CAMINOS PÚBLICOS

El TSJ de Castilla-La Mancha nos comunica la sentencia que anula el Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

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8_RíoTajo en ToledoComo era de esperar tras los últimos pasos judiciales habidos en relación con los recursos contra el POM de Toledo, el TSJ de Castilla-La Mancha ha vuelto a decretar la nulidad del mismo, por lo que, a falta de ver si se recurre la misma, el documento aprobado en 2007 dejaría de estar en vigor y carecería de valor jurídico.

Más en concreto, la sentencia 91/2017 respecto del procedimiento contencioso administrativo nº 522/07 incoado contra la Junta de Castilla-La Mancha a instancias de Ecologistas en Acción de Toledo señala en su fallo lo siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por ACMADEN [Ecologistas en Acción de Toledo] contra la Orden de 26 de marzo de 2007 de la Consejería de Vivienda y Urbanismo por la que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que se declara contrario a derecho y se anula, acordando la retroacción de actuaciones de tramitación hasta la fase de nueva información pública.”

El TSJ da plenamente la razón a Ecologistas en Acción en su demanda y vuelve a recordar las modificaciones sustanciales introducidas en el POM sin que se sometieran a escrutinio público. Lo que sin duda pone de manifiesto las maniobras que el ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha urdieron para aprobar un plan insostenible, dañino para el medio ambiente, para la ciudad y los ciudadanos.

Recordemos algunas cifras que al respecto cita la sentencia. El número de viviendas proyectadas en el documento sometido al público en 2005 era un total de 37.082, mientras que en 2007 el número de viviendas aprobadas en el POM es de 49.258. La superficie construida total pasaba de 7.297.046 m2 a 11.186.076 m2. La superficie construida industrial sumaba 807.372 m2 en 2005, pero se aprobaban un total de 2.776.163 m2.

En relación con el abastecimiento de agua potable en suelo urbanizable, pasaba de una demanda bruta de agua para garantizar el abastecimiento de Toledo de 27,80 hm3 anuales a un consumo global en el pleno desarrollo del POM levemente por debajo de los 39 Hm3 al año. Y en cuanto a demanda energética se pasaba de los 222 MVA, a los 373,59 MVA.

Ecologistas en Acción reclama al ayuntamiento y a la Junta que dejen de alargar los procesos judiciales, pues no hacen otra cosa que mantener la situación de inseguridad jurídica en la que vive el urbanismo en la ciudad. Sólo pueden seguir un camino sensato, que es el del replanteamiento del modelo de desarrollo masivo y especulador en el que se quiso embarcar al municipio, y la elaboración de un POM verdaderamente sostenible y respetuoso con el patrimonio natural y cultural de la ciudad.

En este sentido la asociación recuerda que proyectos como el proyecto del parque temático sacado a la luz en fechas recientes no parecen apuntar en la buena dirección y pueden tener los mismos problemas legales o más de los que ya tiene el POM.

Enlace para descarga de la sentencia original SENTENCIA PO 522 07 NOT 17-4-17

Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

Caza del corzo y del jabalí: peligro de disparo para vecinos, paseantes y turistas de naturaleza

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Lo acontecido en Navahermosa (Toledo) lleva a Ecologistas en Acción a reclamar al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que no mire a otro lado y prohíba las modalidades peligrosas y fuera de la temporada general de caza.

No dejan de sorprendernos las noticias que vinculan la caza a limitaciones al uso público de nuestros montes y espacios naturales. El último caso conocido resulta muy significativo de lo que está pasando en Castilla-La Mancha debido a una ley de caza muy permisiva con los cazadores y una orden de vedas que permitiría cazar aún más fuera de temporada.

La alcaldesa de Navahermosa (Toledo) ha emitido un bando en el que recomienda a senderistas y ciclistas abstenerse de usar las rutas de senderismo en los días y horas en los que se practica la caza del corzo. En concreto en los fines de semana desde el 1 de abril al 31 de  julio y especialmente entre las 6 y las 10 de la mañana y a partir de las 18.00 horas. Es decir, en las horas y días cuando es posible y más agradable pasear por el campo.

Justifica esta medida por el peligro que puede suponer a los usuarios de estos caminos el hecho de que se esté cazando con “rifles y demás armas”. En total son 8 las rutas oficiales afectadas y que abarcan buena parte del término municipal.

Con esta medida el ayuntamiento de Navahermosa antepone el uso privado de los montes a través de una actividad como la caza, aun reconociendo que pone en peligro la seguridad de las personas. Y margina el derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente a través de una red de caminos y senderos públicos.

No puede ser más aberrante la forma de resolver este tema por parte del ayuntamiento. Ecologistas en Acción recuerda a la alcaldesa y al equipo de Gobierno que es la caza la que debe adaptarse a las condiciones de uso público del monte y no al revés. Siendo el caso, además, que una limitación como la propuesta sin duda retraerá en fechas tan señaladas de la primavera y del verano a los visitantes de este municipio y, en suma, a realizar actividades recreativas y de turismo de naturaleza que tanto interés suscitan en la actualidad.

¿Se imagina alguien qué cara se le quedará al visitante del pueblo cuando en la oficina de turismo le digan que si quiere pasear ha de hacerlo en las horas de más calor? ¿O que no podrá disfrutar de amaneceres ni atardeceres ni de noches estrelladas por si le pegan un tiro?

Ecologistas en Acción insta al ayuntamiento de Navahermosa a retirar el bando municipal y a retirar la caza del corzo como una de las modalidades a practicar en los montes de la localidad. Recuerda que el corzo se puede cazar en otras épocas del año no tan peligrosas y que, además, en breve se sumará el peligro de que también se autorice la caza del jabalí en estas fechas.

Ecologistas en Acción considera que éste no es un caso aislado y que, en todo caso, pone de relieve el peligro de determinadas prácticas cinegéticas y su negativo impacto económico.

Ecologistas en Acción denuncia que esto está pasando y cada vez con más descaro porque el Gobierno regional, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no está sabiendo controlar la caza y está impulsando normativas, como la orden de vedas en tramitación, que permiten cazar cada vez más en primavera y verano, sin dar un descanso al campo e impactando negativamente en las actividades en el medio rural.

Por ello, reclama del Consejero que paralice este tipo de prácticas o, de otra forma, se hará responsable del impacto negativo de las mismas y, en su caso, de los accidentes que puedan ocurrir. Próximamente Ecologistas en Acción remitirá sus alegaciones a la orden de vedas y hará hincapié en estos aspectos confiando en que el Consejero será receptivo a las mismas.

Castilla-La Mancha líder en accidentes de caza porque se impulsan modalidades peligrosas y se puede cazar todo el año

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BatidaJabaliLa Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha exige a la Consejería que modifique la ley y las órdenes de veda para que se limiten los periodos y las modalidades de caza al objeto de hacer del campo un lugar más seguro y agradable para los ciudadanos.

El Gobierno de España respondiendo a una pregunta parlamentaria de un diputado socialista acaba de hacer oficiales las estadísticas de accidentes de caza habidos en España en los últimos años. Aunque la información no hace referencia exacta a fallecidos y heridos, destaca en la misma el triste liderazgo de Castilla-La Mancha en esta materia ya que acumula cerca del 30% de los incidentes de caza registrados.

En 2016 se han registrado 58 accidentes en España, de los cuales 17 han sido en la región. Y en los últimos cinco años han sido 307 en España y nada menos que 83 en Castilla-La Mancha.

El que Castilla-La Mancha acumule tantos casos no es proporcional ni con su superficie, que supone algo más de 15%, ni con el número de licencias, que en 2016 fueron 105.000 cerca también al 15% nacional.

A juicio de la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha el motivo por el que hay más accidentes de caza en esta región se debe al modelo de caza que se practica, un modelo que fomenta la caza intensivamente y las modalidades de riesgo.

La ley de caza y las normas que la desarrollan, entre ellas la orden de vedas, son tremendamente permisivas con la caza y, así, ya no hay mes en el año en el que no se produzcan disparos en el campo. La temporada general y el periodo de veda han pasado a mejor vida. Año tras año se ha ido modificando el calendario de caza e incorporando nuevos periodos adicionales que han terminado por rellenar el hueco que existía entre el cierre de una temporada y la apertura de la siguiente.

Modalidades como la caza intensiva en los cuarteles de caza comercial, el control del conejo, la caza del zorro y de la urraca y el rececho del corzo, se pueden practicar ahora en primavera y verano sin respetar épocas de cría ni espacios naturales protegidos. Además se ofrecen cotos de caza “todo el año”, que se encubren como zonas de adiestramiento de perros o de aves de cetrería.

La última aportación, si la Consejería no retira su injustificable propuesta de la orden de vedas, es la de abrir una temporada de caza de jabalí mediante aguardos nocturnos que se permitiría entre el 1 de abril y el 31 de agosto en Albacete, Ciudad Real y Toledo, y entre el 1 de mayo y el 31 de agosto en Cuenca y Guadalajara.

El problema de los accidentes y de la gestión de la caza no es por tanto que Castilla-La Mancha sea simplemente una región con mucha tradición cinegética, sino que es que se permite cazar más que en ninguna parte y además se promueven modalidades tan peligrosas como el aguardo nocturno de jabalí o se conceden armas laxamente o a edades impropias.

La Plataforma contra la ley de caza de Castila-La Mancha recuerda que los accidentes de caza ya no afectan sólo a los cazadores, sino que lo hacen cada vez con mayor riesgo y gravedad a quienes hacen uso del medio natural para otras actividades recreativas, deportivas o productivas.

En ese sentido exige a la Junta de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, una revisión en profundidad de la normativa cinegética, tanto de la ley como de las órdenes de vedas, eliminándose los periodos extraordinarios que se han ido incrementando con los años y las modalidades como el aguardo nocturno ya que son extremadamente peligrosas y no sirven para los fines que se argumentan.

Falta de implicación de la fiscalía y obstáculos procesales impiden a Ecologistas en Acción continuar en solitario con el caso Palomarejos Golf

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WhatsApp Image 2017-03-22 at 17.28.14Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca ha tomado la decisión de renunciar al recurso subsidiario de apelación contra el auto de 18 de julio de 2017 dictado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina en el que se decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa de las cesiones de suelo público del Campo de Golf  de Palomarejos. Ello se hace tras ver rechazado el recurso de reforma previo al de apelación en un auto del mismo juzgado de fecha de 20 de febrero pasado y de valorar la situación en la que está quedando el caso.

La decisión dolorosa adoptada por Ecologistas en Acción supondrá con toda probabilidad el archivo de la causa, sin menoscabo de que en el futuro se pueda retomar en base a una nueva denuncia.

Ecologistas en Acción se ha visto obligada a adoptar esta decisión tras observar que se quedaba en solitario ejerciendo la acción de denuncia y que quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de la legalidad y de proteger el patrimonio de suelo público del municipio de Talavera de la Reina no se han involucrado en el caso como debieran.

En particular hemos visto como las administraciones autonómica y local no dejaban de poner palos en las ruedas del caso, actuando a la contra de aquellos que luchan por los intereses generales y contra los posibles casos de corrupción. Eso se ha puesto en evidencia especialmente cuando han salido a la luz informes que trataban de justificar que los terrenos de Palomarejos Golf son rústicos en lugar de urbanizables, lo que daría lugar a que no se produzcan las cesiones de suelo a las que obligaría la legislación al promotor y que superan las 8 hectáreas de superficie.

Por otra parte, Ecologistas en Acción se ha encontrado durante el proceso con que quien estaba llamada a reclamar legalmente responsabilidades penales a los actuantes, esto es, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo, se ha manifestado incapaz de abordar el asunto, dilatando las actuaciones y formalizando imputaciones sobre las que a la postre no realizaba investigaciones ni interrogatorios acordes a la gravedad del caso.

Como es bien conocido, el Fiscal obrante en la causa se ha visto recientemente sancionado por la Fiscalía General del Estado y  obligado a dimitir de su cargo de responsable de Medio Ambiente y Urbanismo. Pero lo ha hecho en un punto en el que el proceso no admitía nuevas actuaciones y sin que la nueva Fiscal pudiera rectificar en lo actuado hasta la fecha.

Así las cosas, la responsabilidad de mantener viva la causa recaía en Ecologistas en Acción en solitario, por lo que cabría la posibilidad de que en breve espacio de tiempo pudiera tener que hacer frente a fianzas y gastos que le serían de imposible asunción. Y todo ello sin ninguna colaboración de quienes son los responsables públicos que han de perseguir los presuntos delitos e irregularidades administrativas que han dado lugar a que Talavera de la Reina pierda una superficie de suelo público que le sería muy útil para cualquiera de las necesidades que tiene ahora mismo el municipio.

Por ello, en Ecologistas en Acción hemos decidido desistir del actual procedimiento judicial, pero esto no quiere decir que vamos a dejar de luchar por los intereses generales de la ciudad y de sus ciudadanos. Sin perder de vista la posibilidad de que se reabra el caso, buscaremos nuevas vías y reuniremos los apoyos necesarios para que la lucha y el final sea el que todos merecemos y no el que interesa a unos pocos.

Seguimos entendiendo que sí puede existir algún tipo de delito cuando, conociendo los hechos, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo con sede en Madrid decidió dar traslado de nuestra denuncia a los juzgados de Talavera de la Reina.

 

La Plataforma Contra la Ley de Caza presenta sus alegaciones para que la reforma de la ley sea de verdad y en profundidad.

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La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha ha terminado de entregar las alegaciones que las entidades que la conforman han consensuado para hacer frente común ante la recta final del proceso de reforma de la retrógrada ley de caza vigente desde 2015.

Las alegaciones han sido suscritas por al menos 46 entidades, algunas de ellas que no forman parte de la Plataforma pero que comparten su criterio entorno al documento de alegaciones. Considerando que entre estas entidades hay a su vez federaciones y plataformas, en total las entidades individuales representadas en estas alegaciones estaría muy cerca de las 100.

La Plataforma valora muy positivamente el consenso y apoyo recibido, ya que si lo unimos a la exitosa recogida de firmas y que alcanzó 117.621 firmas en change.org, estamos ante la una de las mayores campañas de movilización habidas en Castilla-La Mancha en toda su historia.

Por ello, y porque los argumentos de las alegaciones son sólidos tanto desde el punto de vista técnico y científico como social y económico, la Plataforma exige a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Gobierno de Castilla-La Mancha que profundice en la reforma de la ley, ya que el texto actual se queda muy corto respecto de las expectativas creadas.

La Plataforma no se conforma con una reforma de alcance limitado y que mantiene buena parte de los privilegios que injustamente se dan a los cazadores, así como el incentivo a la caza comercial e intensiva.

No es de recibo que se bajen las sanciones a la caza a la mitad de lo que eran en la ley de 1993, ni que ahora se quiera eximir a muchos de ellos de pagar las tasas o de hacer el examen del cazador. Pero aún menos lo es que en paralelo no se les exija cuestiones básicas de respeto en materia de medio ambiente, del bienestar animal o del uso público del medio natural.

Ahora quienes representan a los cazadores en la llamada Mesa de la Caza se hacen los ofendidos e invocan posibles movilizaciones. Olvidando su responsabilidad en que la ley de caza sea ahora la más retrograda de España y que haya habido que afrontar una reforma que no hubiera sido necesaria si no hubieran impuesto al Gobierno anterior, y este lo aceptase con gusto, condiciones de privilegio, de no diálogo con otras entidades y de aprobar todas y cada una de las exigencias del sector, hasta las más peregrinas e ilegales. Por eso en la ley actual se sanciona muy gravemente por molestar, aunque sea inadvertidamente, a la caza. Se facilitan y promueven prácticas tan dañinas como el control de predadores, el lanceo, el abatir animales domésticos o los cuarteles de caza comercial. O se abre la mano a más vallados, a daños a especies y espacios protegidos o a cazar prácticamente todo el año.

Para la presentación de alegaciones la Plataforma facilitó un escrito resumen de dos páginas que contiene las medidas y objetivos principales. Por otra parte, ha elaborado un documento más extenso, de 50 páginas, que revisa artículo por artículo la ley, con el objetivo de adecuarla debidamente. Tal vez hubiera sido más fácil hacer una ley nueva, pero desgraciadamente se acordó el modelo de reforma y esto está dificultando todo el proceso.

La Plataforma en todo caso anima a que todos los interesados sigan presentando las alegaciones y a que se sumen a sus reivindicaciones.

Las alegaciones de la Plataforma se resumen en los siguientes catorce puntos.

  1. Que se amplíen las zonas de seguridad y que se señalicen adecuadamente a costa de los titulares de los cotos.
  2. Que se sancione como infracción muy grave la caza en zonas de seguridad y la obstaculización por causa de la caza del libre tránsito por vías y zonas públicas.
  3. Que se publiquen con antelación suficiente las fechas y las zonas de celebración de cacerías organizadas.
  4. Que se remita toda la regulación concerniente a animales domésticos a la futura nueva ley de protección y bienestar animal ya anunciada, incluida la de los denominados “asilvestrados” término que en todo caso debe eliminarse de la ley de caza.
  5. Que no se permitan medios o sistemas de caza que sean especialmente peligrosos para las personas o para la fauna, que sean masivos o que atenten contra el bienestar animal o la conservación de especies amenazadas. Entre ellos particularmente la caza con hurón, la caza de aves en época de cría o migración, la caza de hembras acompañadas de crías, el perro de madriguera, la caza nocturna, la caza al atardecer o al amanecer, la caza en zonas incendiadas, la cetrería o la caza de acuáticas.
  6. Que se elimine la figura de cuartel de caza comercial y que, en todo caso, no se permita la realización de caza intensiva en los espacios protegidos y de la red Natura 2000.
  7. Que se garantice la seguridad y las potestades de los agentes medioambientales y que se les informe puntualmente de las resoluciones de todo tipo que afecten a los cotos de su demarcación.
  8. Que se incrementen las inspecciones, incluidos controles de alcoholemia y drogas, y las sanciones por cazar sin estar en condiciones físicas adecuadas o sin cumplir las normas de seguridad en el manejo de las armas.
  9. Que se suba la edad mínima para cazar a la mayoría de edad.
  10. Que las sanciones aumenten su cuantía y no sean discrecionales. Que toda sanción grave o muy grave lleve aparejada siempre, además de la multa, la retirada de permisos o de las autorizaciones que correspondan al coto, al cazador o a los guardas y auxiliares de caza.
  11. Que se prohíban los reclamos y atrayentes, así como especialmente los comederos, cebaderos o la aportación de alimentación suplementaria para fomentar de forma artificial las poblaciones de especies de caza o para facilitar la caza misma.
  12. Que por sus perniciosos efectos para el medio ambiente y las especies se prohíba la munición de plomo y que para que tal medida sea efectiva en un plazo corto se elabore una estrategia de sustitución por alternativas no tóxicas, atendiendo a las recomendaciones de carácter internacional sobre la necesidad de eliminar el plomo en la munición.
  13. Que se dé como máximo un plazo de un año improrrogable para adecuar los vallados existentes y las zonas de caza a la legislación modificada que se apruebe.
  14. Que se amplíen y mejoren las definiciones de la ley, en particular los términos “modalidad de caza”, “métodos excepcionales”, “tradicional”, “capacidad de carga” y “perjuicios graves e importantes”.

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman actualmente:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT_Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, FEBA, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

No cabe otra: anulación del POM de Toledo de una vez, y redacción de uno nuevo

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La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el artículo 36.2 párrafo segundo de la LOTAU supone la anulación de facto del Plan de Ordenación Municipal de Toledo del año 2007 y que se mantiene recurrido en el TSJ de Castilla-La Mancha por Ecologistas en Acción y varios particulares.

La certificación de la ilegalidad del precepto en el que se amparó la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo para aprobar sin la debida información pública las modificaciones sustanciales del POM no hace otra cosa que confirmar los argumentos de los recurrentes. Argumentos, por cierto, reconocidos implícitamente por la propia Junta al señalar que ya ha modificado la LOTAU para eliminar el precepto ahora declarado inconstitucional.

Formalmente sólo queda esperar ahora a que el TSJ de Castilla-La Mancha, al amparo de la cuestión de constitucionalidad por él mismo promovida, anule definitivamente el POM y dé traslado de ello a las partes recurrentes, proceso que no debiera demorarse demasiado.

Pero más allá de esta cuestión sustancial desde el punto de vista de la legalidad, lo que exige la situación ahora es que la Junta de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Toledo se dejen ya de argucias para demorar la anulación del POM e iniciar un proceso serio y transparente que dote a la ciudad de un instrumento de planeamiento urbanístico en condiciones.

Ecologistas en Acción de Toledo considera que las administraciones no han jugado limpio en todo este proceso. Primero por aprobar un POM insostenible urbanística y ambientalmente, con falta de transparencia y de respeto a la legalidad. Y luego porque se han servido de triquiñuelas legales y de enredar en los tribunales para no reconocer sus errores ni asumir sus responsabilidades.