JUSTICIA

Un año del incendio de neumáticos de Seseña y Valdemoro: sin respuestas y sin medidas de prevención

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Ha pasado un año de la catástrofe que supuso el incendio en Seseña-Valdemoro del mayor vertedero de neumáticos de Europa, pero no se ha esclarecido ni sus causas ni sus consecuencias. Tampoco se han tomado medidas para evitar nuevas situaciones similares. Ecologistas en Acción demanda un cambio de la legislación de residuos y de los protocolos de emergencia.IncendioSeseñaEcologistasToledo

La causa penal abierta en los Juzgados de Valdemoro sigue bajo secreto del sumario y de momento no ofrece ningún dato sobre quiénes y por qué provocaron el fuego esa fatídica noche del 12 al 13 de mayo de 2016.

Por su parte, las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha y Madrid, lejos de aportar luz sobre los acontecimientos antes, durante y después del incendio, se han enmarañado entre acusaciones cruzadas y procedimientos que nadie entiende. Particularmente lamentable es la situación en las Cortes de Castilla-La Mancha donde la comisión no ha llegado a iniciar sus sesiones y eso a pesar, o tal vez debido a que, en torno a ella se han de sentar las dos principales administraciones actuantes, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña. En esas Cortes están precisamente los dos actores principales durante la catástrofe el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el alcalde de Seseña, y diputado por el PP, Carlos Velázquez.

Llama poderosamente la atención que todavía no se haya hecho público ningún informe que valore y analice globalmente todo lo ocurrido, y que cada cual, sean comunidades autónomas, administraciones o partidos, haya ido haciendo su particular balance en función más del color político que de ofrecer una información veraz a los ciudadanos que con tanta angustia y riesgo para su salud vivieron las semanas y meses tan intensos que se sucedieron tras el fuego.

Lo peor es que la ausencia de análisis contrastados y de conclusiones está demorando “sine die” la asunción de responsabilidades y la puesta en práctica de medidas eficaces que evite la descoordinación, la falta de información y los daños al medio ambiente y a la salud en situaciones similares a la de este dramático incendio.

La mejor prueba de que poco o nada se ha aprendido son las situaciones vividas en los incendios de las instalaciones de residuos industriales de Chiloeches en agosto pasado o hace menos de una semana en Arganda del Rey. Y eso es independiente de que sean sucesos provocados o accidentales.

La situación actual de las parcelas donde se produjo el incendio puede parecer buena, y seguramente lo sea. Los neumáticos, sus fragmentos y las cenizas han desaparecido y eso es algo que ven con alivio los vecinos de Seseña y Valdemoro. Pero el rastro de contaminación que dejó la combustión descontrolada de los mismos sigue disperso en la atmósfera y en los suelos y aguas en los que se depositó. Y nunca ha habido directrices claras sobre como intervenir o qué prevenciones tomar en unos u otros lugares, según los distintos grados de afección o de depósito de sustancias tóxicas. De hecho, los únicos trabajos publicados en este sentido lo han sido por iniciativa de Ecologistas en Acción y otros grupos investigadores.

A falta de datos oficiales y creíbles hay que recordar que en el vertedero de Seseña-Valdemoro se acumulaban entre 70.000 y 100.000 toneladas de neumáticos tras años de incompetente actuación de todas las administraciones que primero consintieron y luego fueron incapaces de resolver el problema creado.

Del fuego solo se libraron unas 12.000 toneladas de neumáticos, el resto provocó la columna de humo y contaminantes más grande de las registradas en España por causa de un incendio en instalaciones industriales.

Desoyendo los avisos de expertos y de Ecologistas en Acción, y solo cuando ya los vecinos y los niños de las localidades cercanas habían sufrido las consecuencias de inhalar el humo tóxico en repetidas ocasiones, se empezaron a conocer algunas cifras de las emisiones y de su grado de toxicidad. El incendio liberó entre otros contaminantes peligrosos y cancerígenos ingentes cantidades de benceno (que alcanzó en El Quiñón concentraciones 20 veces superiores a los límites admisibles) y de partículas con metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos como benzoalfapireno, además de partículas, como se describe en el informe que elaboró en su día Ecologistas en Acción.

A ello hay que sumar las emisiones masivas de gases de efecto invernadero que llegaron a la atmósfera y que, según estima Ecologistas en Acción, pudieron alcanzar las 227.000 toneladas de dióxido de carbono.

El rastro que dejó la pluma contaminante fue también el de una masiva evacuación, en buena parte voluntaria ante la nefasta gestión que hizo el operativo de emergencia de los avisos a la población. Mediciones mal hechas y de resultado tardío, colegios evacuados in extremis, órdenes de confinamiento mal ejecutadas, malas prácticas de limpieza y una retahíla de torpezas que poco después se repitieron en Chiloeches y ahora en Arganda del Rey.

Ecologistas en Acción contempla como un año después las medidas de prevención y gestión de estas catástrofes brillan por su ausencia y las responsabilidades siguen sin depurarse.

La organización ecologista sigue demandando, como hizo entonces, una investigación independiente del suceso y que, entre otras medidas, se adapten la legislación, los protocolos de emergencia y de aviso a la población a las circunstancias que desgraciadamente imponen estas tremendas catástrofes que no cesan. Además, cada día queda más claro que es necesario que el control sobre la gestión de los residuos se maximice y que esta deje de estar bajo manos privadas que solo pretenden el lucro.

Un balance completo del suceso de Seseña, día a día, en: http://www.ecologistasenaccion.org/article32266.html

 

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El TSJ de Castilla-La Mancha nos comunica la sentencia que anula el Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

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8_RíoTajo en ToledoComo era de esperar tras los últimos pasos judiciales habidos en relación con los recursos contra el POM de Toledo, el TSJ de Castilla-La Mancha ha vuelto a decretar la nulidad del mismo, por lo que, a falta de ver si se recurre la misma, el documento aprobado en 2007 dejaría de estar en vigor y carecería de valor jurídico.

Más en concreto, la sentencia 91/2017 respecto del procedimiento contencioso administrativo nº 522/07 incoado contra la Junta de Castilla-La Mancha a instancias de Ecologistas en Acción de Toledo señala en su fallo lo siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por ACMADEN [Ecologistas en Acción de Toledo] contra la Orden de 26 de marzo de 2007 de la Consejería de Vivienda y Urbanismo por la que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, que se declara contrario a derecho y se anula, acordando la retroacción de actuaciones de tramitación hasta la fase de nueva información pública.”

El TSJ da plenamente la razón a Ecologistas en Acción en su demanda y vuelve a recordar las modificaciones sustanciales introducidas en el POM sin que se sometieran a escrutinio público. Lo que sin duda pone de manifiesto las maniobras que el ayuntamiento y la Junta de Castilla-La Mancha urdieron para aprobar un plan insostenible, dañino para el medio ambiente, para la ciudad y los ciudadanos.

Recordemos algunas cifras que al respecto cita la sentencia. El número de viviendas proyectadas en el documento sometido al público en 2005 era un total de 37.082, mientras que en 2007 el número de viviendas aprobadas en el POM es de 49.258. La superficie construida total pasaba de 7.297.046 m2 a 11.186.076 m2. La superficie construida industrial sumaba 807.372 m2 en 2005, pero se aprobaban un total de 2.776.163 m2.

En relación con el abastecimiento de agua potable en suelo urbanizable, pasaba de una demanda bruta de agua para garantizar el abastecimiento de Toledo de 27,80 hm3 anuales a un consumo global en el pleno desarrollo del POM levemente por debajo de los 39 Hm3 al año. Y en cuanto a demanda energética se pasaba de los 222 MVA, a los 373,59 MVA.

Ecologistas en Acción reclama al ayuntamiento y a la Junta que dejen de alargar los procesos judiciales, pues no hacen otra cosa que mantener la situación de inseguridad jurídica en la que vive el urbanismo en la ciudad. Sólo pueden seguir un camino sensato, que es el del replanteamiento del modelo de desarrollo masivo y especulador en el que se quiso embarcar al municipio, y la elaboración de un POM verdaderamente sostenible y respetuoso con el patrimonio natural y cultural de la ciudad.

En este sentido la asociación recuerda que proyectos como el proyecto del parque temático sacado a la luz en fechas recientes no parecen apuntar en la buena dirección y pueden tener los mismos problemas legales o más de los que ya tiene el POM.

Enlace para descarga de la sentencia original SENTENCIA PO 522 07 NOT 17-4-17

Falta de implicación de la fiscalía y obstáculos procesales impiden a Ecologistas en Acción continuar en solitario con el caso Palomarejos Golf

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WhatsApp Image 2017-03-22 at 17.28.14Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca ha tomado la decisión de renunciar al recurso subsidiario de apelación contra el auto de 18 de julio de 2017 dictado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina en el que se decretaba el sobreseimiento y archivo de la causa de las cesiones de suelo público del Campo de Golf  de Palomarejos. Ello se hace tras ver rechazado el recurso de reforma previo al de apelación en un auto del mismo juzgado de fecha de 20 de febrero pasado y de valorar la situación en la que está quedando el caso.

La decisión dolorosa adoptada por Ecologistas en Acción supondrá con toda probabilidad el archivo de la causa, sin menoscabo de que en el futuro se pueda retomar en base a una nueva denuncia.

Ecologistas en Acción se ha visto obligada a adoptar esta decisión tras observar que se quedaba en solitario ejerciendo la acción de denuncia y que quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de la legalidad y de proteger el patrimonio de suelo público del municipio de Talavera de la Reina no se han involucrado en el caso como debieran.

En particular hemos visto como las administraciones autonómica y local no dejaban de poner palos en las ruedas del caso, actuando a la contra de aquellos que luchan por los intereses generales y contra los posibles casos de corrupción. Eso se ha puesto en evidencia especialmente cuando han salido a la luz informes que trataban de justificar que los terrenos de Palomarejos Golf son rústicos en lugar de urbanizables, lo que daría lugar a que no se produzcan las cesiones de suelo a las que obligaría la legislación al promotor y que superan las 8 hectáreas de superficie.

Por otra parte, Ecologistas en Acción se ha encontrado durante el proceso con que quien estaba llamada a reclamar legalmente responsabilidades penales a los actuantes, esto es, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo, se ha manifestado incapaz de abordar el asunto, dilatando las actuaciones y formalizando imputaciones sobre las que a la postre no realizaba investigaciones ni interrogatorios acordes a la gravedad del caso.

Como es bien conocido, el Fiscal obrante en la causa se ha visto recientemente sancionado por la Fiscalía General del Estado y  obligado a dimitir de su cargo de responsable de Medio Ambiente y Urbanismo. Pero lo ha hecho en un punto en el que el proceso no admitía nuevas actuaciones y sin que la nueva Fiscal pudiera rectificar en lo actuado hasta la fecha.

Así las cosas, la responsabilidad de mantener viva la causa recaía en Ecologistas en Acción en solitario, por lo que cabría la posibilidad de que en breve espacio de tiempo pudiera tener que hacer frente a fianzas y gastos que le serían de imposible asunción. Y todo ello sin ninguna colaboración de quienes son los responsables públicos que han de perseguir los presuntos delitos e irregularidades administrativas que han dado lugar a que Talavera de la Reina pierda una superficie de suelo público que le sería muy útil para cualquiera de las necesidades que tiene ahora mismo el municipio.

Por ello, en Ecologistas en Acción hemos decidido desistir del actual procedimiento judicial, pero esto no quiere decir que vamos a dejar de luchar por los intereses generales de la ciudad y de sus ciudadanos. Sin perder de vista la posibilidad de que se reabra el caso, buscaremos nuevas vías y reuniremos los apoyos necesarios para que la lucha y el final sea el que todos merecemos y no el que interesa a unos pocos.

Seguimos entendiendo que sí puede existir algún tipo de delito cuando, conociendo los hechos, la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo con sede en Madrid decidió dar traslado de nuestra denuncia a los juzgados de Talavera de la Reina.

 

El Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo debe ser sustituido de inmediato

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broken-bar-of-equalityTras conocer la sanción grave impuesta al Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Toledo por dilaciones indebidas en el caso Palomarejos Golf y de manifestar éste su incapacidad para el cargo, Ecologistas en Acción reclama la inmediata sustitución del mismo. El Fiscal alegó que “ tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

La Fiscalía  General del Estado ha comunicado a Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y comarca la resolución del expediente disciplinario abierto al Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por retraso injustificado en la realización de un informe esencial en el caso “Palomarejos Golf”.

La Fiscalía General del Estado considera probado que el Fiscal de Toledo demoró indebidamente y por un plazo de 14 meses el informe que debía emitir sobre la denuncia efectuada por el caso de cesiones de suelo público presuntamente no realizadas en el proyecto de singular interés “Palomarejos Golf” y en el que ejerce la acusación Ecologistas en Acción.

La Fiscalía General señala que no sólo no se hizo el informe con la diligencia debida, sino que se omitió también dar cuenta de que estaba pendiente de realización en los partes trimestrales de asuntos pendientes de la Fiscalía de Toledo. Y todo ello con plena consciencia por parte del expedientado y del perjuicio que la dilación provocaba a la causa y a las entidades denunciantes.

Por todo lo anterior, la FGE considera que el Fiscal de Medio Ambiente de Toledo es responsable de una falta grave y le impone una sanción de 1.500 euros de multa.

Pero el escrito de la FGE tiene otro trascendental contenido. En su página 9 recoge las alegaciones del expedientado que dice para justificarse lo siguiente: “…que consideró conveniente esperar al resultado de las elecciones para emitir el informe por si se producía un cambio de titular en la Consejería….”, que “…se demoró al no ser capaz de detectar si las irregularidades eran meramente administrativas,…”. Y, lo que es más destacable, “que tiene dificultad para dictaminar los asuntos de medio ambiente y urbanismo al resultarle muy complejos, por lo que renunciará al cargo de especialista en la materia”.

Ante los hechos anteriores, que se comentan por sí solos, Ecologistas en Acción considera la situación de una extrema gravedad ya que ponen de manifiesto la indefensión a la que está sometido el medio ambiente de la provincia al tener al cargo de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a una persona que se considera incapaz de entender y de atender las materias de su competencia.

Por este motivo, la organización reclama la urgente sustitución del Fiscal de Medio Ambiente de Toledo por una persona capaz de cumplir las importantes funciones que le son inherentes al cargo.

Por otra parte, los abogados de la asociación estudian más en profundidad las repercusiones de la resolución de la FGE en el caso “Palomarejos Golf”, donde parece que es evidente que la administración de justicia no ha actuado correctamente para perseguir un presunto delito urbanístico de graves consecuencias.

 

Se tiene a disposición de los interesados la resolución sancionadora de la FGE

El Tribunal Supremo confirma que son ilegales las fechas de caza de media veda y de la perdiz con reclamo

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Ecologistas en Acción reclama el cumplimiento inmediato de la sentencia y la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de 2015, eliminando todas las prácticas ilegales e insostenibles que la Consejería se resiste a modificar.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto, en su Sentencia 2703/2016 de 21 de diciembre de 2016, rechazar los recursos de casación interpuestos por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades contra la anterior Sentencia 1/2015 de 2 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la Orden de Vedas 2011-2012.

El TSJ, y ahora también el TS, declaran así la ilegalidad de las fechas fijadas para la caza de perdiz con reclamo y para la media veda por solaparse con el periodo reproductor de las especies objeto de tales prácticas, contraviniendo  los artículos 62.3.b) y 63 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que trasponen preceptos de la Directiva Europea de Protección de Aves Silvestres.

En concreto, el Tribunal Supremo, además de imponer las costas a los recurrentes, declara contrario a derecho y anula el apartado 1.4.1 del artículo 2º de la Orden impugnada, que permitía la caza de la perdiz roja con reclamo durante el mes de febrero y los primeros seis días de marzo, fechas que coinciden con el periodo de reproducción y cría de dicha especie. También se modifica el apartado 1.1, primer párrafo, del mismo artículo 2º, quedando fijados el período hábil de caza en media veda para la caza de la codorniz desde el 30 de agosto hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive; y del 20 de agosto al 30 de septiembre para la caza de la paloma torcaz y tórtola.

La sentencia obliga definitivamente a cambiar las órdenes de veda de Castilla-La Mancha en el sentido fijado y supone un importante precedente para evitar las persistentes malas prácticas cinegéticas, las cuales dañan severamente las poblaciones reproductoras de especies que, a juicio de Ecologistas en Acción, debieran considerarse amenazadas, como la perdiz roja silvestre, la tórtola europea y la codorniz.

A juicio de Jaime Doreste Hernández, letrado de Magerit Abogados, despacho encargado del recurso desde su inicio, “esta sentencia tiene una clara repercusión a escala regional, pero también estatal, ya que el resto de Comunidades Autónomas deberá tomar buena nota de ella y adaptar la regulación relativa a los periodos hábiles de caza en el sentido que apunta el TSJ y ratifica el Supremo. El objetivo es garantizar el respeto a los principios de una utilización razonable y una regulación ecológicamente equilibrada de las especies de aves objeto de aprovechamiento cinegético. Se trata de que no se solapen en ningún caso con el periodo de celo, reproducción y cría de las especies sobre las que se practica la caza, a fin de posibilitar su renovación y la conservación de sus poblaciones”.

Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Comunidades el inmediato e íntegro cumplimiento de la sentencia, ya que hasta ahora sólo había modificado la fecha de la media veda de la tórtola. Además, entiende que ha de modificarse en este sentido la ley de caza de 2015, actualmente en proceso de reforma. Dicha ley contempla toda una serie de prácticas abusivas que, de no eliminarse, abocarían a nuevas denuncias.

La organización, no obstante, sigue apostando por una línea de diálogo y negociación, si bien, para que fructifique, considera necesario que, desde la Junta, se rompa de una vez con la línea continuista del modelo de caza comercial e intensiva bajo el que se redactó la nefasta ley castellano-manchega aún en vigor.

Mochares, coto de caza emblemático en Castilla-La Mancha, sancionado a un año de cierre por aparición de veneno.

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Foto archivo encastillalamancha.es
Foto archivo encastillalamancha.es

La Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo ha notificado a Ecologistas en Acción de Toledo, como parte personada en el expediente sancionador incoado contra el titular de la finca Mochares, la imposición definitiva de una sanción de suspensión de la actividad cinegética de un año por la aparición de veneno dentro del coto.

Aunque no se ha podido acreditar la autoría directa de los hechos, lo que hubiera sido además motivo de  sanción penal, sí ha quedado establecido que en el coto apareció el veneno y alguno de los animales que lo ingirieron murió de forma fulminante en el propio lugar. Ello ha permitido que se haya podido establecer la responsabilidad “in vigilando” del titular de la finca y que se le sancione por no disponer de la vigilancia adecuada ni haber dado aviso de la presencia del veneno.

La sanción está ligada al caso Nambroca, uno de los más graves detectados en España en los últimos años, investigado por los agentes medioambientales en diciembre de 2014 y que permitió la detección de los cadáveres de cinco milanos reales, cuatro aguiluchos laguneros,  un águila ratonera y varios zorros, así como de 16 cebos envenenados con pesticidas según confirmaron las analíticas posteriores.

De las tres fincas en las que aparecieron los animales muertos, Mochares es la única que tiene una intensa actividad cinegética, de hecho en su publicidad se anuncia como coto intensivo y desarrolla numerosas campañas de publicidad a través de invitaciones a personajes destacados y medios de comunicación del sector.

También Mochares era la única de las tres fincas con antecedentes de aparición de casos de veneno, aunque hasta ahora no habían sido sancionados por diferentes defectos en la tramitación de los expedientes.

Un caso tan relevante como éste pone de manifiesto la relación de la caza, y sobre todo sus modalidades más intensivas y publicitadas, con la aparición del veneno como medio para controlar predadores.

Ecologistas en Acción confía que el cierre del coto tenga efectos inmediatos y que sirva de llamada de atención a todos los cotos tentados de hacer uso de venenos u otros métodos de caza ilegales en particular en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, donde por desgracia este tipo de actuaciones siguen produciéndose con demasiada  frecuencia y provocando un daño enorme en la biodiversidad.

EL PARTIDO POPULAR SE ECHA ATRÁS EN SU COMPROMISO DE APROBAR LA JUSTICIA GRATUITA PARA LAS ONG AMBIENTALES

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– De esta forma contradice el anuncio realizado por el ministro de Justicia en el Congreso hace un año.

– El PP se ha negado a aprobar una enmienda de la oposición tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que recogía este punto.

– Las ONG ambientales SEO/BirdLife, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denunciarán al Gobierno español ante la Unión Europea. Crimes-Against-Nature jpg

El Partido Popular se opuso ayer en el Senado a aprobar una enmienda presentada por la oposición (PSOE, IU y Entesa) para eliminar las trabas al acceso a la justicia en materia medioambiental. Esta enmienda, que defiende el acceso a la justicia gratuita para las ONG ambientales -las mejores garantes de la protección ambiental en los tribunales-, no sólo tenía por objeto cumplir con la directiva europea de acceso a la justicia, sino también eliminar las trabas que puso el propio PP con la Ley de tasas.

Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, “nos ha sorprendido el bloqueo por parte del Partido Popular en el Senado ya que tanto el ministro Arias Cañete como la actual ministra se comprometieron a actuar y a reconocer este derecho de las ONG ambientales; el propio ministro Gallardón anunció la justicia gratuita en materia medioambiental en el Congreso, y así lo recogen las actas”.

Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, considera que “este es un paso más en la política del Gobierno y del Partido Popular de poner trabas a los ciudadanos para dificultarnos el acceso a la justicia. En el caso del medio ambiente, además, lo hacen en contra de la legislación europea”.

“Esta decisión del Partido Popular nos obliga a llevar este caso ante la UE. Es triste que en nuestro sistema legal los diputados y senadores puedan votar a sabiendas de que algo es injusto e ilegal y no se pueda hacer nada más” ha declarado Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.

Por su parte, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, señala que “en su momento aplaudimos la decisión de Gallardón de asegurar la justicia gratuita a las ONG ambientales, pero ahora comprobamos que, lamentablemente, el Gobierno incumplirá este importante compromiso. Esto nos desarmará en la defensa del bien común y en el del derecho de todos los españoles a un medio ambiente adecuado, recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución”.

El acceso a la justicia en materia ambiental es un derecho consolidado desde la ratificación del Convenio de Aarhus por parte de España y de la Unión Europea que se ve vulnerado por la Ley de Tasas y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa. Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a Reino Unido por ser la justicia en materia ambiental demasiado onerosa para los recurrentes y demasiado imprevisible.