CAMINOS PÚBLICOS

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO ORDENA EL DERRIBO DEL CHALET DEL FISCAL JEFE DE TALAVERA DE LA REINA POR ENCONTRARSE CONSTRUIDO EN ZONA DE POLICÍA DE AGUAS Y SIN AUTORIZACIÓN.

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Imagen Diario Público

La Confederación Hidrográfica del Tajo, tras las reiteradas denuncias de Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina que han dado pie a un requerimiento de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, ha reiniciado el trámite del expediente sancionador D-30681. Dicho expediente se incoó tras denuncia de fecha 21 de septiembre de 2007 contra la vivienda del Fiscal Jefe de Talavera de la Reina, por las obras de limpieza de cauce y construcción de un chalet en zona de policía de aguas y sin la correspondiente autorización en el Arroyo de la Fuente o Berrenchín en el Término municipal de Pepino (Toledo).

La resolución de la correspondiente sanción, que es de fecha seis de marzo de 2009 y que se reactiva tras ocho años y medio de injustificada paralización, obliga a la “reposición de las cosas a su estado anterior”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha pedido el derribo del chalet con fecha 31 de octubre de 2017 de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y 323  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Y en base a ello se requiere a sus titulares para que en el plazo de treinta días contado a partir de la notificación de este escrito, procedan de forma voluntaria.

Con esta resolución la Confederación atiende el escrito de 27 de septiembre de 2017 dirigido por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo y en el que ésta preguntaba por el estado del citado expediente sancionador.

Ecologistas en Acción urge al cumplimiento de la resolución impuesta por la Confederación del Tajo y, a la par, se pregunta porque han pasado más de ocho años para que se haya dado continuidad a un expediente sancionador que es de marzo del 2009.

Si Ecologistas en Acción no hubiera denunciado esta situación, cabe preguntarse si la sanción no se hubiera quedado en el cajón del olvido.

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La Plataforma contra la ley de caza de Castilla La Mancha valora los acuerdos alcanzados en las enmiendas a la reforma de la ley y pide un último esfuerzo de mejora

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  • Manifestacion-Ley-Caza-Toledo_EDIIMA20150221_0384_14Creemos que se puede y se debe alcanzar un acuerdo en relación al incremento de la edad para cazar. 
  • Denunciamos el contenido de las enmiendas y la actitud obstruccionista y partidista del lobby cinegético y del Partido Popular, poco leal y honesta incluso con el sector de la caza al que dicen representar. 

Una vez finalizado el plazo de presentación de enmiendas, la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha valora muy positivamente los acuerdos alcanzados con el Gobierno y los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos para que salga adelante una reforma muy demandada.

Se va culminando así, y a diferencia de lo ocurrido durante el proceso de aprobación de la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha, un verdadero proceso participativo, en el que resulta especialmente relevante que se haya tenido en cuenta como una parte más en el debate a la Plataforma contra la Ley de Caza y a todas las entidades a ella adheridas y que representan a una mayoría social que se ha movilizado contra la Ley del Gobierno de Cospedal.

La modificación de la Ley de Caza alcanza todos los contenidos de la ley. En una parte de ellos con el enfoque y nivel de profundidad que se requería. En otra buena porción ofreciendo avances que son un cambio significativo. Además, el proceso de enmiendas va a enriquecer la reforma en aspectos tan importantes como las zonas de seguridad, el refuerzo del papel de los agentes medioambientales, limitaciones adicionales a los cuarteles de caza comercial o el incremento de las sanciones.

Es cierto que algunos temas no han llegado al punto de ser reformados como planteaba la Plataforma, seguiremos demandándolos, pero hay que reconocer el esfuerzo de consenso que se ha hecho por parte de todos, menos por el lobby cinegético y el Partido Popular. Circunstancia está última que por desgracia ha terminado por bloquear algunas reformas.

Esa actitud del lobby y del PP ha perjudicado y mucho al propio sector cinegético, sobre todo al más social, ya que sus teóricos defensores se han limitado a alimentar el conflicto partidista y a defender los intereses de latifundistas e intensivistas sin hacer verdaderas aportaciones que mejoraran la ley.

El Partido Popular, que anunció a la Plataforma que no presentaría enmienda a la totalidad y que apoyaría algunas de las modificaciones de la Ley, no lo ha hecho. Faltando a la palabra dada a los representantes que se reunieron con el grupo parlamentario popular el pasado 18 de enero. Esto dice mucho de la capacidad de diálogo y de la credibilidad de este grupo.

Por su parte, más allá de la enmienda a la totalidad, las enmiendas puntuales presentadas por el citado partido son muy pocas, apenas 13, y alguna verdaderamente alucinante. Es el caso de la que plantea que se eliminen las infracciones graves y muy graves, de hecho nos preguntados si no ha sido un error de bulto, o como la que replantea que se puedan abatir animales domésticos. Se pone así de manifiesto el sectarismo, ajeno a los intereses del conjunto de los ciudadanos y del medio ambiente, con el que este grupo político y el lobby creado en torno a la Mese de la Caza de Castilla-La Mancha han manejado el tema de la ley de caza tanto cuando se aprobó como ahora que se reforma.

Por último, la Plataforma contra la Ley de Caza quiere expresar su deseo y esperanza de que el trámite de enmiendas culmine con las mejoras presentadas por PSOE y Podemos y, en especial, que se alcance un acuerdo en el tema de la edad para cazar. La Plataforma sigue pensando que lo lógico es que no se pueda cazar sin tener la mayoría de edad y que ello es independiente de lo que lo diga el reglamento de armas respecto a que edades se pueden usar armas de caza. Ese reglamento está obsoleto y así lo han entendido otras Comunidades Autónomas que han subido la edad para cazar.

La sobredotación de autovías no cabe como alternativa al cementerio nuclear.

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEcologistas en Acción de Castilla La Mancha considera desafortunadas las declaraciones de Emiliano G. Page del pasado martes en Motilla del Palancar reclamando que el dinero del ATC se destine a autovías y recuerda que lo que necesita la zona es un desarrollo rural sostenible.

Tanto en solitario como dentro de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear,  Ecologistas en Acción ha denunciado una y otra vez ante los medios el derroche de dinero público vinculado al ATC de Villar de Cañas, que se cifra en algo más de 80 millones de Euros.

En esa línea, siempre que se ha hablado de alternativas para esa ingente inversión, y se ha reclamado que se tuvieran en cuenta las necesidades de los ciudadanos castellanomanchegos en materias como la sanidad o la educación, el desarrollo rural sostenible, las energías alternativas o la protección del medio ambiente.

Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del ejecutivo castellano manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas,  plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme derroche e impacto, como son las autovías Cuenca-Albacete, Tarancón-Guadalajara y Cuenca-Teruel.

Queda fuera de lugar pedir que el dinero destinado al ATC se dirija a unas autovías que se han demostrado innecesarias, muy caras de hacer y mantener y que presentan un elevado impacto ambiental por su negativo efecto en la emisión de gases contaminantes y en los espacios naturales protegidos.

Particularmente grave es que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa. O una autovía Guadalajara-Tarancón que no se justifica por el tráfico que presentaría y que también daña espacios protegidos.

Ecologistas en Acción considera que estos mensajes de cambio de cromos insostenibles, son negativos para la lucha contra el ATC y pueden dañar la imagen de defensa de la protección del medio ambiente y la salud y de los intereses generales de los ciudadanos que mantiene la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear. Y por ello reclama al Gobierno regional que rectifique en ese planteamiento.

Denuncia urgente contra un cerramiento para caza de 9 kilómetros en el espacio protegido de los Montes de Toledo.

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P1060688Ecologistas en Acción de Toledo reclama la paralización del desbroce de vegetación iniciado sin permiso para un vallado en la finca Quinto de Don Pedro y que afecta al espacio de la Red Natura 2000, distintas áreas críticas de especies en peligro de extinción, a dos montes públicos y a un refugio de fauna.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia de Toledo el inicio de las obras de instalación de un nuevo cerramiento cinegético que amplía el existente en la finca privada Quinto de Don Pedro, en el término municipal de Los Yébenes.

La empresa titular de la esta finca, colindante con el Monte de Utilidad Pública y refugio de fauna del mismo nombre, pretende cerrar una superficie de 471 hectáreas que actualmente están abiertas en una zona de altísimo valor ecológico. El proyecto afectaría, entre otros elementos a proteger, al espacio de la Red Natura 2000 de los Montes de Toledo, a áreas críticas de lince ibérico, águila imperial, águila perdicera y buitre negro, a dos montes de utilidad pública colindantes y al refugio de fauna homónimo del Quinto de Don Pedro.

Difícilmente podríamos encontrar en la provincia de Toledo un espacio tan valioso  y reconocido con tantas figuras de protección y conservación.

Por la grave afección a este enclave singular y destacado, Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado ya formalmente el inicio de las labores de desbroce y eliminación de la vegetación natural, consistente en monte mediterráneo de encina y jara. Estos trabajos tienen por objeto la apertura de las calles en las que mediante postes metálicos y alambrera de 2 metros de alto se instalaría un cerramiento cinegético de más de 9 kilómetros de longitud.

La denuncia se justifica a su vez en el hecho de que el cerramiento carece de autorización, todavía en trámite y que debe ser emitida por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.

El perjuicio que para los espacios naturales, las especies protegidas y las propias especies cinegéticas producen los vallados o cerramientos cinegéticos se puede observar claramente en la parte que el titular de la finca tiene vallada desde hace años. En esa zona la vegetación está muy dañada por el exceso de población de cérvidos, el paso de la fauna silvestre está limitada  por la alambrera, que a su vez es un peligro de colisión sobre todo para las aves, y se practica un modelo de gestión cinegética insostenible.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Dirección Provincial y a la Viceconsejería la inspección, denuncia e inmediata paralización de los trabajos. Vistos los daños ambientales y que el titular del coto, lejos de respetar los procedimientos, ha empezado a actuar ilegalmente, cabría instruir expedientes sancionadores por cuatro vías. Incumplimiento de la ley de evaluación ambiental, incumplimiento de la ley de protección del suelo y de las cubiertas vegetales, incumplimiento de la ley de caza e incumplimiento de la ley de conservación de la naturaleza.

Casos como éste ponen de manifiesto el perjuicio que la caza en terrenos vallados y la normativa actual causan en los recursos naturales y que llevan a la necesidad de cambios radicales en la ley y en los procedimientos que regulan instalaciones tan dañinas como los cerramientos cinegéticos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tramita la imprescindible reforma de la ley de caza a las Cortes regionales.

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12805935_897843593666639_7134686047442127733_nAnte la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la Ley de modificación de la ley 3/2015 de caza y su definitiva tramitación a las Cortes Regionales con vistas a su definitiva promulgación, la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ve satisfecho uno de sus principales objetivos. Ya es seguro que la ley de caza cambiará sustancialmente gracias al impulso social contra los privilegios a la caza.

La Plataforma reconoce el esfuerzo realizado por el actual Gobierno para atender las demandas de un cambio sustancial en la normativa cinegética y, en particular, el realizado por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien tiene que soportar a diario la sobreactuación del lobby cinegético con sus indefendibles argumentos.

Cambiar la ley de caza de la era Cospedal es una necesidad para Castilla-La Mancha. Es un ejercicio de higiene democrática llamado a restituir buena parte de los derechos de los no cazadores y de los principios de protección animal  y conservación de la naturaleza que la actual ley conculca.

El proyecto de ley que el Gobierno aprueba cambia aspectos fundamentales que permitirán el desarrollo de actividades en el medio natural sin temor a ser sancionadas o interrumpidas en espacios públicos por efecto de la caza, que priorizarán la captura en vivo de animales domésticos asilvestrados, que generarán un mayor control de la caza intensiva y de los cerramientos, que reforzarán la actividad de los agentes medioambientales y que supondrán una mejor aplicación del régimen sancionador.

Por otra parte, todavía se queda corto el proyecto de reforma en cuestiones como la edad para cazar, la limitación de determinados métodos de caza, como la caza nocturna o el empleo de alimentación suplementaria que generan sobrepoblaciones de ungulados, la eliminación de vallados ilegales o la supresión de los cuarteles de caza comercial.

A partir de aquí la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha reitera el llamamiento ya hecho a los partidos con representación parlamentaria para que apoyen la modificación de la ley y, si posible, incluso mejoren el texto que traslade el Gobierno con la aprobación de las oportunas enmiendas. A tal fin iniciará inmediatamente una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios castellano-manchegos.

El lobby de la caza trata de tapar sus intereses ocultos y su mala gestión

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn lugar de atender y proteger a las especies que dicen defender, como la perdiz roja, recientemente declarada en extinción en Castilla-La Mancha por los científicos del IREC, pretenden mantener el modelo de caza de sueltas y de caza comercial que ha sentenciado  este ave a la desaparición.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera ridícula y desnortada la posición del lobby cinegético castellano-manchego en relación a la reforma de la ley de caza y la nueva ley de protección y bienestar animal.

A falta de argumentos sólidos para demostrar los presuntos agravios que dicen sufrir, intentan con poco éxito atacar a las organizaciones de defensa del medio ambiente y animalistas.

Pero lo cierto, público y notorio, es que la caza y, más concretamente, el lobby que dirige la federación y los latifundistas sigue privilegiado en Castilla-La Mancha de la mano de una normativa vigente redactada por ellos, aprobada por un primer Gobierno servil y consentida y empeorada por un segundo Gobierno temeroso y rehén del pasado.

Lo verdaderamente importante en lo que concierne a la caza, y el sector quiere ocultar, es la enorme problemática que genera. Y, por lo que se está demostrando día tras día, su nula capacidad para gestionar los cotos cinegéticos y para dialogar con quien no piensa como ellos o simplemente tiene otros planteamientos.

Tenemos un cercano ejemplo en la gestión de la sequía. Ni el Gobierno, ni mucho menos el sector de la caza han tomado ninguna medida para paliar sus efectos en las especies cinegéticas. Ni siquiera en aquellas que más dependen del agua, como las acuáticas. Se han aprovechado de los llamados días de fortuna y han masacrado a animales y especies con pocas defensas.

Lo tenemos también en la problemática que genera la caza en los espacios protegidos, como Cabañeros, en las especies amenazadas, en el uso público del monte, en los conflictos con la agricultura y en los riesgos para la ganadería, y así un largo etcétera.

Pero lo más relevante, y que el sector quiere ocultar es su nefasta gestión de las especies que dicen defender. El reciente caso de la perdiz roja, revelado por parte del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), institución científica dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, el CSIC y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es el paradigma de ello.

Científicos del IREC han confirmado en una reciente jornada celebrada en Ciudad Real y de la que se han hecho eco los medios de comunicación que “no han encontrado ninguna perdiz roja pura en Castilla-La Mancha” y que ello es debido a las sueltas que se hacen especialmente en los cuarteles de caza comercial de perdices rojas hibridadas con perdiz chucar y que a su vez se han cruzado con las autóctonas haciéndolas desaparecer.

Es decir, estamos ante la desaparición de una especie cinegética motivada por la mala gestión cinegética de quienes dicen proteger la caza y garantizar el equilibrio natural.

Frente a semejante situación, el sector, en lugar de movilizarse en favor de la especie y ver cómo resolver el problema, no sólo no rectifica nada sino que dirige sus acciones contra los cambios normativos y contra quienes los defienden.

Curiosamente esos cambios normativos, que por desgracia la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y el Gobierno no están dispuestos a asumir, precisamente pretenden hacer frente a problemas como el de la perdiz roja.

Ecologistas en Acción desde luego no se va a dejar amedrentar por las bravatas de un lobby desquiciado y dañino para la convivencia en el medio rural. Avisamos a quien nos quiera oír que lo que pretenden poco tiene que ver con el bienestar del mundo rural y mucho menos con la protección del medio ambiente y de la propia caza que dicen defender.

Todo es una simple y ridícula puesta en escena que ya han repetido en otras ocasiones cuando ven peligrar los pingües ingresos que obtienen comerciando con la caza y, sobre todo, cuando ven acercarse elecciones autonómicas. Resulta muy llamativo que de sus acciones se beneficien los grandes latifundistas de la caza, los que se llenan los bolsillos trayendo turistas a masacrar animales de granja y que se dé munición a un partido concreto que nunca se ha preocupado por afrontar estas cuestiones considerando todos los puntos de vista.

Ecologistas en Acción, a la vista de los resultados de los trabajos del IREC sobre la perdiz roja está estudiando las acciones a acometer para su protección. De entrada ya se ha pedido a la Consejería una reunión urgente del Consejo Asesor de Medio Ambiente y del Consejo Regional de Caza para conocer de primera mano las investigaciones del IREC y sus eventuales propuestas.

Indignación por la autorización de más trampas y lazos para cazar animales domésticos y predadores en Castilla La Mancha

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Trampa-Belisle-SelectifLas entidades que conforman la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha muestran su indignación y rechazo absoluto por la decisión de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que cede al chantaje del lobby cinegético para homologar tres peligrosos modelos de trampas y lazos destinados al control de predadores, perros y gatos, pero que afectan también a especies protegidas.

Mediante orden publicada en el diario oficial de Castilla-La Mancha el 21 de noviembre pasado, el consejero Martínez Arroyo suscribe con su firma que los cotos de caza puedan utilizar a partir de ahora tres nuevos tipos de trampas y lazos que se añaden a otros cinco ya autorizables.

Entre los dispositivos autorizados por la Consejería se encuentran tanto lazos como trampas en los que además de las especies objetivo son atrapadas otras especies, incluso amenazadas, como el lince, el lobo, águilas, búhos y otras.

Así lo recoge la nueva orden de homologación de la trampa Belisle Selectif, jaula de captura Larssen o de buzón y trampa de nasa lateral, al indicar que no se debieran usar en espacios naturales o con presencia de lince o lobo. Sin embargo, se obvia que los animales no entienden de fronteras y que lazos o trampas, como por ejemplo, el belisle se han mostrado muy dañinos para los cánidos, entre ellos el lobo. O que las jaulas trampa para urraca atraen a muchos predadores protegidos.

Ya el año antepasado tuvo que ser liberado un lince que cayó en un lazo autorizado por la Consejería y al que sólo la disponibilidad de collar emisor le libró de un futuro cuando menos incierto.

Pero por desgracia la mayor parte de los animales no disponen de collares transmisores que les protejan, y ello implica que a pesar de que las trampas y lazos se supone que capturan a los animales vivos, es el trampero al servicio del correspondiente coto de caza el que tiene en su mano la decisión de qué hacer con él. A nadie se le escapa lo que en muchas ocasiones hará el trampero dada la enfermiza animadversión que hay en determinados grupos de cazadores a los predadores y a los perros y gatos abandonados. En caso de atrapar zorros, perros, gatos o urracas, la Consejería autoriza matar al animal en el momento con un disparo en la cabeza sea con armas tanto de fuego como de bala cautiva.

Las entidades que conforman la Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha no alcanzan a entender que la Consejería, con su Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales como promotora de la orden, haya cedido a la presión y al chantaje del lobby cinegético. Y, sobre todo, que para justificarse se haya amparado en pruebas de homologación sin base científica, mal diseñadas y, lo que es peor, realizadas bajo la supervisión de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha.

Actuaciones como ésta ponen en entredicho la ecuanimidad y el rigor de las decisiones de la Consejería y, lo que es peor, la verdadera voluntad del Consejero de sacar adelante la reforma de la ley de caza y una nueva ley de bienestar animal como la lógica y la ciudadanía demandan.

La Plataforma anuncia que a través de las entidades que la conforman interpondrán en los tribunales los recursos precisos para conseguir la anulación de la orden. Asimismo la Plataforma estará muy atenta ante la posibilidad, al parecer no descartada todavía, de que la Consejería homologue también una caja trampa específica para gatos domésticos y que dañaría muy gravemente a las poblaciones de gato montés y de lince, entre otras especies.