Junta de Castilla La Mancha

Nuevo caso de envenenamiento grave de fauna en un coto de caza en Toledo

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Milano real envenenado en Extremadura. Foto Seo BirdLife
  • Ecologistas en Acción, SEO y WWF denuncian ante el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la inactividad de la Dirección Provincial de Toledo en la lucha contra el veneno y reclaman medidas urgentes.
  • Alertan de que Toledo se puede convertir en un sumidero de mortalidad de especies amenazadas

Los cadáveres de cuatro milanos reales, especie en peligro de extinción, de cinco águilas ratoneras y un aguilucho lagunero fueron localizados el pasado 29 de octubre en un coto de caza de la localidad de Valmojado, al norte de Toledo, en la comarca de La Sagra.

A las alarmantes cifras de fauna envenenada que históricamente arrastra la provincia de Toledo , se ha sumado un  nuevo caso  de esta práctica ilegal,   en un coto de caza  del término de  Valmojado.

WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife van apersonarse como parte interesada en el expediente administrativo  y, en caso de llegar a poder localizarse al presunto responsable de los hechos, se personarán como acusación en el juzgado de lo penal.

Las ONG denunciaron la semana pasada ante el Consejero de Agricultura,  Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la inactividad  de la Dirección Provincial de Toledo en la lucha contra el veneno y le trasladaron la necesidad de una clara voluntad política para resolver el problema. Asimismo, pusieron sobre la mesa la  manifiesta insuficiencia de  resoluciones administrativas para hacer frente al veneno en Castilla –La Mancha,  ya sean medidas cautelares, recuperadoras de las especies afectadas o sancionadoras. Las ONG esperan que el refuerzo de los servicios jurídicos en materia ambiental anunciado por el Consejero se traduzca en una mayor eficacia y agilidad administrativa.

WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife coinciden en que Toledo, de no tomarse medidas contundentes contra los envenenamientos,  se puede convertir en  uno de los peores sumideros de mortalidad de especies amenazadas en España por esta práctica ilegal.  También, recuerdan que en poco más de tres años (de 2015 a 2018) la provincia ha acumulado más de treinta  milanos reales encontrados envenenados, siendo una cifra que solo representa una parte de la mortalidad real por esta causa, debido a la dificultad del hallazgo de los animales.

Además, recuerdan que varios  de los casos más graves por envenenamiento de esta comunidad autónoma no se han tramitado ni sancionado por la ausencia de una gestión administrativa adecuada, lo que evidencia una falta de compromiso político en la lucha contra el veneno, sobre todo en Toledo.

 Las ONG quieren conocer la gestión que desde la Dirección Provincial se está haciendo del trabajo en esta materia  de los Agentes de Medio Ambiente, así como de la Unidad especializada en investigación de venenos (UNIVE), de los servicios técnicos y en especial  en materia de aplicación de la normativa en la provincia.

También a  partir de este último caso  las organizaciones ecologistas se han dirigido  a la Jefatura del SEPRONA para conocer y colaborar en el trabajo que realizan en investigación de los casos de envenenamiento en Toledo.

El uso de veneno

El informe ‘El veneno en España(1992-2013) analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, una de las mayores amenazas para la biodiversidad, y desvela los 8.324 episodios de envenenamiento que se han registrado en el periodo de estudio. Esto ha significado el hallazgo  de 18.503 animales muertos. Una muestra de algunos de los principales episodios de envenenamiento de los últimos años quedó recogida también en el informe  “Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015”.

La colocación de cebos envenenados  es   un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal.

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Parques Nacionales corta una ruta de uso público para que se realice una cacería en Cabañeros

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CaminoCortadoMonteríaLas cosas no cambian y siguen igual en el Parque Nacional de Cabañeros, aunque haya otro Gobierno, otro equipo al frente de Parques Nacionales o que la Junta de Castilla-La Mancha quiera hacerse cargo de la transferencia de sus parques nacionales.

El Parque Nacional de Cabañeros ha decidido cortar la ruta del Boquerón del Estena, una de las más visitadas del espacio protegido, para que el sábado 10 de noviembre se celebre una montería en el término de Navas de Estena y que ha sido autorizada por el propio ayuntamiento de la localidad, titular del monte público donde se va a celebrar.

La alarma ha saltado cuando excursionistas se han dirigido a Ecologistas en Acción señalando que desde el parque nacional se les había conminado a cambiar la ruta que pensaban hacer ese día por razones de seguridad.

Lo cierto es que si ahora se consulta la web de reservas de parques nacionales, en el apartado dedicado a la Ruta del Boquerón del Estena dentro del Parque Nacional de Cabañeros, figura en el calendario que el día 10 de noviembre de 2018 está “sin plazas habilitadas”

http://bkmrt.com/uQDk2A , ver imagen adjunta )

Es decir, no es que esté completa la reserva, y no tenga plazas disponibles, sino que se ha deshabilitado la fecha por lo que no es posible realizar la visita.

Imaginamos que si el día 10 de noviembre cualquier persona se quiere acercar a hacer la ruta, ya que es de acceso libre, y dado que no hay aviso público, se encontrará con la desagradable sorpresa de que no podrá acceder porque se está cazando.

Ecologistas en Acción considera que Parques Nacionales no está cumpliendo con dos de sus obligaciones básicas. Primero, velar prioritariamente por el uso y disfrute público de un parque nacional por las rutas que tiene designadas. Y segundo, evitar la caza en un espacio protegido y con modalidades, como las monterías y batidas, que son especialmente generadoras de molestias para la fauna y peligrosas para las personas.

Parques Nacionales y la Junta se escudarán una vez más en que en realidad lo que se va a hacer no es caza, que es un control de poblaciones, ya que dicen que hay muchos ciervos y jabalíes y hay que controlarlos. Pero no dicen la verdad. Primero porque son diversos los factores que contribuyen a un eventual exceso de población, entre ellos la propia caza con sus vallados, sueltas y comederos. Y segundo porque hay métodos alternativos de control de poblaciones que entre otras cosas no tienen por qué implicar el cierre de rutas públicas ni la muerte de animales.

Ecologistas en Acción exige la suspensión de la cacería en el monte público de Navas de Estena y que tanto el parque nacional como el organismo autónomo como la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento acaben de una vez con estas prácticas inadecuadas y que no generan más que daños y perjuicios a senderistas y visitantes del parque nacional.

Indigna resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la declaración ambiental del Puy du Fou

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Zona protegida que se pretende para el parque temático

Como desgraciadamente era de esperar en un procedimiento que se encuentra viciado de origen por la falta de imparcialidad del Gobierno Regional, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha sido forzada a resolver favorablemente la Declaración Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del PGOU de Toledo llamada a dar cabida al parque temático Puy du Fou.

En una resolución indigna y que habla muy mal de los mecanismos administrativos por los que se rige la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su toma de decisiones, la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) hace caso omiso de las alegaciones presentadas y da por buenas las falsedades e irregularidades que arrastra el proyecto de parque temático.

Pero las presiones que haya recibido la Viceconsejería de Medio Ambiente no justifican, ni pueden servir de excusa, para que en un ejercicio irresponsable e injustificable desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo se haya dado lugar a una resolución tan mal hecha y que acumula más irregularidades al procedimiento.

Para dar salida a su resolución la Viceconsejería de Medio Ambiente ha debido batir un record en la valoración de alegaciones, ya que, recordemos, el plazo acabó el 2 de octubre pasado. En 21 días, la resolución se firma el 23 de octubre aunque se publica el 25, de los cuales sólo 14 eran laborables, le ha dado tiempo a leer, estudiar y contestar los 63 escritos presentados por distintas entidades y organismos. Simplemente inaudito, simplemente increíble.

Obviamente la Viceconsejería tenía ya escrita su resolución antes de recibir y estudiar las alegaciones y, como es lógico, ni siquiera ha detectado ni analizado como es debido las nuevas consideraciones presentadas en este segundo periodo de información pública.

Como ya hicieran otras administraciones que han informado previamente distintas cuestiones sobre el Puy du Fou, la Viceconsejería se pone de perfil en aspectos muy relevantes, como la compatibilidad de los nuevos usos del suelo en un ámbito urbanísticamente protegido con la legislación básica estatal o la ilegalidad que representa usar la concesión de agua del ayuntamiento de Toledo para una actividad terciaria en suelo rústico.  También deja pasar el hecho de que no está aprobada la Modificación Puntual nº 29, y que la resolución de la misma pueda afectar al Puy du Fou. Admite por otra parte estudios de alternativas que han ido mutando desde el planteamiento inicial, datos del proyecto que son inciertos, como el consumo de agua. O contradicciones, como la que deriva de la consideración de que el ruido puede afectar a las personas, y por eso no se puede emplazar el proyecto en suelo urbanizable, pero no a las especies protegidas, porque se van a adoptar supuestas medidas paliativas.

Sobre estas bases tan endebles la Viceconsejería se permite por último valorar como compatible los impactos paisajísticos de una actuación que ocupa con nuevas infraestructuras más de 783 mil metros cuadrados, el 48,7 por ciento del ámbito del PSI. Dato que, por cierto, se oculta maliciosamente en la resolución a pesar de estar en el proyecto y haber sido debidamente alegado.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou considera que se le debiera caer la cara de vergüenza tanto al Viceconsejero que ha firmado la DAE como a los responsables de los informes en los que se sustenta la misma. No obstante, puestos en la tesitura de que se haya aprobado este documento, se encuentran nuevos argumentos a la denuncia de que estamos ante un proceso ilegal, alimentado por un trato de favor evidente a la empresa promotora y en el que empiezan a apuntarse eventuales responsabilidades, no sólo administrativas, sino también penales.

Se mantiene la contaminación atmosférica por ozono, pese al menor calor

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  • Castilla-La Mancha soporta unos niveles de ozono que dañan la salud, los bosques y los cultivos

Los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha han respirado aire contaminado por ozono durante el verano de 2018. El Informe anual sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio castellano-manchegos han estado expuestos a unos niveles insalubres de este contaminante. El repunte de la quema de combustibles fósiles y el cambio climático, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud y el medio ambiente.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 472 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, 26 de ellas situadas en Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2018 sus niveles se han reducido, por la mayor inestabilidad y el menor calor sobre todo en primavera. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas, las zonas industriales del Norte y de Puertollano y la Comunidad de Madrid se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2018 a la totalidad de la población y del territorio castellano-manchegos.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es también toda la de Castilla-La Mancha, salvo los 67.000 habitantes de la Comarca de Puertollano.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante primavera y verano sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2018 es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema combustibles fósiles que está acompañando al cambio de ciclo económico. Su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español en 2014 por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en Castilla-La Mancha durante 2018. Las personas más afectadas son niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Según el Banco Mundial, el coste sanitario y laboral derivado de la contaminación por ozono representa alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora y carece de información sobre las estaciones de las redes privadas. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se esfuerce por mejorar la información de la calidad del aire en su Comunidad.

– Varias estaciones han registrado dos docenas de superaciones del umbral de información a la población, frente a las que la Junta de Castilla-La Mancha se ha limitado a difundir un aviso rutinario, mientras durante el episodio de primeros de agosto las grandes ciudades francesas restringían el tráfico. Por otro lado, la Comarca de Puertollano sigue sin protocolo para actuar en los episodios de ozono.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla-La Mancha lleva una década omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 2 millones de castellano-manchegos.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono en Castilla-La Mancha son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y la reducción del uso de las centrales térmicas. También es necesario penalizar los vehículos diésel.

– Intentando paliar la falta de información administrativa, Ecologistas en Acción ha desarrollado durante la primavera de 2018 una campaña de sensibilización sobre la contaminación por ozono en la Comarca de Puertollano, con la instalación de una exposición itinerante y la realización de actividades divulgativas sobre el problema en centros educativos de la capital comarcal.

– Informe completo: www.ecologistasenaccion.org/?p=107113

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

NUEVAS IRREGULARIDADES, CONTRADICCIONES Y FALSEDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL PSI DEL PUY DU FOU

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Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha hecho entrega de las alegaciones al segundo periodo de información pública al que se ha visto obligado a someterse el Proyecto de Singular Interés y la tramitación ambiental del Parque Temático que Puy du Fou España pretende instalar en el municipio de Toledo.

El documento dirigido la Consejería de Fomento de Castila-La Mancha consta de 90 páginas y 38 alegaciones superando en extensión las primeras alegaciones presentadas en abril pasado.

En el contenido del documento se pone de manifiesto que no sólo no se han solventado las cuestiones alegadas en el primer periodo de información pública, sino que se han añadido otras nuevas.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha constatado, y así lo expresa en las alegaciones, que el PSI presenta nuevas irregularidades en su tramitación, nuevos motivos de inseguridad jurídica, contradicciones en los datos respecto a los ofrecidos anteriormente y un análisis tendencioso que falsea la realidad del impacto social, económico y medioambiental del proyecto para facilitar su tramitación.

Si en el periodo de información pública anterior ya quedó patente que las cosas no se estaban haciendo bien ni por parte de la empresa promotora ni por parte del Gobierno Regional ni por parte del Ayuntamiento, en este segundo periodo las cosas se están haciendo aún peor.

Los aspectos novedosos y más importantes de las alegaciones son los siguientes:

Misma inseguridad jurídica en el ámbito urbanístico
Si en el primer periodo de información pública ya se constató que el PSI no se podía tramitar ante la incertidumbre generada por la sentencia que anulaba el POM de 2007, en esta ocasión la misma incertidumbre viene provocada por la tramitación simultánea y sin que medie aprobación previa de la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de Toledo del año 1986. Modificación llamada a convertirse, como señala el propio ayuntamiento, en un texto refundido del PGOU de 1986 que recoja todas las modificaciones habidas del mismo y lo adapte a la legislación vigente. Esto es, la M.P. nº 29 va a ser el nuevo POM, y sin que esté aprobado ni evaluado ambientalmente se pretende aprobar el PSI.

La información pública es manifiestamente incorrecta
En su ánimo de beneficiar a la empresa, el Gobierno a través de las Consejerías de Fomento y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha forzado para que se someta a información pública el proyecto de Parque Temático junto con su tramitación ambiental. Sin embargo en la resolución publicada en el DOCM no se indica expresamente los efectos exactos a los que se refiere esa tramitación ambiental. Además, según la legislación de evaluación ambiental, al tratarse de un proyecto, sólo implicaría a la evaluación de impacto ambiental del mismo. Eso no incluye ni puede incluir la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Urbanística del PGMOU de 1986 para acoger el PSI del Puy du Fou, ya que este documento es un plan a efectos ambientales y no un proyecto.

Se genera indefensión en los alegantes
La tramitación simultánea del PSI con su evaluación de impacto ambiental, con la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual para el PSI y con la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de 1986 y su propia evaluación ambiental supone que trámites que irán generando resoluciones que afectan a pasos posteriores del procedimiento no puedan ser conocidos ni alegados con antelación a la aprobación del PSI. El Gobierno esconde así en favor de la empresa resoluciones aprobatorias o denegatorias y declaraciones ambientales que debían ser de conocimiento público de cara a las alegaciones al PSI.

Datos cambiantes ponen en duda la Declaración de Interés Regional
La comparación de la documentación que en sucesivas oleadas ha ido presentando el promotor para superar los distintos pasos de la tramitación ofrece cambios muy significativos que ponen en cuestión la validez de los informes en los que se basó el Gobierno Regional para otorgar la Declaración de Interés Regional en agosto de 2017.
De entre todos, llaman poderosamente la atención los de contenido social, económico y financiero profusamente alegados por el Movimiento. Pero sobre todo uno, el dato del empleo.
En el segundo proyecto analizado se produce una disminución de los empleos directos en casi un 80 % y de casi un 60% de los indirectos respecto de los que manejó el Gobierno para establecer la DIR. En datos globales se ve también de forma llamativa, en la DIR se manejaba una previsión de 7.896 empleos en 2.028 y ahora esa previsión es de 3.329 para el mismo año, un 65% de disminución.

Datos contradictorios y análisis tendenciosos que falsean la realidad
Sin que el promotor ni el Gobierno hayan demostrado todavía que el Puy du Fou sea compatible y cumple con lo establecido en materia urbanística, de agua, de incendios forestales, de ruido, de protección del paisaje y de impacto medio ambiental, el contenido de la documentación del PSI muestra cómo se sigue utilizando y dosificando la información según le conviene. Por ejemplo, el promotor manifiesta haber renunciado a pedir la modificación de la ordenanza del ruido. Pero, si como dice en su respuesta a las alegaciones, el ruido es precisamente el motivo de que no se haya emplazado el proyecto en suelo no protegido, ¿cómo va a ser compatible con las especiales condiciones de tranquilidad que han de reinar en un espacio rural o con las urbanizaciones y viviendas cercanas en Toledo, Guadamur y Argés? ¿Cómo va a hacer para que el espectáculo nocturno cumpla con los horarios y niveles de protección acústica? El proyecto no sólo no explica estas cuestiones, sino que pasa de puntillas sobre la cuestión de los horarios o de que todas las noches terminará las actuaciones con una traca de ocho detonaciones a 120 metros de altura y con más de 105 decibelios.

En conclusión, el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou considera que dadas las alegaciones lo que procede es la denegación del PSI, pero tampoco sería de extrañar que en una nueva pirueta administrativa se evite afrontar el problema de fondo remitiendo el proyecto a una tercera información pública.

Enlace a las ALEGACIONES: https://drive.google.com/file/d/1LCXeeE-UJyPbvto7-b9IA02318zR9KMp/view?usp=sharing

Las organizaciones ambientales reclaman rehacer el Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha para cumplir con Europa

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España muestran su interés por mejorar la política de aguas autonómica en el marco de la normativa europea, si bien, consideran contradictorio el contenido del documento e inadecuado en su planteamiento. Para dar solución a los problemas, las propuestas únicamente se dirigen hacia otras administraciones y regiones. 
  • Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo incluir compromisos en relación con las numerosas competencias del ejecutivo autonómico en sectores relacionados con la gestión y planificación hidrológica, por lo que resulta poco ambiciosa para alcanzar los compromisos europeos.
  • Tras analizar la propuesta, las ONG apuntan que es urgente un giro radical en la política autonómica de aguas, por lo que proponen rehacer por completo el documento y el proceso de consenso, para orientarlo hacía una visión sostenible del agua y respetuosa con los ecosistemas acuáticos.

Ante la propuesta de posición común en materia de agua, conocido como Pacto Regional del Agua[1], las entidades de defensa del medio ambiente de implantación estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han trasladado al Ejecutivo regional la urgencia por mejorar la implantación y reforzar el contenido de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Estado español. Máxime si llega desde una comunidad autónoma, cuyas competencias juegan un papel clave a la hora de alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica acorde con los principios de dicha directiva europea.

Así, tras analizar el documento y consensuar una posición común, las entidades ambientales manifiestan que la propuesta presenta notables contradicciones con la normativa europea en materia de aguas y planteamientos que conllevarían nuevas expectativas que dificultarían aún más la consecución de los objetivos medioambientalesLamentan igualmente que no se reconozcan estos objetivos como solución a la garantía en cantidad y calidad de los usos actuales y futuros del agua en un escenario de cambio climático.

Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo que Castilla-La Mancha cuenta con las competencias de proyectos, obras y aprovechamientos hidráulicos de interés para la comunidad autónoma en agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente, minería, pesca fluvial, deporte, ocio y turismo, entre otros sectores relacionados con el agua. Por ello, apuntan que el diagnóstico es incompleto y carente de compromisos internos, lo que impide avanzar hacia una política de aguas territorial realista, moderna, sostenible y acorde a los principios de la DMA.

De esta manera, las entidades entienden que la posición presentada por Castilla-La Mancha supone perder la oportunidad de dejar atrás la visión obsoleta que se centra en la mera oferta del recurso hídrico en lugar de en su protección. La propuesta resulta especialmente inconcreta respecto a las cuestiones medioambientales, el diagnóstico de partida, la identificación de las necesidades, las medidas específicas y el seguimiento que evalúe el cumplimiento y la efectividad de las mismas.

Ante esta situación, y entre otras peticiones, las entidades reclaman:

  • Compromiso por cumplir escrupulosamente con la DMA y por modificar todos aquellos programas, planes y proyectos de competencias autonómicas y municipales que dificulten el cumplimiento de los objetivos medioambientales de cara al horizonte de planificación de 2027. Asumir que esta nueva visión del agua es considerar este elemento no solo como recurso, sino como componente de los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, que su adecuada gestión depende sobremanera de la política territorial, por lo que necesariamente deben racionalizarse los usos y replantearse la jerarquía de las prioridades para adaptarse a los principios de la normativa europea y contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación.
  • Resumir la situación de partida, exponiendotodos los aspectos negativos y positivos desde los diferentes ámbitos: ambiental, social técnico o jurídico. Proponer compromisos concretos, medibles y definitivos. Para ello, es necesario elaborar un documento de diagnóstico previo que analice verdadera y objetivamente los problemas y retos a los que se enfrenta la planificación hidrológica en Castilla-La Mancha, ante un escenario de cambio climático.
  • Proporcionar la información y las herramientas para que todos los interesados(administraciones autonómicas y locales, entidades supramunicipales, sectores y ciudadanos interesados, empresas, técnicos, entidades sociales y ambientales, etc.) entiendan mejor las obligaciones y oportunidades que corresponden a cada uno y puedan contribuir todos ellos con propuestas realmente valiosas a la construcción de una posición de la sociedad castellano-manchega.

Entendiendo que el documento de posición no reconoce en absoluto la necesidad de realizar una reforma completa en las políticas autonómicas en relación con el agua, las cinco organizaciones ambientales determinan que el pacto debería rehacerse y reorientarse hacía la calidad de los ecosistemas y la sostenibilidad del agua, y solicitan el compromiso de la atención a sus peticiones si la intención es alinearse a los objetivos de la normativa europea.