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El Gobierno de Castilla-La Mancha le niega ayudas a quien las necesita y se las da a la caza y a los toros.

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Reclamamos del Gobierno de Page la atención inmediata a todas las ayudas sociales

Resulta inevitable relacionar distintos anuncios realizados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con la reciente noticia de que el Gobierno que preside está negando ayudas sociales a personas necesitadas por falta de presupuesto.

Según denuncian afectados y trabajadores de atención primaria, han dejado de atenderse nuevas solicitudes del ingreso mínimo de solidaridad que la Junta de Castilla-La Mancha ofrece para atender situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social o pobreza.

Eso ocurre desde agosto y se argumenta por el Gobierno regional la falta de presupuesto. Es decir, un tecnicismo que tiene fácil solución, ya que bastaría con habilitar de forma extraordinaria las partidas pertinentes, haciendo un traspaso de fondos de otras partidas. Obvias razones de necesidad y de urgencia permiten introducir estas modificaciones presupuestarias.

Pero no, el Gobierno no lo ha considerado pertinente, y remite a la población afectada al año 2020 para satisfacer sus solicitudes.

No cabe otra que exhortar al Gobierno regional a que dote de inmediato y de forma urgente el dinero preciso para las ayudas contra la pobreza y la exclusión social. Son prioridades que no deben supeditarse a simples tecnicismos formales.

Pero, además, no cabe otra que preguntarse entonces, en qué se gasta el dinero el Gobierno de Page para que no le alcance para atender a la población. Pues bien, si las comparaciones son odiosas, esta lo es aún más.

Entre las nuevas prioridades económicas que ha planteado el Gobierno regional figuran dos muy llamativas, promover la caza y promover los toros. Y no lo piensa hacer con una mera declaración de intenciones. No. Lo va hacer, lo está haciendo ya, con un fuerte desembolso económico.

Entre las inversiones que ha anunciado el Sr. Page en la caza y los toros cabe destacar tres. La supresión de la tasa a las licencias de caza y pesca para los castellano-manchegos. La creación de sendos canales temáticos sobre caza y sobre toros en la televisión pública.  Y el constante goteo de ayudas a las entidades cinegéticas y de promoción de la tauromaquia. La última, la publicaba en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 11 de diciembre de 2019, por la cual se concede a dedo al ayuntamiento de Yuncos una aportación de hasta 30.000 euros para  la celebración del XVI Congreso Nacional del Toro de Cuerda.

Actualmente se recaudan en Castilla-La Mancha dos millones y medio de euros por licencias de caza. De ese importe, una parte importante dejará de recaudarse al ofrecerse el gratis total a los cazadores y pescadores que residan en la región. De otro lado, todavía está por cuantificar el coste, que no será poco, de los dos canales temáticos que se anuncian y que serán sufragados con dinero público.

Aún a riesgo de que se nos acuse de demagogia o de oportunismo, de utilizar interesadamente ciertos argumentos, nadie con una mínima sensibilidad social debería dejar de denunciar este tipo de situaciones. Máxime si, como parece, al Gobierno regional le sobra el dinero para financiar actividades que sólo interesan a una minoría de la población y que no pueden pasar por esenciales para la comunidad.

Desde Ecologistas en Acción reclamamos del Gobierno del Sr. Page que aporte de inmediato los fondos necesarios para cubrir dignamente todas las ayudas sociales en Castilla-La Mancha. Y que, cuando las cubra, se pare a pensar un rato sobre en qué y por qué gasta el dinero de los castellano-manchegos. A lo mejor de la reflexión le sale una idea que se pueda entender respecto de cuáles son las prioridades de su Gobierno.

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.