ESPAÑA

Las organizaciones del Programa Antídoto piden medidas definitivas para acabar con el veneno en el campo a las administraciones .

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cadáver de Buitre negro envenenado redLas nueve organizaciones integrantes del Programa Antídoto, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, reclaman al MAPAMA y a las administraciones competentes de las Comunidades Autónomas una mayor implicación para acabar con esta práctica ilegal. Castilla-La Mancha precisa de un impulso urgente en la lucha contra el uso del veneno

Toledo ha acogido la reunión anual de las nueve organizaciones de defensa del medio ambiente que forman el Programa Antídoto para valorar la situación del uso del veneno en España y de las graves consecuencias que acarrea para la biodiversidad. La primera conclusión a la que han llegado es que el veneno continúa muy presente en el campo y que las administraciones se han relajado en su erradicación.

Las organizaciones muestran su preocupación por la tendencia actual en todo el territorio hacia el debilitamiento del nivel de compromiso en la lucha contra el veneno. Después de un periodo de crecimiento de actuaciones de persecución del uso de veneno, los informes presentados en la reunión señalan cómo desde 2011 hay un progresivo y notable retroceso de la acción de las administraciones en la materia. Destacan como uno de los aspectos más negativos, a pesar de la persistencia de episodios de veneno, y salvo excepciones, el alto grado de impunidad que se da para este delito. En la reunión, se han estudiado propuestas concretas para la mejora de la normativa básica estatal en la materia, coincidiendo en la necesidad de una reducción de los episodios de veneno y de aumentar la actuación policial y legal contra esta grave amenaza para la fauna.

Estrategia Nacional

Las organizaciones del Programa Antídoto han acordado solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que apoye económicamente líneas maestras de la Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados, como son la formación de servicios técnicos y jurídicos de las comunidades autónomas y de agentes de la autoridad, el apoyo a la realización de analíticas de los animales y cebos envenenados y el apoyo a las unidades caninas especializadas en la detección de venenos.

Análisis de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión anual

Como cada año, el Programa Antídoto ha hecho una valoración más específica de la comunidad autónoma donde se celebra la reunión. En este caso ha puesto el  foco  en Castilla-La Mancha, apreciando que ya en el año 1999 fue una región líder en dotación de normativa y en otros aspectos, pero que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Los protocolos de la Estrategia regional (2005) han quedado obsoletos,  han disminuido los medios humanos destinados a la vigilancia y los servicios jurídicos apenas concluyen expedientes sancionadores y de cierre de cotos de caza. Además la actual administración no acaba de cumplir su compromiso de modificar la Ley de caza de 2015 que supuso  un  menoscabo de de la fortaleza normativa regional en materia de lucha contra el veneno.

El caso de la bromadiolona

Un tema que preocupa especialmente a las organizaciones ambientalistas es el de la grave aplicación de venenos rodenticidas por parte de la Consejería de Agricultura en Castilla y León. En relación con ello se ha revisado la situación de las iniciativas judiciales que el Programa Antídoto está llevando a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León, recordando que la Consejería de Agricultura sigue sin aportar los informes solicitados por el Juzgado sobre los métodos empleados para declarar la existencia de plaga de topillo. El Programa Antídoto alerta una vez más de que el veneno utilizado, la bromadiolona, es uno de los tóxicos más peligrosos para la fauna silvestre que está causando estragos en el medio natural y poniendo en riesgo la marca “Tierra de sabor”.

Ejemplos positivos y negativos en el resto de España

Durante la reunión se han mostrado ejemplos de  comunidades autónomas como Madrid o Extremadura, claves para la conservación de especies muy afectadas por el veneno y en las que no se ha aplicado ni una sola sanción en veinte años a pesar de los casos registrados.

Sin embargo las organizaciones del Programa Antídoto reconocen  también que en el ámbito de la persecución de este delito ha habido algunas iniciativas con resultados muy destacables, como los logrados por el cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña que ha conseguido erradicar el uso de veneno en la provincia de Lérida y cuyos agentes especializados son un modelo a implantar en otras regiones. También es muy destacable en los últimos años, en el ámbito estatal, por su efectividad, el trabajo de la Unidades Caninas especializadas en detección de venenos tanto de la Guardia Civil como de algunas comunidades autónomas.

Daños graves que amenazan la biodiversidad

El Programa Antídoto recuerda que los daños que el empleo del veneno provoca en la biodiversidad son enormes. El informe El veneno en España (1992-2013), que analiza los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, desvela que en los últimos 20 años se han producido 8.324 episodios de envenenamiento. Esto ha significado la muerte de 18.503 animales. Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no se encuentran. Por su parte, el informe Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España 2010-2015 muestra como solo en 54 casos en ese periodo se ha registrado la muerte de más de 900 animales, buena parte de ellos especies amenazadas.

Sobre el Programa Antídoto: La lucha contra el uso ilegal de veneno tuvo un gran impulso en 1997 cuando surgió el Programa Antídoto, fruto de la preocupación de varias entidades de defensa de la naturaleza por la repercusión catastrófica que, sobre la vida silvestre y, en especial, sobre importantes especies amenazadas, estaba teniendo el uso masivo de veneno en el medio natural. Está formado por nueve organizaciones: Ecologistas en Acción, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), la Fundación Oso Pardo (FOP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y la Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES).

 

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Envenenamiento de fauna protegida: una amenaza de primera magnitud para la biodiversidad

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informevenenoecologistasEcologistas en Acción ha elaborado el informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’. El documento pone de manifiesto que el uso de veneno en España sigue estando muy extendido y que las administraciones no están siendo eficaces para atajar un problema que está poniendo en jaque a muchas especies. El número de casos graves registrados se mantiene en una ratio similar a la del informe precedente, hecho para el periodo 2006-2009, pero se han contabilizado un 80% más de animales afectados.

Castilla-La Mancha con un 20% de los casos y más de 117 ejemplares envenenados encabeza junto a Castilla y León la lista de comunidades donde más daño hace el veneno. Toledo la provincia con más casos, junto con Badajoz. La caza responsable de 7 de los 8 casos de envenenamiento grave registrados en Castilla-La Mancha. Milanos reales, águilas imperiales, reales y perdiceras, las especies protegidas más afectadas. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural está falta de medios y de resolución para atajar esta grave problema. El caso más reciente, de noviembre de 2015 en Arcicollar (Toledo) produjo la muerte de 21 animales, entre ellos 6 milanos reales y en el coto se sigue cazando como si no hubiera pasado nada.

En los 54 casos graves de envenenamiento de fauna estudiados a nivel de todo el estado español en el informe se ha confirmado la muerte de más de 900 ejemplares de diferentes especies, muchas de las cuales se encuentran protegidas por nuestra legislación. Entre las especies en peligro más afectadas por el veneno cabe destacar el milano real y el lobo ibérico, aunque siguen siendo numerosos los casos que afectan al águila imperial, el buitre negro y el buitre leonado, y especialmente dañinos los que afectan a especies tan escasas como el quebrantahuesos, el alimoche, la águila perdicera y el lince ibérico.

A pesar de su ilegalidad, el veneno se sigue empleando extensamente para matar animales predadores con fines cinéticos (en un 48,1% de los casos) y ganaderos (en un 31,5% de los casos). También, bajo un discutido amparo legal, se usa para tratar presuntas plagas agrícolas como la de topillo campesino en Castilla y León.

Si comparamos los datos obtenidos en 2006-2009 con los de 2010-2015, vemos que varias comunidades autónomas siguen acumulando buena parte de los casos, como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Por el contrario, en comunidades como Andalucía, Canarias o Aragón se han registrado menos casos graves.

Los agentes tóxicos más habituales siguen siendo fitosanitarios como el aldicarb (en un 18,5% de los casos en el presente informe, mientras que en el de 2006-2009 alcanzó el 19,5%) y carbofurano (18,5% en 2010-2015 frente al 17% en 2006-2009), si bien ha descendido el empleo de cócteles de varias sustancias (en los que habitualmente figuran las mencionadas con anterioridad), pasando del 19,5% en 2006-2009 al 7,4% en el último informe.

Desde el punto de vista numérico, los casos más graves se han detectado en Navarra y en Castilla-La Mancha, aunque no hay que olvidar la mortalidad asociada al uso a gran escala de bromadiolona en Castilla y León, con numerosos episodios de envenenamiento de diferentes especies que aparecen frecuentemente como casos dispersos en las estadísticas.

Resulta evidente, por tanto, que el empleo de venenos como método letal e indiscriminado de control de fauna causa efectos devastadores sobre muchas especies sensibles y constituye un riesgo cierto para su supervivencia. Datos oficiales ponen de relevancia que apenas se localiza uno de cada diez casos de uso de veneno.

En el tiempo transcurrido desde el anterior informe la situación ha variado en algunas comunidades autónomas. Es de destacar el esfuerzo acometido por administraciones como la andaluza y los pasos dados en materia de imposición de sanciones, cierre de cotos y aprobación de planes autonómicos contra el veneno en algunas otras. No obstante el posicionamiento de la mayoría de las administraciones autonómicas frente al problema del veneno sigue siendo excesivamente tibio y resulta manifiestamente mejorable.

Ecologistas en Acción cree necesario incrementar los medios de vigilancia y sanción del uso del veneno. Hacen falta más agentes medioambientales y unas fiscalías implicadas. Y que todo caso de veneno, además de la correspondiente sanción penal o administrativa, conlleve la suspensión automática del coto o de la explotación agraria afectada hasta que se recupere el daño causado a las especies.

Informe ‘Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 2010-2015’ completo en: http://www.ecologistasenaccion.org/article33690.html

España no necesita un pacto nacional del agua, sino cumplir con urgencia con los compromisos europeos en materia de aguas

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  • 29 entidades1 de la sociedad civil consideran innecesario un pacto nacional del agua, porque ya existe un “pacto” acordado por todos los europeos, que es la Directiva Marco del Agua, cuyos principios se asientan en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos.
  • Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional aprobar una proposición no de ley para un pacto nacional del agua continuista que agravará aún más la profunda insostenibilidad de la política hídrica española y que hasta el momento, de acuerdo con la opinión de la Comisión Europea, incumple con la legislación europea.
  • Los argumentos esgrimidos para la defensa de este pacto por parte de los promotores son una apuesta por polémicos embalses y trasvases, que se alejan de las prioridades europeas y de la realidad del cambio climático, todo ello bajo una supuesta solidaridad y reparto territorial del agua.
  • Los firmantes aseguran que el objetivo del pacto es retomar la política de trasvases como el del Ebro y promover nuevos desde el Tajo, el Duero o el Guadiana.

Ante la proposición no de ley presentada por el Partido Popular2para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y aprobada el pasado 19 de octubre3 con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, las organizaciones firmantes denuncian el posicionamiento desfasado de los miembros de dicha comisión con la política europea en materia de aguas, y la desacertada continuidad de una política hidráulica caduca, imposible de cuadrar con los principios de la sostenibilidad.

Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional afirmar que el Gobierno haya cumplido con los compromisos de planificación hidrológica acordados con la Unión Europea en materia de aguas. Estas organizaciones presentaron decenas de alegaciones a los planes hidrológicos aprobados y han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de aguas. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados en el primer ciclo de planificación hidrológica (EU PILOT 7835/15/ENVI) y a la vez investiga el efecto de la modificación de las reglas básicas de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la cuenca del Tajo (EU-Pilot 6134/2014/ENV), y la afección al parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen. En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este mismo año un informe donde mostraba sus preocupaciones sobre la planificación hidrológica española –y en concreto, de las cuencas del Tajo y del Ebro-, y solicitaba a la Comisión Europea que rechazara el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados por el Gobierno español. A esto se suma la situación de máxima urgencia que viven algunos de los humedales más importantes de España por una política hidrológica insostenible, como son el caso de las Tablas de Daimiel, Doñana, el Delta del Ebro, los espacios protegidos de la cuenca del Tajo, la Albufera o el Mar Menor.

Las organizaciones muestran su sorpresa al verificar que el famoso pacto nacional del agua va dirigido a crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, y para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país. Un planteamiento clásico para abrir la puerta a futuros trasvases desde cuencas como la del Ebro, Tajo, Duero o Guadiana, siempre fuera de los mecanismos establecidos en los planes hidrológicos y del control de la participación ciudadana y de los territorios afectados. Por ello, al tiempo que destacan la dimensión territorrial del agua y las funciones ecosistémicas que desempeña en su fluir por ríos y acuíferos, recuerdan la primera consideración de la Directiva Marco del agua: “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

Para las organizaciones firmantes los argumentos de “desequilibrio hidráulico-territorial” y de “cuencas deficitarias” parten de un enfoque caduco, completamente alejado del conocimiento científico y de la normativa europea. Son argumentos en contra de la realidad ecológica, climática y socio-económica del territorio, y que no asumen la necesidad de adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático, a pesar de que España es uno de los países más vulnerables de toda Europa ante este fenómeno.

Las 29 entidades firmantes recuerdan a  todas las formaciones políticas con representación parlamentaria las prioridades para una nueva gestión del agua en España, basada en el uso sostenible, la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y un manejo de la demanda adaptada al cambio climático, tal como proponen en el documento dePrioridades para una Nueva Cultura del Agua en España que las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el inicio de la actual legislatura.

1Entidades firmantes, representantes de los intereses ambientales en los consejos de planificación hidrológica a nivel estatal y de cuenca, y colectivos y plataformas ciudadanas que trabajan por una nueva política de aguas:

  • Acció Ecologista-Agrò
  • AEMS – Ríos con Vida
  • Amigos de la Tierra-La Rioja
  • ANSE
  • Arrels Verdes
  • Asociación el Bergantes no se toca
  • Asociación en Defensa del Piragüismo y Usos Recreativos del Agua – AEPIRA
  • Asociación Geográfica Ambiental
  • Asociación Ojos del Guadiana Vivos
  • Asociación para la conservación piscícola y de los ecosistemas del sur – ACPES
  • Centro Ibérico de Restauración Fluvial – CIREF
  • Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases – COAGRET
  • Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  • Cuenca Azul
  • Ecologistas en Acción
  • Fundación Nueva Cultura del Agua
  • Gredos Verde
  • Mijares Vivo
  • Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda
  • Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo
  • Plataforma del río Queiles
  • Plataforma en Defensa de l’Ebre – PDE
  • Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
  • Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos
  • Red del Júcar por una Nueva Cultura del Agua
  • SEO/BirdLife
  • UNIPESCA
  • WWF-España
  • Xúquer Viu

2Expediente 161/000524, Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre un Pacto Nacional del Agua (Págs. 31-32).

3Proposición no de Ley aprobada en Comisión, Proposición no de Ley sobre un Pacto Nacional del Agua, Expediente 161/000524 (Págs. 40-45 y 47).

La caza intensiva atenta cada vez más contra la biodiversidad y el bienestar animal

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whatsapp-image-2016-11-10-at-09-50-09Ecologistas en Acción demanda a las comunidades autónomas la eliminación de la caza intensiva y de todas las malas prácticas asociadas a ella. 

En Castilla-La Mancha el problema es especialmente grave, pues abundan las zonas de caza intensiva y ésta van a aumentar, incluso en espacios protegidos, si termina de implantarse la figura del  cuartel de caza comercial derivada de la vigente ley de caza. En la región, los intensivos son responsables de casos muy grave de veneno y de muerte de especies protegidas y de que se usen los métodos más peligrosos de control de predadores, como los alares. Actualmente hay en Castilla-La Mancha del orden de 287 cotos intensivos o cuarteles de caza comercial, cuando en España había poco más de 600 en 2013. Pedimos a la Junta que retire esta figura de la ley de caza en el proceso de reforma en marcha.

La caza intensiva, basada en la suelta de animales criados en granjas, está creciendo exponencialmente en España en los últimos años. Muy particularmente en las comunidades autónomas del centro y sur peninsular, tales como Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

El crecimiento de este tipo de caza ha sido tan grande que ya se da muerte a más perdices rojas “de bote” o criadas en granjas que naturales. Según datos del último Anuario de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013, en España se cazaron 2.423.519 perdices en total, mientras que se soltaron del orden de 1.352.058, es decir, las sueltas equivalen al 55,7 % del total de ejemplares cazados. Asimismo se mataron más de 104.000 faisanes, todos procedentes de sueltas.

Esta caza, que cabría calificar de industrial, basada en la cría en granjas, sueltas y caza masiva de ejemplares, lleva aparejada un intenso manejo del acotado para garantizar que la alta inversión que implica todo el proceso se rentabiliza con los altos precios que están dispuestos a pagar los clientes que se acercan a ellos.

Operadores de turismo cinegético llegan a facturar del orden de 46 a 57 euros por perdiz cobrada, y se garantiza siempre un mínimo de capturas a cada partida de 3-8 cazadores que puede rondar las 500-600 perdices. Es decir, un grupo que ha contratado los servicios de uno de estos cotos intensivos está dispuesto a pagar cerca de 36.000 euros en un solo fin de semana.

La desproporción entre lo que se caza en las zonas intensivas y lo que se caza en el resto de espacios aumenta cuando se observa que las primeras ocupan el 1 % de la superficie total de zonas de caza en España y suponen un 2% del total de espacios acotados.

Sin embargo, su impacto en términos de daños a la biodiversidad y al bienestar animal se multiplica, ya que estos cotos actúan como sumideros de especies protegidas y no protegidas debido a las malas prácticas que los caracterizan,  producen un efecto contagio en la mala gestión del resto de cotos y, además, han forzado cambios normativos que los promueven a la par que reducen los controles ambientales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha aprobada en marzo de 2015, donde el lobby de los intensivos ha forzado un cambio a su favor sin precedentes introduciendo la figura del cuartel de caza comercial.

Las malas prácticas que se dan en la caza intensiva son numerosas, pero las más destacadas son las que tienen que ver con la utilización de medios legales e ilegales de control de predadores, tales como lazos, cajas-trampa o veneno; la caza masiva y el tiro al blanco que se ejerce sobre los animales de granja, que se matan por cientos cuando no por miles en una sola jornada de caza; y la dispersión brutal de plomo en el medio natural que provoca el uso de la munición.

Además, en los cotos intensivos se permite cazar fuera de la temporada general de caza, en época de reproducción o de paso migratorio, y se suelen realizar numerosas infraestructuras impactantes para darles servicio, tales como grandes caseríos y palacetes, una densa red de caminos y pistas, vallados que cercan la finca y hasta aeropuertos privados.

Ejemplos del perjuicio que provocan los cotos intensivos en la biodiversidad los hay numerosos y muy recientes. En el pasado verano el Seprona denunciaba a un coto intensivo de Moratalla, Murcia, por usar veneno y matar animales domésticos y silvestres.  Recientemente se ha conocido la sentencia que condena a un año y medio de prisión y 90.000 euros de indemnización al titular de las fincas La Nava y Barranco de la Gomera, al sur de Ciudad Real, por la muerte de la lince “Grazalema” en una caja-trampa para capturar predadores. En septiembre pasado se denunciaba al coto Mata del Moral en la provincia de León por la muerte masiva de especies protegidas. Un conocido coto intensivo toledano, Mochares, con dos precedentes de uso de veneno, ha sido sancionado a principios de 2016 con un año de suspensión de la caza tras aparecer 10 rapaces, entre ellas 5 milanos reales especie en peligro de extinción, y 16 cebos envenenados.

Pero lo malo no son sólo las actuaciones ilegales, también las legales son más que peligrosas. Uno de los linces del programa de reintroducción en Castilla-La Mancha, Llera, cayó en mayo de 2015 en un lazo en alar autorizado y pudo ser liberado gracias a que portaba radiotransmisor. En estos alares que permiten las comunidades autónomas amparándose en una inaudita homologación realizada por el MAGRAMA se llegan a instalar 240 lazos por cada 500 hectáreas de terreno, una tupida red de trampas de la que difícilmente escapará predador alguno. El alar ha sido una demanda de los cotos intensivos y de otros grandes cotos que no entienden la caza sin perseguir a lo que ellos llaman “alimañas”.

Los daños de los intensivos en la biodiversidad están acreditados por numerosos estudios. Una revisión de especialistas del CSIC sobre los efectos de la caza menor publicada en la revista Ecosistemas (número 22, mayo-agosto, 2013) concluía sobre ellos que “las sueltas de perdices de granja u otras características de los cotos intensivos podrían estar afectando negativamente a dos grupos de aves protegidas”, las rapaces y las esteparias.  Y considera que “además de sus efectos en las poblaciones nativas de las especies en cuestión, las sueltas pueden tener efectos negativos en la fauna no cinegética, ya que pueden favorecer la introducción de parásitos nuevos en el medio, que podrían afectar negativamente a otras especies presentes en los mismos ecosistemas”.

A pesar de las evidencias, las administraciones no solo se muestran reacias a prohibir la caza intensiva, sino que cada día la fomentan más, con normativas cada vez más permisivas y con una ausencia de vigilancia flagrante. La presión del lobby que maneja este negocio es tal que llegar incluso a acallar las voces de otros sectores cinegéticos que dicen sentirse perjudicados por este tipo de caza, a la que acusan de haber acabado con la perdiz autóctona.

La caza intensiva que se ejerce en los cotos intensivos, en los cuarteles de caza comercial o en los llamados escenarios de caza no puede permitirse de ninguna manera, y es hora de que las administraciones responsables la prohíban de una vez por todas. Solo una débil justificación economicista que beneficia a unos pocos hace que se mantenga una práctica dañina y perjudicial en todos los sentidos.