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Las organizaciones ambientales reclaman rehacer el Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha para cumplir con Europa

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España muestran su interés por mejorar la política de aguas autonómica en el marco de la normativa europea, si bien, consideran contradictorio el contenido del documento e inadecuado en su planteamiento. Para dar solución a los problemas, las propuestas únicamente se dirigen hacia otras administraciones y regiones. 
  • Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo incluir compromisos en relación con las numerosas competencias del ejecutivo autonómico en sectores relacionados con la gestión y planificación hidrológica, por lo que resulta poco ambiciosa para alcanzar los compromisos europeos.
  • Tras analizar la propuesta, las ONG apuntan que es urgente un giro radical en la política autonómica de aguas, por lo que proponen rehacer por completo el documento y el proceso de consenso, para orientarlo hacía una visión sostenible del agua y respetuosa con los ecosistemas acuáticos.

Ante la propuesta de posición común en materia de agua, conocido como Pacto Regional del Agua[1], las entidades de defensa del medio ambiente de implantación estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han trasladado al Ejecutivo regional la urgencia por mejorar la implantación y reforzar el contenido de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el Estado español. Máxime si llega desde una comunidad autónoma, cuyas competencias juegan un papel clave a la hora de alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica acorde con los principios de dicha directiva europea.

Así, tras analizar el documento y consensuar una posición común, las entidades ambientales manifiestan que la propuesta presenta notables contradicciones con la normativa europea en materia de aguas y planteamientos que conllevarían nuevas expectativas que dificultarían aún más la consecución de los objetivos medioambientalesLamentan igualmente que no se reconozcan estos objetivos como solución a la garantía en cantidad y calidad de los usos actuales y futuros del agua en un escenario de cambio climático.

Según las organizaciones ecologistas, la propuesta olvida por completo que Castilla-La Mancha cuenta con las competencias de proyectos, obras y aprovechamientos hidráulicos de interés para la comunidad autónoma en agricultura, ganadería, urbanismo, abastecimiento y saneamiento, conservación de la naturaleza y medio ambiente, minería, pesca fluvial, deporte, ocio y turismo, entre otros sectores relacionados con el agua. Por ello, apuntan que el diagnóstico es incompleto y carente de compromisos internos, lo que impide avanzar hacia una política de aguas territorial realista, moderna, sostenible y acorde a los principios de la DMA.

De esta manera, las entidades entienden que la posición presentada por Castilla-La Mancha supone perder la oportunidad de dejar atrás la visión obsoleta que se centra en la mera oferta del recurso hídrico en lugar de en su protección. La propuesta resulta especialmente inconcreta respecto a las cuestiones medioambientales, el diagnóstico de partida, la identificación de las necesidades, las medidas específicas y el seguimiento que evalúe el cumplimiento y la efectividad de las mismas.

Ante esta situación, y entre otras peticiones, las entidades reclaman:

  • Compromiso por cumplir escrupulosamente con la DMA y por modificar todos aquellos programas, planes y proyectos de competencias autonómicas y municipales que dificulten el cumplimiento de los objetivos medioambientales de cara al horizonte de planificación de 2027. Asumir que esta nueva visión del agua es considerar este elemento no solo como recurso, sino como componente de los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, que su adecuada gestión depende sobremanera de la política territorial, por lo que necesariamente deben racionalizarse los usos y replantearse la jerarquía de las prioridades para adaptarse a los principios de la normativa europea y contribuir a alcanzar los objetivos de la planificación.
  • Resumir la situación de partida, exponiendotodos los aspectos negativos y positivos desde los diferentes ámbitos: ambiental, social técnico o jurídico. Proponer compromisos concretos, medibles y definitivos. Para ello, es necesario elaborar un documento de diagnóstico previo que analice verdadera y objetivamente los problemas y retos a los que se enfrenta la planificación hidrológica en Castilla-La Mancha, ante un escenario de cambio climático.
  • Proporcionar la información y las herramientas para que todos los interesados(administraciones autonómicas y locales, entidades supramunicipales, sectores y ciudadanos interesados, empresas, técnicos, entidades sociales y ambientales, etc.) entiendan mejor las obligaciones y oportunidades que corresponden a cada uno y puedan contribuir todos ellos con propuestas realmente valiosas a la construcción de una posición de la sociedad castellano-manchega.

Entendiendo que el documento de posición no reconoce en absoluto la necesidad de realizar una reforma completa en las políticas autonómicas en relación con el agua, las cinco organizaciones ambientales determinan que el pacto debería rehacerse y reorientarse hacía la calidad de los ecosistemas y la sostenibilidad del agua, y solicitan el compromiso de la atención a sus peticiones si la intención es alinearse a los objetivos de la normativa europea.

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El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.

DENUNCIAMOS LAS OBRAS DE LOS AZNAR-ORIOL EN UNA FINCA DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS

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safe_imageAmigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian ante el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y la Junta de Castilla-La Mancha las obras en una finca privada del Parque Nacional de Cabañeros. Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, como representantes de todas las organizaciones ecologistas de ámbito estatal en el Patronato del Parque Nacional, han enviado al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sendas denuncias en relación a las obras de remodelación de una mansión y la construcción de una pista en pleno corazón del Parque Nacional de Cabañeros.

Tras las noticias aparecidas en los medios de comunicación ayer, que señalaban la construcción de una mansión y de una pista en una finca privada del parque nacional, dos técnicos de Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife se desplazaron a la zona para verificar lo publicado. Pudieron comprobar la veracidad de los hechos y, además, constataron que las obras se han llevado a cabo eliminando vegetación y ocupando una zona de dominio público como es la Cañada Real Segoviana, sobre la que se ha ejecutada una pista con una banda de afección de unos seis metros de ancho.

Las cinco grandes organizaciones ecologistas españolas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF esperan que tras las denuncias presentadas ante el OAPN y el Gobierno autonómico se realice una investigación en profundidad de los hechos y se informe de cómo es posible que se lleguen a ejecutar unas obras de tanta importancia y tan impactantes en un parque nacional.

Asimismo, las ONGs solicitan la paralización inmediata de las obras y, una vez se lleven a cabo los procedimientos penales y sancionadores a que hubiere lugar, se restituya y se indemnice el daño causado al Parque Nacional de Cabañeros.

A juicio de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, actuaciones como ésta y otras denunciadas en fechas recientes, como el cierre de senderos para realizar monterías o la construcción de vallados cinegéticos, son ejemplos de mala gestión por parte de los titulares de fincas privadas en parques nacionales. Las ONGs esperan que la reforma de la Ley de Parques Nacionales, actualmente en el Senado asegure que los criterios de conservación prevalezcan en estos espacios de gran valor natural.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado apuntan en dirección contraria y, aunque ya ha habido propuestas de mejoras sobre la enmienda 278 presentada inicialmente, estas no son suficientes para que prevalezca el interés general de los parques nacionales y se erradiquen los intereses particulares.

Más información:

Miguel Ángel Hernández, Ecologistas en Acción, 608 82 31 10
Sara Cabezas-Pedro Cáceres, SEO/BirdLife, 914 34 09 10
Teresa Rodríguez, Amigos de la Tierra, 680 93 63 27
Conrado García, Greenpeace, 660 47 12 67
Guillermo Prudencio, WWF, 608 00 69 76

Comenzamos la marea #CospedalPagaTú

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Pedimos que Cospedal pague de su bolsillo los gastos derivados de la denuncia a Greenpeace

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Satisfacción y enhorabuena a Greenpeace por la retirada de la demanda por vulnerar el derecho al honor de Cospedal

Nota de Prensa de Ecologistas en Acción Castilla la Mancha

Ante el anuncio de la retirada de la demanda de la Junta de CLM por la presunta vulneración del derecho al honor de la Presidenta María Dolores de Cospedal, Ecologistas en Acción quiere mostrar su satisfacción y enhorabuena a Greenpeace al quedar acreditado que lo que hizo la organización ecologista no fue otra cosa que dar una información de interés público cuando citó al Sr. López del Hierro en su informe “Amnistía a la Destrucción”. 203px-Scale_of_justice.svg

Asimismo, el desistimiento de la demanda por parte de la Junta pone de relieve lo temerario de la misma y por ello, y por entender que la decisión de ir a los Juzgados es responsabilidad última de la Sra. Cospedal, Ecologistas en Acción pide que sea ella personalmente la que asuma los gastos ocasionados al erario público de la Junta por la tramitación de la citada demanda.