas en Acción de Toledo que no consta dicho pozo en el mismo. Sin embargo, hay que esperar a nuevas comprobaciones para verificar su situación exacta.

De lo que no hay ninguna duda es de que las aguas de ese pozo sólo podrían estar destinadas a la finca donde se encuentra, nunca para su cesión o venta para que se usen en las obras del Puy du Fou.

La empresa Puy du Fou s.l., así como las contratas que actúan a su cargo en este tema, se enfrentan a sanciones muy serias. En el caso de la Ley de Impacto Ambiental 21/2013, artículos 55 y 56, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental supone una infracción grave que se puede sancionar con entre 24.001 y 240.400 euros.

Ecologistas en Acción ha solicitado la suspensión cautelar de la extracción de aguas del pozo, así como la de las obras en tanto no se garantice una fuente legal y autorizada para ser usada en la misma.

Asimismo, ante la apresurada respuesta de Puy du Fou España s.l. a las denuncias de Ecologistas en Acción de Toledo en la que reconoce la veracidad de los hechos denunciados pero responsabiliza de ellos a una subcontrata a su servicio (ver en https://bit.ly/2XgPEPh ) hemos de informar y recordar lo siguiente ⚠️PUY DU FOU ESPAÑA ES RESPONSABLE DEL USO ILEGAL DE AGUA Y DEL INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL⚠️. La subcontratación no es eximente de la responsabilidad del promotor del proyecto de cara al cumplimiento de las condiciones administrativas y legales bajo las cuales se ha de ejecutar el parque temático. Igual que es beneficiario de las ayudas y facilidades que le han dado las administraciones, es responsable último del cumplimiento de la normativa que le es de aplicación al proyecto