Denuncia

MANIPULACIONES DE QUANTUM MINERÍA EN EL PROYECTO DE TIERRAS RARAS EN CIUDAD REAL

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cabecera-maria-valle-tierra-viva_ediima20160521_0282_18Quantum Minería minimiza infructuosamente el impacto de la que sería la primera explotación de tierras raras en Europa, negando el riesgo radiológico advertido por el CSN y el daño sobre los recursos naturales y agrarios.

Desde que en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental se han conocido los informes que distintos organismos han emitido sobre los proyectos de explotación de tierras raras Matamulas y Rematamulas 1 y 2, la empresa Quantum Minería está poniendo todo su empeño en desvirtuarlos o, en su defecto, en dar a entender que modifica el proyecto para evitar lo que a todas luces resulta ya evidente, el proyecto es incompatible con el medio ambiente.

En las últimas semanas la empresa ha ido modificando sobre la marcha datos del proyecto, como el consumo de agua, o minimizando el impacto sobre el medio natural y las explotaciones agropecuarias, contradiciendo abiertamente e intentando sortear los informes emitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y distintos estamentos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,

Ahora, hace pocos días, en un comunicado la empresa Quantum Minería dice que el proceso de extracción de  monacita que se pretende llevar a cabo no es comparable con el realizado en otros países, como China y Estados Unidos, restando importancia al Riesgo de Radioactividad y obviando que, de llevarse a cabo, éste sería el primer proyecto de minería de tierras raras de Europa y que, por lo tanto, no hay más precedentes ni referentes que los llevados a cabo en otros territorios.

Desde Ecologistas en Acción recordamos que ha sido el Propio Consejo de Seguridad Nuclear el que ha dictaminado que el proyecto es susceptible de causar un impacto radiológico en los trabajadores, el público y el medioambiente. Además exige a la empresa que para poder ejecutar la actividad debe elaborar un estudio sobre el riesgo radiológico para los trabajadores y el entorno.

Quantum ha minimizando nuevamente los riesgos del proyecto, al que compara con un simple cribado de tierras sin aditivos químicos e ignorando la magnitud del proyecto y los valores medioambientales y socioeconómicos de la comarca del Campo de Montiel.

Esta empresa vuelve a improvisar, recordemos que hace pocos días redujo las necesidades de agua previstas a una quinta parte, y  parece sacar pecho ante estos envites contrarios a sus expectativas,  imponiendo sus criterios de viabilidad y minimizando las características del proyecto que pretende remover millones de toneladas de tierra en una extensa zona de elevados valores ambientales. Reconducir el impacto del proyecto a golpe de nota de prensa, no hace sino reafirmar lo que ya se ha señalado con rigor y criterio desde la Plataforma Sí a la Tierra Viva de la que forma parte Ecologistas en Acción, esto es, las graves carencias medioambientales y técnicas de una empresa que pretende ejecutar un proyecto minero que pondrá en juego nuestras recursos naturales, nuestros espacios y especies más valiosos y nuestra salud.

Después de estas actuaciones de Quantum minería, desde Ecologistas en Acción, sólo esperamos que el proyecto se resuelva de la única manera sensata que cabe, con una contundente declaración negativa de impacto ambiental.

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Nuevo caso de envenenamiento de aves en un coto de caza de Toledo.

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IMG-20170119-WA0004.jpgEcologistas en Acción pide a la Consejería de Agricultura que incremente las acciones de vigilancia y que cierre inmediatamente el coto de caza de Gerindote donde han aparecido 5 milanos reales y otras rapaces muertas.

El empleo de veneno con fines cinegéticos no deja de castigar a la fauna de protegida de Castilla-La Mancha, en particular de la provincia de Toledo.

Un nuevo caso ha salido a la luz tras las actuaciones de los agentes medioambientales de la Junta de Castilla-La Mancha. A finales del mes de noviembre pasado se localizaban en un coto de caza del término municipal de Gerindote (Toledo) cinco milanos reales y otras rapaces muertas junto a varios cebos, así como algunas cajas-trampa.

Las investigaciones todavía en curso, de ahí que se ha demorado el dar conocimiento del caso, ponen de manifiesto el empleo de métodos de control de predadores como el veneno y las trampas dentro de un coto de caza menor del citado término municipal.

Ya están en trámite los expedientes sancionadores y de suspensión de la actividad cinegética mientras en los juzgados de Torrijos se tramita la parte penal del caso, ya que el empleo de veneno y de artes de caza como las cajas-trampa, así como la muerte de especies protegidas están sancionadas penalmente.

Con este es el tercer caso en tres años de envenenamiento masivo de aves que afecta sobre todo al milano real en la provincia de Toledo. Esta especie, declarada en peligro de extinción por la creciente merma en sus poblaciones reproductoras, es especialmente vulnerable al veneno ya se alimenta de animales muertos y de los restos o despojos que encuentra ocasionalmente. De hecho, en Castilla-La Mancha su población reproductora está cercana a la desaparición. En 1994 se censaron cerca de 100 parejas y en 2014 sólo se consiguieron contabilizar 7 puntos de reproducción, sólo 2 de ellos en Toledo.

Ecologistas en Acción considera que se sigue sin hacer lo suficiente para combatir el veneno en provincias como Toledo, donde la ardua labor de los agentes medioambientales se ve muchas veces condicionada por el exceso de trabajo y por la lenta tramitación de los expedientes. Tampoco se está haciendo lo necesario para salvaguardar a nuestras especies más amenazadas como el milano real.

Por ello es absolutamente necesario, si no queremos que desparezcan especies que son propias de nuestra región, que se incrementen las labores de vigilancia del medio natural y que se tramiten diligentemente los expedientes sancionadores y de suspensión de la caza en aquellos cotos que como los de Gerindote en donde se producen este tipo de delitos medioambientales

Denunciamos los ataques a Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) esteparias y pedimos más protección

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Las asociaciones Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, Sociedad Albacetense de Ornitología, SEO/BirdLife, WWF España, Esparvel y Ardeidas ante los numerosos e injustificados ataques que están sufriendo estos espacios protegidos en los últimos años y en particular en las últimas semanas a resultas de la tramitación del plan de gestión, quieren poner de manifiesto que lejos de ser un problema para la agricultura estas zonas ofrecen una oportunidad para llevar a cabo una actividad agraria más sostenible y con futuro, y que merecen toda la protección y atención por parte de las Administraciones.

La situación actual de las 8 ZEPA de ambientes esteparios que hay en Castilla-La Mancha es alarmante. En primer lugar, las poblaciones de determinadas especies de las que las ZEPA deben responsabilizarse de su buen estado de conservación están en declive. Tal es el caso del sisón, el alcaraván, el aguilucho cenizo, la alondra ricotí, la ganga-ortega y el cernícalo primilla. La avutarda en Castilla-La Mancha parece haberse librado de esa tendencia que afecta a distintas especies amenazadas, pero afronta los impactos derivados de la gran transformación de hábitats y de cultivos a la que se está sometiendo a las ZEPA desde el mismo momento de su aprobación oficial en 2005.

Según los datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural desde que en 2005 se publicara el decreto de aprobación definitiva de las ZEPA de esteparias, en ellas se han instalado más de 5.300 hectáreas de viñedos en espaldera, que distintos estudios científicos han demostrado incompatibles con la presencia de estas aves, y en particular la avutarda. Y, lo que es más grave para las asociaciones, buena parte de esos cultivos se han desarrollado amparándose en una orden de 2012 que eximía de evaluación de impacto ambiental muchas de esas plantaciones y que ha sido declarada ilegal por sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha.

Lejos de resolver estos problemas, el plan de gestión da por buena la reducción de hábitats provocada por los cultivos en espaldera y, además, abre la puerta a nuevas plantaciones de este tipo hasta alcanzar un límite de admisibilidad del 16% de leñosos en el conjunto de las ZEPA, lo que equivale a otras 2.200 hectáreas .e de destrucción de hábitats esteparios, sin haberse evaluado previamente el impacto de las transformaciones anteriores.

Por su parte, determinados partidos y organizaciones agrarias denuncian que las ZEPA van a acabar con la agricultura, como si fueran un gran problema para el sector en Castilla-La Mancha. Nada más lejos de la realidad, las asociaciones ecologistas señalan que las ZEPA de esteparias no sólo respetan la agricultura y la ganadería tradicional de carácter extensivo, sino que las necesita por el bien de las especies que alberga. Además, permiten allegar 40 millones de euros en ayudas a estos sectores a través del PDR.

Estas ZEPA sólo representan un 2,5 de la superficie regional y un 5,9 % de la superficie agrícola de Castilla-La Mancha, quedando claro que no son el problema para la instalación de unos cultivos que, de ser viables, se pueden realizar en muchas otras partes de la región. Las ZEPA no son un problema para la agricultura, si acaso lo serían para determinados intereses  limitados a  zonas concretas dentro de las ZEPA y en las que, curiosamente, se concentran también la mayor parte de las transformaciones de cultivos acaecidas en los últimos años, sobre todo desde 2012.

Pero tampoco se puede admitir que en espacios protegidos se consoliden e incrementen actuaciones como el aumento de las espalderas por el impacto que producen en las poblaciones de aves. Por ello, las ONG urgen a aprobar, mejorándolo notablemente, el Plan de Gestión de las ZEPA y que se aborde de una vez la recuperación de las poblaciones de aves y el cese de la degradación de los hábitats por la transformación irregular de cultivos. Asimismo reclaman la inmediata puesta en marcha de las ayudas de 40 millones de euros incorporadas al PDR de Castilla-La Mancha.

Denunciamos vertidos ilegales y mala gestión en la Planta de Tratamiento de Residuos de Almagro

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IMG-20161014-Foto_3.jpgEcologistas en Acción, a través del área de residuos, ha dirigido al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ciudad Real escrito de denuncia por hechos muy graves que atentan contra el medio ambiente en la Planta de Tratamiento de Residuos de Almagro.

En el escrito de denuncia que se acompaña de abundante material documental y gráfico, la asociación pone en conocimiento del Seprona que recientemente se han realizado vertidos de residuos líquidos no autorizados en el nuevo vaso de vertido de la planta de Almagro, así como la mala gestión de los residuos que llegan a la planta.

En concreto los residuos líquidos vertidos provienen de la limpieza de fosas sépticas y de instalaciones industriales, tal y como se puede comprobar en las fotos que acompañan la denuncia, y que muestran como camiones cuba proceden al vertido directo de esos líquidos en el vaso del vertedero.

El vertido de residuos líquidos en vertederos está expresamente prohibido por el artículo 5.3 del Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, extremo que recoge la autorización ambiental integrada de la planta emitida en  2010 por la Junta de Comunidades no admitiéndose “residuos de carácter líquido o fangos y lodos que presenten una humedad superior al 40% en peso” (punto 4.6 Condiciones generales para el tratamiento de residuos no peligrosos, pág. 42.361, Diario Oficial Castilla-La Mancha de 17/09/2010).

Además, si esos líquidos provinieran de instalaciones industriales pudieran ser residuos peligrosos, incumpliéndose las condiciones de entrada de residuos en la planta, dado que en términos generales, y salvando ciertas excepciones, los residuos peligrosos nunca pueden depositarse en un vertedero de residuos no peligrosos, tal y como además lo establece la propia autorización ambiental integrada.

Ecologistas en Acción sospecha que estas actuaciones no son puntuales, sino que más bien obedecen a una forma de proceder sistemática en la mala gestión de la planta, donde no sólo se admitirían vertidos indebidos, sino que además no se daría el trato adecuado a los residuos domiciliarios que entran. Así lo delataría el hecho de que después de 8 años de que la instalación recibiera la primera autorización ambiental integrada el vaso de vertido inicial se colmatara antes de tiempo y hubiera que construir y autorizar un nuevo vaso de vertido. Eso se debió a la ausencia de tratamiento alguno de los residuos domiciliarios entrantes en la planta de residuos y al vertido en bruto de los mismos, sin recibir ningún tipo de tratamiento previo.

Según la documentación de que dispone Ecologistas en Acción y que ha sido trasladada al Seprona, el vertido de residuos con ausencia de tratamiento previo ya fue objeto de un expediente sancionador por la autoridad ambiental de Castilla-La Mancha y quedan acreditados por informes de Inspección Ambiental de fecha 13 de noviembre de 2014. Una inspección posterior, de marzo de 2015, señala que aparentemente se han solucionado los motivos de la sanción, sin embargo, observaciones visuales de la planta y del vertedero demuestran que no ha sido hasta este verano cuando la planta de tratamiento ha comenzado a funcionar parcialmente de forma correcta, aunque como se ha observado continuando con algunos vertidos directos de residuos que no han recibido tratamiento previo.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide que se investigue si hay delito ambiental en los hechos denunciados, pero sobre todo que se compruebe que los residuos que entran en la planta reciben en su totalidad un tratamiento previo a su vertido y que cesen los vertidos de líquidos residuales y en especial de los posibles residuos industriales peligrosos.

Empresas irresponsables vierten contaminantes y residuos que afectan al Tajo

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Ecologistas en Acción de Toledo ha interpuesto en los últimos días sendas denuncias ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo por distintos vertidos líquidos y de residuos que afectan al río Tajo y su entorno. Preocupa la alarmante recurrencia de estos sucesos en la provincia de Toledo. VertidosAzuqueca

En el primero de los casos, se trata de un vertido fluido de color oscuro y maloliente que se deriva de la Planta de biogás de gestión de purines ubicada en Albarreal de Tajo. Dicha planta, de la que es titular la empresa Azón s.l., está vertiendo lixiviados altamente contaminantes al arroyo de Barcience, a poca distancia de su desembocadura en el río Tajo, por lo que la afección a este río es obvia.

Una vez avisados los agentes medioambientales de la zona, se produjo su personación y se ha tramitado la correspondiente denuncia. Los vertidos contaminantes a los cauces están prohibidos, además, en este caso, la planta tiene obligación de vertido cero en virtud de la autorización de funcionamiento de que dispone. Resulta especialmente grave el caso, ya que la instalación ha sido beneficiaria de ayudas de la Junta y del Ministerio de Agricultura derivadas del Plan de Desarrollo Rural.

En el segundo de los casos, se han observado diversos depósitos ilegales de residuos, en zonas que se excavaban y se tapaban al efecto sin ningún tipo de control ni autorización. Todo apunta a que los vertidos localizados en la zona de Azucaica, en el término de Toledo, proceden al menos en parte de un centro de jardinería, cuya empresa titular junto a otra que se ha de encargar de la gestión de residuos han sido denunciadas ante el Servicio de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial de Toledo.

Se han enterrado aquí gran cantidad de plásticos, tubos y restos de construcciones, afectando a una zona de vega del Tajo, muy cercana también al cauce del río. Como en el caso anterior ya se ha abierto el correspondiente expediente sancionador.

Cabe destacar que en ambas denuncias la colaboración ciudadana y la inmediata actuación de los agentes medioambientales ha resultado esencial para incoar los correspondientes expedientes sancionadores.

Ecologistas en Acción se muestra muy preocupada por la creciente reiteración de estos sucesos que son originados por empresas irresponsables que no actúan cumpliendo la normativa ambiental. En este sentido, pide a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, mayor vigilancia y mayor diligencia en la tramitación de las sanciones.

Irregularidades de Tragsa y de la Diputación de Cuenca en las obras en la Serranía de Cuenca

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CWP84pDWIAAFNgsEcologistas en Acción denuncia los hechos ante la Dirección Provincial de Agricultura. Exigimos la urgente paralización de las obra, el cese de los responsables, y que se sancione por infracción muy grave a Tragsa y a la Diputación.

El proyecto de camino entre Majadas y Uña que afecta a una zona de extraordinario valor ambiental del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, no sólo se ha autorizado indebidamente, sino que acumula nuevas irregularidades, esta vez en el inicio de las obras.

Tras visitar la zona donde se han iniciado los trabajos y consultar documentos en el ayuntamiento de Majadas y con distintas instancias de la Consejería de Agricultura, Medio y Desarrollo Rural, se ha comprobado que Tragsa, como empresa constructora, y la Diputación de Cuenca, como contratante de dicha empresa, han incurrido en diversas y graves irregularidades.

Estas tienen que ver con el incumplimiento de varias estipulaciones dictadas en la declaración de impacto ambiental. En primer lugar, las obras se iniciaron sin que se nombrara al responsable del seguimiento ambiental de las mismas. En segundo, no se ha procedido al replanteo y balizamiento completo de la zona de afección de la obra. Y, por último, tampoco se han identificado y protegido las zonas con presencia de especies amenazadas de flora.

Sin estas actuaciones, que son preceptivas y previas al inicio de los trabajos, la obra no se debiera haber iniciado. Haberlo hecho supone un daño y un riesgo evidente para los ecosistemas protegidos del Parque Natural. Por ello, en la denuncia remitida por Ecologistas en Acción a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y a la Dirección Provincial de Cuenca se pide que se considere como una infracción muy grave, sancionable entre 150.000 y 450.000 euros, y que se decrete la paralización inmediata de las obras.

Los hechos denunciados son aún más graves si cabe, dado que han sido cometidos por una empresa pública, Tragsa, y un órgano administrativo, la Diputación de Cuenca, que debieran ser particularmente celosos en el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Ecologistas en Acción exige a ambas entidades que los responsables de tales actuaciones sean inmediatamente cesados.