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Mueren cuatro linces a manos de cazadores en Castilla-La Mancha

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  • En lo que va de 2019 al menos cuatro lices ibéricos han muerto en los Montes de Toledo por disparos de escopeta y trampas.
  • El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha informado de los casos y se desconoce si se han abierto expedientes en vía penal y administrativa.
  • Ecologistas en Acción reclama transparencia y una acción contundente de cese de la caza en las zonas donde han aparecido los linces muertos.
Lince muerto en un cepo en Toledo en septiembre

2019 está siendo un año trágico para los linces ibéricos en Castilla-La Mancha, especialmente en la provincia de Toledo.

En los últimos meses se ha certificado la muerte de cuatro linces del programa de reintroducción puesto en marcha por el proyecto Life+Iberlince en la comarca de los Montes de Toledo y del que ahora se hace cargo la Junta de Castilla-La Mancha.

Los casos verificados corresponden con una muerte en un lazo, otra en un cepo y dos por disparos con escopetas de caza. Dos de las muertes han tenido lugar en el mes de septiembre.

Desde que se tienen estadísticas de mortalidad de lince ibérico en este siglo no se había producido una cifra tan alta de muertes debidas a la caza ilegal de linces en una zona tan concreta y en un espacio de tiempo tan corto.

En todos los casos las muertes de linces han tenido lugar por el empleo de medios de caza, bien sea durante el desarrollo de actividades cinegéticas permitidas o por el empleo de métodos de control de predadores.

La distinta naturaleza de los casos hace aún más preocupante la situación, pues las muertes se han producido en distintas fincas y cotos de caza de los Montes de Toledo, en áreas en teoría sujetas a mayor vigilancia por ser objeto del desarrollo del programa de reintroducción y recuperación de esta especie en peligro de extinción.

Todo apunta a que, lejos de lo que se suponía, el lince ibérico no está efectivamente protegido, sobre todo frente a las prácticas cinegéticas, legales o no, y que no solo se están dando en Castilla-La Mancha, sino también en Extremadura o Andalucía. Prácticas que perviven enquistadas en el sector de la caza y que, por desgracia, se regulan deficientemente por parte de unos gobiernos regionales, en particular el de Castilla-La Mancha, más interesados en evitar el conflicto con los cazadores que en la protección efectiva de nuestras especies más amenazadas.

Ante la gravedad de los hechos, Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al Consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha pidiendo transparencia en la información sobre la especie, así como los detalles de los expedientes informativos y sancionadores abiertos por estos u otros casos de mortalidad directa de linces que se hayan producido en este año.

Se reclama asimismo que, ante el inminente inicio de la temporada de caza, se cierren cautelarmente los cotos donde han aparecido los linces muertos hasta que se aclaren los hechos y se recupere la zona del daño causado.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación porque estos casos no se hayan hecho públicos hasta ahora y pedirá una explicación al respecto, ya que hasta hace no mucho el proyecto Iberlince y las entidades que participan de él eran muy diligentes a la hora de informar de estas situaciones.

La propuesta de que los cazadores realicen el seguimiento de poblaciones cinegéticas tiene fines espurios.

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Típicos cebaderos para animales, habituales en la “gestión” cinegética de especies

Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las especies de caza se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético. Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha confía en que el gobierno regional deseche rotundamente la delirante propuesta de los cazadores.

En las últimas horas se ha hecho pública una propuesta que la Fundación cinegética Artemisan con apoyo de la Federación Española de Caza ha dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las Comunidades Autónomas para que los cazadores sean quienes faciliten los datos para el seguimiento y evaluación del estado de las poblaciones cinegéticas con vistas a la aprobación de normas de caza.

El proyecto , que se denomina “Observadores cinegéticos” no sólo persigue fines espurios, sino que pone de manifiesto que la tan proclamada buena gestión de que hace gala el sector cinegético queda en entredicho por los propios cazadores.

A día de hoy los cazadores ya están obligados a hacer un seguimiento de las poblaciones de especies cinegéticas, así como a comunicar las capturas que se realizan. La normativa les obliga a través de los planes técnicos de caza que se deben renovar periódicamente y que deben basarse en un adecuado censo de poblaciones. Además, la normativa obliga a comunicar periódicamente esos datos a las administraciones, todo ello en el marco que supone debe garantizar la buena gestión cinegética.

El problema de esos censos y de esos planes técnicos de caza es que nadie se los cree, ni los propios cazadores por lo que se ve. En muchas ocasiones lo que comunican los cazadores son cortas y pega de datos de otros cotos, o de años anteriores. De manera que, ante la pasividad de la administración, se justifique que sigan cazando lo que ellos quieran.  En suma, la “buena” gestión cinegética es una mentira.

Por otra parte, si los cazadores son ya “observadores” de las poblaciones de los cotos, ¿por qué entonces presentan este proyecto? Ellos mismos lo dicen abiertamente, “para reducir los problemas” que en los últimos años se producen por los recursos que interponen organizaciones ambientales y animalistas y que están anulando en los tribunales órdenes de veda y otras normativas cinegéticas.

La jugada del sector cinegético no puede ser más evidente y con fines más espurios. Como los tribunales están anulando las órdenes de veda y planes de gestión, como los del lobo, por ausencia de informes técnicos o científicos que los justifiquen o porque los datos de esos informes no avalan las pretensiones de los cazadores y de las administraciones, lo mejor es que el propio sector los elabore a la medida de sus propios intereses. Así las administraciones los podrán usar para justificarse ante los tribunales y podrían evitar la acumulación de sentencias anulatorias de normas de caza.

Ecologistas en Acción reclama que los datos sobre las poblaciones cinegéticas se tomen por entidades técnicas o científicas independientes del sector cinegético y de los intereses de las administraciones. Y que el sector de la caza cumpla con la normativa en cuanto a los planes técnicos de caza o que se les sancione debidamente. Sólo así se puede garantizar la debida protección y conservación de la fauna silvestre cada día más amenazada por la caza. En este sentido la asociación se dirigirá en próximas fechas tanto al Ministerio como a las Comunidades Autónomas para defender esta postura y abrirles los ojos frente a la #LaVerdadDeLaCaza.