Sostenibilidad

Pueblos de toda Castilla-La Mancha se manifiestan el domingo en Toledo para exigir una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas

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Cartel10Marzo2019– El 10 de marzo a las 12.00 horas más de 20 plataformas vecinales agrupadas en la plataforma regional CLM Stop Macrogranjas se concentrarán en la Plaza Zocodover de Toledo para hacer un recorrido a pie por el centro de la ciudad exigiendo una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas.

-Ahora que tanto se habla de despoblación rural, los vecinos de los pueblos de CLM reclaman que se limiten las actividades de ganadería industrial tan perjudiciales para los municipios, ya que aumentan el éxodo a las ciudades, ahuyentan otras alternativas de negocio y hacen que la vida en los pueblos sea inviable, impidiendo que se desarrollen y lleguen nuevos habitantes.

Los pueblos de Castilla-La Mancha no cesan en sus reivindicaciones por mantener sus pueblos libres de la amenaza de la ganadería industrial intensiva, por eso el domingo 10 de marzo a las 12.00 de la mañana se concentrarán en la plaza Zocodover de la capital toledana, desde allí marcharán pasando por las calles Comercio, Hombre de Palo, Nuncio Viejo, Cardenal Lorenzana, Plaza San Vicente, calle La Plata, Toledo de Ohio, y vuelta por la Calle Comercio para regresar a la Plaza Zocodover donde se leerá un manifiesto.

Desde CLM Stop Macrogranjas, solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente una rigurosidad absoluta en los procesos de evaluación ambiental de las solicitudes de instalación de ganadería industrial. En palabras de Daniel González, portavoz de la Plataforma, “tenemos una legislación ambiental ya de por sí muy laxa, por ello muchos proyectos vienen a nuestro territorio, pero es que además, a ello se une una mala aplicación por parte de la administración regional, como podemos constatar en las distintas sentencias que hemos conocido recientemente, que nos dan la razón en cuanto a que muchos proyectos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa y el órgano ambiental les ha dado el visto bueno, como los casos de Huerta de la Obispalía y Cañete. A esto se añade la falta de transparencia que ha constatado el Tribunal Superior de Justicia, el cual ha reclamado a la Junta de Comunidades en distintas ocasiones que entregue la documentación solicitada de los expedientes administrativos cuyo plazo de entrega finalizó sin que las solicitudes de información fueran atendidas”.

Dada la actual proliferación masiva e incontrolada de solicitudes, lo más acertado y lo que reclama la Plataforma CLM Stop Macrogranjas es hacer unaplanificación estratégica del sector, tal y como se ha hecho con la ganadería extensiva, examinando y definiendo previamente hasta dónde se puede llegar con la ganadería industrial, para poder controlar la multitud de efectos adversos que tiene en cuanto a la salud, la contaminación del aire, el suelo y el agua, un bien cada vez más escaso. Mientras, atendiendo al principio de precaución, se debería aprobar una MORATORIA: una suspensión de autorizaciones ambientales, como ya han hecho muchos ayuntamientos en materia urbanística, hasta que se tengan los datos definitivos y una planificación ordenada del territorio, competencia obviamente del gobierno regional.

Lamentamos las facilidades que encuentra este modelo de explotación ganadera industrializado por parte de la Consejería a sabiendas de las afecciones que provoca tanto en el medio ambiente como en la salud pública, sobre todo después de la experiencia sucedida en otros pueblos, la cual demuestra la pérdida de población y la precariedad laboral en el sector. Por otro lado, hacemos hincapié en que no sirve de nada bajar el número de animales por explotación, ya que de esta manera se facilita aún antes la autorización ambiental sin necesidad de DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para más tarde solicitar ampliaciones, tal y como viene ocurriendo en diferentes municipios, con lo cual el resultado final es el mismo: más animales, más consumo de agua, más contaminación y más perjuicios para el mundo rural.

CLM Stop Macrogranjas está compuesta por: Plataforma Cívica de Gamonal (Toledo), Plataforma Stop Macrogranjas Lucillos (Toledo) Stop macrogranjas Pueblos Vivos de Cuenca (movimientos vecinales de Priego, Cañete, Fuentes, Villanueva de la Jara, Pozorrubielos de la Mancha, Carboneras de Guadazaón, Torrejoncilló del Rey, Campillo de Altobuey, Reillo, Tarancón, Belinchón, Almendros, Tinajas, Mota del Cuervo y Ecologistas en Acción Cuenca, Serranía Limpia y Viva), Plataforma No a la macrogranja en Pozuelo y Argamasón (Albacete), Plataforma Salvemos Meca y sus comarcas (Albacete), Plataforma Stop Ganadería Intensiva Porcina de Villamalea (Albacete) Ecologistas en Acción Albacete, Plataforma Stop Macrogranjas Comarca de Molina de Aragón (Guadalajara), Ecologistas en Acción Guadalajara, Asociación Plataforma Retamoso Sostenible (Toledo), Plataforma Ciudadana Salvemos el Arabí y Comarca (Yecla, Murcia), Plataforma Cívica Guadamur No a las Balsas de Purines (Toledo), Ardeidas (Talavera), Ecologistas en Acción Talavera de la Reina.

 

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Las organizaciones ambientales reclaman rehacer el Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha para cumplir con Europa

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España muestran su interés por mejorar la política de aguas autonómica en el marco de la normativa europea, si bien, consideran contradictorio el contenido del documento e inadecuado en su planteamiento. Para dar solución a los problemas, las propuestas únicamente se dirigen hacia otras administraciones y regiones. 
  • Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo incluir compromisos en relación con las numerosas competencias del ejecutivo autonómico en sectores relacionados con la gestión y planificación hidrológica, por lo que resulta poco ambiciosa para alcanzar los compromisos europeos.
  • Tras analizar la propuesta, las ONG apuntan que es urgente un giro radical en la política autonómica de aguas, por lo que proponen rehacer por completo el documento y el proceso de consenso, para orientarlo hacía una visión sostenible del agua y respetuosa con los ecosistemas acuáticos.

Ante la propuesta de posición común en materia de agua, conocido como Pacto Regional del Agua[1], las entidades de defensa del medio ambiente de implantación estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han trasladado al Ejecutivo regional la urgencia por mejorar la implantación y reforzar el contenido de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Estado español. Máxime si llega desde una comunidad autónoma, cuyas competencias juegan un papel clave a la hora de alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica acorde con los principios de dicha directiva europea.

Así, tras analizar el documento y consensuar una posición común, las entidades ambientales manifiestan que la propuesta presenta notables contradicciones con la normativa europea en materia de aguas y planteamientos que conllevarían nuevas expectativas que dificultarían aún más la consecución de los objetivos medioambientalesLamentan igualmente que no se reconozcan estos objetivos como solución a la garantía en cantidad y calidad de los usos actuales y futuros del agua en un escenario de cambio climático.

Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo que Castilla-La Mancha cuenta con las competencias de proyectos, obras y aprovechamientos hidráulicos de interés para la comunidad autónoma en agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente, minería, pesca fluvial, deporte, ocio y turismo, entre otros sectores relacionados con el agua. Por ello, apuntan que el diagnóstico es incompleto y carente de compromisos internos, lo que impide avanzar hacia una política de aguas territorial realista, moderna, sostenible y acorde a los principios de la DMA.

De esta manera, las entidades entienden que la posición presentada por Castilla-La Mancha supone perder la oportunidad de dejar atrás la visión obsoleta que se centra en la mera oferta del recurso hídrico en lugar de en su protección. La propuesta resulta especialmente inconcreta respecto a las cuestiones medioambientales, el diagnóstico de partida, la identificación de las necesidades, las medidas específicas y el seguimiento que evalúe el cumplimiento y la efectividad de las mismas.

Ante esta situación, y entre otras peticiones, las entidades reclaman:

  • Compromiso por cumplir escrupulosamente con la DMA y por modificar todos aquellos programas, planes y proyectos de competencias autonómicas y municipales que dificulten el cumplimiento de los objetivos medioambientales de cara al horizonte de planificación de 2027. Asumir que esta nueva visión del agua es considerar este elemento no solo como recurso, sino como componente de los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, que su adecuada gestión depende sobremanera de la política territorial, por lo que necesariamente deben racionalizarse los usos y replantearse la jerarquía de las prioridades para adaptarse a los principios de la normativa europea y contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación.
  • Resumir la situación de partida, exponiendotodos los aspectos negativos y positivos desde los diferentes ámbitos: ambiental, social técnico o jurídico. Proponer compromisos concretos, medibles y definitivos. Para ello, es necesario elaborar un documento de diagnóstico previo que analice verdadera y objetivamente los problemas y retos a los que se enfrenta la planificación hidrológica en Castilla-La Mancha, ante un escenario de cambio climático.
  • Proporcionar la información y las herramientas para que todos los interesados(administraciones autonómicas y locales, entidades supramunicipales, sectores y ciudadanos interesados, empresas, técnicos, entidades sociales y ambientales, etc.) entiendan mejor las obligaciones y oportunidades que corresponden a cada uno y puedan contribuir todos ellos con propuestas realmente valiosas a la construcción de una posición de la sociedad castellano-manchega.

Entendiendo que el documento de posición no reconoce en absoluto la necesidad de realizar una reforma completa en las políticas autonómicas en relación con el agua, las cinco organizaciones ambientales determinan que el pacto debería rehacerse y reorientarse hacía la calidad de los ecosistemas y la sostenibilidad del agua, y solicitan el compromiso de la atención a sus peticiones si la intención es alinearse a los objetivos de la normativa europea.

La sobredotación de autovías no cabe como alternativa al cementerio nuclear.

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OLYMPUS DIGITAL CAMERAEcologistas en Acción de Castilla La Mancha considera desafortunadas las declaraciones de Emiliano G. Page del pasado martes en Motilla del Palancar reclamando que el dinero del ATC se destine a autovías y recuerda que lo que necesita la zona es un desarrollo rural sostenible.

Tanto en solitario como dentro de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear,  Ecologistas en Acción ha denunciado una y otra vez ante los medios el derroche de dinero público vinculado al ATC de Villar de Cañas, que se cifra en algo más de 80 millones de Euros.

En esa línea, siempre que se ha hablado de alternativas para esa ingente inversión, y se ha reclamado que se tuvieran en cuenta las necesidades de los ciudadanos castellanomanchegos en materias como la sanidad o la educación, el desarrollo rural sostenible, las energías alternativas o la protección del medio ambiente.

Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del ejecutivo castellano manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas,  plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme derroche e impacto, como son las autovías Cuenca-Albacete, Tarancón-Guadalajara y Cuenca-Teruel.

Queda fuera de lugar pedir que el dinero destinado al ATC se dirija a unas autovías que se han demostrado innecesarias, muy caras de hacer y mantener y que presentan un elevado impacto ambiental por su negativo efecto en la emisión de gases contaminantes y en los espacios naturales protegidos.

Particularmente grave es que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa. O una autovía Guadalajara-Tarancón que no se justifica por el tráfico que presentaría y que también daña espacios protegidos.

Ecologistas en Acción considera que estos mensajes de cambio de cromos insostenibles, son negativos para la lucha contra el ATC y pueden dañar la imagen de defensa de la protección del medio ambiente y la salud y de los intereses generales de los ciudadanos que mantiene la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear. Y por ello reclama al Gobierno regional que rectifique en ese planteamiento.