LEY DE MONTES

Cazadores prohiben usar ruta senderista pública en Cabañeros

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Ecologistas en Acción acusa al ayuntamiento de Hontanar, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y al Parque Nacional de Cabañeros de no hacer nada por evitarlo y de dar pie a este tipo de atropellos e ilegalidades que perjudican al ecoturismo en la zona.

Las personas que se han acercado esta Semana Santa a una de las rutas que se publicitan en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Cabañeros se han encontrado con una desagradable sorpresa.

Los gestores del coto de caza por el que atraviesa la ruta desde Hontanar (Toledo) a Los Porches y al Collado de la Madroña han instalado sobre la señalización de la misma unos letreros en los que se puede leer “Atención peligro. Prohibido el paso. Se está cazando con arma larga o rifle en toda la finca del 1 del 4 al 31-7-2017”.

Como ya ocurriera con el caso del vecino municipio de Navahermosa denunciado hace unos días, se conmina a los senderistas que quieren hacer uso de caminos públicos a no hacerlo bajo la amenaza del peligro que pueden correr a causa de la práctica de la caza. En este caso, se trataría de recechos de corzo y seguramente también de aguardos de jabalí que la Consejería de Agricultura pretende autorizar en la nueva orden de vedas para el periodo de abril a julio.

Se da la circunstancia de que el acondicionamiento de esta ruta fue solicitado por el ayuntamiento de Hontanar en 2011 y para tal fin recibió una subvención de 39.680 euros de las ayudas que se conceden en el área de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Ecologistas en Acción se hace eco así de las llamadas de varias personas que en estos días han visto frustrados sus planes de paseo por el entorno de Cabañeros y, por ello, está ya dirigiendo escritos al ayuntamiento, a la Consejería de Agricultura y al Parque Nacional para que de inmediato se retiren los carteles y se abra expediente sancionador al coto. También se solicita que se suspenda la caza en la zona, puesto que, como los carteles reconocen implícitamente, es obvio que el uso de rifles en esta zona y época del año es peligrosa para las personas.

Ecologistas en Acción recuerda que no se puede prohibir el paso por caminos de uso público por motivos cinegéticos. Es más, según la normativa son los cazadores los que no sólo no pueden cazar en los caminos sino que además deben respetar una zona de seguridad de 50 metros de ancho y no pueden disparar en su dirección.

Hay que destacar que éste no es un caso aislado, ya que hay más situaciones en las que los cazadores o los ayuntamientos que los amparan prohíben o intentar coartar el paso de senderistas y ciclistas por rutas señalizadas o caminos públicos. Estas acciones encuentran amparo en la falta de vigilancia de las autoridades y, lo que es más grave, en la permisividad cada vez mayor que la Consejería ofrece a modalidades fuera de la temporada general.

La caza del corzo, los aguardos de jabalí y el control con escopeta del conejo van a acabar dando un disgusto serio a algún viandante, turista o ciclista. De momento ya están perjudicando al turismo de naturaleza, dañando la biodiversidad y generando una muy mala imagen de los espacios naturales de Castilla-La Mancha.

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La caza intensiva atenta cada vez más contra la biodiversidad y el bienestar animal

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whatsapp-image-2016-11-10-at-09-50-09Ecologistas en Acción demanda a las comunidades autónomas la eliminación de la caza intensiva y de todas las malas prácticas asociadas a ella. 

En Castilla-La Mancha el problema es especialmente grave, pues abundan las zonas de caza intensiva y ésta van a aumentar, incluso en espacios protegidos, si termina de implantarse la figura del  cuartel de caza comercial derivada de la vigente ley de caza. En la región, los intensivos son responsables de casos muy grave de veneno y de muerte de especies protegidas y de que se usen los métodos más peligrosos de control de predadores, como los alares. Actualmente hay en Castilla-La Mancha del orden de 287 cotos intensivos o cuarteles de caza comercial, cuando en España había poco más de 600 en 2013. Pedimos a la Junta que retire esta figura de la ley de caza en el proceso de reforma en marcha.

La caza intensiva, basada en la suelta de animales criados en granjas, está creciendo exponencialmente en España en los últimos años. Muy particularmente en las comunidades autónomas del centro y sur peninsular, tales como Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

El crecimiento de este tipo de caza ha sido tan grande que ya se da muerte a más perdices rojas “de bote” o criadas en granjas que naturales. Según datos del último Anuario de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013, en España se cazaron 2.423.519 perdices en total, mientras que se soltaron del orden de 1.352.058, es decir, las sueltas equivalen al 55,7 % del total de ejemplares cazados. Asimismo se mataron más de 104.000 faisanes, todos procedentes de sueltas.

Esta caza, que cabría calificar de industrial, basada en la cría en granjas, sueltas y caza masiva de ejemplares, lleva aparejada un intenso manejo del acotado para garantizar que la alta inversión que implica todo el proceso se rentabiliza con los altos precios que están dispuestos a pagar los clientes que se acercan a ellos.

Operadores de turismo cinegético llegan a facturar del orden de 46 a 57 euros por perdiz cobrada, y se garantiza siempre un mínimo de capturas a cada partida de 3-8 cazadores que puede rondar las 500-600 perdices. Es decir, un grupo que ha contratado los servicios de uno de estos cotos intensivos está dispuesto a pagar cerca de 36.000 euros en un solo fin de semana.

La desproporción entre lo que se caza en las zonas intensivas y lo que se caza en el resto de espacios aumenta cuando se observa que las primeras ocupan el 1 % de la superficie total de zonas de caza en España y suponen un 2% del total de espacios acotados.

Sin embargo, su impacto en términos de daños a la biodiversidad y al bienestar animal se multiplica, ya que estos cotos actúan como sumideros de especies protegidas y no protegidas debido a las malas prácticas que los caracterizan,  producen un efecto contagio en la mala gestión del resto de cotos y, además, han forzado cambios normativos que los promueven a la par que reducen los controles ambientales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015, donde el lobby de los intensivos ha forzado un cambio a su favor sin precedentes introduciendo la figura del cuartel de caza comercial.

Las malas prácticas que se dan en la caza intensiva son numerosas, pero las más destacadas son las que tienen que ver con la utilización de medios legales e ilegales de control de predadores, tales como lazos, cajas-trampa o veneno; la caza masiva y el tiro al blanco que se ejerce sobre los animales de granja, que se matan por cientos cuando no por miles en una sola jornada de caza; y la dispersión brutal de plomo en el medio natural que provoca el uso de la munición.

Además, en los cotos intensivos se permite cazar fuera de la temporada general de caza, en época de reproducción o de paso migratorio, y se suelen realizar numerosas infraestructuras impactantes para darles servicio, tales como grandes caseríos y palacetes, una densa red de caminos y pistas, vallados que cercan la finca y hasta aeropuertos privados.

Ejemplos del perjuicio que provocan los cotos intensivos en la biodiversidad los hay numerosos y muy recientes. En el pasado verano el Seprona denunciaba a un coto intensivo de Moratalla, Murcia, por usar veneno y matar animales domésticos y silvestres.  Recientemente se ha conocido la sentencia que condena a un año y medio de prisión y 90.000 euros de indemnización al titular de las fincas La Nava y Barranco de la Gomera, al sur de Ciudad Real, por la muerte de la lince “Grazalema” en una caja-trampa para capturar predadores. En septiembre pasado se denunciaba al coto Mata del Moral en la provincia de León por la muerte masiva de especies protegidas. Un conocido coto intensivo toledano, Mochares, con dos precedentes de uso de veneno, ha sido sancionado a principios de 2016 con un año de suspensión de la caza tras aparecer 10 rapaces, entre ellas 5 milanos reales especie en peligro de extinción, y 16 cebos envenenados.

Pero lo malo no son sólo las actuaciones ilegales, también las legales son más que peligrosas. Uno de los linces del programa de reintroducción en Castilla-La Mancha, Llera, cayó en mayo de 2015 en un lazo en alar autorizado y pudo ser liberado gracias a que portaba radiotransmisor. En estos alares que permiten las comunidades autónomas amparándose en una inaudita homologación realizada por el MAGRAMA se llegan a instalar 240 lazos por cada 500 hectáreas de terreno, una tupida red de trampas de la que difícilmente escapará predador alguno. El alar ha sido una demanda de los cotos intensivos y de otros grandes cotos que no entienden la caza sin perseguir a lo que ellos llaman “alimañas”.

Los daños de los intensivos en la biodiversidad están acreditados por numerosos estudios. Una revisión de especialistas del CSIC sobre los efectos de la caza menor publicada en la revista Ecosistemas (número 22, mayo-agosto, 2013) concluía sobre ellos que “las sueltas de perdices de granja u otras características de los cotos intensivos podrían estar afectando negativamente a dos grupos de aves protegidas”, las rapaces y las esteparias.  Y considera que “además de sus efectos en las poblaciones nativas de las especies en cuestión, las sueltas pueden tener efectos negativos en la fauna no cinegética, ya que pueden favorecer la introducción de parásitos nuevos en el medio, que podrían afectar negativamente a otras especies presentes en los mismos ecosistemas”.

A pesar de las evidencias, las administraciones no solo se muestran reacias a prohibir la caza intensiva, sino que cada día la fomentan más, con normativas cada vez más permisivas y con una ausencia de vigilancia flagrante. La presión del lobby que maneja este negocio es tal que llegar incluso a acallar las voces de otros sectores cinegéticos que dicen sentirse perjudicados por este tipo de caza, a la que acusan de haber acabado con la perdiz autóctona.

La caza intensiva que se ejerce en los cotos intensivos, en los cuarteles de caza comercial o en los llamados escenarios de caza no puede permitirse de ninguna manera, y es hora de que las administraciones responsables la prohíban de una vez por todas. Solo una débil justificación economicista que beneficia a unos pocos hace que se mantenga una práctica dañina y perjudicial en todos los sentidos.