Ministerio de Medio Ambiente

El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.

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EL PARTIDO POPULAR SE ECHA ATRÁS EN SU COMPROMISO DE APROBAR LA JUSTICIA GRATUITA PARA LAS ONG AMBIENTALES

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– De esta forma contradice el anuncio realizado por el ministro de Justicia en el Congreso hace un año.

– El PP se ha negado a aprobar una enmienda de la oposición tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que recogía este punto.

– Las ONG ambientales SEO/BirdLife, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denunciarán al Gobierno español ante la Unión Europea. Crimes-Against-Nature jpg

El Partido Popular se opuso ayer en el Senado a aprobar una enmienda presentada por la oposición (PSOE, IU y Entesa) para eliminar las trabas al acceso a la justicia en materia medioambiental. Esta enmienda, que defiende el acceso a la justicia gratuita para las ONG ambientales -las mejores garantes de la protección ambiental en los tribunales-, no sólo tenía por objeto cumplir con la directiva europea de acceso a la justicia, sino también eliminar las trabas que puso el propio PP con la Ley de tasas.

Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, “nos ha sorprendido el bloqueo por parte del Partido Popular en el Senado ya que tanto el ministro Arias Cañete como la actual ministra se comprometieron a actuar y a reconocer este derecho de las ONG ambientales; el propio ministro Gallardón anunció la justicia gratuita en materia medioambiental en el Congreso, y así lo recogen las actas”.

Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, considera que “este es un paso más en la política del Gobierno y del Partido Popular de poner trabas a los ciudadanos para dificultarnos el acceso a la justicia. En el caso del medio ambiente, además, lo hacen en contra de la legislación europea”.

“Esta decisión del Partido Popular nos obliga a llevar este caso ante la UE. Es triste que en nuestro sistema legal los diputados y senadores puedan votar a sabiendas de que algo es injusto e ilegal y no se pueda hacer nada más” ha declarado Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.

Por su parte, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, señala que “en su momento aplaudimos la decisión de Gallardón de asegurar la justicia gratuita a las ONG ambientales, pero ahora comprobamos que, lamentablemente, el Gobierno incumplirá este importante compromiso. Esto nos desarmará en la defensa del bien común y en el del derecho de todos los españoles a un medio ambiente adecuado, recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución”.

El acceso a la justicia en materia ambiental es un derecho consolidado desde la ratificación del Convenio de Aarhus por parte de España y de la Unión Europea que se ve vulnerado por la Ley de Tasas y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa. Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a Reino Unido por ser la justicia en materia ambiental demasiado onerosa para los recurrentes y demasiado imprevisible.

RECURRIMOS LOS DERECHOS DE EMISIÓN OTORGADOS A CEMENTERAS

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La Coordinadora Estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos en Cementeras recurre las asignaciones de derechos de emisión otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente a diversas fábricas de cemento para el periodo 2013-2020, incluida una  en Castilla-La Mancha, la de Holcim en Yeles, Toledo

– El sector del cemento disfruta de unas asignaciones gratuitas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero muy por encima de las emisiones reales.798px-Pico_Truncado60

– Las cementeras obtuvieron ganancias de 400 millones de euros vendiendo los derechos sobrantes obtenidos gratuitamente en 2008-2012, cuando el Estado español se vió obligado a comprar derechos por aumentar las emisiones por encima de lo establecido en el protocolo de Kioto por un importe de 700 millones de euros

– La Coordinadora exige que el ajuste a la baja se extienda a todas las fábricas de cemento y no solamente a siete.

Diversas Plataformas y asociaciones (1) integradas en la Coordinadora Estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos en Cementeras han interpuesto un recurso contra la resolución de 28 de febrero del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) que ajustó a la baja los derechos de emisión de 163 instalaciones (entre las que se encuentran 7 fábricas de cemento) concedidos por el Consejo de Ministros el 15 de noviembre de 2013 para el periodo 2013-2020. Esos derechos de emisión gratuitos se han ajustado por la reducción en la actividad productiva de las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión con anterioridad al 1 de enero de 2013.

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