caza

Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

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  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.

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Pedimos a la Junta de Castilla-La Mancha la suspensión de la caza por el impacto de la sequía

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P1120329Las administraciones autonómicas, entre ellas la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, tendrían que haberse anticipado al impacto que están teniendo sobre la fauna tanto las altas temperaturas como la situación actual de sequía y retrasar el inicio de la temporada de caza.

Ante la falta de esa medida y la ausencia de autocontrol por parte del sector cinegético, Ecologistas en Acción pide a la Consejería, a través de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, que suspenda la temporada de caza y reúna de emergencia al Consejo Regional de Caza.

La sequía está afectando muy gravemente al campo castellano-manchego. Una de las consecuencias que por desgracia está pasando muy desapercibida es la afección a las especies silvestres. Éstas, ante la falta de agua y de alimento, están sufriendo una baja productividad en sus poblaciones y un debilitamiento de los individuos, que los hacen más vulnerables a las enfermedades y a la persecución humana.

Tanto las especies protegidas como especialmente las cinegéticas, están en muy mal estado y, a pesar de ello, la temporada de caza no sólo se ha mantenido como siempre, sino que la caza se ha intensificado en algunas zonas.

En estas condiciones ventajosas y con notable impacto sobre las especies cinegéticas se está desarrollando una nueva temporada de caza. Y aunque algunas federaciones de caza, entre ellas la de Castilla-La Mancha, han realizado tibias recomendaciones para moderar la presión cinegética, éstas han caído en saco roto y los campos se están llenando semana tras semana de cuadrillas, monterías y ganchos que no dan tregua a la fauna cinegética.

Especialmente grave es la situación en los cotos intensivos, cuarteles de caza comercial y escenarios de caza, donde con la excusa de que se sueltan animales de granja se permite cazar con más intensidad, durante más tiempo y sin distinción de si se dispara a animales salvajes o de criadero.

En Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Madrid o Castilla y León la situación es especialmente grave, pues la sequía y las altas temperaturas de estos días están siendo extremas para la época del año y tienen en jaque a las poblaciones de especies cinegéticas.

Las Consejerías y Direcciones Generales responsables de la gestión de la caza iniciaron la temporada de caza sin prever esta situación o, al menos, sin tomar medidas para controlarla, lo que es sin duda una irresponsabilidad. La legislación de caza y de conservación de la naturaleza les obliga a actuar en situaciones meteorológicas excepcionales, decretando la suspensión de la caza si fuera necesario, y evitando los llamados días de fortuna, como son los de sequía prolongada. Esta situación pone de manifiesto, una vez más, la incapacidad del sector cinegético para autogestionarse y la de las Comunidades Autónomas para cumplir sus cometidos más básicos.

Ante estas circunstancias, Ecologistas en Acción reclama a las Comunidades Autónomas que suspendan de forma temporal la temporada de caza, incluso aunque empezara a llover próximamente, ya que el daño a las poblaciones cinegéticas ya es inevitable. Es necesario que se recuperen.

En el caso de Castilla-La Mancha, la federación regional de Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales y a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para pedir que tome cartas en el asunto. Que se suspenda la temporada de caza y que reúna de urgencia al Consejo Regional de Caza.

Ecologistas en Acción también reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que, en lugar de empeñarse en una permanente campaña en favor de la caza, abandone la elaboración de la Estrategia Nacional de Caza, cuya evidente finalidad es la promoción de la caza intensiva y comercial.

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

Paso decisivo para una reforma en profundidad de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

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Nota de prensa a 28 de julio de 2017

La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha acoge con esperanza el paso decisivo que se ha producido hoy en la tramitación de la reforma de la Ley 3/2015.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y el envío al Consejo Consultivo del proyecto de ley de modificación de la ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha el proceso entra en su recta final y se abre la vía para que en un marco de búsqueda de acuerdos entre partidos políticos y la Plataforma se termine de cambiar el texto de una ley que se impuso para favorecer de forma descarada al lobby cinegético y que nunca debió ver la luz.
La Plataforma hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que dialoguen entre ellos y con la sociedad civil y ultimen un texto que todavía precisa de importantes mejoras. En este sentido la Plataforma recuerda que si bien una parte de sus propuestas y alegaciones ya se ven reflejadas en el texto, otra parte no menos importante no se ha modificado y precisa por tanto de modificación en sede parlamentaria.
Entre los aspectos que el anteproyecto no recoge y que habrán de ser objeto de debate están cuestiones tan importantes como la desincentivación de la caza intensiva y la revisión de la figura del cuartel de caza comercial,  principales motores de la ley de caza del Gobierno de  Cospedal y causantes de los mayores impactos negativos de la ley. También deberá considerarse la prohibición de autorizar la caza de animales domésticos, las modalidades o métodos crueles, masivos o con impacto negativo en las especies y espacios protegidos, el respeto a la normativa y a las sentencias judiciales que afectan a la caza y la mejora de la vigilancia y de las sanciones para evitar conductas ilegales. Se precisa por otro lado garantizar el respeto y la seguridad en el uso público del monte y la no afectación de la caza a las actividades forestales, agrarias, de ocio, deporte o ecoturismo.
La Plataforma trabaja ya para reunirse con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha al objeto de trasladarle sus reivindicaciones y de ofrecerles toda la justificación y apoyo social que avala las mismas.

Asociación de cotos de caza ayuda a cotos con veneno en Guadalajara

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Ecologistas en Acción exige a la entidad pro-cinegética una inmediata explicación de cómo y porqué ayuda a cotos con veneno y si este tipo de ayudas se dan también en otros casos de cotos sancionados.

Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento de que la Asociación de Titulares de Cotos de Caza con sede en Guadalajara, y más conocida como ATICA, aprobó ayudar a dos cotos de caza en Medranda y Castilblanco de Henares, provincia de Guadalajara, a resultas de que fueran denunciados por vía penal y administrativa por la presencia de veneno y la aparición por esta causa de numeroso ejemplares muertos de fauna protegida.

Según consta en una circular de ATICA sobre la asamblea celebrada el 5 de marzo de 2015 y que puede descargarse de su página web la entidad “decidió que la ayuda que se le dé al coto de Castilblanco (primero tienen que recibir la sentencia en firme) se le dará igualmente al coto de Medranda, pues está involucrado en la misma infracción”.

Recordemos que el caso que involucra a estos dos cotos revistió especial gravedad. Se descubrió en la primera semana de marzo de 2013, a partir del seguimiento de un águila de Bonelli o perdicera radiomarcada en la comunidad de Madrid. El emisor da señal de lo ocurrido y permite la localización del ejemplar muerto, momento en que se avisa a los agentes ambientales de Castilla-La Mancha  y al  SEPRONA que organizaron un operativo de localización de otros restos.

El rastreo con ayuda de la patrulla canina regional especializada en la detección de cebos envenenados permite la localización de numerosos cebos con veneno en el coto de Castilblanco de Henares y  21 ejemplares de fauna envenenados, en éste y en el coto lindante de Medranda. Entre ellos, un águila real, un águila perdicera (en peligro de extinción en Castilla-La Mancha), seis buitres leonados, junto a varios milanos, entre ellos, al menos, un milano real (especie “en peligro de extinción”), un tejón y varios zorros.

Algunos de los cebos envenenados se localizaron en la boca de madrigueras de zorro, lo que indica un uso típicamente cinegético, dirigido a eliminar, de manera masiva y delictiva, posibles depredadores de piezas de caza.

El caso ha dado lugar ya a sendas sanciones administrativas por responsabilidades “in vigilando”, una de ellas fue recurrida por el los sancionados en Medranda y ha sido refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la otro no se recurrió. Así se impusieron multas de 50.000 € al coto de Castilblanco y  25.000 euros al de Medranda y la suspensión de ambos acotados por dos años. Por su parte, el asunto de la autoría sigue su tramitación en vía penal, delito que puede conllevar penas de prisión de 4 meses a 2 años.

Ante estos hechos resulta increíble que a pesar de la gravedad del envenenamiento, uno de los de peores consecuencias registrado en España en los últimos cinco años, y de que el sector cinegético y en particular ATICA aparentan mostrarse muy beligerantes contra el uso el veneno, lo cierto es que la entidad cinegética lejos de personarse y de denunciar el uso de veneno resolvió ayudar a estos cotos.

Tan grave e injustificable acción exige una explicación inmediata por parte de ATICA Guadalajara. La entidad debe aclarar sin demora en qué consiste la ayuda que se presta a los cotos de Castilblanco y de Medranda a resultas de las sanciones impuestas y, también, si esta ayuda se puede dar a otros cotos involucrados en casos de veneno.

Ecologistas en Acción demanda esa respuesta inmediata de ATICA máxime cuando esta asociación cinegética se está mostrando tan vehemente a la hora de atacar a funcionarios de la Junta que están aplicando con rigor la normativa vigente. También cabe preguntarse si puede haber relación entre las ayudas a cotos con veneno y las acciones vindicativas de Atica. ¿Han influido estos expedientes de sanción por veneno en las recientes manifestaciones habidas en Guadalajara?

Documento de ATICA ayuda a cotos con veneno, descargable en:

https://www.aticaguadalajara.com/noticias/

Circular Resumen Asamblea

Resumen de los temas tratados en la asamblea celebrada el pasado 05 de marzo con la asistencia de mas de 200 socios.

CIRCULAR ATICA RESUMEN ASAMBLEA.pdf
Documento Adobe Acrobat [151.0 KB]

(Ver al final del documento el apartado 4, de ruegos y preguntas)

Las organizaciones del Programa Antídoto piden medidas definitivas para acabar con el veneno en el campo a las administraciones .

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cadáver de Buitre negro envenenado redLas nueve organizaciones integrantes del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, reclaman al MAPAMA y a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas una mayor implicación para acabar con esta práctica ilegal. Castilla-La Mancha precisa de un impulso urgente en la lucha contra el uso del veneno

Toledo ha acogido la reunión anual de las nueve organizaciones de defensa del medio ambiente que forman el Programa Antídoto para valorar la situación del uso del veneno en España y de las graves consecuencias que acarrea para la biodiversidad. La primera conclusión a la que han llegado es que el veneno continúa muy presente en el campo y que las administraciones se han relajado en su erradicación.

Las organizaciones muestran su preocupación por la tendencia actual en todo el territorio hacia el debilitamiento del nivel de compromiso en la lucha contra el veneno. Después de un periodo de crecimiento de actuaciones de persecución del uso de veneno, los informes presentados en la reunión señalan cómo desde 2011 hay un progresivo y notable retroceso de la acción de las administraciones en la materia. Destacan como uno de los aspectos más negativos, a pesar de la persistencia de episodios de veneno, y salvo excepciones, el alto grado de impunidad que se da para este delito. En la reunión, se han estudiado propuestas concretas para la mejora de la normativa básica estatal en la materia, coincidiendo en la necesidad de una reducción de los episodios de veneno y de aumentar la actuación policial y legal contra esta grave amenaza para la fauna.

Estrategia Nacional

Las organizaciones del Programa Antídoto han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que apoye económicamente líneas maestras de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados, como son la formación de servicios técnicos y jurídicos de las comunidades autónomas y de agentes de la autoridad, el apoyo a la realización de analíticas de los animales y cebos envenenados y el apoyo a las unidades caninas especializadas en la detección de venenos.

Análisis de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión anual

Como cada año, el Programa Antídoto ha hecho una valoración más específica de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión. En este caso ha puesto el  foco  en Castilla-La Mancha, apreciando que ya en el año 1999 fue una región líder en dotación de normativa y en otros aspectos, pero que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Los protocolos de la Estrategia regional (2005) han quedado obsoletos,  han disminuido los medios humanos destinados a la vigilancia y los servicios jurídicos apenas concluyen expedientes sancionadores y de cierre de cotos de caza. Además la actual administración no acaba de cumplir su compromiso de modificar la Ley de caza de 2015 que supuso  un  menoscabo de de la fortaleza normativa regional en materia de lucha contra el veneno.

El caso de la bromadiolona

Un tema que preocupa especialmente a las organizaciones ambientalistas es el de la grave aplicación de venenos rodenticidas por parte de la Consejería de Agricultura en Castilla y León. En relación con ello se ha revisado la situación de las iniciativas judiciales que el Programa Antídoto está llevando a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, recordando que la Consejería de Agricultura sigue sin aportar los informes solicitados por el Juzgado sobre los métodos empleados para declarar la existencia de plaga de topillo. El Programa Antídoto alerta una vez más de que el veneno utilizado, la bromadiolona, es uno de los tóxicos más peligrosos para la fauna silvestre que está causando estragos en el medio natural y poniendo en riesgo la marca “Tierra de sabor”.

Ejemplos positivos y negativos en el resto de España

Durante la reunión se han mostrado ejemplos de  comunidades autónomas como Madrid o Extremadura, claves para la conservación de especies muy afectadas por el veneno y en las que no se ha aplicado ni una sola sanción en veinte años a pesar de los casos registrados.

Sin embargo las organizaciones del Programa Antídoto reconocen  también que en el ámbito de la persecución de este delito ha habido algunas iniciativas con resultados muy destacables, como los logrados por el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña que ha conseguido erradicar el uso de veneno en la provincia de Lérida y cuyos agentes especializados son un modelo a implantar en otras regiones. También es muy destacable en los últimos años, en el ámbito estatal, por su efectividad, el trabajo de la Unidades Caninas especializadas en detección de venenos tanto de la Guardia Civil como de algunas comunidades autónomas.

Daños graves que amenazan la biodiversidad

El Programa Antídoto recuerda que los daños que el empleo del veneno provoca en la biodiversidad son enormes. El informe El veneno en España (1992-2013), que analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, desvela que en los últimos 20 años se han producido 8.324 episodios de envenenamiento. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran. Por su parte, el informe Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015 muestra como solo en 54 casos en ese periodo se ha registrado la muerte de más de 900 animales, buena parte de ellos especies amenazadas.

Sobre el Programa Antídoto: La lucha contra el uso ilegal de veneno tuvo un gran impulso en 1997 cuando surgió el Programa Antídoto, fruto de la preocupación de varias entidades de defensa de la naturaleza por la repercusión catastrófica que, sobre la vida silvestre y, en especial, sobre importantes especies amenazadas, estaba teniendo el uso masivo de veneno en el medio natural. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

 

La orden de vedas de caza: incumplimiento grave del Gobierno de Page que será recurrido de nuevo

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Ante la publicación de la orden de vedas que regula la actividad cinegética en Castilla-La Mancha para la temporada 2017-2018 Ecologistas en Acción anuncia la interposición de un nuevo recurso ante los tribunales que ampliará los que ya fueron motivo de sentencia por parte del TSJ-CLM y del Tribunal Supremo.

El gabinete jurídico de Ecologistas en Acción estudia ya el texto publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con vistas a recurrir la orden de vedas en numerosas materias, tales como la perdiz con reclamo, la media veda y la caza del arruí. También analiza de estas cuestiones sobre cuales se podría reclamar una paralización cautelar.

A estos motivos de recurso se añadirán otros nuevos como el listado de especies cazables y la ampliación de tipos y periodos de caza y que tienen como consecuencia que se permita cazar prácticamente todo el año en Castilla-La Mancha. Entre ellos la nueva temporada que facilita el aguardo nocturno de jabalí y que no hará otra cosa que contribuir al aumento de las poblaciones de esta especie y al incremento de la inseguridad en el medio natural.

La asociación considera que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha incumplido sus compromisos de diálogo y de evitar una nueva confrontación en los tribunales por la orden de vedas.

El actual Gobierno regional se ha mostrado como una administración no ya poco sensible, sino refractaria a corregir los gravísimos impactos negativos que genera la caza en la región y acobardada ante las movilizaciones insensatas e injustificadas protagonizadas por el lobby cinegético.

En este sentido parece que el Gobierno de Page no es que recuerde al Gobierno de Cospedal, sino que le supera en algunos aspectos en cuanto a supeditación al lobby cinegético y en la falta de atención a una regulación de la caza que no perjudique ni a la protección del medio natural, ni al bienestar animal ni al uso público de los espacios naturales.