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NUEVAS IRREGULARIDADES, CONTRADICCIONES Y FALSEDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL PSI DEL PUY DU FOU

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Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha hecho entrega de las alegaciones al segundo periodo de información pública al que se ha visto obligado a someterse el Proyecto de Singular Interés y la tramitación ambiental del Parque Temático que Puy du Fou España pretende instalar en el municipio de Toledo.

El documento dirigido la Consejería de Fomento de Castila-La Mancha consta de 90 páginas y 38 alegaciones superando en extensión las primeras alegaciones presentadas en abril pasado.

En el contenido del documento se pone de manifiesto que no sólo no se han solventado las cuestiones alegadas en el primer periodo de información pública, sino que se han añadido otras nuevas.

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha constatado, y así lo expresa en las alegaciones, que el PSI presenta nuevas irregularidades en su tramitación, nuevos motivos de inseguridad jurídica, contradicciones en los datos respecto a los ofrecidos anteriormente y un análisis tendencioso que falsea la realidad del impacto social, económico y medioambiental del proyecto para facilitar su tramitación.

Si en el periodo de información pública anterior ya quedó patente que las cosas no se estaban haciendo bien ni por parte de la empresa promotora ni por parte del Gobierno Regional ni por parte del Ayuntamiento, en este segundo periodo las cosas se están haciendo aún peor.

Los aspectos novedosos y más importantes de las alegaciones son los siguientes:

Misma inseguridad jurídica en el ámbito urbanístico
Si en el primer periodo de información pública ya se constató que el PSI no se podía tramitar ante la incertidumbre generada por la sentencia que anulaba el POM de 2007, en esta ocasión la misma incertidumbre viene provocada por la tramitación simultánea y sin que medie aprobación previa de la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de Toledo del año 1986. Modificación llamada a convertirse, como señala el propio ayuntamiento, en un texto refundido del PGOU de 1986 que recoja todas las modificaciones habidas del mismo y lo adapte a la legislación vigente. Esto es, la M.P. nº 29 va a ser el nuevo POM, y sin que esté aprobado ni evaluado ambientalmente se pretende aprobar el PSI.

La información pública es manifiestamente incorrecta
En su ánimo de beneficiar a la empresa, el Gobierno a través de las Consejerías de Fomento y de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha forzado para que se someta a información pública el proyecto de Parque Temático junto con su tramitación ambiental. Sin embargo en la resolución publicada en el DOCM no se indica expresamente los efectos exactos a los que se refiere esa tramitación ambiental. Además, según la legislación de evaluación ambiental, al tratarse de un proyecto, sólo implicaría a la evaluación de impacto ambiental del mismo. Eso no incluye ni puede incluir la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Urbanística del PGMOU de 1986 para acoger el PSI del Puy du Fou, ya que este documento es un plan a efectos ambientales y no un proyecto.

Se genera indefensión en los alegantes
La tramitación simultánea del PSI con su evaluación de impacto ambiental, con la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual para el PSI y con la Modificación Puntual nº 29 del PGOU de 1986 y su propia evaluación ambiental supone que trámites que irán generando resoluciones que afectan a pasos posteriores del procedimiento no puedan ser conocidos ni alegados con antelación a la aprobación del PSI. El Gobierno esconde así en favor de la empresa resoluciones aprobatorias o denegatorias y declaraciones ambientales que debían ser de conocimiento público de cara a las alegaciones al PSI.

Datos cambiantes ponen en duda la Declaración de Interés Regional
La comparación de la documentación que en sucesivas oleadas ha ido presentando el promotor para superar los distintos pasos de la tramitación ofrece cambios muy significativos que ponen en cuestión la validez de los informes en los que se basó el Gobierno Regional para otorgar la Declaración de Interés Regional en agosto de 2017.
De entre todos, llaman poderosamente la atención los de contenido social, económico y financiero profusamente alegados por el Movimiento. Pero sobre todo uno, el dato del empleo.
En el segundo proyecto analizado se produce una disminución de los empleos directos en casi un 80 % y de casi un 60% de los indirectos respecto de los que manejó el Gobierno para establecer la DIR. En datos globales se ve también de forma llamativa, en la DIR se manejaba una previsión de 7.896 empleos en 2.028 y ahora esa previsión es de 3.329 para el mismo año, un 65% de disminución.

Datos contradictorios y análisis tendenciosos que falsean la realidad
Sin que el promotor ni el Gobierno hayan demostrado todavía que el Puy du Fou sea compatible y cumple con lo establecido en materia urbanística, de agua, de incendios forestales, de ruido, de protección del paisaje y de impacto medio ambiental, el contenido de la documentación del PSI muestra cómo se sigue utilizando y dosificando la información según le conviene. Por ejemplo, el promotor manifiesta haber renunciado a pedir la modificación de la ordenanza del ruido. Pero, si como dice en su respuesta a las alegaciones, el ruido es precisamente el motivo de que no se haya emplazado el proyecto en suelo no protegido, ¿cómo va a ser compatible con las especiales condiciones de tranquilidad que han de reinar en un espacio rural o con las urbanizaciones y viviendas cercanas en Toledo, Guadamur y Argés? ¿Cómo va a hacer para que el espectáculo nocturno cumpla con los horarios y niveles de protección acústica? El proyecto no sólo no explica estas cuestiones, sino que pasa de puntillas sobre la cuestión de los horarios o de que todas las noches terminará las actuaciones con una traca de ocho detonaciones a 120 metros de altura y con más de 105 decibelios.

En conclusión, el Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou considera que dadas las alegaciones lo que procede es la denegación del PSI, pero tampoco sería de extrañar que en una nueva pirueta administrativa se evite afrontar el problema de fondo remitiendo el proyecto a una tercera información pública.

Enlace a las ALEGACIONES: https://drive.google.com/file/d/1LCXeeE-UJyPbvto7-b9IA02318zR9KMp/view?usp=sharing

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Denuncia urgente contra un cerramiento para caza de 9 kilómetros en el espacio protegido de los Montes de Toledo.

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P1060688Ecologistas en Acción de Toledo reclama la paralización del desbroce de vegetación iniciado sin permiso para un vallado en la finca Quinto de Don Pedro y que afecta al espacio de la Red Natura 2000, distintas áreas críticas de especies en peligro de extinción, a dos montes públicos y a un refugio de fauna.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia de Toledo el inicio de las obras de instalación de un nuevo cerramiento cinegético que amplía el existente en la finca privada Quinto de Don Pedro, en el término municipal de Los Yébenes.

La empresa titular de la esta finca, colindante con el Monte de Utilidad Pública y refugio de fauna del mismo nombre, pretende cerrar una superficie de 471 hectáreas que actualmente están abiertas en una zona de altísimo valor ecológico. El proyecto afectaría, entre otros elementos a proteger, al espacio de la Red Natura 2000 de los Montes de Toledo, a áreas críticas de lince ibérico, águila imperial, águila perdicera y buitre negro, a dos montes de utilidad pública colindantes y al refugio de fauna homónimo del Quinto de Don Pedro.

Difícilmente podríamos encontrar en la provincia de Toledo un espacio tan valioso  y reconocido con tantas figuras de protección y conservación.

Por la grave afección a este enclave singular y destacado, Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado ya formalmente el inicio de las labores de desbroce y eliminación de la vegetación natural, consistente en monte mediterráneo de encina y jara. Estos trabajos tienen por objeto la apertura de las calles en las que mediante postes metálicos y alambrera de 2 metros de alto se instalaría un cerramiento cinegético de más de 9 kilómetros de longitud.

La denuncia se justifica a su vez en el hecho de que el cerramiento carece de autorización, todavía en trámite y que debe ser emitida por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.

El perjuicio que para los espacios naturales, las especies protegidas y las propias especies cinegéticas producen los vallados o cerramientos cinegéticos se puede observar claramente en la parte que el titular de la finca tiene vallada desde hace años. En esa zona la vegetación está muy dañada por el exceso de población de cérvidos, el paso de la fauna silvestre está limitada  por la alambrera, que a su vez es un peligro de colisión sobre todo para las aves, y se practica un modelo de gestión cinegética insostenible.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado a la Dirección Provincial y a la Viceconsejería la inspección, denuncia e inmediata paralización de los trabajos. Vistos los daños ambientales y que el titular del coto, lejos de respetar los procedimientos, ha empezado a actuar ilegalmente, cabría instruir expedientes sancionadores por cuatro vías. Incumplimiento de la ley de evaluación ambiental, incumplimiento de la ley de protección del suelo y de las cubiertas vegetales, incumplimiento de la ley de caza e incumplimiento de la ley de conservación de la naturaleza.

Casos como éste ponen de manifiesto el perjuicio que la caza en terrenos vallados y la normativa actual causan en los recursos naturales y que llevan a la necesidad de cambios radicales en la ley y en los procedimientos que regulan instalaciones tan dañinas como los cerramientos cinegéticos.

Reclamamos indemnización por daños al águila perdicera y el cese del Ecoparque de Toledo

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Foto: Seshadri K.S.

Ecologistas en Acción de Toledo ha remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente una denuncia contra el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo por los daños que el Ecoparque de Toledo está produciendo en la población de águila perdicera, especie en peligro de extinción de la que apenas queda media docena de parejas en las provincia.

En su escrito la asociación recuerda que desde el año 2012 viene funcionando en el paraje conocido como Dehesa Aceituno del término municipal de Toledo, el denominado “Ecoparque” en el que el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales a través de GESMAT s.a. gestiona los residuos sólidos urbanos de Toledo.

Dicha instalación está sujeta a una declaración de impacto ambiental y a una autorización ambiental integrada que establecieron una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias destinadas a prevenir y compensar los impactos a las especies en peligro de extinción, muy en particular los que pudiera sufrir el águila perdicera (Aquila fasciata) y que cuenta con un territorio de nidificación y zona crítica en las inmediaciones.

Pues bien, una vez puesto en funcionamiento el Ecoparque, la pareja de Águila de perdicera ha dejado de criar y ha desaparecido de la zona, no siendo observada al menos desde el año 2015. Tampoco se ha observado que se haya instalado una nueva pareja en la provincia, ni que fruto de las medidas protectoras y compensatorias puestas en práctica se haya evitado la pérdida de la pareja ni su restitución por otra.

A nuestro juicio la intensa transformación del hábitat habida en la zona, y de la que el Ecoparque es exponente primero y principal, así como las innumerables molestias y ruidos que genera la instalación serían la razón de la pérdida de una de las últimas parejas de Águila perdicera de Toledo. Decir a este respecto que en la actualidad la población de la especie apenas alcanzaría la media docena de parejas en la provincia.

Esta situación era por desgracia esperable, como alegó Ecologistas en Acción con ocasión de las informaciones públicas a las que fue sometido el proyecto. Además, el propio órgano evaluador de la Consejería calculaba en 500 hectáreas el daño al hábitat que el proyecto producía y consciente del posible impacto impuso diversas medidas compensatorias.

No obstante, la pareja ha desapacido y ha dejado de criar en los últimos años lo que supone un impacto crítico sobre una especie declarada en “peligro de extinción” y con muy pocos ejemplares reproductores en Toledo.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción requiere a la Viceconsejería de Medio Ambiente lo siguiente:

1.- Que previo informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales se evalúe si se han llevado a cabo las medidas protectoras y compensatorias impuestas en la DIA y, si fuera el caso de que no se hayan aplicado correctamente, se impongan las sanciones correspondientes.

2.- Que se incoe un expediente de responsabilidad ambiental por la Ley 26/2007 al titular de la instalación y que éste repare los daños ambientales producidos y los indemnice debidamente. A este respecto recordamos que la valoración de cada águila perdicera perdida es de 60.000 euros según el Decreto 67/2008, de 13 de mayo por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada de Castilla-La Mancha. Y que si consideramos la desaparición de la pareja y de las nidadas que no han fructificado desde 2015 estaríamos hablando de al menos 8 ejemplares, esto es, un total de 480.000 euros en daños a la especie.

3.- Que se revise la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental a la vista de los hechos y que se decrete el cese de la actividad hasta la recuperación de los impactos críticos que sobre el águila perdicera está produciendo el Ecoparque.

Además, hacemos expresa solicitud de ser considerados como parte personada en los expedientes del tipo que sean que se incoen al amparo de esta denuncia.

 

¡Por fin se aprueba el plan de recuperación del águila perdicera en Castilla-La Mancha!

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joven_de_perdiceraCastilla-La Mancha ha dado un paso trascendente para afrontar la recuperación de una especie declarada en peligro de extinción y para saldar con ello una deuda pendiente con una de las especies más emblemáticas de Castilla-La Mancha

Ecologistas en Acción celebra la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Decreto por el que se aprueba el plan de recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha.

Este plan ha sido insistentemente demandado debido al declive y las amenazas que cercan a esta especie en Castilla-La Mancha y a que, a pesar de estar declarada en peligro de extinción desde 1998, no disponía de un instrumento básico para afrontar su recuperación.

El último censo publicado cifra la población de águila perdicera de Castilla-La Mancha en apenas 85 parejas reproductoras, el 11% del total nacional, distribuidas por provincias de la siguiente manera, Albacete 22, Ciudad Real 23, Cuenca 16, Guadalajara 14 y Toledo 10.

Hoy la perdicera tiene un población mucho menor que las otras dos grandes águilas presentes en nuestros cielos. El águila imperial ibérica se ha recuperado tras la puesta en práctica del plan de recuperación y presenta un censo superior a las 150 parejas y el águila real dispone de una población relativamente estable de entre 250 y 300 parejas. Esto sitúa al águila perdicera a la cabeza de las grandes rapaces más amenazadas de Castilla-La Mancha.

El plan que ve ahora la luz ha tenido un largo proceso de aprobación interrumpido en numerosas ocasiones por motivos inexplicables. El primer borrador del plan data de 2006 y ni siquiera se cumplió con el compromiso de aprobarlo durante el desarrollo del proyecto Life Priorimancha (2009-2012), lo que dio lugar a una llamada de atención de la Comisión Europea.

Ahora lo que toca es afrontar una importante tarea de aplicación del plan. pues el águila perdicera sufre una altísima mortalidad provocada por los tendidos eléctricos y la caza ilegal, a la par que innumerables daños y molestias en su hábitat limitan su capacidad reproductiva.

En el mapa del águila perdicera aparece especialmente en rojo la situación en la provincia de Toledo, donde a duras penas sólo 5 parejas consiguen completar su ciclo reproductor en los últimos años y donde las bajas de aves son incesantes.

Ecologistas en Acción urge ahora a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y poner los medios para que el plan se aplique con la máxima urgencia.