Gestión

La propuesta de que los cazadores realicen el seguimiento de poblaciones cinegéticas tiene fines espurios.

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Típicos cebaderos para animales, habituales en la “gestión” cinegética de especies

Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las especies de caza se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético. Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha confía en que el gobierno regional deseche rotundamente la delirante propuesta de los cazadores.

En las últimas horas se ha hecho pública una propuesta que la Fundación cinegética Artemisan con apoyo de la Federación Española de Caza ha dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las Comunidades Autónomas para que los cazadores sean quienes faciliten los datos para el seguimiento y evaluación del estado de las poblaciones cinegéticas con vistas a la aprobación de normas de caza.

El proyecto , que se denomina “Observadores cinegéticos” no sólo persigue fines espurios, sino que pone de manifiesto que la tan proclamada buena gestión de que hace gala el sector cinegético queda en entredicho por los propios cazadores.

A día de hoy los cazadores ya están obligados a hacer un seguimiento de las poblaciones de especies cinegéticas, así como a comunicar las capturas que se realizan. La normativa les obliga a través de los planes técnicos de caza que se deben renovar periódicamente y que deben basarse en un adecuado censo de poblaciones. Además, la normativa obliga a comunicar periódicamente esos datos a las administraciones, todo ello en el marco que supone debe garantizar la buena gestión cinegética.

El problema de esos censos y de esos planes técnicos de caza es que nadie se los cree, ni los propios cazadores por lo que se ve. En muchas ocasiones lo que comunican los cazadores son cortas y pega de datos de otros cotos, o de años anteriores. De manera que, ante la pasividad de la administración, se justifique que sigan cazando lo que ellos quieran.  En suma, la “buena” gestión cinegética es una mentira.

Por otra parte, si los cazadores son ya “observadores” de las poblaciones de los cotos, ¿por qué entonces presentan este proyecto? Ellos mismos lo dicen abiertamente, “para reducir los problemas” que en los últimos años se producen por los recursos que interponen organizaciones ambientales y animalistas y que están anulando en los tribunales órdenes de veda y otras normativas cinegéticas.

La jugada del sector cinegético no puede ser más evidente y con fines más espurios. Como los tribunales están anulando las órdenes de veda y planes de gestión, como los del lobo, por ausencia de informes técnicos o científicos que los justifiquen o porque los datos de esos informes no avalan las pretensiones de los cazadores y de las administraciones, lo mejor es que el propio sector los elabore a la medida de sus propios intereses. Así las administraciones los podrán usar para justificarse ante los tribunales y podrían evitar la acumulación de sentencias anulatorias de normas de caza.

Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las poblaciones cinegéticas se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético y de los intereses de las administraciones. Y que el sector de la caza cumpla con la normativa en cuanto a los planes técnicos de caza o que se les sancione debidamente. Sólo así se puede garantizar la debida protección y conservación de la fauna silvestre cada día más amenazada por la caza. En este sentido la asociación se dirigirá en próximas fechas tanto al Ministerio como a las Comunidades Autónomas para defender esta postura y abrirles los ojos frente a la #LaVerdadDeLaCaza.

La mala gestión de la sequía sitúa al borde del colapso a los humedales

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Embalse del Torcón (Toledo) Imagen de encastillalamancha.es

Afecta en especial a los humedales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 

El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Ecologistas en Acción considera que la elaboración de los planes de sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente debe incluir medidas de protección de los caudales ambientales y control de las extracción para paliar los efectos de la sequía y evitar que la sobreexplotación del agua afecte al estado de conservación de las zonas húmedas. 

La sequía es un fenómeno habitual y, por efecto del cambio climático, de magnitud creciente. Sus efectos son conocidos y predecibles, pero se agravan sobremanera cuando la mala gestión y la improvisación se impone a la protección de los recursos naturales. 2017 ha sido un año muy seco, ha llovido un 29 % por debajo de la media de los 30 años anteriores. También la temperatura media de la última década es 0,9 grados superior a la de ese periodo. Bajo estas condiciones, el agua disponible en los ríos y acuíferos se ha reducido un 20 % en 25 años.

El actual período de sequía, que no ha cesado, está provocando que una gran parte de los humedales se hayan secado o hayan permanecido con muy bajos niveles de agua y más vulnerables a la contaminación. Humedales protegidos como Doñana, la Mancha Húmeda y Daimiel, la Albufera de Valencia, el Mar Menor o la laguna de Gallocanta se han encontrado bajo mínimos, y algunos están al borde del colapso. Los efectos son particularmente más graves en los humedales de menor entidad, a los que además tradicionalmente se les presta menor atención. Es el caso de los arroyos y manantiales, y el de los criptohumedales y las lagunas de menor entidad. En extensas áreas del interior peninsular solo tienen niveles de agua para sobrevivir aquellas zonas que reciben caudales de plantas depuradoras o fugas y retornos de las redes de transporte, aunque esto puede implicar modificaciones importantes en la calidad del agua.

Las zonas húmedas de gran tamaño se ven afectadas. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel solo dispone de 500 hectáreas encharcadas de las 1850 de las que dispone de lámina teórica de agua. Los humedales colindantes de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete están en su mayor parte secos o bajo mínimos. También es grave la situación en la que se encuentra la laguna de Gallocanta, la mayor zona húmeda salina de Europa. O la del Mar Menor, que tiene unos niveles de contaminación inasumibles.

Ecologistas en Acción considera que la gestión de la sequía por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de las confederaciones hidrográficas ha contribuido de forma decisiva a agravar sus efectos y a poner en riesgo el estado de conservación de los humedales e incluso la atención a los abastecimientos urbanos.

Por ello, la organización ecologista considera que, de forma inmediata y también de cara a la incorporación de medidas en los planes de sequía actualmente en tramitación, se deben incorporar las siguientes salvaguardas:

  • Elaboración y dotación de un plan de emergencia para la protección y la atención de las necesidades hídricas de los humedales y de los regímenes de caudales ambientales que se vean afectados por la sobrexplotación y especialmente en situaciones de sequía.
  • Blindaje de la atención prioritaria de los caudales ambientales y de los abastecimientos urbanos sobre cualquier otro uso.
  • Toma de medidas preventivas y correctoras de reducción de la extensión de regadío y de las dotaciones al mismo como responsable de más del 93 % del consumo del agua en España.
  • Replanteamiento de la reutilización para riego de las aguas depuradas, ya que es muy necesario su aportación al cauce en situaciones de sequía.
  • Analizar a nivel de masa de agua, y no solo del conjunto de la demarcación, los problemas de sequía y las medidas a adoptar, con especial atención a las situaciones en las cabeceras de las cuencas.