AGROALIMENTACIÓN

Pedimos restricciones temporales del tráfico en todas las zonas urbanas de Castilla-La Mancha. Guadalajara, Talavera de la Reina y Puertollano entre las ciudades más afectadas por la contaminación.

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Con el anticiclón que lleva una semana instalado sobre la Península Ibérica, el intenso tráfico motorizado que soportan las principales áreas metropolitanas españolas ha provocado que se disparen los niveles de dióxido de nitrógeno y partículas en el aire urbano, sin que la mayor parte de las autoridades estén adoptando medidas para proteger la salud de la población.

Así, en distintas ciudades españolas, como Guadalajara, se ha superado al igual que en Madrid el valor límite horario de dióxido de nitrógeno, establecido por la normativa en 200 microgramos por metro cúbico.

Más preocupante es la situación de las partículas inferiores a 10 micras de diámetro (PM10), contaminante más peligroso cuyo valor límite diario, establecido en 50 microgramos por metro cúbico, se ha superado hasta ayer de forma recurrente en Puertollano y Talavera de la Reina, entre otras.

Este episodio de elevada contaminación se está produciendo, a diferencia de otras ocasiones, en ausencia de intrusión de polvo procedente del norte de África, por lo que los altos niveles de partículas registrados en las grandes ciudades tienen su origen en fuentes urbanas propias. A pesar de ello no se están produciendo en Castilla-La Mancha ni los adecuados avisos a la población ni la adopción de medidas de prevención.

De hecho, todavía en 2017 la mayor parte de las áreas metropolitanas españolas, entre ellas las castellano-manchegas carecen de protocolos de protección de la salud frente a la contaminación.

Por ello, y ante la persistencia del anticiclón en el inicio de la semana, Ecologistas en Acción pide que se extiendan a todas las áreas urbanas afectadas las medidas de reducción del tráfico motorizado adoptadas ya por los ayuntamientos de Madrid y Valladolid, advirtiendo a los sectores más sensibles a la contaminación atmosférica, como son la infancia, la tercera edad, las mujeres gestantes o las personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, de que se protejan evitando la exposición al aire libre a la caída de la tarde, cuando la contaminación es más alta.

Asimismo, insta a los ayuntamientos de las ciudades grandes y medias y a las comunidades autónomas con áreas metropolitanas en su territorio a que redacten planes de acción a corto plazo que permitan adoptar las medidas de lucha contra la contaminación necesarias frente a episodios de mala calidad del aire como el que venimos sufriendo en los últimos días.

La contaminación atmosférica es responsable de hasta 30.000 fallecimientos prematuros anuales en España, 23.000 por inhalación de partículas y 7.000 causados por el dióxido de nitrógeno, según el último informe sobre la calidad del aire publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, citando estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata, por ello, de un importante problema ambiental y sanitario, agravado por el cambio climático global, que está reduciendo las precipitaciones e incrementa las situaciones meteorológicas estables favorables a la acumulación de la contaminación atmosférica.

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Se incrementan los problemas que genera la caza en el uso de caminos y espacios públicos.

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  • La Verdad de la Caza
    Cartel intimidatorio en Los Yébenes (Toledo)

    Ecologistas en Acción denuncia que en muchos cotos de caza se cortan caminos, se caza en zonas de seguridad, se coarta o se amenaza a los paseantes y ciclistas, incluso cuando quieren acceder a ciertas rutas de espacios protegidos como el Parque Nacional de Cabañeros.

  • Reclamamos la señalización de las zonas de seguridad y vías públicas a costa de los cotos de caza y el refuerzo de la vigilancia los días de caza.

En las últimas semanas y desde que se inició la temporada de caza en Castilla-La Mancha han aumentado notablemente las incidencias en cotos de caza que afectan a quienes realizan actividades recreativas o ecoturísticas en el medio natural.

Ecologistas en Acción está recibiendo todos los fines de semana informaciones y quejas de lo más variadas sobre situaciones en las que la actividad cinegética trata de condicionar, cuando no coartar abiertamente o poner en peligro, el tránsito por vías públicas y el acceso a espacios naturales.

Entre los casos más significativos está el del parque nacional de Cabañeros, donde los accesos a la ruta de El Chorro, en el término municipal de Los Navalucillos, están siendo cortados por la empresa gestora de la caza en la linde del espacio protegido. Con el visto bueno del ayuntamiento, hace dos semanas ya se impedía que los visitantes pudieran acceder al inicio de la ruta del Chorro a través del paraje de Las Becerras.

En esta línea Ecologistas en Acción ya denunció hace unos meses que distintos municipios de los Montes de Toledo habían permitido el cierre de caminos públicos para hacer cacerías en este espacio y en el entorno del Parque Nacional.

Más grave resulta la situación en los cotos de la zona de Mocejón (Toledo), donde un año más los agentes medioambientales han tenido que retirar cables de acero que cortaban los caminos públicos poniendo en riesgo la vida de ciclistas y otros usuarios de estas vías.

Otra problemática similar se daba este fin de semana en la zona del valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública. Casos como éste se repiten a diario, al igual que la colocación de carteles intimidatorios del tipo “prohibido el paso, coto de caza”, “peligro montería”, “peligro aguardos de jabalí” con los que se trata de confundir a los usuarios que tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos.

También generalizado se encuentra el ejercicio de la caza en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas de uso público. Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales públicos y núcleos urbanos.

Se compromete así, no sólo el derecho a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo que generan ingresos en el medio rural, sino también la seguridad de las personas.

Ecologistas en Acción reclama de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que tome cartas en el asunto. Que reclame de los ayuntamientos y de los cotos de caza el respeto de los caminos y espacios públicos, así como de las zonas de seguridad. Y, en este sentido, además de redoblar las vigilancias con agentes medioambientales, se establezca en la ley de caza la obligación de señalizar a costa de los cotos de caza las zonas públicas y de seguridad. La señalización es un tema muy importante ya que nadie se ocupa de recordar a los cazadores sus obligaciones ni de ofrecer información adecuada que proteja los derechos de la ciudadanía para acceder y disfrutar del medio natural.

Alguien tiene que proteger los derechos de los usuarios del medio natural frente a los abusos de los cazadores antes de que ocurra una desgracia o que se agrave el daño económico y ambiental que producen estas actuaciones de los cotos en el medio rural.

Declaración de Impacto negativa a las Tierras Raras en el Campo de Montiel: justa y fundamentada decisión del Gobierno Regional que alegra a todos.

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300417-marcha-senderista-contra-tierras-raras-torrenueva1-949x712Ecologistas en Acción valora muy satisfactoriamente la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha que, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha emitido una declaración negativa de inviabilidad ambiental del proyecto de minería de tierras raras que amenazaba la comarca del Campo de Montiel.

A falta de conocer los detalles de la declaración de impacto ambiental y de que se sustancie el rechazo del proyecto que debe oficializar la Dirección General de  Industria, Energía y Minas, Ecologistas en Acción se congratula por el hecho de que la movilización social y ecologista de la comarca, amparada en sólidos argumentos ambientales y socioeconómicos, haya llevado a tumbar el macro proyecto de tierras raras.

Las contundentes alegaciones presentadas contra el proyecto y los documentados informes de los servicios técnicos de la Consejería de medio ambiente no dejaban lugar a las dudas de que el proyecto era inviable y dañino y que, por tanto, no debe llevarse a cabo.

Ecologistas en Acción traslada su enhorabuena y agradecimiento a todas las personas, colectivos y plataformas que de una u otra manera se han movilizado en contra del proyecto.

El cambio climático incrementa la contaminación atmosférica por ozono

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Nueva imagen (18) (600 x 423)Toda la población de Castilla-La Mancha ha respirado aire contaminado por ozono, en ausencia de los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en las zonas más afectadas

Los dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha han respirado aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano de 2017. El Informe sobre la Contaminación por Ozono de Ecologistas en Acción concluye que la totalidad de la población y del territorio castellano-manchego han estado este año expuestos a unos niveles de este contaminante que exceden lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta de manera estructural a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 455 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el Estado español, 14 de ellas situadas en Castilla-La Mancha.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio. Durante 2017 sus niveles se han mantenido en general estacionarios, similares a los de 2016 aunque por debajo de los de 2015. La contaminación generada desde las principales ciudades, las autovías y autopistas, las zonas industriales del Norte y de Puertollano y la Comunidad de Madrid se extiende por el territorio afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2017 a la totalidad de la población y del territorio de Castilla-La Mancha.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del objetivo legal es de 210.000 personas, la décima parte del total, en la zona del Corredor del Henares.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la baja atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2017 es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una gran estabilidad atmosférica y un fuerte calor estival. Su evolución reciente está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha estimado en 1.600 las muertes prematuras en el Estado español por la exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en Castilla-La Mancha durante 2017. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

– Los costes sanitarios derivados de la contaminación por ozono representan alrededor de 5.000 millones de euros al año, un 0,33% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La página Web de calidad del aire autonómica sólo ofrece datos en tiempo real de la última hora. Resulta elemental por ello que la Junta de Castilla-La Mancha se esfuerce por mejorar la información de la calidad del aire en su Comunidad.

– La Comarca de Puertollano ha sufrido una treintena de superaciones del umbral de información a la población y las cuatro primeras superaciones del umbral de alerta en el Estado español desde 2012, frente a las que la Junta de Castilla-La Mancha se ha limitado a difundir un aviso rutinario.

– Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para reducir la contaminación son obligatorios según la legislación vigente. Pero, en el caso del ozono, la Junta de Castilla-La Mancha lleva una década omitiendo la elaboración y aplicación de dichos planes, en todas las zonas donde resultan preceptivos. Se trata de una negligencia que está poniendo en peligro la salud de 2 millones de castellano-manchegos.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono en Castilla-La Mancha son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades al tránsito peatonal y a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua y la reducción drástica de la generación eléctrica en centrales térmicas.

– Informe completo: http://www.ecologistasenaccion.org/article35084.html

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.

El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.

Puy de Fou, una amenaza para el medio ambiente, el agua y la participación pública.

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Emplazamiento del Puy de Fou en Toledo

La aprobación por parte de la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Toledo del informe favorable a la declaración de interés regional del macro-proyecto de ocio “Puy de Fou” marca el inicio de un proceso que nunca debió iniciarse, al menos en la forma que lo ha hecho.

Es muy mala noticia que el ayuntamiento de Toledo con el voto favorable de los representantes del PSOE y la tibia abstención de los de Ganemos Toledo, hayan dado su visto bueno a un proyecto que va a tener una incidencia tan transcendental en el municipio y que lo hayan hecho sin siquiera dar opción a la ciudadanía y a las entidades sociales y medioambientales a manifestar sus dudas y, en su caso, sus opiniones sobre el asunto.

Queda claro que los peores augurios se sustancian como en la peor época de la especulación urbanística. Ahora la especulación y las imposiciones vienen de la mano de inversores del sector turístico y de ocio, esa actividad que afecta, y muy negativamente, a la masificación de los destinos y al incremento de los daños ambientales sobre el territorio y sobre recursos naturales tan escasos y necesarios como el agua del Tajo.

Ecologistas en Acción de Toledo ha estado esperando pacientemente a que las administraciones y, en especial, los partidos que las dirigen dieran la oportuna información a los ciudadanos y que evaluaran de forma limpia y transparente los pros y contras del proyecto de Puy de Fou. Pero una vez más se observa que quien marca el paso en este tipo de acciones no es el respeto a la ciudadanía sino los intereses y las prisas de los inversores.

Ecologistas en Acción se muestra decepcionado por el paso dado por el ayuntamiento de Toledo, al igual que lo está con el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero confía que los ciudadanos no permitan que se repitan los mismos errores que ya se han  sufrido en Castilla-La Mancha con proyectos como el Reino de Don Quijote, el aeropuerto de Ciudad Real o el vertedero de Dehesa Aceituno.

Recordamos que Puy de Fou, aparte de sumarse a la dimensión especulativa y desarrollista que destilan estos proyectos, parte de un error fundamental de diseño que es el de su ubicación. Lejos de buscar un emplazamiento de bajo impacto, que los hay y muchos en el término de Toledo y en su entorno, ha fijado su objetivo en el valle del Guajaraz, la zona de mayor valor natural del término, la única que alberga zonas de interés y con niveles de protección forestal y faunística. Generando además un problema gravísimo de desequilibrio de territorial y otro de imprevisibles consecuencias sobre la disponibilidad de agua para la población de Toledo.