AGROALIMENTACIÓN

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

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NUEVAS IRREGULARIDADES, CONTRADICCIONES Y FALSEDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL PSI DEL PUY DU FOU

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Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha hecho entrega de las alegaciones al segundo periodo de información pública al que se ha visto obligado a someterse el Proyecto de Singular Interés y la tramitación ambiental del Parque Temático que Puy du Fou España pretende instalar en el municipio de Toledo.

El documento dirigido la Consejería de Fomento de Castila-La Mancha consta de 90 páginas y 38 alegaciones superando en extensión las primeras alegaciones presentadas en abril pasado.

En el contenido del documento se pone de manifiesto que no sólo no se han solventado las cuestiones alegadas en el primer periodo de información pública, sino que se han añadido otras nuevas.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha constatado, y así lo expresa en las alegaciones, que el PSI presenta nuevas irregularidades en su tramitación, nuevos motivos de inseguridad jurídica, contradicciones en los datos respecto a los ofrecidos anteriormente y un análisis tendencioso que falsea la realidad del impacto social, económico y medioambiental del proyecto para facilitar su tramitación.

Si en el periodo de información pública anterior ya quedó patente que las cosas no se estaban haciendo bien ni por parte de la empresa promotora ni por parte del Gobierno Regional ni por parte del Ayuntamiento, en este segundo periodo las cosas se están haciendo aún peor.

Los aspectos novedosos y más importantes de las alegaciones son los siguientes:

Misma inseguridad jurídica en el ámbito urbanístico
Si en el primer periodo de información pública ya se constató que el PSI no se podía tramitar ante la incertidumbre generada por la sentencia que anulaba el POM de 2007, en esta ocasión la misma incertidumbre viene provocada por la tramitación simultánea y sin que medie aprobación previa de la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de Toledo del año 1986. Modificación llamada a convertirse, como señala el propio ayuntamiento, en un texto refundido del PGOU de 1986 que recoja todas las modificaciones habidas del mismo y lo adapte a la legislación vigente. Esto es, la M.P. nº 29 va a ser el nuevo POM, y sin que esté aprobado ni evaluado ambientalmente se pretende aprobar el PSI.

La información pública es manifiestamente incorrecta
En su ánimo de beneficiar a la empresa, el Gobierno a través de las Consejerías de Fomento y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha forzado para que se someta a información pública el proyecto de Parque Temático junto con su tramitación ambiental. Sin embargo en la resolución publicada en el DOCM no se indica expresamente los efectos exactos a los que se refiere esa tramitación ambiental. Además, según la legislación de evaluación ambiental, al tratarse de un proyecto, sólo implicaría a la evaluación de impacto ambiental del mismo. Eso no incluye ni puede incluir la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Urbanística del PGMOU de 1986 para acoger el PSI del Puy du Fou, ya que este documento es un plan a efectos ambientales y no un proyecto.

Se genera indefensión en los alegantes
La tramitación simultánea del PSI con su evaluación de impacto ambiental, con la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual para el PSI y con la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de 1986 y su propia evaluación ambiental supone que trámites que irán generando resoluciones que afectan a pasos posteriores del procedimiento no puedan ser conocidos ni alegados con antelación a la aprobación del PSI. El Gobierno esconde así en favor de la empresa resoluciones aprobatorias o denegatorias y declaraciones ambientales que debían ser de conocimiento público de cara a las alegaciones al PSI.

Datos cambiantes ponen en duda la Declaración de Interés Regional
La comparación de la documentación que en sucesivas oleadas ha ido presentando el promotor para superar los distintos pasos de la tramitación ofrece cambios muy significativos que ponen en cuestión la validez de los informes en los que se basó el Gobierno Regional para otorgar la Declaración de Interés Regional en agosto de 2017.
De entre todos, llaman poderosamente la atención los de contenido social, económico y financiero profusamente alegados por el Movimiento. Pero sobre todo uno, el dato del empleo.
En el segundo proyecto analizado se produce una disminución de los empleos directos en casi un 80 % y de casi un 60% de los indirectos respecto de los que manejó el Gobierno para establecer la DIR. En datos globales se ve también de forma llamativa, en la DIR se manejaba una previsión de 7.896 empleos en 2.028 y ahora esa previsión es de 3.329 para el mismo año, un 65% de disminución.

Datos contradictorios y análisis tendenciosos que falsean la realidad
Sin que el promotor ni el Gobierno hayan demostrado todavía que el Puy du Fou sea compatible y cumple con lo establecido en materia urbanística, de agua, de incendios forestales, de ruido, de protección del paisaje y de impacto medio ambiental, el contenido de la documentación del PSI muestra cómo se sigue utilizando y dosificando la información según le conviene. Por ejemplo, el promotor manifiesta haber renunciado a pedir la modificación de la ordenanza del ruido. Pero, si como dice en su respuesta a las alegaciones, el ruido es precisamente el motivo de que no se haya emplazado el proyecto en suelo no protegido, ¿cómo va a ser compatible con las especiales condiciones de tranquilidad que han de reinar en un espacio rural o con las urbanizaciones y viviendas cercanas en Toledo, Guadamur y Argés? ¿Cómo va a hacer para que el espectáculo nocturno cumpla con los horarios y niveles de protección acústica? El proyecto no sólo no explica estas cuestiones, sino que pasa de puntillas sobre la cuestión de los horarios o de que todas las noches terminará las actuaciones con una traca de ocho detonaciones a 120 metros de altura y con más de 105 decibelios.

En conclusión, el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou considera que dadas las alegaciones lo que procede es la denegación del PSI, pero tampoco sería de extrañar que en una nueva pirueta administrativa se evite afrontar el problema de fondo remitiendo el proyecto a una tercera información pública.

Enlace a las ALEGACIONES: https://drive.google.com/file/d/1LCXeeE-UJyPbvto7-b9IA02318zR9KMp/view?usp=sharing

Las organizaciones ambientales reclaman rehacer el Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha para cumplir con Europa

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España muestran su interés por mejorar la política de aguas autonómica en el marco de la normativa europea, si bien, consideran contradictorio el contenido del documento e inadecuado en su planteamiento. Para dar solución a los problemas, las propuestas únicamente se dirigen hacia otras administraciones y regiones. 
  • Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo incluir compromisos en relación con las numerosas competencias del ejecutivo autonómico en sectores relacionados con la gestión y planificación hidrológica, por lo que resulta poco ambiciosa para alcanzar los compromisos europeos.
  • Tras analizar la propuesta, las ONG apuntan que es urgente un giro radical en la política autonómica de aguas, por lo que proponen rehacer por completo el documento y el proceso de consenso, para orientarlo hacía una visión sostenible del agua y respetuosa con los ecosistemas acuáticos.

Ante la propuesta de posición común en materia de agua, conocido como Pacto Regional del Agua[1], las entidades de defensa del medio ambiente de implantación estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han trasladado al Ejecutivo regional la urgencia por mejorar la implantación y reforzar el contenido de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Estado español. Máxime si llega desde una comunidad autónoma, cuyas competencias juegan un papel clave a la hora de alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica acorde con los principios de dicha directiva europea.

Así, tras analizar el documento y consensuar una posición común, las entidades ambientales manifiestan que la propuesta presenta notables contradicciones con la normativa europea en materia de aguas y planteamientos que conllevarían nuevas expectativas que dificultarían aún más la consecución de los objetivos medioambientalesLamentan igualmente que no se reconozcan estos objetivos como solución a la garantía en cantidad y calidad de los usos actuales y futuros del agua en un escenario de cambio climático.

Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo que Castilla-La Mancha cuenta con las competencias de proyectos, obras y aprovechamientos hidráulicos de interés para la comunidad autónoma en agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente, minería, pesca fluvial, deporte, ocio y turismo, entre otros sectores relacionados con el agua. Por ello, apuntan que el diagnóstico es incompleto y carente de compromisos internos, lo que impide avanzar hacia una política de aguas territorial realista, moderna, sostenible y acorde a los principios de la DMA.

De esta manera, las entidades entienden que la posición presentada por Castilla-La Mancha supone perder la oportunidad de dejar atrás la visión obsoleta que se centra en la mera oferta del recurso hídrico en lugar de en su protección. La propuesta resulta especialmente inconcreta respecto a las cuestiones medioambientales, el diagnóstico de partida, la identificación de las necesidades, las medidas específicas y el seguimiento que evalúe el cumplimiento y la efectividad de las mismas.

Ante esta situación, y entre otras peticiones, las entidades reclaman:

  • Compromiso por cumplir escrupulosamente con la DMA y por modificar todos aquellos programas, planes y proyectos de competencias autonómicas y municipales que dificulten el cumplimiento de los objetivos medioambientales de cara al horizonte de planificación de 2027. Asumir que esta nueva visión del agua es considerar este elemento no solo como recurso, sino como componente de los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, que su adecuada gestión depende sobremanera de la política territorial, por lo que necesariamente deben racionalizarse los usos y replantearse la jerarquía de las prioridades para adaptarse a los principios de la normativa europea y contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación.
  • Resumir la situación de partida, exponiendotodos los aspectos negativos y positivos desde los diferentes ámbitos: ambiental, social técnico o jurídico. Proponer compromisos concretos, medibles y definitivos. Para ello, es necesario elaborar un documento de diagnóstico previo que analice verdadera y objetivamente los problemas y retos a los que se enfrenta la planificación hidrológica en Castilla-La Mancha, ante un escenario de cambio climático.
  • Proporcionar la información y las herramientas para que todos los interesados(administraciones autonómicas y locales, entidades supramunicipales, sectores y ciudadanos interesados, empresas, técnicos, entidades sociales y ambientales, etc.) entiendan mejor las obligaciones y oportunidades que corresponden a cada uno y puedan contribuir todos ellos con propuestas realmente valiosas a la construcción de una posición de la sociedad castellano-manchega.

Entendiendo que el documento de posición no reconoce en absoluto la necesidad de realizar una reforma completa en las políticas autonómicas en relación con el agua, las cinco organizaciones ambientales determinan que el pacto debería rehacerse y reorientarse hacía la calidad de los ecosistemas y la sostenibilidad del agua, y solicitan el compromiso de la atención a sus peticiones si la intención es alinearse a los objetivos de la normativa europea.

Movimiento Queremos saber la verdad de Puy Du Fou valora acciones legales contra tramitación del proyecto

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El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha completado la revisión del nuevo proyecto de parque temático sometido a información pública por segunda vez.

Una vez constatadas las irregularidades y mentiras que incorpora la tramitación del proyecto y que fueron avaladas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el primer proceso de aprobación al que lo sometió, la agrupación ciudadana observa que el proyecto de Puy du Fou España s.l. no sólo sigue sin reunir las condiciones necesarias para aspirar a ser declarado de Singular Interés, sino que esta segunda información pública acrecienta los vicios de falta de transparencia, carencias de información y trato favorable que arrastra desde su gestación.

Estas situaciones no sólo se observan en la nueva documentación sometida a información pública, ni en la anómala tramitación que está llevando a cabo la Consejería de Fomento, sino también en la sucia campaña que ha puesto en práctica la empresa y que ha sido secundada por el portavoz del actual Gobierno de Castilla-La Mancha. Campaña turbia y manipuladora de la opinión pública en la que lamentablemente se están viendo involucradas buena parte de las fuerzas vivas de la ciudad de Toledo, personas e instituciones que hasta ahora gozaban de cierto prestigio social, cultural o científico e incluso una llamativa parte de los medios de comunicación que se califican a sí mismos como independientes y plurales.

La campaña está destinada a contrarrestar el demoledor efecto de las alegaciones que coordinó el Movimiento y que han obligado a rehacer el proyecto, pero no contra-argumentando, sino buscando acorralar y acobardar a quienes han osado preguntarse por lo que se esconde tras la fachada de cartón piedra del Puy du Fou.

Puy du Fou España s.l., a través de sus representantes y de sus actos, y el Gobierno regional, con su portavoz a la cabeza, han creado una alianza de intereses económicos y partidistas que no repara en gastos, en marketing y en difundir o promover que se difundan maledicencias que en realidad les califican a sí mismos.

En este sentido, proponemos a la ciudadanía seria de Toledo que haga un sencillo test respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Quién ha demostrado un mayor interés político y partidista en relación al proyecto? ¿El Gobierno y el partido que lo sustenta en un escenario preelectoral? ¿O quienes conforman el MQSVPD?

¿Quién puede tener mayor interés económico en el proyecto? ¿Una empresa que desea millonarios beneficios? ¿O personas o colectivos vinculados al MQSVPD?

Aclarados estos aspectos, el equipo multidisciplinar de personas adscritas al Movimiento, una vez estudiado el proyecto en las últimas semanas, y analizadas las respuestas a las primeras alegaciones, ha constatado lo siguiente:

1.- Nos encontramos ante un proceso, el de tramitación del PSI, viciado de origen por el apoyo político sin fisuras de quienes lideran un Gobierno y un Ayuntamiento que debían haber velado de forma imparcial por el interés general.

2.- El nuevo proyecto e información pública ha demostrado que el proyecto ni era tan bueno ni tan riguroso como se decía. El Gobierno, por tanto, dio su apoyo al mismo a través de la Declaración de Interés Regional sobre bases falsas y admitió a trámite el proyecto a pesar de sus carencias y de las notorias irregularidades del mismo. Digámoslo claro, dio y está dando trato de favor al proyecto.

3.- El segundo proyecto, así como la respuesta de la Consejería de Fomento a las alegaciones presentadas, no resuelve las ilegalidades, ni las irregularidades ni los negativos impactos ambientales y socio-económicos del proyecto, e incurren en evidentes contradicciones que ponen en duda la voluntad de la empresa y del Gobierno de cumplir con las distintas normativas que afectan al mismo.

4.- En estas condiciones no se cumple un principio fundamental en democracia, cuál es, que todos somos iguales ante la ley y un Movimiento de personas con limitada capacidad se ve en inferioridad de condiciones y desprotegido por quienes dirigen una administración que debiera ser de todos.

5.- Las anteriores alegaciones ni siquiera han sido contestadas en su totalidad por el Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, y las que se han contestado se han hecho con argumentos de la empresa, no desde la imparcialidad que se le requiere a la administración. De hecho, muchas de tales alegaciones cabría volver a presentarlas casi tal cual.

6.- Ante un proceso que es una pantomima con la que se pretende dotar al proyecto de un barniz de credibilidad de la que no es merecedor cabe plantearse si vale la pena y es eficaz participar con nuevas alegaciones y/o si han de iniciarse ya acciones legales antes de que el daño sea irreparable.

7.- Los principales problemas y dudas que generaría el proyecto no sólo no se han resuelto, sino que se esconden y se tapan tras algunos cambios tremendamente llamativos y que, por ejemplo, imposibilitarían el espectáculo nocturno, principal oferta del parque de cara a su explotación y rentabilidad.

8.- En cuanto al empleo llama poderosamente la atención que Puy du Fou s.l. diga ahora en su respuesta a las alegaciones que fue un “error” calificar de temporales los empleos que se iban a crear mayoritariamente, y que en realidad serán fijos discontinuos. Aunque sea motivo de satisfacción del Movimiento y de los sindicatos que se puedan llegar a mejorar las condiciones laborales de los empleados y empleadas, ¿qué credibilidad merece un proyecto que comete estos “errores”?. Y, lo que es más importante, ¿qué garantías hay de que vayan a cumplir?

Ante todo lo anterior, el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha acordado de cara a este periodo de información pública terminar de analizar el proyecto y el procedimiento al que se está sometiendo y antes de la terminación del mismo resolver sobre la presentación de alegaciones.

Por otro lado, y dadas las circunstancias, se valoran desde ya las posibles acciones que por vía judicial quepa hacer o apoyar en evitación de que el Puy du Fou cause males mayores de los que ya está causando a la ciudad de Toledo y a su entorno.

LAS DUDAS SOBRE EL PUY DU FOU ERAN JUSTIFICADAS Y AHORA LO SON MÁS QUE NUNCA

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Primeras reacciones al anuncio de que habrá nueva información pública.

El anuncio hecho por parte de Puy du Fou España de que el parque temático va a ser sometido a un nuevo proceso de información pública no es sino la constatación de que el proyecto no cumple con los requisitos legales ni medioambientales para llevarse a cabo.

Es también la prueba de que quienes dudan de la viabilidad del Puy du Fou no sólo están justificadamente preocupados por este proyecto, sino que además ahora tienen aún más motivos para ello.

Poca o más bien ninguna consideración ni crédito merecen las explicaciones de la empresa respecto de los motivos que justifican que el PSI tenga que partir de nuevo desde cero. Serán los documentos que obren en los nuevos procedimientos de información pública los que cuando se hagan públicos aclaren las verdaderas razones de que el proyecto y toda la tramitación se tenga que rehacer.

Entre ellas, estarán sin duda, las alegaciones presentadas. Pero también las carencias de un procedimiento de PSI y de un proyecto que quedan definitivamente en entredicho.

Ni todo era tan legal, ni todo era tan correcto, ni todo está tan bien hecho como se decía.

Cuando se sometió el proyecto a información pública ya se sabía de la situación urbanística de Toledo, o de los condicionantes medioambientales y paisajísticos que cabía tener en consideración. Sin embargo, nada se hizo por ajustarse a ellos. Ahora el intento de rectificar también parece más que difícil debido a los errores acumulados y a la mala elección del emplazamiento.

Cabe preguntarse ahora con que datos y con qué certidumbres tomó el Gobierno regional en su día la decisión de declarar de interés regional el Puy du Fou. Obviamente no se hizo con los correctos. Y ahora, en lugar de rechazar un proyecto mal hecho, hay que rehacerlo todo otra vez seguramente con la idea de ganar tiempo al tiempo y para que la empresa siga con su táctica de compra de voluntades y de silenciamiento de la justas críticas.

Queremos Saber La Verdad del Puy du Fou tendría motivos más que sobrados para sacar pecho ahora que sus tesis se ven confirmadas. Pero en realidad la nueva situación es más bien motivo de tristeza y lamento porque en Castilla-La Mancha y en Toledo no se sepan hacer las cosas bien y se tomen decisiones políticas sin suficientes elementos de juicio y que embarcan a la ciudadanía a conflictos y preocupaciones que nos podíamos ahorrar.

El Movimiento esperará en todo caso a que vayan saliendo los documentos anunciados a información pública para profundizar en su valoración y en la de la situación en que queda realmente el proyecto.

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DEBE RETIRAR EL BORRADOR DE NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES QUE DESPROTEGE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA

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Electromagnetic-Radiation-1Ecologistas en Acción apoya la concentración que se realizará este próximo  domingo  día  24  de  junio, a  partir  de  las 12:15, en  la  Plaza  del  Pan  de  Talavera  de  la  Reina (Toledo) contra  la  imposición  del  despliegue  de  la  tecnología  5G  sin  haberse  realizado  ninguna  evaluación  del  impacto  en  la  salud.

Desde Ecologistas en Acción vemos con gran preocupación la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de sustituir la vigente ley regional de radiocomunicaciones 8/2001, que ha sido hasta ahora un modelo adelantado en España de regulación de las instalaciones de telefonía móvil al partir del principio básico de proteger la salud frente al efecto dañino de la contaminación electromagnética que producen las antenas de telefonía móvil y otras.

Hace dos semanas la Consejería de Fomento sometió a consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente un nuevo texto legal en la materia en el que la carencia más llamativa resultó ser la retirada como objetivo de la ley el de la protección de la salud. Precisamente el punto número uno de la ley en vigor desde 2001. De resultas de ello se desprende que el Gobierno regional quiere anular los criterios de protección que frente a la contaminación electromagnética salvaguardan en la actualidad a la población en general y, singularmente a los colectivos más sensibles, como son los menores, enfermos y mayores de edad.

En la actualidad hay vigentes unos niveles de protección que obligan a mantener unas distancias entre antenas y zonas habitadas, que se vuelven más exigentes en relación a centros educativos, hospitales y asistenciales.

La vigente ley está en perfecta sintonía con  la Resolución 1815 del Parlamento y Consejo de Europa, que establece niveles más restrictivos para la protección de la salud de la población expuesta a la radiación electromagnética, siguiendo lo que aconsejan las investigaciones científicas más recientes, muchas de las cuales ya han constatado los efectos biológicos, y no sólo térmicos, sobre el organismo humano, que van desde alteraciones hormonales, cardiovasculares e inmunológicas hasta daños genéticos y cerebrales, con un riesgo mayor para la población más vulnerable como niños, embarazadas, enfermos y ancianos.

Para atajar esos posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos (CEM), se promulgó en 2001 la ley castellanomanchega, una de las más progresistas de Europa, que además ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, que desestimó en 2012 un recurso del gobierno central sobre una supuesta invasión de competencias y reforzando con la sentencia la legítima autonomía de aquélla en materia de salud.

Por todo ello, se hace inimaginable que el nuevo texto de la Consejería de Fomento pretenda borrar de un plumazo una ley proteccionista y avalada por el Tribunal Constitucional.

Así se puso de manifiesto en la reciente reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde los colectivos ambientales criticaron todos a una y duramente la propuesta sin encontrar respuesta en el representante de la Consejería de Fomento. De facto, y ante la falta de apoyos a la norma, se puede considerar que el informe del CAMA sobre la nueva ley se debe considerar totalmente negativo.

Curiosamente este cambio normativa se pretende llevar a efecto cuando se quiere instalar en Talavera de la Reina la red 5G dentro de una prueba estatal que también se hace en Segovia. Así , ambas ciudades y sus habitantes se van a convertir en conejillos de indias de una tecnología que ya avanza, por su mayor potencia, unos mayores riesgos de contaminación electromagnética.

Difícilmente se puede pensar que cambio normativo y prueba de 5G en Talavera de la Reina sean hechos que no están conectados.

Ecologistas en Acción reclama al Gobierno regional que no desproteja la salud de la ciudadanía de Castilla-La Mancha frente a la contaminación electromagnética y retire el borrador de la ley de instalaciones de telecomunicación.

Asimismo, la asociación se une a la concentración que se realizará este próximo  domingo  día  24  de  junio, a  partir  de  las 12:15, en  la  Plaza  del  Pan  de  Talavera  de  la  Reina (Toledo) contra  la  imposición  del  despliegue  de  la  tecnología  5G  sin  haberse  realizado  ninguna  evaluación  del  impacto  en  la  salud.

Se precisa de un mayor compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el medio ambiente

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Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España se reúnen con el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Las organizaciones ambientalistas Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España han trasladado al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se comprometa más profundamente con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y se replantee posiciones y proyectos poco coherentes con los objetivos medioambientales que se dice defender.

Algunas de las cuestiones que preocupan a Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España son la insistencia en sacar a colación grandes infraestructuras con evaluaciones ambientales negativas, las incoherencias en materias de agricultura y agua, la ilógica intención de derogar el decreto por el que se declara el conejo de monte especie de interés preferente, así como las nuevas leyes sobre evaluación ambiental o sobre instalaciones de telecomunicaciones y que dejan al margen principios básicos de protección de la salud y el medio ambiente.

Preocupa también a las ONG el desordenado y masivo crecimiento de instalaciones ganaderas intensivas, la tramitación de proyectos de singular interés en zonas de alto valor natural y paisajístico y la falta de planificación en el reimpulso a las renovables en Castilla-La Mancha. Todo ello sin olvidar conflictos que no se han sabido resolver con los agentes medioambientales.

Especial mención merece la reiterada mala gestión y regulación de la caza, lo que ha llevado de rebote al bloqueo impulsado por el sector cinegético a la ley de protección y bienestar animal.

Desde el punto de vista de las ONG estas cuestiones se pueden y se deben reconducir desde el diálogo y la participación huyendo de reacciones apresuradas o de la cesión ante posiciones irracionales. También desde la ampliación y renovación de los medios humanos de que dispone la Consejería en medio ambiente, a todas luces insuficientes y escasamente diversificados. Y, por último, impulsando la educación y divulgación ambiental para favorecer la concienciación ciudadana como está previsto hacer a partir de este año.

Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF-España le han trasladado al Consejero su más sincero deseo de colaboración e impulso de las políticas medioambientales y de una línea de desarrollo sostenible compatible con la obligada protección medioambiental y de la salud pública.  Así como la disposición a un diálogo abierto con todos los sectores para resolver los conflictos existentes en la región.

Como hicieran las asociaciones en el Consejo Asesor de Medio Ambiente celebrado ayer se ha pedido a la Consejería y al Gobierno, que no se derogue, sino que se revise, el decreto del conejo, que se paralicen y discutan más despacio las iniciativas en materia de grandes infraestructuras y agua y que se aproveche la oportunidad de los cambios en el Gobierno central para evitar que se construya el ATC de Villar de Cañas, se dote al río Tajo de un verdadero caudal ambiental y se concreten medidas de mejora en la protección de los parques nacionales de cara a su eventual transferencia a la comunidad autónoma.