CORRUPCIÓN

Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

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  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.

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Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.

Un año del incendio de neumáticos de Seseña y Valdemoro: sin respuestas y sin medidas de prevención

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Ha pasado un año de la catástrofe que supuso el incendio en Seseña-Valdemoro del mayor vertedero de neumáticos de Europa, pero no se ha esclarecido ni sus causas ni sus consecuencias. Tampoco se han tomado medidas para evitar nuevas situaciones similares. Ecologistas en Acción demanda un cambio de la legislación de residuos y de los protocolos de emergencia.IncendioSeseñaEcologistasToledo

La causa penal abierta en los Juzgados de Valdemoro sigue bajo secreto del sumario y de momento no ofrece ningún dato sobre quiénes y por qué provocaron el fuego esa fatídica noche del 12 al 13 de mayo de 2016.

Por su parte, las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha y Madrid, lejos de aportar luz sobre los acontecimientos antes, durante y después del incendio, se han enmarañado entre acusaciones cruzadas y procedimientos que nadie entiende. Particularmente lamentable es la situación en las Cortes de Castilla-La Mancha donde la comisión no ha llegado a iniciar sus sesiones y eso a pesar, o tal vez debido a que, en torno a ella se han de sentar las dos principales administraciones actuantes, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña. En esas Cortes están precisamente los dos actores principales durante la catástrofe el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el alcalde de Seseña, y diputado por el PP, Carlos Velázquez.

Llama poderosamente la atención que todavía no se haya hecho público ningún informe que valore y analice globalmente todo lo ocurrido, y que cada cual, sean comunidades autónomas, administraciones o partidos, haya ido haciendo su particular balance en función más del color político que de ofrecer una información veraz a los ciudadanos que con tanta angustia y riesgo para su salud vivieron las semanas y meses tan intensos que se sucedieron tras el fuego.

Lo peor es que la ausencia de análisis contrastados y de conclusiones está demorando “sine die” la asunción de responsabilidades y la puesta en práctica de medidas eficaces que evite la descoordinación, la falta de información y los daños al medio ambiente y a la salud en situaciones similares a la de este dramático incendio.

La mejor prueba de que poco o nada se ha aprendido son las situaciones vividas en los incendios de las instalaciones de residuos industriales de Chiloeches en agosto pasado o hace menos de una semana en Arganda del Rey. Y eso es independiente de que sean sucesos provocados o accidentales.

La situación actual de las parcelas donde se produjo el incendio puede parecer buena, y seguramente lo sea. Los neumáticos, sus fragmentos y las cenizas han desaparecido y eso es algo que ven con alivio los vecinos de Seseña y Valdemoro. Pero el rastro de contaminación que dejó la combustión descontrolada de los mismos sigue disperso en la atmósfera y en los suelos y aguas en los que se depositó. Y nunca ha habido directrices claras sobre como intervenir o qué prevenciones tomar en unos u otros lugares, según los distintos grados de afección o de depósito de sustancias tóxicas. De hecho, los únicos trabajos publicados en este sentido lo han sido por iniciativa de Ecologistas en Acción y otros grupos investigadores.

A falta de datos oficiales y creíbles hay que recordar que en el vertedero de Seseña-Valdemoro se acumulaban entre 70.000 y 100.000 toneladas de neumáticos tras años de incompetente actuación de todas las administraciones que primero consintieron y luego fueron incapaces de resolver el problema creado.

Del fuego solo se libraron unas 12.000 toneladas de neumáticos, el resto provocó la columna de humo y contaminantes más grande de las registradas en España por causa de un incendio en instalaciones industriales.

Desoyendo los avisos de expertos y de Ecologistas en Acción, y solo cuando ya los vecinos y los niños de las localidades cercanas habían sufrido las consecuencias de inhalar el humo tóxico en repetidas ocasiones, se empezaron a conocer algunas cifras de las emisiones y de su grado de toxicidad. El incendio liberó entre otros contaminantes peligrosos y cancerígenos ingentes cantidades de benceno (que alcanzó en El Quiñón concentraciones 20 veces superiores a los límites admisibles) y de partículas con metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos como benzoalfapireno, además de partículas, como se describe en el informe que elaboró en su día Ecologistas en Acción.

A ello hay que sumar las emisiones masivas de gases de efecto invernadero que llegaron a la atmósfera y que, según estima Ecologistas en Acción, pudieron alcanzar las 227.000 toneladas de dióxido de carbono.

El rastro que dejó la pluma contaminante fue también el de una masiva evacuación, en buena parte voluntaria ante la nefasta gestión que hizo el operativo de emergencia de los avisos a la población. Mediciones mal hechas y de resultado tardío, colegios evacuados in extremis, órdenes de confinamiento mal ejecutadas, malas prácticas de limpieza y una retahíla de torpezas que poco después se repitieron en Chiloeches y ahora en Arganda del Rey.

Ecologistas en Acción contempla como un año después las medidas de prevención y gestión de estas catástrofes brillan por su ausencia y las responsabilidades siguen sin depurarse.

La organización ecologista sigue demandando, como hizo entonces, una investigación independiente del suceso y que, entre otras medidas, se adapten la legislación, los protocolos de emergencia y de aviso a la población a las circunstancias que desgraciadamente imponen estas tremendas catástrofes que no cesan. Además, cada día queda más claro que es necesario que el control sobre la gestión de los residuos se maximice y que esta deje de estar bajo manos privadas que solo pretenden el lucro.

Un balance completo del suceso de Seseña, día a día, en: http://www.ecologistasenaccion.org/article32266.html

 

Falta de implicación de la fiscalía y obstáculos procesales impiden a Ecologistas en Acción continuar en solitario con el caso Palomarejos Golf

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WhatsApp Image 2017-03-22 at 17.28.14Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca ha tomado la decisión de renunciar al recurso subsidiario de apelación contra el auto de 18 de julio de 2017 dictado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina en el que se decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa de las cesiones de suelo público del Campo de Golf  de Palomarejos. Ello se hace tras ver rechazado el recurso de reforma previo al de apelación en un auto del mismo juzgado de fecha de 20 de febrero pasado y de valorar la situación en la que está quedando el caso.

La decisión dolorosa adoptada por Ecologistas en Acción supondrá con toda probabilidad el archivo de la causa, sin menoscabo de que en el futuro se pueda retomar en base a una nueva denuncia.

Ecologistas en Acción se ha visto obligada a adoptar esta decisión tras observar que se quedaba en solitario ejerciendo la acción de denuncia y que quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de la legalidad y de proteger el patrimonio de suelo público del municipio de Talavera de la Reina no se han involucrado en el caso como debieran.

En particular hemos visto como las administraciones autonómica y local no dejaban de poner palos en las ruedas del caso, actuando a la contra de aquellos que luchan por los intereses generales y contra los posibles casos de corrupción. Eso se ha puesto en evidencia especialmente cuando han salido a la luz informes que trataban de justificar que los terrenos de Palomarejos Golf son rústicos en lugar de urbanizables, lo que daría lugar a que no se produzcan las cesiones de suelo a las que obligaría la legislación al promotor y que superan las 8 hectáreas de superficie.

Por otra parte, Ecologistas en Acción se ha encontrado durante el proceso con que quien estaba llamada a reclamar legalmente responsabilidades penales a los actuantes, esto es, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo, se ha manifestado incapaz de abordar el asunto, dilatando las actuaciones y formalizando imputaciones sobre las que a la postre no realizaba investigaciones ni interrogatorios acordes a la gravedad del caso.

Como es bien conocido, el Fiscal obrante en la causa se ha visto recientemente sancionado por la Fiscalía General del Estado y  obligado a dimitir de su cargo de responsable de Medio Ambiente y Urbanismo. Pero lo ha hecho en un punto en el que el proceso no admitía nuevas actuaciones y sin que la nueva Fiscal pudiera rectificar en lo actuado hasta la fecha.

Así las cosas, la responsabilidad de mantener viva la causa recaía en Ecologistas en Acción en solitario, por lo que cabría la posibilidad de que en breve espacio de tiempo pudiera tener que hacer frente a fianzas y gastos que le serían de imposible asunción. Y todo ello sin ninguna colaboración de quienes son los responsables públicos que han de perseguir los presuntos delitos e irregularidades administrativas que han dado lugar a que Talavera de la Reina pierda una superficie de suelo público que le sería muy útil para cualquiera de las necesidades que tiene ahora mismo el municipio.

Por ello, en Ecologistas en Acción hemos decidido desistir del actual procedimiento judicial, pero esto no quiere decir que vamos a dejar de luchar por los intereses generales de la ciudad y de sus ciudadanos. Sin perder de vista la posibilidad de que se reabra el caso, buscaremos nuevas vías y reuniremos los apoyos necesarios para que la lucha y el final sea el que todos merecemos y no el que interesa a unos pocos.

Seguimos entendiendo que sí puede existir algún tipo de delito cuando, conociendo los hechos, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo con sede en Madrid decidió dar traslado de nuestra denuncia a los juzgados de Talavera de la Reina.

 

Se recrudecen las agresiones y amenazas a defensores de la vida silvestre y la naturaleza, especialmente en Castilla-La Mancha

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Ecologistas en Acción de CLM denuncia el apedreamiento de la puerta del domicilio del coordinador en Cuenca. Los discursos incendiarios, las amenazas, insultos y agresiones se recrudecen especialmente en Castilla-La Mancha y reclamamos a las administraciones, partidos y organizaciones una reflexión al respecto.

En el Día Mundial de la Vida Silvestre, Ecologistas en Acción denuncia que en los últimos meses se han recrudecido de forma inadmisible las amenazas y las agresiones de todo tipo a personas que de una manera u otra están comprometidas con la defensa de la vida silvestre y de la naturaleza en España, particularmente en algunas Comunidades Autónomas. Tales situaciones proliferan contra integrantes y entidades que forman parte de la confederación ecologista.

El pasado 23 de febrero, a las 19:30 de la tarde (como consta en la denuncia presentada ante la Policía Nacional), fue apedreada la vivienda de Carlos Villeta, coordinador de Ecologistas en Acción de Cuenca. Al parecer, según testigos del suceso, dos personas tiraron sendas piedras contra la puerta de la casa de Villeta y salieron corriendo. Las piedras destrozaron el acristalamiento de la puerta y provocaron un gran estruendo. Mientras, los hijos del activista ecologista hacían los deberes en casa.

Para la organización, a falta de que se sustancien las oportunas investigaciones, esta acción podría enmarcarse en el clima de agresividad contra “los ecologistas” alentado por la creciente ola de incidentes que distintos colectivos y agrupaciones políticas están protagonizando, a través de lenguajes innecesariamente violentos, proposiciones de declaración de personas ‘non gratas” dirigidas a Ecologistas en Acción o discursos incendiarios en tribunas e instituciones públicas.

En el caso de Cuenca, en los últimos meses se han producido diversos incidentes que han contribuido a empeorar las cosas, si bien la preocupante subida de tono en el clima contra los colectivo ecologistas puede no obedecer a causas concretas. Uno de ellos ha sido la problemática generada en torno al cese de la suelta y pesca de la trucha arcoiris tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre especies exóticas invasoras. Otro, la parada impulsada por Ecologistas en Acción de la obra de una pista que atravesaba una zona de cría de especies protegidas en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. La lucha contra el cementerio nuclear en Villar de Cañas y por la ampliación de la ZEPA de El Hito también ha generado enfrentamientos verbales violentos en Villar de Cañas. Cabe mencionar amenazas más o menos veladas en encuentros diversos e incluso por teléfono. Por último, recientemente, en una moción que afortunadamente no prosperó, se había pedido por un grupo de la oposición la declaración de ‘persona non grata’ a Ecologistas en Acción en un municipio de la Serranía conquense.

En este caso concreto estas han podido ser las circunstancias. Pero otros muchos casos discurren por terrenos peligrosamente similares. Así, por ejemplo, y sin salir de Castilla-La Mancha, con las polémicas sobre la defensa de las zonas de especial protección de aves de ambientes esteparios o de la reforma de la ley de caza, anónimos y dirigentes de entidades agrarias, cinegéticas o políticas han incrementado el volumen de sus descalificaciones e insultos a “los ecologistas”, creando hacia un ambiente cada día más propenso a situaciones de violencia.

Otros casos que entroncan con esta problemática son los que se están viviendo en Andalucía y Aragón a causa de la citada sentencia del Tribunal Supremo. En el primer caso se ha declarado ‘persona non grata’ a Ecologistas en Acción en el municipio de Isla Mayor (Sevilla). El motivo, la limitación a la pesca del cangrejo rojo americano, por su impacto en las especies y el ecosistema de Doñana. Y en el segundo, algunas entidades de pescadores de exóticas e invasoras se manifiestan reiterada y airadamente contra la asociación ecologista.

Otras amenazas tienen el remite del sector de la caza. Recientemente una organización cinegética reconocida a nivel nacional amenazó con dirigirse a la fiscalía por la simple publicación de un informe técnico sobre el impacto de la caza. Y hace solo unos días una entidad de cetreros remitió un burofax amenazante por una nota de prensa que un grupo local había circulado denunciando una exhibición de rapaces en un mercado medieval.

Como es lógico, Ecologistas en Acción admite todo tipo de críticas, y asume el derecho de cualquiera a denunciar a la organización si considera que ha hecho algo ilegal. Pero lo que no es admisible es que eso se haga fuera de los marcos legales y democráticos y que, en definitiva, genere un clima que desborde las normas de convivencia, que puede desembocar en sucesos como el de Cuenca.

Pero esta situación no solo la sufre Ecologistas en Acción, también lo hacen otras entidades ecologistas y conservacionistas e incluso agentes y técnicos medioambientales por el simple hecho de defender la vida silvestre y la naturaleza.

Hay que recordar que lo que defienden las y los ecologistas en los ámbitos en conflicto no es otra cosa que el cumplimiento de la ley y que se usen criterios científicos para adoptar decisiones que luego pueden tener graves consecuencias. Si Ecologistas en Acción, u otras organizaciones, ha obtenido sentencias favorables en materia de especies exóticas invasoras, de caza o de protección de ZEPA, es porque las leyes las amparan y porque las administraciones no han cumplido con su obligación de respetar e interpretar debidamente tanto la legislación vigente como los principios más básicos de protección de la naturaleza.

Lejos de ello, las administraciones y algunos representantes y partidos políticos atacan las sentencias, incluso las del Supremo, y a través de declaraciones y mociones en instituciones públicas tratan de desacreditarlas o proponen directamente modificar las normas a la medida de grupos de interés o de presión.

En el Día Mundial de la Vida Silvestre, Ecologistas en Acción quiere hacer un llamamiento para que todos los conflictos se traten con el debido respeto a las personas y entidades. Asimismo, exhorta a las instituciones, partidos políticos y personas que los representan a medir sus pronunciamientos y acciones. Es necesario vigilar aquellas situaciones que pueden descontrolarse para no tener que lamentar sucesos como los denunciados u otros peores.

No cabe otra: anulación del POM de Toledo de una vez, y redacción de uno nuevo

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La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 36.2 párrafo segundo de la LOTAU supone la anulación de facto del Plan de Ordenación Municipal de Toledo del año 2007 y que se mantiene recurrido en el TSJ de Castilla-La Mancha por Ecologistas en Acción y varios particulares.

La certificación de la ilegalidad del precepto en el que se amparó la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo para aprobar sin la debida información pública las modificaciones sustanciales del POM no hace otra cosa que confirmar los argumentos de los recurrentes. Argumentos, por cierto, reconocidos implícitamente por la propia Junta al señalar que ya ha modificado la LOTAU para eliminar el precepto ahora declarado inconstitucional.

Formalmente sólo queda esperar ahora a que el TSJ de Castilla-La Mancha, al amparo de la cuestión de constitucionalidad por él mismo promovida, anule definitivamente el POM y dé traslado de ello a las partes recurrentes, proceso que no debiera demorarse demasiado.

Pero más allá de esta cuestión sustancial desde el punto de vista de la legalidad, lo que exige la situación ahora es que la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo se dejen ya de argucias para demorar la anulación del POM e iniciar un proceso serio y transparente que dote a la ciudad de un instrumento de planeamiento urbanístico en condiciones.

Ecologistas en Acción de Toledo considera que las administraciones no han jugado limpio en todo este proceso. Primero por aprobar un POM insostenible urbanística y ambientalmente, con falta de transparencia y de respeto a la legalidad. Y luego porque se han servido de triquiñuelas legales y de enredar en los tribunales para no reconocer sus errores ni asumir sus responsabilidades.