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Denuncia urgente contra un cerramiento para caza de 9 kilómetros en el espacio protegido de los Montes de Toledo.

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P1060688Ecologistas en Acción de Toledo reclama la paralización del desbroce de vegetación iniciado sin permiso para un vallado en la finca Quinto de Don Pedro y que afecta al espacio de la Red Natura 2000, distintas áreas críticas de especies en peligro de extinción, a dos montes públicos y a un refugio de fauna.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia de Toledo el inicio de las obras de instalación de un nuevo cerramiento cinegético que amplía el existente en la finca privada Quinto de Don Pedro, en el término municipal de Los Yébenes.

La empresa titular de la esta finca, colindante con el Monte de Utilidad Pública y refugio de fauna del mismo nombre, pretende cerrar una superficie de 471 hectáreas que actualmente están abiertas en una zona de altísimo valor ecológico. El proyecto afectaría, entre otros elementos a proteger, al espacio de la Red Natura 2000 de los Montes de Toledo, a áreas críticas de lince ibérico, águila imperial, águila perdicera y buitre negro, a dos montes de utilidad pública colindantes y al refugio de fauna homónimo del Quinto de Don Pedro.

Difícilmente podríamos encontrar en la provincia de Toledo un espacio tan valioso  y reconocido con tantas figuras de protección y conservación.

Por la grave afección a este enclave singular y destacado, Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado ya formalmente el inicio de las labores de desbroce y eliminación de la vegetación natural, consistente en monte mediterráneo de encina y jara. Estos trabajos tienen por objeto la apertura de las calles en las que mediante postes metálicos y alambrera de 2 metros de alto se instalaría un cerramiento cinegético de más de 9 kilómetros de longitud.

La denuncia se justifica a su vez en el hecho de que el cerramiento carece de autorización, todavía en trámite y que debe ser emitida por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.

El perjuicio que para los espacios naturales, las especies protegidas y las propias especies cinegéticas producen los vallados o cerramientos cinegéticos se puede observar claramente en la parte que el titular de la finca tiene vallada desde hace años. En esa zona la vegetación está muy dañada por el exceso de población de cérvidos, el paso de la fauna silvestre está limitada  por la alambrera, que a su vez es un peligro de colisión sobre todo para las aves, y se practica un modelo de gestión cinegética insostenible.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Dirección Provincial y a la Viceconsejería la inspección, denuncia e inmediata paralización de los trabajos. Vistos los daños ambientales y que el titular del coto, lejos de respetar los procedimientos, ha empezado a actuar ilegalmente, cabría instruir expedientes sancionadores por cuatro vías. Incumplimiento de la ley de evaluación ambiental, incumplimiento de la ley de protección del suelo y de las cubiertas vegetales, incumplimiento de la ley de caza e incumplimiento de la ley de conservación de la naturaleza.

Casos como éste ponen de manifiesto el perjuicio que la caza en terrenos vallados y la normativa actual causan en los recursos naturales y que llevan a la necesidad de cambios radicales en la ley y en los procedimientos que regulan instalaciones tan dañinas como los cerramientos cinegéticos.

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Reclamamos indemnización por daños al águila perdicera y el cese del Ecoparque de Toledo

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Foto: Seshadri K.S.

Ecologistas en Acción de Toledo ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente una denuncia contra el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo por los daños que el Ecoparque de Toledo está produciendo en la población de águila perdicera, especie en peligro de extinción de la que apenas queda media docena de parejas en las provincia.

En su escrito la asociación recuerda que desde el año 2012 viene funcionando en el paraje conocido como Dehesa Aceituno del término municipal de Toledo, el denominado “Ecoparque” en el que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales a través de GESMAT s.a. gestiona los residuos sólidos urbanos de Toledo.

Dicha instalación está sujeta a una declaración de impacto ambiental y a una autorización ambiental integrada que establecieron una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir y compensar los impactos a las especies en peligro de extinción, muy en particular los que pudiera sufrir el águila perdicera (Aquila fasciata) y que cuenta con un territorio de nidificación y zona crítica en las inmediaciones.

Pues bien, una vez puesto en funcionamiento el Ecoparque, la pareja de Águila de perdicera ha dejado de criar y ha desaparecido de la zona, no siendo observada al menos desde el año 2015. Tampoco se ha observado que se haya instalado una nueva pareja en la provincia, ni que fruto de las medidas protectoras y compensatorias puestas en práctica se haya evitado la pérdida de la pareja ni su restitución por otra.

A nuestro juicio la intensa transformación del hábitat habida en la zona, y de la que el Ecoparque es exponente primero y principal, así como las innumerables molestias y ruidos que genera la instalación serían la razón de la pérdida de una de las últimas parejas de Águila perdicera de Toledo. Decir a este respecto que en la actualidad la población de la especie apenas alcanzaría la media docena de parejas en la provincia.

Esta situación era por desgracia esperable, como alegó Ecologistas en Acción con ocasión de las informaciones públicas a las que fue sometido el proyecto. Además, el propio órgano evaluador de la Consejería calculaba en 500 hectáreas el daño al hábitat que el proyecto producía y consciente del posible impacto impuso diversas medidas compensatorias.

No obstante, la pareja ha desapacido y ha dejado de criar en los últimos años lo que supone un impacto crítico sobre una especie declarada en “peligro de extinción” y con muy pocos ejemplares reproductores en Toledo.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción requiere a la Viceconsejería de Medio Ambiente lo siguiente:

1.- Que previo informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales se evalúe si se han llevado a cabo las medidas protectoras y compensatorias impuestas en la DIA y, si fuera el caso de que no se hayan aplicado correctamente, se impongan las sanciones correspondientes.

2.- Que se incoe un expediente de responsabilidad ambiental por la Ley 26/2007 al titular de la instalación y que éste repare los daños ambientales producidos y los indemnice debidamente. A este respecto recordamos que la valoración de cada águila perdicera perdida es de 60.000 euros según el Decreto 67/2008, de 13 de mayo por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada de Castilla-La Mancha. Y que si consideramos la desaparición de la pareja y de las nidadas que no han fructificado desde 2015 estaríamos hablando de al menos 8 ejemplares, esto es, un total de 480.000 euros en daños a la especie.

3.- Que se revise la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental a la vista de los hechos y que se decrete el cese de la actividad hasta la recuperación de los impactos críticos que sobre el águila perdicera está produciendo el Ecoparque.

Además, hacemos expresa solicitud de ser considerados como parte personada en los expedientes del tipo que sean que se incoen al amparo de esta denuncia.

 

Las ONG ambientales alegan juntas al plan de gestión de las ZEPA de Ambientes Esteparios de Castilla-La Mancha

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Los viñedos en espaldera dañan las Zepas Esteparias

Las principales organizaciones de defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha, Ardeidas, Ecologistas en Acción, Esparvel, SEO/BirdLife, la Sociedad Albacetense de Ornitología y WWF, han unido fuerzas y han presentado un documento conjunto de alegaciones al Plan de Gestión de las 8 Zonas de Especial Protección de Aves de ambientes esteparios.

En este escrito se solicita a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que mejore notablemente el borrador del plan sometido a información pública. También exigen que no se deje influir por las injustificadas solicitudes de las organizaciones profesionales agrarias, ya que si se aceptan no se resolverá nunca el problema de seguridad jurídica que se mantiene sobre las ZEPA y hacen peligrar la consecución de 40 millones de euros de  ayudas europeas que llegarían de la mano del Plan de Desarrollo Rural (PDR).

En las alegaciones, las ONG defienden la importancia de las ZEPA de aves esteparias y la necesidad de aprobar un plan de gestión que aúne criterios de conservación con el mantenimiento e impulso de una agricultura verdaderamente sostenible y rentable económicamente.

Las ONG apuestan por trabajar en la mejora de rentabilidad del modelo agrícola que ha permitido la conservación de las especies hasta la fecha, donde predominan los cultivos extensivos de cereal, frente al avance de un modelo intensivo que daña y pone en riesgo los valores naturales de estos espacios.

En este sentido, se hace especial énfasis en la incompatibilidad de las espalderas y de nuevos cultivos leñosos con el hábitat de las especies esteparias, así como en el perjuicio directo sobre las aves, las aguas, y sobre la salud de las personas supone el empleo de semillas blindadas y de pesticidas, en particular de los herbicidas como el glifosato que se emplea en la siembra directa.

Las ONG se oponen rotundamente a que en las ZEPA continúen las transformaciones de cultivos, a la siembra directa y a que no se limite el uso de pesticidas, y considera injustificadas las peticiones en este sentido de las organizaciones profesionales agrarias.

Quienes defienden estos cambios en el plan de gestión, e incluso su paralización, faltan a la verdad al enjuiciar el supuesto impacto y las limitaciones que las ZEPA generarían en la agricultura. Lógicamente, al tratarse de espacios protegidos requieren de un plan de gestión y de medidas de protección y de incentivo para orientar la práctica agrícola en estas zonas. Pero recordemos que las ZEPA son sólo 200.000 hectáreas, esto es, menos del 6 por ciento de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha, y que las medidas que se proponen tienen un efecto limitado que además se compensa económicamente.

Las ONG emplazan a las organizaciones agrarias y a quienes se oponen al plan de gestión a un debate abierto y honesto sobre el tema y a que enuncien definitivamente sus propuestas concretas, puesto que parecen más interesados en una estrategia de desgaste que en la creación de un marco de gestión claro que permita a los agricultores orientar sus producciones dentro de las ZEPA y que permita desbloquear el acceso a 40 millones de euros para los cuales ya hay numerosos agricultores demandantes.