Ley Parques Nacionales

Anteproyecto de Ley de Caza CLM: UNA REFORMA INSUFICIENTE

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(Valoración de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de la toma en consideración del anteproyecto de Ley por parte del Gobierno Regional.)

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La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha considera que la reforma de la ley de caza planteada inicialmente por el Gobierno regional es insuficiente y está todavía bastante lejos de cumplir con las expectativas de los colectivos y personas por cuya iniciativa y reivindicación se está afrontando este cambio legislativo.

Admitiendo y agradeciendo que por fin se haya dado voz a quienes de distintas maneras se ven afectados por la caza sin ser cazadores, no es menos cierto que el anteproyecto de ley se inicia sin el consenso con la Plataforma, perdurando en la propuesta de reforma peligrosos y controvertidos preceptos de la ley vigente promovida por el Gobierno anterior de la Sra. Cospedal.

A la espera de que se haga oficial el texto del anteproyecto de ley y de que la Plataforma lo estudie en detalle, y a la vista de los borradores y de las reuniones mantenidas con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se esperan avances en materia de compatibilización de usos en el medio natural y, en menor medida, de respeto del bienestar animal.

Así, se modificaría profundamente el artículo 27.m que penalizaba de forma genérica el espantar a las especies de caza, aunque fuera de forma involuntaria. Ahora sólo se multaría aquellas acciones, incluso de los propios cazadores, que tengan la intención de perjudicar a propósito las actividades cinegéticas legalmente autorizadas. También, en esta línea, se señalizarán más y mejor las zonas de seguridad, contribuyendo a evitar accidentes y molestias a quienes hagan uso del medio natural para actividad de ocio, turismo u otras.

Por otra parte, aunque seguimos defendiendo que los animales domésticos no deben ser en ningún caso objeto de la ley de caza, se establecería como prioritaria la captura en vivo de los mal llamados “asilvestrados”, frente al abatimiento como plantea ahora la ley de 2015.

Además, otras propuestas de la Plataforma se han incorporado al anteproyecto de ley, aunque sea parcialmente. Por ejemplo, se ampliarán las medidas de control de las actividades e infraestructuras cinegéticas más perjudiciales para el medio natural, se remarca la figura del agente medioambiental y se retira la referencia a las subvenciones para los empresarios del turismo cinegético.

A lo que el anteproyecto de ley no da una respuesta adecuada es al enfoque economicista e intensivo al que se dirige la actividad cinegética. Fundamentándose en una dudosa aportación que la caza ofrece al desarrollo rural, se facilita la intensificación manteniendo la figura de los cuarteles de caza comercial, permitiendo los cuarteles de caza menor en la Red de Áreas Protegidas y disminuyendo el tamaño de los cotos de caza mayor.

También resulta muy negativo que se mantengan, sea como modalidades de caza o sea como métodos de control de poblaciones, prácticas peligrosas, como la caza nocturna; dañinas para especies protegidas, como la cetrería o el rifle del 22; y crueles o masivas, como el perro de madriguera, los hurones o las sueltas. En este apartado sólo se ha prohibido el tiro de pichón o el lanceo a caballo, lo que implica una escasa voluntad de ejercer un verdadero control de los abusos y crueldades que se cometen al llevar a cabo determinadas prácticas de caza.

La Plataforma también se opone frontalmente a que se permita cazar con 14 años, una edad a la que se carece de la madurez y de las cualidades físicas precisas para portar un arma, o a que se mantenga la rebaja y la discrecionalidad en las sanciones.

Por todo ello, sorprende y defrauda a la Plataforma que estos retrocesos en materia cinegética se apoyen por un Gobierno que anunció que promovería una caza sostenible y compatible con la conservación del medio natural, respetuosa con los principios de bienestar animal y de compatibilidad de usos en el medio rural.

Una vez se haga oficial el texto concreto del anteproyecto que el Gobierno somete a participación pública la Plataforma valorará definitivamente la iniciativa, así como la estrategia y actuaciones a poner en marcha para que la reforma de la ley de caza sea tan profunda como esperan las miles de personas que se movilizaron en contra de la Ley de Caza de 2015 y las casi 120.000 que firmaron la petición de su retirada.

Será el momento de plantear la campaña y las movilizaciones que sin duda serán precisas para conseguir que el Gobierno y las Cortes no frustren las expectativas de cambio en profundidad de una ley medieval y comercial como es la vigente en Castilla-La Mancha y contra la que se habían posicionado los partidos que a día de hoy sustentan al Gobierno regional.

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Las Tablas de Daimiel, cada vez más artificiales con el Plan aprobado por su Patronato

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Unas Tablas de Daimiel cada vez más artificiales, con agua embalsada y trasvasada para aparentar normalidad, es el camino que plantea el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional aprobado hoy por su patronato en Daimiel. El documento, que llega con más de 20 años de retraso y que dirigirá a partir de ahora la gestión diaria de este emblemático espacio protegido, es insuficiente para conseguir que el ecosistema del Parque Nacional vuelva a funcionar, han denunciado hoy Ecologistas en Acción y WWF.

Las organizaciones Ecologistas en Acción y WWF, representantes de los grupos conservacionistas en el Patronato del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, han mostrado su decepción ante la redacción definitiva del  Plan Rector de Uso y Gestión del parque. Las medidas del PRUG buscan, por encima de todo, mantener inundado de forma artificial el Parque Nacional, con pequeñas represas para retener agua en el Arroyo de Casablanca y el antiguo Molino de Griñón. Además, contempla la posibilidad de traer más agua procedente del trasvase Tajo-Segura, una mera prórroga de un plan fracasado de los años 80 para regenerar las Tablas.

Para las ONG, el PRUG tiene una visión anticuada y cortoplacista, muy alejada del enfoque que plantean las leyes europeas de protección de la naturaleza: recuperar ecosistemas naturales en los que funcionen sus procesos ecológicos, para hacerlos más resistentes ante impactos como el cambio climático y para que puedan seguir ofreciendo sus vitales servicios ambientales a la sociedad.

“Con este plan, lo que se pretende es conseguir a toda costa que las Tablas de Daimiel tengan agua, sin importar el estado real del ecosistema”, ha asegurado Eva Hernández, responsable del programa de aguas y agricultura de WWF España.

Para Ecologistas en Acción y WWF, la única forma de recuperar las Tablas de Daimiel es llenar los acuíferos sobreexplotados del Alto Guadiana, la fuente de agua dulce de calidad que siempre ha alimentado al humedal. También es urgente que se depuren los vertidos de aguas residuales de los municipios del entorno, que llegan de forma indirecta al Parque Nacional a través de ríos y arroyos.

Las ONG también lamentan que las propuestas de ampliación del Parque que vienen realizando desde 2013 han sido ignoradas de cara al PRUG, a pesar del gran apoyo social y del avanzado proceso de deslinde del cauce del Guadiana.

Además, el PRUG nace con un problema de base, ya que según establece la Ley de Parques Nacionales antes debería haberse aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el documento que plantea una visión a largo plazo y más integral para la gestión del espacio protegido. Las ONG reconocen que aprobar el PRUG era urgente y necesario, porque es la herramienta que permite gestionar el día a día del Parque Nacional, pero tendrá que revisarse cuando se redacte el PORN, algo que las organizaciones esperan para antes de que acabe 2017. Las ONG trabajarán para que el PORN cambie el enfoque y apueste por una verdadera restauración ecológica de las Tablas de Daimiel.

 

Ley de Caza, una reforma inquietantemente lenta y lejos de dar frutos

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12362758_853318164785849_7871577759022211112_oEl 5 de marzo de 2015 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley de caza regional. Un año después esta norma, criticada por amplios sectores de la sociedad incluidos algunos cinegéticos, sigue en vigor a pesar del compromiso del nuevo Gobierno de derogarla o modificarla profundamente.

Por un lado el retraso es lógico, y responde a los limitados medios con que dispone la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, organismo encargado de los trabajos de revisión. Pero por otro es inquietante, pues en todo el proceso se observa una escasa iniciativa del legislador para hacer una ley moderna, que imponga la sostenibilidad como criterio obligatorio para la actividad cinegética y, lo que es más importante, que haga de la caza una actividad compatible con la conservación del medio natural, con el uso público del monte y con el bienestar animal.

Primero se dudó si hacer una nueva ley o modificar la existente. Luego se tardó en crear y convocar el grupo de trabajo. Y ahora cuesta que la Consejería afronte con decisión los aspectos más controvertidos del texto.

El grupo de trabajo de la ley ha desarrollado tres reuniones y ya ha completado una primera revisión del texto. En estos trabajos se ha puesto de manifiesto la mala calidad de la ley aprobada, que no satisface ni a quienes la promovieron. Acumula innumerables errores, la reiteración de textos ya contemplados en otras normas, las contradicciones con otros de superior jerarquía, la ausencia de definiciones y conceptos esenciales para aplicar correctamente el texto normativo. De la ley se salva el índice y poco más, e incluso ahí sobran y faltan algunas cosas.

Era tanta la urgencia en satisfacer las ansias de darle un enfoque puramente economicista a la caza, que se hizo una ley sólo por y para la caza intensiva, supeditando el resto a ese objetivo.

En el momento actual, y con lo que se lleva hecho en el grupo de trabajo, para la Plataforma contra la Ley de caza de Castilla-La Mancha no queda otra que afrontar la realidad: hay que derogar esta ley y hacer otra nueva con una concepción absolutamente distinta.

Esa ley puede ser más sencilla, menos reglamentista, pero a la vez, ha de ser promotora de la sostenibilidad en la práctica cinegética y penalizadora de las prácticas intensivas, masivas y crueles. Y ha de establecer las pautas adecuadas para ser compatible con todos los intereses y actividades afectados.

La Plataforma, a través de su representante en el grupo de trabajo, está realizando innumerables propuestas de mejora de la normativa, aportando estudios legales y científicos, ofreciendo flexibilidad para atender también ciertas demandas del sector cinegético e intentando buscar puntos de acuerdo allá donde sea posible. Y en esa línea va a seguir.

Pero dado que la nueva norma o la revisión, tanto da, va a tardar en llegar, el Gobierno debe plantearse la solución de algunas cuestiones que se pueden modificar de urgencia a través de cualquier ley en tramitación. Entre ellas destacamos las siguientes:

–          El cambio del artículo 27m, para que no se pueda sancionar a ninguna persona por el simple hecho de que se espante o moleste inadvertidamente a la caza.

–          El traslado a la ley de protección animal de la fórmula de gestión de los animales domésticos que se encuentren abandonados en el medio natural, eliminando el concepto de asilvestrado y la posibilidad de que estos animales puedan ser abatidos por guardas de caza.

–          La prohibición de la caza nocturna, salvo los aguardos de jabalí debidamente reglamentados, y la caza desde vehículos, así como otras modalidades masivas y crueles.

–          La eliminación de los cuarteles de caza comercial y la prohibición de la caza intensiva, en particular en las zonas sensibles por sus valores naturales.

–          La prohibición de la figura de los vallados secundarios o, al menos, la prohibición expresa de la caza dentro de los mismos.

Si no se hacen estos cambios urgentes y además no se termina de modificar en profundidad la ley en vigor en un plazo razonable, el Gobierno estaría incumpliendo su compromiso programático en este tema lo cuál sería muy grave.

El NO a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha en la Manifestación por una Vida Animal Digna del 28 de febrero en Toledo.

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imageCHange3 (600 x 444)El objetivo es que se acabe el maltrato en Castilla-La Mancha y que se apruebe una moderna ley de protección y bienestar animal a la par que se anule la vigente ley de caza.

La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ha decidido sumarse a la convocatoria de la primera “Manifestación por una vida animal digna” que tendrá lugar en Toledo el próximo 28 de febrero a las 17 horas desde el Paseo de la Vega. 

La Plataforma valora como muy necesaria en este momento la iniciativa de la Fundación Alma Animal, el Refugio Happy Dog y la Asociación Animalista Su Voz, a la que también se han sumado numerosas entidades, y hace un llamamiento a la participación.

La situación para la defensa animal es crítica en Castilla-La Mancha, pues está a la orden del día el incremento de las denuncias por acciones de maltrato y se mantiene una ley de caza que ampara modalidades y prácticas cinegéticas agresivas y crueles con los animales tanto silvestres como domésticos.

La Plataforma contra la Ley de Caza considera que el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha está siendo muy remiso a modificar la retrógrada ley de caza en la profundidad que se requiere y se muestra demasiado temeroso ante la posible reacción del lobby cinegético.

Por ese motivo, las entidades que conforman la Plataforma pedirán junto al resto de participantes en la manifestación  que se acabe el maltrato en Castilla-La Mancha, para lo que es necesario que se apruebe una moderna ley de protección y bienestar animal y que se acabe con la ley de caza vigente.

Más información, cartel, etc… en https://www.facebook.com/events/888522471263490/905303759585361/

Cuándo: domingo 28 de feb de 2016,  5pm GMT (horario de invierno)

Dónde: Paseo de La Vega, Toledo, España (mapa)

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CC OO-CLM, UGT-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT, Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Podemos Toledo, EQUO Castilla-La Mancha, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

2015: otro año sin hacer lo necesario para evitar la crisis ambiental

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Crimes-Against-Nature jpgLa ley de caza de Castilla-La Mancha, entre las acciones más negativas para el medio ambiente aprobadas en España.

Recordamos con el turrón los avances, retrocesos, hitos y calamidades que el 2015 ha tenido para el medio ambiente y el papel que Ecologistas en Acción ha mantenido para vertebrar luchas, reivindicaciones y alianzas en todo el Estado

Terminamos el año con el polvorón bastante atragantado tras el acuerdo decepcionante de la cumbre del clima en París. La justicia climática, la descarbonización, la financiación adecuada, los derechos humanos, la perspectiva de género, las refugiadas y refugiados climáticos… han quedado fuera del texto final desoyendo las reivindicaciones de la ciudadanía. Cuanta más evidencia científica existe de los ya palpables efectos del cambio climático en muchas áreas del planeta y cada vez más en nuestras propias vidas, más empeño se pone en la quema de combustibles fósiles.

Y cuánto más sucios, parece ser que mejor: llegada de las primeras arenas bituminosas desde Canadá, presentación de las primeras solicitudes para empezar a perforar mediante fractura hidráulica en Burgos y nuevos vertidos de fuel en las costas, esta vez de Canarias. Mientras, se siguen poniendo trabas a las renovables y se mantienen abiertas las centrales nucleares con dudosas maniobras.

Como diría Galeano, vamos al suicidio… ¡pero en qué coches!

Coches como los de Volkswagen. Año también del destape de fraudes de la industria automovilística, el principal sector emisor de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que matan al año a miles de personas. La preocupación por las consecuencias de la mala calidad del aire de nuestras ciudades parece que sí encontró durante 2015 algo de eco. En junio Ecologistas en Acción publicaba su informe anual sobre calidad del aire en el Estado español, recordando que un total de 44,7 millones de personas respiraron aire contaminado.

Sí nos comeremos con gusto un buen mazapán por ciudades como Madrid o Valladolid, que han comenzado a tomarse algo más en serio el tema poniendo en práctica algunas medidas. El recorrido que queda por hacer es largo y las administraciones han dado pasos aún tibios que necesariamente deben ampliarse. Desde Ecologistas en Acción seguiremos informando, denunciando y trabajando para que aumenten las medidas y llegue más información a la ciudadanía.

Los intereses de la industria del automóvil no han sido los únicos en ponerse por encima de la salud de las personas y del territorio. En 2015 hemos visto cómo se aprobaba la Ley de Montes, que permite la construcción en zonas incendiadas y perjudica el trabajo de los agentes forestales. O la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que privilegia esta actividad frente a la conservación de la naturaleza. También hemos presenciado cómo se aprobaba la entrada de más transgénicos sustancias tóxicas en la UE.

Pero, sin duda, el gran ejemplo de cómo las instituciones se ponen al servicio del capital durante 2015 ha sido el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio (TTIP en sus siglas en inglés). Diversas organizaciones a nivel mundial, entre ellas Ecologistas en Acción, han dedicado el 2015 a destapar los verdaderos objetivos de este tratado totalmente oculto para la ciudadanía a través de informes, entrevistas y hasta raps. Con ello se han conseguido más de tres millones de firmas exigiendo la suspensión de las negociaciones del TTIP y la derogación del resto de tratados de libre comercio de la UE y que millones de personas salieran a la calle en ciudades de toda Europa reclamando una Unión Europea al servicio de la gente.

Acuerdos y políticas internacionales que siguen anteponiendo la acumulación de riqueza a la buena vida. El mismo Papa manifestó durante 2015 en su primera encíclica la grave responsabilidad del sistema económico, de la política internacional y local y de la cultura del consumo de masas en la destrucción del planeta y la pobreza. Si no fuera por su tratamiento a los temas de género, cualquiera diría que el Papa Francisco es un fiel lector de nuestra editorial.

Pocas alegrías parece que nos deja el 2015, último año de la legislatura más catastrófica para la legislación ambiental. Una de las excepciones ha sido la aprobación de las primeras 82 reservas naturales fluviales, algunas de ellas propuestas por Ecologistas en Acción.

La ciudadanía organizada en los movimientos sociales, y algunos de los movimientos políticos a diferentes escalas que están permitiendo cambios en las formas de participar en la política, abren ventanas de oportunidad. El movimiento ecologista no duerme y encara el 2016 con la certeza de que el futuro será ecologista o no será, y de que es posible construir alternativas –muchas ya existen– que nos permitan transitar hacia escenarios menos dependientes del expolio de los recursos del planeta y con menos impacto en la naturaleza y en las personas más desfavorecidas.

Irregularidades de Tragsa y de la Diputación de Cuenca en las obras en la Serranía de Cuenca

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CWP84pDWIAAFNgsEcologistas en Acción denuncia los hechos ante la Dirección Provincial de Agricultura. Exigimos la urgente paralización de las obra, el cese de los responsables, y que se sancione por infracción muy grave a Tragsa y a la Diputación.

El proyecto de camino entre Majadas y Uña que afecta a una zona de extraordinario valor ambiental del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, no sólo se ha autorizado indebidamente, sino que acumula nuevas irregularidades, esta vez en el inicio de las obras.

Tras visitar la zona donde se han iniciado los trabajos y consultar documentos en el ayuntamiento de Majadas y con distintas instancias de la Consejería de Agricultura, Medio y Desarrollo Rural, se ha comprobado que Tragsa, como empresa constructora, y la Diputación de Cuenca, como contratante de dicha empresa, han incurrido en diversas y graves irregularidades.

Estas tienen que ver con el incumplimiento de varias estipulaciones dictadas en la declaración de impacto ambiental. En primer lugar, las obras se iniciaron sin que se nombrara al responsable del seguimiento ambiental de las mismas. En segundo, no se ha procedido al replanteo y balizamiento completo de la zona de afección de la obra. Y, por último, tampoco se han identificado y protegido las zonas con presencia de especies amenazadas de flora.

Sin estas actuaciones, que son preceptivas y previas al inicio de los trabajos, la obra no se debiera haber iniciado. Haberlo hecho supone un daño y un riesgo evidente para los ecosistemas protegidos del Parque Natural. Por ello, en la denuncia remitida por Ecologistas en Acción a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y a la Dirección Provincial de Cuenca se pide que se considere como una infracción muy grave, sancionable entre 150.000 y 450.000 euros, y que se decrete la paralización inmediata de las obras.

Los hechos denunciados son aún más graves si cabe, dado que han sido cometidos por una empresa pública, Tragsa, y un órgano administrativo, la Diputación de Cuenca, que debieran ser particularmente celosos en el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Ecologistas en Acción exige a ambas entidades que los responsables de tales actuaciones sean inmediatamente cesados.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF exigen a las administraciones que la caza no prevalezca sobre otros usos en el medio natural

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Las organizaciones conservacionistas recuerdan a las administraciones públicas que lasOLYMPUS DIGITAL CAMERA actividades desarrolladas en el medio natural en las que se ejerza un uso privativo de un recurso común, como es el caso de la caza, deben quedar supeditadas a la conservación del patrimonio natural de todos los ciudadanos y a la realización de actividades colectivas sostenibles, como el senderismo o la observación de la naturaleza. 

Castilla-La Mancha, foco de los principales conflictos de la caza con el uso público. Ecologistas en Acción CLM exige soluciones ya, entre ellas la eliminación del artículo 27.m de la Ley de Caza. 

SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción, consideran necesario que las administraciones públicas cumplan estrictamente con el artículo 45.2 de la Constitución Española, para asegurar que el uso público del medio natural no esta supeditado a actividades que ejercen un uso privativo del patrimonio de todos los ciudadanos.

Según la normativa española, actividades realizadas en el medio natural como la caza no pueden tener preferencia frente a otros usos públicos del territorio, sino que tendrán que estar supeditadas a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de todos las personas, así como al disfrute de un medio ambiente adecuado por parte de toda la ciudadanía que desee ejercer este derecho. Por otra parte, la presión cinegética que se está ejerciendo sobre algunas especies está poniendo en riesgo su conservación, ya que se trata de especies que presentan un evidente declive poblacional, como es el caso de la tórtola europea, la codorniz o la perdiz roja.

Esto es especialmente importante cuando se trata de espacios protegidos. Atendiendo a la legislación vigente, es deber de todos los poderes públicos, velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional. No es posible que los domingos, durante el periodo hábil de caza, sea difícil pasear de forma segura por muchos de los espacios protegidos.

Algunos ejemplos remarcables son los acaecidos en Monfragüe o Cabañeros, donde se ha producido la paradójica situación de autorizarse batidas de caza durante algunos de los días festivos más frecuentados por los visitantes de los parques nacionales, cortando carreteras y caminos públicos de acceso a estos emblemáticos espacios. Esta situación se repite durante el periodo hábil de caza en todo el Estado, con ejemplos en parques naturales y en zonas protegidas de la Red Natura 2000, como el Alto Tajo (Guadalajara), la Laguna de la Nava (Palencia), Villafáfila (Zamora) o Doñana (Huelva). La priorización de las actividades cinegéticas sobre otros usos del territorio va más allá, ya que incluso algunas normativas autonómicas, como la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, establecen sanciones de entre 3.001 y 30.000 euros para las personas puedan molestar a las especies cinegéticas, por lo que se hace precisa la eliminación del artículo 27.m.

Las tres organizaciones recuerdan también que es un imperativo legal que las administraciones evalúen el impacto de la práctica de caza en los espacios protegidos antes de autorizarla en los mismos, aspecto que casi ninguna comunidad autónoma cumple.

Las administraciones competentes deberían velar por que se priorice la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente frente a usos que puedan afectar de forma negativa a las personas y a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, intentando compatibilizar los diferentes usos públicos que se pueden desarrollar de manera legal en el medio natural. Ningún uso privativo del medio natural y de sus recursos puede significar un detrimento de los recursos medioambientales del territorio, ni un impedimento o riesgo para que los ciudadanos realicen los usos públicos permitidos en los espacios naturales, especialmente cuando se trata de espacios protegidos. Este es el caso de muchas zonas de España durante los días hábiles de caza en el que el disfrute por parte las personas que sólo pretenden pasear por el campo es extremadamente difícil o arriesgado.

Con respecto a la salud pública y al estado del medio ambiente y en el caso especial de los espacios protegidos que incluyan humedales dentro de sus límites, es necesario que se cumpla estrictamente lo establecido en el artículo 62.3.j de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, que indica la imposibilidad del uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en las incluidas en espacios naturales protegidos. Además, las tres organizaciones ecologistas afirman que esta prohibición debería hacerse extensiva a todas las zonas húmedas del Estado y que la munición con plomo debería ser sustituida por una menos tóxica lo antes posible.