Naturaleza

TRAS CUATRO AÑOS DE TRABAJO, VE LA LUZ UNA PROFUNDA REFORMA DE LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

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Foto © David Santiago-WWF

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha comparte su satisfacción por el éxito logrado y agradece el apoyo y el trabajo de las 40 organizaciones y 117.414 firmas ciudadanas que han llevado a que por primera vez en España se modifique una ley de caza por la demandas de quienes defienden el uso público del medio rural, el bienestar animal, el medio rural y la naturaleza frente a los privilegios y abusos de la caza.

La aprobación por parte de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas supone la culminación de casi cuatro años de actividad de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y de las decenas de miles de personas que le ofrecieron su apoyo.

Que una norma de las características de la Ley de caza de 2015 se reforme profundamente atendiendo a las demandas de entidades que defienden el medioambiente, el bienestar animal  y uso sostenible del medio rural es sin duda un hito singular tanto en España como en Castilla-La Mancha.

El esfuerzo de diálogo, debate y oferta de propuestas rigurosas se ha visto recompensado con el equivalente a una nueva ley de caza en la que se recogen buena parte de las demandas de la Plataforma. Prácticamente tres cuartas partes de los contenidos que se modifican en la ley han sido aportaciones de entidades que han sabido aunar criterios y puntos de vista diferentes pero confluentes.

Sin duda la reforma se queda corta en varios aspectos, más de los deseables, pero a través del camino abierto hay una evidente esperanza de mejora aún mayor en el futuro.

Pese a las fuertes, injustas y continuas presiones del lobby cinegético, el trabajo y continua interlocución de la Plataforma con el Gobierno regional, con los grupos parlamentarios que lo sustentan y, en particular, con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, han dado lugar a que prospere una reforma legislativa más que beneficiosa para el conjunto de Castilla-La Mancha.

A partir de ahora, en Castilla-La Mancha no podrán multar a nadie por salir al campo y espantar inadvertidamente a la caza. Para capturar un animal doméstico en el medio natural habrán de utilizarse medios incruentos que salvaguarden el bienestar. Será más seguro caminar y se multará a quien ponga obstáculos o impida el paso por las vías de uso público. Los agentes medioambientales tendrán mayor visibilidad en la ley de caza. Dejarán de considerarse modalidades de caza el lanceo o los peligrosos aguardos nocturnos. Se harán más responsables a los titulares de los cotos del uso de veneno o de otras prácticas dañinas para las especies y el medio ambiente. Y se controlarán y se sancionarán mejor las actividades ilegales asociadas a la práctica cinegética.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha está convencida de que todo lo logrado redundará en el beneficio de toda la ciudadanía, para que pueda disfrutar responsablemente del entorno natural y para que muchas actividades económicas se puedan desarrollar mejor en el medio rural.

Se adjunta un documento más detallado de balance de la reforma de la Ley de caza de CLM en Balance_ReformaLeyCazaCLM_20180315

 PLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA

Creada en junio de 2014, en la actualidad cuenta con los siguientes miembros.

Ecologistas en Acción (federación regional de Castilla-La Mancha y las cinco federaciones provinciales con sus grupos federados), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, Federación Española para el Bienestar Animal, seis empresas de turismo rural y de naturaleza, apicultores, agricultores, ganaderos y otros usuarios del medio natural a título individual.

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El Organismo Autónomo de Parques Nacionales deja en cuadro a Cabañeros

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PN CabañerosEcologistas en Acción denuncia que el parque nacional de Cabañeros va a ver reducida su plantilla hasta límites insospechados, convirtiéndose en el parque peor dotado de toda España. Para atender un espacio que dispone de nada menos que de 40.856 hectáreas se dispone de un solo técnico y un solo agente medioambiental, así como del director conservador.

Así queda la plantilla tras el traslado reciente de otro técnico y tras evitar el Organismo Autónomo que se incorpore a las tareas de vigilancia del parque nacional más personal de guardería.

La disponibilidad de personal con que queda el parque es absolutamente ridícula y no permite atender con una mínima diligencia las tareas administrativas, de vigilancia y de gestión que requiere uno de los espacios más emblemáticos de la red estatal de Parques Nacionales.

La actitud del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) tiene difícil explicación como no sea que haya una voluntad de que el parque quede desatendido para evitar sobre todo que se controlen las actuaciones en las fincas privadas que son la mitad de su superficie. A este respecto conviene recordar que Basilio Rada, director del citado organismo, fue denunciado públicamente por aceptar una invitación a cazar en enero de 2013 en una de las fincas con terrenos en Cabañeros.

Tal vez la desatención sea debida también a un intento de descapitalizar al parque de personal y medios de cara al traspaso de competencias que ha reclamado la Junta de Castilla-La Mancha y que sería, junto con el propio espacio, la damnificada por esta situación.

Conviene recordar que en su día el parque llegó a contar con 4 técnicos y 8 agentes, aparte del director conservador, y aún con eso, se consideraba que la plantilla requería ser reforzada.

El estado de cada vez mayor abandono y desatención que presenta Cabañeros por parte del OAPN dependiente del Ministerio es insoportable y requiere de cambios inmediatos. En ese sentido Ecologistas en Acción prepara ya con otras asociaciones ecologistas el envío de un requerimiento conjunto a la Ministra Isabel García Tejerina para que se dispongan inmediatamente los medios materiales y humanos oportunos al servicio del parque nacional ya que se está incumpliendo la obligación de atenderlo conforme a los objetivos del Plan Director de parques nacionales.

Denuncia urgente contra un cerramiento para caza de 9 kilómetros en el espacio protegido de los Montes de Toledo.

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P1060688Ecologistas en Acción de Toledo reclama la paralización del desbroce de vegetación iniciado sin permiso para un vallado en la finca Quinto de Don Pedro y que afecta al espacio de la Red Natura 2000, distintas áreas críticas de especies en peligro de extinción, a dos montes públicos y a un refugio de fauna.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia de Toledo el inicio de las obras de instalación de un nuevo cerramiento cinegético que amplía el existente en la finca privada Quinto de Don Pedro, en el término municipal de Los Yébenes.

La empresa titular de la esta finca, colindante con el Monte de Utilidad Pública y refugio de fauna del mismo nombre, pretende cerrar una superficie de 471 hectáreas que actualmente están abiertas en una zona de altísimo valor ecológico. El proyecto afectaría, entre otros elementos a proteger, al espacio de la Red Natura 2000 de los Montes de Toledo, a áreas críticas de lince ibérico, águila imperial, águila perdicera y buitre negro, a dos montes de utilidad pública colindantes y al refugio de fauna homónimo del Quinto de Don Pedro.

Difícilmente podríamos encontrar en la provincia de Toledo un espacio tan valioso  y reconocido con tantas figuras de protección y conservación.

Por la grave afección a este enclave singular y destacado, Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado ya formalmente el inicio de las labores de desbroce y eliminación de la vegetación natural, consistente en monte mediterráneo de encina y jara. Estos trabajos tienen por objeto la apertura de las calles en las que mediante postes metálicos y alambrera de 2 metros de alto se instalaría un cerramiento cinegético de más de 9 kilómetros de longitud.

La denuncia se justifica a su vez en el hecho de que el cerramiento carece de autorización, todavía en trámite y que debe ser emitida por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.

El perjuicio que para los espacios naturales, las especies protegidas y las propias especies cinegéticas producen los vallados o cerramientos cinegéticos se puede observar claramente en la parte que el titular de la finca tiene vallada desde hace años. En esa zona la vegetación está muy dañada por el exceso de población de cérvidos, el paso de la fauna silvestre está limitada  por la alambrera, que a su vez es un peligro de colisión sobre todo para las aves, y se practica un modelo de gestión cinegética insostenible.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Dirección Provincial y a la Viceconsejería la inspección, denuncia e inmediata paralización de los trabajos. Vistos los daños ambientales y que el titular del coto, lejos de respetar los procedimientos, ha empezado a actuar ilegalmente, cabría instruir expedientes sancionadores por cuatro vías. Incumplimiento de la ley de evaluación ambiental, incumplimiento de la ley de protección del suelo y de las cubiertas vegetales, incumplimiento de la ley de caza e incumplimiento de la ley de conservación de la naturaleza.

Casos como éste ponen de manifiesto el perjuicio que la caza en terrenos vallados y la normativa actual causan en los recursos naturales y que llevan a la necesidad de cambios radicales en la ley y en los procedimientos que regulan instalaciones tan dañinas como los cerramientos cinegéticos.

La protección de espacios naturales fomenta el desarrollo y la economía rural de Castilla-La Mancha.

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activate_dia_europeoEcologistas en Acción de Castilla-La Mancha se suma a la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales y de la Red Natura 2000 y anima a que se visiten y disfruten estos espacios de forma ordenada y responsable.

Para la asociación el incremento exponencial de visitas en estos espacios protegidos está impulsando de manera muy notoria la actividad en nuestros núcleos rurales. Los datos de 2016, con 165.000 visitantes registrados por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, muestran un notable incremento de la actividad ecoturística y suponen un acicate para futuras campañas y hay que felicitarse por ello.

Esos visitantes no sólo han podido disfrutar de nuestro rico y variado Patrimonio Natural, sino que en muchas ocasiones han pernoctado o comido en Castilla-La Mancha, ofreciendo un valor añadido que está apuntalando de forma notoria la economía rural de muchas zonas.

Ecologistas en Acción considera que hay todavía mucho margen para impulsar el ecoturismo en nuestra región, si bien hay que hacerlo desde la dotación de unos medios de atención al público y de control medioambiental que se deben mejorar.

Al objeto de que se puedan impulsar más y mejor las visitas a estos espacios Ecologistas en Acción demanda una normativa específica de regulación del ecoturismo, que lo diferencie de las actividades denominadas de turismo activo. Una consolidación de las inversiones en personal y en el mantenimiento de los centros de visitantes e infraestructuras de uso público. Y completar la red de espacios protegidos, especialmente en Toledo que es hoy por hoy la provincia más desprotegida y desatendida de todas.

Por último, Ecologistas en Acción hace un llamamiento a las Consejerías responsables de medio ambiente y de turismo para que incrementen su apuesta por los espacios protegidos, para que coordinen a todas las administraciones implicadas y para que le den mayor proyección nacional e internacional a este tipo de turismo responsable.

Se recrudecen las agresiones y amenazas a defensores de la vida silvestre y la naturaleza, especialmente en Castilla-La Mancha

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Ecologistas en Acción de CLM denuncia el apedreamiento de la puerta del domicilio del coordinador en Cuenca. Los discursos incendiarios, las amenazas, insultos y agresiones se recrudecen especialmente en Castilla-La Mancha y reclamamos a las administraciones, partidos y organizaciones una reflexión al respecto.

En el Día Mundial de la Vida Silvestre, Ecologistas en Acción denuncia que en los últimos meses se han recrudecido de forma inadmisible las amenazas y las agresiones de todo tipo a personas que de una manera u otra están comprometidas con la defensa de la vida silvestre y de la naturaleza en España, particularmente en algunas Comunidades Autónomas. Tales situaciones proliferan contra integrantes y entidades que forman parte de la confederación ecologista.

El pasado 23 de febrero, a las 19:30 de la tarde (como consta en la denuncia presentada ante la Policía Nacional), fue apedreada la vivienda de Carlos Villeta, coordinador de Ecologistas en Acción de Cuenca. Al parecer, según testigos del suceso, dos personas tiraron sendas piedras contra la puerta de la casa de Villeta y salieron corriendo. Las piedras destrozaron el acristalamiento de la puerta y provocaron un gran estruendo. Mientras, los hijos del activista ecologista hacían los deberes en casa.

Para la organización, a falta de que se sustancien las oportunas investigaciones, esta acción podría enmarcarse en el clima de agresividad contra “los ecologistas” alentado por la creciente ola de incidentes que distintos colectivos y agrupaciones políticas están protagonizando, a través de lenguajes innecesariamente violentos, proposiciones de declaración de personas ‘non gratas” dirigidas a Ecologistas en Acción o discursos incendiarios en tribunas e instituciones públicas.

En el caso de Cuenca, en los últimos meses se han producido diversos incidentes que han contribuido a empeorar las cosas, si bien la preocupante subida de tono en el clima contra los colectivo ecologistas puede no obedecer a causas concretas. Uno de ellos ha sido la problemática generada en torno al cese de la suelta y pesca de la trucha arcoiris tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre especies exóticas invasoras. Otro, la parada impulsada por Ecologistas en Acción de la obra de una pista que atravesaba una zona de cría de especies protegidas en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. La lucha contra el cementerio nuclear en Villar de Cañas y por la ampliación de la ZEPA de El Hito también ha generado enfrentamientos verbales violentos en Villar de Cañas. Cabe mencionar amenazas más o menos veladas en encuentros diversos e incluso por teléfono. Por último, recientemente, en una moción que afortunadamente no prosperó, se había pedido por un grupo de la oposición la declaración de ‘persona non grata’ a Ecologistas en Acción en un municipio de la Serranía conquense.

En este caso concreto estas han podido ser las circunstancias. Pero otros muchos casos discurren por terrenos peligrosamente similares. Así, por ejemplo, y sin salir de Castilla-La Mancha, con las polémicas sobre la defensa de las zonas de especial protección de aves de ambientes esteparios o de la reforma de la ley de caza, anónimos y dirigentes de entidades agrarias, cinegéticas o políticas han incrementado el volumen de sus descalificaciones e insultos a “los ecologistas”, creando hacia un ambiente cada día más propenso a situaciones de violencia.

Otros casos que entroncan con esta problemática son los que se están viviendo en Andalucía y Aragón a causa de la citada sentencia del Tribunal Supremo. En el primer caso se ha declarado ‘persona non grata’ a Ecologistas en Acción en el municipio de Isla Mayor (Sevilla). El motivo, la limitación a la pesca del cangrejo rojo americano, por su impacto en las especies y el ecosistema de Doñana. Y en el segundo, algunas entidades de pescadores de exóticas e invasoras se manifiestan reiterada y airadamente contra la asociación ecologista.

Otras amenazas tienen el remite del sector de la caza. Recientemente una organización cinegética reconocida a nivel nacional amenazó con dirigirse a la fiscalía por la simple publicación de un informe técnico sobre el impacto de la caza. Y hace solo unos días una entidad de cetreros remitió un burofax amenazante por una nota de prensa que un grupo local había circulado denunciando una exhibición de rapaces en un mercado medieval.

Como es lógico, Ecologistas en Acción admite todo tipo de críticas, y asume el derecho de cualquiera a denunciar a la organización si considera que ha hecho algo ilegal. Pero lo que no es admisible es que eso se haga fuera de los marcos legales y democráticos y que, en definitiva, genere un clima que desborde las normas de convivencia, que puede desembocar en sucesos como el de Cuenca.

Pero esta situación no solo la sufre Ecologistas en Acción, también lo hacen otras entidades ecologistas y conservacionistas e incluso agentes y técnicos medioambientales por el simple hecho de defender la vida silvestre y la naturaleza.

Hay que recordar que lo que defienden las y los ecologistas en los ámbitos en conflicto no es otra cosa que el cumplimiento de la ley y que se usen criterios científicos para adoptar decisiones que luego pueden tener graves consecuencias. Si Ecologistas en Acción, u otras organizaciones, ha obtenido sentencias favorables en materia de especies exóticas invasoras, de caza o de protección de ZEPA, es porque las leyes las amparan y porque las administraciones no han cumplido con su obligación de respetar e interpretar debidamente tanto la legislación vigente como los principios más básicos de protección de la naturaleza.

Lejos de ello, las administraciones y algunos representantes y partidos políticos atacan las sentencias, incluso las del Supremo, y a través de declaraciones y mociones en instituciones públicas tratan de desacreditarlas o proponen directamente modificar las normas a la medida de grupos de interés o de presión.

En el Día Mundial de la Vida Silvestre, Ecologistas en Acción quiere hacer un llamamiento para que todos los conflictos se traten con el debido respeto a las personas y entidades. Asimismo, exhorta a las instituciones, partidos políticos y personas que los representan a medir sus pronunciamientos y acciones. Es necesario vigilar aquellas situaciones que pueden descontrolarse para no tener que lamentar sucesos como los denunciados u otros peores.

Impulso para la mejora de los espacios naturales de Las Barrancas y el embalse de Castrejón en la provincia de Toledo

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La Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Ecologistas en Acción colaboran para la mejora de los espacios naturales de la provincia de Toledo

El director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. José Manuel Martín Aparicio, y los miembros de Ecologistas en Acción de Toledo, Miguel Ángel Hernández y Roberto Carlos Oliveros, realizaron en la tarde de ayer una visita de campo para comprobar la situación actual por la que atraviesan el Monumento Natural de Las Barrancas en Burujón y el Refugio de Fauna y vedado de pesca del embalse de Castrejón.

En estos espacios naturales que conforman un enclave de gran diversidad natural y paisajística, único en la provincia de Toledo y en toda Castilla-La Mancha, se venían arrastrando también diversas amenazas a las que poco a poco y fruto de la colaboración entre las administraciones públicas, empresas y los ecologistas se están aportando soluciones que están dando frutos positivos.

Entre las actuaciones que han supuesto mejoras significativas a lo largo del último año, tanto la Dirección Provincial como la asociación ecologista, han valorado tres de ellas como muy importantes.

Por un lado, se ha procedido a la regulación del tránsito por la senda ecológica de las Barrancas y la incorporación de personal de vigilancia en los días de mayor afluencia de visitantes. Con la colaboración del ayuntamiento de Burujón se ha cerrado al paso de vehículos no autorizados al acceso a los miradores de las Barrancas, con lo que se han reducido las aglomeraciones de coches en el Monumento Natural y se ha facilitado el acceso a pie, haciendo la visita más grata a los miles de visitantes que acoge este lugar.

En segundo lugar, y según ha destacado Martín Aparicio, la instauración por parte de la Dirección Provincial de un vedado de pesca que cubre la mayor parte del embalse de Castrejón, “lo que ha permitido evitar molestias a las aves en las zonas más sensibles y que este año se haya incrementado notablemente el número de parejas nidficantes de garzas”.

Según los datos manejados por Ecologistas en Acción, en éste 2016 se ha evitado la pérdida de nidos por molestias y se han controlado por medio del anillamiento 182 pollos de garzas cuando en 2015 sólo se pudieron controlar 93, siendo la mejoría de la población del 100%.

Además, las campañas de limpieza llevadas a cabo por voluntarios y agentes medioambientales han permitido eliminar todas las basuras acumuladas en las márgenes del vedado.

En tercer lugar también ha sido muy importante el arreglo de dos tendidos eléctricos peligrosos para las aves rapaces llevado a cabo por Iberdrola, empresa que ha corregido un total de 22 apoyos en los que “por desgracia” habían muerto poco antes del arreglo 3 águilas imperiales y 2 águilas perdiceras, ambas especies en peligro de extinción.

En opinión de los miembros de Ecologistas en Acción y del director provincial, hay que poner en valor estas acciones y los esfuerzos de administraciones y empresas para corregir los impactos que vienen dañando estos espacios protegidos.

En este sentido, los ecologistas han incidido en la necesidad de consolidar estos esfuerzos e impulsar otras medidas que permitan gestionar adecuadamente estos espacios protegidos y recuperar los hábitats y las especies características.

Así, durante la visita, Miguel Ángel Hernández ha planteado la necesidad de renovar la señalización, instalando indicadores adecuados tanto en el monumento natural como en el refugio de fauna y en el vedado de pesca.

Ecologistas en Acción ha señalado también la necesidad de ampliar la presencia de monitores que sirvan de apoyo a la vigilancia de la zona y de orientación al cada vez mayor número de visitantes, así como poner en práctica un grupo de trabajo con todas las administraciones y grupos interesados para impulsar proyectos de mejora del uso público, ecoturismo y conservación de la naturaleza.

Por último, la Dirección Provincial y Ecologistas en Acción de Toledo se han comprometido a seguir colaborando en la mejora de los espacios naturales de la provincia, y particularmente en estos dos, ya que son un ejemplo de buena gestión y de colaboración, que debe continuar en el futuro.

 

La caza intensiva atenta cada vez más contra la biodiversidad y el bienestar animal

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whatsapp-image-2016-11-10-at-09-50-09Ecologistas en Acción demanda a las comunidades autónomas la eliminación de la caza intensiva y de todas las malas prácticas asociadas a ella. 

En Castilla-La Mancha el problema es especialmente grave, pues abundan las zonas de caza intensiva y ésta van a aumentar, incluso en espacios protegidos, si termina de implantarse la figura del  cuartel de caza comercial derivada de la vigente ley de caza. En la región, los intensivos son responsables de casos muy grave de veneno y de muerte de especies protegidas y de que se usen los métodos más peligrosos de control de predadores, como los alares. Actualmente hay en Castilla-La Mancha del orden de 287 cotos intensivos o cuarteles de caza comercial, cuando en España había poco más de 600 en 2013. Pedimos a la Junta que retire esta figura de la ley de caza en el proceso de reforma en marcha.

La caza intensiva, basada en la suelta de animales criados en granjas, está creciendo exponencialmente en España en los últimos años. Muy particularmente en las comunidades autónomas del centro y sur peninsular, tales como Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

El crecimiento de este tipo de caza ha sido tan grande que ya se da muerte a más perdices rojas “de bote” o criadas en granjas que naturales. Según datos del último Anuario de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013, en España se cazaron 2.423.519 perdices en total, mientras que se soltaron del orden de 1.352.058, es decir, las sueltas equivalen al 55,7 % del total de ejemplares cazados. Asimismo se mataron más de 104.000 faisanes, todos procedentes de sueltas.

Esta caza, que cabría calificar de industrial, basada en la cría en granjas, sueltas y caza masiva de ejemplares, lleva aparejada un intenso manejo del acotado para garantizar que la alta inversión que implica todo el proceso se rentabiliza con los altos precios que están dispuestos a pagar los clientes que se acercan a ellos.

Operadores de turismo cinegético llegan a facturar del orden de 46 a 57 euros por perdiz cobrada, y se garantiza siempre un mínimo de capturas a cada partida de 3-8 cazadores que puede rondar las 500-600 perdices. Es decir, un grupo que ha contratado los servicios de uno de estos cotos intensivos está dispuesto a pagar cerca de 36.000 euros en un solo fin de semana.

La desproporción entre lo que se caza en las zonas intensivas y lo que se caza en el resto de espacios aumenta cuando se observa que las primeras ocupan el 1 % de la superficie total de zonas de caza en España y suponen un 2% del total de espacios acotados.

Sin embargo, su impacto en términos de daños a la biodiversidad y al bienestar animal se multiplica, ya que estos cotos actúan como sumideros de especies protegidas y no protegidas debido a las malas prácticas que los caracterizan,  producen un efecto contagio en la mala gestión del resto de cotos y, además, han forzado cambios normativos que los promueven a la par que reducen los controles ambientales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015, donde el lobby de los intensivos ha forzado un cambio a su favor sin precedentes introduciendo la figura del cuartel de caza comercial.

Las malas prácticas que se dan en la caza intensiva son numerosas, pero las más destacadas son las que tienen que ver con la utilización de medios legales e ilegales de control de predadores, tales como lazos, cajas-trampa o veneno; la caza masiva y el tiro al blanco que se ejerce sobre los animales de granja, que se matan por cientos cuando no por miles en una sola jornada de caza; y la dispersión brutal de plomo en el medio natural que provoca el uso de la munición.

Además, en los cotos intensivos se permite cazar fuera de la temporada general de caza, en época de reproducción o de paso migratorio, y se suelen realizar numerosas infraestructuras impactantes para darles servicio, tales como grandes caseríos y palacetes, una densa red de caminos y pistas, vallados que cercan la finca y hasta aeropuertos privados.

Ejemplos del perjuicio que provocan los cotos intensivos en la biodiversidad los hay numerosos y muy recientes. En el pasado verano el Seprona denunciaba a un coto intensivo de Moratalla, Murcia, por usar veneno y matar animales domésticos y silvestres.  Recientemente se ha conocido la sentencia que condena a un año y medio de prisión y 90.000 euros de indemnización al titular de las fincas La Nava y Barranco de la Gomera, al sur de Ciudad Real, por la muerte de la lince “Grazalema” en una caja-trampa para capturar predadores. En septiembre pasado se denunciaba al coto Mata del Moral en la provincia de León por la muerte masiva de especies protegidas. Un conocido coto intensivo toledano, Mochares, con dos precedentes de uso de veneno, ha sido sancionado a principios de 2016 con un año de suspensión de la caza tras aparecer 10 rapaces, entre ellas 5 milanos reales especie en peligro de extinción, y 16 cebos envenenados.

Pero lo malo no son sólo las actuaciones ilegales, también las legales son más que peligrosas. Uno de los linces del programa de reintroducción en Castilla-La Mancha, Llera, cayó en mayo de 2015 en un lazo en alar autorizado y pudo ser liberado gracias a que portaba radiotransmisor. En estos alares que permiten las comunidades autónomas amparándose en una inaudita homologación realizada por el MAGRAMA se llegan a instalar 240 lazos por cada 500 hectáreas de terreno, una tupida red de trampas de la que difícilmente escapará predador alguno. El alar ha sido una demanda de los cotos intensivos y de otros grandes cotos que no entienden la caza sin perseguir a lo que ellos llaman “alimañas”.

Los daños de los intensivos en la biodiversidad están acreditados por numerosos estudios. Una revisión de especialistas del CSIC sobre los efectos de la caza menor publicada en la revista Ecosistemas (número 22, mayo-agosto, 2013) concluía sobre ellos que “las sueltas de perdices de granja u otras características de los cotos intensivos podrían estar afectando negativamente a dos grupos de aves protegidas”, las rapaces y las esteparias.  Y considera que “además de sus efectos en las poblaciones nativas de las especies en cuestión, las sueltas pueden tener efectos negativos en la fauna no cinegética, ya que pueden favorecer la introducción de parásitos nuevos en el medio, que podrían afectar negativamente a otras especies presentes en los mismos ecosistemas”.

A pesar de las evidencias, las administraciones no solo se muestran reacias a prohibir la caza intensiva, sino que cada día la fomentan más, con normativas cada vez más permisivas y con una ausencia de vigilancia flagrante. La presión del lobby que maneja este negocio es tal que llegar incluso a acallar las voces de otros sectores cinegéticos que dicen sentirse perjudicados por este tipo de caza, a la que acusan de haber acabado con la perdiz autóctona.

La caza intensiva que se ejerce en los cotos intensivos, en los cuarteles de caza comercial o en los llamados escenarios de caza no puede permitirse de ninguna manera, y es hora de que las administraciones responsables la prohíban de una vez por todas. Solo una débil justificación economicista que beneficia a unos pocos hace que se mantenga una práctica dañina y perjudicial en todos los sentidos.