CORRUPCIÓN

Dañino pavimentado de caminos en Hontanar con ayudas del Parque Nacional de Cabañeros y de la Diputación de Toledo

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Obras de asfaltado del camino

Ecologistas en Acción pide explicaciones a la administración pública y se hace eco de la recogida de firmas que a través de una conocida plataforma digital pide a las administraciones que no den subvenciones para deteriorar los espacios naturales. A día de hoy se han recogido más de 550 firmas.

El problema surge cuando el ayuntamiento de Hontanar decide en el pleno celebrado el 28 de febrero pasado aprobar el expediente de contratación para pavimentar un tramo del camino de Maqueita con cargo a las subvenciones que ofrece el Parque Nacional de Cabañeros para el área de influencia socioeconómica de este espacio protegido. Para esta obra y para el arreglo de una calle del pueblo el ayuntamiento es beneficiario de una ayuda conjunta de 21.997 euros.

Las obras del camino se llevan a cabo produciendo un gran impacto paisajístico, ya que el asfaltado se produce en un tramo en una ladera visible desde kilómetros a la redonda. A la par se genera un impacto en el uso público de este camino, destinado a labores agrícolas y a actividades recreativas, como el senderismo y la bicicleta.

A esta obra se le añade posteriormente el arreglo de dos tramos del mismo camino, y que según fuentes del ayuntamiento podrían haber sido subvencionadas por la Diputación de Toledo.

A juicio de Ecologistas en Acción resulta lamentable que con ayudas públicas, máxime cuando algunas de ellas van dirigidas a la mejor conservación y uso público del entorno del Parque Nacional de Cabañeros, se hagan obras sin criterio medioambiental. Por ese motivo el equipo jurídico de la asociación se ha puesto ya a trabajar con vistas a denunciar los hechos por su impacto ambiental y a reclamar la devolución de las ayudas recibidas si se comprueban las irregularidades que presuntamente podría haber cometido el ayuntamiento en la tramitación de las mismas.

De entrada Ecologistas en Acción solicita a las administraciones actuantes, esto es, Ayuntamiento, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Dirección General de Política Forestal de Castilla-La Mancha y Diputación de Toledo que informen de los trámites de autorización y de concesión de ayudas a los que ha sido sometida la obra y que se certifique si se ha cumplido con toda la legalidad y con todos los requerimientos ambientales que son exigibles.

Recogida de firmas: https://www.change.org/p/dirección-general-de-política-forestal-y-espacios-naturales-evita-que-subvenciones-otorgadas-por-parques-nacionales-deterioren-espacios-naturales

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Pedimos la suspensión de la tramitación del Puy du Fou Toledo por nuevas irregularidades en el procedimiento

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Paraje protegido previsto para el Puy de Fou Toledo

Ecologistas en Acción de Toledo ha registrado un escrito urgente dirigido a la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha pidiendo la suspensión del procedimiento de aprobación e información pública del proyecto de parque temático Puy du Fou España que se pretende instalar en el municipio de Toledo.

El escrito se fundamenta en dos notorias novedades que afectan a la seguridad jurídica del procedimiento.

La primera es la situación cambiante del escenario de legalidad urbanística que se está dando dentro del periodo de información pública y que en principio debía terminar el próximo 12 de abril. Como es sabido la propia Consejería de Fomento, obligada por distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha anulado por orden de 14 de marzo de 2018 el Plan de Ordenación Municipal de Toledo aprobado en 2007, lo que ha llevado a su vez al ayuntamiento a poner en vigor el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) de 1986. Además, desde el 2 de abril está en información pública la modificación nº 28 del PGMOU y se han anunciado nuevas modificaciones a ese Plan del 86.

En estas condiciones de legalidad cambiante desde el punto de vista urbanístico es imposible saber con certeza las condiciones que debe cumplir el proyecto del Puy du Fou para poder ser aprobado o no. La inseguridad jurídica para el promotor, pero sobre todo para los alegantes, es absoluta e imposibilita realizar aportaciones dentro de un marco jurídico que es impredecible. Por otra parte, cabría la posibilidad de que el procedimiento iniciado fuera nulo es muy alta, ya que dio comienzo sobre la base de un plan urbanístico hoy derogado.

En segundo lugar, el procedimiento también sería irregular desde el punto de vista de la tramitación ambiental, y en este sentido se ha pronunciado la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio a raíz de una consulta realizada por Ecologistas en Acción. Se da la circunstancia de que a la par que se está tramitando la evaluación ambiental del proyecto, la Viceconsejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha está procediendo a la evaluación ambiental estratégica de la modificación puntual de normas urbanísticas para el PSI Puy de Fou. Esta tramitación simultánea está permitida en la legislación autonómica, pero no en la estatal, dado que, como es razonable, se debe primero sustanciar una evaluación estratégica que puede condicionar y mucho al proyecto y su posterior evaluación de impacto. La respuesta de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, el órgano competente y máximo conocedor de la legislación estatal en la materia, ha sido una rotunda “negativa” a la posibilidad de que ambos procedimientos se puedan llevar a cabo a la vez. El escrito del órgano del Ministerio ha sido remitido tanto a la Consejería de Fomento como a la Viceconsejería de Medio Ambiente dentro del escrito de solicitud de paralización del proyecto.

En conclusión, bajo estas condiciones Ecologistas en Acción entiende que no puede seguir adelante el procedimiento de aprobación e información pública del PSI Puy du Fou y solicita de Fomento su suspensión en la confianza de que no se repitan errores del pasado reciente y que han llevado a la anulación por los tribunales de normas urbanísticas tan importantes como por ejemplo el POM de Toledo.

Ecologistas en Acción de Toledo pone a disposición de quien lo solicite el escrito remitido a la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha.

TRAS CUATRO AÑOS DE TRABAJO, VE LA LUZ UNA PROFUNDA REFORMA DE LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

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Foto © David Santiago-WWF

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha comparte su satisfacción por el éxito logrado y agradece el apoyo y el trabajo de las 40 organizaciones y 117.414 firmas ciudadanas que han llevado a que por primera vez en España se modifique una ley de caza por la demandas de quienes defienden el uso público del medio rural, el bienestar animal, el medio rural y la naturaleza frente a los privilegios y abusos de la caza.

La aprobación por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas supone la culminación de casi cuatro años de actividad de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y de las decenas de miles de personas que le ofrecieron su apoyo.

Que una norma de las características de la Ley de caza de 2015 se reforme profundamente atendiendo a las demandas de entidades que defienden el medioambiente, el bienestar animal  y uso sostenible del medio rural es sin duda un hito singular tanto en España como en Castilla-La Mancha.

El esfuerzo de diálogo, debate y oferta de propuestas rigurosas se ha visto recompensado con el equivalente a una nueva ley de caza en la que se recogen buena parte de las demandas de la Plataforma. Prácticamente tres cuartas partes de los contenidos que se modifican en la ley han sido aportaciones de entidades que han sabido aunar criterios y puntos de vista diferentes pero confluentes.

Sin duda la reforma se queda corta en varios aspectos, más de los deseables, pero a través del camino abierto hay una evidente esperanza de mejora aún mayor en el futuro.

Pese a las fuertes, injustas y continuas presiones del lobby cinegético, el trabajo y continua interlocución de la Plataforma con el Gobierno regional, con los grupos parlamentarios que lo sustentan y, en particular, con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, han dado lugar a que prospere una reforma legislativa más que beneficiosa para el conjunto de Castilla-La Mancha.

A partir de ahora, en Castilla-La Mancha no podrán multar a nadie por salir al campo y espantar inadvertidamente a la caza. Para capturar un animal doméstico en el medio natural habrán de utilizarse medios incruentos que salvaguarden el bienestar. Será más seguro caminar y se multará a quien ponga obstáculos o impida el paso por las vías de uso público. Los agentes medioambientales tendrán mayor visibilidad en la ley de caza. Dejarán de considerarse modalidades de caza el lanceo o los peligrosos aguardos nocturnos. Se harán más responsables a los titulares de los cotos del uso de veneno o de otras prácticas dañinas para las especies y el medio ambiente. Y se controlarán y se sancionarán mejor las actividades ilegales asociadas a la práctica cinegética.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha está convencida de que todo lo logrado redundará en el beneficio de toda la ciudadanía, para que pueda disfrutar responsablemente del entorno natural y para que muchas actividades económicas se puedan desarrollar mejor en el medio rural.

Se adjunta un documento más detallado de balance de la reforma de la Ley de caza de CLM en Balance_ReformaLeyCazaCLM_20180315

 PLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

Creada en junio de 2014, en la actualidad cuenta con los siguientes miembros.

Ecologistas en Acción (federación regional de Castilla-La Mancha y las cinco federaciones provinciales con sus grupos federados), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, Federación Española para el Bienestar Animal, seis empresas de turismo rural y de naturaleza, apicultores, agricultores, ganaderos y otros usuarios del medio natural a título individual.

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO ORDENA EL DERRIBO DEL CHALET DEL FISCAL JEFE DE TALAVERA DE LA REINA POR ENCONTRARSE CONSTRUIDO EN ZONA DE POLICÍA DE AGUAS Y SIN AUTORIZACIÓN.

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Imagen Diario Público

La Confederación Hidrográfica del Tajo, tras las reiteradas denuncias de Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina que han dado pie a un requerimiento de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, ha reiniciado el trámite del expediente sancionador D-30681. Dicho expediente se incoó tras denuncia de fecha 21 de septiembre de 2007 contra la vivienda del Fiscal Jefe de Talavera de la Reina, por las obras de limpieza de cauce y construcción de un chalet en zona de policía de aguas y sin la correspondiente autorización en el Arroyo de la Fuente o Berrenchín en el Término municipal de Pepino (Toledo).

La resolución de la correspondiente sanción, que es de fecha seis de marzo de 2009 y que se reactiva tras ocho años y medio de injustificada paralización, obliga a la “reposición de las cosas a su estado anterior”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha pedido el derribo del chalet con fecha 31 de octubre de 2017 de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y 323  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Y en base a ello se requiere a sus titulares para que en el plazo de treinta días contado a partir de la notificación de este escrito, procedan de forma voluntaria.

Con esta resolución la Confederación atiende el escrito de 27 de septiembre de 2017 dirigido por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y en el que ésta preguntaba por el estado del citado expediente sancionador.

Ecologistas en Acción urge al cumplimiento de la resolución impuesta por la Confederación del Tajo y, a la par, se pregunta porque han pasado más de ocho años para que se haya dado continuidad a un expediente sancionador que es de marzo del 2009.

Si Ecologistas en Acción no hubiera denunciado esta situación, cabe preguntarse si la sanción no se hubiera quedado en el cajón del olvido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tramita la imprescindible reforma de la ley de caza a las Cortes regionales.

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12805935_897843593666639_7134686047442127733_nAnte la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de caza y su definitiva tramitación a las Cortes Regionales con vistas a su definitiva promulgación, la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ve satisfecho uno de sus principales objetivos. Ya es seguro que la ley de caza cambiará sustancialmente gracias al impulso social contra los privilegios a la caza.

La Plataforma reconoce el esfuerzo realizado por el actual Gobierno para atender las demandas de un cambio sustancial en la normativa cinegética y, en particular, el realizado por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien tiene que soportar a diario la sobreactuación del lobby cinegético con sus indefendibles argumentos.

Cambiar la ley de caza de la era Cospedal es una necesidad para Castilla-La Mancha. Es un ejercicio de higiene democrática llamado a restituir buena parte de los derechos de los no cazadores y de los principios de protección animal  y conservación de la naturaleza que la actual ley conculca.

El proyecto de ley que el Gobierno aprueba cambia aspectos fundamentales que permitirán el desarrollo de actividades en el medio natural sin temor a ser sancionadas o interrumpidas en espacios públicos por efecto de la caza, que priorizarán la captura en vivo de animales domésticos asilvestrados, que generarán un mayor control de la caza intensiva y de los cerramientos, que reforzarán la actividad de los agentes medioambientales y que supondrán una mejor aplicación del régimen sancionador.

Por otra parte, todavía se queda corto el proyecto de reforma en cuestiones como la edad para cazar, la limitación de determinados métodos de caza, como la caza nocturna o el empleo de alimentación suplementaria que generan sobrepoblaciones de ungulados, la eliminación de vallados ilegales o la supresión de los cuarteles de caza comercial.

A partir de aquí la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha reitera el llamamiento ya hecho a los partidos con representación parlamentaria para que apoyen la modificación de la ley y, si posible, incluso mejoren el texto que traslade el Gobierno con la aprobación de las oportunas enmiendas. A tal fin iniciará inmediatamente una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios castellano-manchegos.

El lobby de la caza trata de tapar sus intereses ocultos y su mala gestión

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn lugar de atender y proteger a las especies que dicen defender, como la perdiz roja, recientemente declarada en extinción en Castilla-La Mancha por los científicos del IREC, pretenden mantener el modelo de caza de sueltas y de caza comercial que ha sentenciado  este ave a la desaparición.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera ridícula y desnortada la posición del lobby cinegético castellano-manchego en relación a la reforma de la ley de caza y la nueva ley de protección y bienestar animal.

A falta de argumentos sólidos para demostrar los presuntos agravios que dicen sufrir, intentan con poco éxito atacar a las organizaciones de defensa del medio ambiente y animalistas.

Pero lo cierto, público y notorio, es que la caza y, más concretamente, el lobby que dirige la federación y los latifundistas sigue privilegiado en Castilla-La Mancha de la mano de una normativa vigente redactada por ellos, aprobada por un primer Gobierno servil y consentida y empeorada por un segundo Gobierno temeroso y rehén del pasado.

Lo verdaderamente importante en lo que concierne a la caza, y el sector quiere ocultar, es la enorme problemática que genera. Y, por lo que se está demostrando día tras día, su nula capacidad para gestionar los cotos cinegéticos y para dialogar con quien no piensa como ellos o simplemente tiene otros planteamientos.

Tenemos un cercano ejemplo en la gestión de la sequía. Ni el Gobierno, ni mucho menos el sector de la caza han tomado ninguna medida para paliar sus efectos en las especies cinegéticas. Ni siquiera en aquellas que más dependen del agua, como las acuáticas. Se han aprovechado de los llamados días de fortuna y han masacrado a animales y especies con pocas defensas.

Lo tenemos también en la problemática que genera la caza en los espacios protegidos, como Cabañeros, en las especies amenazadas, en el uso público del monte, en los conflictos con la agricultura y en los riesgos para la ganadería, y así un largo etcétera.

Pero lo más relevante, y que el sector quiere ocultar es su nefasta gestión de las especies que dicen defender. El reciente caso de la perdiz roja, revelado por parte del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), institución científica dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, el CSIC y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es el paradigma de ello.

Científicos del IREC han confirmado en una reciente jornada celebrada en Ciudad Real y de la que se han hecho eco los medios de comunicación que “no han encontrado ninguna perdiz roja pura en Castilla-La Mancha” y que ello es debido a las sueltas que se hacen especialmente en los cuarteles de caza comercial de perdices rojas hibridadas con perdiz chucar y que a su vez se han cruzado con las autóctonas haciéndolas desaparecer.

Es decir, estamos ante la desaparición de una especie cinegética motivada por la mala gestión cinegética de quienes dicen proteger la caza y garantizar el equilibrio natural.

Frente a semejante situación, el sector, en lugar de movilizarse en favor de la especie y ver cómo resolver el problema, no sólo no rectifica nada sino que dirige sus acciones contra los cambios normativos y contra quienes los defienden.

Curiosamente esos cambios normativos, que por desgracia la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Gobierno no están dispuestos a asumir, precisamente pretenden hacer frente a problemas como el de la perdiz roja.

Ecologistas en Acción desde luego no se va a dejar amedrentar por las bravatas de un lobby desquiciado y dañino para la convivencia en el medio rural. Avisamos a quien nos quiera oír que lo que pretenden poco tiene que ver con el bienestar del mundo rural y mucho menos con la protección del medio ambiente y de la propia caza que dicen defender.

Todo es una simple y ridícula puesta en escena que ya han repetido en otras ocasiones cuando ven peligrar los pingües ingresos que obtienen comerciando con la caza y, sobre todo, cuando ven acercarse elecciones autonómicas. Resulta muy llamativo que de sus acciones se beneficien los grandes latifundistas de la caza, los que se llenan los bolsillos trayendo turistas a masacrar animales de granja y que se dé munición a un partido concreto que nunca se ha preocupado por afrontar estas cuestiones considerando todos los puntos de vista.

Ecologistas en Acción, a la vista de los resultados de los trabajos del IREC sobre la perdiz roja está estudiando las acciones a acometer para su protección. De entrada ya se ha pedido a la Consejería una reunión urgente del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo Regional de Caza para conocer de primera mano las investigaciones del IREC y sus eventuales propuestas.

Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

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  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.