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Puy du Fou España e Interporc premios Atila por su contribución a la destrucción del medio ambiente.

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Impacto de las obras del Puy du Fou en el espacio natural protegido.

Como cada año, Ecologistas en Acción recuerda que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 para aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Para ello, la organización ecologista premia a los que son como Atila: por donde pasan, no crece ni la hierba. Con estos premios se señala a entidades e instituciones y a sus responsables como causantes de agudizar la crisis social y ambiental.

Dichos premios tienen en este año su versión estatal y regional, y en Castilla-La Mancha las dos entidades agraciadas por su nefasta contribución de la protección del medio ambiente son Puy du Fou España s.l. y la patronal del sector porcino Interporc.

En el caso de Puy du Fou España, el galardón obtenido ha sido el Premio Atila Castilla-La Mancha y un notorio accésit a nivel estatal. Interporc ha sido galardonada como premio Atila en ambos ámbitos.

La patronal del sector porcino Interporc, lobby que reúne a las grandes empresas cárnicas en España y en Castilla-La Mancha es merecedora de tales premios por ocho argumentos:

  1. Por contaminar el agua con los purines de las explotaciones porcinas industriales lo que conlleva que muchos municipios y habitantes del mundo rural no tengan acceso a agua potable.
  1. Por contribuir al cambio climático a partir de las enormes emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano, que provoca la industria cárnica porcina.
  1. Por el uso abusivo de antibióticos que utiliza el modelo ganadero industrial y que provoca la resistencia a estos medicamentos y un grave peligro para la salud pública.
  1. Por la emisión de gases y partículas tóxicas, como el amoniaco y las micropartículas PM2,5, que supone el incremento de enfermedades respiratorias en la población de los territorios donde se instalan estas explotaciones.
  1. Por las malas condiciones laborales en las que trabajan las personas en este sector.
  1. Por las nefastas condiciones en las que viven los animales en el modelo ganadero intensivo.
  1. Por la despoblación del medio rural provocada por los perjuicios que desencadena la ganadería industrial.
  1. Por la dieta desequilibrada y no saludable que fomenta la producción industrial a causa de los bajos precios, cuya única explicación posible es la externalización de los costes sociales y ambientales, y que implica un aumento de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer colorrectal, la diabetes y la obesidad.

Por su parte, los merecimientos de Puy du Fou España al premio Atila también están más que justificados. La empresa está llevando a cabo la construcción de un macroparque temático en Toledo. La instalación está llamada a atraer más de dos millones de personas, duplicando las visitas a una ciudad ya colapsada en muchas fechas del año y donde el vecindario y el comercio tradicional del casco histórico son expulsados poco a poco. Los propios promotores calculan que llegarán a necesitar plazas turísticas equivalentes a 38 hoteles.

Para llevar a cabo el parque no ha sido obstáculo que los terrenos donde se ejecutan las obras estén protegidos urbanísticamente, ni que su valor principal sea el paisaje y la presencia de especies amenazadas de extinción. Actualmente se está destruyendo con maquinaria pesada una superficie equivalente a casi 80 campos de fútbol y levantando estructuras de 20 metros de alto en pleno campo. El proyecto Puy du Fou representa el retorno de la apuesta por los parques temáticos que tantos fracasos ha cosechado. La empresa y el Gobierno regional, apoyándose en ciertos medios de comunicación y las campañas de marketing, han denostado, incluso con falsas acusaciones, a quienes han criticado el proyecto, el movimiento ciudadano Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou.

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Pueblos de toda Castilla-La Mancha se manifiestan el domingo en Toledo para exigir una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas

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Cartel10Marzo2019– El 10 de marzo a las 12.00 horas más de 20 plataformas vecinales agrupadas en la plataforma regional CLM Stop Macrogranjas se concentrarán en la Plaza Zocodover de Toledo para hacer un recorrido a pie por el centro de la ciudad exigiendo una moratoria que paralice las licencias de macrogranjas.

-Ahora que tanto se habla de despoblación rural, los vecinos de los pueblos de CLM reclaman que se limiten las actividades de ganadería industrial tan perjudiciales para los municipios, ya que aumentan el éxodo a las ciudades, ahuyentan otras alternativas de negocio y hacen que la vida en los pueblos sea inviable, impidiendo que se desarrollen y lleguen nuevos habitantes.

Los pueblos de Castilla-La Mancha no cesan en sus reivindicaciones por mantener sus pueblos libres de la amenaza de la ganadería industrial intensiva, por eso el domingo 10 de marzo a las 12.00 de la mañana se concentrarán en la plaza Zocodover de la capital toledana, desde allí marcharán pasando por las calles Comercio, Hombre de Palo, Nuncio Viejo, Cardenal Lorenzana, Plaza San Vicente, calle La Plata, Toledo de Ohio, y vuelta por la Calle Comercio para regresar a la Plaza Zocodover donde se leerá un manifiesto.

Desde CLM Stop Macrogranjas, solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente una rigurosidad absoluta en los procesos de evaluación ambiental de las solicitudes de instalación de ganadería industrial. En palabras de Daniel González, portavoz de la Plataforma, “tenemos una legislación ambiental ya de por sí muy laxa, por ello muchos proyectos vienen a nuestro territorio, pero es que además, a ello se une una mala aplicación por parte de la administración regional, como podemos constatar en las distintas sentencias que hemos conocido recientemente, que nos dan la razón en cuanto a que muchos proyectos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa y el órgano ambiental les ha dado el visto bueno, como los casos de Huerta de la Obispalía y Cañete. A esto se añade la falta de transparencia que ha constatado el Tribunal Superior de Justicia, el cual ha reclamado a la Junta de Comunidades en distintas ocasiones que entregue la documentación solicitada de los expedientes administrativos cuyo plazo de entrega finalizó sin que las solicitudes de información fueran atendidas”.

Dada la actual proliferación masiva e incontrolada de solicitudes, lo más acertado y lo que reclama la Plataforma CLM Stop Macrogranjas es hacer unaplanificación estratégica del sector, tal y como se ha hecho con la ganadería extensiva, examinando y definiendo previamente hasta dónde se puede llegar con la ganadería industrial, para poder controlar la multitud de efectos adversos que tiene en cuanto a la salud, la contaminación del aire, el suelo y el agua, un bien cada vez más escaso. Mientras, atendiendo al principio de precaución, se debería aprobar una MORATORIA: una suspensión de autorizaciones ambientales, como ya han hecho muchos ayuntamientos en materia urbanística, hasta que se tengan los datos definitivos y una planificación ordenada del territorio, competencia obviamente del gobierno regional.

Lamentamos las facilidades que encuentra este modelo de explotación ganadera industrializado por parte de la Consejería a sabiendas de las afecciones que provoca tanto en el medio ambiente como en la salud pública, sobre todo después de la experiencia sucedida en otros pueblos, la cual demuestra la pérdida de población y la precariedad laboral en el sector. Por otro lado, hacemos hincapié en que no sirve de nada bajar el número de animales por explotación, ya que de esta manera se facilita aún antes la autorización ambiental sin necesidad de DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para más tarde solicitar ampliaciones, tal y como viene ocurriendo en diferentes municipios, con lo cual el resultado final es el mismo: más animales, más consumo de agua, más contaminación y más perjuicios para el mundo rural.

CLM Stop Macrogranjas está compuesta por: Plataforma Cívica de Gamonal (Toledo), Plataforma Stop Macrogranjas Lucillos (Toledo) Stop macrogranjas Pueblos Vivos de Cuenca (movimientos vecinales de Priego, Cañete, Fuentes, Villanueva de la Jara, Pozorrubielos de la Mancha, Carboneras de Guadazaón, Torrejoncilló del Rey, Campillo de Altobuey, Reillo, Tarancón, Belinchón, Almendros, Tinajas, Mota del Cuervo y Ecologistas en Acción Cuenca, Serranía Limpia y Viva), Plataforma No a la macrogranja en Pozuelo y Argamasón (Albacete), Plataforma Salvemos Meca y sus comarcas (Albacete), Plataforma Stop Ganadería Intensiva Porcina de Villamalea (Albacete) Ecologistas en Acción Albacete, Plataforma Stop Macrogranjas Comarca de Molina de Aragón (Guadalajara), Ecologistas en Acción Guadalajara, Asociación Plataforma Retamoso Sostenible (Toledo), Plataforma Ciudadana Salvemos el Arabí y Comarca (Yecla, Murcia), Plataforma Cívica Guadamur No a las Balsas de Purines (Toledo), Ardeidas (Talavera), Ecologistas en Acción Talavera de la Reina.

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha convierte la región en destino deseado de la basura industrial

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Vertedero en Alameda de la Sagra (Toledo)
  • La permisividad en las autorizaciones y el injustificado retraso en la implantación de una tasa de vertido está teniendo un efecto llamada de residuos industriales de toda España.
  • Ecologistas en Acción reclama que se reduzcan las autorizaciones a los vertederos y se implante ya la tasa sin esperar a una ley de economía circular muy mejorable.

Con las autorizaciones que está dando la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha se podrán verter en la región al menos 593.050 toneladas/año de residuos conceptuados como “no peligrosos”. Estos residuos proceden de actividades industriales por lo que generan altas dosis de contaminación, graves riesgos ambientales e incendios como el de Chiloeches y una gran degradación del territorio.

Esta cifra contrasta con la del “Plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha” que señala que en 2014 se depositaron en vertedero o almacenaron en espera de depósito unas 31.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RINP). En esa fecha y según el mismo plan, el 50,34% de los RINP, provenían de otras comunidades autónomas, ahora el porcentaje sería aún mayor.

Cuando el vertedero de Almonacid del Marquesado se ponga en marcha se abrirá así la posibilidad de multiplicar hasta por 19 la capacidad de verter respecto a lo registrado en 2014, lo que está atrayendo a empresas gestoras y más residuos de otras comunidades autónomas.

La ley de economía circular de Castilla-La Mancha llega tarde y desenfocada, dejando en una situación muy desfavorable a una región que se ha convertido en el objetivo deseado de los residuos industriales de España. Más tarde aún llegaría la tasa de vertido de residuos que como panacea ha anunciado el Gobierno pero que, como pronto, estaría operativa en 2020 o 2021.

A falta de tasas, el Gobierno da alas al dumping medioambiental

El incremento notabilísimo del volumen de vertido de residuos industriales en Castilla-La Mancha viene provocada porque el Gobierno regional está poniendo en práctica una política de dumping medioambiental para acoger residuos cuya gestión y vertido son más caros en las regiones en las que se generan. Este modelo de competencia ventajista tiene su base en dos elementos: ausencia de tasas de vertido autonómicas y precios bajos de los gestores al permitirse la ocupación de grandes extensiones de terreno para la implantación de instalaciones de gran capacidad de vertido.

Los gestores implantados en Castilla-La Mancha ofrecen a menor precio el depósito de cada tonelada de residuo industrial respecto de lo que se cobra en las regiones de origen. Y además, no gravan la factura con tasa autonómica alguna. De esta manera, los productores de residuos de Cataluña, Valencia, País Vasco, Navarra o Madrid, traen su basura industrial a vertederos en Castilla-La Mancha o los depositan en intermediarios, como era el caso de Chiloeches en Guadalajara.

Cabe recordar que las tasas autonómicas para este tipo de residuos pueden variar en España entre 5 y 30 euros por tonelada. Y que los precios por depósito en vertedero pueden alcanzar los 60 euros en algunas comunidades, mientras en Castilla-La Mancha son de media la tercera parte.

Según los registros oficiales, en la actualidad hay 9 centros de tratamiento con vertedero de no peligrosos en la región [1]. Ecologistas en Acción dispone de datos de vertido autorizado de 5, y sólo entre ellos se alcanzan ya más de 593.000 toneladas por año.

Los casos más sangrantes, importación, macrovertidos e incendios

Hay que destacar cuatro casos de vertederos especialmente llamativos en Castilla-La Mancha, los de Hoya Gonzalo (Albacete), Almonacid del Marquesado (Cuenca) y los de Pantoja y Alameda de la Sagra (Toledo).

En la localidad albaceteña de Hoya Gonzalo, en el centro propiedad del grupo catalán TMA, aproximadamente el 70% de las 150.000 toneladas al año que tiene autorizadas se están recibiendo de Cataluña y otras zonas alejadas de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción entregó alegaciones en enero de 2018 que no fueron tenidas en cuenta

En breve, el mayor vertedero privado de España se situará en Almonacid del Marquesado. Es propiedad del grupo catalán Griñó, y podrá recibir cada día, los 365 días del año y durante 47 años, 1.000 toneladas de residuos industriales de cualquier punto del país y de ellas se arrojarán a vertedero 775 toneladas.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural acaba de dar la autorización ambiental para que en Pantoja se amplíe el macrovertedero ya existente hasta llegar a las 50.000 toneladas/año de RINP gestionadas. También en este caso Ecologistas en Acción alegó contra esta autorización, pero la Junta hizo caso omiso del escrito.

El vertedero de la planta de Alameda de la Sagra sufrió un incendio el 6 de junio de 2016. Tras una inspección, la Junta pudo comprobar numerosas irregularidades entre las que cabe destacar el estado muy deficiente de la balsa de lixiviados y acumulaciones por encima de lo autorizado. Por ello el 18 de julio de 2016 se suspende la autorización de funcionamiento de la instalación, aunque queda sin efecto al año siguiente.

Vinculaciones con el incendio de la planta de Chiloeches

En el caso del incendio de agosto de 2016, en la planta de residuos de Chiloeches [2], el procedimiento penal sigue en marcha, con varios altos cargos de la Junta investigados, entre los que destaca el ex viceconsejero de Medio Ambiente, que ha dejado también su firma en algunos de los expedientes de los casos mencionados.

Desde Ecologistas en Acción, confiamos en que la justicia esclarezca las responsabilidades y que se den pasos para limpiar la zona, que actualmente sigue con buena parte de los residuos esparcidos y sin control alguno. Pero vemos con preocupación que la mala gestión continúa y que no se pone coto al descontrol en la importación, almacenaje y vertido de residuos no peligrosos.

Acciones urgentes y necesarias, implantación de la tasa ya.

El Gobierno de Castilla- La Mancha, lejos de hacer lo que debe, poniendo orden para evitar que la región se convierta en sí misma en el vertedero de industriales de España, está favoreciendo esta situación, con autorizaciones inauditas y con el retraso injustificado de la tasa de vertido.

Ecologistas en Acción considera que esto no se ataja con anuncios de leyes que, además, veremos si da tiempo para aprobarlas, sino con resoluciones negativas de autorización y con la implantación inmediata de una tasa que sea verdaderamente desincentivadora de este inadecuado manejo de los residuos.

La tasa se puede y se debe incorporar a los nuevos presupuestos o a cualquier otra iniciativa legislativa de rango análogo.

En este sentido se pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que den ya los pasos precisos para evitar que Castilla-La Mancha se convierta en el vertedero de industriales de España.

[1] http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170103/20161220pigr.pdf

[2] https://www.guadanews.es/noticia/41367/guadalajara/el-alcarreno-sergio-david-gonzalez-egido-ex-vicenconsejero-de-page-investigado-por-el-incendio-de-chiloeches.html

Pedimos al Gobierno de Castilla-La Mancha que garantice el derecho al medio ambiente.

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  • Ecologistas en Acción – Castilla La Mancha reclama un impulso verdadero a las políticas ambientales amenazadas por los movimientos anti-ambientalistas y anti-animalistas y por la actuación temerosa del Gobierno castellano-manchego. 
  • Ecologistas en Acción reclama en su reunión anual de federaciones provinciales que se haga frente al grave conflicto con la caza y las actividades de agricultura y ganadería intensivas, a los problemas de contaminación del aire, a la mala gestión de los residuos y del agua y a que emita ya una declaración de impacto ambiental negativa contra el proyecto de tierras raras en Ciudad Real.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha celebrado en Alcázar de San Juan su reunión anual de representantes de federaciones provinciales y grupos, cita en la que se pasa revista tanto al estado de la organización como a la situación medioambiental en la región.

Este año el encuentro ha resultado especialmente relevante por cuanto se han multiplicado y agudizado los conflictos y cuestiones medioambientales sin resolver que preocupan a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, algunas de las cuales han llevado a importantes movilizaciones, por ejemplo, contra los abusos de la caza, las macro-granjas porcinas, las emisiones de industrias contaminantes o contra proyectos mineros. Además, se han producido cambios significativos en el Gobierno con la entrada de una nueva fuerza política.

Mediada la legislatura, también cabe hacer un balance en el que por desgracia siguen pesando más los temas pendientes que los logros, y en el que aflora una falta de iniciativa y de capacidad por parte del Gobierno regional, en particular desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pero no solamente.

El Gobierno de Page no ha podido o no ha querido afrontar el rescate ambiental que precisa la región. Es cierto que se están dando importantes batallas contra el ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo-Segura o el fracking, pero no se afrontan igual los compromisos con la defensa del medio ambiente que son responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma.

Para colmo los recortes presupuestarios del 40% acumulados en la crisis permanecen vigentes, por lo que la administración regional sufre un bloqueo de personal y de iniciativa que limita la capacidad de actuación.

La situación ambiental actual en Castilla-La Mancha es muy preocupante. Con la complicidad de una fuerza política opositora que irresponsable y demagógicamente combate todo lo que huele a protección del medio ambiente o a defensa animal, se ha alimentado un frente radical anti-ambientalista y anti-animalista que intenta bloquear cualquier avance y que tiene acobardado al Gobierno.

Significativas entidades del lobby cinegético y agrícola, a las que se han sumado elementos tan variopintos como los pro-especies invasoras, pro-taurinos y los pro-circos con animales han conformado una autodenominada Alianza Rural que amenaza con quebrar la convivencia entre lo rural y lo medioambiental, lo rural y lo urbano. En esta Alianza conformada a nivel estatal tienen un papel protagonista e impulsor entidades castellano-manchegas como Aproca, con la tapadera de la Fundación Artemisan, Asaja y las Federaciones de Caza y Pesca, entre otras.

Aparte de esta cuestión, resulta de especial gravedad el retraso y la limitada reforma de la ley de caza, la mala resolución de los conflictos con el plan de gestión de las ZEPA de aves esteparias, con la orden de vedas, con los conejos o con la agricultura ecológica, el impulso a las macrogranjas porcinas y a la valorización, incineración y depósito de residuos, así como la falta de resolución del expediente de impacto ambiental del proyecto de explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.

En estas condiciones Ecologistas en Acción considera que el derecho al medio ambiente en Castilla-La Mancha se encuentra no ya amenazado, sino afectado muy severamente, y que el Gobierno actual debe movilizarse en todos los ámbitos para garantizarlo.

Ecologistas en Acción exhorta al Gobierno y singularmente a las dos formaciones políticas que lo sustentan, PSOE y Podemos, a que no olviden que el derecho al medio ambiente es también fundamental y que se imbrica con otros derechos tan importantes como el de la salud, el de la educación o incluso el del trabajo, por las posibilidades de empleo que pueden generar las políticas ambientales.

El derecho al medio ambiente es un derecho transversal que para garantizarlo hacen falta, por un lado, la implementación de medios y políticas activas en ámbitos como la protección del medio natural, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Y, por otro, hacer frente con valentía y decisión a los conflictos que determinados actores impulsan con fines espurios en la región.

La asociación trasladará en los próximos días estas inquietudes y solicitudes al Gobierno regional tanto a nivel de presidencia como de las dos vicepresidencias y las consejerías afectadas, comenzando una ronda de reuniones. Asimismo, buscará rebajar la tensión en el medio rural entablando un diálogo abierto con todas aquellas entidades que de forma honesta quieran buscar puntos de encuentro en los numerosos conflictos abiertos.