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Cabañeros celebra 25 años como parque nacional con la incertidumbre sobre el fin de la caza

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En el 25 aniversario de la declaración del parque nacional de Cabañeros que se cumple el 20 de noviembre de 2020 toca hacer balance de la historia de un espacio natural referente de la defensa de la naturaleza.
  • El parque nacional ha mejorado sustancialmente en su estado de conservación, pero mantiene profundas cicatrices a causa de la caza.
  • Ecologistas en Acción valora acudir a los tribunales si se utiliza el control de poblaciones para seguir permitiendo que los titulares de fincas cacen y se lucren con ello.

En el 25 aniversario de la declaración del parque nacional de Cabañeros que se cumple el 20 de noviembre de 2020 toca hacer balance de la historia de un espacio natural referente de la defensa de la naturaleza y valorar como afronta por fin el último paso para cumplir con la ley de parques nacionales, el cese de la caza.

Como es conocido, si Cabañeros fue declarado parque nacional se debe a la movilización social y ambiental que consiguió impedir en la década de los ochenta del siglo pasado que se instalara un campo de tiro del Ejército del Aire en el corazón del ecosistema más representativo de la Península Ibérica, el bosque mediterráneo. Movilización que tuvo una réplica evitando poco después que el campo de tiro se trasladara a la vecina Anchuras.

El valor de esa acción no fue sólo evitar que se construyera una instalación militar que hubiera cambiado para siempre el paisaje de los Montes de Toledo, una de las comarcas naturales más extensas de España. Si no que fue sobre todo dar a conocer y poner en valor su extraordinario patrimonio natural, lo que llevó a un camino de sucesivas protecciones medioambientales. Primero con la declaración de un parque natural en 1988; después, en 1995, con la declaración del parque nacional; finalmente con la incorporación en 1997 de más de 218.000 hectáreas de superficie de esta comarca a la Red Natura 2000 europea.

La evolución de la protección ambiental de la zona está conectada indeleblemente al proceso de consolidación del movimiento ecologista en Ciudad Real, Castilla-La Mancha y España. Algunos de los más conocidos referentes ocuparon Cabañeros en 1983 y 1987 y Anchuras en 1988. Y en la defensa de este hito coincide el germen de la asociación Cabañeros, cofundadora de Ecologistas en Acción en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, y de grupos que sumarían fuerzas a la gran confederación estatal que es hoy Ecologistas en Acción.

Un espacio en evolución favorable, pero muy dañado por la caza

En estos 25 años las 40.856 hectáreas del parque nacional han mejorado sustancialmente en sus condiciones naturales, especialmente en el 55 % de superficie de titularidad pública. Se ha fortalecido su masa forestal característica representada por bosques, montes y dehesas de encinas, alcornoques y robles. Se han restaurado dañosas repoblaciones de pino. Se ha multiplicado la presencia de dos de sus especies más emblemáticas, el águila imperial ibérica, con cuatro parejas, y el buitre negro, con una colonia que ronda las 300 parejas. Y se ha convertido además en un referente ecoturístico.

En el debe está que a día de hoy se siga practicando la caza a pesar de que la Ley de Parques Nacionales declara que es una actividad incompatible con su conservación. Las cicatrices que provoca esta actividad son evidentes en los 18 cotos de caza que subsisten en Cabañeros y se extienden al conjunto del parque. En sus 21.120 hectáreas de cotos se observan amplios cortaderos y comederos que han destruido la vegetación, cientos de kilómetros de vallados cinegéticos que fragmentan el espacio impidiendo la movilidad de las especies. En sus malas prácticas, como la incentivación de la caza mayor y la persecución de los predadores, se encuentra el origen del problema de la sobreabundancia de algunas especies de ungulados, singularmente el ciervo y el jabalí. Así como la ausencia de especies clave para el equilibrio del ecosistema, como son el lobo y el lince ibérico.

El final legal de la caza, futuro incierto

Precisamente en la polémica sobre los excesos de población de ungulados que ha generado la propia actividad cinegética se focaliza el mayor reto que debe afrontar el parque nacional en su futuro inmediato. El día 5 de diciembre de 2020 se cumplen seis años de la moratoria concedida graciablemente por el primer Gobierno dirigido por Mariano Rajoy para que sea definitiva la prohibición de la práctica de la caza en Cabañeros.

Ese día debiera terminarse la caza en el parque nacional, así será, al menos sobre el papel y aunque tres cotos la tienen autorizada más allá de ese plazo. El problema es que en este tiempo de moratoria el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), la Junta de Castilla-La Mancha y la Cátedra de Parques Nacionales han generado un relato de la situación que afecta a los ungulados para que bajo el paraguas del control de poblaciones se permita a los titulares de las fincas seguir cazando y se lucren del producto de sus cacerías. La única salvedad que se pone a esas actuaciones es que deben formar parte de un plan de gestión de los ungulados dirigido por el OAPN y la Junta, y que tales prácticas no deben publicitarse como actividades comerciales o deportivas.

Esta forma de afrontar el control de poblaciones supone para Ecologistas en Acción un fraude que pretende sortear la prohibición de cazar que establece la Ley de Parques Nacionales y, por ese motivo, sus dos representantes en el patronato del parque nacional votaron en julio pasado en contra del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que está en fase de aprobación.

Acciones ante un cierre en falso del cese de la caza en Cabañeros y otros parques nacionales

Ecologistas en Acción ha alertado de esta maniobra a la recientemente nombrada directora del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, María Jesús Rodríguez, ya que, además, éste es el modelo de actuación que se quiere poner en práctica en el resto de parques nacionales donde todavía se caza de una u otra manera y que podrían ser al menos siete.

Aparte de los aspectos jurídicos alegados al PRUG de Cabañeros, Ecologistas en Acción esgrime para que no se permita el control de poblaciones mediante modalidades de caza varios y contundentes argumentos que ninguno de los implicados en la propuesta (OAPN, JCCM y Cátedra de Parques Nacionales) han querido asumir, pero que se encuentran explícitos en todos los informes y estudios oficiales que se manejan, el último uno sobre la población de ungulados en el parque nacional que acaba de distribuirse a los miembros del Patronato.

En esos textos se declara sin ambages que la pretendida superpoblación que se pretende atajar tiene su origen en la gestión de la caza mayor que se hace en los cotos, la ausencia de predadores como el lobo y el lince y en la fragmentación del hábitat que provocan los vallados. Las poblaciones de ungulados no hacen otra cosa que responder a las alteraciones de un ecosistema en el que se han exterminado a los principales predadores y que está alterado por una caza gestionada como una ganadería.

Poner el foco en la consecuencia, esto es la sobreabundancia de ungulados en los cotos, y no en las causas, es una forma errónea de afrontar estas situaciones e implicará la perpetuación del problema.

Ecologistas en Acción reclama para Cabañeros medidas de restauración de los hábitats frente a los impactos de la caza, como la retirada de vallados y el cese de las malas prácticas cinegéticas. Acciones que lleven a la recuperación integral del ecosistema y a la recolonización de la zona por parte de los grandes depredadores. De esa manera se garantizaría el cumplimiento de los objetivos de conservación del parque nacional.

Asimismo llama la atención sobre el hecho de que en los montes de Estado dentro del parque, donde se realiza un control de poblaciones en vivo y con capturaderos, las poblaciones de ungulados están mucho mejor y más equilibradas que en los cotos, por lo que no hay justificación alguna para que se sigan pegando tiros en Cabañeros, y mucho menos para que lo hagan y se beneficien de ello los titulares de los cotos a los que se les va a pagar una importante indemnización por dejar de cazar.

A la vista de cómo evolucionen los acontecimientos Ecologistas en Acción se prepara ya por si tuviera que acudir a los tribunales si no se corrigen los documentos que guiarían la gestión de los ungulados en Cabañeros y se sigue consintiendo la caza de forma encubierta en éste o en otros parques nacionales.

Exitosa reforestación en el Monumento Natural de las Barrancas de Castejón y Calaña, en Burujón.

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Unos 60 activistas convocados por las organizaciones Ecologistas en Acción Toledo y “Me mojo por el Tajo” han realizado durante el sábado 7 de marzo una reforestación con especies autóctonas en el Monumento Natural de las Barrancas de Castrejón y Calaña, en el término municipal de Burujón.

El acto ha contado con la colaboración de otras organizaciones y entidades entre las que se cuentan el cuerpo de agentes medioambientales de la provincia de Toledo; la Consejería de agricultura, medio ambiente y desarrollo rural, la Diputación provincial de Toledo y sus respectivos viveros forestales (quienes cedieron las plantas con las que se ejecutó la reforestación); el Ayuntamiento de Burujón y otras organizaciones como “Amigos por Naturaleza” o “Rebelión o extinción”.

En la actividad, desarrollada en Las Barrancas, se ha procedido al trasplante de unos 300 ejemplares de diferentes especies propias del ambiente mediterráneo como la encina, la coscoja, la cornicabra, la orzaga o la efedra. Del mismo modo en diferentes puntos de la senda ecológica de Las Barrancas y el arroyo de Alcubillete, se han plantado especies más higrófilas como el Olmo, el almez o el espino blanco.

El Monumento Natural de las Barrancas de Castrejón y Calaña es uno de los espacios naturales más significados y conocidos de la geografía toledana, integrado en la Red Natura 2000, de notable interés paisajístico, geológico y para la conservación de la biodiversidad. Muy visitado por todo tipo de público, se encuentra en riesgo de conservación por diferentes factores de amenaza, entre los que se encuentra una turistificación en ciertos momentos desaforada y que requiere más e mejores esfuerzos y medios para su adecuada conservación.

La reforestación, que ha consistido en la reposición de marras de una reforestación previa que fue desarrollada a iniciativa de la administración regional, intenta dar un paso más en la recuperación de las cubiertas vegetales de este singular espacio natural.

Las entidades organizadoras quieren mostrar su agradecimiento a todas las personas que han dedicado su tiempo libre a mejorar nuestro medio natural y a las entidades, agentes medioambientales y administraciones que con sus aportaciones en diferentes modos y ámbitos competenciales han hecho posible este provechoso y responsable evento

El Mapama abandona la normativa europea y la conservación del Tajo

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2017030117182069299• Las cinco organizaciones ambientales estatales denuncian que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha dado el visto bueno a trasvasar agua del Tajo al Segura a pesar de ser ilegal. 

• Aseguran que, de nuevo, se deja de lado el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas, como ya hiciera con la aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura. 

• Demandan un cambio radical en el rumbo de la política de aguas, para evitar más problemas ambientales, sociales y económicos. 

Las cinco organizaciones ambientales estatales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España), a través de los vocales designados en el Consejo Nacional del Agua para la defensa de los intereses ambientales, solicitan al Mapama que les remita, de forma urgente, toda la documentación necesaria que certifique que no se ha llevado a cabo un incumplimiento de la ley, del principio de precaución y un deterioro acumulado de los ecosistemas acuáticos del Tajo.

Las entidades consideran que este nuevo episodio pone de manifiesto que, una vez más, lejos de solucionar la problemática que rodea el trasvase Tajo-Segura, las reformas legislativas y la complejidad jurídica que han envuelto a la explotación de este trasvase, acarrean conflictos sociales, ambientales, jurídicos y políticos insostenibles. 

Así, denuncian que el Ministerio ha dado el visto bueno a un trasvase de dos hectómetros cúbicos entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Todo ello en un momento en que la cabecera del Tajo se encuentra en situación de extrema emergencia, con los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, 134 hm3 por debajo del mínimo permitido para trasvasar y la declaración del nivel cuatro debido a sus existencias de recurso. Bajo esta situación, y conforme a las reglas de explotación establecidas, no es posible trasvasar agua, un hecho que afecta de igual manera a las cesiones de derechos. La decisión del Ejecutivo abandona por completo el cumplimiento de la normativa europea y la protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del Tajo. 

Para las cinco organizaciones ambientales, este hecho refleja una vez más el nulo interés por parte del Ministerio por cumplir con los principios básicos de la normativa europea en materia de aguas, la Directiva Marco del Agua, como son los principios de gestión ecosistémica, de precaución, de no deterioro y de gestión participativa. Un hecho preocupante que mantiene la línea que ya estableció el Mapama o cuando no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013, en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso. Una situación que provocó aún más, si cabe, un giro radical a la regulación del trasvase Tajo-Segura, y que ya fue denunciado por diferentes organizaciones ambientales y sociales. 

En este sentido, las organizaciones ambientales argumentan que, ante la situación crítica a la que se enfrenta la cuenca del Tajo a medio y largo plazo, es necesario poner sobre la mesa la explotación del trasvase. Es insostenible mantener la explotación actual, inadaptada a la reducción del régimen natural en las últimas décadas y sin medidas en el Plan Hidrológico del Tajo que aporten soluciones. Un modelo de explotación que queda fuera de la planificación hidrológica que exige la normativa comunitaria, condiciona por completo la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Tajo y condena al río Tajo a una situación de degradación permanente por falta de caudales, incluso por la inexistencia de caudales ecológicos. 

Las cinco entidades reclaman un cambio de rumbo urgente en la política de aguas de este país si se quieren evitar más problemas ambientales, sociales y económicos como los sufridos este pasado año hidrológico. Demandan que se destierren por completo los enfoques productivistas y mercantilistas incompatibles con la normativa del siglo XXI y se reorienten los sectores económicos de forma que se adapten a los recursos disponibles y al uso sostenible de los mismos. Consideran una irresponsabilidad institucional cualquier medida que no vaya en esa dirección, como lo es este último trasvase. La única hoja de ruta posible es el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Camino que parecen no querer recorrer.