Extinción

El lobby de la caza trata de tapar sus intereses ocultos y su mala gestión

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn lugar de atender y proteger a las especies que dicen defender, como la perdiz roja, recientemente declarada en extinción en Castilla-La Mancha por los científicos del IREC, pretenden mantener el modelo de caza de sueltas y de caza comercial que ha sentenciado  este ave a la desaparición.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera ridícula y desnortada la posición del lobby cinegético castellano-manchego en relación a la reforma de la ley de caza y la nueva ley de protección y bienestar animal.

A falta de argumentos sólidos para demostrar los presuntos agravios que dicen sufrir, intentan con poco éxito atacar a las organizaciones de defensa del medio ambiente y animalistas.

Pero lo cierto, público y notorio, es que la caza y, más concretamente, el lobby que dirige la federación y los latifundistas sigue privilegiado en Castilla-La Mancha de la mano de una normativa vigente redactada por ellos, aprobada por un primer Gobierno servil y consentida y empeorada por un segundo Gobierno temeroso y rehén del pasado.

Lo verdaderamente importante en lo que concierne a la caza, y el sector quiere ocultar, es la enorme problemática que genera. Y, por lo que se está demostrando día tras día, su nula capacidad para gestionar los cotos cinegéticos y para dialogar con quien no piensa como ellos o simplemente tiene otros planteamientos.

Tenemos un cercano ejemplo en la gestión de la sequía. Ni el Gobierno, ni mucho menos el sector de la caza han tomado ninguna medida para paliar sus efectos en las especies cinegéticas. Ni siquiera en aquellas que más dependen del agua, como las acuáticas. Se han aprovechado de los llamados días de fortuna y han masacrado a animales y especies con pocas defensas.

Lo tenemos también en la problemática que genera la caza en los espacios protegidos, como Cabañeros, en las especies amenazadas, en el uso público del monte, en los conflictos con la agricultura y en los riesgos para la ganadería, y así un largo etcétera.

Pero lo más relevante, y que el sector quiere ocultar es su nefasta gestión de las especies que dicen defender. El reciente caso de la perdiz roja, revelado por parte del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), institución científica dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, el CSIC y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es el paradigma de ello.

Científicos del IREC han confirmado en una reciente jornada celebrada en Ciudad Real y de la que se han hecho eco los medios de comunicación que “no han encontrado ninguna perdiz roja pura en Castilla-La Mancha” y que ello es debido a las sueltas que se hacen especialmente en los cuarteles de caza comercial de perdices rojas hibridadas con perdiz chucar y que a su vez se han cruzado con las autóctonas haciéndolas desaparecer.

Es decir, estamos ante la desaparición de una especie cinegética motivada por la mala gestión cinegética de quienes dicen proteger la caza y garantizar el equilibrio natural.

Frente a semejante situación, el sector, en lugar de movilizarse en favor de la especie y ver cómo resolver el problema, no sólo no rectifica nada sino que dirige sus acciones contra los cambios normativos y contra quienes los defienden.

Curiosamente esos cambios normativos, que por desgracia la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Gobierno no están dispuestos a asumir, precisamente pretenden hacer frente a problemas como el de la perdiz roja.

Ecologistas en Acción desde luego no se va a dejar amedrentar por las bravatas de un lobby desquiciado y dañino para la convivencia en el medio rural. Avisamos a quien nos quiera oír que lo que pretenden poco tiene que ver con el bienestar del mundo rural y mucho menos con la protección del medio ambiente y de la propia caza que dicen defender.

Todo es una simple y ridícula puesta en escena que ya han repetido en otras ocasiones cuando ven peligrar los pingües ingresos que obtienen comerciando con la caza y, sobre todo, cuando ven acercarse elecciones autonómicas. Resulta muy llamativo que de sus acciones se beneficien los grandes latifundistas de la caza, los que se llenan los bolsillos trayendo turistas a masacrar animales de granja y que se dé munición a un partido concreto que nunca se ha preocupado por afrontar estas cuestiones considerando todos los puntos de vista.

Ecologistas en Acción, a la vista de los resultados de los trabajos del IREC sobre la perdiz roja está estudiando las acciones a acometer para su protección. De entrada ya se ha pedido a la Consejería una reunión urgente del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo Regional de Caza para conocer de primera mano las investigaciones del IREC y sus eventuales propuestas.

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Reclamamos indemnización por daños al águila perdicera y el cese del Ecoparque de Toledo

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Foto: Seshadri K.S.

Ecologistas en Acción de Toledo ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente una denuncia contra el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo por los daños que el Ecoparque de Toledo está produciendo en la población de águila perdicera, especie en peligro de extinción de la que apenas queda media docena de parejas en las provincia.

En su escrito la asociación recuerda que desde el año 2012 viene funcionando en el paraje conocido como Dehesa Aceituno del término municipal de Toledo, el denominado “Ecoparque” en el que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales a través de GESMAT s.a. gestiona los residuos sólidos urbanos de Toledo.

Dicha instalación está sujeta a una declaración de impacto ambiental y a una autorización ambiental integrada que establecieron una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir y compensar los impactos a las especies en peligro de extinción, muy en particular los que pudiera sufrir el águila perdicera (Aquila fasciata) y que cuenta con un territorio de nidificación y zona crítica en las inmediaciones.

Pues bien, una vez puesto en funcionamiento el Ecoparque, la pareja de Águila de perdicera ha dejado de criar y ha desaparecido de la zona, no siendo observada al menos desde el año 2015. Tampoco se ha observado que se haya instalado una nueva pareja en la provincia, ni que fruto de las medidas protectoras y compensatorias puestas en práctica se haya evitado la pérdida de la pareja ni su restitución por otra.

A nuestro juicio la intensa transformación del hábitat habida en la zona, y de la que el Ecoparque es exponente primero y principal, así como las innumerables molestias y ruidos que genera la instalación serían la razón de la pérdida de una de las últimas parejas de Águila perdicera de Toledo. Decir a este respecto que en la actualidad la población de la especie apenas alcanzaría la media docena de parejas en la provincia.

Esta situación era por desgracia esperable, como alegó Ecologistas en Acción con ocasión de las informaciones públicas a las que fue sometido el proyecto. Además, el propio órgano evaluador de la Consejería calculaba en 500 hectáreas el daño al hábitat que el proyecto producía y consciente del posible impacto impuso diversas medidas compensatorias.

No obstante, la pareja ha desapacido y ha dejado de criar en los últimos años lo que supone un impacto crítico sobre una especie declarada en “peligro de extinción” y con muy pocos ejemplares reproductores en Toledo.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción requiere a la Viceconsejería de Medio Ambiente lo siguiente:

1.- Que previo informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales se evalúe si se han llevado a cabo las medidas protectoras y compensatorias impuestas en la DIA y, si fuera el caso de que no se hayan aplicado correctamente, se impongan las sanciones correspondientes.

2.- Que se incoe un expediente de responsabilidad ambiental por la Ley 26/2007 al titular de la instalación y que éste repare los daños ambientales producidos y los indemnice debidamente. A este respecto recordamos que la valoración de cada águila perdicera perdida es de 60.000 euros según el Decreto 67/2008, de 13 de mayo por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada de Castilla-La Mancha. Y que si consideramos la desaparición de la pareja y de las nidadas que no han fructificado desde 2015 estaríamos hablando de al menos 8 ejemplares, esto es, un total de 480.000 euros en daños a la especie.

3.- Que se revise la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental a la vista de los hechos y que se decrete el cese de la actividad hasta la recuperación de los impactos críticos que sobre el águila perdicera está produciendo el Ecoparque.

Además, hacemos expresa solicitud de ser considerados como parte personada en los expedientes del tipo que sean que se incoen al amparo de esta denuncia.