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Paso decisivo para una reforma en profundidad de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha

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BatidaJabaliPLATAFORMA CONTRA LA LEY DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA
Nota de prensa a 28 de julio de 2017

La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha acoge con esperanza el paso decisivo que se ha producido hoy en la tramitación de la reforma de la Ley 3/2015.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y el envío al Consejo Consultivo del proyecto de ley de modificación de la ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha el proceso entra en su recta final y se abre la vía para que en un marco de búsqueda de acuerdos entre partidos políticos y la Plataforma se termine de cambiar el texto de una ley que se impuso para favorecer de forma descarada al lobby cinegético y que nunca debió ver la luz.
La Plataforma hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que dialoguen entre ellos y con la sociedad civil y ultimen un texto que todavía precisa de importantes mejoras. En este sentido la Plataforma recuerda que si bien una parte de sus propuestas y alegaciones ya se ven reflejadas en el texto, otra parte no menos importante no se ha modificado y precisa por tanto de modificación en sede parlamentaria.
Entre los aspectos que el anteproyecto no recoge y que habrán de ser objeto de debate están cuestiones tan importantes como la desincentivación de la caza intensiva y la revisión de la figura del cuartel de caza comercial,  principales motores de la ley de caza del Gobierno de  Cospedal y causantes de los mayores impactos negativos de la ley. También deberá considerarse la prohibición de autorizar la caza de animales domésticos, las modalidades o métodos crueles, masivos o con impacto negativo en las especies y espacios protegidos, el respeto a la normativa y a las sentencias judiciales que afectan a la caza y la mejora de la vigilancia y de las sanciones para evitar conductas ilegales. Se precisa por otro lado garantizar el respeto y la seguridad en el uso público del monte y la no afectación de la caza a las actividades forestales, agrarias, de ocio, deporte o ecoturismo.
La Plataforma trabaja ya para reunirse con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha al objeto de trasladarle sus reivindicaciones y de ofrecerles toda la justificación y apoyo social que avala las mismas.
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La Plataforma Contra la Ley de Caza presenta sus alegaciones para que la reforma de la ley sea de verdad y en profundidad.

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La Plataforma contra la ley de caza de Castilla-La Mancha ha terminado de entregar las alegaciones que las entidades que la conforman han consensuado para hacer frente común ante la recta final del proceso de reforma de la retrógrada ley de caza vigente desde 2015.

Las alegaciones han sido suscritas por al menos 46 entidades, algunas de ellas que no forman parte de la Plataforma pero que comparten su criterio entorno al documento de alegaciones. Considerando que entre estas entidades hay a su vez federaciones y plataformas, en total las entidades individuales representadas en estas alegaciones estaría muy cerca de las 100.

La Plataforma valora muy positivamente el consenso y apoyo recibido, ya que si lo unimos a la exitosa recogida de firmas y que alcanzó 117.621 firmas en change.org, estamos ante la una de las mayores campañas de movilización habidas en Castilla-La Mancha en toda su historia.

Por ello, y porque los argumentos de las alegaciones son sólidos tanto desde el punto de vista técnico y científico como social y económico, la Plataforma exige a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Gobierno de Castilla-La Mancha que profundice en la reforma de la ley, ya que el texto actual se queda muy corto respecto de las expectativas creadas.

La Plataforma no se conforma con una reforma de alcance limitado y que mantiene buena parte de los privilegios que injustamente se dan a los cazadores, así como el incentivo a la caza comercial e intensiva.

No es de recibo que se bajen las sanciones a la caza a la mitad de lo que eran en la ley de 1993, ni que ahora se quiera eximir a muchos de ellos de pagar las tasas o de hacer el examen del cazador. Pero aún menos lo es que en paralelo no se les exija cuestiones básicas de respeto en materia de medio ambiente, del bienestar animal o del uso público del medio natural.

Ahora quienes representan a los cazadores en la llamada Mesa de la Caza se hacen los ofendidos e invocan posibles movilizaciones. Olvidando su responsabilidad en que la ley de caza sea ahora la más retrograda de España y que haya habido que afrontar una reforma que no hubiera sido necesaria si no hubieran impuesto al Gobierno anterior, y este lo aceptase con gusto, condiciones de privilegio, de no diálogo con otras entidades y de aprobar todas y cada una de las exigencias del sector, hasta las más peregrinas e ilegales. Por eso en la ley actual se sanciona muy gravemente por molestar, aunque sea inadvertidamente, a la caza. Se facilitan y promueven prácticas tan dañinas como el control de predadores, el lanceo, el abatir animales domésticos o los cuarteles de caza comercial. O se abre la mano a más vallados, a daños a especies y espacios protegidos o a cazar prácticamente todo el año.

Para la presentación de alegaciones la Plataforma facilitó un escrito resumen de dos páginas que contiene las medidas y objetivos principales. Por otra parte, ha elaborado un documento más extenso, de 50 páginas, que revisa artículo por artículo la ley, con el objetivo de adecuarla debidamente. Tal vez hubiera sido más fácil hacer una ley nueva, pero desgraciadamente se acordó el modelo de reforma y esto está dificultando todo el proceso.

La Plataforma en todo caso anima a que todos los interesados sigan presentando las alegaciones y a que se sumen a sus reivindicaciones.

Las alegaciones de la Plataforma se resumen en los siguientes catorce puntos.

  1. Que se amplíen las zonas de seguridad y que se señalicen adecuadamente a costa de los titulares de los cotos.
  2. Que se sancione como infracción muy grave la caza en zonas de seguridad y la obstaculización por causa de la caza del libre tránsito por vías y zonas públicas.
  3. Que se publiquen con antelación suficiente las fechas y las zonas de celebración de cacerías organizadas.
  4. Que se remita toda la regulación concerniente a animales domésticos a la futura nueva ley de protección y bienestar animal ya anunciada, incluida la de los denominados “asilvestrados” término que en todo caso debe eliminarse de la ley de caza.
  5. Que no se permitan medios o sistemas de caza que sean especialmente peligrosos para las personas o para la fauna, que sean masivos o que atenten contra el bienestar animal o la conservación de especies amenazadas. Entre ellos particularmente la caza con hurón, la caza de aves en época de cría o migración, la caza de hembras acompañadas de crías, el perro de madriguera, la caza nocturna, la caza al atardecer o al amanecer, la caza en zonas incendiadas, la cetrería o la caza de acuáticas.
  6. Que se elimine la figura de cuartel de caza comercial y que, en todo caso, no se permita la realización de caza intensiva en los espacios protegidos y de la red Natura 2000.
  7. Que se garantice la seguridad y las potestades de los agentes medioambientales y que se les informe puntualmente de las resoluciones de todo tipo que afecten a los cotos de su demarcación.
  8. Que se incrementen las inspecciones, incluidos controles de alcoholemia y drogas, y las sanciones por cazar sin estar en condiciones físicas adecuadas o sin cumplir las normas de seguridad en el manejo de las armas.
  9. Que se suba la edad mínima para cazar a la mayoría de edad.
  10. Que las sanciones aumenten su cuantía y no sean discrecionales. Que toda sanción grave o muy grave lleve aparejada siempre, además de la multa, la retirada de permisos o de las autorizaciones que correspondan al coto, al cazador o a los guardas y auxiliares de caza.
  11. Que se prohíban los reclamos y atrayentes, así como especialmente los comederos, cebaderos o la aportación de alimentación suplementaria para fomentar de forma artificial las poblaciones de especies de caza o para facilitar la caza misma.
  12. Que por sus perniciosos efectos para el medio ambiente y las especies se prohíba la munición de plomo y que para que tal medida sea efectiva en un plazo corto se elabore una estrategia de sustitución por alternativas no tóxicas, atendiendo a las recomendaciones de carácter internacional sobre la necesidad de eliminar el plomo en la munición.
  13. Que se dé como máximo un plazo de un año improrrogable para adecuar los vallados existentes y las zonas de caza a la legislación modificada que se apruebe.
  14. Que se amplíen y mejoren las definiciones de la ley, en particular los términos “modalidad de caza”, “métodos excepcionales”, “tradicional”, “capacidad de carga” y “perjuicios graves e importantes”.

La Plataforma contra la Ley de Caza la conforman actualmente:

Ecologistas en Acción (federación regional de CLM y las cinco federaciones provinciales de Ecologistas en Acción), Ardeidas, Sociedad Albacetense de Ornitología, Esparvel, Attac CLM, CCOO-CLM, Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla – La Mancha, Coordinadora Regional de Agentes Forestales de CC OO, FSP-UGT_Clm, Plataforma Ibérica de Defensa de los Caminos Públicos, Plataforma Caminos Públicos de Toledo, Federación de Deportes de Montaña de CLM, APATA (Talavera), APADAT (Toledo), Mirada Animal, Cuenca Animal, El Arca de Noé (AB), ANDA, Plataforma de Defensa del Tajo de Toledo, Colectivo Tierra Llana de Albacete, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, EQUO Castilla-La Mancha, Partido Castellano, Podemos Toledo, CAVE-Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo, Observatorio Justicia y Defensa Animal, FEBA, empresarios de turismo rural, apicultores, agricultores y ganaderos a título individual.

EL DEBATE PÚBLICO DE LA LEY DE CAZA EMPIEZA MAL

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1930s Rabbit hunters X32Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo de Castilla La Mancha que no se pongan trabas a la participación y al debate público en la tramitación de la reforma de la ley de caza.

El comienzo del periodo de exposición pública de la reforma de la ley de caza ha comenzado con una serie de decisiones que dificultan la participación y el debate, sobre todo de los colectivos sociales de carácter ambiental.

Ya fue llamativo que en pleno mes de agosto se diera inicio a la fase de exposición pública de la reforma de la ley de caza. De siempre ese mes ha sido el elegido por las administraciones para iniciativas que pudieran tener algún tipo de contestación social. La agosticidad en los procesos de participación pública es una mala práctica que ya ha sido numerosas veces criticada.

No obstante, se confiaba en que los siguientes pasos que se dieran en la tramitación de la reforma de la ley de caza serían más abiertos y transparentes. Sin embargo, al menos los primeros, no lo están siendo.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de sus direcciones provinciales, ha comenzado a convocar a los Consejos Provinciales de Caza con vistas a su vez a realizar una rápida convocatoria del Consejo Regional de Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente.

Algunos de estos Consejos, por ejemplo el de Toledo, se ha convocado por la vía de urgencia, avisando con sólo tres días de margen para analizar la documentación y plantear una postura consensuada dentro del ámbito que cada representante en el mismo ostente. El lunes pasado llegó una convocatoria para acudir hoy jueves al citado Consejo, lo que motivó que Ecologistas en Acción pidiera un aplazamiento pues era materialmente imposible organizar la asistencia en condiciones adecuadas.

La solicitud ha sido rechazada y eso ha motivado que en el Consejo Provincial de Caza la silla de los representantes de las organizaciones ambientales estuviera vacía.

La situación dada en Toledo es especialmente grave, por cuanto es bien conocida la incidencia de esta provincia en materia cinegética, y, además, se ha sabido que los motivos de urgencia aducidos para la convocatoria no eran ciertos, puesto que en provincias como Guadalajara el consejo provincial se reunirá el 27 de septiembre.

Otro grave problema detectado en la convocatoria de los Consejos Provinciales es que junto a la reforma de la ley se ha incorporado otros punto del orden del día, la ampliación de los métodos de captura para control de depredadores y animales domésticos. Una propuesta que pretende legalizar determinados modelos de cajas trampa y lazos para ser usados por los guardas de los cotos de caza.  Se ha remitido el borrador de la orden, pero no los estudios que supone que avalan su uso, por lo que se oculta información esencial para opinar sobre el tema en cuestión.

Si los primeros pasos en el proceso de participación pública de la ley de caza no van por buen camino, tampoco parece que en los próximos se vaya a mejorar. Todo apunta a que la Consejería, en su ánimo de acelerar el proceso, tiene intención de convocar los Consejos regionales de caza y de medio ambiente sin que todavía esté abierto el plazo de alegaciones oficiales y sin que se puedan conocer las que presenten para debatirlas en los citados consejos.

Esta mala práctica, avalada por unos servicios jurídicos que sorprenden una y otra vez con informes más dignos de otros tiempos que de los actuales, dificulta sobremanera el debate público y la búsqueda de soluciones acordadas sobre puntos en conflicto.

Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Regional, y a las direcciones provinciales, que faciliten un proceso abierto y transparente que permita una participación pública real y que no beneficie a los colectivos profesionalizados o con interés económico del mundo de la caza. Hay que realizar las convocatorias de los consejos de participación con tiempo, aportando toda la documentación necesaria sobre los puntos del orden del día, y hay que sustanciar el periodo de información pública antes de que se reúna el Consejo Regional de Medio Ambiente.

Respetando una mínimas reglas de juego consideramos que el proceso no sólo será mejor, sino que podrá seguir siendo ágil con vistas a que la reforma de la ley llegue cuanto antes al debate parlamentario.