AGROALIMENTACIÓN

CASTILLA LA MANCHA SE PUEDE QUEDAR SIN POLINIZADORES SI NO SE TOMAN MEDIDAS URGENTES. 

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Bee_in_flowerEcologistas en Acción advierte de las graves consecuencias ambientales sociales y económicas de la reducción de los insectos polinizadores.

Las malas prácticas agrícolas, el uso de herbicidas en zonas verdes, carreteras y jardines particulares son los mayores factores de amenaza en la región. Ecologistas en Acción demanda una estrategia regional de protección y recuperación de los polinizadores, la prohibición inmediata del glifosato y el reenfoque de las ayudas comunitarias para evitar que las prácticas agrícolas intensivas sigan destruyendo biodiversidad.

  • Con motivo del el Día Mundial de las Abejas (20 de mayo) y del Día Mundial de la Biodiversidad (22 de mayo), Ecologistas en Acción advierte de la importante regresión de las poblaciones de insectos polinizadores. 
  • La organización ecologista reclama a las administraciones españolas que adopten medidas urgentes para asegurar la conservación de estos animales, ya que la reducción de la polinización pone en riesgo la biodiversidad pero también los múltiples beneficios que generan, como la producción de nuestros alimentos.

La polinización constituye un proceso fundamental en los ecosistemas terrestres. Es vital para la conservación de los ecosistemas y para la producción de alimentos. Se calcula que el 87,5 % (aproximadamente 308.000 especies) de las plantas silvestres con flores del mundo dependen, al menos parcialmente, de la polinización realizada por animales.

La polinización genera también múltiples beneficios para las personas, destacando la obtención de alimentos. En España alrededor del 70 % de los cultivos para consumo humano dependen de los insectos que desarrollan la polinización. Además nos ofrecen otros productos como miel, cera o medicamentos y contribuyen directamente a la producción de fibras como el algodón y el lino o materiales de construcción como la madera.

El servicio esencial que ofrecen los polinizadores en la oferta de alimentos se valora en 500.000 millones de dólares a nivel mundial, 22.000 millones de euros para la agricultura europea y más de 2.400 millones de euros para la agricultura española. En los últimos cinco decenios el volumen de producción de cultivos que dependen de los polinizadores ha aumentado a nivel mundial en un 300%, de modo que nuestra subsistencia está cada vez más supeditada a la polinización.

En las latitudes templadas, como las que ocupa España, son los insectos quienes llevan a cabo la mayoría de la polinización. Nuestro territorio es una de las zonas con mayor diversidad de estas especies de toda Europa lo que ha venido asegurando el éxito de la polinización hasta ahora, contando con más de 7.000 especies de dípteros, 4.000 de lepidópteros, 9.500 de himenópteros y más de 10.000 coleópteros que realizan esta función.

Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se ha comprobado que existe una marcada disminución de las poblaciones de insectos polinizadores. Una reciente revisión de estudios estima que en los últimos 27 años las poblaciones de insectos voladores se han reducido en un 76 %. La mitad de las especies de insectos están disminuyendo rápidamente y al menos un tercio se encuentran en peligro de extinción. Esta pérdida de insectos polinizadores puede llevarnos a una situación con consecuencias catastróficas, dado que se pone en juego el buen funcionamiento de los ecosistemas y la producción de nuestros propios alimentos.

Las principales amenazas para los insectos polinizadores proceden de las actividades humanas como la fragmentación de hábitats, el cambio en el uso de la tierra, los productos químicos agrícolas e industriales, los parásitos y las enfermedades, las especies exóticas invasoras, las colisiones en carreteras, el cambio climático y diversas prácticas agrícolas.

La conservación y recuperación de estas especies es fundamental para el futuro del planeta tal y como lo conocemos. Las administraciones deben tomar medidas eficaces para luchar contra sus principales amenazas.

Ecologistas en Acción reclama la adopción urgente de las siguientes medidas:

– Recuperar y conservar hábitats favorables para los polinizadores mediante buenas prácticas agrícolas que permitan mantener la disponibilidad de flores, fomentar la agricultura ecológica y limitar los cambios de usos del suelo, especialmente en la agricultura intensiva.

– Reducir en un 50 % la utilización de plaguicidas para el año 2023, no autorizando de forma excepcional, como se hace en la actualidad, productos tóxicos prohibidos.

– Control para evitar la introducción de nuevas especies exóticas invasoras y la propagación de las ya introducidas.

– Promover iniciativas que aumenten la disponibilidad de flores y recursos para la nidificación de estos insectos en el medio silvestre, áreas agrícolas, entorno de carreteras y ciudades.

– Promover la educación y la sensibilización en los sectores público y privado sobre los múltiples valores de los polinizadores y sus hábitats.

– Mejorar los instrumentos que sirven de apoyo para la adopción de decisiones para implementar medidas prácticas para evitar la disminución de los polinizadores.

– Incrementar la investigación sobre las especies polinizadoras y su adecuada conservación.

El descenso de las poblaciones de polinizadores supondrá luna reducción de la polinización, lo cual afectará al mantenimiento de la biodiversidad de plantas silvestres, a la estabilidad de los ecosistemas, a la producción de los cultivos, a la seguridad alimentaria y al bienestar humano. Por ello Ecologistas en Acción, iniciará una campaña en redes sociales para informar sobre la importancia de la conservación de estos insectos.

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DENUNCIADA POR ILEGAL LA VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA EL PUY DU FOU EN TOLEDO

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La venta de entradas debiera suspenderse y se debiera devolver el dinero recaudado hasta ahora

Continúan acumulándose las irregularidades en las que incurre el proyecto de parque temático Puy du Fou en Toledo. Ahora llega el turno de la venta anticipada de entradas.

Miembros del Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou han venido comprobando que desde que el 19 de febrero se inició la venta anticipada que ha puesto en marcha la empresa promotora para el espectáculo nocturno que prevé su inauguración en agosto de 2019, ésta no contiene un elemento esencial para ser llevada a cabo conforme a la normativa: las condiciones generales de venta.

Estas condiciones, a las que todo el que compre entradas debe tener acceso en cumplimiento de la normativa de protección del consumidor, máxime cuando se trata de un proyecto en ejecución y que sobre el que pende la acción de los tribunales de justicia, no están incorporadas a la web habilitada por Puy du Fou España. Si se intenta descargarlas, la web da un error por ausencia del documento: “¡Ups! La página que buscas no se puede encontrar”

Ante la duda de que esta situación pudiera ser debidamente tramitada por el órgano responsable, la Dirección General de Salud Pública y Consumo de Castilla-a Mancha, un miembro del Movimiento trasladó la consulta a la organización de consumidores FACUA, que tras comprobar los hechos ha remitido con fecha 9 de mayo de 2019 una denuncia contra Puy du Fou España por incumplimiento flagrante de la Ley para la defensa de los Consumidores y Usuarios en la venta anticipada de entradas.

Una vez más, Puy du Fou hace mal las cosas, y una vez más, tiene que ser el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou quien denuncie. En esta situación procede que de forma inmediata se suspenda la venta anticipada de entradas y que la empresa ofrezca, a quienes las hayan reservado ya, la devolución íntegra de lo pagado.

Cabe preguntarse de nuevo donde está el Gobierno de Castilla-La Mancha, presunto valedor de la integridad legal del proyecto. La respuesta es sencilla, mirando al mismo sitio que cuando se denunció el uso ilegal de agua para la obra.

Reclamamos de Puy du Fou y del Gobierno una rectificación y una solución inmediata. No cabe esperar otra cosa, al menos para que quienes de buena fe hayan comprado entradas no se vean desprotegidos.

El proyecto sigue sin reunir garantías de legalidad, tampoco en algo tan elemental como la venta de entradas y la protección de los derechos de los consumidores. La ciudadanía sigue desprotegida ante un Gobierno y una empresa que no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades, por mucho que el marketing político y empresarial traten de ocultarlo.

Nos preguntamos si de nuevo Puy du Fou esquivará las sanciones que en justicia le corresponden, como parece que va a ocurrir con el uso ilegal de agua del Tajo.

Se adjunta captura de pantalla de la web de venta de entradas de Puy du Fou España del 11 de mayo de 2019

Pueblos de toda Castilla-La Mancha se manifiestan el domingo en Toledo para exigir una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas

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Cartel10Marzo2019– El 10 de marzo a las 12.00 horas más de 20 plataformas vecinales agrupadas en la plataforma regional CLM Stop Macrogranjas se concentrarán en la Plaza Zocodover de Toledo para hacer un recorrido a pie por el centro de la ciudad exigiendo una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas.

-Ahora que tanto se habla de despoblación rural, los vecinos de los pueblos de CLM reclaman que se limiten las actividades de ganadería industrial tan perjudiciales para los municipios, ya que aumentan el éxodo a las ciudades, ahuyentan otras alternativas de negocio y hacen que la vida en los pueblos sea inviable, impidiendo que se desarrollen y lleguen nuevos habitantes.

Los pueblos de Castilla-La Mancha no cesan en sus reivindicaciones por mantener sus pueblos libres de la amenaza de la ganadería industrial intensiva, por eso el domingo 10 de marzo a las 12.00 de la mañana se concentrarán en la plaza Zocodover de la capital toledana, desde allí marcharán pasando por las calles Comercio, Hombre de Palo, Nuncio Viejo, Cardenal Lorenzana, Plaza San Vicente, calle La Plata, Toledo de Ohio, y vuelta por la Calle Comercio para regresar a la Plaza Zocodover donde se leerá un manifiesto.

Desde CLM Stop Macrogranjas, solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente una rigurosidad absoluta en los procesos de evaluación ambiental de las solicitudes de instalación de ganadería industrial. En palabras de Daniel González, portavoz de la Plataforma, “tenemos una legislación ambiental ya de por sí muy laxa, por ello muchos proyectos vienen a nuestro territorio, pero es que además, a ello se une una mala aplicación por parte de la administración regional, como podemos constatar en las distintas sentencias que hemos conocido recientemente, que nos dan la razón en cuanto a que muchos proyectos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa y el órgano ambiental les ha dado el visto bueno, como los casos de Huerta de la Obispalía y Cañete. A esto se añade la falta de transparencia que ha constatado el Tribunal Superior de Justicia, el cual ha reclamado a la Junta de Comunidades en distintas ocasiones que entregue la documentación solicitada de los expedientes administrativos cuyo plazo de entrega finalizó sin que las solicitudes de información fueran atendidas”.

Dada la actual proliferación masiva e incontrolada de solicitudes, lo más acertado y lo que reclama la Plataforma CLM Stop Macrogranjas es hacer unaplanificación estratégica del sector, tal y como se ha hecho con la ganadería extensiva, examinando y definiendo previamente hasta dónde se puede llegar con la ganadería industrial, para poder controlar la multitud de efectos adversos que tiene en cuanto a la salud, la contaminación del aire, el suelo y el agua, un bien cada vez más escaso. Mientras, atendiendo al principio de precaución, se debería aprobar una MORATORIA: una suspensión de autorizaciones ambientales, como ya han hecho muchos ayuntamientos en materia urbanística, hasta que se tengan los datos definitivos y una planificación ordenada del territorio, competencia obviamente del gobierno regional.

Lamentamos las facilidades que encuentra este modelo de explotación ganadera industrializado por parte de la Consejería a sabiendas de las afecciones que provoca tanto en el medio ambiente como en la salud pública, sobre todo después de la experiencia sucedida en otros pueblos, la cual demuestra la pérdida de población y la precariedad laboral en el sector. Por otro lado, hacemos hincapié en que no sirve de nada bajar el número de animales por explotación, ya que de esta manera se facilita aún antes la autorización ambiental sin necesidad de DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para más tarde solicitar ampliaciones, tal y como viene ocurriendo en diferentes municipios, con lo cual el resultado final es el mismo: más animales, más consumo de agua, más contaminación y más perjuicios para el mundo rural.

CLM Stop Macrogranjas está compuesta por: Plataforma Cívica de Gamonal (Toledo), Plataforma Stop Macrogranjas Lucillos (Toledo) Stop macrogranjas Pueblos Vivos de Cuenca (movimientos vecinales de Priego, Cañete, Fuentes, Villanueva de la Jara, Pozorrubielos de la Mancha, Carboneras de Guadazaón, Torrejoncilló del Rey, Campillo de Altobuey, Reillo, Tarancón, Belinchón, Almendros, Tinajas, Mota del Cuervo y Ecologistas en Acción Cuenca, Serranía Limpia y Viva), Plataforma No a la macrogranja en Pozuelo y Argamasón (Albacete), Plataforma Salvemos Meca y sus comarcas (Albacete), Plataforma Stop Ganadería Intensiva Porcina de Villamalea (Albacete) Ecologistas en Acción Albacete, Plataforma Stop Macrogranjas Comarca de Molina de Aragón (Guadalajara), Ecologistas en Acción Guadalajara, Asociación Plataforma Retamoso Sostenible (Toledo), Plataforma Ciudadana Salvemos el Arabí y Comarca (Yecla, Murcia), Plataforma Cívica Guadamur No a las Balsas de Purines (Toledo), Ardeidas (Talavera), Ecologistas en Acción Talavera de la Reina.

 

Denunciamos la deriva anti-ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha

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  • Ecologistas en Acción no suscribirá el Pacto Regional del Agua, duda de la capacidad de Castilla-La Mancha para proteger la salud de su ciudadanía y su patrimonio natural, y reclama a Page que se respete a quien discrepa de sus decisiones.

 

  • Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia

A lo largo de este fin de semana se ha celebrado en la localidad de El Provencio (Cuenca) la vigésima asamblea regional de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

A la misma han asistido los representantes de las distintas federaciones provinciales así como de grupos locales y comarcales. Entre ellos los del nuevo grupo de Ecologistas en Acción de la Cuenca del Záncara cuya creación muestra la vitalidad de la única federación ecologista de ámbito regional.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho un balance muy positivo de estos 20 años de existencia en los que los grupos que conformaron la federación se han consolidado y, además, se han ido incorporando otros nuevos. Pero lo que es más importante es que hoy por hoy la asociación es un sólido referente de la defensa del medio ambiente en Castilla-La Mancha al que todo tipo de entidades y la ciudadanía en general se puede dirigir para hacer frente a cualquier situación de carácter ambiental.

Pero en una entidad como Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha hay poco tiempo para celebraciones y la asamblea necesariamente se ha centrado en las cuestiones formales y de interés que conformaban el orden del día. Del resultado de las deliberaciones se destacan a continuación las principales conclusiones.

–          Constatar que el Gobierno regional, tras un inicio de legislatura prometedor en algunos aspectos, está dando cada vez más la espalda al medio ambiente y está alcanzado cotas y llevando a cabo acciones que recuerdan a las de Gobiernos anteriores.

–          Especialmente lamentable es la contribución desde la portavocía del Gobierno al clima de acoso y menosprecio que sufren quienes defienden el medio ambiente desde posiciones discrepantes a las del propio ejecutivo o a las de entidades con intereses meramente económicos. El caso del trato dado al Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou es uno de los que ejemplifican esa situación, y desde aquí nos solidarizamos con dicho colectivo. También lo hacemos con quienes defienden pueblos sin malos humos, un espacio rural con personas y conciencia, la protección de la salud o del agua frente a los distintos tipos de contaminación, la conservación de la naturaleza o con quienes defienden el uso público de los espacios naturales frente a los privilegios dados a la caza o a latifundistas.

–          Reclamar del Gobierno y, en particular a quien lo dirige, que se recupere de inmediato un talante democrático y de respeto a toda la ciudadanía que nunca se debiera haber perdido, en especial a la que discrepa. En los últimos tiempos se han incrementado las acciones de acoso a activistas medioambientales y a simples ciudadanas y ciudadanos que sólo pretenden un mundo y una Castilla-La Mancha mejor. Esto se tiene que acabar y el Gobierno debe dar ejemplo, no contribuir a alimentar este tipo de situaciones.

–          Las decisiones del Gobierno regional sobre diversos temas de interés público están afectando muy negativamente al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos, y no son coherentes con su posición cuando de lo que se trata es de reclamar a otros sus responsabilidades.

–          No son de recibo, están fuertemente contestadas y deben por ello ser reconsideradas, las decisiones de apoyar la instalación masiva de macrogranjas porcinas, de no poner coto a las emisiones que asfixian nuestros pueblos, de favorecer la instalación de macrovertederos de residuos industriales, de apoyar la caza frente a la conservación de la naturaleza y al desarrollo de actividades sostenibles, de aprobar proyectos como el parque temático Puy du Fou o la mina de fosfatos de Fontanarejo, o de ceder a las presiones y mantener bloqueada la aprobación de la ley de protección y bienestar animal o la estrategia de agricultura ecológica. Tampoco que se redefina la educación ambiental para impulsar un concepto erróneo del desarrollo sostenible.

–          En este contexto, de falta de confianza hacia las políticas y acciones ambientales del Gobierno, es del todo imposible que Ecologistas en Acción suscriba un Pacto Regional del Agua que se ofrece, además, en unas circunstancias que pueden entenderse con tintes electoralistas. Y, lo que es más trascendente, con unos contenidos que no marcan otra senda que la de seguir con el despilfarro del agua en la agricultura y ganadería intensivas o en proyectos declarados de singular interés.

–          También se pone en entredicho la capacidad del Gobierno regional de asumir la gestión de los parques nacionales, de aumentar la red de espacios protegidos o de dotar a los parques naturales y a la Red Natura 2000 de los planes de uso y gestión que se requieren para garantizar su conservación y uso público.

–          Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha exhorta a un giro de verdad en las políticas de desarrollo y a un impulso cierto de las medioambientales, así como a la creación de un marco regional que garantice el derecho al medio ambiente y a la protección de la defensa medioambiental. También a dotar de medios humanos y de independencia a una Viceconsejería de Medio Ambiente a la que no se le ha permitido cumplir con su cometido.

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

NUEVAS IRREGULARIDADES, CONTRADICCIONES Y FALSEDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL PSI DEL PUY DU FOU

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Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha hecho entrega de las alegaciones al segundo periodo de información pública al que se ha visto obligado a someterse el Proyecto de Singular Interés y la tramitación ambiental del Parque Temático que Puy du Fou España pretende instalar en el municipio de Toledo.

El documento dirigido la Consejería de Fomento de Castila-La Mancha consta de 90 páginas y 38 alegaciones superando en extensión las primeras alegaciones presentadas en abril pasado.

En el contenido del documento se pone de manifiesto que no sólo no se han solventado las cuestiones alegadas en el primer periodo de información pública, sino que se han añadido otras nuevas.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha constatado, y así lo expresa en las alegaciones, que el PSI presenta nuevas irregularidades en su tramitación, nuevos motivos de inseguridad jurídica, contradicciones en los datos respecto a los ofrecidos anteriormente y un análisis tendencioso que falsea la realidad del impacto social, económico y medioambiental del proyecto para facilitar su tramitación.

Si en el periodo de información pública anterior ya quedó patente que las cosas no se estaban haciendo bien ni por parte de la empresa promotora ni por parte del Gobierno Regional ni por parte del Ayuntamiento, en este segundo periodo las cosas se están haciendo aún peor.

Los aspectos novedosos y más importantes de las alegaciones son los siguientes:

Misma inseguridad jurídica en el ámbito urbanístico
Si en el primer periodo de información pública ya se constató que el PSI no se podía tramitar ante la incertidumbre generada por la sentencia que anulaba el POM de 2007, en esta ocasión la misma incertidumbre viene provocada por la tramitación simultánea y sin que medie aprobación previa de la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de Toledo del año 1986. Modificación llamada a convertirse, como señala el propio ayuntamiento, en un texto refundido del PGOU de 1986 que recoja todas las modificaciones habidas del mismo y lo adapte a la legislación vigente. Esto es, la M.P. nº 29 va a ser el nuevo POM, y sin que esté aprobado ni evaluado ambientalmente se pretende aprobar el PSI.

La información pública es manifiestamente incorrecta
En su ánimo de beneficiar a la empresa, el Gobierno a través de las Consejerías de Fomento y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha forzado para que se someta a información pública el proyecto de Parque Temático junto con su tramitación ambiental. Sin embargo en la resolución publicada en el DOCM no se indica expresamente los efectos exactos a los que se refiere esa tramitación ambiental. Además, según la legislación de evaluación ambiental, al tratarse de un proyecto, sólo implicaría a la evaluación de impacto ambiental del mismo. Eso no incluye ni puede incluir la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Urbanística del PGMOU de 1986 para acoger el PSI del Puy du Fou, ya que este documento es un plan a efectos ambientales y no un proyecto.

Se genera indefensión en los alegantes
La tramitación simultánea del PSI con su evaluación de impacto ambiental, con la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual para el PSI y con la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de 1986 y su propia evaluación ambiental supone que trámites que irán generando resoluciones que afectan a pasos posteriores del procedimiento no puedan ser conocidos ni alegados con antelación a la aprobación del PSI. El Gobierno esconde así en favor de la empresa resoluciones aprobatorias o denegatorias y declaraciones ambientales que debían ser de conocimiento público de cara a las alegaciones al PSI.

Datos cambiantes ponen en duda la Declaración de Interés Regional
La comparación de la documentación que en sucesivas oleadas ha ido presentando el promotor para superar los distintos pasos de la tramitación ofrece cambios muy significativos que ponen en cuestión la validez de los informes en los que se basó el Gobierno Regional para otorgar la Declaración de Interés Regional en agosto de 2017.
De entre todos, llaman poderosamente la atención los de contenido social, económico y financiero profusamente alegados por el Movimiento. Pero sobre todo uno, el dato del empleo.
En el segundo proyecto analizado se produce una disminución de los empleos directos en casi un 80 % y de casi un 60% de los indirectos respecto de los que manejó el Gobierno para establecer la DIR. En datos globales se ve también de forma llamativa, en la DIR se manejaba una previsión de 7.896 empleos en 2.028 y ahora esa previsión es de 3.329 para el mismo año, un 65% de disminución.

Datos contradictorios y análisis tendenciosos que falsean la realidad
Sin que el promotor ni el Gobierno hayan demostrado todavía que el Puy du Fou sea compatible y cumple con lo establecido en materia urbanística, de agua, de incendios forestales, de ruido, de protección del paisaje y de impacto medio ambiental, el contenido de la documentación del PSI muestra cómo se sigue utilizando y dosificando la información según le conviene. Por ejemplo, el promotor manifiesta haber renunciado a pedir la modificación de la ordenanza del ruido. Pero, si como dice en su respuesta a las alegaciones, el ruido es precisamente el motivo de que no se haya emplazado el proyecto en suelo no protegido, ¿cómo va a ser compatible con las especiales condiciones de tranquilidad que han de reinar en un espacio rural o con las urbanizaciones y viviendas cercanas en Toledo, Guadamur y Argés? ¿Cómo va a hacer para que el espectáculo nocturno cumpla con los horarios y niveles de protección acústica? El proyecto no sólo no explica estas cuestiones, sino que pasa de puntillas sobre la cuestión de los horarios o de que todas las noches terminará las actuaciones con una traca de ocho detonaciones a 120 metros de altura y con más de 105 decibelios.

En conclusión, el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou considera que dadas las alegaciones lo que procede es la denegación del PSI, pero tampoco sería de extrañar que en una nueva pirueta administrativa se evite afrontar el problema de fondo remitiendo el proyecto a una tercera información pública.

Enlace a las ALEGACIONES: https://drive.google.com/file/d/1LCXeeE-UJyPbvto7-b9IA02318zR9KMp/view?usp=sharing

Las organizaciones ambientales reclaman rehacer el Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha para cumplir con Europa

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España muestran su interés por mejorar la política de aguas autonómica en el marco de la normativa europea, si bien, consideran contradictorio el contenido del documento e inadecuado en su planteamiento. Para dar solución a los problemas, las propuestas únicamente se dirigen hacia otras administraciones y regiones. 
  • Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo incluir compromisos en relación con las numerosas competencias del ejecutivo autonómico en sectores relacionados con la gestión y planificación hidrológica, por lo que resulta poco ambiciosa para alcanzar los compromisos europeos.
  • Tras analizar la propuesta, las ONG apuntan que es urgente un giro radical en la política autonómica de aguas, por lo que proponen rehacer por completo el documento y el proceso de consenso, para orientarlo hacía una visión sostenible del agua y respetuosa con los ecosistemas acuáticos.

Ante la propuesta de posición común en materia de agua, conocido como Pacto Regional del Agua[1], las entidades de defensa del medio ambiente de implantación estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han trasladado al Ejecutivo regional la urgencia por mejorar la implantación y reforzar el contenido de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Estado español. Máxime si llega desde una comunidad autónoma, cuyas competencias juegan un papel clave a la hora de alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica acorde con los principios de dicha directiva europea.

Así, tras analizar el documento y consensuar una posición común, las entidades ambientales manifiestan que la propuesta presenta notables contradicciones con la normativa europea en materia de aguas y planteamientos que conllevarían nuevas expectativas que dificultarían aún más la consecución de los objetivos medioambientalesLamentan igualmente que no se reconozcan estos objetivos como solución a la garantía en cantidad y calidad de los usos actuales y futuros del agua en un escenario de cambio climático.

Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo que Castilla-La Mancha cuenta con las competencias de proyectos, obras y aprovechamientos hidráulicos de interés para la comunidad autónoma en agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente, minería, pesca fluvial, deporte, ocio y turismo, entre otros sectores relacionados con el agua. Por ello, apuntan que el diagnóstico es incompleto y carente de compromisos internos, lo que impide avanzar hacia una política de aguas territorial realista, moderna, sostenible y acorde a los principios de la DMA.

De esta manera, las entidades entienden que la posición presentada por Castilla-La Mancha supone perder la oportunidad de dejar atrás la visión obsoleta que se centra en la mera oferta del recurso hídrico en lugar de en su protección. La propuesta resulta especialmente inconcreta respecto a las cuestiones medioambientales, el diagnóstico de partida, la identificación de las necesidades, las medidas específicas y el seguimiento que evalúe el cumplimiento y la efectividad de las mismas.

Ante esta situación, y entre otras peticiones, las entidades reclaman:

  • Compromiso por cumplir escrupulosamente con la DMA y por modificar todos aquellos programas, planes y proyectos de competencias autonómicas y municipales que dificulten el cumplimiento de los objetivos medioambientales de cara al horizonte de planificación de 2027. Asumir que esta nueva visión del agua es considerar este elemento no solo como recurso, sino como componente de los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, que su adecuada gestión depende sobremanera de la política territorial, por lo que necesariamente deben racionalizarse los usos y replantearse la jerarquía de las prioridades para adaptarse a los principios de la normativa europea y contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación.
  • Resumir la situación de partida, exponiendotodos los aspectos negativos y positivos desde los diferentes ámbitos: ambiental, social técnico o jurídico. Proponer compromisos concretos, medibles y definitivos. Para ello, es necesario elaborar un documento de diagnóstico previo que analice verdadera y objetivamente los problemas y retos a los que se enfrenta la planificación hidrológica en Castilla-La Mancha, ante un escenario de cambio climático.
  • Proporcionar la información y las herramientas para que todos los interesados(administraciones autonómicas y locales, entidades supramunicipales, sectores y ciudadanos interesados, empresas, técnicos, entidades sociales y ambientales, etc.) entiendan mejor las obligaciones y oportunidades que corresponden a cada uno y puedan contribuir todos ellos con propuestas realmente valiosas a la construcción de una posición de la sociedad castellano-manchega.

Entendiendo que el documento de posición no reconoce en absoluto la necesidad de realizar una reforma completa en las políticas autonómicas en relación con el agua, las cinco organizaciones ambientales determinan que el pacto debería rehacerse y reorientarse hacía la calidad de los ecosistemas y la sostenibilidad del agua, y solicitan el compromiso de la atención a sus peticiones si la intención es alinearse a los objetivos de la normativa europea.