Tribunal Supremo

La propuesta de que los cazadores realicen el seguimiento de poblaciones cinegéticas tiene fines espurios.

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Típicos cebaderos para animales, habituales en la “gestión” cinegética de especies

Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las especies de caza se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético. Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha confía en que el gobierno regional deseche rotundamente la delirante propuesta de los cazadores.

En las últimas horas se ha hecho pública una propuesta que la Fundación cinegética Artemisan con apoyo de la Federación Española de Caza ha dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las Comunidades Autónomas para que los cazadores sean quienes faciliten los datos para el seguimiento y evaluación del estado de las poblaciones cinegéticas con vistas a la aprobación de normas de caza.

El proyecto , que se denomina “Observadores cinegéticos” no sólo persigue fines espurios, sino que pone de manifiesto que la tan proclamada buena gestión de que hace gala el sector cinegético queda en entredicho por los propios cazadores.

A día de hoy los cazadores ya están obligados a hacer un seguimiento de las poblaciones de especies cinegéticas, así como a comunicar las capturas que se realizan. La normativa les obliga a través de los planes técnicos de caza que se deben renovar periódicamente y que deben basarse en un adecuado censo de poblaciones. Además, la normativa obliga a comunicar periódicamente esos datos a las administraciones, todo ello en el marco que supone debe garantizar la buena gestión cinegética.

El problema de esos censos y de esos planes técnicos de caza es que nadie se los cree, ni los propios cazadores por lo que se ve. En muchas ocasiones lo que comunican los cazadores son cortas y pega de datos de otros cotos, o de años anteriores. De manera que, ante la pasividad de la administración, se justifique que sigan cazando lo que ellos quieran.  En suma, la “buena” gestión cinegética es una mentira.

Por otra parte, si los cazadores son ya “observadores” de las poblaciones de los cotos, ¿por qué entonces presentan este proyecto? Ellos mismos lo dicen abiertamente, “para reducir los problemas” que en los últimos años se producen por los recursos que interponen organizaciones ambientales y animalistas y que están anulando en los tribunales órdenes de veda y otras normativas cinegéticas.

La jugada del sector cinegético no puede ser más evidente y con fines más espurios. Como los tribunales están anulando las órdenes de veda y planes de gestión, como los del lobo, por ausencia de informes técnicos o científicos que los justifiquen o porque los datos de esos informes no avalan las pretensiones de los cazadores y de las administraciones, lo mejor es que el propio sector los elabore a la medida de sus propios intereses. Así las administraciones los podrán usar para justificarse ante los tribunales y podrían evitar la acumulación de sentencias anulatorias de normas de caza.

Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las poblaciones cinegéticas se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético y de los intereses de las administraciones. Y que el sector de la caza cumpla con la normativa en cuanto a los planes técnicos de caza o que se les sancione debidamente. Sólo así se puede garantizar la debida protección y conservación de la fauna silvestre cada día más amenazada por la caza. En este sentido la asociación se dirigirá en próximas fechas tanto al Ministerio como a las Comunidades Autónomas para defender esta postura y abrirles los ojos frente a la #LaVerdadDeLaCaza.

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EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA EL PLAN HIDROLOGICO DEL TAJO POR NO FIJAR CAUDALES ECOLÓGICOS EN ARANJUEZ, TOLEDO Y TALAVERA DE LA REINA

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1513534668_4w2a7379En una sentencia histórica, que supone un triunfo sin precedentes para las plataformas y colectivos ciudadanos que llevan años luchando por mejorar el estado del Tajo y sus ríos, el Tribunal Supremo exige el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos real y científicamente validado en el eje central del río Tajo y en todos los demás ríos de la cuenca, condicionando así la explotación del trasvase Tajo-Segura a las verdaderas necesidades de la cuenca del Tajo

Ecologistas en Acción Toledo nos sentimos orgullosos de estar formando parte de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. Hay que agradecer especialmente a esta entidad y a las personas que la lideran el intenso trabajo realizado y que no hayan desfallecido. Y al equipo jurídico por sacar adelante una sentencia que marcará un antes y un después para la cuenca del Tajo y el trasvase. Un nuevo triunfo de la sociedad civil que pone en evidencia a las instituciones y a los partidos que debieran velar por la legalidad y por la adecuada gestión del agua y la protección de nuestros ríos.

El Tribunal Supremo ha notificado esta importante sentencia, emitida el 11 de marzo de 2019, que resuelve el recurso contra el vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo aprobado por el Real Decreto 1/2016. El recurso fue interpuesto en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.

El Alto Tribunal declara la nulidad de varios artículos de la normativa del Plan, en concreto el art. 9 en sus apartados 1, 3, 5, 6, y 7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3, así como el art. 10.2 en lo relativo al inciso que afirma que los de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo «no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan». La sentencia entiende que estos artículos suponen el incumplimiento de la obligación que tiene la Administración del Estado de establecer en el Plan hidrológico del Tajo un régimen de caudales ecológicos completo (con caudales máximos, mínimos y tasas de cambio) para todos los ríos de la cuenca, con carácter vinculante y para el horizonte temporal del Plan (2015-2021).

Sostiene el Tribunal que «no le falta razón a la parte recurrente en su planteamiento, pues, en efecto, de todos los componentes del régimen de caudales ecológicos que deben establecerse, (…) para las 309 masas tipo río de la cuenca del Tajo, el Plan Hidrológico del Tajo de 2016 ha reducido su fijación solo a los caudales mínimos ecológicos, y estos solo para 16 masas, un 5% de las masas tipo río, que denomina “estratégicas”». 

De igual manera se critica en la sentencia el que no se hayan fijado caudales ecológicos expresamente en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, sino solamente unos caudales “legales” (6 m3/s en Aranjuez y 10 m3/s en Toledo y Talavera de la Reina), contraviniendo así los caudales mínimos ecológicos fijados en el Documento de Esquema de Temas Importantes aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2010 (10,37 m3/s en Almoguera, 10,86 m3/s en Aranjuez, 14,10 m3/s en Toledo y 15,92 m3/s en Talavera de la Reina). Dicho caudal ecológico debe establecerse, según el Tribunal, para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera. 

La Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, deberá ahora establecer estos regímenes de caudales ecológicos en el Tajo y resto de ríos de la cuenca, conforme a la legislación vigente que ha incumplido.

De igual manera, la sentencia insiste en que los embalses de la cabecera del Tajo —Entrepeñas, Buendía y Bolarque— deben garantizar de manera prioritaria tanto las demandas de la cuenca del Tajo como sus necesidades ambientales, incluyendo el régimen de caudales ecológicos. Estas demandas se anteponen a las del trasvase Tajo-Segura, por lo que, una vez fijados según esta sentencia los caudales ecológicos con todos sus componentes, el régimen de explotación del trasvase tendrá que adaptarse, limitándose los volúmenes a derivar y su garantía de disposición. Al reconocer que los embalses reguladores de Cabecera tienen la función de garantizar las demandas ambientales y consuntivas de la propia cuenca del Tajo, será también necesario aumentar los umbrales de reservas no trasvasables en los embalses de cabecera por encima de los insuficientes 400 hm3 establecidos en la legislación del Memorándum del Tajo.

Aunque la sentencia no estima otros puntos de la demanda, la argumentación que traslada ofrece una visión muy optimista de cara al futuro, garantizando la prioridad de las necesidades reales del propio Tajo, los usos del río y del mantenimiento de reservas adecuadas para los usos recreativos en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Desde las plataformas y asociaciones ciudadanas que interpusieron la demanda valoramos muy positivamente esta sentencia, y la consideramos un hito en la conservación y recuperación ambiental del Tajo y sus ríos, pues la fijación de un régimen de caudales ecológicos completo y adecuado, constituye el factor clave para que el Tajo vuelva a fluir. Queda aún mucho por hacer, pero el Tribunal Supremo obliga a revisar en profundidad el vigente Plan de cuenca del Tajo y ha empezado a deshacer el nudo gordiano con el que durante cuarenta años se ha amordazado a nuestro río.

El Tribunal Supremo confirma que son ilegales las fechas de caza de media veda y de la perdiz con reclamo

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Ecologistas en Acción reclama el cumplimiento inmediato de la sentencia y la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de 2015, eliminando todas las prácticas ilegales e insostenibles que la Consejería se resiste a modificar.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto, en su Sentencia 2703/2016 de 21 de diciembre de 2016, rechazar los recursos de casación interpuestos por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades contra la anterior Sentencia 1/2015 de 2 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra la Orden de Vedas 2011-2012.

El TSJ, y ahora también el TS, declaran así la ilegalidad de las fechas fijadas para la caza de perdiz con reclamo y para la media veda por solaparse con el periodo reproductor de las especies objeto de tales prácticas, contraviniendo  los artículos 62.3.b) y 63 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que trasponen preceptos de la Directiva Europea de Protección de Aves Silvestres.

En concreto, el Tribunal Supremo, además de imponer las costas a los recurrentes, declara contrario a derecho y anula el apartado 1.4.1 del artículo 2º de la Orden impugnada, que permitía la caza de la perdiz roja con reclamo durante el mes de febrero y los primeros seis días de marzo, fechas que coinciden con el periodo de reproducción y cría de dicha especie. También se modifica el apartado 1.1, primer párrafo, del mismo artículo 2º, quedando fijados el período hábil de caza en media veda para la caza de la codorniz desde el 30 de agosto hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive; y del 20 de agosto al 30 de septiembre para la caza de la paloma torcaz y tórtola.

La sentencia obliga definitivamente a cambiar las órdenes de veda de Castilla-La Mancha en el sentido fijado y supone un importante precedente para evitar las persistentes malas prácticas cinegéticas, las cuales dañan severamente las poblaciones reproductoras de especies que, a juicio de Ecologistas en Acción, debieran considerarse amenazadas, como la perdiz roja silvestre, la tórtola europea y la codorniz.

A juicio de Jaime Doreste Hernández, letrado de Magerit Abogados, despacho encargado del recurso desde su inicio, “esta sentencia tiene una clara repercusión a escala regional, pero también estatal, ya que el resto de Comunidades Autónomas deberá tomar buena nota de ella y adaptar la regulación relativa a los periodos hábiles de caza en el sentido que apunta el TSJ y ratifica el Supremo. El objetivo es garantizar el respeto a los principios de una utilización razonable y una regulación ecológicamente equilibrada de las especies de aves objeto de aprovechamiento cinegético. Se trata de que no se solapen en ningún caso con el periodo de celo, reproducción y cría de las especies sobre las que se practica la caza, a fin de posibilitar su renovación y la conservación de sus poblaciones”.

Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Comunidades el inmediato e íntegro cumplimiento de la sentencia, ya que hasta ahora sólo había modificado la fecha de la media veda de la tórtola. Además, entiende que ha de modificarse en este sentido la ley de caza de 2015, actualmente en proceso de reforma. Dicha ley contempla toda una serie de prácticas abusivas que, de no eliminarse, abocarían a nuevas denuncias.

La organización, no obstante, sigue apostando por una línea de diálogo y negociación, si bien, para que fructifique, considera necesario que, desde la Junta, se rompa de una vez con la línea continuista del modelo de caza comercial e intensiva bajo el que se redactó la nefasta ley castellano-manchega aún en vigor.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se pone del lado de las ilegalidades ambientales.

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1024px-oncorhynchus_mykissParece una inocentada pero no lo es. El resultado de la reunión entre el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no puede arrojar balance más negativo desde el punto de vista medioambiental.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, lejos de apostar por política activas de medio ambiente, prefiere ponerse del lado de la ilegalidad y en manos de los lobbies anti-ambientales que intentan menoscabar la legislación de protección de la naturaleza y poner en riesgo los parques nacionales.

Así cabe valorar la peticiones lanzadas desde la Consejería de solicitar la legalización de pozos en el Alto Guadiana y de instar la modificación de la ley de patrimonio natural y biodiversidad para que se descatalogue la trucha arco iris como especie exótica invasora.

Hacer estas peticiones a la vez que se reclama la gestión de los parques nacionales no sólo es un contrasentido, sino una broma de mal gusto que pone claramente en entredicho la coherencia de la política medioambiental de la Consejería.

No es creíble que quien defiende legalizar el principal problema que sigue acosando al parque nacional de las Tablas de Daimiel, cuál es el de los pozos ilegales, o quien quiere que nuestros ríos sigan albergando una dañina especie invasora, vaya a gestionar con buen criterio los espacios naturales con mayor rango de protección en nuestra región como son Cabañeros y Tablas de Daimiel.

Ecologistas en Acción exige a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente una rectificación inmediata y que se ponga del lado de la legalidad en las Tablas de Daimiel y del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que declara exótica invasora la trucha arco-iris.

CONVOCAMOS A LA DEMOLICIÓN SIMBÓLICA  DE VALDECAÑAS Y PROCESIÓN RADIACTIVA HACIA ALMARAZ – 6 de SEPTIEMBRE 

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Cartel ValdecañasEcologistas en Acción os convocamos a una marcha hacia la Isla de Valdecañas seguida de una procesión haciala central nuclear de Almaraz. Siete meses después de que el Tribunal Supremo confirmara la ilegalidad de “Marina Isla de Valdecañas”, la Junta de Extremadura sigue sin cumplir la sentencia y la urbanización de lujo continúa funcionando. El espacio protegido sobre el que se levantan mansiones y hoteles no ha sido devuelto a su estado original, en perjuicio del medio ambiente y del bien común.  Se ha convertido, por el contrario, en un espacio de acceso restringido.

Las excusas sobre la creación de empleo y el beneficio económico para la región han sido rebatidas con datos e informes. También se han refutado los cálculos exagerados sobre el coste de una demolición. MÁS INFORMACIÓN PINCHANDO AQUÍ

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